¿Cuál es la empresa que mejor mintió este año? Shell, Total, el Crédit Agricole, EDF, Pur Projet, GDF Suez, Perenco, Samsung o Lyon-Turin Ferroviaire ? Estas compañías, en mayoría francesas, han sido nominadas para la séptima edición de los «Premios Pinocho del desarrollo sustentable».

Organizado por la federación Amigos de la Tierra Francia, que reúne unas treinta asociaciones ambientales en el país, este concurso recompensará el 18 noviembre de 2014 a las tres empresas que mejor supieron manipular los medios de comunicación para hacer creer que sus actividades son las más verdes y las más responsables socialmente, cuando en realidad son unas de las más contaminantes y menos respetuosas de los derechos humanos, con los métodos financieros menos transparentes. El jurado de este concurso es la sociedad civil internacional, que puede votar desde ahora vía el sitio internet de Amigos de la Tierra Francia, en esta página: http://www.prix-pinocchio.org/es/nomines.php.

La competición se divide en tres categorías y los internautas pueden votar para una empresa en cada categoría.

1) La primera categoría, «¡Una para todos, todo para mí!», recompensa la empresa que haya manejado la política más agresiva en términos de acaparamiento, sobreexplotación o destrucción de los recursos naturales. Allí se desempeñan:

– La compañía petrolera holandesa Shell, por explotar gas de esquito en Ucrania usando la fractura hidráulica (o fracking en inglés) en condiciones muy peligrosas para el medio ambiente y la salud: las aguas tóxicas que utiliza para fracturar las piedras de esquito y así extraer el gas están almacenadas al aire libre y separadas del agua subterráneo por una simple capa de plástico. También tiene concesiones para hacer fracking en Patagonia (Argentina), incluso en áreas naturales protegidas y en zonas de ganadería tradicional, cuyas adquisiciones están llenas de irregularidades.

– La compañía petrolera francesa Total, cuya explotación de gas en tierra Egi en el Delta del Níger (Nigeria) se hace al detrimento de la población desde 1964. Para extender su central a partir del 2006, acaparó tierras sin indemnizar a toda la población expropiada. Hubo muertos y heridos en manifestaciones organizadas por familias Egi  en contra de la empresa Además, ocurrieron varios accidentes técnicos en los últimos años como explosiones o fugas de gas que provocaron graves daños al ecosistema y a la salud de la población.

– El banco francés Crédit Agricole, por financiar a empresas que explotan carbón en los Apalaches (Estados Unidos) usando el método de la «remoción de cima» (Mountaintop Removal – MTR en inglés). Esta técnica consiste en hacer explotar las cimas de las montañas, destruyendo el ecosistema y provocando lluvias de metales pesados ultra contaminantes para la salud de población que vio los casos de cáncer multiplicarse en los últimos años. En 2013, CA cambió su política sobre minería y metales, pero nunca dejo de financiar el MTR, al contrario de otros bancos como el francés BNP Paribas.

2) La segunda categoría, «Más verde que verde», recompensa la empresa que haya manejado la campaña publicitaria más abusiva y engañosa comparada con sus actividades reales. Los tres nominados son:

– La empresa estatal francesa Electricidad de Francia (EDF), que invierte cada vez mas en energías fósiles como el carbón, haciendo todo el contrario de lo que promete en sus campañas de comunicación donde asegura que lucha contra las emisiones de CO2. En Serbia, quiere construir una nueva central de lignito, una forma de carbón rica en sulfuro cuya explotación es conocida por provocar lluvias ácidas. La nueva central Kolubara B debe construirse en una zona donde ya existen minas a cielo abierto y centrales: expondrá la población local a aún más contaminación.

– El colectivo Pur Projet (Proyecto Puro), nacido en Francia y que reúne hoy unas 50 empresas en el mundo, dedicado a «compensar los impactos socio-ambientales» de empresas contaminantes, permitiéndoles de invertir en proyectos de reforestación o de conservación de bosques en países del Sur. Basado en el modelo del sistema REDD (Reducción de Emisiones de carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los bosques), nacido con el Protocolo de Kyoto en 1992, Pur Projet permite a empresas seguir emitiendo CO2 y limpiar su imagen al mismo tiempo para parecer verde. Pero muchas veces, estos proyectos de conservación son sinónimos de acaparamiento de tierras y de violación de derechos de poblaciones tradicionales a quienes impiden vivir en el bosque para supuestamente protegerlo, como es el caso en Perú.

– La empresa productora y distribuidora de gas y electricidad GDF Suez (Francia), por haber invertido una parte de los 2.5 billones de euros que recibió en mayo de 2014 de varios organismos financieros internacionales bajo el titulo de «obligaciones verdes» en un proyecto de muerte en la Amazonía brasilera: la construcción de la presa hidroeléctrica de Jirau, que provocó inundaciones y violó el derecho a la consulta. Estos green bonds le fueron otorgados con la obligación de ser usados para desarrollar energías limpias y proyectos socialmente responsables. Pero como los criterios que definen qué proyecto es verde o no fueron determinados por cuatro bancos (Bank of America Merrill Lynch, Citi, Crédit Agricole CIB, JPMorgan Chase & Co) más interesadas en ganancias que en sustentabilidad, GDF Suez pudo usarlo para promover esta presa.

3) La tercera categoría, «Manos sucias, Bolsillos llenos», recompensa la empresa que haya manejado la política más abusiva en términos de opacidad a nivel financiero (evasión fiscal, corrupción), en términos de cabildeo/presión, o en su cadena de suministro. Se encuentran:

– La petrolera franco-británica-bahameña Perenco, por enriquecerse explotando petróleo en zonas muy pobres de países del Sur, siempre en condiciones financieras muy opacas. Su técnica es comprar a otras empresas petroleras cuando ya están maduros, es decir cuando la zona de explotación esta ya muy contaminada. No le importa seguir dañando el medio ambiente y el hábitat de las poblaciones cuando es sinónimo de ganancia para ella. Está presente desde el año 2000 en la ciudad de Muanda (República democrática del Congo), conocida como la ciudad petrolera más pobre del mundo, donde su contrato ni se ha hecho publico. Los accidentes allí son recurrentes y los contestatarios (vecinos o huelguistas) han sido víctimas de represalias.

– El fabricante de productos electrónicos coreano Samsung, por recorrer a una mano de obra muy barata y explotada en China para fabricar sus «smartphones». Incluye menores de 16 años en las líneas de producción, violando la legislación local, según un estudio de China Labor Watch. Ellos no tienen contratos de trabajo, es decir ninguna protección social. Los obreros en general trabajan hasta 16 horas diarias, sin medidas de seguridad ni sanitarias. Al mismo tiempo, Samsung gasta mucho dinero en campañas de comunicación mentirosas para promover una imagen de empresa «ciudadana» y «socialmente responsable» que lleva una política de «cero tolerancia» hacia el trabajo infantil.

 – La sociedad franco-italiana Lyon-Turin Ferroviaire (financiada por la Unión europea y por los gobiernos de ambos países), encargada de construir la línea de tren de alta velocidad entre Lyon (sureste de Francia) y Turín (noroeste de Italia) que necesitaría cavar gigantescos túneles en las montañas de Los Alpes. El proyecto tiene un presupuesto de 26 millones de euros y su realización impediría a Francia invertir en otros proyectos hasta 2030, advirtió la Corte de Cuentas francesa. Su utilidad es controvertida ya que ya existente una línea que podría ser modernizada. Además, los costos ambientales serían muy altos: extracción de millones de metros cúbicos de roca, drenaje de 60 a 125 millones de m3 de agua por construir solo el primer túnel…

// Los Premios Pinocho del desarrollo sustentable 2014 son organizados en colaboración con Basta (www.bastamag.net) El Observatorio de las multinacionales (www.multinationales.org) y la Radio Mundo Real (www.radiomundoreal.fm).

Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, CIEDH

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) lanzó su sitio web multilingüe rediseñado, que transparenta la conducta en materia de derechos humanos de más de 5.600 empresas a nivel mundial, incluyendo los avances que éstas están haciendo, denuncias de abusos de derechos humanos y la forma como las empresas están respondiendo a estas preocupaciones.

Descargue todo el documento aquí

–Retransmisión Video en RadioMundoReal

–Notas y entrevistas (RadioMundoReal)

23 – 27 de junio de 2014, durante la última semana de la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU), en Ginebra (Suiza), y con acciones descentralizadas alrededor del mundo.

María Cappa. Periódico La Marea.

Habilitar un marco jurídico vinculante para las multinacionales y garantizar que las víctimas de abusos de derechos humanos por parte de estas empresas puedan acceder a mecanismos mediante los que recibir protección, justicia y reparación. Son, a grandes rasgos, las dos exigencias que tanto Ecuador, con el respaldo de más de 80 países, y la red mundial de la sociedad civil Alianza por el Tratado (Treaty Alliance), en nombre de más de 500 organizaciones, está reclamando en la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que concluirá el próximo 27 de junio. Dos peticiones con muchos puntos en común, pero también con recorridos, consecuencias y reivindicaciones algo distintas.

La más antigua y la más completa de las dos es la elaborada por la Campaña Internacional Desmantelando al Poder Corporativo, que aglutina a cientos de organizaciones civiles que llevan, al menos, seis años trabajando sobre este tipo de propuestas. La génesis de la Campaña fue el Tribunal Permanentes de los Pueblos (TPP), una herramienta de la Fundación Lelio Basso que, entre 2006 y 2010, actuó como un tribunal ético, con un gran impacto mediático gracias a que quienes conformaban el jurado eran juristas, jueces y defensores muy reconocidos de DDHH.

Estos tribunales actuaron como una herramienta fundamental para hacer visible cómo las violaciones que cometen las multinacionales en América Latina, África y Asia son sistemáticas. Tal y como explica la investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Erika González, este tipo de violaciones abarcan todos los ámbitos de los DDHH. Por un lado, “políticos y civiles por medio de la represión militar y paramilitar de las oposiciones sociales a grandes proyectos de multinacionales, represión, persecución, asesinato o detenciones”.

Pero también violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, “cuando se impide a la población acceder a bienes básicos para una vivienda digna como son las pensiones, el agua o la electricidad, derechos colectivos relacionados con los desplazamientos de los que son víctimas tanto las poblaciones campesinas como los pueblos indígenas, violación de los derechos ambientales por la destrucción de ecosistemas, acuíferos, zonas protegidas y parques nacionales”, explica González.

El último de los juicios que el TPP realizó fue en Madrid en el año 2010. Allí volvieron a constatar que empresas como Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II, Bayer, BBVA, HSBC, Banco Santander, Benneton, Endesa, Unión Fenosa, Telefónica Pescanova o Repsol YPF han destruido el medio ambiente, vulnerado los derechos laborales básicos u obligado a comunidades autóctonas a abandonar sus hogares para dejar vía libre a la construcción de las empresas en determinados lugares.

Los ejemplos más recientes, tal y como recuerda González, son “el desastre de 2013 en Rana Plaza, Bangladesh, que quitó la vida a 1132 trabajadores (en su mayoría mujeres), la masacre de 2012 de Marikana que mató a 34 mineros en Sudáfrica, la creciente destrucción causada por Shell en la región de Ogoni y por Chevron en la Amazonia ecuatorial así como las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la Mina de carbón en Cerrejon, Colombia”.

Todos estos ejemplos no son más que una muestra de la impunidad de la que gozan las multinacionales, a pesar de que la ONU insiste en que hay un consenso internacional respecto a la funcionalidad de los dos mecanismos con los que cuentan actualmente: el Global Compact y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborados por John Ruggie, que actúan más como recomendaciones que como herramientas coercitivas de obligado cumplimiento. “Ya sea por la Organización Mundial del Comercio, por los tratados de libre comercio, por los tratados bilaterales de inversiones o por los tratados que realizan las empresas multinacionales, la realidad es que se ha generado una armadura legal que protege a estas empresas, sus derechos comerciales están contemplados en contratos muy eficaces, que si un Estado no lo cumple, la empresa lo denuncia ante un tribunal de arbitraje como es el Ciadi en el Banco Mundial o La Haya en el de la ONU”, denuncia González.

Tal y como se ha demostrado en la práctica, “la mayoría de esas sentencias se resuelven en contra de los Estados; es decir, que encima son los países los que tienen que pagar una multa a la empresa. Una muestra clara de que los derechos de estas empresas están fuertemente garantizados en oposición a los DDHH, que están integrados en lo que se conoce como “derecho blando” ya que no hay mecanismos eficaces que se respeten. Ni las comunidades, ni las organizaciones ni siquiera un Estado puede denunciar a una empresa ante una instancia internacional”, recuerda.

La propuesta de Ecuador

Fue en septiembre del año pasado, en el marco de la 25ª sesión del Consejo de DDHH, cuando la Misión de Ecuador ante la ONU promovió por primera vez un una declaración que hablaba sobre la necesidad de elaborar de manera inmediata un tratado que obligara a las multinacionales a respetar los derechos de los ciudadanos y la normativa de los países en los que decidían instalarse. Esta declaración contó con el apoyo del Grupo Africano, el Grupo Árabe, Pakistán, Sri Lanka, Kirguistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú. En total, más de 80 países entre los que destacan las ausencias de países aparentemente afines como Argentina o Uruguay.

Para la investigadora de OMAL, la postura de Ecuador respecto a la necesidad de proponer este debate en la ONU “viene tanto de lo que ya estaban moviendo las organizaciones internacionales como del problema que ha tenido el Gobierno con Chevron, empresa que recientemente lo ha demandado ante el tribunal de La Haya por la multa ejemplar que le impusieron los tribunales ecuatorianos, no sólo para no tener que pagar la multa sino para que Ecuador tenga que indemnizar a esta empresa por daños y perjuicios. A diferencia de los movimientos sociales, la iniciativa de Ecuador -que Erika González cree que irá en la línea de lo propuesto por John Ruggie y contendrá reivindicaciones más ambiguas- está relacionada con un trabajo institucional,. Esta propuesta será la que, junto con el resto de los países que la secundan, tenga posibilidades de que se lleve a cabo ya que, como recuerda González, “quienes participan en la ONU son los Estados, no las organizaciones sociales”.

A pesar de las más de 80 naciones de todo el mundo que apoyan la iniciativa de Ecuador, el papel global de los gobiernos cuyos ciudadanos son víctimas de abusos por parte de muchas multinacionales no es homogéneo. Por un lado están los países cómplices como, según señala Erika González, Colombia, Perú, Guatemala o México, que son ejemplos claros “de gobiernos funcionales a los intereses de las transnacionales; todas sus decisiones políticas y sus leyes benefician las inversiones y los negocios de las transnacionales y se priorizan en detrimento de los DDHH”.

En el lado opuesto hay otros gobiernos, “como Venezuela, Bolivia, Ecuador, que están dentro del ALBA, y, en algunas cosas también Argentina, que han tomado decisiones o han elaborado leyes que incrementan la soberanía de los gobiernos del sur en la toma de decisiones políticas, que han repercutido negativamente en los intereses comerciales de las empresas transnacionales”. Aunque González destaca que esto no quiere decir que se opongan férreamente a las multinacionales. De hecho, en Bolivia, Venezuela y Ecuador “siguen trabajando transnacionales en sectores como la minería o el petróleo que siguen atentando contra el medio ambiente y contra los derechos de los indígenas o de las comunidades cercanas a las zonas donde se establecen, y sus gobiernos siguen firmando acuerdos y contratos con ellas”.

Semana de reivindicaciones en Ginebra

Durante la última semana de la 26ª sesión Consejo de Derechos Humanos de la ONU (entre el 23 y el 27 de junio), la Campaña Internacional Desmantelando al Poder Corporativo tiene prevista en Ginebra una serie de movilizaciones con dos objetivos claros. Primero, presionar a los integrantes de la ONU encargados de decidir si la resolución que ha presentado Ecuador sale adelante. Pero también conseguir la mayor visibilización posible para el tratado que las organizaciones sociales han elaborado (más exhaustivo de lo que, probablemente, haya presentado el gobierno de Rafael Correa) y que se presentará durante la semana de movilizaciones.

Las posibilidades reales de que la ONU habilite mecanismos para juzgar de manera efectiva a las multinacionales son escasas. Ya en 2011, cuando se aprobaron los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y DDHH, las organizaciones sociales lograron que se colara en el debate la necesidad de elaborar un tratado internacional vinculante. Sin embargo, el propio John Ruggie, relator especial de la ONU sobre este asunto y responsable de la elaboración de estos principios rectores, se mostró reticente al respecto. Y es que, según afirmó, dado que hay 80.000 multinacionales, y millones de subsidiarias más, supervisar el cumplimiento de este tratado superaría la capacidad de la mayoría de los gobiernos, y si se creara un organismo supranacional a tal efecto, le ocurriría lo mismo.

Por su parte, Erika González valora positivamente que en algunos países, gracias a la resistencia y la lucha protagonizadas por los movimientos sociales durante años, se ha conseguido llevar a juicio a algunas transnacionales y que se reconozca oficialmente que ha habido una violación de DDHH. “Un ejemplo muy claro es el de Chevron, en Ecuador, después de más de 10 años de lucha por parte de las comunidades afectadas. O el caso del pueblo mapuche, en Argentina, contra Repsol y contra YPF por todos los años de contaminación de su territorio y que había repercutido en su población”.

En otras ocasiones, los países donde tenían establecida la sede las multinacionales han juzgado a estas empresas gracias a los mecanismos de extraterritorialidad. “Por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional denunció a los tribunales holandeses la violación de DDHH e impacto ambiental de Shell en el Delta del Níger y el año pasado consiguió que un tribunal juzgara algo que había hecho una empresa de su país en otro lugar”. Pero son casos aislados y, a veces, poco eficaces, ya que las multinacionales condenadas deciden no cumplir con la pena que se les impone sin sufrir ninguna consecuencia. Y esta una de las herramientas básicas que exigen desde la Campaña: “Que se pueda juzgar a las empresas en sus países de origen por una vulneración de derechos cometida en otros lugares”, concluye González.

Corporaciones y derechos humanos: una combinación imposible

Opinión del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), en el Boletín 197

En el mundo de los grandes negocios, un pequeño grupo de corporaciones transnacionales domina, cada vez más, a casi todos los sectores de la economía. Ya eran grandes, pero ahora son enormes, y sus actividades están causando cada vez más impactos negativos. Al mismo tiempo, y gracias a las grandes luchas de comunidades, movimientos, organizaciones y activistas, esas mismas corporaciones se vieron forzadas a asumir algunos compromisos escritos, con la ética, con la responsabilidad social y ambiental; y empezaron a elaborar sistemas de certificación de la “sustentabilidad” y a hablar de “mejores prácticas”; inclusive comenzaron a hablar de derechos humanos.

En este boletín, dedicado una vez más al Día Internacional de los Derechos Humanos, buscamos reflexionar sobre este tema, observando la actuación de las grandes corporaciones. Con ello, es imposible no ver el comportamiento de tales empresas que violan los más diversos derechos fundamentales – consagrados o no en leyes y tratados internacionales. Como derechos fundamentales consideramos, por ejemplo, los que buscan garantizar la dignidad del ser humano, la justicia social y ambiental.

Veremos, en este boletín, la violencia del acaparamiento de tierras como una de las acciones probablemente más fuertes en la actualidad, que se expresa de varias formas. Es violento cómo las grandes corporaciones del sector del eucalipto y la celulosa acaparan cada vez más tierras en países como Brasil, para instalar grandes monocultivos y cómo lo han hecho históricamente en la ilegalidad y con el apoyo del Estado. Es igualmente violenta la expansión desenfrenada de las grandes corporaciones de palma aceitera en África, que invade tierras de los campesinos, afectando la soberanía alimenticia y aumentando el hambre en países como Sierra Leona. Es violento también cómo las grandes corporaciones del sector energético acaparan tierras para construir mega hidroeléctricas como en Malasia y otros países, destruyendo la biodiversidad, los bosques y el sustento de miles de personas, para beneficiarse de la generación de energía. Hay un pasivo enorme con millones de personas, expulsadas y lanzadas a las periferias de las grandes ciudades, que hoy concentran cada vez más población de los países del Sur global, aunque haya tierra suficiente para que gran parte de esa población pueda trabajar y garantizar la soberanía alimenticia en sus países.

Es violento también cómo las corporaciones tratan, hoy en día, a sus trabajadores directos y, principalmente, a los indirectos. La esclavitud, abolida desde hace mucho tiempo en el mundo, sigue prevaleciendo y agravándose en las regiones que abastecen a las grandes corporaciones con sus materias primas; por ejemplo, en las vastas plantaciones de monocultivo de palma aceitera en Malasia e Indonesia, principales países productores.

Es violento cómo las grandes corporaciones no aceptan limites a sus actividades que son cada vez más globalizadas, pretenden el libre comercio, lo que significa una gran ventaja para aumentar aún más sus beneficios. Y como controladores del mercado, pueden sacar aún más provecho. Las corporaciones buscan garantizar sus intereses en espacios clave como la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se reunió recientemente en Bali, Indonesia.

Es violento inclusive cuando las grandes empresas adoptan un discurso de “sustentabilidad” de la madera tropical, como proveniente del “manejo forestal sustentable”, porque ello agrava la devastación gradual de los bosques tropicales, destruyendo el futuro de las comunidades que dependen de dichos bosques para desarrollar sus formas de vida. Pero sus únicos objetivos son aumentar los beneficios e incentivar el consumo de productos de lujo, innecesarios.

Con seguridad, es de suma importancia seguir luchando para que nuestros gobiernos, e incluso la ONU, garanticen los derechos humanos fundamentales, dando énfasis especial a la lucha incesante de Via Campesina en estos últimos años para garantizar la aprobación de una declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos- lo que merece el apoyo de todos a todas.

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que las grandes corporaciones, por la lógica del propio sistema capitalista, buscan acumular, especular y obtener cada vez más beneficios. Las grandes corporaciones son la mayor expresión de un sistema intrínsecamente injusto y explotador. Buscan abrir cada vez más mercados, inclusive relacionados con la “sustentabilidad” a través de los “certificados de sustentabilidad”, las “políticas de responsabilidad social y ambiental” o los “códigos de ética”. No aceptan reglas obligatorias, por eso siempre defienden los sistemas voluntarios, porque en la lógica del capital los mercados no pueden imponer barreras al libre comercio para las corporaciones, también en el negocio de la “sustentabilidad”.

Sin cambios a nivel global para restringir drásticamente la acción de las grandes corporaciones, presenciaremos la continua privatización de tierras y bosques por parte del poder corporativo, y las múltiples violaciones de derechos no cesarán. Vale la pena centrar los esfuerzos con el objetivo de responsabilizar a las corporaciones por sus violaciones actuales e históricas.

Hacemos un llamamiento al apoyo y a la integración de la Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo y dar fin a la Impunidad que hoy rige la acción de las Corporaciones. Los Derechos Humanos no combinan con las corporaciones; combinan con un sistema económico basado en la solidaridad, en la soberanía alimenticia, en la justicia social y ambiental.