Son pocas las veces que tanta gente prominente del ámbito científico presume su ignorancia en tan corto espacio. Así es la carta pública que un centenar de ganadores del premio Nobel publicaron el 30 de junio defendiendo los transgénicos, particularmente el llamado arroz doradoy atacando a Greenpeace por su posición crítica a estos cultivos. La misiva abunda en adjetivos y apelativos altisonantes, hace afirmaciones falsas y no da argumentos, por lo que parece más una diatriba propagandística de empresas de transgénicos que científicos presentando una posición.
Para empezar, el llamado arroz dorado (arroz transgénico para expresar la provitamina A) que defienden con tanto énfasis, no existe. No por las críticas que le haya hecho Greenpeace y muchas otras organizaciones, sino porque sus promotores no han podido hacer una formulación viable, pese a casi 20 años de investigación y más de 100 millones de dólares invertidos. Tampoco han demostrado que tenga efecto en aportar vitamina A.
La primera versión de ese arroz transgénico con betacaroteno (GR1) fue un accidente de investigadores suizos que experimentaban otra cosa, por lo que nunca controlaron exactamente el proceso. Esa versión requería comer kilos de arroz diariamente para completar la dosis necesaria de vitamina A. Luego Syngenta compró la licencia y como propaganda donó la licencia de investigación a una fundación, en la que es miembro la Fundación Syngenta. Pero la empresa retuvo los derechos comerciales. En 2005, anunció la versión GR2, con más provitamina. Pero no ha podido demostrar que la provitamina sea estable, ya que se oxida fácilmente y en poscosecha disminuye a 10 por ciento del contenido. Como es una manipulación genética experimental de alteración de rutas metabólicas, podría tener cambios imprevistos con efectos graves para la salud. Varios científicos han señalado esos riesgos y los mitos del arroz dorado
(entre otros, D. Schubert, 2008, y Michael Hansen, 2013; http://goo.gl/ChvI4Q).
Por otro lado, vegetales comunes como la zanahoria, col, espinaca y muchos tipos de quelites –hierbas comestibles comunes que acompañan la siembra campesina y las culturas culinarias tradicionales– aportan mucho más vitamina A que ese arroz, sin efectos secundarios y sin pagar a trasnacionales. Por el contrario, la agricultura industrial y de precisión
que defienden en la carta de los Nobel, por ser plantadas en grandes monocultivos con agrotóxicos, eliminan esos quelites y también a los campesinos, desplazados y contaminados por las megaplantaciones.
La carta afirma que el hambre es por falta de alimentos, lo cual es falso: la producción mundial de alimentos sobra para todos los habitantes del planeta ahora y en 2050. Si existen hambrientos y desnutridos es porque no tienen tierra para producir ni pueden acceder a los alimentos. La cadena agroindustrial de alimentos –que detenta los transgénicos– desperdicia de 33 a 40 por ciento de la comida producida según datos de la FAO, lo cual alcanza para alimentar a todos los hambrientos del mundo. Además, como informa Greenpeace en su respuesta, 75 por ciento de la tierra agrícola se usa para producir forrajes para animales en cría industrial y agrocombustibles, no alimentos. (goo.gl/e5xEwc).
La afirmación de que los transgénicos son seguros para el ambiente y la salud ha sido rebatida, con argumentos y referencias científicas, por más de 300 científicos convocados por la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (goo.gl/VM8i3W).
Pero quizá lo más notable es que la carta no menciona que sólo seis trasnacionales (en vía de volverse tres) controlan todos los agrotransgénicos en el mundo, 61 por ciento de todas las semillas comerciales y 76 por ciento del mercado global de agrotóxicos. ¿Cuánta falta de ética y honestidad es necesaria para ocultar que su propuesta de agricultura de precisión
es el negocio de un puñado de trasnacionales, todas con larga trayectoria de violación de derechos ambientales, humanos y a la salud?
La sombra de las trasnacionales cae pesadamente sobre esta carta supuestamente científica
. Se dicen preocupados por el hambre y los niños desnutridos en el sur global, pero eligen presentar la carta en una conferencia de prensa en Washington, Estados Unidos, en un momento muy oportuno para favorecer a las empresas de transgénicos. En esta semana el Congreso debe votar una ley sobre etiquetado de transgénicos que quiere impedir que los estados tomen decisiones en este tema. Buscan anular la norma de etiquetado que comenzó a regir desde el 1º de julio en Vermont, luego de un referendo que votó en favor de ello.
A su conferencia de prensa se impidió asistir a Greenpeace, cuyo representante fue bloqueado por Jay Byrne, ex jefe de comunicaciones de Monsanto, que increíblemente ¡funcionaba de portero de la conferencia! (goo.gl/i8FXDg). Lejos del altruismo científico
, los firmantes organizadores de la carta, Richard Roberts y Phillip Sharp, son también empresarios biotecnológicos. El sitio donde publican la carta es un espejo de otro que redirige al Genetic Literacy Project, frente de propaganda disfrazado de las trasnacionales de transgénicos y agrotóxicos. (GMWatch goo.gl/WekAin).
Pero lo más ofensivo es su pregunta final: ¿Cuánta gente pobre debe morir para considerar [la crítica a los transgénicos] un crimen contra la humanidad?
Opino que los firmantes deben ir inmediatamente a las zonas de plantaciones de soya transgénica en Paraguay, Argentina, Brasil, donde las madres pierden los embarazos y niños y trabajadores mueren de cáncer por los agrotóxicos de los cultivos transgénicos. Esos son crímenes contra la humanidad.
* Investigadora del Grupo ETC
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Desde hace algunos años los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas de México y de toda la región, se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de “desarrollo e infraestructura” —o también “proyectos de despojo”— que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de la naturaleza que no tiene punto de comparación con procesos previos.%2018.10.48.png)
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Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) condena asesinato defensora del ambiente en Honduras
Debido a la centralidad de las empresas transnacionales en el nuevo sistema de dominación múltiple, estas se convierten en un agente clave al que los movimientos sociales tienen que hacer frente intentando disputarles su poder. En esta lucha los movimientos sociales, como agentes de emancipación colectiva, disponen de una serie de potencialidades pero también de límites, que conviene conocer para poder fortalecerlos, superando contradicciones y siendo capaces de atacar las diferentes dimensiones del poder de las transnacionales, al mismo tiempo que se construyen alternativas en la lógica de los procesos de transición.
Compartimos la nueva publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015”, que se levanta como un nuevo esfuerzo de los socios de OCMAL, por segundo año consecutivo, para dar cuenta de la realidad latinoaméricana que se articula contra el extractivismo minero.
Uno de los aspectos más destacables de la fortaleza de la lex mercatoria es la existencia de tribunales arbitrales internacionales. Y es que estos tribunales, caracterizados por la efectividad de sus laudos, juegan un papel fundamental en la arquitectura jurídica de la impunidad: dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores [1]. Para ello, en los tratados de “libre comercio” y en los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones suele incluirse la obligación de someterse al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros; es el mecanismo conocido como ISDS, por sus siglas en inglés. Como nos recuerda Alejandro Teitelbaum, “los Estados renuncian así a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de los tribunales nacionales” [2].
Por oponerse a proyectos mineros, agroindustriales o eléctricos depredadores del medio ambiente o de los derechos de tierra de pueblos indígenas fueron asesinadas 185 personas en 2015; eso es, una cada dos días y un 59% más que en 2014, según un informe alarmante que publicó hoy la organización Global Witness, cuya sede se encuentra en Londres.
El informe titulado “En terreno peligroso” documenta 185 muertes ocurridas el año pasado por todo el mundo, en las que incluyen los casos de los indígenas nicaragüenses, tras la violencia provocada por la invasión de colonos a sus territorios.