–Retransmisión Video en RadioMundoReal

–Notas y entrevistas (RadioMundoReal)

23 – 27 de junio de 2014, durante la última semana de la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU), en Ginebra (Suiza), y con acciones descentralizadas alrededor del mundo.

María Cappa. Periódico La Marea.

Habilitar un marco jurídico vinculante para las multinacionales y garantizar que las víctimas de abusos de derechos humanos por parte de estas empresas puedan acceder a mecanismos mediante los que recibir protección, justicia y reparación. Son, a grandes rasgos, las dos exigencias que tanto Ecuador, con el respaldo de más de 80 países, y la red mundial de la sociedad civil Alianza por el Tratado (Treaty Alliance), en nombre de más de 500 organizaciones, está reclamando en la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que concluirá el próximo 27 de junio. Dos peticiones con muchos puntos en común, pero también con recorridos, consecuencias y reivindicaciones algo distintas.

La más antigua y la más completa de las dos es la elaborada por la Campaña Internacional Desmantelando al Poder Corporativo, que aglutina a cientos de organizaciones civiles que llevan, al menos, seis años trabajando sobre este tipo de propuestas. La génesis de la Campaña fue el Tribunal Permanentes de los Pueblos (TPP), una herramienta de la Fundación Lelio Basso que, entre 2006 y 2010, actuó como un tribunal ético, con un gran impacto mediático gracias a que quienes conformaban el jurado eran juristas, jueces y defensores muy reconocidos de DDHH.

Estos tribunales actuaron como una herramienta fundamental para hacer visible cómo las violaciones que cometen las multinacionales en América Latina, África y Asia son sistemáticas. Tal y como explica la investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Erika González, este tipo de violaciones abarcan todos los ámbitos de los DDHH. Por un lado, “políticos y civiles por medio de la represión militar y paramilitar de las oposiciones sociales a grandes proyectos de multinacionales, represión, persecución, asesinato o detenciones”.

Pero también violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, “cuando se impide a la población acceder a bienes básicos para una vivienda digna como son las pensiones, el agua o la electricidad, derechos colectivos relacionados con los desplazamientos de los que son víctimas tanto las poblaciones campesinas como los pueblos indígenas, violación de los derechos ambientales por la destrucción de ecosistemas, acuíferos, zonas protegidas y parques nacionales”, explica González.

El último de los juicios que el TPP realizó fue en Madrid en el año 2010. Allí volvieron a constatar que empresas como Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II, Bayer, BBVA, HSBC, Banco Santander, Benneton, Endesa, Unión Fenosa, Telefónica Pescanova o Repsol YPF han destruido el medio ambiente, vulnerado los derechos laborales básicos u obligado a comunidades autóctonas a abandonar sus hogares para dejar vía libre a la construcción de las empresas en determinados lugares.

Los ejemplos más recientes, tal y como recuerda González, son “el desastre de 2013 en Rana Plaza, Bangladesh, que quitó la vida a 1132 trabajadores (en su mayoría mujeres), la masacre de 2012 de Marikana que mató a 34 mineros en Sudáfrica, la creciente destrucción causada por Shell en la región de Ogoni y por Chevron en la Amazonia ecuatorial así como las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la Mina de carbón en Cerrejon, Colombia”.

Todos estos ejemplos no son más que una muestra de la impunidad de la que gozan las multinacionales, a pesar de que la ONU insiste en que hay un consenso internacional respecto a la funcionalidad de los dos mecanismos con los que cuentan actualmente: el Global Compact y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborados por John Ruggie, que actúan más como recomendaciones que como herramientas coercitivas de obligado cumplimiento. “Ya sea por la Organización Mundial del Comercio, por los tratados de libre comercio, por los tratados bilaterales de inversiones o por los tratados que realizan las empresas multinacionales, la realidad es que se ha generado una armadura legal que protege a estas empresas, sus derechos comerciales están contemplados en contratos muy eficaces, que si un Estado no lo cumple, la empresa lo denuncia ante un tribunal de arbitraje como es el Ciadi en el Banco Mundial o La Haya en el de la ONU”, denuncia González.

Tal y como se ha demostrado en la práctica, “la mayoría de esas sentencias se resuelven en contra de los Estados; es decir, que encima son los países los que tienen que pagar una multa a la empresa. Una muestra clara de que los derechos de estas empresas están fuertemente garantizados en oposición a los DDHH, que están integrados en lo que se conoce como “derecho blando” ya que no hay mecanismos eficaces que se respeten. Ni las comunidades, ni las organizaciones ni siquiera un Estado puede denunciar a una empresa ante una instancia internacional”, recuerda.

La propuesta de Ecuador

Fue en septiembre del año pasado, en el marco de la 25ª sesión del Consejo de DDHH, cuando la Misión de Ecuador ante la ONU promovió por primera vez un una declaración que hablaba sobre la necesidad de elaborar de manera inmediata un tratado que obligara a las multinacionales a respetar los derechos de los ciudadanos y la normativa de los países en los que decidían instalarse. Esta declaración contó con el apoyo del Grupo Africano, el Grupo Árabe, Pakistán, Sri Lanka, Kirguistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú. En total, más de 80 países entre los que destacan las ausencias de países aparentemente afines como Argentina o Uruguay.

Para la investigadora de OMAL, la postura de Ecuador respecto a la necesidad de proponer este debate en la ONU “viene tanto de lo que ya estaban moviendo las organizaciones internacionales como del problema que ha tenido el Gobierno con Chevron, empresa que recientemente lo ha demandado ante el tribunal de La Haya por la multa ejemplar que le impusieron los tribunales ecuatorianos, no sólo para no tener que pagar la multa sino para que Ecuador tenga que indemnizar a esta empresa por daños y perjuicios. A diferencia de los movimientos sociales, la iniciativa de Ecuador -que Erika González cree que irá en la línea de lo propuesto por John Ruggie y contendrá reivindicaciones más ambiguas- está relacionada con un trabajo institucional,. Esta propuesta será la que, junto con el resto de los países que la secundan, tenga posibilidades de que se lleve a cabo ya que, como recuerda González, “quienes participan en la ONU son los Estados, no las organizaciones sociales”.

A pesar de las más de 80 naciones de todo el mundo que apoyan la iniciativa de Ecuador, el papel global de los gobiernos cuyos ciudadanos son víctimas de abusos por parte de muchas multinacionales no es homogéneo. Por un lado están los países cómplices como, según señala Erika González, Colombia, Perú, Guatemala o México, que son ejemplos claros “de gobiernos funcionales a los intereses de las transnacionales; todas sus decisiones políticas y sus leyes benefician las inversiones y los negocios de las transnacionales y se priorizan en detrimento de los DDHH”.

En el lado opuesto hay otros gobiernos, “como Venezuela, Bolivia, Ecuador, que están dentro del ALBA, y, en algunas cosas también Argentina, que han tomado decisiones o han elaborado leyes que incrementan la soberanía de los gobiernos del sur en la toma de decisiones políticas, que han repercutido negativamente en los intereses comerciales de las empresas transnacionales”. Aunque González destaca que esto no quiere decir que se opongan férreamente a las multinacionales. De hecho, en Bolivia, Venezuela y Ecuador “siguen trabajando transnacionales en sectores como la minería o el petróleo que siguen atentando contra el medio ambiente y contra los derechos de los indígenas o de las comunidades cercanas a las zonas donde se establecen, y sus gobiernos siguen firmando acuerdos y contratos con ellas”.

Semana de reivindicaciones en Ginebra

Durante la última semana de la 26ª sesión Consejo de Derechos Humanos de la ONU (entre el 23 y el 27 de junio), la Campaña Internacional Desmantelando al Poder Corporativo tiene prevista en Ginebra una serie de movilizaciones con dos objetivos claros. Primero, presionar a los integrantes de la ONU encargados de decidir si la resolución que ha presentado Ecuador sale adelante. Pero también conseguir la mayor visibilización posible para el tratado que las organizaciones sociales han elaborado (más exhaustivo de lo que, probablemente, haya presentado el gobierno de Rafael Correa) y que se presentará durante la semana de movilizaciones.

Las posibilidades reales de que la ONU habilite mecanismos para juzgar de manera efectiva a las multinacionales son escasas. Ya en 2011, cuando se aprobaron los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y DDHH, las organizaciones sociales lograron que se colara en el debate la necesidad de elaborar un tratado internacional vinculante. Sin embargo, el propio John Ruggie, relator especial de la ONU sobre este asunto y responsable de la elaboración de estos principios rectores, se mostró reticente al respecto. Y es que, según afirmó, dado que hay 80.000 multinacionales, y millones de subsidiarias más, supervisar el cumplimiento de este tratado superaría la capacidad de la mayoría de los gobiernos, y si se creara un organismo supranacional a tal efecto, le ocurriría lo mismo.

Por su parte, Erika González valora positivamente que en algunos países, gracias a la resistencia y la lucha protagonizadas por los movimientos sociales durante años, se ha conseguido llevar a juicio a algunas transnacionales y que se reconozca oficialmente que ha habido una violación de DDHH. “Un ejemplo muy claro es el de Chevron, en Ecuador, después de más de 10 años de lucha por parte de las comunidades afectadas. O el caso del pueblo mapuche, en Argentina, contra Repsol y contra YPF por todos los años de contaminación de su territorio y que había repercutido en su población”.

En otras ocasiones, los países donde tenían establecida la sede las multinacionales han juzgado a estas empresas gracias a los mecanismos de extraterritorialidad. “Por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional denunció a los tribunales holandeses la violación de DDHH e impacto ambiental de Shell en el Delta del Níger y el año pasado consiguió que un tribunal juzgara algo que había hecho una empresa de su país en otro lugar”. Pero son casos aislados y, a veces, poco eficaces, ya que las multinacionales condenadas deciden no cumplir con la pena que se les impone sin sufrir ninguna consecuencia. Y esta una de las herramientas básicas que exigen desde la Campaña: “Que se pueda juzgar a las empresas en sus países de origen por una vulneración de derechos cometida en otros lugares”, concluye González.

Corporaciones y derechos humanos: una combinación imposible

Opinión del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), en el Boletín 197

En el mundo de los grandes negocios, un pequeño grupo de corporaciones transnacionales domina, cada vez más, a casi todos los sectores de la economía. Ya eran grandes, pero ahora son enormes, y sus actividades están causando cada vez más impactos negativos. Al mismo tiempo, y gracias a las grandes luchas de comunidades, movimientos, organizaciones y activistas, esas mismas corporaciones se vieron forzadas a asumir algunos compromisos escritos, con la ética, con la responsabilidad social y ambiental; y empezaron a elaborar sistemas de certificación de la “sustentabilidad” y a hablar de “mejores prácticas”; inclusive comenzaron a hablar de derechos humanos.

En este boletín, dedicado una vez más al Día Internacional de los Derechos Humanos, buscamos reflexionar sobre este tema, observando la actuación de las grandes corporaciones. Con ello, es imposible no ver el comportamiento de tales empresas que violan los más diversos derechos fundamentales – consagrados o no en leyes y tratados internacionales. Como derechos fundamentales consideramos, por ejemplo, los que buscan garantizar la dignidad del ser humano, la justicia social y ambiental.

Veremos, en este boletín, la violencia del acaparamiento de tierras como una de las acciones probablemente más fuertes en la actualidad, que se expresa de varias formas. Es violento cómo las grandes corporaciones del sector del eucalipto y la celulosa acaparan cada vez más tierras en países como Brasil, para instalar grandes monocultivos y cómo lo han hecho históricamente en la ilegalidad y con el apoyo del Estado. Es igualmente violenta la expansión desenfrenada de las grandes corporaciones de palma aceitera en África, que invade tierras de los campesinos, afectando la soberanía alimenticia y aumentando el hambre en países como Sierra Leona. Es violento también cómo las grandes corporaciones del sector energético acaparan tierras para construir mega hidroeléctricas como en Malasia y otros países, destruyendo la biodiversidad, los bosques y el sustento de miles de personas, para beneficiarse de la generación de energía. Hay un pasivo enorme con millones de personas, expulsadas y lanzadas a las periferias de las grandes ciudades, que hoy concentran cada vez más población de los países del Sur global, aunque haya tierra suficiente para que gran parte de esa población pueda trabajar y garantizar la soberanía alimenticia en sus países.

Es violento también cómo las corporaciones tratan, hoy en día, a sus trabajadores directos y, principalmente, a los indirectos. La esclavitud, abolida desde hace mucho tiempo en el mundo, sigue prevaleciendo y agravándose en las regiones que abastecen a las grandes corporaciones con sus materias primas; por ejemplo, en las vastas plantaciones de monocultivo de palma aceitera en Malasia e Indonesia, principales países productores.

Es violento cómo las grandes corporaciones no aceptan limites a sus actividades que son cada vez más globalizadas, pretenden el libre comercio, lo que significa una gran ventaja para aumentar aún más sus beneficios. Y como controladores del mercado, pueden sacar aún más provecho. Las corporaciones buscan garantizar sus intereses en espacios clave como la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se reunió recientemente en Bali, Indonesia.

Es violento inclusive cuando las grandes empresas adoptan un discurso de “sustentabilidad” de la madera tropical, como proveniente del “manejo forestal sustentable”, porque ello agrava la devastación gradual de los bosques tropicales, destruyendo el futuro de las comunidades que dependen de dichos bosques para desarrollar sus formas de vida. Pero sus únicos objetivos son aumentar los beneficios e incentivar el consumo de productos de lujo, innecesarios.

Con seguridad, es de suma importancia seguir luchando para que nuestros gobiernos, e incluso la ONU, garanticen los derechos humanos fundamentales, dando énfasis especial a la lucha incesante de Via Campesina en estos últimos años para garantizar la aprobación de una declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos- lo que merece el apoyo de todos a todas.

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que las grandes corporaciones, por la lógica del propio sistema capitalista, buscan acumular, especular y obtener cada vez más beneficios. Las grandes corporaciones son la mayor expresión de un sistema intrínsecamente injusto y explotador. Buscan abrir cada vez más mercados, inclusive relacionados con la “sustentabilidad” a través de los “certificados de sustentabilidad”, las “políticas de responsabilidad social y ambiental” o los “códigos de ética”. No aceptan reglas obligatorias, por eso siempre defienden los sistemas voluntarios, porque en la lógica del capital los mercados no pueden imponer barreras al libre comercio para las corporaciones, también en el negocio de la “sustentabilidad”.

Sin cambios a nivel global para restringir drásticamente la acción de las grandes corporaciones, presenciaremos la continua privatización de tierras y bosques por parte del poder corporativo, y las múltiples violaciones de derechos no cesarán. Vale la pena centrar los esfuerzos con el objetivo de responsabilizar a las corporaciones por sus violaciones actuales e históricas.

Hacemos un llamamiento al apoyo y a la integración de la Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo y dar fin a la Impunidad que hoy rige la acción de las Corporaciones. Los Derechos Humanos no combinan con las corporaciones; combinan con un sistema económico basado en la solidaridad, en la soberanía alimenticia, en la justicia social y ambiental.

Así se adueña del agua FEMSA

por Daniela García. El Barrio Antiguo

¿La construcción de un nuevo estadio de futbol puede ser la fachada para un negocio vital?

A finales de la década de los 70, los habitantes de Coatepec, un pueblo ubicado a unos kilómetros de Xalapa, Veracruz, vieron con asombro cómo grandes empresas industriales se instalaron en las afueras. Firmas como Coca Cola y Nestlé compraron quintas y ranchos rodeados de lagos y manantiales llenos del agua cristalina que mantenían al lugar vivo y verde.

Primero los habitantes se alegraron de contar con nuevas fuentes de trabajo en una zona donde la mayoría de los empleos están relacionados con la siembra, recolección o venta de café. Además, la llegada de las empresas trasnacionales les permitió obtener productos de la canasta básica a un precio más accesible.

Parecía que después de tanto tiempo la exuberancia de su tierra recibiría los frutos del progreso.

Coatepec está catalogado como “Pueblo Mágico”. Lo mágico del lugar reside en la espesa vegetación que lo rodea, en sus cerros llenos de cataratas y manantiales de agua pura que bajan y cruzan las zonas urbanas. Pero tras la llegada de Coca Cola y Nestlé, no pasó mucho tiempo para que los habitantes de Coatepec se dieran cuenta de que estas se habían adueñado de las represas de agua que alguna vez les pertenecieron: en un convenio con el Gobierno de Veracruz y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) obtuvieron concesiones por casi el 80 por ciento de los mantos acuíferos de la zona. En el 2013, más de 40 años después, los ríos que cruzan las zonas urbanas no tienen nada de cristalinos y se percibe un olor rancio proveniente de las corrientes. Además, existe una escasez de agua en todo el estado y poco hay que puedan hacer para recuperar el agua que por convenio le pertenece a las empresas.

Debido a la privatización de los mantos acuíferos de la región, es necesario acarrear agua para consumo humano desde el estado vecino de Puebla. Así se abastecen las necesidades diarias, no sólo de Coatepec, sino también de la capital, Xalapa, y de otras ciudades del estado. Esto les cuesta a los ciudadanos más de lo que le cuesta a las empresas hacer uso de los mantos concesionados. Las dificultades de abastecimiento del agua potable contrastan con los montes, arroyos, lagos y manantiales que adornan los paisajes del estado, el cual es el que recibe más escurrimiento de agua en todo el país. Hasta 33 por ciento del total de agua del estado termina en manos de las grandes industrias. Los habitantes de Coatepec miran el desfile del agua… siempre del otro lado del muro.

II

En Monterrey, Nuevo León, se vive una historia similar en las calles de la zona metropolitana: la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa), a la cual pertenece Coca Cola y hasta el 2012 tuvo alianza con Nestlé, se ha hecho de un terreno importante en el parque La Pastora, asiento de uno de los pocos mantos acuíferos subterráneos del área metropolitana de Monterrey. En esta área, la empresa que actualmente utiliza para sus procesos industriales agua traída directamente desde Saltillo, planea construir un estadio de futbol.

Entre el tráfico de la ciudad, a tan sólo unos minutos del centro de Monterrey y al pie del Cerro de la Silla, se encuentra el parque La Pastora: un bosquecito rodeado de avenidas llenas de carros apretujados en el tráfico y bordeado con colonias que alojan a cientos de familias. Bajo la superficie del parque, una importante cantidad de agua ha permanecido escondida y alejada de los ojos de los regiomontanos. Durante años, esta reserva de agua permaneció oculta y su existencia no se trató más que como un simple rumor. Actualmente, la tranquilidad del sitio se ve perturbada por el movimiento: la empresa transnacional Femsa adquirió una concesión por parte del Estado de Nuevo León para construir en el terreno el imponente estadio de futbol que alojará al equipo local de los Rayados de Monterrey.

Poco más de 500 trabajadores se reúnen todos los días bajo el sol rabioso del verano y realizan diferentes tareas: se montan sobre máquinas que excavan el terreno, acomodan y reacomodan las altas vigas que soportarán la construcción del estadio, rellenan de concreto los cimientos. Si se transita sobre la avenida Pablo Livas, justo a un lado de donde se encuentra la obra todavía gris, se puede apreciar ya la forma del estadio: ovalada, alta, majestuosa.

Las visitas a la construcción están restringidas y hace falta un permiso tanto de la empresa Femsa como del Club de Rayados para poder ingresar y recibir un tour por el interior del terreno, alrededor y al interior del futuro estadio. Este tour es proporcionado con mucha reticencia. En el recorrido ya se pueden apreciar unas gradas en donde se sentarán las personas que paguen por un boleto para los partidos de futbol o los que decidan adquirir abono. Justo arriba, señalan los encargados del tour -trabajadores de las empresas constructoras subcontratadas por Femsa- estarán los palcos vitalicios privados, cuyos precios llegarán hasta los 13 millones de pesos. Los empleados dirigen el tour hacia la zona donde se establecerán los restaurantes y las tiendas de conveniencia, como si se tratara de la visita a un centro comercial. En dirección contraria se encuentra el lugar en donde estarán los vestidores de los jugadores y árbitros, incluido uno especial para las mujeres árbitras.

Los que no pueden pasar las mallas metálicas son los aficionados del equipo Rayados, quienes se conforman con pararse sobre las avenidas circundantes o en el interior del parque La Pastora. Desde ahí observan el futuro estadio y, con emoción en los ojos, platican que no pueden esperar más para verlo terminado. “Se te pone la piel chinita”, comenta uno de ellos.

III

Frente a su escritorio, en una pequeña oficina ubicada al sur de Monterrey, uno de los propietarios de una de las compañías que se encargan de la construcción del estadio, se niega a ser identificado con su nombre por temor a represalias, pero confirma la existencia de los mantos acuíferos bajo el terreno donde estará el estadio: “Sí existen, pero no se tocan”. Los constructores fueron informados por los mismos directivos de Femsa: deben mantener los mantos en buen estado. No se pueden perforar, dañar o tocar y todas las maniobras de construcción deben de realizarse con sumo cuidado.

El agua está en un terreno que temporalmente le pertenece a Femsa, pero las leyes federales del país establecen que es un recurso federal, por lo que la empresa no puede usarla a menos que obtenga un permiso de Comisión Nacional del Agua (Conagua). De hecho, el equipo jurídico de Femsa especifica esta circunstancia en el documento de impacto ambiental que desarrolló para apaciguar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el 2010: “Queda prohibido al concesionario […] explorar o construir pozos domésticos o industriales para extracción de mantos freáticos y extraer o utilizar agua del Río la Silla”.

De forma similar a lo sucedido en Coatepec, Veracruz, si quiere perforar estos pozos, Femsa tan sólo necesitaría que Conagua le diera un permiso que no tiene costo. La concesión del terreno de La Pastora a Femsa es de 60 años, por lo que si buscan explotar un manto acuático para sus labores, les quedarían 57 años para tramitar el permiso correspondiente de Conagua.

IV

Claudia Gómez sale a regar sus plantas todos los días a eso de las cinco de la tarde. Vive justo detrás del futuro estadio de los Rayados. En la parte delantera de su casa, tres grandes árboles adornan la vista, pero un espacio vacío en la acera recuerda la desaparición del cuarto. Cuando la corriente del Río la Silla creció hace tres años, debido al paso del devastador huracán Alex, el cauce se desbordó y arrastró todo lo que encontró a su paso, incluido el arbusto de Claudia. El agua no se llevó sólo árboles, sino también carros, mesas, sillas y hasta colchones. Era un árbol grande, pesado. “Nomás que llueva otra vez así, que nos venga otro huracán y va a volver a pasar- comenta-. Se va a inundar la calle, se va a llevar más árboles y carros y va a ser peor”.

Claudia no es experta en el tema, pero esta información se la dejaron saber ecologistas y activistas sociales que acudieron durante meses a la zona de La Pastora para informar a los vecinos de los peligros que corrían al tener el estadio ahí. “Se hicieron manifestaciones, fuimos al Congreso, hicieron un chorro de cosas. Pero de todos modos lo construyeron, ya sabes cómo funcionan todas esas cosas políticas”.

Fueron 26 hectáreas las que el Gobierno de Nuevo León cedió a Femsa para la construcción del estadio. Éstas representaban una zona verde en donde se podían encontrar diferentes tipos de vegetación, altos árboles que servían como hogar para una cantidad importante de animales pertenecientes a la zona. La Pastora es un pulmón urbano ubicado casi en el centro del municipio de Guadalupe. Fue reducido en un proceso que pasó inadvertido para la mayoría de la sociedad, excepto para los ecologistas y los vecinos que ahora viven preocupados ante la posibilidad de que los azote otra inundación como la que ocurrió el verano del 2010. Temen que otra tormenta ponga en peligro no sólo sus residencias, sino también su seguridad.

El agua que baja por los surcos del Cerro de la Silla atraviesa las colonias que se encuentran en las faldas de la montaña y se encuentran en un punto intermedio, en el parque La Pastora. Esto lo explica, frente a la computadora de su oficina en El Barrio Antiguo de Monterrey, Jorge Longoria, arquitecto urbanista miembro de la asociación civil Vertebra, mientras observa con preocupación el mapa donde se muestran estas corrientes de agua. “No sólo se van a inundar las colonias vecinas cuando llueva”, sostiene mientras señala en el mapa el lugar en donde se está construyendo el estadio. “También se les va a inundar el estadio”. Jorge Longoria cree firmemente que el estadio no fue más que la excusa perfecta que usó Femsa para hacerse de los mantos. La excusa perfecta que, además de otorgarles en algún momento la oportunidad de utilizar la importante cantidad de agua que se encuentra en el terreno de 180 hectáreas, les traerá una derrama económica enorme, debido al fanatismo por el futbol en Nuevo León. Además, la única cerveza que se venderá dentro de las instalaciones será Heineken (empresa socia de Femsa). A todo esto se deben sumar los futuros precios de los palcos, los abonos y los boletos de entrada, que en la actualidad ya son sumamente caros en el estadio del Tec de Monterrey y subirán aún más en el nuevo hogar de los Rayados.

En Monterrey, Femsa utiliza agua traída desde Saltillo para realizar sus procesos industriales, embotellamiento de agua y elaboración de refrescos y cerveza, entre otros. Esto, con la justificación de que el agua que llega desde el estado de Coahuila es más pura que la que existe en Nuevo León, por lo que sale más barato el proceso de depuración final.

V

En Coatepec, desde que las empresas pertenecientes a Femsa absorbieron el agua y forzaron al gobierno local a solicitar abastecimiento en Puebla, se suscitaron algunos problemas en la zona. En una ocasión, a inicios del 2012, los habitantes de Puebla decidieron que el agua de su estado era suya y no tenían por qué otorgársela a otro estado sólo porque los gobernantes habían llegado a un acuerdo en alguna ocasión. En Sonora ocurrió un fenómeno similar cuando al quedar seco Hermosillo, el gobernador Guillermo Elías Padrés elaboró un proyecto llamado Acueducto Independiencia para traer agua a su estado desde la cuenca de Ciudad Obregón y los territorios de los Yaquis. Las peleas siguen aún hoy en día por parte de las tribus y los ciudadanos que claman porque se deje de agotar indiscriminadamente todas las cuencas del estado en lugar de establecer un proceso de regeneración del agua local.

La presión de las llaves, de las regaderas y de los lavamanos se vio disminuida en Xalapa. La ciudadanía temió por la falta del líquido. Durante dos semanas, sólo era posible acceder a un pequeño chorro que viajaba lentamente por las tuberías hasta los hogares xalapeños. “Nos teníamos que bañar con cubetas”, recuerda Don Manuel, sentado en las escaleras de la catedral, frente al Palacio Municipal de Coatepec, mientras observa a sus compañeros que frente al Ayuntamiento sostienen carteles con consignas de “No más promesas”. Al recordar el corte de agua que vivieron meses atrás, Don Manuel se ríe: “Ni en el rancho, cuando era niño. Al menos allá se podía uno meter a bañar al río”.

Mientras ordena una taza de café en un típico y acogedor restaurant en el centro de Xalapa, Rafael Arías Hernández, profesor de la Universidad de Veracruz, define como grave lo que sucede en la zona. Ve una falta de interés por parte de los ciudadanos: “en Veracruz tenemos mucho escurrimiento de agua. Lo chistoso es que también a los veracruzanos se les escurre todo. No les importa la situación”. Los cerros que rodean Xalapa son verdes. Los jardines, las plazas y las plantas que adornan la ciudad muestran la misma tonalidad de colores vivos que rara vez se pueden encontrar en Monterrey. “Hay mucha agua, pero se puede ver que ya empezó la sequía”. Es difícil, si se observa con un ojo inexperto, ver la sequía a la que se refiere ya que la sequía de Veracruz es más tangible a la hora de beber agua. “El agua de los lavamanos, de las mangueras y de la regadera no es potable”, advierte. En Xalapa no pasean las personas por las calles y abren una manguera para poder saciar su sed cuando se vuelve insoportable: podrían enfermar con demasiada facilidad. El agua embotellada es su única opción y quien la vende es la misma empresa que se apoderó de sus aguas, a precios ridículos. Una botella de agua en Veracruz puede costar lo mismo que una cerveza de Femsa.

A ocho kilómetros de Xalapa, entre montañas y valles se encuentra Coatepec, famoso por su café de altura. Existe la broma entre sus habitantes de que cuando se toma el camión de Xalapa hacía el pequeño pueblito, uno puede saber que la parada se acerca porque se empieza a percibir el aroma a café tostado en las cafeterías… y es cierto. En cada calle del centro se pueden encontrar al menos tres o cuatro cafeterías por cuadra. Las fincas de café rodean la zona y los cafetaleros son personas respetadas y reconocidas por su trabajo. El café, además del turismo, es su principal fuente de ingreso.

Javier, un hombre mayor de 60 años, trabaja en el Museo del Café,que también funciona como finca de cultivo que perteneciente a la familia Apan, reconocida por tener un café de calidad. Javier ha trabajado toda su vida en torno al café y probablemente así morirá. Su hijo, sin embargo, trabaja para Coca Cola. “La empresa se acaba el agua, pero al menos da trabajo”, observa Javier.

Cuauhtémoc Apan, su jefe, se muestra de acuerdo con él pero es más atinado y directo a la hora de señalar la falta de agua de la región: “¿Cómo puede ser posible que siendo Veracruz tan rico en agua, el agua que reciben para uso humano deba de ser llevada desde Puebla?”, medita recargado en la pared en las afueras de su casa, que al igual que el resto de los domicilios en la zona, se encuentra rodeada de plantas verdes. “Es preferible que falte agua para riego y ganadería, que para uso humano. Y eso es lo que pasa aquí”.

Violan McDonald’s y Burger King derechos humanos y laborales

-Fueron las primeras empresas en aplicar pago por hora, revela estudio de la UAM

-Utilizan esquema de contratación temporal de adolescentes de 16 a 22 años con el mecanismo de terciarización y bajo sindicatos de protección, refieren entrevistas realizadas por ONG

Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, 17 de junio de 2013

Pago de 15 a 16 pesos por hora trabajada, que significan salarios quincenales de mil 600 pesos en promedio; contratación como empleados generales, por lo que en una misma jornada preparan comida y lavan baños o pisos que provocan constantes accidentes, sobre todo caídas y fracturas; y obligación de firmar renuncias en blanco; son las condiciones laborales de los jóvenes que laboran en McDonald’s y Burger King.

Entrevistas realizadas a estos empleados en una investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco e información del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) revelan las condiciones en que laboran los jóvenes en estos restaurantes de comida rápida, los cuales tienen sindicatos de protección, que les aseguran la no organización de los trabajadores, además de que gozan de otra particularidad: rara vez son verificados por inspectores de la Secretaría del Trabajo.

Tanto McDonald’s como Burger King, de acuerdo con la información recabada, utilizan el mismo esquema de contratación temporal de adolescentes y jóvenes desde los 16 años y hasta los 22, no más allá, porque no quieren trabajadores con antigüedad ni contratos permanentes. Contratan en su mayoría a estudiantes, que son capacitados por sus propios compañeros.

En las dos empresas, luego de sus jornadas de trabajo, ya sea que hayan preparado comida o hayan atendido las cajas, tienen la obligación de hacer la limpieza de los locales, lavar baños, limpiar mesas, pisos, ventanas, cocina y demás, según manifiestan los jóvenes en las entrevistas que se les realizaron, así como la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

Una joven que llamaremos María –quien en McDonald’s  tuvo un accidente en un ojo– y Ernesto, que labora en Burger, señalaron que las jornadas se pueden prolongar más de ocho horas: si las tiendas cierran a las 22 horas, pueden tardar hasta dos o tres horas más limpiando el establecimiento; por lo que a las doce o una de la madrugada tienen que buscar cómo irse a su casa o pedir a sus padres que vayan por ellos.

María relata que el accidente que sufrió fue porque le saltó aceite en un ojo, razón por la que fue trasladada de emergencia a una clínica del Seguro Social, estuvo incapacitada un mes y a su regreso fue despedida. Nunca le entregaron su liquidación, “me hicieron dar varias vueltas: ‘ven mañana, no está firmado tu cheque, no lo encontramos’. Hasta que mejor deje de ir”. Aunque le quedaron secuelas del accidente en el ojo derecho y conoce a muchas otras compañeras que han sufrido caídas, fracturas e intoxicaciones con químicos de limpieza, dice que es imposible reclamar, porque les hacen firmar renuncias en blanco y documentos para liberar de responsabilidades a la empresa.

Ernesto detalla que los jóvenes que reclaman por las condiciones de trabajo son despedidos de inmediato, que les pagan en promedio 15 o 16 pesos por hora, que tienen un día de descanso y que a veces no los dotan de equipo de seguridad para realizar sus tareas. Tanto MacDonald’s como Burger King contratan a través de terceras empresas.

Carlos García Villanueva, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en su informe Jóvenes y trabajo precario expone que estas empresas fueron las primeras en aplicar el pago por hora, con bajo salario, elemento básico en la contratación de empleados en condiciones laborales de precariedad.

En su análisis, difundido en Veredas: Revista del Pensamiento Sociológico, el experto detalla que en Burger King las contrataciones se hacen por conducto de la intermediación tercerizada de Comidas Rápidas SA de CV. Son por tiempo indeterminado, sin estabilidad laboral, bajo condiciones de multifuncionalidad, que la empresa tiene la prerrogativa de cambiar horarios y tareas, las cuales van desde descongelar carne para las hamburguesas y cocinarlas, hasta lavar la cocina, desinfectar utensilios, asear baños y demás.

En entrevistas que el investigador hizo entre los trabajadores concluye que las condiciones laborales en estas empresas están marcadas por una situación de alta rotatividad, salario insuficiente, falta de seguridad e higiene, «mal trato», gran cantidad de actividades a realizar y cero protección sindical.

ProDesc llevó a cabo la semana pasada un Día de acción global contra las violaciones de derechos humanos laborales en McDonal’s, y detalló que en Estados Unidos a algunos trabajadores de intercambio les impusieron turnos de hasta 25 horas seguidas, sin pago extra y remuneraciones inferiores al salario mínimo y altos cobros por alojamiento.

En la ciudad de México, McDonald’s tiene firmados contratos colectivos de trabajo con el Sindicato Progresista Justo Sierra de Trabajadores de la República Mexicana, controlado por Ramón Gámez, “el zar de los contratos de protección, quien se encuentra prófugo de la justicia”; sin embargo, le fue otorgada la toma de nota como secretario general de esta organización.