Como las multinacionales privan a los Mexicanos de un acceso al agua potable

por Marie-Pia Rieublanc, basta!

Nueve millones de Mexicanos viven sin acceso al agua potable. El gobierno está por reforzar la política de liberalización del sector, en parte responsable de la situación actual. Las multinacionales tienen inmensas concesiones de agua y sus actividades generan contaminación, escasez de los recursos hídricos y conflictos sociales. Las empresas francesas no están extrañas al problema: Suez y Veolia gestionan de manera controvertida varios sistemas de distribución de agua y la petrolera Total está interesada en entrarle a la extracción de gas de lutita en el país, una actividad ultra contaminante. Una coalición ciudadana está luchando para poner un fin a la privatización, el acaparamiento y la sobreexplotación del agua. Pero la batalla será ruda. Investigación.

 

Este articulo fue publicado, al principio, en francés.

Nueve millones de Mexicanos – de una población de 121 millones – no tienen acceso al agua potable. La situación está empeorando en el país: en 50 años, la disponibilidad de agua por habitantes en México cayó de un 64% [1]! Una de las causas es la liberalización del mercado del agua iniciada en el 1992, que permitió la venta de las aguas nacionales a empresas privadas o a particulares en forma de concesiones. Esta liberalización dejó entrar el sector privado en la gestión de los sistemas municipales de abastecimiento de agua y de drenaje. Además, hay sectores económicos consumidores de mucha agua, como las embotelladoras, que poseen ahora importantes concesiones, unas de las cuales se encuentran en zonas en riesgo.

Al respecto, la Coca-Cola tiene el derecho de extraer 33.7 millones m3 de agua por año en México, lo que corresponde al consumo anual mínimo de 20 000 personas. El grupo estadounidense explota 50 acuíferos, de los cuales 15 están sobreexplotados [2]. A menor escala, la trasnacional suiza Nestlé extrae 9 millones m3 de agua cada año en el país aprovechando 16 acuíferos, de los cuales 6 están sobreexplotados.

Las aguas de México están a la venta

La industria minera, así como la extracción de gas y de petróleo, tiene un impacto aún más importante. Consume millones de litros de agua diarios. La mina de oro a cielo abierto Los Filos en Carrizalillo, Guerrero, en el sur del país, usa 418.8 millones de litros de agua cada día sólo para su proceso de lixiviación (cuando las toneladas de minerales extraídos están regados con agua y cianuro de sodio para separar el oro de los residuos) [3]. Esta mina, ubicada en una zona infestada por el narcotráfico, está explotada desde el 2007 por Goldcorp, primera compañía minera de las Américas y segunda a nivel mundial. Prevé extraer 200 toneladas de oro en Los Filos en los próximos años para realizar un volumen de negocios de 7 mil millones de dólares. La empresa canadiense se instaló en este territorio gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los productos que usa tal como el cianuro tienen graves impactos sobre el medioambiente y la salud de las poblaciones.

A esos excesos se suman numerosos incidentes, como el derrame de 40 000 m3 de sulfato de cobre en agosto del 2014 en el norte del país en el río Sonora, cuyas aguas se volvieron naranjas a lo largo de más de 150 kilómetros después de la ruptura de una presa de jales de una mina de cobre explotada por el Grupo México. 20 000 habitantes fueron privados de agua, otras decenas se enfermaron y todas siguen esperando reparación de parte de la empresa de Germán Larrea, segundo hombre más rico del país después de Carlos Slim. Al origen de esas derivas se encuentra la reforma agraria diseñada en el 1992 por el presidente liberal Carlos Salinas de Gortari, del Partido revolucionario institucional (PRI) [4]. Para facilitar la entrada del capital extranjero, impulsó la conversión de las tierras de «propiedad social» en propiedades privadas y simplificó la concesión del usufructo de las tierras colectivas a las empresas, dándole un golpe de gracia a la herencia de Zapata.

La producción de energía hidroeléctrica también necesita, por definición, mucha agua. La multiplicación de las concesiones otorgadas a este sector agudiza las tensiones sociales ya que la construcción de represas desregula los ecosistemas de los ríos y puede inundar centenas de hectáreas de tierras habitables y cultivables. En el estado de Guerrero, los habitantes de La Parota llevan once años resistiendo a la construcción de una presa diseñada para generar luz para la gran ciudad de Acapulco, en perjuicio de los pescadores y agricultores del pueblo.

Arsénico, plaguicidas e hidrocarburos

En consecuencia de esas reformas liberales y del crecimiento de la población, el país se acerca un poco más cada año del estrés hídrico, que empieza cuando sólo hay 1700 m3 de agua disponible al año para cada habitante. De las 37 regiones hídricas que cuenta el país, tres podrían pasar por debajo de este umbral de allí al año 2013 si la tendencia sigue igual: la región del Río Bravo (907 m3), la Península de Baja California (780 m3) y el Valle de México (127 m3).

El otro gran reto que enfrenta el país es el desigual acceso a los sistemas de agua potable a través del territorio. Las poblaciones más marginadas se encuentran en zonas rurales, en donde cinco millones de personas no tienen acceso a este recurso. En Guerrero, el estado más afectado por el problema, una de cada tres personas está en ese caso; en Veracruz una de cada cuatro y en Tabasco, Chiapas y Oaxaca una de cada cinco personas.

Por si eso fuera poco, 21 cuencas estaban fuertemente contaminadas en el 2009 (de las 1471 que cuenta el país). La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró la presencia de arsénico, plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados, componentes fármacos y antibióticos, así como bacterias. Una parte de esta contaminación es de origen industrial: los derrames petroleros son innumerables en México. Un informe de la Procuradoría federal de protección al medioambiente (Profepa) contabilizó más de 7000 incidentes en 15 años provocados por la empresa paraestatal Petroleos Mexicanos (Pemex) [5]. O sea 1.3 incidentes cada día! La actividad minera, además de ser regularmente responsable de derrames de productos tóxicos en los ríos, causa la dispersión de metales pesados en el ambiente, resultado de las explosiones con dinamita. La fumigación de químicos en la agricultura es también una plaga. Pero la contaminación doméstica no se puede ignorar en este país donde 11 millones de habitantes, de los cuales 7.8 millones viven en zonas rurales, no están conectados a un sistema de drenaje y alcantarillado.

Gaz de lutita y fractura hidráulica, la nueva amenaza

Frente a esta situación crítica, el expresidente mexicano Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN) añadió en el 2012 el derecho al agua en la Constitución, dos años después de su reconocimiento por las Naciones Unidas: «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible», dice ahora el artículo 4. Desde ese entonces, el Congreso mexicano tiene la misión de garantizar el respecto de este nuevo derecho modificando la Ley de Aguas Nacionales de 1992, heredada del gobierno de Carlos Salina de Gortari y carente de visión ecológica y social. El gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto (PRI), quien sucedió a Felipe Calderón en el 2012, prometió realizar esta reforma antes del fin de su mandato. ¿Por fin pondrá la población al centro de la política del agua? Desgraciadamente, está tomando la dirección opuesta. Su reforma energética del 2014 acabó con el monopolio de la empresa Pemex en el sector de los hidrocarburos, instaurado en el 1938. La extracción y la distribución de gas y petróleo ahora están abiertas a empresas privadas nacionales y extranjeras – implicando un incremento de las necesidades en agua.

Uno de los objetivos de esta reforma es abrir la puerta a la explotación de hidrocarburos «no convencionales» como el gas de lutita, que se extrae mediante la controvertida técnica de la fractura hidráulica, o fracking en inglés. Cada fractura requiere entre 15 y 20 millones de litros de agua [6], y los productos químicos que se usan penetran en los mantos acuíferos. Importantes yacimientos de lutita se encuentran en la frontera con Estados Unidos, en las regiones más áridas del país. Su explotación a gran escala podría crear nuevas zonas de conflictos relacionados con el agua.

La empresa francesa Total, involucrada en la extracción de gas de lutita en Tejas en Estados Unidos (tiene cuotas en los yacimientos de la empresa norteamericana Chesapeake), está interesada en este nuevo mercado. En abril del 2014, su expresidente Christophe de Margerie (hoy fallecido) acompañó al jefe de Estado francés François Hollande durante una gira en México. Regresó a su país con un acuerdo firmado con Pemex sobre «un intercambio de tecnología en la exploración y la producción de hidrocarburos» así como «una evaluación de las futuras oportunidades en los sectores no convencionales, como el gas de lutita».

Una nueva Ley de Aguas que viola los derechos humanos

En marzo del 2015, la Conagua, organismo que depende de la Secretaria del medio ambiente y recursos naturales (Semarnat), presentó su proyecto de reforma de Ley de Aguas. Un texto totalmente contrario al supesto objetivo oficial y que «viola el derecho humano al agua», denunciaron varios investigadores y ONGs [7]. El texto limita el mínimo vital diario de agua por habitante a 50 litros mientras la Organización mundial de la salud (OMS) la define entre 50 y 100. El mismo, según especialistas, promueve la privatización de este recurso y limita el mínimo vital diario de agua por habitante a 50 litros mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define entre 50 y 100 litros al día.

En junio del 2015, los diputados enterraron (temporalmente) este polémico proyecto de ley [8], que incita a construir más represas hidroeléctricas, a usar las aguas nacionales «para la extracción de cualquier sustancia y para cualquier proceso de transformación», facilitando así mismo la extracción de hidrocarburos como el gas de lutita y también la actividad minera que ocupa ya un 13% del territorio según datos de la Secretaria de Economía. «El proyecto de la Conagua está claramente vinculado a la reforma energética porque facilita la apropiación de los recursos hídricos para la extracción de combustibles y la producción de energía en el país», explica Gerardo Alatorre, profesor e investigador en la Universidad de Veracruz.

La desastrosa gestión del agua de Veolia y Suez

El proyecto de Ley de la Conagua incita a las autoridades locales a «promover» la participación del sector privado en los servicios municipales de gestión del agua y de alcantarillado, que se vuelve una obligación y ya no sólo una opción. Sin embargo la apertura de los sistemas de agua públicos ha sido muy controvertida en México. «Desde la descentralización de la gestión del agua y del alcantarillado en los años 1980, los gobernadores de los Estados reciben fondos que manejan como se le dan las ganas», explica María Luisa Torregrosa, doctora en sociología y coordinadora de la Red de Agua de la Academia Mexicana de Ciencias. «Hay una falta de profesionalización del personal y de continuidad política en los proyectos que cambian en función de los presidentes municipales», precisa.

En Aguascalientes, en el centro del país, el sistema de agua está gestionado desde el 1993 por Proactiva Medio Ambiente CASAA, sucursal del grupo francés Veolia y de ICA, empresa mexicana dirigida por Carlos Slim. Resultado: la red nunca ha sido ampliada porque CASAA ha tenido problemas económicos que le ha impedido financiar nuevas infraestructuras. Las tarifas han subido y son unas de las más altas del país (22 pesos por m3 mensuales, cuando el precio promedio a nivel nacional es de 12.3 pesos), mientras que el servicio no está satisfactorio y el agua siempre falta en ciertas colonias de la ciudad [9].

En Saltillo, en el estado de Coahuila (norte del país), el servicio está operado por la empresa Aguas de Barcelona (Agbar), filial del grupo francés Suez Environnement. Las tarifas fueron multiplicadas por tres mientras que el 70% de la población sigue en la imposibilidad de tomar el agua de la llave. Sin embargo, Agbar acaba de ganar un contracto de 30 años con la ciudad de Veracruz (Golfo de México) para gestionar su sistema de abastecimiento de agua y de alcantarillado, junto con la compañía brasileña Odebrecht. No cabe duda de que Veolia y Suez, líderes mundiales del mercado del agua, beneficiarán de la reforma propuesta por la Conagua si ésta termina por ser votada.

Poner un fin a la privatización, el acaparamiento y la sobreexplotación del agua

Pero la resistencia se está organizando frente a la privatización de la gestión del agua y de los recursos hídricos. Gerardo Alatorre coordina el colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida que reúne a 420 investigadores y organizaciones de todo el país. El colectivo trabaja desde el 2012 a la elaboración de una propuesta de reforma ciudadana de la Ley de Aguas. Ésta fue entregada a los diputados el 12 de febrero del 2015 pero pronto eclipsada por el proyecto de la Conagua.

El texto del colectivo ciudadano «reconoce el agua como un bien común de la Nación, proveniente de la naturaleza, a ser manejada sin fines de lucro». Opuesto a la multiplicación de las represas, propone un manejo de los recursos hídricos cuenca por cuenca, por instancias participativas comunitarias y ciudadanas. Preve «desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización, acaparamiento y sobreexplotación del agua». Y prohibir el «uso de aguas nacionales para factura hidráulica o la minería tóxica».

El proyecto ha recolectado unas 60 000 firmas. Varios senadores de la oposición prometieron respaldarla, asegura Gerardo Alatorre, quien espera una fuerte movilización popular en el caso de que el proyecto inicial de la Conagua sea votado. Pero el gobierno mexicano sabe muy bien pasar reformas polémicas a escondidas. En el 2014, la reforma energética fue adoptada durante la Copa del Mundo de fútbol. Además, las elecciones de junio de este año permitieron al PRI engrosar sus filas en la Cámara de diputados. Ésta fue encargada de adoptar un nuevo texto lo más pronto posible. ¿Será parecido al que fue enterrado?

Marie-Pia Rieublanc

Notas

[1De 18 035 m3 en 1950 a 11 500 m3 en 1955 y 4 312 m3 en 2007. Fuente.

[2Según el economista mexicano Gian Carlo Delgado, en su libro Apropriación del agua, medioambiente y obesidad : los impactos del negocio de bebidas embotelladas en México (UNAM, CIICH, Colección Alternativas).

[3Manifestación de impacto ambiental del proyecto minero Los Filos, 2005

[4La reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana puso un fin al reparto agrario instaurado después de la revolución de 1910. Este no era conveniente a la hora de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

[5Informe publicado en el 2007 por la Procuraduría federal de protección al medioambiente (Profepa) que registró entre el 1993 y el 2007 7279 accidentes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa paraestatal encargada de la extracción y producción de hidrocarburos en México.

[6Según un informe de la ONG Food and Water Watch. La fractura hidráulica consiste en forar el suelo hasta varios kilómetros de profundidad para inyectar una mezcla de agua, arena y centenas de productos químicos y así fracturar la roca de lutita y liberar el gas que contiene.

[7Carta abierta de unos treinta investigadores y organizaciones civiles incluso Greenpeace. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en México fustiga también esta propuesta de Ley que «promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social», lo que «potencia la desigualdad social en el acceso al agua por el aumento de tarifas y compromete la disponibilidad de ésta».

[8El texto fue aprobado el 5 de marzo en dos comisiones de la Cámara de Diputados en el marco de un proceso acelerado que escandalizó a la opinión pública y a parte de la oposición. Al final nunca fue examinado en plenaria.

[9Balance realizado en junio de este año por la Comisión ciudadana de agua potable y de alcantarillado de Aguascalientes. Fuente.

En 2016, esperemos mejores acuerdos comerciales – y la muerte del TPP

Joseph Stiglitz, The Guardian
Versión no oficial al español de RMALC/A.V. 10-01-2016

El año pasado fue una experiencia inolvidable para la economía global. No sólo por el rendimiento general decepcionante, sino por los profundos cambios – tanto para bien como para mal – ocurridos en el sistema económico mundial.

Lo más notable fue el Acuerdo de Paris sobre el clima alcanzado el mes pasado. Por sí mismo, el acuerdo está lejos de ser suficiente para limitar el aumento en el calentamiento global a la meta de 2ºC por encima del nivel preindustrial. Pero puso a todos sobre aviso: el mundo se está moviendo, inexorablemente, hacia una economía verde. Un día no muy lejano, los combustibles fósiles serán en gran parte una cosa del pasado. Así que cualquiera que invierte en el carbón ahora lo hace a su propio riesgo. Con más inversiones verdes a un primer plano, los que los financien ellos serán, debemos esperar, los que contrarresten el poderoso cabildeo de la industria del carbón, que está dispuesto a poner el mundo en riesgo de promover sus intereses de corta visión.

De hecho, el abandono de una economía de alto contenido de carbono, donde a menudo los intereses del carbón, gas y petróleo dominan, es sólo uno de varios cambios importantes en el orden geoeconómico mundial. Muchos otros son inevitables, dada la altísima cuota de China de la producción y la demanda global. El Nuevo Banco de Desarrollo, establecido por los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), se puso en marcha durante el año, convirtiéndose en la primera institución financiera internacional importante liderado por los países emergentes. Y, a pesar de la resistencia de Barack Obama, se creó el Banco de Inversiones en infraestructura de Asia liderada por China, así inician la operación de este mes.

Los EE.UU. actuó con mayor sabiduría cuando se trataba de la moneda china. No obstruyendo la entrada del renminbi a la canasta de monedas que constituyen activos de reserva del Fondo Monetario Internacional, los Derechos Especiales de Giro (DEG). Además, un lustro después de que la administración de Obama accedió a cambios modestos en los derechos de voto de China y de otros mercados emergentes en el FMI – un pequeño guiño a las nuevas realidades económicas – el Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente las reformas.

Las decisiones geoeconómicos más polémicas del año pasado son las relacionadas con el comercio. Casi desapercibido después de años de conversaciones inconexas, a la Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comercio – inició para corregir los desequilibrios en los acuerdos comerciales anteriores que favorecían a los países desarrollados – se le dio un entierro tranquilo. La hipocresía de Estados Unidos – en defensa del libre comercio, pero se niega a abandonar los subsidios al algodón y a otros productos agrícolas – había planteado un obstáculo insuperable para las negociaciones de Doha. En lugar de las negociaciones comerciales mundiales, los EE.UU. y Europa han montado una estrategia de divide y vencerás, basado en la superposición de bloques y los acuerdos comerciales.

Como resultado de ello, lo que se pretende que sea un régimen de libre comercio global ha dado paso a un régimen de comercio administrado discordante. El comercio de gran parte de las regiones del Pacífico y del Atlántico se regirá por los acuerdos, miles de páginas de extensión y repleta de complejas reglas de origen que contradicen los principios básicos de la eficiencia y la libre circulación de mercancías.

Los EE.UU. concluyeron negociaciones secretas sobre lo que puede llegar a ser el peor acuerdo comercial en décadas, la llamada Alianza Trans-Pacífico (TPP), y ahora se enfrenta a una batalla cuesta arriba para su ratificación, ya que todos los candidatos presidenciales demócratas principales y muchos de los republicanos han pesado en contra de el. El problema no es tanto con las disposiciones comerciales del acuerdo, sino con el capítulo de «inversión», que restringe severamente, la salud, y la regulación de la seguridad ambiental, e incluso las regulaciones financieras con impactos macroeconómicos significativos.

En particular, el capítulo –específico- da a los inversionistas extranjeros el derecho a demandar a los gobiernos en tribunales internacionales privados cuando creen que las regulaciones gubernamentales contravengan los términos del TPP (inscritos en más de 6,000 páginas). En el pasado, esos tribunales han interpretado el requisito de que los inversores extranjeros reciban un «trato justo y equitativo» como motivo para derribar nuevas regulaciones del gobierno – aunque sean no discriminatorias y se adopten simplemente para proteger a los ciudadanos de los atroces daños recién descubiertos.

Mientras que el lenguaje es complejo – invitando a costosas demandas enfrentando a las poderosas corporaciones contra los gobiernos mal financiados – incluso las regulaciones que protegen al planeta de las emisiones de gases de efecto invernadero son vulnerables a las demandas. Las únicas regulaciones que aparecen a salvo son los relacionados con los cigarrillos (demandas presentadas contra Uruguay y Australia para exigir el etiquetado modesto acerca de peligros para la salud que han llamado la atención demasiado negativo). Pero sigue habiendo una serie de preguntas acerca de la posibilidad de demandas en una miríada de otras áreas.

Por otra parte, una disposición de «nación más favorecida» asegura que las empresas pueden reclamar el mejor trato que el que se ofrece en cualquier de los tratados de un país de acogida. Eso establece una carrera hacia abajo – exactamente lo contrario de lo que el presidente estadounidense, Barack Obama prometió.

Incluso la forma en que Obama abogó por el nuevo acuerdo comercial mostró como su administración está fuera de contacto con la nueva economía mundial. En repetidas ocasiones dijo que el TPP podría determinar quién – América o China – escribirían normas comerciales XXI del siglo. El enfoque correcto es llegar a esas normas en conjunto, que todas las voces sean escuchadas, y de una manera transparente. Obama ha tratado de perpetuar los negocios como de costumbre, por lo que las normas que rigen el comercio mundial y la inversión son escritos por las corporaciones estadounidenses para las corporaciones estadounidenses. Esto debería ser inaceptable para cualquier persona comprometida con los principios democráticos.

Aquellos que buscan una mayor integración económica tienen una responsabilidad especial para ser firmes defensores de las reformas de gobernanza global: si la autoridad sobre las políticas nacionales se cede a los organismos supranacionales, a continuación, la elaboración, implementación y aplicación de las normas y reglamentos tiene que ser particularmente sensibles a las preocupaciones democráticas . Por desgracia, eso no fue siempre el caso en 2015.

En 2016, debemos esperar la derrota del TPP y el comienzo de una nueva era de los acuerdos comerciales que no recompensen a los poderosos y castiguen a los débiles. El acuerdo sobre el clima de París puede ser un presagio del espíritu y la mentalidad necesaria para sostener una auténtica cooperación global.

Dueños del Agua: escalofriante documental sobre Nestlé

Los dueños del agua es un documental de investigación de DW sobre el abuso de la multinacional NESTLÉ sobre los países en desarrollo, un monopolio que deja sin agua potable a miles de personas, un bien básico y público, y con el que NESTLÉ empobrece los recursos naturales causando daños irreversibles al medio ambiente. Al mismo tiempo, NESTLÉ se enfreta a querellas por fraude por embotellar agua del grifo y hacerla pasar por agua mineral.

Ver online:

https://vimeo.com/121438883

 

El TiSA imposibilitará nuevas leyes ambientales que estorben al libre mercado

L.V. publico.es
Una clausula en el documento que 50 países negocian en secreto inhibe ante futuras regulaciones en esta materia.

El TiSA, el tratado que negocian en secreto cincuenta países (entre ellos EEUU y la Unión Europea) para un acuerdo comercial de los servicios, no pasará de largo sobre el medio ambiente. El texto que se discute en estos momentos y que Wikileaks ha desvelado en exclusiva para doce medios de comunicación internacionales, entre ellos Público, incluye un anexo dedicado a los servicios medioambientales que, entre otros muchos peligros, supone un «retroceso de las salvaguardas normativas sobre medio ambiente».

Esta es una de las conclusiones principales sobre el documento que ha hecho la organización Amigos de la Tierra en EEUU –Friends of Earth– en un análisis para Wikileaks en el que también advierte de que será prácticamente inviable para los países aprobar nueva legislación en materia medioambiental una vez que entre en vigor el acuerdo. Una clausula en el pacto establece que «los términos, limitaciones y condiciones que afecten al mercado de la provisión de servicios medioambientales deberán ser aquellas medidas que el estado miembro mantiene en la fecha en que entre en vigor este acuerdo, o la continuación o pronta renovación de esas mismas medidas». En la práctica, dice la ONG, lo que se pretende es «excluir» o «inhibir» futuras iniciativas medioambientales.

Así, aunque el TiSA reconoce a los estados «el derecho de regular y de introducir nueva normativa para cumplir sus objetivos de políticas públicas», también concede a los tribunales internacionales el poder de dictar, en represalia, sanciones comerciales contra un país que viole sus obligaciones dentro del tratado, en un claro desincentivo a desafiar sus normas. Además, estos acuerdos suelen incluir lo que se denomina una «clausula de la nación más favorecida», que supone que, al otorgar un trato favorable a una de las partes, se extiende automáticamente al resto de miembros en el acuerdo. Bajo el criterio de Amigos de la Tierra, esto supondrá que en materia medioambiental se aplique el «mínimo denominador común».

Más allá de la OMC

El comercio multilateral de servicios está ya en gran parte regulado desde 1995 dentro el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, por sus siglas en ingles) de la Organización Mundial del Comercio, que incluye también algunos servicios sobre medio ambiente. El objetivo del TiSA, asegura la ONG ecologista, es «ir más allá» de la OMC, que con el paso de los años y el surgimiento de nuevas economías emergentes como Brasil o India, ha resultado insuficiente para los intereses de la coalición de países desarrollados.

En este sentido, el TiSA centra su interés en la regulación medioambiental y los servicios públicos que supuestamente interfieren y entorpecen la eficiencia del libre mercado, en lugar de en otros conceptos más típicos de este tipo de acuerdos comerciales como la rebaja de impuestos, etc. Esas «barreras» al libre comercio, según Amigos de la Tierra, pueden ser servicios como el agua, la energía o la recogida de basuras. La organización advierte de los «riesgos» de su privatización y las pocas o limitadas excepciones que el TiSA concede a algunos de estos servicios básicos que, como el agua, han sido declarados un derecho humano por las Naciones Unidas.

«Basándose en anteriores acuerdos comerciales de EEUU, las declaraciones de los funcionarios y los documentos filtrados, parece que el objetivo de las negociaciones del TiSA es conceder a las multinacionales y a los burócratas comerciales amplios derechos para desafiar las políticas de los gobiernos democráticos», sentencia el análisis, redactado por el especialista en comercio Bill Waren.

TPP: Leyes nacionales… bajo certificación estadunidense

Emilio Godoy, Revista Proceso

México debe prepararse para un mayor escrutinio estadunidense sobre la adaptación a las leyes internas que deberá realizar para adaptarse al contenido del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), lo que podría derivar en mayores compromisos no contenidos en el texto acordado.

En Tratados de Libre Comercio (TLC) previos, Estados Unidos ha aplicado una certificación unilateral para corroborar, en función de sus demandas, que sus socios han cambiado marcos legales domésticos.

“La aprobación del TPP implica hacer compatibles las leyes nacionales. Estados Unidos quiere asegurarse de que las legislaciones son compatibles con los objetivos del tratado”, dice a Apro Manuel Pérez Rocha, investigador del estadunidense Instituto para el Estudio de Políticas.

Los 12 países involucrados en las tratativas del acuerdo anunciaron la mañana del lunes 5 en Atlanta, Georgia, que habían concluido un nuevo acuerdo del TPP, aunque los equipos negociadores trabajan para pulir el texto y así poder divulgarlo.

El TPP entró en vigor en enero de 2006 para Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Otros ocho países se sumaron luego: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, con la salvedad de que no podían cambiar lo acordado en principio.

El acuerdo abarca asuntos como aduanas, textiles, inversión, telecomunicaciones, comercio electrónico, solución de diferencias, asuntos laborales y ambientales.

Los presidentes de los socios deben suscribir el documento para que pase a los congresos nacionales para su debate y aval. Ese camino se recorrería en 2016.

“En Estados Unidos inicia la lucha en el Congreso. Vamos a ver qué pasa. Instamos a todos los gobiernos a considerar cuidadosamente si este es el camino que desean tomar antes de firmar”, declaró Judit Rius, directora y asesora legal de la campaña de Acceso de Medicamentos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Estados Unidos.

El Congreso estadunidense no puede enmendarlo y sólo puede decidir si avala o no el acuerdo, debido a que el presidente Barack Obama cuenta con la autoridad fast track para negociar y firmar un TLC. Esa misma limitante aplica al Congreso chileno y al Senado mexicano.

El pasado 12 de mayo parlamentarios de cinco países del TPP firmaron una carta abierta en la que urgen a sus líderes políticos a proteger la soberanía nacional del proceso de certificación de Estados Unidos. El grupo incluye a exfuncionarios, excongresistas, dirigentes políticos, voceros de organizaciones comerciales y miembros de comités relacionados con temas del TPP de Australia, Japón, Malasia y Nueva Zelanda.

La misiva expresa “una preocupación grave” sobre que el gobierno de Estados Unidos ha requerido a las partes en tratados de libre comercio previos cambios en sus leyes, regulaciones y procedimientos para cumplir con la interpretación estadunidense de las obligaciones de los países antes de que la nación norteamericana avale la entrada en vigor del acuerdo.

En las leyes ejecutivas de sus recientes TLC, el gobierno de Estados Unidos ha incluido como requisito la retención de la autorización de ese acuerdo hasta que otro gobierno cambie sus leyes, regulaciones y procedimientos con el propósito de que sean acordes con las demandas estadunidenses. Hasta que eso ocurre, Estados Unidos no completa el intercambio de cartas con ese país, lo cual es necesario para que el acuerdo entre en vigor entre ellos.

Los firmantes de la carta argumentan que esto ha derivado en que Estados Unidos obtiene concesiones adicionales, sus funcionarios bosquejan las leyes del otro país, los acuerdos rigen en diferentes momentos para diferentes países y ocurren prolongados retrasos en la aplicación de los pactos comerciales para algunas naciones.

Por ello piden garantizar que el TPP contenga una provisión efectiva que “proteja nuestra autoridad legislativa soberana de tal influencia externa” y que reafirme “nuestro derecho constitucional a determinar exclusivamente si nuestro gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para cumplir con las provisiones del acuerdo antes de su vigencia”, así como resistir cualquier intento de otro socio del TPP de “influir en el diseño de nuestras leyes previamente a su entrada en vigencia”.

 

Presión continua

En los TLC más recientes suscritos por Estados Unidos es práctica recurrente que esa nación supervise la actualización legal interna acorde con el contenido de los acuerdos. “Los funcionarios de Estados Unidos transmiten una lista de los cambios a las leyes y políticas internas del otro país que el gobierno requiere antes de permitir que el tratado entre en vigor. Luego, el gobierno de Estados Unidos monitorea el cumplimiento y presiona hasta que sus demandas son satisfechas”, escribieron en el sitio electrónico TPP: No certification en agosto de 2014 Jane Kelsey, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), y Sanya Reid Smith, asesora legal e investigadora senior de la Red del Tercer Mundo.

Aunque el Congreso estadunidense apruebe el TPP, el pacto no regiría en relación con cada socio hasta que Washington lo certifique; es decir, que ha satisfecho la visión del cumplimento.

Las investigadoras sostienen que el proceso provee de margen adicional para que el Congreso y la industria estadunidenses impongan su propia interpretación de las obligaciones del socio.

La Ley Bipartidista de Prioridades Comerciales de 2014 contiene requerimientos nuevos y adicionales para que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) consulte al Congreso sobre el apego a los requisitos de la certificación.

El proceso aplica a una gama de medidas, como leyes, regulaciones, arreglos institucionales y normativos, firma de tratados internacionales y decretos ejecutivos. Estados Unidos ha requerido a otros países para que cumplan con lo que considera que fue acordado, aunque no esté escrito en el texto del acuerdo.

Luego de concluir las tratativas del TLC entre América Central, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), El Salvador tuvo que mantener al menos tres ruedas de negociaciones, dos en suelo estadunidense, sobre asuntos como la aceptación de las inspecciones estadunidenses de carne y pollo.

Washington validó el lenguaje de siete leyes sobre derechos de propiedad intelectual y de autor, telecomunicaciones, aduanas, agricultura, procedimientos penales y arreglos de distribución para empresas extranjeras antes de ser adoptadas por Costa Rica. El gobierno estadunidense revisó las versiones finales para asegurarse de que no hubiera cambios.

Nicaragua envió la ley de aplicación del DR-CAFTA a Estados Unidos antes de que fuera firmada por el presidente. La nación norteamericana pidió que la ley fuese publicada para garantizar que el país centroamericano había completado el proceso de aplicación.

En el caso de la República Dominicana, otro socio de ese acuerdo regional, Washington pre-avaló el lenguaje de siete leyes y luego revisó la legislación final para asegurarse de que no hubiera variaciones antes de proceder a la certificación.

Guatemala aprobó su legislación para aplicar el DR-CAFTA a finales de mayo de 2006 luego de intensas consultas con USTR, pero tuvo que esperar meses para recibir la garantía de que el marco legal cumplía con las condiciones estadunidenses.

El caso de Perú es muy evidente, como lo constatan 15 documentos del USTR de 2008 y 2009 desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información.

Estados Unidos revisó que Perú diseñara unas 35 leyes sobre protección de datos farmacéuticos, arbitraje para inversiones, cambios a la propiedad indígena de la tierra y el sistema educativo. De hecho, dos equipos de abogados estadunidenses asesoraron a la nación incaica en el bosquejo de leyes ambientales y de negocios. De esa forma, Estados Unidos certificó a Perú para que el TLC entre ambos iniciara el 1 de febrero de 2009.

 

El costo de decir “no”

Edward Alden, asociado Bernard L. Schwartz y director de la Iniciativa Renovando Estados Unidoslanzada por el Consejo de Relaciones Internacionales, considera complicado que el Congreso rechace el TPP, a pesar del contexto electoral actual.

“Si el Congreso rechaza el TPP, es una bofetada en la cara de los otros 11 países, incluyendo aliados estrechos como México, Canadá, Australia y Nueva Zelanda que han tomado domésticamente decisiones difíciles para ser capaces de concluir el acuerdo. Al final de cuentas, el Congreso va a ser muy reacio a hacer eso”, comentó Alden durante una conferencia con medios el día 7.

Alden recordó que hay políticos populares en ambos partidos e industrias como la tabacalera y la farmacéutica, bastante descontentos con las tratativas.

“El costo de decir no es enormemente alto, pero pienso que no será fácil y que va a ser un gran peso para la administración”, resumió.

En mayo último, un grupo encabezado por el exministro de Agricultura japonés, Masahiko Yamada, interpuso una queja constitucional contra las negociaciones, porque ni siquiera los miembros del Parlamento habían tenido acceso a los documentos oficiales.

Otro caso relacionado con la secrecía está pendiente en Nueva Zelanda.

El acuerdo abarca un mercado de 800 millones de personas y equivale a 40% de la economía mundial.

El texto fue negociado en secreto y con escaso debate en México, aunque USTR ha divulgado un sumario que aporta algunos elementos.

En productos agrícolas, las partes eliminarán o reducirán tarifas y otras políticas restrictivas, lo cual aumentarán el comercio agrícola en la región y “fortalecerán la seguridad alimentaria”.

Las naciones acordaron mayor transparencia y cooperación en algunas actividades relacionadas con la biotecnología agrícola, léase los transgénicos.

El capítulo de textiles incluye reglas de origen específicas que requieren el uso de tejidos y fibras de la región, con un mecanismo que permite la utilización de ciertos materiales no disponibles en el bloque.

El TPP incluye compromisos específicos sobre la transferencia de información para procesamiento de datos.

Las partes se comprometen a garantizar el libre flujo de la información y datos globales, sujeto a objetivos legítimos de política pública, como la protección de los datos personales.

El documento insta a las partes a cooperar en políticas sobre protección de datos personales y del consumidor electrónico, así como cooperación en ciberamenazas y capacidad en ciberseguridad.

Además, las partes acuerdan combatir el tráfico ilegal de especies, proteger variedades amenazadas e incentivar iniciativas ambientales voluntarias, como los programas de responsabilidad social corporativa.

Así mismo, las naciones coinciden en medidas estrictas contra la falsificación y la piratería y la sujeción de los Estados a un tribunal internacional en cuestión de inversiones.

“No veo ventajas para México. Entra en competencia con otros países que le pueden ganar mercados, especialmente en Estados Unidos. Cedió el sector energético y el automotriz, sacrifica lácteos y textiles, que tenían cierta ventaja” en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 para Canadá, Estados Unidos y México, señala Pérez Rocha.

Para Rius, el capítulo de propiedad intelectual significa para México “un paquete de obligaciones que va a extender y fortalecer las patentes más allá de 20 años y en los medicamentos biológicos, un compromiso de protección de 5 a 8 años, durante el cual no se van a poder registrar productos genéricos o biosimilares”.

Por su parte, Artículo 19, Derechos Digitales y la Red en Defensa de los Derechos Digitales demandaron al gobierno mexicano la apertura del texto.

“Si el TPP tendrá impactos en materias tan sensibles como el rol del Estado en la economía, los derechos en internet o el acceso a la salud, lo que se requiere es más debate público. No existe ninguna razón para que un tratado de esta magnitud haya sido negociado a espaldas de la ciudadanía, donde mayor opacidad sólo resta legitimidad y confianza”, señalaron.

El TPPeor, un TLCAN recargado

por Alfredo Acedo, CIP Americas

Negociado a puerta cerrada—clandestinamente, diríase—la Asociación Trans-Pacífico (TPP por sus siglos en inglés), significa la venta final de México a las corporaciones multinacionales, en otras palabras, tocarle Las Golondrinas a lo que queda de la soberanía nacional y eliminar cualquier posibilidad de recuperar la soberanía alimentaria.

Mientras la ONU celebra este 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación y La Vía Campesina conmemora el Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria en contra de las corporaciones transnacionales, organizaciones campesinas e indígenas en México repudiaron el nuevo acuerdo comercial y se preparan para demandar al Senado de la República el rechazo a la firma del TPP, el cual—en su opinión—debería ser sometido a consulta pública.

 

Pequeños y medianos productores integrantes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y de El Barzón aseguraron en sendos comunicados que el TPP agravaría aún más la dependencia del exterior al imponer condiciones que volverían imposible la soberanía alimentaria.

Las corporaciones trasnacionales y un puñado de políticos tecnócratas y grandes empresarios son quienes han participado en las negociaciones “en lo oscurito”. Aunque no hay acceso a los documentos del acuerdo, es obvio que el proceso ha sido desarrollado de una manera sigilosa con el fin de garantizar los intereses de la élite económica global, en contra de las sociedades y naciones involucradas. Los borradores filtrados indican que se trata de un acuerdo comercial peor que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El TPP, como el TLCAN, no es comercio ni “libre comercio”. No se trata de bajar barreras arancelarias. Estos acuerdos abordan más la creación y extensión de privilegios para las corporaciones multinacionales. Permiten a estas empresas colocarse por encima de los gobiernos, de las leyes y decisiones judiciales para evitar impactos negativos en sus inversiones. Se convierten así en una amenaza para el medio ambiente, la soberanía alimentaria, la salud pública y otros derechos de la población.

Precisamente, la principal preocupación de expertos y de los productores del campo mencionados es que las leyes soberanas y los sistemas judiciales de los países signatarios de tratados como el TLCAN y el TPP, quedan subordinados a tribunales establecidos por los acuerdos, sin garantías ni derecho al debido proceso, sometidos a cortes más favorables a las empresas privadas que al interés público.

“La mayoría de la gente estaría en peores condiciones como resultado del acuerdo. Peor aún, las disposiciones del TPP que fortalecen y alargan las patentes y la protección del derecho de autor, tendrían un impacto en la distribución del ingreso. No es una exageración cuando los opositores al TPP se refieren al acuerdo como la ‘toma del poder por las trasnacionales’”, asegura el experto Mark Weisbrot, del Centro para la Investigación Económica y Política.

De acuerdo con los estudios del Programa de las Américas, a México le fue bastante mal en los primeros 20 años de TLCAN. “Desde que el acuerdo entró en vigor en 1994, el crecimiento anual per cápita del país se estanco en un promedio de solo 1.2 porciento—una de las más bajas del hemisferio. Su salario real ha disminuido y el desempleo ha incrementado, escribió su directora Laura Carlsen en el New York Times. También generó desempleo y pérdida de salario en Estados Unidos.

En este contexto, destaca Weisbrot, “Las lecciones del TLCAN son una gran parte de la razón por la que el gobierno de Obama tendrá tantos problemas para conseguir la aprobación del TPP en el Congreso. Los defensores del TPP también han aprendido del TLCAN: por eso el contenido del nuevo acuerdo ha sido mantenido en secreto a través de todo el proceso de negociaciones”.

Para la UNORCA, México y sobre todo el medio rural está siendo víctima de un nuevo atropello de dimensiones mayúsculas y casi nadie está poniendo atención debido a los múltiples problemas y crisis en curso. “Está en puerta otra peligrosa traición del gobierno de México”, afirmó su dirigente nacional Olegario Carrillo. 

El común de la gente nunca ha oído hablar del TPP, y la mayoría de quienes han escuchado sobre él no saben qué es exactamente. Eso no es casualidad. Una enorme cantidad de personas de varios países a uno y otro lado del Océano Pacífico, incluido México, va a ser gravemente afectada y no se le ha pedido su opinión ni ha sido consultada la ciudadanía sobre el tema.

El TPP contiene 30 capítulos, que incluyen temas como medio ambiente, medidas sanitarias, acceso a mercados, reglas de origen, obstáculos al comercio, defensa comercial, competencia, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, servicios financieros, propiedad intelectual, cuestiones laborales, entre otros. Incorpora además los llamados temas horizontales: coherencia regulatoria, competitividad, desarrollo y pequeñas y medianas empresas. Y a nivel industrial, el acuerdo involucra las áreas automovilística, textil, farmacéutica y agrícola.

Según Beatriz Plaza y Gorka Martija, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, los puntos clave del acuerdo son:

Prohibición de etiquetado obligatorio para los productos transgénicos.

Protección de patentes y derechos de autor, (incluido un sector tan sensible como los medicamentos genéricos, favoreciendo a las trasnacionales farmacéuticas mediante el reforzamiento de la propiedad industrial).

Reconocimiento mutuo de numerosas regulaciones, lo cual implica la aplicación de aquellas menos garantistas y más beneficiosas para los intereses de las corporaciones.

Detrimento de la contratación pública en favor de la privatización (reducción en la compra de productos locales en pro de productos internacionales).

Regulaciones ambientales (se pactan asuntos relacionados con energía nuclear, contaminación y sostenibilidad).

Y desregulación financiera.

En efecto, no se trata de comercio, no se trata de “libre mercado”; se trata de poder y control. El poder desplazado cada vez más lejos de los pueblos, y acaparado por una clase reducida de magnates y accionistas de las corporaciones trasnacionales que están por encima hoy más que nunca de gobiernos y naciones.

El TPP crea un sistema de tribunales comerciales internacionales que permitirá a las empresas trasnacionales ignorar y anular las leyes nacionales de cualquier país miembro. Son tribunales extrajudiciales, es decir, su autoridad se encuentra fuera y por encima de los sistemas nacionales de justicia. Sus integrantes no son electos y no tienen que rendir cuentas a los ciudadanos.

Las leyes que estarán sujetas a este nuevo acuerdo son, entre otras, el derecho a la alimentación, la propiedad intelectual (patentes), seguridad e inocuidad de alimentos, subsidios, normas ambientales, y prácticamente cualquier regulación que afecte los negocios de las corporaciones. Los cambios en este configuración institucional y legislativo tendrán un impacto mayor en el acceso a alimentos suficientes y sanos por parte de la población mexicana, y en particular, los sectores más empobrecidos.

Si un país aprueba una ley para proteger a sus ciudadanos, para garantizar la calidad de los alimentos o para reducir la contaminación, la multinacional que se vea afectada puede llevar el caso a esos tribunales. Las sentencias serán vinculantes. No importa que la gente haya votado a sus legisladores y aprobado sus propias leyes.

“Rechazamos tajantemente la participación del gobierno de Enrique Peña Nieto en la negociación de estos acuerdos secretos a favor de las trasnacionales y en contra del pueblo de México”, expresó la UNORCA.

El gobierno mexicano, que se sumó a las negociaciones cuando estos ya habían llegado a algunos acuerdos y que se sometió a los intereses del gobierno de EEUU y las trasnacionales, hace referencia a los supuestos beneficios que se conseguirán con la firma del TPP. El presidente Enrique Peña Nieto lo llamó en un tuit, “acuerdo de vanguardia con el que México fortalece su integración comercial con el mundo” como si la integración en si mismo fuera un beneficio. Agregó: “El Acuerdo de Asociación Transpacífico se traducirá en mayores oportunidades de inversión y empleo bien remunerado para los mexicanos”.

Para desmentirlo, sólo tendríamos que vernos en el espejo del TLCAN. A 21 años de su entrada en vigor, el campo es un desastre. Su aportación al PIB se ha ido decreciendo, la migración del campo a las ciudades y a los Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes y se ha mantenido estancada la economía con un promedio de 2% de crecimiento anual, reducido a cero por el aumento poblacional y la cifra es peor para el sector agrícola. La dependencia alimentaria del país ha llegado a 42 por ciento, según datos oficiales.

Por su parte, El Barzón asegura que en la mayoría de las regiones el TLCAN no ha generado crecimiento del empleo mientras que el crecimiento de las exportaciones confinadas a un sector reducido de la producción ha descansado en mano de obra barata, empleos precarios y en un aumento de componentes e insumos importados tanto en la agricultura como en las manufacturas.

Tratados nefastos para el campo

En la actualidad México tiene firmados 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

O sea, por tratados no paramos, y esta es la prueba de que estos acuerdos no son la solución a la crisis de la producción agroalimentaria, ni el despegue de la economía del país sino el rescate de la planta productiva nacional para poder aprovechar la relación comercial con otros países en condiciones más equitativas.

“Se presume mucho que los productores mexicanos entraremos en contacto con 700 millones de consumidores. En la actualidad los tratados ya nos permiten llegar a más de 500 millones de consumidores, sin embargo, la debilidad de la planta productiva nacional y la existencia de una estructura monopólica en los mercados nacionales, han impedido que nuestro país llegue a niveles mejores de desarrollo”, considera El Barzón.

El TPP no sólo no aportará ninguna solución sino que afectará de manera severa a los productores de arroz, trigo, leche y carne y profundizará la dependencia alimentaria de México, además de llevar a la destrucción y a la quiebra a miles de productores y regiones enteras del país.

Igual que en el TLCAN, el sector agropecuario será uno de los más afectados pues tanto en arroz, carne, leche y trigo nuestro país ha sufrido el desplome de su producción con el aumento de las importaciones lo cual nos ha convertido en un país absolutamente dependiente del exterior..

El TPP y las condiciones sobre las cuales se realizará la apertura total de la desgravación de aranceles nos llevará a la práctica desaparición de los productores pequeños y medianos que se encuentran aún ligados a estos productos y a estas regiones del país.

En realidad el TPP sólo traerá beneficios para las empresas mexicanas que ya tienen presencia multinacional. Así los únicos favorecidos serán el grupo Visur a partir de la empresa Su Karne, las empresas Lala y Alpura, la empresa Bimbo y el grupo Gruma, pues su crecimiento y presencia internacional se ha logrado a partir de la dominancia de los mercados nacionales y de los grandes apoyos que reciben en materia fiscal, de financiamientos y recursos presupuestales del gobierno.

Veamos algunos de los impactos en cada producto:

Arroz

En México sólo quedan 3, 800 productores de arroz y somos dependientes en un 80% de las importaciones para cubrir el consumo nacional. La apertura indiscriminada que se está proyectando en el TPP y los plazos tan cortos para desgravación arancelaria provocará la ruina de estos productores y la afectación grave en los estados de Nayarit, Michoacán, Veracruz y Morelos, entre otros. Frente a la enorme potencia de Vietnam que produce 28 millones de toneladas o Japón con 7.9 millones de toneladas, ¿qué haremos con las 232 mil que producimos en México?

Trigo

Hoy en día México padece una dependencia de aproximadamente 70% del consumo de trigo pues sólo tiene capacidad de producir al año 3.6 millones de toneladas. Estados Unidos produce casi 60 millones de toneladas anuales, altamente subsidiados por el estado. Ha sido esta relación desventajosa lo que ha llevado prácticamente a desaparecer a los productores nacionales de trigo.

Las nuevas ventajas que el TPP daría a Estados Unidos y Canadá afectarían de manera severa a Sonora, Baja California, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua y Jalisco donde los productores cada día sufren la falta de apoyo gubernamental y el crecimiento de los costos de producción.

Carne y leche

La participación de Nueva Zelanda, la desgravación arancelaria y los plazos tan cortos van a destruir a miles de productores, con una dependencia del 49.6% de importaciones de las cuales 90% provienen de Estados Unidos, 5% de Nueva Zelanda y 1.5% de Canadá.

En el caso de la carne, el 87% de las importaciones provienen de Estados Unidos, el 11% de Canadá. EU tiene una producción de 11.05 millones de toneladas. En México hay 1.5 millones de productores de carne, con una producción de 1.8 mdt, siendo los principales estados productores: Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Baja California, San Luis Potosí y Michoacán.

Finalmente, los pequeños y medianos productores reiteran su condena a la secrecía y la clandestinidad con la que se han llevado a cabo estas negociaciones y manifiestan su inconformidad porque sólo algunos líderes del Consejo Nacional Agropecuario y representantes de las grandes empresas agroalimentarias del país fueron tomados en cuenta.

Varias organizaciones campesinas han hecho un llamado a todos los afectados por el TPP a sumar esfuerzos para movilizar a la población y evitar que se imponga el interés de las grandes corporaciones agroalimentarias.

Exigieron que el Senado no actúe como oficialía de partes del ejecutivo, sino que analice en detalle y responsablemente este acuerdo. Y demandaron un debate con todos los sectores involucrados y una consulta pública nacional vinculante.

Alfredo Acedo es un periodista Mexicano y el director de comunicaciones para el Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. Escriba sobre la agricultura, la soberanía alimentaria y la organización de campesinos, la biodiversidad, y los políticos Mexicanos.

El campo mexicano, en ruinas por el TLCAN, aguarda el tiro de gracia con el TPP, alertan

Por Daniela Barragán (SinEmbargo)

Tres millones de mexicanos fueron desplazados de la producción de alimentos a partir de la puesta en marcha del TLCAN; 30 años después, México se adhiere a un nuevo tratado que podría dar el tiro de gracia a miles de pequeños productores.

El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) ha dividido las opiniones. Mientras que para algunos economistas se traduce en nuevas y mejores oportunidades para el campo mexicano, para líderes de organizaciones campesinas, es un tratado que afectará gravemente a miles de pequeños productores, pues así se los ha mostrado la experiencia.

Para los especialistas en el sector, el abandono que hoy viven pequeños productores proviene de la puesta en marcha de la política neoliberal en México y, concretamente, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, que trajo consigo la concentración del mercado en grandes empresas y el olvido de la base productiva nacional.

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la organización El Barzón, también rememora el año de 1994, y ve en TPP la misma tendencia a enfocarse sólo al fortalecimiento de las grandes empresas y no a la recuperación de la planta productiva nacional.

A casi 30 años de que el TLCAN entrara en vigor, comentó Ramírez Cuéllar, se tiene en el país un crecimiento del 2 por ciento anual porque nunca se garantizó una detonación de la actividad económica nacional y que aunque las autoridades enaltezcan las exportaciones mexicanas, como las hortalizas, frutas, tequila, y cerveza, pero el grueso de los pequeños y medianos productores, están prácticamente en el abandono.

“Por más tratados que tengamos, lo que hace falta es producir lo suficiente […] y no se tiene por el desmantelamiento de la política de apoyos, de subsidios y de infraestructura; de fortalecimiento financiero para que los tratados comerciales puedan servir realmente de algo y beneficien realmente a la población, ligándola a actividades productivas amplias y no dejar el acuerdo comercial a sólo dos o tres empresas beneficiarias”, dijo.

A este escenario se suman varios factores que azotan a este sector como la pobreza, la marginación y la migración, que son antónimos de las promesas que se realizaron durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, además de un nuevo acuerdo que pone en alerta a especialistas y productores pues aseguran obedece a una alineación política y económica de México que favorece a Estados Unidos.

LEER COMPLETA:
http://www.sinembargo.mx/13-10-2015/1513458

Amigos de la Tierra: se aprobó el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP)

AVISO A LA PRENSA
Amigos de la Tierra Internacional
5 de octubre de 2015

Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica culminado – Reacción de Amigos de la Tierra Internacional

ATLANTA, EE.UU., 5 de octubre de 2015 – Hoy los ministros de comercio de doce países que negocian el gigante Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) culminaron el acuerdo comercial que establece las normas económicas del 40% de la economía mundial.

Amigos de la Tierra Internacional advirtió que, de ser ratificado, el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) consiste una amenaza para las personas y el planeta.

Sam Cossar-Gilbert, coordinador de justicia económica-resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, dijo:

“Hoy es un día triste para nuestro planeta, ya que el TPP favorece garantías para inversiones corporativas por encima de las garantías para la naturaleza. Los capítulos del TPP sobre obstáculos técnicos al comercio amenazarán el acceso de los reguladores a las herramientas necesarias para regular efectivamente los casi 85.000 productos químicos en el comercio necesarios para proteger la salud humana y el medio ambiente”.

“Pero la lucha no ha terminado; el TPP todavía se enfrenta a una serie de desafíos antes de ser ratificado en el ámbito nacional, con un Congreso de Estados Unidos hostil, elecciones en Canadá, una acción judicial en Japón y la propagación de una amplia oposición en Malasia. Si están preocupados por el cambio climático y los derechos humanos, ahora es el momento de hacerse oír sobre este acuerdo destructivo”.

«El TPP es una bomba de tiempo para la política climática, ya que consolida aún más el mecanismo de arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS, por su sigla en inglés) que permite a las empresas extranjeras demandar a los gobiernos por proteger el medio ambiente. Muchas políticas gubernamentales necesarias para abordar el calentamiento global serán objeto de demandas presentadas ante tribunales de inversión internacionales sesgados, poco trasparentes y antidemocráticos”.

“Las normas de propiedad intelectual del TPP aumentarán las protecciones de patentes y datos para compañías farmacéuticas, lo que resulta en precios más altos por los medicamentos. Esto significa que los medicamentos que salvan vidas estarán fuera del alcance para muchos que lo necesiten. Este es un claro ejemplo de por qué los gobiernos nacionales deben rechazar este mal acuerdo comercial”.

Guerra de Inusitadas Presiones en el TPP

Alejandro Villamar, AlaiNet

El TTP pasa por momentos críticos. Aunque siempre la avalancha de propaganda de falso optimismo gubernamental y trasnacional ha buscado invisibilizar la batalla social de presiones políticas, los diques de contención se han roto.

Siendo el TPP (acuerdo Trans-Pacífico) un proyecto promovido por los intereses del capital trasnacional, es natural la resistencia manifestada por sindicatos y organizaciones sociales, pero no así, la inusitada protesta e incluso amenaza de poderosos grupos empresariales trasnacionalizados del área del TLCAN.

De manera destacada, los sindicatos de Canadá, EEUU y México del sector automotriz y autopartes, han protestado por la amenaza de mayores pérdidas de empleos directos y en empresas conexas por la pretensión de rebajar la cantidad mínima de materiales originados en la región y facilitar el tsunami de importaciones de otros países.

A la par, las asociaciones empresariales de manufactura de autos y autopartes de los mismos tres países, con similares preocupación a los sindicatos, han levantado la voz y han buscado el respaldo de poderosos legisladores de EEUU y Canadá, conscientes del actual favorable clima pre-electoral.[1]

Y ante el fundamentalismo ideológico y la sordera al reclamo social que caracterizan a los negociadores gubernamentales y sus asesores trasnacionales, que insisten en mantener sus posturas en aras de alcanzar el final del acuerdo[2], nuevas y poderosas voces corporativas les han salido al paso.

Ya que a los tecnócratas les gusta tanto hablar de las “cadenas de valor”, el pasado 21 de septiembre los ministros de los tres países recibieron una carta suscrita por el Instituto Estadounidense de Hierro y Acero (AISI), la Asociación Canadiense de Productores Siderúrgicos (CSPA) y la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero)[3]. El mensaje es simple: “Ha habido reportes de que un más bajo contenido de valor regional para automóviles y partes automotrices está bajo consideración en el TPP. Nuestros miembros se oponen fuertemente a ello”.

Un día después, las centrales sindicales del NAFTA entregan otra Carta a los discretísimos ministros de comercio instándoles a que más que preocuparse por terminar las negociaciones del TPP, deben

“rechazar la agenda comercial corporativa y en su lugar poner prioritariamente las vidas y el sustento de las familias trabajadoras de América del Norte”.[4]

La propuesta contenida en la Carta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), del Congreso del Trabajo de Canadá, y de la Unión de Trabajadores de México (UNT), es que el TPP debe:

“Promover una solución al déficit de trabajo decente (término que de acuerdo con la OIT, incluye además de buen salario y condiciones laborales, la libertad de asociación y otros derechos fundamentales de los trabajadores, la seguridad social, la estabilidad laboral y el diálogo social) de una manera sostenible, reconstruir nuestras economías mediante el fortalecimiento del mercado interno, aumentando el poder adquisitivo de los trabajadores, y superar las asimetrías entre nuestros países a través de la distribución equitativa del trabajo productivo”. (Véase texto completo al final como Anexo)

Pese a las tradicionales promesas de negociadores neoliberales de que por ningún motivo se aceptará afectar los intereses de los trabajadores, como lo hizo explícitamente el Sr Ed Fast, ministro de comercio de Canadá, los miembros del mayor sindicato del sector privado de Canadá, los sindicalistas de FIOR (automotriz), decidieron actuar directamente por los flancos, pidiéndoles definición pública a los actuales candidatos conservadores (del actual gobierno en riesgo de cambio) sobre su posición ante el TPP[5].

Con anterioridad, los empresarios mexicanos sobrevivientes al TLCAN, como los del castigado y catatónico sector textil y de la confección, como los del azúcar, y lácteos, habían expresado a los medios de comunicación su preocupación por el curso de las negociaciones[6], pero varios de ellos, participando en el “cuarto de a lado” de las negociaciones, seguían confiando ingenua u oportunistamente en la posibilidad de que los negociadores mexicanos les apoyaran y salieran menos perjudicados.

Otros numerosos pequeños y medianos empresarios, agrupados en Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), han pedido al gobierno federal que “abra más su participación hacia los pequeños y medianos empresarios, porque son los que tienen mayor representatividad, y que el diálogo y los acuerdos no sólo se concentren en las compañías de mayor tamaño”[7].

Mientras otros, como la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), y la Asociación Mexicana de Fabricantes de Genéricos (Amegi), han rechazado el acuerdo de propiedad intelectual y las propuestas trasnacionales de patentes[8], en tanto que la industria digital en voz de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci)[9], reclaman libertad de internet y rechazo a contra reformas a la Ley de Propiedad industrial a gusto del TPP.

Ambos sectores también han optado por construir alianzas de presión hemisférica con sus pares mundiales (La Alianza internacional de medicamentos genéricos) y redes civiles como Internet Society capítulo México, Artículo 19, la Electronic Frontier Foundation, y Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe (LACNIC)[10], entre otras redes latinoamericanas.

Este cúmulo de presiones sociales, quizá ayude a entender porqué el inquilino de Casa Blanca llamó telefónicamente al Presidente de México, éste 23 de septiembre, e inmediatamente, de manera inusual, ambos hicieron público[11] que “Ellos discutieron la situación de las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica y la importancia de llevarlas a una rápida conclusión”.

Sin embargo, nada esta decidido, ni siquiera con los neoliberales trasnacionalizados en el poder en México. La incertidumbre esta sustentada en que, por un lado, la credibilidad del gobierno mexicano está por los suelos, dados los fracasos de las promesas de reformas estructurales, es muy difícil que el propio “gran” empresariado se trague una nueva evidente mentira de libre comercio, o que la mayoría del pueblo la respalde.

Pero, por otro lado, las protestas y presiones inusitadas, también provienen de organizaciones y empresarios que son integrantes de los “poderes fácticos”, que han sostenido y usufructuado hasta ahora la política económica dominante. Son empresario ubicados en sectores claves del modelo exportador. No en balde, el Embajador mexicano ante Canadá, en pleno ambiente electoral controvertido y de manera poco común declaró a la prensa de Canadá que “es una prioridad para México preservar el sector automotriz en las negociaciones del TPP.”[12] Así, estamos ante una situación donde oligarcas mexicanos coinciden con sus contrapartes de Canadá y EEUU en vislumbrar una amenaza a sus planes y fortunas con el curso actual del TPP.

Empresarios miembros de la infame lista Forbes, y poderosos dueños de exitosas empresas, ejes de sectores económicamente poderosos, como las autopartes, o comercializadoras (destacamos a A. Madero Bracho-RASSINI), de empresas acereras (A. Ancira Elizondo-AHMSA, Rufino Vigi Gpo-ICH), azucareras (J. Gallardo Turlow- Cultiba-Gpo Azucarero México) y lácteos (Eduardo Tricio Haro-Gpo Lala); varios de ellos ex presidentes o participes del grupo empresarial negociador del TLCAN y otros tratados. Esos opositores al actual curso de las negociaciones del TPP son destacados miembros del oligárquico Consejo de Hombres de Negocios, y del Directorio del poderosísimo Grupo Carso, encabezado por el multimillonario trasnacional Carlos Slim; todos ellos entrelazados en la red financiera los ha convertido en miembros del gobierno sombra de México.

Así como Obama ha perdido poder político para imponer el TPP, no sólo por desgaste en el ejercicio del poder, sino por la creciente hegemonía de otras fuerzas político-financieras y sociales, Peña Nieto y su operador Ildefonso Guajardo Villareal, guardando las proporciones, tienen que sopesar muy bien si continúan apostando al pasado o reconocen que a quien representan no les interesa perder lo ganado por un proyecto de mega-tlc que no los representa de manera satisfactoria.

Así, el TPP seguirá en la incertidumbre, pero la guerra continua y los pueblos deben aprovechar estas contradicciones, pero sobre todo, aumentar su oposición frontal a este modelo. Para los pueblos no se trata solo de cambiar aspectos o términos de la negociación; sino de abandonar un modelo dejado a las fuerzas del mercado, es decir a la ley del más fuerte. Como RMALC y más redes sociales han afirmado: el problema no es solo los términos de la negociación, sino el modelo mismo del libre comercio.

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2015 A.V.

– o –

ANEXO

No a la Cantidad de Negociaciones, hagan del TPP un acuerdo para los Trabajadores

Fecha: Martes, 22 de septiembre 2015 /(Versión no oficial al español de A.V./RMALC)
http://www.aflcio.org/Press-Room/Press-Releases/No-Amount-of-Negotiations-Make-TPP-a-Good-Deal-for-Working-People

Mientras los negociadores del TPP se enfrascan en San Francisco para encontrar un terreno común, las personas que trabajan en América del Norte les piden que piensen mucho acerca de lo que están luchando por salvar. Hasta ahora, el TPP parece:

Ceder empleos de la cadena de suministro automotriz a otros países, pues las declaraciones públicas de los negociadores dentro y fuera del TPP, indican que no están considerando un requisito de contenido para los automóviles y autopartes que cumpla la regla del TLCAN, y mucho menos lo supera;

No contienen normas aplicables para enfrentar la desalineación de las monedas, una herramientas que otros países del TPP pueden utilizar para abaratar sus exportaciones aunque desplazcan las exportaciones de América del Norte;

Dar a las empresas el acceso a un sistema de justicia privada en el que pueden pedir una indemnización a los contribuyentes por las leyes y normas que podrían afectar sus ganancias esperadas, un derecho legal extraordinario que no sólo tiene por objeto promover la deslocalización de puestos de trabajo, sino ser un derecho contrario explícitamente al trato de reivindicar los derechos laborales y protección del medio ambiente nominalmente garantizados por un acuerdo. Hasta ahora, el TPP parece ser poco más que un conjunto de normas que promueven la subcontratación (outsourcing) y las ganancias de los subcontratistas.

Instamos a los negociadores del TPP a rechazar la agenda comercial corporativa y en su lugar poner prioritariamente las vidas y el sustento de las familias trabajadoras de América del Norte.

El TPP debe:

Promover una solución al déficit de trabajo decente (de acuerdo con la OIT, incluyendo la libertad de asociación y otros derechos fundamentales de los trabajadores, la seguridad social, la estabilidad laboral y el diálogo social) de una manera sostenible, reconstruir nuestras economías mediante el fortalecimiento del mercado interno, aumentando el poder adquisitivo de los trabajadores, y superar las asimetrías entre nuestros países a través de la distribución equitativa del trabajo productivo.

Richard Trumka, Presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO)
Hassan Yussuff, Presidente, el Congreso del Trabajo de Canadá (CLC)
Mario González Aguilera, Co-Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores
Agustín Rodríguez Fuentes, Co-Presidente, Unión Nacional de Trabajadores
Francisco Hernández Juárez, Co-Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores

NOTAS:
[1] Auto talks underway as TPP clock ticks down. Peter Mazereeuw. Last Updated: Tuesday, 09/15/2015 http://www.embassynews.ca/news/2015/09/11/auto-talks-underway-as-tpp-clock-ticks-down/47576 (Open letter from MEMA, the AMPA and the Mexican National Automotive Parts Association to TPP Negotiatiors from Canada, the United States and Mexico. Sept. 8)
[2] Canada must be part of Pacific pact, automakers might suffer: PM. Thu Sep 17, 2015 10:33pm EDT
http://www.reuters.com/article/2015/09/18/trade-tpp-canada-idUSL1N11O02K20150918
[3] Piden replicar reglas de origen del TLCAN en TPP. Acereros de México, Estados Unidos y Canadá demandan que se mantenga el nivel de 62.5% que se aplica entre estos países, frente a la postura de los gobiernos de EU y Japón de llevarlo a 50 por ciento. Roberto Morales. 23/09/2015 | http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/09/23/piden-replicar-reglas-origen-tlcan-tpp: 23/09/2015 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/09/23/tpp-pretende-reducir-porcentaje-de-insumos-para-autos
23/09/2015 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/siderurgicas-piden-no-bajar-el-nivel-de-contenido-regional-de-acero-en-el-tpp.html
Canada heads to TPP talks in Atlanta with key auto content issue unresolved. Steve Chase. Sep. 23, 2015 The Globe and Mail. http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada-confirms-presence-at-tpp-talks-in-atlanta/article26511138/
[4] No Amount of Negotiations Make TPP a Good Deal for Working People. September 24, 2015
http://www.aflcio.org/Press-Room/Press-Releases/No-Amount-of-Negotiations-Make-TPP-a-Good-Deal-for-Working-People
[5] Unifor, autoworkers want Tory candidates to state views on Trans-Pacific Partnership. CBC News Posted: Sep 23, 2015
http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/unifor-autoworkers-want-tory-candidates-to-state-views-on-trans-pacific-partnership-1.3240789
[6] AHMSA amenaza con segundo recorte si SE no detiene acero chino. 24.06.2015
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ahmsa-amenaza-con-segundo-recorte-si-se-no-detiene-acero-chino.html
Piden en TPP igualdad para México. Verónica Gascón / (16 julio 2015) http://www.reforma.com/negocioscom/Documentos/Documento.aspx?id=1693976
Busca industria textil protegerse en el TPP. Ulises Díaz / (29 julio 2015) http://www.reforma.com/negocioscom/Documentos/Documento.aspx?id=1697923
Utilizará México las cuotas para TPP. Ulises Díaz / (05 agosto 2015) http://www.reforma.com/negocioscom/Documentos/Documento.aspx?id=1699529
Complican Vietnam y EU a textileros mexicanos en TPP. Ulises Díaz / (17 agosto 2015) http://www.reforma.com/negocioscom/Documentos/Documento.aspx?id=1702582
Productores de azúcar de México buscan limitar acceso de Australia a EU en TPP. Reuters. 08.09.2015
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/productores-de-azucar-buscan-limitar-acceso-de-australia-a-eu-en-tpp.html
Temen impacto en azúcar por TPP. Frida Andrade / (14 agosto 2015) http://www.reforma.com/negocioscom/Documentos/Documento.aspx?id=1701816
Piden 10 años de arancel para arroz. Frida Andrade / (14 agosto 2015) http://www.reforma.com/negocioscom/Documentos/Documento.aspx?id=17018168
[7] México apuesta a una mayor integración con América del Norte. Notimex /12.08.2015.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-apuesta-a-una-mayor-integracion-con-america-del-norte.html
[8] Genéricos diluirán éxito en México con nuevo Acuerdo Pro Patentes. Octavio N. Cervantes. 16/05/ 2014
http://elsemanario.com/52832/genericos-diluiran-exito-en-mexico-con-nuevo-acuerdo/
TPP retrasará entrada de 5 mil medicamentos genéricos en México. Ilse Santa Rita. 19.06.2014
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tpp-retrasara-entrada-de-mil-medicamentos-genericos-en-mexico.html
Reclaman a Guajardo derechos de autor. Dayna Meré / (08 julio 2015) http://www.reforma.com/negocioscom/Documentos/Documento.aspx?id=1691906
Busca TPP extender patentes a 28 años. Norma Zúñiga / (01 septiembre 2015)
http://www.reforma.com/negocioscom/Documentos/Documento.aspx?id=1706497
TPP: ¿por qué quieren ampliar las patentes? Gustavo Leal F.*
http://www.jornada.unam.mx/2013/01/19/opinion/016a1pol
[9] TPP y leyes de propiedad intelectual preocupan a industria de Internet. Julio Sánchez Onofre. 07/04/ 2015.
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2015/04/07/tpp-leyes-propiedad-intelectual-preocupan-industria-internet
[10] Prometen «socializar» TPP ante acusaciones de secrecía .. Julio Sánchez Onofre. 03/08/2015
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2015/08/03/prometen-socializar-tpp-ante-acusaciones-secrecia
[11] Dialogan los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama. (23-09-2015)
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/dialogan-los-presidentes-enrique-pena-nieto-y-barack-obama/
Obama y Peña Nieto discuten aspectos del Acuerdo TPP. Reuters. Forbes Staff 23/09/2015
http://www.forbes.com.mx/obama-y-pena-nieto-discuten-aspectos-del-acuerdo-tpp/
[12] Auto talks underway as TPP clock ticks down. Negotiators must meet before October, says Mexican ambassador. 15/09/2015. http://www.embassynews.ca/news/2015/09/11/auto-talks-underway-as-tpp-clock-ticks-down/47576

Auténticos amigos de las trasnacionales

Silvia Ribeiro, ALAI

El Acuerdo de Comercio en Servicios que negocian en secreto gobiernos de 50 países, incluido México, (TISA por sus siglas en inglés) supera todo lo que se ha visto hasta el momento en materia de tratados internacionales en pos de dar beneficios irrestrictos a las empresas trasnacionales, contra los intereses y el bien público.  El término “servicios” en este contexto abarca desde agua y alimentación, a salud, educación, investigación, comunicaciones, correos, transportes, telecomunicaciones, comercio electrónico, venta minorista y mayorista, servicios financieros, y mucho más, incluso los mal llamados “servicios ambientales” relacionados a bosques, sistemas hidrológicos y otras funciones de los ecosistemas. ¡Hasta los migrantes se incluyen en el tratado como supuestos “proveedores de servicios”!  El sector servicios es además el mayor empleador de los países de ingresos altos y medios, son enormes los impactos contra derechos laborales y sindicales.

Las negociaciones y textos que se discuten son secretas, pero Wikileaks, a través de medios como La Jornada, los ha filtrado desde 2014, la versión más reciente en julio 2015. (http://wikileaks.jornada.com.mx/) De lo contrario no conoceríamos lo que discuten desde 2012, pese a que si lo consiguen, tendrá consecuencias de amplio alcance en la vida de todos en los países participantes y mucho más allá, ya que el bloque negociador avizora imponer este mismo marco al resto de los países.

El TISA integra un paquete de varios tratados comerciales en negociación en los que un grupo de países, Estados Unidos a la cabeza, busca afianzar el mercado de sus empresas y su esfera de poder comercial, financiero y político. Los más significativos son la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TTIP y TPP por sus siglas en inglés). El primero es entre EU y Europa (llamado informalmente OTAN económica) y el segundo entre Estados Unidos y varios países del Pacífico.

El más amplio temática y numéricamente es el TISA, en el que actualmente participan 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Japón, entre otros asiáticos y varios latinoamericanos: Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Juntos representan el 68% del comercio en servicios a nivel global.

Es notoria la exclusión de países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), aunque China pidió, infructuosamente, incorporarse al TISA.  Es clara la intención de afirmar la competencia económica con ese bloque y otros del Pacífico liderados por China.

Estados Unidos y los iniciadores del TISA –que responden a la demanda de poderosísimos grupos trasnacionales financieros y cadenas de supermercados, entre otros– se llamaron a sí mismos “auténticos buenos amigos de los servicios”, en referencia irónica al grupo de negociación sobre liberalización de servicios dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al que consideran estancado, pese a que implica también severos impactos negativos para la mayoría de la gente.  La OMC no es más transparente o democrática, allí también los acuerdos se negocian en secreto, entre grupos de países auto-elegidos, que finalmente van a un plenario de miembros que poco pueden hacer para cambiar lo ya pactado previamente entre algunos.

La diferencia con el TISA, además de contenidos, es que ni siquiera formalmente se proponen pasar por otra instancia fuera del club de los elegidos, antes de finalizar el acuerdo. El texto será confidencial por 5 años después de acordado y los Congresos de los países –donde esto se requiera– sólo podrán aceptar o rechazar el paquete entero, como caja negra. Paradójicamente, el TISA exigirá total transparencia de parte de los Estados sobre sus compras públicas, servicios y normativas, y antes de concretarlas, estará obligado a consultarlas primero con las empresas.

Obviamente, el TISA facilitará mayor privatización de servicios públicos, lo cual es de por sí devastador, porque sectores como salud, educación, agua, saneamiento, electricidad y muchos otros, no son “mercados”, sino necesidades básicas de la sociedad que deben ser cubiertas socialmente más allá de la situación geográfica o económica de los que las necesitan. Esto ya ha sufrido una brutal erosión en muchos países y el TISA se propone ahondarla.

Pero además, está diseñando una completa desregulación de los servicios privados. Por ejemplo, Walmart, la mayor empresa del planeta y el mayor empleador privado de Norteamérica (con efecto devastador sobre salarios y derechos laborales) participa activamente en las negociaciones del TISA a través de la Coalición de Industrias de Servicios, y espera que este acuerdo lo “libere de las normativas gubernamentales en zonificación y tamaño de las tiendas” así como de regulaciones sobre venta de alcohol, cigarrillos, etc. (E. Gould, ISP, 2014).

Otros elementos nuevos y claves del TISA son el llamado mantenimiento del status quo y “cláusula de trinquete”. Según esto, los países del TISA no podrán hacer en el futuro ninguna ley o normativa, o cambiar cualquier política, que afecte lo acordado.

Por si fuera poco, todo lo que se defina como servicio, quedará automáticamente incluido –incluso lo que ahora no exista, por ejemplo nuevas coberturas de salud, etc.– porque sólo habrá listas de exclusión que presenten los países durante la negociación y sean aprobadas.

Son tantas las perversiones de este tratado, que urge conocerlo y actuar contra él, desde donde estemos, como ya hacen organizaciones sindicales, ambientales, sociales. Una buena noticia fue el paro general que realizó la central de trabajadores PIT-CNT de Uruguay este 6 de agosto, que incluyó en sus demandas el “rechazo total y absoluto al TISA”.

– Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

México al descubierto… Una radiografía desde otro ángulo

Entrevista a Gustavo Castro Soto. Otros Mundos Chiapas. México

Escuchar Audio en Radio Temblor

Una radiografía de México, en donde el gobierno a impuestos cambios radicales contra los intereses sociales. Una reforma energética, cambios de leyes para favorecer a las transnacionales en el marco de los tratados de libre comercio. Todo un andamiaje de mega proyectos como fracking, carreteras, represas, negocio del agua, minería y otros, son agenda del movimiento social, pero que batallan también contra la criminalización de la protesta. También la corrupción, narcotráfico y guerra mediática, son los matices como el gobierno de Enrique Peña Nieto se visualiza. Una justicia tardía, y que en muchos caso no llega, los derechos humanos colgado como un retrato ante los desaparecidos de Ayotzinapa, persecución y asesinatos a periodistas, una emigración voraz, y desigualdades sociales por doquier. Pero con la construcción desde abajo, de una esperanza entre los sectores sociales, entre medios alternativos de información, entre redes de lucha y resistencia. Alternativas colectivas y locales contra un capitalismo salvaje.

Activistas realizan campaña en la ONU a favor de tratado vinculante de derechos humanos

COMUNICADO DE PRENSA

Amigos de la Tierra Internacional – 2 de julio de 2015

Ginebra (Suiza) 2 de julio de 2015 – Defensores de los derechos humanos y ambientales que participarán en una importante reunión de la ONU encargada de redactar un tratado vinculante que reglamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas están instando a todos los países a que trabajen para lograr protecciones efectivas de los derechos humanos.

La primera sesión del ‘Grupo de Trabajo Intergubernamental’ sobre empresas transnacionales se celebrará en Ginebra del 6 al 10 de julio de 2015.[1]

Amigos de la Tierra Internacional y otros activistas de la Campaña para Desmantelar el Poder de las Empresas y la Alianza del Tratado, una creciente alianza mundial de grupos de la sociedad civil, están realizando campaña para lograr un tratado internacional legalmente vinculante para prevenir e indemnizar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas. [2]

Hace diecinueve años Ken Saro-Wiwa y otros líderes del pueblo Ogoni fueron ejecutados en Nigeria por movilizarse y oponerse al impacto de las empresas petroleras que operan en Ogonilandia, entre ellas Shell. Hasta ahora no se ha hecho justicia. Un nuevo tratado vinculante de derechos humanos haría mucho para prevenir una injusticia como esa en el futuro”, afirmó Godwin Ojo, director ejecutivo de Amigos de la Tierra Nigeria / Environmental Rights Action.

Las directrices voluntarias existentes sobre las empresas y los derechos humanos no brindan acceso a la justicia ni indemnización a las víctimas de violaciones cometidas por empresas, según Amigos de la Tierra Internacional, que defiende un sistema jurídicamente vinculante que coloque a los derechos humanos por encima de los privilegios de las empresas y de la impunidad que otorgan los regímenes de ‘libre comercio’ y los derechos a los inversores.

Esta reunión podría ser fundamental para lograr normas jurídicamente vinculantes para las empresas trasnacionales y para poner fin a la actual impunidad si los Estados miembros de la ONU demuestran una clara voluntad política. Los delitos de las empresas no deberían quedar impunes. Se necesita urgentemente un tratado vinculante para brindar indemnización a las víctimas y restablecer su sustento y sus ecosistemas dañados por las empresas trasnacionales. También debemos responsabilizar jurídica y penalmente a las empresas y sus directores por las violaciones de los derechos humanos”, afirmó Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.

Miles de personas se están movilizando en todo el mundo a favor de este tratado. Del 6 al 9 de julio representantes de movimientos sociales y pueblos afectados ocuparán la Plaza de las Naciones en Ginebra para ser testigos de qué países defenderán los derechos humanos y cuáles protegerán a toda costa a las empresas trasnacionales que los violan”, añadió.

La Unión Europea (UE) se ha opuesto a elaborar un tratado vinculante desde que se presentó una resolución para hacerlo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha señalado públicamente que no participará en el debate. A pesar de que el Parlamento Europeo emitió una declaración de apoyo al proceso del grupo de trabajo intergubernamental para establecer normas vinculantes para las empresas, la UE ha impuesto condiciones que deben cumplirse antes de participar. Esto contrasta con el modo agresivo en que la UE defiende los derechos de las empresas a través de tratados de libre comercio, por ejemplo en las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la UE y Estados Unidos. A pesar de ello, muchos países participarán en la reunión histórica que se celebrará del 6 al 10 de julio, entre ellos Suiza y la mayoría de los países de América Latina.

Campañistas de Amigos de la Tierra Internacional que están observando la reunión en Ginebra están a disposición para realizar comentarios sobre los acontecimientos de la reunión de las Naciones Unidas. Una delegación de representantes de Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, El Salvador, España, Francia, Holanda, Indonesia, Nigeria, Suiza y Uruguay participarán en la semana de movilizaciones en Ginebra, organizada por la Campaña Mundial para Desmantelar el Poder de las Empresas. [3]

El miércoles 8 de julio de 13 a 15 horas, Amigos de la Tierra Internacional organizará un evento paralelo denominado “Delitos ambientales y violaciones sistémicas de los derechos humanos cometidos por las empresas trasnacionales” en la Sala IX del Palais des Nations en Ginebra.

NOTAS

[1] http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx

 

Durante el 26° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrado en junio de 2014 se creó un grupo de trabajo intergubernamental sobre el establecimiento de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas trasnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. El grupo tiene el mandato de elaborar “un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos” (res 26/9).

 

[2] Para más información: http://www.treatymovement.com/statement

[3] Para más información: http://www.stopcorporateimpunity.org/?p=6699