Las diez amenazas del pacto secreto TiSA al sistema financiero mundial

Publicada el 03/07/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

La última filtración de Wikileaks sobre el Acuerdo de Comercio de Servicios que 51 países están negociando en absoluto secreto, y cuyo contenido pretenden mantener oculto incluso cuando ya esté en vigor, demuestra que si sus cláusulas se ponen en práctica la economía internacional afrontará un claro e inminente peligro de sufrir un colapso global incluso más profundo que la Gran Recesión de la que aún no hemos salido

Ya no cabe duda de que el acuerdo secreto TiSA entre medio centenar de países (incluidos varios paraísos fiscales) pretende volver a la situación de casino bursátil neoliberal que provocó en 2007 la Gran Recesión global que aún estamos pagando. Pero hasta que Wikileaks no ha revelado el contenido de las actas top-secret de las negociaciones sobre ese pacto internacional, no se ha podido saber que sus cláusulas, en beneficio de las grandes corporaciones, suponen un verdadero peligro de que el sistema financiero internacional vuelva a colapsarse.

El observatorio ciudadano sobre la globalización del comercio internacional Public Citizen Global Trade Watch, con sede en Washington, DC, ha analizado exhaustivamente tanto el texto central de ese Trade in Services Agreement (TiSA) como la última versión de su Anexo sobre Servicios Financieros –a 15 de abril pasado– y ha identificado las diez grandes amenazas que presenta para el sistema de regulaciones financieras que los gobiernos y organismos internacionales han levantado para impedir otro crash como el que hundió a Lehman Brothers y generó la crisis de la que aún no hemos salido.

El pasado 3 de junio, Público reveló la existencia y gran parte de los anexos de esta verdadera alianza neoliberal planetaria: un acuerdo todavía más antidemocrático y neoliberal que el transatlántico TTIP y que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios.

Ahora, Público facilita a sus lectores el contenido del Core Text del TiSA, es decir el cuerpo central de ese pacto internacional secreto, en colaboración con los otros doce medios asociados con Wikileaks en esta exclusiva mundial: The Saturday Paper (Australia), Libération (Francia), Mediapart (Francia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Ethnos (Grecia), Kjarninn (Islandia), L’Espresso (Italia), La Jornada (México), Dagens Næringsliv (Noruega), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).

Las restricciones del TiSA a las regulaciones financieras gubernamentales se extenderán a todos los productos innovadores que acabaron generando la crisis global, como los «derivados» más tóxicos, y afectarán a todas las operaciones bancarias, bursátiles, de acciones y bonos, del mercado de divisas, seguros y reaseguros de todo tipo, tarjetas de crédito, procesamiento de datos financieros, ratings crediticios y en general todos los servicios financieros posibles o imaginables.

Pero más todavía: los gobiernos quedarán atados por las cláusulas del TiSA en cuanto a los productos financieros ¡que todavía no han sido inventados! (Artículo X.9 del Anexo) y con respecto a bancos extranjeros que todavía no han comenzado a operar dentro de sus territorios respectivos.

Además, según el análisis de Public Citizen, el TiSA expandirá las misma reglas de liberalización financiera que se impusieron por consejo de los grandes bancos antes de la crisis, obligando a las legislaciones estatales a adecuarse de nuevo al ahora desacreditado y rechazado modelo de extrema desregulación que condujo a la recesión global. Cualquier gobierno firmante del TiSA que no modifique sus directivas financieras para cumplir las cláusulas secretas del acuerdo se arriesga a ser sometido a sanciones comerciales indefinidas, autorizadas por un tribunal de arbitraje extrajudicial, hasta que vuelva a la senda de la desregulación.

En concreto, éstas son las diez mayores amenazas que presenta el TiSA, según el investigador Ben Beachy de Public Citizen:

1. Restringir las medidas equitativas para limitar riesgos financieros

Las reglas de «total acceso al mercado» que impone el TiSA entran en conflicto con todas las regulaciones financieras de sentido común que se aplican equitativamente a empresas nacionales y extranjeras. Una de esas reglas expone a los gobiernos a demandas de las corporaciones ante tribunales de arbitraje extrajudiciales meramente por limitar los arriesgadísimos derivados que precisamente generaron la anterior crisis global.

2. Permitir la exportación de datos sensibles de los consumidores

Pese a la creciente preocupación de los gobiernos por la sustracción y el mal empleo de datos privados, así como los escándalos del espionaje político e industrial de las comunicaciones por parte de la NSA estadounidense, el TiSA permitirá a las corporaciones financieras exportar todos los datos personales de los consumidores a través de las fronteras, pudiendo ubicarlos en paraísos fiscales para evadir las inspecciones fiscales o situarlos en países donde no se respeta la confidencialidad ni la protección de datos.

Estas cláusulas del TiSA están, además, en contradicción y violación de las actuales leyes de protección de datos en vigor en la Unión Europea y en muchos otros de los países firmantes del acuerdo.

3. Obligar a los gobiernos a predecir todas sus futuras regulaciones

El TiSA incluso prohíbe las reglamentaciones equitativas si «inadvertidamente modifican las condiciones de competencia» en detrimento de los intereses de las grandes multinacionales, e impone a los gobiernos la obligación casi imposible de cumplir de anticipar todas las posibles regulaciones financieras –incluidas las que regularían servicios o productos todavía no inventados– que pudieran afectar de alguna manera en el futuro a las corporaciones extranjeras.

4. Prohibir indefinidamente toda nueva regulación financiera

Los gobiernos firmantes se comprometen a no aplicar nuevas medidas de política financiera que de alguna manera limiten la desregulación absoluta establecida por el TiSA. Todas las excepciones contempladas en el acuerdo afectan exclusivamente a lo que ya está en vigor, de forma que se crea un efecto llamado de «trinquete» (ratchet, en inglés) por el que ya no se puede dar marcha atrás a la liberalización de productos financieros. Así se impone una escalada de las políticas neoliberales en todos los aspectos de los mercados financieros.

5. Prohibir los controles de capital usados para mitigar la crisis

Tras el crash de 2008 surgió un consenso internacional entre los economistas de que para mitigar la crisis son necesarios los controles de capital –regulaciones para limitar los flujos masivos de dinero especulativo caliente hacia o desde un país– que impidan la especulación desorbitada. Hasta el FMI, que en los años 90 instaba a todos los gobiernos a eliminar los controles de capital, reconoció en 2012 que la Recesión Global había demostrado que son necesarios para evitar las crisis financieras mundiales.

6. Exigir la aceptación de productos financieros aún no inventados

Los firmantes del TiSA sólo podrán limitar la creación de nuevos y complejos productos financieros –del estilo de los CDS o CDO cuya desregulación hasta 2008 hizo estallar la crisis en EEUU– si demuestran previamente su peligrosidad, algo prácticamente imposible. Todos esos inventos financieros, desarrollados para maximizar y acelerar los beneficios especulativos, sólo demuestran ser tóxicos cuando ya han estado operando sin control y han generado graves pérdidas públicas y privadas.

7. Permitir todas las reglas financieras vigentes en otros países

El TiSA pretende que las compañías financieras internacionales estén exentas de cumplir las normativas de un país en el que entren a operar si sus actividades están permitidas en su país de origen (por ejemplo, EEUU), un proceso conocido como «recognition«. De esta manera, los gobiernos renuncian a regular las finanzas y aceptan externalizar la responsabilidad de garantizar la estabilidad financiera de sus propios mercados. Al mismo tiempo, el TiSA ni siquiera prevé una armonización de los estándares financieros de los diferentes países, de forma que los firmantes pueden verse obligados a aceptar prácticas financieras vigentes en paraísos fiscales que también participan de este acuerdo.

8. Permitir que las empresas paralicen la aplicación de regulaciones

Una de la cláusulas propuestas en el Anexo de Servicios Financieros del TiSA prevé que los gobiernos tengan que publicar de antemano todos los borradores de las normativas o reglamentos, obligándolos a aceptar un debate legal previo a su entrada en vigor con el que las grandes corporaciones multinacionales podrán desplegar su poderío de lobbies y gabinetes de abogados para paralizar la aplicación de esas regulaciones hasta que estén preparadas para burlarlas o hayan desarrollado nuevos métodos de hacerlas ineficaces.

9. Prohibir preferencias públicas nacionales para los contribuyentes

Los gobiernos firmantes del TiSA no podrán establecer preferencias de instituciones bancarias o compañías de sus propios países ni siquiera cuando se trata de garantizar los fondos de pensiones o de estabilidad de sus contribuyentes, para asegurar su disponibilidad y rentabilidad. El TiSA obliga a aceptar la competencia de los bancos de otros países, en los que los reglamentos de capitalización pueden ser mucho más laxos y, por tanto, carecer de las salvaguardas vigentes en el Estado afectado.

10. Dejar a los gobiernos sin defensa legal para sus regulaciones

El lenguaje adoptado por el TiSA en cuanto a las «medidas prudenciales» adoptadas por los gobiernos para proteger la estabilidad financiera de sus mercados reproduce casi palabra por palabra el empleado en el acuerdo GATS, a pesar de que los juristas llevan años denunciando que deja a las administraciones públicas sin herramientas legales para defender sus regulaciones. Además, el TiSA incluye una cláusula que impedirá a los firmantes tomar medidas prudenciales que contradigan el contenido de ese acuerdo secreto, dejando a los gobiernos inermes frente a los desafíos legales de las multinacionales.

En definitiva, de lo que se trata es de que los Estados queden desarmados e impotentes frente al poder omnímodo de las compañías financieras internacionales… a pesar del tremendo peligro de que eso provoque una crisis global todavía peor que la que estamos padeciendo.

El TiSA obligará a los Estados a hacer leyes que cumplan sus pactos secretos

El 1% de mexicanos concentra casi la mitad de la riqueza: Oxfam

Publicada el 30/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Revista PROCESO

En México, uno de los países más desiguales del mundo y de los que menos recauda impuestos a los millonarios, el 1% de los más ricos –alrededor de 120 mil personas– acapara 43% de todas las riquezas de la 14ª economía del globo y sus 53.3 millones de pobres, según un informe que publicó hoy la organización Oxfam, al lanzar una campaña contra la desigualdad.

Según el economista Gerardo Esquivel, quien redactó el informe, si bien entre 2005 y 2014 la economía mexicana se estancó en mediocres niveles de crecimiento, la suma de las fortunas de los cuatro multimillonarios más ricos de México, por su parte, se disparó a un ritmo de 5% anual.

Así, en 2002 las fortunas del magnate de telecomunicaciones Carlos Slim, de los empresarios mineros Germán Larrea y Arturo Bailleres y del dueño de TV Azteca y Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, representaban el equivalente de 2% del PIB nacional. Dos años después, en 2014 incrementaron de manera vertiginosa para alcanzar 9% del PIB.

Con el puro rendimiento anual de sus fortunas, es decir, el dinero que se genera cada año a partir de la fortuna ya existente, los cuatro magnates podrían contratar hasta 3 millones de personas remuneradas con un salario mínimo.

De acuerdo con el autor del informe, el economista Gerardo Esquivel, el 10% más adinerado concentra 64.4% de las riquezas totales del país, una cifra en incremento de casi 8 puntos desde 1992.

En entrevista con Apro, señaló que 10% de la población más rica de México está conformada por burócratas u oficinistas bien remunerados, entre otros, quienes tienen un ingreso por persona de 20 mil pesos mensuales en promedio –entre 15 mil y 40 mil pesos– y suelen considerarse como “clase media”.

Esta nueva cifra rompe con las estimaciones oficiales proporcionadas en la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según la cual el primer decil “sólo” concentraba 43% de las riquezas en 2012.

Pero Esquivel aseveró que la encuesta de hogares del INEGI tiene fallas metodológicas, ya que los encuestadores nunca entrevistan a la pequeña elite económica del país, ni se acercan a los lugares exclusivos donde viven los magnates. En cambio, el economista realizó estimaciones a partir de varios factores pero deploró que los datos fiscales estén protegidos en México.

A diferencia de los ingresos, los cuales son flujos de dinero que transitan entre las personas, las riquezas de un país representan la suma del valor de todos los activos de la economía, precisó Esquivel.

Amos de la política

Así, según Oxfam, la dinámica de la desigualdad en el país se encuentra en un círculo vicioso, ya que los más ricos del país, al concentrar riqueza y poder, fomentan políticas públicas y fiscales que les benefician y, a su vez, agravan la desigualdad.

Según Esquivel, no es casualidad que los sectores de telecomunicaciones, minería y televisivo, de los que estos magnates sacan beneficios millonarios cada año, sean “sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público”, subrayó el informe.

Y precisó: “En su calidad de empresarios multimillonarios (…) es de su total interés el intervenir tanto como puedan en los instrumentos u organismos que se encargan de la regulación, supervisión y vigilancia; es decir, de capturar políticamente al Estado mexicano”.

De hecho, Esquivel recordó que al imponer precios muy elevadas a sus clientes, Telmex, y posteriormente América Móvil, costaron a los mexicanos 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, lo que representa 1.8% del PIB por año.

También resaltó que el sector minero se beneficia de privilegios fiscales por lo que la frenética extracción de recursos naturales de la nación “ha beneficiado sólo a unos cuantos”.

Pero los multimillonarios no son los únicos en verse beneficiados por las políticas del gobierno. Las propias políticas fiscales de México suelen alimentar la desigualdad, ya que el sistema tributario saca la mayor parte de sus ingresos –54%– a partir del impuesto sobre los bienes y servicios que consumen todos los ciudadanos.

En cambio, el sistema protege a los más adinerados, al recaudar sólo 32% de la tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el 30% a los dividendos de las empresas –sin recaudar nada a los dividendos que reciben los directivos de las mismas–, e incluso permite múltiples formas de evadir el impuesto a quienes ingresan dinero a través de su capital.

De acuerdo con Jesús Cantú, director de Oxfam en México y articulista de Proceso, el sistema de redistribución en México está fallido, ya que sólo se redistribuye 1.1% de los ingresos.

También estimó que la política social del país, por su parte, no funciona, ya que “es como la ambulancia que va por los heridos de la pobreza, lo único que hacemos es mitigarla pero perpetuándola”.

Además, el sistema tributario otorga deducciones sobre ciertos gastos específicos de los ciudadanos. Pero de nuevo, los más beneficiados resultan pertenecer al 10% más adinerado de la población.

El Estado mexicano deduce de los impuestos el precio de las colegiaturas que pagan los padres para enviar sus hijos a escuelas privadas, así como el transporte escolar; también deduce los intereses de los créditos hipotecarios o los honorarios médicos. Todos estos servicios los utiliza en más de 88% el decil más rico de México.

En cambio, el informe subrayó que “48% de las escuelas públicas carece de acceso a drenaje, 31% carecen de acceso a agua potable, 12.8% no cuenta con baños o sanitario, 11.2% no tienen acceso a energía eléctrica; en 61.2% de ellas los alumnos no cuentan con acceso a un equipo de cómputo que sirva, y 80% de los estudiantes no tiene Internet”.

Y señaló: “El que las personas de mayores ingresos obtengan deducciones fiscales por enviar a sus hijos a escuelas privadas y que al mismo tiempo las escuelas públicas carezcan de lo más elemental, no es más que un reflejo de la captura del diseño de políticas públicas por parte de una minoría en perjuicio de la gran mayoría de la población”.

El mismo mercado financiero y bancario favorece la reproducción del capital en las manos de unos cuantos privilegiados, ya que los más pobres, a diferencia de los ricos, no tienen acceso al crédito.

La política monetaria, basada en la contención de la inflación, llevó a la congelación del salario mínimo desde 1996, lo cual a su vez disparó la desigualdad ya que, al equivaler a una cuarta parte de lo que era hace 30 años, se convirtió en un salario de pobreza –“ni cerca de ser suficiente para adquirir una canasta básica”–, a beneficio del empleador.

De acuerdo con el informe, un trabajador con un salario mínimo está considerado como “pobre” en México, y si además tiene que mantener a uno o más familiares, se convierte en persona en pobreza extrema. Sin embargo, la Constitución mexicana estipula que un salario mínimo debe garantizar un nivel de vida digno.

“Auténtico Estado social”

Desde hace unos años, los organismos internacionales más ortodoxos en materia de promoción del neoliberalismo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial iniciaron un cambio de paradigma al observar que el crecimiento económico, al beneficiar a los más ricos, no “chorreaba” de manera mecánica hacia los más pobres.

Cantú destacó que las reformas estructurales que emprendió la administración de Enrique Peña Nieto partieron de esta misma base teórica equivocada, según la cual cuando existe crecimiento económico, éste termina repartiéndose en toda la sociedad.

En cambio, y a raíz de nuevos estudios como los del recién nombrado premio Nobel de Economía, Tomás Piketty, estas instituciones aceptaron que las desigualdades y la mala redistribución de las riquezas conllevaban nefastas consecuencias sobre la propia economía y el crecimiento.

De acuerdo con la OCDE, el aumento de las desigualdades en México entre 1985 y 2005 redujo el crecimiento en un monto acumulado de 10%.

Es más: el incremento del PIB en México no ha reducido las tasas de pobreza desde hace 20 años. Pero como la población aumentó, la cifra de pobres creció en paralelo para alcanzar en la actualidad a 53.3 millones de mexicanos.

“El cambio de paradigma se está haciendo en muchas partes del mundo, pero en el caso de México creo que no. Para nada”, deploró Esquivel.

Para luchar de manera eficaz contra la desigualdad, Oxfam urgió a la creación de un “auténtico Estado social”, el cual superaría al Estado de bienestar, ya que basaría su política en garantizar los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, planteó la necesidad de implementar una política fiscal más progresiva, la cual adaptaría las tasas de recaudación según la riqueza de los tributarios, pero también de transparentar y dirigir mejor el gasto público, así como luchar de manera efectiva contra la corrupción, a través por ejemplo de la obligación de todos los servidores públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.

Oxfam publicó una petición en línea, que presentará en septiembre a la nueva legislatura, con la intención de revertir la desigualdad a través de la iniciativa ciudadana.

“No hay otra vía que la exigencia ciudadana”, asumió Cantú, al subrayar que mediante este método, “hemos podido avanzar en la construcción de un país menos autoritario”.

Video: Relaciones comerciales América Latina y Europa

Publicada el 12/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Este vídeo explica cómo la relación comercial actual entre la Unión Europea y América Latina –principalmente basada en la extracción de recursos naturales- está contribuyendo al agotamiento de los recursos no renovables, al calentamiento global y a los conflictos sociales.

Diferentes organizaciones sociales han alertado reiteradamente sobre los peligros de unas relaciones comerciales desiguales y han reclamado con urgencia a la UE que promueva unas relaciones más simétricas que contribuyan al respeto de los derechos humanos y al desarrollo de alternativas sostenibles al modelo económico actual.

Organizaciones: Alianza por la Solidaridad, ACT Alianza UE, CIDSE, CIFCA, GRUPO SUR y OIDHACO

Relaciones comerciales América Latina y Europa – Vídeo animación UECELAC from EU Latin America on Vimeo.

CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS DE UE-CELAC

Publicada el 11/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Bruselas, 10 de junio de 2015

Nosotras y nosotros, miembros y representantes de colectivos y organizaciones diversas de Europa y América Latina y el Caribe, reunidos en Bruselas con motivo de las Jornadas de Movilización por la Soberanía de los Pueblos frente al Poder de las Transnacionales y la Arquitectura de Tratados de Comercio e Inversiones, en ocasión de la Segunda Cumbre UE-CELAC,

Declaramos,

Nuestro profundo rechazo a las políticas neoliberales y de austeridad que se vienen aplicando en los países de la Unión Europea para resolver la crisis generada por un sistema financiero desregulado en extremo, que no piensa sino en obtener el mayor beneficio posible, vía el precepto de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. De la crisis financiera se pasó a la crisis de la deuda de los Estados, y ahora a la crisis presupuestal de los Estados con austeridad. Más de 25 millones de habitantes de la UE, principalmente jóvenes, están hoy sin empleo o perdieron su trabajo, mientras que los bancos europeos han recibido ayudas multimillonarias. Denunciamos la actitud del FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que buscan imponer los intereses de los acreedores al pueblo griego y el gobierno conducido por Syriza. Apoyamos sus movilizaciones y resistencia, así como respaldamos la auditoría pública de la deuda de ese país y la anulación de toda deuda ilegítima.

En el caso de los países de América Latina y el Caribe reclamamos un cambio sustancial de las políticas extractivistas que de México a Argentina, de Brasil a Bolivia, se han generalizado provocando la deposición de territorios, expropiación de tierras, desplazamiento de poblaciones y daños medioambientales.

Demandamos a los gobiernos la suspensión inmediata y definitiva de las negociaciones del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión que la UE realiza con los Estados Unidos, del Tratado de Comercio de Servicios (TISA) y de la Asociación Transpacífica (TPP) en el que participan varios países latinoamericanos. La firma de estos acuerdos tendría nefastas consecuencias no solo para los habitantes de Europa, América Latina y Estados Unidos, sino del mundo en general, al desreglamentar el empleo, la seguridad alimentaria, las leyes medioambientales, privatizar y/o desregular los servicios públicos, y otorgar mayores derechos a las empresas transnacionales y los inversionistas privados que podrían incrementar demandar a un Estado, lo que constituye un ataque directo a su soberanía.

La Segunda Cumbre UE-CELAC se desarrolla bajo el lema “Construir un futuro común, trabajando juntos por sociedades prósperas, inclusivas, cohesionadas y sustentables para nuestros ciudadanos”. No obstante, al continuar centrando esa relación en la multiplicación y desarrollo de Acuerdos de Libre Comercio – envueltos en los llamados “acuerdos de asociación” – dichos objetivos no pueden sino alejarse, diluirse e inducir nuestras sociedades hacia nuevas y más profundas crisis.

Exigimos una evaluación pública y democrática sobre los impactos que han tenido los Tratados de Libre Comercio (TLCs) con México y Chile, cuyos gobiernos se disponen a vender lo que queda de la economía nacional para atraer nuevos capitales e inversionistas. Llamamos a los gobiernos de los países del Mercosur a no reiniciar las negociaciones para la firma de un TLC con la UE. Reiteramos nuestra demanda contra la ratificación de los TLCs firmados entre la UE, Colombia, Perú y Centroamérica, en discusión en varios parlamentos europeos.

Reclamamos que los gobiernos de la CELAC y la UE reafirmen enérgicamente el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas por el cambio climático y sus impactos, y que garanticen la aplicación estricta de ese principio en el nuevo acuerdo mundial sobre el combate al cambio climático que debe surgir de la próxima cumbre de Paris de diciembre de 2015.

Eso implica que los gobiernos europeos asuman metas estrictas de recorte de las emisiones de sus empresas a nivel mundial, sin mecanismos de mercado y sin mecanismos de compensación de emisiones, que eviten un mayor calentamiento del planeta; e implica que asistan financiera y tecnológicamente a los países latinoamericanos en sus esfuerzos de adaptación a los impactos y sus necesarias transiciones hacia economías justas, despetrolizadas y con garantía de derechos.

Reivindicamos la necesidad y urgencia de que los gobiernos se comprometan a participar de manera constructiva en la negociación del instrumento internacional vinculante en materia de empresas y derechos humanos, tal como lo aprobó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2014 (A/HRC/26/L.22/Rev.1), a fin de obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos.

Nuestras luchas no solo son de resistencia, más que nunca necesaria ante los peligros sociales, económicos y ambientales que acechan nuestras sociedades, sino también para crear alternativas al comercio y las inversiones que respeten los derechos humanos y garanticen un verdadero desarrollo social, integral, justo, democrático y plural.

Lista de firmantes:

Alternative Information and Development Center (AIDC), Asamblea Nacional de Afectadas/os Ambientales (México), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Attac Argentina, Brazilian Network on Peoples Integration (REBRIP), Committee for the Abolition of Third World Debt (CADTM), CADTM AYNA, Comunidades Construyendo Paz desde el Territorio – CONPAZ, Center of United and Progressive Workers (SENTRO), Copenhagen Initiative for Central America and Mexico (CIFCA), Collectif Venezuela 13 Avril, Bruxelles, Comité pour les Droits Humains “Daniel Gillard”, Corporate European Observatory (CEO), Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Enlazando Alternativas, Entrepueblos, France America Latina, Food First Information and Action Network (FIAN), Friend of the Earth Colombia (CENSAT), Friend of the Earth Guatemala (CEIBA), Friends of the Earth International, Friends of the Earth Latin America and the Caribbean, Friends of the Earth Uruguay (REDES), Global Campaign to Dismantle Corporate Power and Stop Impunity, European Network of NGOs Grupo Sur, Hemispheric Social Alliance (HSA), Institute of Policy Studies- Global Economy Project, International Cooperation for Development and Solidarity (CIDSE), Mémoires des Luttes France, Mouvement VEGA, Movement of Peoples Affected by Dams in Brazil (MAB), Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Mundubat, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL, Paz con Dignidad), Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (Oidhaco), Party of the European Left, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), Red Mexicana de Accion frente al Libre Comercio (RMALC), Rosa Luxembourg Foundation Brussels, Solidaridad Suecia – America Latina (SAL), TIYE International (Black, Migrant and Refugee women in the Netherlands), Transnational Institute (TNI), WIDE +, World March of Women.

PETICIÓN INTERNACIONAL: PAREN TPP

Publicada el 11/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

¡No permita que las corporaciones se apropien de otro acuerdo comercial!

Las corporaciones están tratando de manipular el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) — un tratado de libre comercio que se encuentra en plena negociación y que, de aprobarse, sería más grande que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) — para aumentar su poder sobre la economía mundial y así tener influencia sobre todo, desde sus derechos en el trabajo hasta los precios de sus recetas de medicamentos y la seguridad de los juguetes de sus hijos.

¡Envíe un mensaje a su ministro de Comercio!

“Por medio del presente le exhorto a suspender las negociaciones sobre el acuerdo TPP. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el texto del TPP antes de que sea finalizado por los negociadores. Los Parlamentos y los ciudadanos de las Partes negociadoras del TPP deben tener la oportunidad de influir en el acuerdo antes de cerrarlo. Le pido que imponga una moratoria antes de continuar las negociaciones y haga público el texto ahora mismo. Asimismo, no deberá reabrir las negociaciones hasta que no se haya discutido plena y públicamente cuáles son las normas internacionales que mejor redunden en el interés de nuestros ciudadanos y se comprometa a velar por que cualquier TPP definitivo sea coherente con esta finalidad.

Un buen acuerdo debe anteponer a las personas ante todo mediante la aplicación de los derechos fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, la protección del medio ambiente y de los servicios públicos, no permitir que se concedan derechos especiales a los inversores extranjeros para que puedan demandar a los gobiernos y con ello socavar las decisiones y las leyes locales, estatales y nacionales, así como promover un acceso asequible a los medicamentos vitales mediante reglamentos de patentes justos.

Concluir el TPP antes de dar a conocer públicamente sus devastadoras normas va en contra de una gobernanza abierta y participativa. Le insto a suspender las negociaciones y dar a conocer públicamente el texto del acuerdo TPP ahora mismo.”

FIRME AQUÍ

Celac-UE: Nuestros derechos no son negociables

Publicada el 08/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Este es un artículo de opinión para IPS de Sam Cossar-Gilbert, coordinador de justicia económica-resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional

IPS Noticias

El 10 y 11 de junio los jefes de Estado de 61 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE), que representan a más de mil millones de personas, se reunirán para discutir cómo “modelar nuestro futuro común”. Desafortunadamente, la Cumbre Celac-UE en Bruselas incluye en su agenda promover malos acuerdos comerciales y más privilegios para las grandes empresas.

Muchos países europeos y latinoamericanos están actualmente participando en negociaciones de acuerdos comerciales mundiales de gran envergadura llevadas a cabo a espaldas del escrutinio público. Estos acuerdos son: la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y una amplia gama de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

Los tratados de comercio e inversiones ya no aluden solamente a los aranceles de importación, también tratan gran variedad de asuntos que determinan cuáles son los alimentos que comemos, cómo es la energía que utilizamos y con qué capacidad cuentan los gobiernos para legislar a favor del interés general.

Tratados que son “caballos de Troya”

Estos tratados son verdaderos “caballos de Troya” aunque difieren entre sí de muchas y complejas maneras; pero lo que todos tienen en común el atraso en décadas de avances hacia una mejor protección de nuestro medioambiente y nuestros pueblos, dotando a las grandes empresas de un poder extraordinario y sin precedentes sobre nuestras sociedades. Las normas que rigen asuntos tales como la seguridad alimentaria, las sustancias químicas tóxicas y la energía sucia se debilitarían significativamente en ambos continentes.

Uno de los componentes más injustos de estos tratados comerciales es la inclusión del proceso de “solución de diferencias entre inversores y Estados” (ISDS). Este sistema permite a las empresas demandar a los gobiernos ante tribunales privados por políticas que interfieren en sus posibles ganancias. A nivel mundial, a finales de 2014 se conocían 608 diferencias entre inversores y Estados.

Algunos de los casos de diferencias entre inversores y Estados más conocidos incluyen la multa de 16 millones de dólares impuesta a México por prohibir un vertedero de desechos tóxicos, la demanda de la gigantesca empresa tabacalera Philip Morris contra el gobierno uruguayo y su legislación en materia de protección de la salud frente al tabaquismo; y la demanda multimillonaria que enfrenta al gobierno alemán por su decisión no continuar con el uso de energía nuclear.

La razón que se emplea normalmente para justificar estos derechos empresariales tan exagerados es que “el proceso de solución de diferencias entre inversores y Estados es necesario para promover y proteger las inversiones”. Sin embargo, Brasil es el mayor receptor de inversión extranjera directa en América Latina, aunque su Congreso legislativo se ha negado a firmar tratados comerciales que incluyan el sistema inversores y Estado.

Los tribunales empresariales privados carecen de transparencia, independencia, imparcialidad y no ofrecen ningún derecho de apelación. Un exclusivo club de tan solo 15 árbitros, casi todos provenientes de Europa, Estados Unidos y Canadá, han tomado decisiones sobre 55 por ciento de todas las diferencias entre inversores y Estados conocidas relacionadas con tratados de inversión, según estadísticas del año 2012.

Sin embargo, estos tribunales privados que no rinden cuentas ante nadie continúan impartiendo multas por cientos de millones de dólares. El 9 de abril se le ordenó a Argentina pagar 405 millones de dólares a la empresa francesa Suez por cancelar su contrato y devolver a manos de empresas públicas el abastecimiento de agua.

Desafortunadamente, los nuevos acuerdos comerciales que muchos países de Europa y América Latina están negociando solo están fortaleciendo y expandiendo estos tribunales empresariales. Lo que estamos viendo es un profundo ataque contra la democracia y la soberanía de los Estados para legislar en favor del interés general.

Cambio de rumbo

Sin embargo, hay un movimiento mundial creciente de grupos de la sociedad civil, sindicatos, agricultores y ciudadanos preocupados que trabajan juntos para frenar estos caballos de Troya. Por ejemplo, organizaciones que representan a millones de personas de toda Europa y América Latina también se reunirán esta semana en Bruselas para fortalecer sus estrategias mundiales en contra de los acuerdos de comercio e inversiones agenciados por las grandes empresas.

También están movilizados en una alianza mundial por un Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, para que los derechos de los pueblos estén por encima de los privilegios a las trasnacionales que brindan los regímenes de libre comercio.

Algunos gobiernos, especialmente de América Latina, han comenzado a desvincularse de los tratados que incluyen derechos empresariales exagerados, y cuestionan el modelo neoliberal. En 2013, Ecuador creó una Comisión para la Auditoría Ciudadana encargada de evaluar los tratados bilaterales de inversión del Ecuador y anuló acuerdos injustos con Finlandia, Suecia, Francia, Alemania y el Reino Unido.

El comercio dejó de ser un asunto periférico en Europa: más de 1.950.000 personas firmaron una petición en contra de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones y decenas de miles de personas marcharon para protestar contra el TTIP. La localidad de Erkrath, en Alemania, y cientos de otros municipios de todo el continente también votaron y se declararon como ‘zonas libres de TTIP’. El nuevo gobierno de Grecia ya ha dicho que no ratificará el TTIP y muchos otros países de la UE han expresado gran preocupación por la cláusula inversionista-Estado.

Hace 10 años en Mar del Plata, en Argentina, otro “caballo de Troya” conocido como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue derrotado por la presión de fuertes movimientos sociales y el impulso de gobiernos progresistas.

Frente a la creciente desigualdad en nuestras sociedades, necesitamos un sistema comercial más justo que nos ayude a desarrollar sociedades sustentables. Este sistema tiene que apoyar las economías locales y las fuentes de empleo sustentables, un medioambiente limpio, mejor protección social y una producción de energía más responsable y alimentos para todos.

Mientras los líderes de Europa y América Latina se reúnen en Bruselas, los pueblos y movimientos sociales de ambas orillas del océano Atlántico sabemos que podemos frenar los regímenes actuales de comercio e inversión injustos y continuaremos denunciándolos hasta derrotarlos.

México: capitalismo del desastre

Publicada el 27/05/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

John Saxe-Fernández, La Jornada

Los «dos Méxicos», el de «casas nuevas» para los mandamás y el de «fosas nuevas» repletas de Tlatlayas y Ayotzinapas para amansar al resto (La Jornada, 14/4/15) son expresión brutal de lo que en La doctrina del shock Naomi Klein llamó capitalismo del desastre. Con un recetario desde 1982 a base de desregulación, privatización, austeridad a 99 por ciento y derrama fiscal a uno por ciento, el shock vía la guerra al narco se palpa en cerca de 150 mil muertos, más de 26 mil desaparecidos e inusitada, torpe y riesgosa represión ante resistencias y protestas legítimas. Como en San Quintín, por las reivindicaciones de trabajador@s agrícolas ante estremecedoras condiciones de explotación, que el neoliberalismo y el TLCAN llevan a todos los rincones de la Federación con su cauda de desempleo, hambre y represión con creciente intervención policial, militar y del espionaje extranjero, parte y parcela de la sombrilla de terror y seguridad para consumar el gran despojo consignado en las (contra) reformas estructurales.

Detrás de la privatización petrolera están, en la ronda uno, los negocios de petroleras de dentro (las menos): Pemex, la recién fundada Petrobal y Diavaz, entre otras, y las apetitosas ambiciones de firmas de fuera (las más): Exxon, Chevron. BP, Shell, Ecopetrol (Colombia), Cobalt International, Hunt Overseas, Total (Francia), Sierra Oil&Gas, BHP Billinton, Hess News, a quienes favorece –especialmente a las de Estados Unidos–, la Iniciativa Mérida y el programa de ajuste estructural entroncándolas con leyes secundarias, a mineras de aquí y de allá (Canadá, Australia) y a los intereses que codician la gestión del agua. Lo hacen con una atroz Ley de Aguas congelada hasta después de las elecciones de junio, por el fuerte rechazo popular que concita.

La radical contrareforma energética peñista parece calca de diseños de corte colonial de Exxon/Mobil y el Banco Mundial en África Occidental. Se asemejan hasta en la participación de Citigroup como uno de los bancos globales que, años ha, zopilotean el tan esperado festín a costa de México. Para facilitar operaciones especulativas a gran escala con la riqueza localizada en territorio bajo jurisdicción nacional, las reformas estructurales permiten a las mineras, receptoras de generosas concesiones (70 por ciento ya en manos extranjeras), que suman la friolera de 98 millones de hectáreas, para que, además del desastre humano y ambiental de la minería a cielo abierto, exploten los hidrocarburos, en especial los no-convencionales (gas y petróleo de lutitas, o shale) de enorme toxicidad, grave impacto medioambiental, atmosférico, sísmico, alta voracidad acuífera y territorial y una inviabilidad geológico-financiera que augura un mega-Fobaproa fósil, a lo bestia.

El saqueo neoliberal, llamado «proceso de cambio», causa destrozos al tejido social, expulsa la población de su territorio por medio de instrumentos policial-militares (y para-militares o de plano de empresas mercenarias de «seguridad») para consumar la incautación de los recursos naturales en ejidos, tierras y forestas comunales, mantos acuíferos, desvío o trasvase de ríos, de una cuenca a otra como en el acueducto Independencia con afectación grave a comunidades, los yaquis entre muchas.

Para perpetrar la incautación de los bienes comunes, la aplanadora legislativa PRI-PAN-Verde-Panal, busca su renovación, frente a lo cual sólo el voto podría desalojarlos del Congreso en junio, por ser un consistorio voraz, sumiso, corrupto y apátrida que entregó el gas y el petróleo y aprobó la vieja demanda imperial (y de EPN) para que agentes extranjeros puedan portar armas en México: toda una proeza anti-nacional de quienes Monsiváis dijo que eran «la primera generación de estadunidenses con nacionalidad mexicana» que recién arribaba al poder (1982) y que ahora en calidad de senadores, advierte Manuel Bartlett Díaz, «están cometiendo un atentado contra la nación mexicana, serán responsables de la integración del territorio nacional a las autoridades de EU».

Desde la perspectiva de la seguridad e integridad de México el riesgo de lo denunciado por el senador Bartlett no es asunto menor: es eje del diseño de seguridad imperial que ejecutan con entusiasmo el Ejecutivo y la aplanadora legislativa a través de lo que en verdad interviene, interfiere y acota nada menos que operaciones cruciales al monopolio del ejercicio de la violencia legítima sobre el territorio nacional, mientras grandes firmas realizan un «cercamiento» de enorme calado, mayor al despojo territorial de los años 40 del siglo XIX, vía la privatización y dislocación de la vasta y multimillonaria infraestructura desplegada (desde 1938) en grandes complejos económico/territoriales en los que Pemex y CFE realizan operaciones vitales a la seguridad e integridad de la nación. Ambas entidades, ahora «empresas productivas del Estado», están bajo alevosa agresión fiscal de los hacendistas locales (FMI), para llevarlas «a un punto de venta».

jsaxef.blogspot.com

Charla: Tratados internacionales e inversión extranjera ¿beneficios o perjuicios para el ambiente?

Publicada el 25/05/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Lugar y fecha: Foro Cultural Kinoki, miércoles 27 de mayo a las 6:30 pm

México es uno de los países con más tratados comerciales firmados y con inversión extranjera, el estado le ha apostado a una economía sin prever el futuro y sus impactos, lo que ha provocado una problemática que valdría la pena analizar para conocer las repercusiones económicas y ambientales para el país. Te invitamos a la charla «Tratados internacionales e inversión extranjera ¿beneficios o perjuicios para el ambiente?”

Ponente: Mtro. Paul Marquez García, presidente del Foro Mexicano en Docencia Jurídica, Licenciado en Derecho por la Universidad de Chiapas, Maestro en Derecho Empresarial y Fiscal, Cum Laude, por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla.

“Máxima apertura” en la renegociación del tratado comercial de México con la UE

Publicada el 20/05/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Altos funcionarios de la UE han manifestado su exigencia de reforzar en un nuevo acuerdo con México la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos laborales

Marco Appel, revista Proceso

El pasado 11 de mayo –acompañada por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo–, la comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmström, anunció que finalmente solicitará a los Estados miembros de ese bloque regional el mandato para que la Comisión Europea pueda negociar una ampliación del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (o Acuerdo Global) con México, que entró en vigor en 2000. La comisaria precisó que lo hará entre octubre y diciembre de este año.

La primera “reunión exploratoria” con el propósito de modernizar el Acuerdo Global se realizó en Bruselas entre funcionarios de ambas partes el 23 de octubre de 2013. A partir de entonces, grupos políticos europeos, principalmente españoles, presionaron para que el proceso de negociación con México tuviera lugar antes de que llegara una nueva administración en la Comisión Europea tras las elecciones europarlamentarias de mayo de 2014, lo cual no sucedió.

En un debate sobre el tema realizado el 14 de enero de 2014 en el Parlamento Europeo, el entonces eurodiputado del grupo del Partido Popular Europeo, José Ignacio Salafranca, reprendió al vicepresidente de la Comisión Europea, Siim Kallas, a quien le advirtió que no podía “seguir perdiendo el tiempo”: “Tenemos que impulsar la adopción de unas directivas de renegociación del acuerdo con México: todo lo que no vaya ni milite en esa dirección, no beneficia los intereses de los ciudadanos y de las empresas de la UE”.

Luego del encuentro que sostuvo Guajardo con Malmström el 11 de mayo, la Secretaría de Economía indicó en un boletín de prensa que el anuncio sobre la conclusión del documento que necesita la comisaria europea para solicitar el mandato de negociación, el llamado ‘Estudio de Visión Conjunta’ (Joint Vision Report), podría darse durante la visita del próximo 12 de junio del presidente Enrique Peña Nieto, que asistirá a la Cumbre UE-Latinoamérica y el Caribe a celebrarse en la capital belga. En declaraciones a los periodistas, Guajardo incluso anticipó que las negociaciones formales podrían arrancar “a más tardar” el último trimestre de este año.

A la eurodiputada Dita Charanzová le sorprende la celeridad con que la parte mexicana está manejando las etapas del procedimiento. Ponente para las relaciones con México de su bancada en el Parlamento Europeo, la Alianza de los Demócratas y los Liberales por Europa –el tercero más numeroso del hemiciclo–, la legisladora checa explica a Apro que el tiempo que tomaría la discusión para otorgar el mandato al Consejo (el órgano de representación de los 28 gobiernos nacionales de la UE) y la preparación administrativa del mismo, incluyendo su traducción a varias lenguas, normalmente llevarían el comienzo de las negociaciones hasta el año entrante.

“Quisiera decir que sí (comenzarán las negociaciones este año), pero, basándome en las informaciones que tengo, no creo que así sea”, señala Charanzová. Anota que, además, una vez que los representantes de México y la UE hayan terminado el ‘Ejercicio de Alcance’ (Scoping Exercise), en el que cada parte pone sobre la mesa prioridades y ofrecimientos de liberalización de sus mercados y que sirve para realizar el ‘Estudio de Visión Conjunta’, falta que la parte europea elabore una evaluación del Acuerdo Global. “Y eso –observa la eurodiputada– suele tomar más de cuatro meses”.

Negociación vasta

La ampliación del acuerdo abarcaría sectores de la economía mexicana que ofrecen jugosos negocios a los europeos y no tanto a la inversa.

En octubre de 2013, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig, adelantó en Bruselas que el gobierno de Peña Nieto busca una apertura plena de los mercados a los productos agropecuarios y pesqueros, así como una ampliación de los capítulos de inversiones y servicios, en especial, precisó, en el campo de las telecomunicaciones y de los servicios profesionales, aéreos y marítimos.

El citado comisario Kallas hizo público que en febrero de 2014 se abordaron otras temáticas de particular interés para los europeos: licitaciones públicas, leyes de competencia, protección de las inversiones y energía.

Respecto a este último punto, y dada la activa promoción internacional de la reforma energética por parte del gobierno de Peña Nieto para amarrar negocios, resalta el hecho de que en una gira de trabajo en Bruselas el 21 de abril último, el canciller mexicano José Antonio Meade se entrevistó no sólo con su contraparte europea Federica Mogherini, sino también con el comisario de la Unión Energética, Maros Sefcovic, entre cuyas responsabilidades está la de diversificar las fuentes de importación de energéticos de la UE.

Guajardo reiteró ante la prensa acreditada en Bruselas que el gobierno mexicano pretende abrir “lo máximo posible” los sectores agrícola y de servicios, e incluir capítulos “modernos” como comercio electrónico o coherencia regulatoria, pero no abundó en detalles.

A ese respecto, un estudio del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), presentado el 11 de mayo en la capital belga, concluyó que para México las mayores ventajas de un acuerdo ampliado están en el sector agrícola, e identifica algunos productos: plátano, jitomate, espárragos, maíz, chícharos, aceitunas, champiñones, alubias, alcachofas, azúcar y dulces.

El mismo estudio ubica algunas mercancías europeas con potencial, pero sobre todo recomienda a los europeos hacer inversiones en los sectores energético y de telecomunicaciones de México, que tras su apertura al capital privado experimentarán “un crecimiento potencial a mediano plazo”.

Para animar más a los inversionistas, el documento del BBVA advierte que los costos laborales de México son 20% más bajos que los de China, lo que lo vuelve más “competitivo”, y mejor aún, remarca el banco español, si se considera que la población mexicana en edad de trabajar está en aumento y el peso se ha devaluado 90% desde 2000, mientras que el yuan ha ganado 24% de su valor en el mismo periodo.

México –donde el costo del trabajo es de 6.8 dólares por hora en el sector manufacturero– “está bien posicionado” respecto a otras naciones, presume el banco español en su estudio. Menciona que en Brasil ese monto es de 10.7 dólares, en España de 28.1, en Estados Unidos de 36.3, en Canadá de 36.9 y en Alemania de 49 dólares.

La presentación de ese estudio –celebrada en la sede de un ‘think tank’ de Bruselas y que corrió a cargo de Carlos Serrano Herrera, jefe economista del BBVA– fue apadrinada por la comisaria Malmström y el propio Guajardo, y formó parte de las actividades oficiales del secretario el pasado 11 de mayo.

Puntos sensibles

La eurodiputada Charanzová explica que los representantes mexicanos pretenden que el ‘Ejercicio de Evaluación’ se limite a la presentación de las ideas principales y que sea en la negociación formal cuando se detallen, lo cual, comenta, es “inaceptable” para la contraparte europea, que desea lo contrario.

Charanzová pone como ejemplo el asunto de las compras públicas, que salió a relucir el 11 de mayo durante una reunión a puerta cerrada del Grupo de Monitoreo sobre México del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, al cual ella asistió. La UE, narra, está pidiendo a las autoridades mexicanas que se comprometan desde ahora a abrir el mercado de compras públicas a todos los niveles de gobierno, no sólo federal. Pero el gobierno de México discrepa con esa solicitud, pues arguye que el gobierno federal ejerce la casi totalidad del gasto público. También los europeos solicitan a México que acepte ya proteger las indicaciones de origen de sus productos y luchar contra las copias piratas en su territorio, señala Charanzová.

Otro tema espinoso es el relacionado con las garantías individuales. Sobre todo después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, altos funcionarios de la UE han manifestado su exigencia de reforzar en un nuevo acuerdo con México la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos laborales mediante la introducción de un capítulo sobre desarrollo sustentable. Así lo confirmó a este corresponsal la comisaria Malmström, haciendo hincapié en la inclusión a este capítulo de los derechos humanos.

En el Parlamento Europeo, donde se someterá a aprobación el acuerdo ampliado con México una vez que su negociación haya finalizado, varias fuerzas políticas están exigiendo la creación de mecanismos más estrictos de protección a los derechos humanos.

El eurodiputado británico David Martin, portavoz del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas –el segundo más numeroso de la institución–, advirtió la semana pasada en un comunicado de prensa que su bancada “presionará para que se incluya una fuerte cláusula de respeto a los derechos humanos, y para que haya compromisos vinculantes en el capítulo de desarrollo sostenible”.

Charanzová dice que “se necesita una referencia o un capítulo de derechos humanos” para “poder mejorar la situación en México” en esa materia. Los más críticos del gobierno peñista son el grupo de los Verdes Europeos y el de la Izquierda Unitaria Europea, que no aprueban la ampliación del acuerdo en un contexto de represión y de graves violaciones a los derechos humanos en el país.

Consultado sobre la posición del gobierno mexicano al respecto, Guajardo se limitó a contestar que el tema de los derechos humanos no es de su competencia.

Insistencia mexicana

El gobierno de Peña Nieto fue insistente en la ampliación del acuerdo bilateral, según se desprende de la correspondencia que funcionarios mexicanos sostuvieron recientemente con Malmström y a la que Apro tuvo acceso.

El 7 de octubre pasado, poco después de que la comisaria fue propuesta al frente de la cartera de Comercio de la Comisión Europea, el secretario Meade le hizo llegar una misiva a la funcionaria europea. En ella, luego de felicitarla por su “nombramiento” –el cual se dio oficialmente hasta el 22 de octubre siguiente con la autorización del Parlamento Europeo–, el secretario mexicano planteó el interés del gobierno peñanietista de avanzar en las negociaciones.

En esa breve carta, dirigida prematuramente a la “Comisaria de Comercio” (Malmström ocupaba en ese momento el puesto de comisaria de Asuntos de Interior), Meade subraya su confianza en que ella generará “un ambiente propicio para iniciar las negociaciones encaminadas a actualizar el marco jurídico entre México y la UE”. Enfatiza que ello “permitirá estrechar nuestros lazos comerciales y de inversión, fortalecer nuestro diálogo político y abrir nuevos horizontes en materia de cooperación”.

El embajador mexicano ante la UE, Juan José Gómez Camacho, envió una segunda carta a Malmström el 23 de octubre –el día posterior a su investidura como comisaria de comercio–, en la que insiste que para el gobierno priista “es de mayor importancia” aumentar “la contribución positiva que tiene el comercio y las inversiones extranjeras directas en el crecimiento y el empleo”, y “avanzar favorablemente en las negociaciones” para la ampliación del Acuerdo Global.

Malmström agradeció la felicitación de Meade hasta el 28 de noviembre, una vez que inició su nueva función el primer día de ese mes. En su respuesta expone que las instituciones europeas “coincidían” en “el deseo de México de proceder a una modernización amplia y altamente ambiciosa del marco jurídico” del acuerdo, “incluso comercial y de inversión”, subrayó la comisaria, quien expresó su confianza en que el ‘Estudio de Visión Conjunta’ será elaborado “con el alto nivel de ambición acordado desde el principio”.

En otra comunicación epistolar, fechada el 31 de marzo último y dirigida al secretario de Economía Guajardo Villareal, la comisaria se refiere a una primera conversación telefónica que en diciembre anterior sostuvo con él. Malmström hace notar que en esa llamada, ella fue la que “escuchó los argumentos” del secretario mexicano “acerca de la necesidad de modernizar el acuerdo de asociación México-UE”. La comisaria incluso le informa posteriormente que una “versión revisada” del ‘Estudio de Visión Conjunta’ acababa de ser remitida por los negociadores europeos al gobierno mexicano.

Bajo el TTIP, más de 75.000 empresas podrán doblegar la voluntad de los gobiernos

Publicada el 20/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

TTIP, EL SECUESTRO DE LA DEMOCRACIA

Verónica Gómez, nuevatribuna.es
Comisión Internacional de ATTAC

El tratado entre EEUU y Europa supondrá el final del modelo social europeo y un golpe de estado por parte de las corporaciones que terminará por hacer añicos nuestras ya precarias democracias.

Hasta la fecha, es preocupante el bajo perfil de las noticias relacionadas con el TTIP en los medios de comunicación, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que están negociando la UE y los EEUU en el secretismo más absoluto y cuyos objetivos podrían tener un impacto dramático en la calidad de vida de los ciudadanos y la democracia.

El TTIP pretende la creación de una zona de libre comercio e inversión que englobaría la UE y EEUU. Uno de sus focos de interés está en eliminar las “barreras” a la libre circulación de productos y servicios, que no es otra cosa que la degradación de las normas, salvaguardas y estándares sociales y medioambientales que se han conseguido a la lo largo de luchas generacionales. Sin embargo, este artículo no se va a centrar en esta cuestión de hondo calado y mayor impacto, sino en el segundo foco de interés del TTIP: la creación de procesos paralelos totalmente al margen de los parlamentos, la ciudadanía y el control democrático, que otorgan un poder inusitado a las multinacionales en detrimento del interés general y la soberanía de los gobiernos para regular a favor del interés público.

Para ello cuentan con dos estrategias. La primera es la creación del “Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántica”. Este instituto transnacional, y sin precedente histórico, tiene como propósito que un puñado de funcionarios y representantes de las corporaciones se sienten a la mesa para que, a puerta cerrada y totalmente al margen del debate público y el interés general, se siga desregulando en aquellos sectores donde no se haya alcanzado un acuerdo tras finalizar las negociaciones del TTIP. Más allá todavía, el objetivo es que todas las nuevas normas y regulaciones sean supervisadas primero desde su impacto sobre el comercio y deban ir acompañadas de un informe que asegure que los legisladores no adoptan medidas que van en detrimento de los grandes negocios. Es decir, medidas perfectamente legítimas para salvaguardar la salud pública, proteger el medioambiente, apoyar a las empresas nacionales frente a las extranjeras, apoyar a las PYMES, luchar contra la crisis, o promover modelos productivos alternativos, podrían ser rechazadas o“suavizadas” para asegurarse de que las grandes corporaciones siguen haciendo negocio. Mientras tanto, aquellas medidas que favorezcan a éstas, se presentarían como un acuerdo sin espacio para ninguna modificación. Por lo tanto, este consejo tiene el poder de substraer las nuevas propuestas normativas del debate público, modificarlas en el mejor interés de las multinacionales, y presentarlas justo después, como el resultado lógico de acuerdos previamente alcanzados entre los lobbies, autoridades de EEUU y la UE y un grupo de funcionarios no responsables frente a la ciudadanía.

Por si esto no fuera suficiente, el TTIP incluye el ISDS, un mecanismo que otorga a las corporaciones el poder de demandar a los gobiernos de un país cada vez que aprueben una ley que contravenga sus intereses, fuera de su sistema legal y en tribunales ad hoc, donde 3 abogados privados deciden, arbitrando normalmente a favor de las multinacionales, y obligando a los gobiernos a pagar demandas millonarias con el dinero de los sufridos contribuyentes. Así viene ocurriendo en los 10 últimos años. Vattenfall demandó al gobierno alemán por querer desmantelar dos de sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima por 3.700 millones €, Philip Morris a Uruguay por lanzar una campaña para reducir el consumo de tabaco, 2.000 millones $, Argentina recibió más de 40 demandas (1.000 millones $) por congelar los intereses de los servicios de agua y electricidad para que fueran asequibles en época de crisis, y así un largo de etcétera. Bajo el TTIP más de 75.000 transnacionales podrían usar el ISDS para doblegar la voluntad de los gobiernos e impedir leyes a favor del interés público.

García Bercero, aseguró a su homólogo estadounidense que los documentos de las negociaciones no serían públicos hasta pasados 30 años, y hay razones de sobra para que así sea, el TTIP supondría el final del modelo social europeo y un golpe de estado por parte de las corporaciones que terminaría de hacer añicos nuestras ya precarias democracias.

¿Puede el poder de las multinacionales amenazar la democracia?

Publicada el 13/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Michael Robinson, BBC

En muchas partes del mundo, cada vez más personas están saliendo a las calles para protestar contra un enemigo común: los tratados comerciales internacionales que permiten que compañías multinacionales demanden a los gobiernos cuyas políticas perjudican sus intereses.

Ese derecho, conocido como arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS, por sus siglas en inglés), amenaza la democracia, acusan sus opositores.

Pero, ¿qué es y por qué causa tanta controversia?

Las naciones industrializadas concibieron los ISDS en los años 60 como una manera de proteger las inversiones de sus compañías contra riesgos como las nacionalizaciones en los países extranjeros en los que operaban.

Quienes apoyan la herramienta alegan que es un foro imparcial y justo para arbitrar disputas entre los inversores y los Estados y, de ser apropiado, para decidir el monto de la compensación que deben recibir los inversores.

Dicen además que ISDS alientan a las multinacionales a invertir en países que de otra manera evitarían por miedo a no tener la posibilidad de una audiencia justa en los tribunales locales.

¿Cómo funciona?

Para que una inversión esté protegida por ISDS, tanto el país en el que se hizo como el país de donde proviene el inversor deben haber acordado su uso. Eso se hace normalmente cuando los países firman tratados de inversión.

En la actualidad existen alrededor de 3.200 tratados de inversión en el mundo. La mayoría les confiere a los inversores el derecho de valerse de ISDS.

Hasta ahora, se han iniciado aproximadamente 600 acciones, aunque no todas son reportadas. El número de casos ha crecido significativamente en años recientes.

Cada caso es juzgado por un panel de tres árbitros, seleccionados por el gobierno y el inversor involucrados en el caso de una corta lista de abogados especializados. Los tribunales se pueden reunir en cualquier lugar que le convenga a las partes, y las decisiones se basan en lo estipulado en los tratados más que en las leyes nacionales.

Los casos pueden tomar años en resolverse y son costosos. Además de pagar los honorarios de los árbitros, cada parte tiene que emplear su propio equipo de abogados para defenderse.

Incluso cuando los gobiernos ganan –como ha sucedido en cerca de un 40% de los casos conocidos– a menudo tienen que pagar sus propios gastos: en promedio US$4,5 millones por caso.

Cuando los inversores ganan, los árbitros pueden conceder indemnizaciones por daños. No se puede apelar el monto, que puede alcanzar los cientos de millones y, en algunos casos, los miles de millones de dólares.

¿Por qué los opositores aseguran que ISDS favorece a los inversores?

Los oponentes dicen que es más fácil para los inversores extranjeros atacar las políticas del gobierno usando ISDS de lo que sería hacerlo a través de incluso los sistemas nacionales mejor establecidos y más confiables.

En primer lugar, reclaman que ISDS les da una opción adicional para oponerse a las políticas gubernamentales.

Un ejemplo a menudo citado ocurrió luego de que Australia aprobara una ley en 2011 requiriendo que los cigarrillos sólo se pudieran vender en paquetes sin logos.

Philip Morris y un grupo de otras multinacionales de tabaco disputaron la legislación en las cortes australianas sin éxito. Para la ley local, ese era el final de la historia. Sin embargo, Philip Morris pudo lanzar otra acción -que aún está en pie- gracias al acuerdo de ISDS.

Los opositores a ISDS también denuncian que estos favorecen a los inversores extranjeros en detrimento de los nacionales.

En Alemania, tras el desastre de la planta nuclear de Fukushima en Japón, el gobierno anunció que iba a eliminar gradualmente la energía nuclear.

Por ello, Alemania fue demandada usando ISDS por pérdida de ganancias por la compañía estatal sueca Vattenfall, que tiene dos plantas nucleares en copropiedad con la gigante alemana E.ON.

Como es sueca, Vattenfall cuenta como inversor extranjero en Alemania y puede usar ISDS para que le concedan una indemnización. Como empresa alemana, E.ON no puede hacer lo mismo, a pesar de que ambas son grandes firmas europeas que enfrentan las mismas pérdidas potenciales en las mismas plantas nucleares como resultado de la misma política gubernamental.

¿Por qué los opositores argumentan que ISDS amenaza la democracia?

Los oponentes dicen que ISDS puede desalentar a los gobiernos a la hora de aprobar medidas en beneficio del medio ambiente o la salud o seguridad de la población, por ejemplo, por miedo a que esas políticas disparen demandas de los inversores extranjeros.

Y mientras que los países más ricos pueden darse el lujo de defenderse, el costo puede ser un gran problema para las naciones más pobres.

Durante cinco años, El Salvador -uno de los países más pobres de Centro América- ha estado luchando contra una demanda hecha por una compañía minera canadiense porque el país declaró una moratoria en las licencias de minería. San Salvador tomó esa decisión debido a la preocupación por el riesgo potencial a la calidad del agua potable debido a las operaciones de minería.

La firma canadiense reclama US$250 millones por daños, lo que representa las ganancias que dice habría acumulado si le hubieran concedido una licencia.

Esos US$250 millones equivalen a casi el 5% del presupuesto total del gobierno de El Salvador.

Aunque el arbitraje al final no favorezca a la multinacional, los opositores de ISDS señalan que el temor a estas acciones hace que muchos de los países duden antes de implementar medidas que beneficien a la población.

Por eso algunos países, particularmente en Latinoamérica, están considerando ponerle fin a sus pactos. Otros, incluyendo Sudáfrica, ya lo empezaron a hacer.

A esos países les tranquiliza el ejemplo de Brasil que, aunque nunca ha firmado un tratado de ISDS, recibe un flujo grande de inversión extranjera.

Si los ISDS existen desde hace décadas, ¿por qué de repente son un gran problema?

Durante años, aunque los tratados se firmaban, pocas eran las demandas que se presentaban. La investigación académica indica que la mayoría de los países solían considerar estos acuerdos como poco más que muestras de buena voluntad diplomática.

A finales de los 90, sin embargo, los abogados empezaron a darse cuenta del potencial de los ISDS y empezaron a aconsejarles a los inversores que los usaran. El número de casos aumentó bruscamente.

Las protestas actuales se deben a la propuesta de incluir provisiones ISDS en dos tratados comerciales: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica.

Protestar, ¿sirve de algo?

Parecería que sí.

En enero, la comisión de la UE reveló que de las 150.000 respuestas a una consulta popular sobre el tratado con EE.UU., 97% eran en contra.

En las negociaciones del ATCI, la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, está tratando de limitar el alcance de ISDS. Propone darle a los gobiernos el «derecho a regular» sin la amenaza de una ataque ISDS, y eximir asuntos de interés público general como la salud y el medioambiente.

Si lo logra, espera que el nuevo acuerdo se convertirá en el «estándar de oro» para ISDS y que eventualmente reemplace las provisiones en miles de tratados existentes.

Pero algunos comentadores creen que las exigencias de la UE harán que las negociaciones fracasen y que no se firme el tratado.

Llamamiento de acción global para detener los Tratados de libre comercio e inversiones

Publicada el 10/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Día mundial de acción – 18 de abril del 2015

Las personas y el planeta antes que el beneficio corporativo
Llamamiento de acción global para detener los Tratados de libre comercio e inversiones

Nosotras y nosotros, organizaciones de la sociedad civil, sindicalistas, campesinas y campesinos, jóvenes, hombres y mujeres activistas de movimientos de todas partes del mundo, llamamos a un Día global de acción a realizarse el 18 de abril del 2015 con el fin de parar los acuerdos de libre comercio e inversiones y promover una economía que
funcione para las personas y el medio ambiente.

A lo largo de las últimas décadas, las empresas transnacionales y los gobiernos han impulsado tratados de libre comercio y de inversiones a espaldas de los ciudadanos, vulnerando nuestros derechos y los del medio ambiente.

A lo largo de las últimas décadas, hemos luchado por la soberanía alimentaria, por nuestros bienes comunes, por la defensa de nuestros empleos, nuestros territorios, las libertades en internet, mientras exigíamos democracia. En el camino, hemos crecido como movimiento, hemos logrado que escuchen nuestras voces y hemos logrado muchas victorias.

Entre todas y todos, podemos parar los acuerdos que se están negociado y trabajar para revertir los impactos nocivos de los tratados pasados. Juntas impulsamos nuestras alternativas que se fundamentan en la primacía de los derechos humanos por encima de los privilegios y beneficios de las grandes empresas.

Hacemos un llamamiento a las organizaciones, personas y alianzas a participar en la jornada para organizar acciones descentralizadas en los cinco continentes. Nos acogemos a una diversidad de tácticas y acciones solidarias en todo el planeta que contribuyan a informar y sensibilizar, fomentar la participación y fortalecer la movilización de la gente, rumbo a un nuevo modelo económico y de comercio que funcione para el beneficio de todas las personas y el planeta.

Únase a la lista automática del Día mundial de acción
y participe en las discusiones estratégicas !
Envía un mensaje a 18a-subscribe@lists.riseup.net para inscribirse !

Se invita a los grupos a que traduzcan, adapten y modifiquen el presente llamamiento en función de sus propias movilizaciones.
También se informa que los grupos tienen toda la libertad de elegir un día distinto de la semana si consideran que es más indicado para sus objetivos de movilización.