Altos funcionarios de la UE han manifestado su exigencia de reforzar en un nuevo acuerdo con México la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos laborales

Marco Appel, revista Proceso

El pasado 11 de mayo –acompañada por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo–, la comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmström, anunció que finalmente solicitará a los Estados miembros de ese bloque regional el mandato para que la Comisión Europea pueda negociar una ampliación del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (o Acuerdo Global) con México, que entró en vigor en 2000. La comisaria precisó que lo hará entre octubre y diciembre de este año.

La primera “reunión exploratoria” con el propósito de modernizar el Acuerdo Global se realizó en Bruselas entre funcionarios de ambas partes el 23 de octubre de 2013. A partir de entonces, grupos políticos europeos, principalmente españoles, presionaron para que el proceso de negociación con México tuviera lugar antes de que llegara una nueva administración en la Comisión Europea tras las elecciones europarlamentarias de mayo de 2014, lo cual no sucedió.

En un debate sobre el tema realizado el 14 de enero de 2014 en el Parlamento Europeo, el entonces eurodiputado del grupo del Partido Popular Europeo, José Ignacio Salafranca, reprendió al vicepresidente de la Comisión Europea, Siim Kallas, a quien le advirtió que no podía “seguir perdiendo el tiempo”: “Tenemos que impulsar la adopción de unas directivas de renegociación del acuerdo con México: todo lo que no vaya ni milite en esa dirección, no beneficia los intereses de los ciudadanos y de las empresas de la UE”.

Luego del encuentro que sostuvo Guajardo con Malmström el 11 de mayo, la Secretaría de Economía indicó en un boletín de prensa que el anuncio sobre la conclusión del documento que necesita la comisaria europea para solicitar el mandato de negociación, el llamado ‘Estudio de Visión Conjunta’ (Joint Vision Report), podría darse durante la visita del próximo 12 de junio del presidente Enrique Peña Nieto, que asistirá a la Cumbre UE-Latinoamérica y el Caribe a celebrarse en la capital belga. En declaraciones a los periodistas, Guajardo incluso anticipó que las negociaciones formales podrían arrancar “a más tardar” el último trimestre de este año.

A la eurodiputada Dita Charanzová le sorprende la celeridad con que la parte mexicana está manejando las etapas del procedimiento. Ponente para las relaciones con México de su bancada en el Parlamento Europeo, la Alianza de los Demócratas y los Liberales por Europa –el tercero más numeroso del hemiciclo–, la legisladora checa explica a Apro que el tiempo que tomaría la discusión para otorgar el mandato al Consejo (el órgano de representación de los 28 gobiernos nacionales de la UE) y la preparación administrativa del mismo, incluyendo su traducción a varias lenguas, normalmente llevarían el comienzo de las negociaciones hasta el año entrante.

“Quisiera decir que sí (comenzarán las negociaciones este año), pero, basándome en las informaciones que tengo, no creo que así sea”, señala Charanzová. Anota que, además, una vez que los representantes de México y la UE hayan terminado el ‘Ejercicio de Alcance’ (Scoping Exercise), en el que cada parte pone sobre la mesa prioridades y ofrecimientos de liberalización de sus mercados y que sirve para realizar el ‘Estudio de Visión Conjunta’, falta que la parte europea elabore una evaluación del Acuerdo Global. “Y eso –observa la eurodiputada– suele tomar más de cuatro meses”.

Negociación vasta

La ampliación del acuerdo abarcaría sectores de la economía mexicana que ofrecen jugosos negocios a los europeos y no tanto a la inversa.

En octubre de 2013, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig, adelantó en Bruselas que el gobierno de Peña Nieto busca una apertura plena de los mercados a los productos agropecuarios y pesqueros, así como una ampliación de los capítulos de inversiones y servicios, en especial, precisó, en el campo de las telecomunicaciones y de los servicios profesionales, aéreos y marítimos.

El citado comisario Kallas hizo público que en febrero de 2014 se abordaron otras temáticas de particular interés para los europeos: licitaciones públicas, leyes de competencia, protección de las inversiones y energía.

Respecto a este último punto, y dada la activa promoción internacional de la reforma energética por parte del gobierno de Peña Nieto para amarrar negocios, resalta el hecho de que en una gira de trabajo en Bruselas el 21 de abril último, el canciller mexicano José Antonio Meade se entrevistó no sólo con su contraparte europea Federica Mogherini, sino también con el comisario de la Unión Energética, Maros Sefcovic, entre cuyas responsabilidades está la de diversificar las fuentes de importación de energéticos de la UE.

Guajardo reiteró ante la prensa acreditada en Bruselas que el gobierno mexicano pretende abrir “lo máximo posible” los sectores agrícola y de servicios, e incluir capítulos “modernos” como comercio electrónico o coherencia regulatoria, pero no abundó en detalles.

A ese respecto, un estudio del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), presentado el 11 de mayo en la capital belga, concluyó que para México las mayores ventajas de un acuerdo ampliado están en el sector agrícola, e identifica algunos productos: plátano, jitomate, espárragos, maíz, chícharos, aceitunas, champiñones, alubias, alcachofas, azúcar y dulces.

El mismo estudio ubica algunas mercancías europeas con potencial, pero sobre todo recomienda a los europeos hacer inversiones en los sectores energético y de telecomunicaciones de México, que tras su apertura al capital privado experimentarán “un crecimiento potencial a mediano plazo”.

Para animar más a los inversionistas, el documento del BBVA advierte que los costos laborales de México son 20% más bajos que los de China, lo que lo vuelve más “competitivo”, y mejor aún, remarca el banco español, si se considera que la población mexicana en edad de trabajar está en aumento y el peso se ha devaluado 90% desde 2000, mientras que el yuan ha ganado 24% de su valor en el mismo periodo.

México –donde el costo del trabajo es de 6.8 dólares por hora en el sector manufacturero– “está bien posicionado” respecto a otras naciones, presume el banco español en su estudio. Menciona que en Brasil ese monto es de 10.7 dólares, en España de 28.1, en Estados Unidos de 36.3, en Canadá de 36.9 y en Alemania de 49 dólares.

La presentación de ese estudio –celebrada en la sede de un ‘think tank’ de Bruselas y que corrió a cargo de Carlos Serrano Herrera, jefe economista del BBVA– fue apadrinada por la comisaria Malmström y el propio Guajardo, y formó parte de las actividades oficiales del secretario el pasado 11 de mayo.

Puntos sensibles

La eurodiputada Charanzová explica que los representantes mexicanos pretenden que el ‘Ejercicio de Evaluación’ se limite a la presentación de las ideas principales y que sea en la negociación formal cuando se detallen, lo cual, comenta, es “inaceptable” para la contraparte europea, que desea lo contrario.

Charanzová pone como ejemplo el asunto de las compras públicas, que salió a relucir el 11 de mayo durante una reunión a puerta cerrada del Grupo de Monitoreo sobre México del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, al cual ella asistió. La UE, narra, está pidiendo a las autoridades mexicanas que se comprometan desde ahora a abrir el mercado de compras públicas a todos los niveles de gobierno, no sólo federal. Pero el gobierno de México discrepa con esa solicitud, pues arguye que el gobierno federal ejerce la casi totalidad del gasto público. También los europeos solicitan a México que acepte ya proteger las indicaciones de origen de sus productos y luchar contra las copias piratas en su territorio, señala Charanzová.

Otro tema espinoso es el relacionado con las garantías individuales. Sobre todo después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, altos funcionarios de la UE han manifestado su exigencia de reforzar en un nuevo acuerdo con México la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos laborales mediante la introducción de un capítulo sobre desarrollo sustentable. Así lo confirmó a este corresponsal la comisaria Malmström, haciendo hincapié en la inclusión a este capítulo de los derechos humanos.

En el Parlamento Europeo, donde se someterá a aprobación el acuerdo ampliado con México una vez que su negociación haya finalizado, varias fuerzas políticas están exigiendo la creación de mecanismos más estrictos de protección a los derechos humanos.

El eurodiputado británico David Martin, portavoz del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas –el segundo más numeroso de la institución–, advirtió la semana pasada en un comunicado de prensa que su bancada “presionará para que se incluya una fuerte cláusula de respeto a los derechos humanos, y para que haya compromisos vinculantes en el capítulo de desarrollo sostenible”.

Charanzová dice que “se necesita una referencia o un capítulo de derechos humanos” para “poder mejorar la situación en México” en esa materia. Los más críticos del gobierno peñista son el grupo de los Verdes Europeos y el de la Izquierda Unitaria Europea, que no aprueban la ampliación del acuerdo en un contexto de represión y de graves violaciones a los derechos humanos en el país.

Consultado sobre la posición del gobierno mexicano al respecto, Guajardo se limitó a contestar que el tema de los derechos humanos no es de su competencia.

Insistencia mexicana

El gobierno de Peña Nieto fue insistente en la ampliación del acuerdo bilateral, según se desprende de la correspondencia que funcionarios mexicanos sostuvieron recientemente con Malmström y a la que Apro tuvo acceso.

El 7 de octubre pasado, poco después de que la comisaria fue propuesta al frente de la cartera de Comercio de la Comisión Europea, el secretario Meade le hizo llegar una misiva a la funcionaria europea. En ella, luego de felicitarla por su “nombramiento” –el cual se dio oficialmente hasta el 22 de octubre siguiente con la autorización del Parlamento Europeo–, el secretario mexicano planteó el interés del gobierno peñanietista de avanzar en las negociaciones.

En esa breve carta, dirigida prematuramente a la “Comisaria de Comercio” (Malmström ocupaba en ese momento el puesto de comisaria de Asuntos de Interior), Meade subraya su confianza en que ella generará “un ambiente propicio para iniciar las negociaciones encaminadas a actualizar el marco jurídico entre México y la UE”. Enfatiza que ello “permitirá estrechar nuestros lazos comerciales y de inversión, fortalecer nuestro diálogo político y abrir nuevos horizontes en materia de cooperación”.

El embajador mexicano ante la UE, Juan José Gómez Camacho, envió una segunda carta a Malmström el 23 de octubre –el día posterior a su investidura como comisaria de comercio–, en la que insiste que para el gobierno priista “es de mayor importancia” aumentar “la contribución positiva que tiene el comercio y las inversiones extranjeras directas en el crecimiento y el empleo”, y “avanzar favorablemente en las negociaciones” para la ampliación del Acuerdo Global.

Malmström agradeció la felicitación de Meade hasta el 28 de noviembre, una vez que inició su nueva función el primer día de ese mes. En su respuesta expone que las instituciones europeas “coincidían” en “el deseo de México de proceder a una modernización amplia y altamente ambiciosa del marco jurídico” del acuerdo, “incluso comercial y de inversión”, subrayó la comisaria, quien expresó su confianza en que el ‘Estudio de Visión Conjunta’ será elaborado “con el alto nivel de ambición acordado desde el principio”.

En otra comunicación epistolar, fechada el 31 de marzo último y dirigida al secretario de Economía Guajardo Villareal, la comisaria se refiere a una primera conversación telefónica que en diciembre anterior sostuvo con él. Malmström hace notar que en esa llamada, ella fue la que “escuchó los argumentos” del secretario mexicano “acerca de la necesidad de modernizar el acuerdo de asociación México-UE”. La comisaria incluso le informa posteriormente que una “versión revisada” del ‘Estudio de Visión Conjunta’ acababa de ser remitida por los negociadores europeos al gobierno mexicano.

TTIP, EL SECUESTRO DE LA DEMOCRACIA

Verónica Gómez, nuevatribuna.es
Comisión Internacional de ATTAC

El tratado entre EEUU y Europa supondrá el final del modelo social europeo y un golpe de estado por parte de las corporaciones que terminará por hacer añicos nuestras ya precarias democracias.

Hasta la fecha, es preocupante el bajo perfil de las noticias relacionadas con el TTIP en los medios de comunicación, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que están negociando la UE y los EEUU en el secretismo más absoluto y cuyos objetivos podrían tener un impacto dramático en la calidad de vida de los ciudadanos y la democracia.

El TTIP pretende la creación de una zona de libre comercio e inversión que englobaría la UE y EEUU. Uno de sus focos de interés está en eliminar las “barreras” a la libre circulación de productos y servicios, que no es otra cosa que la degradación de las normas, salvaguardas y estándares sociales y medioambientales que se han conseguido a la lo largo de luchas generacionales. Sin embargo, este artículo no se va a centrar en esta cuestión de hondo calado y mayor impacto, sino en el segundo foco de interés del TTIP: la creación de procesos paralelos totalmente al margen de los parlamentos, la ciudadanía y el control democrático, que otorgan un poder inusitado a las multinacionales en detrimento del interés general y la soberanía de los gobiernos para regular a favor del interés público.

Para ello cuentan con dos estrategias. La primera es la creación del “Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántica”. Este instituto transnacional, y sin precedente histórico, tiene como propósito que un puñado de funcionarios y representantes de las corporaciones se sienten a la mesa para que, a puerta cerrada y totalmente al margen del debate público y el interés general, se siga desregulando en aquellos sectores donde no se haya alcanzado un acuerdo tras finalizar las negociaciones del TTIP. Más allá todavía, el objetivo es que todas las nuevas normas y regulaciones sean supervisadas primero desde su impacto sobre el comercio y deban ir acompañadas de un informe que asegure que los legisladores no adoptan medidas que van en detrimento de los grandes negocios. Es decir, medidas perfectamente legítimas para salvaguardar la salud pública, proteger el medioambiente, apoyar a las empresas nacionales frente a las extranjeras, apoyar a las PYMES, luchar contra la crisis, o promover modelos productivos alternativos, podrían ser rechazadas o“suavizadas” para asegurarse de que las grandes corporaciones siguen haciendo negocio. Mientras tanto, aquellas medidas que favorezcan a éstas, se presentarían como un acuerdo sin espacio para ninguna modificación. Por lo tanto, este consejo tiene el poder de substraer las nuevas propuestas normativas del debate público, modificarlas en el mejor interés de las multinacionales, y presentarlas justo después, como el resultado lógico de acuerdos previamente alcanzados entre los lobbies, autoridades de EEUU y la UE y un grupo de funcionarios no responsables frente a la ciudadanía.

Por si esto no fuera suficiente, el TTIP incluye el ISDS, un mecanismo que otorga a las corporaciones el poder de demandar a los gobiernos de un país cada vez que aprueben una ley que contravenga sus intereses, fuera de su sistema legal y en tribunales ad hoc, donde 3 abogados privados deciden, arbitrando normalmente a favor de las multinacionales, y obligando a los gobiernos a pagar demandas millonarias con el  dinero de los sufridos contribuyentes. Así viene ocurriendo en los 10 últimos años. Vattenfall demandó al gobierno alemán por querer desmantelar dos de sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima por 3.700 millones €, Philip Morris a Uruguay por lanzar una campaña para reducir el consumo de tabaco, 2.000 millones $, Argentina recibió más de 40 demandas (1.000 millones $) por congelar los intereses de los servicios de agua y electricidad para que fueran asequibles en época de crisis, y así un largo de etcétera. Bajo el TTIP más de 75.000 transnacionales podrían usar el ISDS para doblegar la voluntad de los gobiernos e impedir leyes a favor del interés público.

García Bercero, aseguró a su homólogo estadounidense que los documentos de las negociaciones no serían públicos hasta pasados 30 años, y hay razones de sobra para que así sea, el TTIP supondría el final del modelo social europeo y  un golpe de estado por parte de las corporaciones que terminaría de hacer añicos nuestras ya precarias democracias.

John Saxe-Fernández. La Jornada

Una de las razones por las que deben saber que el Acuerdo TransPacífico (ATP) es importante es que traten de aprobarlo sin que nadie se entere…los que apoyan (al ATP) siempre dicen que van a crear empleo. Si fuera verdad, los sindicatos estarían a favor, pero la gente que lo impulsa es la de Wall Street. Así se expresó el economista Joseph Stiglitz, luego de hacer una reflexión crítica del ATP ante un auditorio neoyorkino: alertando a organizaciones comunitarias y sindicatos, agregó que Michael Froman, el representante comercial del gobierno de EU en esas negociaciones, viene de Citibank (dueño de Banamex) y no representa a los trabajadores ni al ciudadano común, sino a un grupo de interés especial, por lo que, dice Cynthia Phinney, del Sindicato de Electricistas de Maine, “es menester la revisión y discusión parlamentaria del ATP oponiéndose a la vía rápida (fast track) llamada autorización para promover el comercio.

La vía rápida permite que Obama presente un texto al Congreso, cocinado en lo oscurito, en tiempo limitado de debate, sin modificar el articulado y con una votación en bloque, positiva o negativa. Como las negociaciones se realizan en secreto y México es parte de ellas, cabe resaltar la importancia (y a pesar de todo) exigir transparencia incluso a un gobierno tan opaco y entreguista como el del PRI: lo que están pactando con poderosas corporaciones extranjeras, a puertas bien cerradas, va mucho más allá de asuntos comerciales o de negocios. Hacen componendas con la vigencia de la Constitución, fundamento del estado de derecho en territorio nacional o lo que van dejando los neoliberales de leyes, regulaciones y directrices de corte nacional en materia laboral, ambiental, del consumidor y de arbitraje.

Documentos divulgados por Wikileaks (http://goo.gl/1zg0Q5) desde La Jornada (26/3/15) ofrecen evidencia de que, como advierten analistas varios, el ATP es un TLCAN en esteroides: concede a inversionistas privilegios y derechos por encima de las leyes –y empresas– nacionales, asentando normas y tribunales supranacionales como el centro internacional establecido por el Banco Mundial para dirimir las disputas entre inversionistas extranjeros y los estados firmantes (Icsid, siglas en inglés). Todas las ventajas jurídicas van para las corporaciones de fuera, quedando a su merced, según demuestra Manuel Pérez Rocha L., en sustancioso artículo, toda regulación de interés público que pudiera reducir sus ganancias. El mecanismo no es equitativo: Los gobiernos o las comunidades afectados por inversionistas extranjeros no pueden presentar demandas. Igualmente problemática es la frecuente opacidad en las operaciones de estos tribunales(NYT, 3/12/14). Pérez Rocha recuerda que países, de Indonesia a Perú, enfrentan juicios de las trasnacionales y que México y Canadá ya han perdido o llegado a acuerdos en cinco oportunidades cada uno, pagando cientos de millones de dólares a empresas extranjeras, sin olvidar pérdidas semejantes en Centroamérica, ni los mil 770 millones cobrados a Ecuador por cancelar un contrato a Occidental Petroleum, o los mil 600 millones a favor de Exxon que Icsid ordenó a Venezuela pagar por nacionalizar proyectos petroleros. Y aún en el Icsid hay 200 casos pendientes(Ibídem).

Los pocos documentos del ATP que conocemos, analizados por Lorry Wallach de Public Citizen, muestran que mejor prestar atención a la advertencia de Stiglitz: el secretismo es mayúsculo porque la embestida del uno por ciento es de fondo y de magnitud mayor: van por todo. Phinney revela que sólo aquellos con autorización especial pueden ver los textos y luego de revisarlos, no pueden discutir lo leído. Aún más, “la mayoría, si no es que todos, los consejeros con acceso –a los documentos– son representantes de las corporaciones. Habrá uno que otro líder sindical. Pero ni siquiera pueden discutir lo que saben con miembros de su sindicato”. Peor aún “…sólo pueden ver los textos que (Froman) considere que son relevantes a su área de interés”. Para Billy Engel, electricista de Nueva York, “estos tratados van a barrer con nuestras leyes…muchos derechos laborales y sindicales serán totalmente borrados de inmediato”, una opinión que contrasta con la displicente postura de Paul Krugman, quien desatiende sin más el impacto del ATP en los derechos laborales (NYT, 26/3/15) aunque reconoce que el ATP no promete nada bueno para EU o el mundo.

Tal vez sea generoso asumir que esa preocupación por el mundo tiene que ver, además de los derechos del consumidor, con la campaña del cabildo fósil contra acuerdos vinculantes en materia de medio ambiente, en particular en relación con la urgente necesidad de limitar severa e inmediatamente emisiones de gases con efecto invernadero, base de las ganancias de las Exxon/Mobil de este mundo. Quizá en Krugman la palabra world refleje preocupación por la humanidad ante un planeta en colapso climático antropogénico.

jsaxef.blogspot.com

El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, impulsado formalmente por el gobierno de Estados Unidos parece ser un cheque en blanco para el gran capital. En secreto, los gobiernos firman impunidad para las grandes empresas y los bancos de Wall Street. El objetivo del documento: eliminar cualquier ley o regulación que se interponga en el camino de las ganancias de las trasnacionales.

Vía Revista Contralínea

Martha Andrés Román/Prensa Latina

La Cuba. El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés), en cuyas negociaciones participan hasta el momento 12 países, continúa generando una creciente polémica, motivada por las dimensiones del pacto y el secretismo con el cual se ha abordado.

El mecanismo, encabezado por Estados Unidos, incluye además a la tercera economía del orbe, Japón, y a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Todos ellos tienen una población conjunta de 792 millones de personas y representan alrededor del 40 por ciento del producto interno bruto mundial, lo que podría convertir al TPP en el principal pacto de libre comercio de la historia.

El gobierno estadunidense espera que el instrumento, aún en proceso de negociación después de varios años, pueda complementarse con otro proyecto tremendamente ambicioso e igual de controvertido: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión con la Unión Europea.

Las rondas de conversaciones sobre el TPP comenzaron en 2010, y aunque el objetivo era sellar el acuerdo en 2013, ese plazo no fue suficiente, debido, en gran medida, a la fuerte oposición generada en diferentes sectores de los territorios involucrados.

El pasado año la Casa Blanca señaló la meta de concretar el convenio durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrado en China en noviembre último, pero nuevamente ese intento resultó fallido y varios analistas se atreven a señalar, incluso, que hasta 2017 es improbable su aprobación.

Puntos polémicos y secretismo

Aunque Estados Unidos ya tiene acuerdos comerciales con seis de los países comprendidos en la propuesta del TPP, uno de los mayores premios del instrumento es la posibilidad de una apertura con Japón, según consideran varios analistas.

Sin embargo, el convenio no está destinado sólo a desmantelar barreras comerciales, sino que abarca gran gama de asuntos, lo cual constituye una de las principales causas de la avalancha de críticas que ha recibido.

Impacto ambiental, salvaguardas laborales, fijación de precios de medicinas, normas relativas a patentes y la capacidad de los inversores de eludir las leyes nacionales son algunos de los temas incluidos en los textos preliminares del instrumento.

Para Arthur Stamoulis, director ejecutivo de la Campaña Ciudadana para el Comercio Justo, el presidente estadunidense, Barack Obama, sigue incumpliendo los plazos del TPP porque está impulsando una agenda extremadamente impopular, con el objetivo de beneficiar a grandes corporaciones.

Según el líder de la organización contraria al pacto, tanto la sociedad civil como los parlamentarios de naciones con costas en el Pacífico están empezando a darse cuenta de que el mecanismo será una mala noticia para sus Estados, con repercusiones en áreas como la economía, el medio ambiente y la salud pública.

Uno de los puntos que ha generado mayor polémica y está considerado entre los más sensibles del TPP es el relacionado con la propiedad intelectual, un capítulo que abarca desde los precios de los medicamentos hasta la libertad con la cual las personas navegan por internet.

En ese apartado se propone cambiar el plazo de protección de los derechos de autor: si actualmente una obra permanece amparada durante 70 años y luego pasa a ser patrimonio público, la petición estadunidense es aumentar el plazo a 95 años, lo que no es respaldado por varios territorios.

A finales de 2013, el portal digital Wikileaks denunció que, en el más alto secretismo, Estados Unidos gestionaba con los otros países implicados en el TPP la aplicación de sanciones contra aquellos proveedores de servicios de internet que no realicen tareas de fiscalización.

Según el borrador del capítulo sobre propiedad intelectual, el mecanismo establece la creación de tribunales supranacionales para regular la aplicación de nuevas normas en materia de derechos de autor, lo que, a decir de Wikileaks, dañaría significativamente el acceso libre a la cultura y a la educación en la red.

Pero las regulaciones recogidas en el tratado no afectarían sólo a internet, pues también regularían el comercio de fármacos, el copyright, la legislación sobre patentes y la industria sanitaria, indicó la página digital.
Los intereses detrás del TPP

De acuerdo con el senador estadunidense Bernie Sanders, el TPP es un convenio comercial desastroso diseñado para proteger los intereses de las multinacionales a expensas de los trabajadores, los consumidores, el medio ambiente y algunas de las personas más pobres del planeta.

Este mecanismo fue escrito a puerta cerrada por el mundo corporativo e, increíblemente, mientras las compañías, los bancos, la industria farmacéutica y los grandes medios tienen amplios conocimientos sobre su contenido, el pueblo y los miembros del Congreso han quedado fuera del proceso, apuntó.

A decir del político estadunidense, el TPP es mucho más que un acuerdo de libre comercio, pues forma parte de una carrera global para aumentar los beneficios de las corporaciones y socavar los derechos de los trabajadores.

Por su parte, el profesor Robert Reich, de la Universidad de California en Berkeley, señaló recientemente en un artículo publicado por el periódico The Huffington Post que el TTP podría ser un desastre.

Si tras la Segunda Guerra Mundial el debate giraba en torno a la oposición entre libre comercio y proteccionismo, ahora las grandes empresas y centros financieros quieren un poco de ambas fórmulas, reflexionó.

Ellos desean más protección internacional cuando se trata de su propiedad intelectual y otros bienes, por lo cual han estado buscando normas comerciales que aseguren y extiendan sus patentes, mercados, marcas y derechos de autor en el exterior.

Pero, al mismo tiempo, explicó, esas entidades desean menos amparo a los consumidores, trabajadores, pequeños inversionistas y medio ambiente, porque todos ellos interfieren en sus dividendos y, por consiguiente, buscan reglas que les permitan anular esas protecciones.

Al mismo tiempo, advirtió Reich, la administración de Obama ha expresado que el acuerdo impulsará las exportaciones estadunidenses en la cuenca del Pacífico, donde Estados Unidos enfrenta la creciente competencia de China, por lo que el pacto también pretende contener la destreza estratégica y económica de la nación asiática.

En otras palabras, concluyó, el TPP brinda a las grandes empresas y los bancos de Wall Street la forma de eliminar cualquier ley o regulación que se interponga en el camino de sus ganancias.