Categoría: Capitalismo

Quien gobierna ahora son las corporaciones transnacionales: Gustavo Castro

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Por Aldo Santiago y Heriberto Paredes, Agencia Subversiones
Mapa de GeoComunes

Decidimos darnos la oportunidad para conversar con Gustavo Castro, uno de los principales actores en la lucha contra el modelo extractivista, en México y en Centroamérica, a través de diversas organizaciones y redes como Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). El camino fácil sería ahondar en torno a su papel como testigo protegido en el caso del asesinato de Berta Cáceres, el pasado 2 de marzo de 2016, sin embargo, nuestra apuesta es por comprender los argumentos de la lucha contra este modelo de muerte, que ha dejado una destrucción en la región mesoamericana sin comparación.

En esta entrevista, Castro nos habla de lo que sucede en términos de megaproyectos, tanto energéticos como de infraestructura para que los primeros sean viables. También aborda el contubernio de gobiernos y empresas de todo tipo en el negocio del extractivismo. Habla específicamente de lo complejo que ha sido para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hacerle frente a la imposición de un modelo que pone en venta al país sin importar el costo humano y de destrucción de la naturaleza que esto implica.

He aquí, pues, la conversación que sostuvimos con él, misma que compartimos íntegra. Que sean sus palabras y las distintas investigaciones las que dibujen el contexto en el cual se encuentra la región mesoamericana:

Queremos hablar, más una cuestión del contexto regional. De lo que queremos hablar es de la producción energética, en específico, del trabajo que haces en Otros Mundos y otras redes de Mesoamérica. ¿Qué arrojan estos resultados de monitoreo que pueden haber hecho mapeamiento acerca de este programa llamado SIEPAC, quiénes estarían detrás de él y cuáles son las maneras en que se está implementando?

Bueno, creo que este elemento explica también el contexto del asesinato de Berta Cáceres, porque en el marco de los tratados de libre comercio, que prácticamente todos los gobiernos de América Latina han hecho con Estados Unidos y Canadá, Europa o incluso otros países de Asia, los gobiernos están –de alguna manera– obligados a modificar todas sus legislaciones para garantizar la inversión extranjera. En este marco de los tratados de libre comercio, los gobiernos tienen que modificar leyes para adaptarlas, tienen que modificar, por ejemplo, ley minera, ley de aguas, ley de inversión extranjera, ley de hacienda, etc. Esta es una parte de las modificaciones que tienen que realizar como destrabar también aranceles: que las empresas puedan entrar a los países sin pagar impuestos, pero el otro elemento fundamental es: la inversión no va a llegar, según los gobiernos, –bueno, según también las empresas transnacionales– si no tenemos la infraestructura que necesitamos para llegar y se encuentran entonces con una región mesoamericana con una infraestructura muy pobre.

Lo primero que empieza entonces, el Plan Puebla Panamá (PPP), entonces así llamado, era generar la infraestructura necesaria para que llegaran las inversiones a la región, empezando por carreteras, empezando por energía. Eran como los dos pilares en donde el PPP gastó la mayoría de los recursos, las empresas no van a llegar si no tienen comunicación, la empresa no va a llegar si no tienen carreteras, si no tiene puertos, si no tiene aeropuertos, si no tiene vías de acceso y el segundo elemento es la energía, las empresas dicen ¿cómo vamos a poder implementar un proyecto minero que gasta muchísima energía y agua sin los cables, sin incluso la capacidad de instalar los megawatts, la región mesoamericana no es la adecuada para que lleguen así plantas, por ejemplo, de automotrices, incluso también, grandes extensiones de monocultivo, como la palma aceitera, como también grandes complejos turísticos de élite, incluso como explotación petrolera, de gas, gasoductos, polioductos, etc. Se requiere cantidades enormes de energía.

Entonces viene un primer proyecto muy grande de parte del PPP de reconstruir represas para poder ofrecer energía suficiente a las inversiones. Pero no solamente represas, también todo lo que se llamó el sistema de integración energética para Centroamérica implicaba homogeneizar el cableado y también que cada uno de los países pudiera desregularizar sus leyes energéticas para hacer una sola regulación. En aquel entonces, fue España quien financió muy fuerte este proceso, pero se requería generar todo un sistema de energía y también un gran negocio. ¿Quién iba a ser el órgano regulador del sistema energético? ¿quiénes iban a ser los que lo iban a operar y vender esta energía a las grandes empresas que iban a llegar a invertir? Lo otro es, tenemos que generar nuevas fuentes de energía, que no sólo son represas, sino que también empezaron con eólicos, ese gran negocio para atraer las inversiones es el tratado de libre comercio que muy poco nos damos cuenta de que esta gran cantidad de megaproyectos que llegaron a la región se debe a esta apertura comercial que empiezan a abrir los gobiernos, absolutamente todos.

En este contexto se junta otro elemento que me parece fundamental y es que, en el marco del protocolo de Kyoto, los gobiernos que tienen que reducir altos índices de contaminación de gas y de efecto invernadero, en Europa y Estados Unidos, se les ofrece o inventan los mecanismos de desarrollos limpio, lo que significa que los gobiernos y las empresas dicen, bueno, en lugar de reducir los gases de efecto invernadero en Europa, lo que voy a hacer es invertir en un mecanismo que va a ofrecer un desarrollo limpio al planeta y entre ellos están las represas. Porque se justifica o se pretende justificar que las represas son un desarrollo limpio y es una energía limpia, tratando de oscurecer y sepultar el resultado de la Comisión Mundial de Represas, que en el 2000 –financiado por el Banco Mundial (BM) y redes internacionales– concluyeron que las represas eran la energía más sucia, que habían desplazado entre 60 y 80 millones de personas en todo el mundo, que se han construido más de 55 mil grandes represas, que el 60% de las grandes cuencas en todo el mundo han sido represadas, que los efectos sociales-ambientales han sido de una magnitud impresionante y que, además, eso ha implicado endeudamiento a los gobiernos.

No se esperaban el resultado de este estudio. Tratan de sepultar a la Comisión Mundial de Represas que ellos mismos financiaron y crearon y entonces empiezan a generar un nuevo discurso diciendo que la energía de represas es una energía limpia, energía sustentable y también para compensación de bonos de carbono con los países del norte. Entonces esto fortalece todavía más las represas, no solamente en Honduras, que es como el caso de Agua Zarca, que el COPINH tienen una lucha muy fuerte, sino en toda América Latina, hay cantidad de represas y cantidad de luchas y de resistencia tratando de detener y contener el discurso de que las represas es energía limpia y sustentable, pero que sirve para muchos intereses en las empresas constructoras de represas, intereses en el mercado de carbono y eso, obviamente, va impactando cada vez más en territorios indígenas, campesinos, cuencas, comunidades, criminalización –como en el caso de Berta.

Y en este marco, hablando de la región, ¿qué papeles tienen los distintos actores? Para poder hacer un listado de quiénes son los interesados en estos proyectos, empezando por las empresas privadas transnacionales, instituciones financieras, pero también el Estado hondureño. ¿Qué papel tiene cada uno para insistir tanto en la construcción del proyecto?

Esa es una buena pregunta, porque es una cadena de intereses, obviamente uno de los principales interesados son los bancos que prestan y que prestan porque tienen ganancias jugosas por intereses en muchos megaproyectos en el mundo. Y ahí nos encontramos al Banco Mundial. El BM también es un gran negocio, también los gobiernos en AL están sumamente endeudados por el BM por supuestos proyectos de desarrollo; otro segundo banco que está interesado, bueno, también sabiendo que detrás del BM están las grandes potencias que son las principales financiadoras del BM. Otros de los bancos, son los bancos privados, sobre todo, bancos europeos o japoneses o cualquier tipo de banco que entrega financiamiento a los gobiernos y las empresas que van a invertir en un proyecto hidroeléctrico. Otro tercer interesado, son las empresas constructoras, que obviamente reciben todos estos beneficios de créditos blandos, de subsidios o incluso también de muchas ganancias, independientemente de si la presa va a funcionar o no va a funcionar, y todavía más cuando la empresa se queda no solamente como constructora de la represa sino generadora y vendedora de la electricidad.

Entonces, vender la energía a los puertos, aeropuertos, canales secos, empresas, mineras, etc., pues es un gran negocio. O venderla a la red centroamericana de energía, ahí hay otro interés.

Otro nivel es la misma oligarquía local, los mismos empresarios locales que adquieren de alguna manera concesiones y que están involucrados en este tipo de acciones y de intereses. Y ahí vienen muchísimos intereses, como por ejemplo, algunas empresas que logran la concesión para la venta de un equipo, que son especialistas en las turbinas, en mantenimiento, etc., hay montón de intereses metidos de todo tipo que hay una especie de contubernio. Los bancos, obviamente, adquieren muchísima ganancia por interés, ya sean bancos privados o la banca multilateral e igual el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que no tiene ninguna norma operativa como lo tiene el BM o el BID –que al mismo tiempo tampoco funcionan del todo– que diga, vamos a dar un financiamiento siempre y cuando tal empresa cumpla con el impacto ambiental, consulta a pueblos indígenas, que se verifique la violación a los derechos humanos, una serie de normas para poder prestar, el BCIE no las tiene, entonces con el PPP, cuando empezó la reacción en el año 2000 y hubo un confrontamiento muy fuerte con el BM por los proyectos que estaba financiando y que eso iba a implicar impacto socioambiental, lo que hizo también es, derivó también al BID que sería el banco de desarrollo multilateral continental, como hay banco intercontinental africano, asiático; el BM se coordina con el continental que es el BID, por ahí empezaron a funcionar y a pasar muchos de los financiamientos. Cuando se puso la tensión ahí, entonces esos financiamientos pasaron al BCIE que es banco menos conocido, que tiene menos normas operativas y por ahí empezaron a salir y canalizarse muchos de los financiamientos sumamente controvertidos, a proyectos incluso con afectaciones terribles a indígenas y campesinos y en este caso de la muerte, del asesinato de Berta Cáceres, precisamente es el BCIE el que está metido.

Entonces al mismo tiempo se involucran gobiernos, porque los bancos multilaterales son los gobiernos responsables de dar el dinero y también de otorgar el financiamiento, ¿bajo qué criterios están los gobiernos entregando financiamiento a las empresas transnacionales para supuestos proyectos de desarrollo cuando el resultado son masacres, asesinatos, desplazamiento de población indígena y campesina? En esta cadena de financiamiento hay, tanto gobiernos del norte que financian los grandes bancos multilaterales, bancos privados, gobiernos de América Latina, de Centroamérica en el caso del BCIE. Obviamente los gobiernos centroamericanos son socios, México es socio, Japón es socio, España es socio, muchos de los países son socios. Bueno, los países que dan dinero a un banco de desarrollo local o regional tienen prioridad sobre las inversiones o préstamos que se van a hacer a las empresas que se van a hacer, los gobiernos están guardando los intereses de sus propias transnacionales, de tal manera que cualquier gobierno europeo que entregue al BM, BID o BCIE, obviamente sus empresas tienen prioridad para poder adquirir empresas que se están privatizando, fusionar concesiones, licitaciones para construir represas, oleoductos, gasoductos, etc., y uno de los conflictos que va a haber próximamente es el gasoducto que piensan construir y que va a pasar por toda Oaxaca, Chiapas, hasta Guatemala, El Salvador, Honduras, obviamente a llevarse pueblos enteros, comunidades y demás, bajo el supuesto desarrollo con lo que va a implicar de afectaciones al medio ambiente.

Quería definir algunos datos sobre la cuestión de los bancos, del flujo de dinero tenemos esta cuestión de todos los países que podemos mencionar, pero por ejemplo, intentando conectar datos, cuando se habla en Estados Unidos de que en los últimos años el tráfico de la cocaína que va para allá pasa por Honduras más que por otros lugares. Y también con cosas que han sucedido últimamente, con esta cuestión de los Papeles de Panamá, que muestra como todo es un gran lavado de dinero. ¿Cuál es la relación para que haya tanto dinero para enviar a estas regiones y qué tanta influencia tiene este sector en el aumento de la violencia en toda la región?

Hay varias líneas que lo explican, una de ellas es la justificación del terrorismo, del crimen organizado en la región, que ciertamente, si fuera por tierra el tráfico, forzosamente tiene que pasar por Honduras porque es parte de toda la región centroamericana, y esa puede ser una justificación, sin embargo, me parece que no podemos dejar de lado la necesidad de los gobiernos de garantizar las inversiones de las empresas en la región, para lo cual, la criminalización es necesaria. Los recursos, como Plan México (también conocido como Iniciativa Mérida), destinados a contener la movilización social, son enormes.

Los gobiernos han modificado todas sus leyes para criminalizar cualquier protesta social, de tal forma que lo que antes era un derecho humano –la libre expresión–, ahora es difamación, o la libre expresión de ideas, la movilización social, pacífica, constitucional, ahora es crimen organizado, ahora es bloqueo a las vías de comunicación, ahora es incluso terrorismo, incluso es secuestro, porque no pudieron pasar los funcionarios o por cualquier cosa ya es secuestro y eso implica tantos años de cárcel. Los gobiernos tienen que garantizarle a las empresas eso, entonces la justificación militar y policiaca bajo el terrorismo, bajo el crimen organizado –si bien hay razón en ello– también tienen doble filo, también el otro objetivo es criminalizar, detener una protesta social.

También reflexionamos sobre el origen de esto y en el marco de los tratados de libre comercio, las empresas llegan con un seguro de inversión, no cualquiera llega así, de tal forma que se ha logrado hacer una especie de tribunales supranacionales, donde las empresas pueden demandar a los gobiernos cuando incumplen el tratado de libre comercio y hay varias formas de incumplir, ya sea que un gobierno bloquea, pone un arancel, o incluso pone un subsidio al sector nacional –a eso le llaman competencia desleal–, o hay una ley que le prohíbe o que no le facilita a la empresa invertir, entonces hay bloqueos arancelarios y no arancelarios, pero hay otro más importante para ellos, porque los gobiernos han logrado modificar la estructura nacional a nivel legislativo, judicial, etc., sino que, la gente, los pueblos que se organizan para protestar y en donde el concepto de expropiación, las empresas y los tratados de libre comercio han logrado ampliar este concepto de expropiación, de tal manera que si yo llego a tú país y me quitas una inversión, una concesión, pues tú me pagas, me quitas mi pozo petrolero que ya me habías dado, o una concesión de gas o de represa o de mina, aunque argumente el gobierno afectaciones al medio ambiente, al agua, a derechos humanos, a cualquier cosa, la empresa dice: tú me estás bloqueando la inversión, tu me quitas tantos años de ganancia que tu me los vas a pagar y esas demandas están al día en los tratados de libre comercio, donde los gobiernos tienen que defenderse incluso ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es el mecanismo de disputa entre las inversiones entre empresas y gobiernos.

Entonces las empresas acuden al CIADI del BM cuando consideran que sus inversiones están siendo afectadas. La mayoría de las últimas demandas de las empresas transnacionales en el CIADI, casi el 40% tienen que ver con la industria extractiva, petróleo, gas; cuando un país dice, detengo tu pozo petrolero o expulso a tu empresa petrolera, por lo cual muchos países han querido salirse, como lo es Argentina, Bolivia, Venezuela, salirse del CIADI como el espacio de disputa por las inversiones transnacionales en los países del sur, como más de 200 mil millones de dólares en puras demandas de las empresas transnacionales contra 60 países de África y América Latina.

Eso dimensiona que, si los gobiernos quieren respetar los derechos humanos o hacer eco de las demandas de los derechos humanos y eso implica eliminar una concesión, conlleva una demanda de millones de dólares por parte de una empresa, como lo ha sufrido Ecuador, como lo ha sufrido Costa Rica cuando dijo no a la mina de oro, cuando dijo, también El Salvador, no a la mina de oro. Las empresas van a una demanda, y si el pueblo, las organizaciones se movilizan, el concepto de expropiación se amplia y le llaman una expropiación indirecta, el gobierno dice, es la gente la que está bloqueando la carretera y la empresa transnacional dice, pues es tu gente, tu me la pones en orden, tu, de alguna manera, como no tienes una legislación o mecanismos políticos para contener esa protesta que me está afectando mis inversiones, va la expropiación indirecta y yo te estoy demandando; entonces a los gobiernos les sale más barato criminalizar y meter a la cárcel a los luchadores, que pagar millones y millones de dólares a esa empresa.

Y estamos hablando, tan sólo del caso del caso de El Salvador, de Costa Rica o de Ecuador, de millones de dólares por un caso, supongamos Honduras, que tiene decenas y decenas de concesiones mineras y el gobierno dice, las mineras se van porque el pueblo no quiere, o las represas se van; o México, que en los últimos sexenios se han entregado 45 mil concesiones con 95 millones de hectáreas del país, que implica la mitad del territorio nacional. Con que el gobierno diga, de las mil mineras que están en operación ahora, que diga 500 se van porque están afectando al medio ambiente, indígenas y campesinos, bueno 500 son muchas, ponle 5 entre las empresas canadienses más grandes: el gobierno no tendría dinero para pagar tanta demanda y los intereses de estas demandas, tendría que vender el país 20 veces para poder pagar eso

Estamos hablando de muchísimas más concesiones mineras, concesiones de represas que hay en todo el país, de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de gas, de petróleo, de fracking, de concesiones para turismo, de licitaciones gubernamentales de todo tipo, es toda la venta del país. El gobierno no tendría la capacidad de ninguna manera de contener, en términos financieros, demandas, si el gobierno dice, vamos a respetar derechos humanos, vamos a respetar medio ambiente. Entonces lo que están haciendo los gobiernos es criminalizar, es más barato, meto al bote a uno, a otro a la cárcel, reprimo, que millones en demandas tan sólo por una empresa minera, cuando la dimensión de lo que se ha vendido, y eso se repite en Guatemala, concesiones de petróleo, carreteras, de minería, de hidroeléctricas, igual Honduras y así nos podemos ir por toda América Latina, razón por la cual se ve cómo todos los gobiernos están modificando, lo que siempre se ha llamado las políticas de ajuste estructural, están modificando las estructuras de sus países para garantizar a las empresas extranjeras todas las inversiones, la extracción de todos los recursos de AL, donde el principal elemento de disputa es el territorio.

O sea, las corporaciones necesitan para cualquier cosa, territorio, para instalarse, minas, presas, oleoductos, gasoductos, fracking, gas, plantaciones de monocultivo, grandes ingenios, plantas de autopartes, grandes inversiones de turismo de élite que en las playas destroza manglares, es decir, necesitan territorio, grandes cantidades de territorio, y ahí están los pobres, ahí están los indígenas, los campesinos. Además, para poder hacer posible está inversión, requieren más territorio porque necesitan extraer el agua, la energía, etc. La disputa en AL es el territorio y yo creo que es lucha que se está viviendo actualmente y que es la que va a ir empujando en la medida en la que los tratados de libre comercio van avanzando, y ahora peor, en la medida en que el tratado transpacífico se va implementando y que es el tratado más ambicioso que hay hasta ahora.

Para aterrizar en Honduras: esta situación de la modificación de la normatividad de los países es muy representativa en Honduras después del golpe de Estado, inclusive ya llegaron a afectar zonas con proyectos modelo y en otros caso como zonas económicas especiales, ¿cuál es ese nuevo perfil de Estado-corporación?

Eso es impresionante, lo que está pasando, después del golpe, lo que pasa en Honduras es la apertura total a la entrega de concesiones mineras y muchos otros megaproyectos, y la aprobación, incluso de los que están ahora en el gobierno, de las llamadas ciudades modelo y que acá en México se llaman zonas económicas especiales (ZEE), que es un país dentro de otro país. Garantizar a las transnacionales todo lo que requieran para la extracción, por ejemplo, de México, se va a requerir visa especial para entrar a una ZEE, van a tener su propia estructura, sus propias leyes, su propia autonomía, incluso no van a pagar impuestos, van a tener acceso a puertos, van a tener conexión también entre las tres ZEE que se plantean en México. Puede haber zonas enormes de autopartes, van a tener viviendas, hospitales, va a ser como un país dentro de otro país. Y van a tener todo el financiamiento de la banca multilateral y de los bancos para poderle ofrecer a las empresas, darle mayor valor agregado a su producción y sacarla al mercado asiático.

No es novedad, hay muchas experiencias de zonas económicas especiales, incluso el BM dice que no son la panacea, que ni siquiera han funcionado, sin embargo van intentando, insistiendo, en que ese modelo, precisamente, de corporación-nación, en donde existe un reflejo más claro de que en este nuevo modelo económico, nos encontramos donde las corporaciones han adquirido todo el poder de toda la estructura del Estado multilateral y nacional, de ahí las campañas a nivel mundial de desmantelar el poder de las corporaciones en Europa, Estados Unidos, en Asia, en América Latina, porque lo que se está viendo es que las corporaciones han asaltado el poder, han asaltado la estructura del Estado, han asaltado la ONU y que de repente la clase política y empresarial se fusionan. Gobiernos que son empresarios, gobiernos que son empresas, empresarios que son políticos, políticos que son empresarios, ya no hay diferencias y obviamente legislan y también gobiernan en función de sus intereses, de sus propias empresas, de sus propios proyectos de inversión.

Y el caso de las Ciudades Modelo es eso, es como un país dentro de otro país, rompiendo y resquebrajando la soberanía nacional.

En este contexto tan apabullante, tan complicado, ¿qué le queda al movimiento social y a las organizaciones como el COPINH, por ejemplo? ¿cuáles son los márgenes de acción que tu podrías señalar? Porque una cosa es verlos desde el interior de la organización –que puede tener un horizonte específico– pero todo este análisis macro sobre las políticas del extractivismo, ¿qué le puede quedar a organizaciones como esta o como otras?

Hay varias posiciones, hay quienes piensan y consideran que los movimientos sociales tienen que asaltar el poder y tomar la dirección política de sus gobiernos, para otros eso ya no es necesario, ya no es posible ni tampoco es viable, pero hoy los movimientos sociales se encuentran en esta disyuntiva: si parte de la identidad de los movimientos sociales es convertirse en un partido político y convertirse en clase política y disputarle a los políticos y a la clase político-empresarial, empresarial-político –que es lo mismo–, la estructura del Estado y desde ahí hacer algo o se puede modificar, para otros esa vía ya no existe, ya es imposible, ya hay una falta de credibilidad de las instituciones del Estado, del aparato del Estado y de que este capitalismo tenemos que modificarlo desde otra lógica, desde otra vía.

El COPINH estuvo en esta disyuntiva en el golpe [de Estado], si el COPINH entraba al proceso electoral o no y no le entró, afortunadamente, creo yo. En la medida en que el movimiento social se convierte en clase política, me parece que ahí ya hay una disfunsión y un rompimiento del movimiento social. Yo considero que la identidad del movimiento social no es ser clase política ni partido político, pero otro proceso que se está gestando con mayor fuerza es: no solamente hay que resistir y eso hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo, y digo lamentablemente porque enfrentar a este capitalismo y sus inversiones implica, como ya lo vimos en el caso de Berta, asesinatos, desplazamientos, represión, presos…y…hay que hacerlo. Una de las estrategias que se están realizando en otros movimientos es ir blindando territorios y entonces tener el control territorial, no disputar solamente un proyecto que ya está hecho, sino generar también un proceso de prevención en donde los pueblos dicen, aquí es un territorio liberado como lo vemos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y en el M4 que es el Movimiento Mesoamericano contra el Extractivismo Minero, donde la estrategia es tenemos que generar prevención para generar territorios libres, libres de estos megaproyectos, que no es cosa fácil tampoco obviamente, ni tampoco contener que los buitres lleguen al territorio pero sí se ha logrado que en muchos de los casos, generar procesos organizativos de tal manera que blindan los territorios a la llegada de otras inversiones, ya sean minas petróleo, fracking, oleoductos, gasoductos, pero eso implica un proceso de conciencia grande.

Y además de la resistencia, de estar deteniendo, vayamos construyendo una alternativa, eso es bien difícil, pero es la más bonita, me parece la más interesante, cómo podemos generar en lo local proyectos de autonomía y proyectos de vida digna distintos a la dinámica del capitalismo. Y para eso hay que inventarlos, nadie tiene la última regla ni la última receta pero que nos plantea el gran reto en cada una de las regiones, necesitamos construir procesos políticos, sociales, económicos, distintos, no bajo la lógica de la competencia, no bajo la lógica de la explotación, con otro tipo de valores y también de realidades, que hay que experimentar y que hay que probar y con ensayo y error, como sea, y que empiezan a pulular en muchos lados en América Latina.

Que no significa para nosotros buscar una sola alternativa, como decir, vamos a acabar con una hegemonía capitalista y vamos a poner otra hegemonía que se llame…porque creemos que en cada pueblo hay distintas formas de hacerlo, según sus idiomas, sus costumbres, su región, su geografía, su historia, su propia forma de construir esa felicidad, esa realidad distinta y que nacen de distintas formas, son muchas alternativas, no es una. Nosotros le llamamos alternatos, que es que nace de lo local de cada uno de los pueblos y son muchas vías y formas distintas, en eso sí podemos encontrar unidad, no homogeneidad, no caer otra vez en la homogeneidad de decir, todos vamos por el socialismo del siglo XXI y qué es eso, no pues acá le llamamos de una manera, acá buen vivir, acá buen convivir, otros le llaman en Chiapas lekil kuxlejal, cada quien le llamará como quiera, pero con criterios antisistémicos, con criterios distintos a esta acumulación del capital, porque, bien decía Berta, ya no hay tiempo, ya no tenemos tiempo. Yo creo que la humanidad está en juego, que nos estamos acabando el planeta a un ritmo tan acelerado que si no buscamos ya alternativas distintas, lo que estamos viendo, y es una amenaza nuestra, en nuestro planeta, en nuestra humanidad, que necesitamos construir, desde abajo, otros brotes de vida distinta. Yo creo que este es el reto que nos encontramos en América Latina, para el COPINH, y de hecho cuando yo voy para el COPINH esa era la idea, ellos me invitan porque además de una resistencia feroz, frontal, impresionante que ellos tienen, la reflexión consistía en cómo generar al mismo tiempo que la resistencia, alternativas locales de vida distintas al capital, al capitalismo atroz, como además de esta resistencia desgastante podemos ir generando vida y podemos generar otras relaciones distintas, donde se incluye a la vida entera, se incluye al agua, al alimento, procesos de felicidad locales que plantean un antídoto a esta realidad que estamos viviendo.

TPP El fin de la soberanía. Entrevista con Camila Montecinos

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El pasado 4 de febrero fue firmado el Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), constituyendo un nuevo mojón en el avance de las negociaciones iniciadas oficialmente en marzo de 2010 para la liberalización del comercio entre 12 países, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Las movilizaciones en contra de este ambicioso acuerdo, también llamado NAFTA 2.0 en referencia al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, vienen ocurriendo en muchos de los países que lo integran. En Chile, un centenar de distintas organizaciones se han reunido en la Plataforma Ciudadana Chile Mejor Sin TPP y llevan adelante una fuerte agenda de resistencia a la implementación del tratado que ahora debe pasar por la aprobación de los parlamentos de cada país para su entrada en vigencia.

Esta semana dialogamos con Camila Montecinos, integrante de la organización GRAIN, para conocer el estado de las negociaciones del TPP y las amenazas que representa para Chile uno de los países, tanto a nivel latinoamericano como mundial, con más tratados de libre comercio firmados. Sobre cuánto más puede avanzar el TPP en términos de políticas neoliberales en ese país, Camila comienza afirmando que el mismo: «profundiza los niveles de pérdida de autonomía y posibilidades de defenderse económica y legalmente frente a las exigencias del capital trasnacional. Lo que hace este tratado es profundizar todo lo que se ha firmado en los tratados anteriores”.

Uno de los primeros aspectos que denuncia la militante chilena es el hecho de que el TPP obliga a que todas sus cláusulas sean revisadas periódicamente (máximo cada 5 años), habilitando la posibilidad de que sus cláusulas sean transformadas en caso de que los capitales trasnacionales consideren que sus intereses no sean contemplados: “Lo que tenemos aquí, a diferencia de muchos otros tratados, incluido el que tenemos con Estados Unidos, es un tratado abierto que cada vez le va a dar más garantías al capital transnacional”.

En segundo lugar, el TPP intenta aparentar que no amenazará derechos laborales, ambientales u otros derechos básicos: “El tratado contiene una serie de palabras de buena crianza que son solamente eso. Dice que todo país tiene derecho a proteger sus leyes laborales, que debe cuidar que efectivamente todos los derechos se cumplan, que nada en el tratado puede interpretarse contrario a las leyes laborales o a la salud pública, pero se añade en seguida ’siempre y cuando tales disposiciones no sean contrarias a este acuerdo’”.

A estas aclaraciones, Camila suma un segundo elemento por el cual es factible pensar que el TPP implicará la vulneración de derechos básicos de la población: “El acuerdo trae un capítulo especial sobre lo que se llama ’armonización legislativa’. A partir de esto, los países se comprometen a hacer equivalentes todas sus normas, hacer todos los cambios necesarios legales necesarios para que las leyes sean las mismas en los distintos países».

“Esto abre las puertas para que haya todo tipo de presiones para que haya cambios en las leyes laborales, empeorándolas. Porque, también lo dice el tratado, cualquier cosa que haga un país, puede ser una ley, un reglamento, una práctica, una medida, se considera que puede ser algo cuestionable ante los tribunales internacionales de resolución de disputas”, alerta Camila.

Una amenaza aún mayor para los bienes comunes

Actualmente cientos de familias de pescadores artesanales se encuentran sin sus medios de vida debido al fenómeno de la marea roja en el sur del país. Esto mismo es un ejemplo según Camila de cómo los bienes comunes de un país pueden ser severamente comprometidos mediante los tratados de libre comercio: “En Chile se privatizó el mar para la acuicultura, y hoy día los niveles de contaminación son tan altos que hemos tenido una explosión de algas tóxicas […] Y esto es debido fundamentalmente a que las empresas trasnacionales de salmonicultura usan el mar como basurero. Y nosotros no podemos hacer nada contra eso porque eso significaría atentar contra la ganancia de esas empresas”. Además, continua Camila, en esta crisis las empresas “se lavan las manos”, y el Estado es quién se tendrá que encargar de otorgar “una especie de subsidio para que la gente tenga como comer”.

El TPP pretende llevar a su máxima expresión la propiedad también sobre seres vivos, haciendo retroceder aún más las posibilidades de construcción de Soberanía Alimentaria y defensa de la biodiversidad. Al ser consultada sobre si el acuerdo obligaría el gobierno chileno a suscribir el último Convenio de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, la militante responde: “Hay que aceptar UPOV 91 sin lugar a dudas si se ratifica, pero se va mucho más allá: por ejemplo se abre la posibilidad de patentar plantas y animales”.

Las organizaciones y movimientos sociales chilenos se encuentran ahora abocados a intentar impedir que el parlamento chileno ratifique el TPP, cuya votación aún puede ocurrir antes de finalizar este año.

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Publicación: El TISA, el TPP y la negociación de la vida y los derechos

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“El TISA, el TPP y la negociación de la vida y los derechos”

Así se titula una nueva publicación de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay que realiza un análisis del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), con el que Uruguay ha estado “coqueteando”. Lo hace en forma comparativa con el Tratado sobre Comercio de Servicios (TISA, también por sus siglas en inglés), al que finalmente el país decició no adherir.

El texto se enfoca particularmente en la reflexión acerca de los cambios en el régimen internacional de comercio e inversiones que implicaría el TPP. Es parte además de un esfuerzo más amplio de REDES-AT por aportar regularmente nuevos productos que llamen al análisis, generen información y contenidos, y provoquen debate sobre los cambios que están ocurriendo en ese “nuevo” régimen.

Acceda al trabajo en formato pdf en este link: http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2016/04/PublicacionTisaTPP1.pdf

(Montevideo, 26/04/16) El 4 de febrero el TPP fue votado en Auckland, Nueva Zelandia, por los 12 países que lo integran, que son, además del propio Nueva Zelandia: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam.

La firma del acuerdo no siginifica su entrada en vigencia, ya que requiere de la ratificación parlamentaria de todos los integrantes del convenio en un periodo de dos años. Se considerará aprobado si en esos dos años al menos seis países, que representen el 85 por ciento del PBI combinado de los 12 estados que conforman el acuerdo, aprueban el texto final.

El nuevo trabajo de REDES-AT, a cargo de las licenciadas Viviana Barreto y Natalia Carrau, estipula en su introducción: “Lo cierto es que más allá de los nombres técnicos y las especificidades de las disciplinas que se negocian, los acuerdos no dejan de ser un conjunto de reglas e instituciones a las que se comprometen y adhieren los países que los firman. Al mismo tiempo, estos acuerdos y su lógica imponen indirectamente obligaciones a países no firmantes que interactúan comercialmente con los países firmantes”.

“(…) Por tanto, en cierta forma estamos frente a lógicas de negociación comercial que tienen vocación hegemónica e imponen directa e indirectamente normas, instituciones y reglas que generan importantes impactos en los países, en particular en los países en desarrollo”, sentencian las autoras.

REDES – AT alerta que no es casual que desde hace unos cinco años estén surgiendo los llamados “acuerdos de nueva generación”. Estos tratados vienen a acompañar los cambios que están ocurriendo en las redes de producción global y en las formas en que las corporaciones transnacionales están generando capital.

Es necesario insistir en deconstruir los preceptos de la teoría respecto al aporte de las reglas del comercio internacional al crecimiento y desarrollo de los países, e introducir nuevamente un marco de análisis que observe y tenga en cuenta la división internacional del trabajo y a las empresas transnacionales como actores corporativos de enorme influencia.

Por mayor información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

CIDH presenta informe sobre industrias extractivas y derechos humanos

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”. El informe destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema.

Las actividades extractivas y de desarrollo, que están en aumento en la región, son generalmente implementadas en los territorios ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes, áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales. La CIDH no desalienta estos proyectos y reconoce la importancia que tales emprendimientos pueden tener para la prosperidad y el desarrollo económico de los países de América. Sin embargo, el desarrollo económico de los Estados Miembros no puede realizarse en detrimento de sus obligaciones fundamentales de respetar y garantizar derechos humanos.

 

Los Estados receptores y los Estados de origen de las empresas que ejecutan estos proyectos tienen obligaciones específicas en esta área. El informe desarrolla cuáles son estas obligaciones con miras a garantizar que el desarrollo económico no se realice a expensas de los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas y afro-descendientes. Los Estados receptores deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que resulten de la ejecución de estos proyectos. Asimismo, deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, mediante la adopción de políticas, legislación y regulaciones adecuadas, y la garantía de un efectivo acceso a la justicia.

La obligación de los Estados incluye el deber de prevención de violaciones a los derechos humanos, es decir, se aplica desde antes de autorizar una actividad y otorgar permisos, así como durante la implementación y el ciclo de vida del proyecto bajo examen mediante medidas de supervisión y fiscalización. Esta obligación incluye la necesidad de evaluar eficazmente los riesgos a los derechos humanos internacionalmente reconocidos inherentes a la operación de actividades extractivas y de desarrollo antes de que sean autorizadas.

Además, el deber de actuar con debida diligencia requiere que los Estados adopten un marco regulatorio apropiado para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos que contemple de forma adecuada la operación de compañías extranjeras en la jurisdicción de un Estado, con un enfoque extraterritorial de los derechos humanos. Dicha obligación también incluye el deber fundamental de consultar a pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que pueden verse afectadas; la garantía de mecanismos de participación efectiva y de un adecuado acceso a información facilitadora del ejercicio de derechos; la obligación de supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas y otros actores no estatales; el deber de prevenir actividades ilegales y otras formas de violencia; y medidas para asegurar un adecuado acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación plena de las violaciones de derechos humanos en estos contextos.

Esta obligación de alcance amplio también comprende la consideración de impactos diferenciados y adversos sobre grupos específicos como líderes, autoridades y defensores indígenas o afrodescendientes, mujeres, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

El informe concluye con una lista de recomendaciones prácticas, tanto generales como específicamente adaptadas para la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este conjunto de recomendaciones procura promover que los Estados desarrollen un marco normativo y regulatorio adecuado para que puedan cumplir con su obligación de actuar con debida diligencia, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia en este ámbito. La Comisión insiste de forma particular en la necesidad de adoptar e implementar legislación doméstica para proteger los derechos humanos y el establecimiento de sistemas de monitoreo, control y supervisión de las actividades de compañías extractivas y de desarrollo. El informe incluye recomendaciones orientadas hacia los Estados receptores (donde se ejecuta el proyecto) y los de origen (donde tiene sede la empresa).

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Leer/descargar informe completo (.pdf)

Vía Movimiento M4

 

Ser anticapitalista hoy: una cuestión de sentido común

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Por Mateo Aguado, Viento Sur

La esfera de la economía no puede crecer indefinidamente sin acabar teniendo repercusiones negativas tanto sobre la esfera social en la cual se desarrolla, como sobre la esfera ecológica (o biosfera) sobre la cual, en última instancia, todo nuestro mundo construido reposa.

Hace poco más de un año tres reputados científicos de la NASA publicaron un impactante estudio en el que, basándose en complejos modelos matemáticos, pronosticaban el posible colapso de la civilización humana para dentro de pocas décadas. Las causas que se aludían como determinantes para llegar a tales conclusiones eran principalmente dos: la insostenible sobreexplotación humana de los recursos del planeta y la cada vez mayor desigualdad social existentes entre ricos y pobres (1).

Más allá de analizar la gravedad de esta predicción, me gustaría hacer notar que los dos motivos que –según estos investigadores– podrían acabar provocando el derrumbe de nuestra civilización son precisamente dos de las más claras características que posee el sistema capitalista: una insensibilidad total hacia la sostenibilidad ecológica del planeta y una abrumadora despreocupación hacia la (des)igualdad y la (in)justicia social.

En consecuencia –y como se verá en mayor profundidad en las líneas que siguen– no resultaría demasiado descabellado afirmar que el capitalismo es, a día de hoy, una de las mayores amenazas que se ciernen sobre la continuidad de la cultura humana en el planeta Tierra.
Evidencias de un sistema insensato

En las sociedades modernas de hoy en día nos hemos acostumbrado a asociar el poder adquisitivo con la capacidad de alcanzar una vida feliz. Es decir, se asume que –más que menos– nuestro nivel de renta determina la felicidad que podemos llegar a alcanzar en nuestra vida (o, como se suele decir, que el dinero da la felicidad).

Esta engañosa forma de concebir la vida (basada en los aspectos materiales y monetarios como medida a través de la cual lograr una vida buena) representa, probablemente, la mayor herramienta moral que posee el capitalismo en la actualidad. Sin embargo, y como veremos a continuación, esta concepción ofrece al menos dos evidencias que la hacen insostenible.

I) La evidencia social

Desde el punto de vista social el capitalismo es insostenible en tanto en cuanto promociona una sociedad global de poseedores y desposeídos en donde el sobre-consumo innecesario de unos pocos se produce a costa de las carencias vitales de la mayoría. Y es que una de las características que ha demostrado tener el capitalismo moderno es la construcción de sociedades en las que tienden a crecer las desigualdades sociales (lo cual sucede tanto si pensamos a una escala planetaria, a nivel de países, como si lo hacemos dentro de un mismo país bajo el prisma, cada vez más simplificado, de clases).

Paralelamente a esta estratificación económica de la sociedad en dos claros grupos (unas élites muy ricas y unas masas pobres), el capitalismo no ha logrado tan siquiera cumplir su clásica promesa de traer la felicidad a un creciente número de personas. Son cuantiosos los estudios que en este sentido han cuestionado rotundamente el axioma tan fuertemente instaurado en el ADN capitalista (y en el imaginario colectivo) de que el dinero da la felicidad. Estos estudios vendrían a mostrarnos cómo la correlación entre los ingresos y la satisfacción con la vida sólo se mantiene en etapas tempranas, cuando el dinero es usado para cubrir las necesidades más básicas. A partir de este punto entraríamos en una situación de “comodidad” en donde más dinero ya no significa necesariamente más felicidad. Es más, una vez ha sido alcanzada esta situación, seguir buscando obstinadamente el crecimiento económico (en el plano macro) y el aumento de la renta y el consumo (en el plano micro) puede resultar incluso contraproducente, pues tiende a hacernos descuidar otros aspectos de nuestra vida –intangibles pero igualmente esenciales para la felicidad– como las relaciones sociales o el buen uso del tiempo (2).

Así pues, parece claro que el capitalismo es un sistema que chirría tanto con la justicia social como con la felicidad humana. Como pusieron de manifiesto hace unos años Richard Wilkinson y Kate Pickett –en su magnífica obra Desigualdad: Un análisis de la (in)felicidad colectiva– estas dos cuestiones (justicia social y felicidad humana) son dos asuntos íntimamente relacionados. Parece ser que las desigualdades sociales tienden a hacernos más infelices: en aquellas sociedades en donde son mayores los niveles de desigualdad, mayores son también los niveles de infelicidad (3).

De todo esto se puede extraer la acertada conclusión de que una sociedad preocupada por maximizar sus niveles de felicidad debería ser una sociedad centrada en rebajar al mínimo sus niveles de desigualdad (lo cual, dicho sea de paso, parece una tarea incompatible con las actuales políticas de desarrollo occidental). Por ello, como sostiene Jorge Riechmann en su libro ¿Cómo vivir? Acerca de la vida buena, el capitalismo es “un enemigo declarado de la felicidad”. Y por esta misma razón “los partidarios de la felicidad humana no pueden ser sino anticapitalistas”.

II) La evidencia ecológica

Por otro lado, el axioma del crecimiento indefinido que el capitalismo defiende, a la vez que (como hemos visto) un sinsentido social, es una inviable biofísica. La constante demanda de materiales y energía que conlleva una economía como la que tenemos no puede mantenerse de forma indefinida en el tiempo sin acabar chocando con los límites biofísicos de nuestro planeta (un lugar éste, no lo olvidemos, finito y acotado). Este hecho, a pesar de ser firmemente ignorado por los economistas convencionales (y por la inmensa mayoría de los políticos), constituye una realidad absolutamente incontestable, tal y como nos enseña la segunda ley de la termodinámica. Se podría afirmar, por lo tanto, que el capitalismo es, desde el punto de vista ecológico, biofísico y termodinámico (desde el punto de vista científico al fin y al cabo) un sistema imposible abocado al desastre.

Es por razones como ésta que [como ya se apuntó en la primera entrada de este blog] en política y en economía, al igual que sucede con el resto de aspectos de la vida, se hace imprescindible poseer un mínimo de cultura científica para poder ejercer como ciudadanos responsables y comprometidos (o lo que es lo mismo a efectos termodinámicos, para acomodar nuestro comportamiento a los límites biofísicos del planeta).

Me resultan muy interesantes en este sentido las sabias palabras de Wolfgang Sachs, quien sostiene que, en el futuro, el planeta ya no se dividirá en ideologías de izquierdas o de derechas, sino entre aquellos que aceptan los límites ecológicos del planeta y aquellos que no. O dicho de otro modo, entre aquellos que entiendan y acepten las leyes de la termodinámica y aquellos que no. No se trata por lo tanto de arreglar o refundar el capitalismo (como algún político sostuvo hace no mucho) sino de entender que nuestro futuro como especie en este planeta será un futuro no-capitalista o, sencillamente, no será (4).

Hacer comprender al común de los mortales que la esfera económica no puede crecer por encima de la esfera ecológica (al menos no sin comportarse antes como un cáncer) es, por sencillo que pueda parecer de entender, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la ciencia y la educación del nuevo milenio.

Sin embargo, esta cuestión de las esferas concéntricas –cual muñecas rusas– y de los límites del planeta es (pese a los reiterados mensajes ilusorios en pro del gasterío insensato que el capitalismo se empeña en difundir) un asunto sencillo de concebir para todas las personas. Y aquí reside –precisamente– nuestra esperanza: la esperanza de un cambio social en aras de poder alcanzar otro mundo posible, más justo y sostenible.

Como argumentaba recientemente Juan Carlos Monedero, es mucho más factible hacerseanticapitalista a día de hoy desde posiciones ecologistas que desde posiciones marxistas. La inviabilidad de un sistema que aboga por el crecimiento constante en un mundo que es limitado es algo mucho más fácil de comprender para la gente normal que la tendencia descendente de la tasa de ganancia o el fetichismo de la mercancía de la que nos hablaba Marx.

Por lo tanto, y a modo de corolario, urge entender que ser anticapitalista a día de hoy no es ya una cuestión de ecologistas o de marxistas aislados, sino que es algo de sentido común; algo directamente relacionado con la lógica de supervivencia. Esperemos que este asunto sea entendido –más temprano que tarde– por la inmensa mayoría de individuos que pueblan la Tierra hasta convertirse en una evidencia popular. Nuestra continuidad sobre el planeta y nuestra felicidad de ello dependerán.

Notas
(1) Motesharrei, S., Rivas, J., & Kalnay, E. (2012). A Minimal Model for Human and Nature Interaction.
(2) Para profundizar algo más sobre este tema se recomienda leer este artículo.
(3) La obra de Wilkinson y Pickett (2009) muestra minuciosamente como el incremento en las desigualdades tiene significativas repercusiones negativas sobre otros aspectos de la vida que afectan directamente al bienestar y a la felicidad. Tal sería el caso de la educación, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la incidencia de enfermedades mentales, el consumo de drogas, las tasas de obesidad y sobrepeso o el número de homicidios; variables todas ellas que presentan peores valores en aquellos lugares en donde mayor es la desigualdad.
(4) Defender desde la argumentación socio-ecológica el “suicidio” social que supone seguir enfrascados en la lógica del capitalismo es un imperativo vital a la vez que uno de los grandes objetivos de este blog: crear conciencia anticapitalista a través de las Ciencias de la Sostenibilidad.
(5) EME: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (2011). Síntesis de resultados. Fundación Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

El TPP: el tratado de las grandes corporaciones

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El TPP restará derechos y libertades de toda la ciudadanía a cambio de beneficios económicos mínimos. Actualmente esperando la ratificación del Senado, es un tratado que se debe analizar y debatir con detenimiento.

Gisela Pérez de Acha, Horizontal.mx

Secretismo, opacidad y corrupción. Esos son los principales ejes rectores del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Este tratado comercial que acaba de firmarse el 4 de febrero, fue impulsado por Estados Unidos y negociado con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam, pero beneficia casi exclusivamente a Estados Unidos y otorga un enorme poder a las compañías multinacionales por encima de los gobiernos mismos. Además, pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos del resto de los países involucrados.

Alfred de Zayas, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció al tratado como un documento “con grandes fallas” que entra en conflicto directo con los derechos humanos. Económicamente tampoco tiene sentido. En un estudio reciente, el Banco Mundial señaló que de aquí a 2030 las economías de los países firmantes crecerían apenas un 1.1%; el pronóstico es menor para los países que forman parte del TLCAN, como México cuyo crecimiento sería de apenas un 0.6%.

Poco de esto importó el 4 de febrero.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP le da mayores poderes legales a las multinacionales para colocarse por encima de los procesos democráticos de cada país para obtener beneficios económicos. Este problema del tratado empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual, entre otros. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto o el tabaco) las compañías pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7). Inclusive, si el gobierno en cuestión decide cobrar un impuesto a las compañías puede verse como un tipo de “expropiación indirecta” y ser motivo de demanda.

Este tipo de disputas se resolverían en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Sectores de derecha argumentan que el TPP tiene un par de capítulos que se refieren a derechos laborales y ambientales, pero de poco sirven las letanías declarativas si sólo los Estados y  las empresas pueden demandar el incumplimiento del tratado. Ni sindicatos ni ciudadanos ni ONGs pueden participar en estos tribunales arbitrales.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el ébola. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Consecuentemente, los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.

En específico, el capítulo de propiedad intelectual, además, obliga a los países que firmaron el TPP a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Este esquema protege, por una partem un régimen de propiedad privada que afecta el acceso a la cultura y la pone en manos únicamente de quienes puedan pagarla. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.

Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “infrinja” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. De no hacerlo, pueden incurrir también en responsabilidad. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Inclusive en países como México y Ecuador se utiliza para eliminar contenido disidente.

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

¿Por qué firmar un tratado que generará un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos? Si bien la firma en sí no crea obligaciones legales, ahora la ratificación está en manos del Senado. ¿Deberían aceptar esta imposición de condiciones económicas que no queremos y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes?

El tema debe, al menos, debatirse abiertamente.

ecretismo, opacidad y corrupción. Esos son los principales ejes rectores del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Este tratado comercial que acaba de firmarse el 4 de febrero, fue impulsado por Estados Unidos y negociado con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam, pero beneficia casi exclusivamente a Estados Unidos y otorga un enorme poder a las compañías multinacionales por encima de los gobiernos mismos. Además, pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos del resto de los países involucrados.

Alfred de Zayas, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció al tratado como un documento “con grandes fallas” que entra en conflicto directo con los derechos humanos. Económicamente tampoco tiene sentido. En un estudio reciente, el Banco Mundial señaló que de aquí a 2030 las economías de los países firmantes crecerían apenas un 1.1%; el pronóstico es menor para los países que forman parte del TLCAN, como México cuyo crecimiento sería de apenas un 0.6%.

Poco de esto importó el 4 de febrero.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP le da mayores poderes legales a las multinacionales para colocarse por encima de los procesos democráticos de cada país para obtener beneficios económicos. Este problema del tratado empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual, entre otros. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto o el tabaco) las compañías pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7). Inclusive, si el gobierno en cuestión decide cobrar un impuesto a las compañías puede verse como un tipo de “expropiación indirecta” y ser motivo de demanda.

Este tipo de disputas se resolverían en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Sectores de derecha argumentan que el TPP tiene un par de capítulos que se refieren a derechos laborales y ambientales, pero de poco sirven las letanías declarativas si sólo los Estados y  las empresas pueden demandar el incumplimiento del tratado. Ni sindicatos ni ciudadanos ni ONGs pueden participar en estos tribunales arbitrales.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el ébola. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Consecuentemente, los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.

En específico, el capítulo de propiedad intelectual, además, obliga a los países que firmaron el TPP a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Este esquema protege, por una partem un régimen de propiedad privada que afecta el acceso a la cultura y la pone en manos únicamente de quienes puedan pagarla. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.

Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “infrinja” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. De no hacerlo, pueden incurrir también en responsabilidad. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Inclusive en países como México y Ecuador se utiliza para eliminar contenido disidente.

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

¿Por qué firmar un tratado que generará un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos? Si bien la firma en sí no crea obligaciones legales, ahora la ratificación está en manos del Senado. ¿Deberían aceptar esta imposición de condiciones económicas que no queremos y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes?

El tema debe, al menos, debatirse abiertamente.

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ecretismo, opacidad y corrupción. Esos son los principales ejes rectores del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Este tratado comercial que acaba de firmarse el 4 de febrero, fue impulsado por Estados Unidos y negociado con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam, pero beneficia casi exclusivamente a Estados Unidos y otorga un enorme poder a las compañías multinacionales por encima de los gobiernos mismos. Además, pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos del resto de los países involucrados.

Alfred de Zayas, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció al tratado como un documento “con grandes fallas” que entra en conflicto directo con los derechos humanos. Económicamente tampoco tiene sentido. En un estudio reciente, el Banco Mundial señaló que de aquí a 2030 las economías de los países firmantes crecerían apenas un 1.1%; el pronóstico es menor para los países que forman parte del TLCAN, como México cuyo crecimiento sería de apenas un 0.6%.

Poco de esto importó el 4 de febrero.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP le da mayores poderes legales a las multinacionales para colocarse por encima de los procesos democráticos de cada país para obtener beneficios económicos. Este problema del tratado empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual, entre otros. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto o el tabaco) las compañías pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7). Inclusive, si el gobierno en cuestión decide cobrar un impuesto a las compañías puede verse como un tipo de “expropiación indirecta” y ser motivo de demanda.

Este tipo de disputas se resolverían en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Sectores de derecha argumentan que el TPP tiene un par de capítulos que se refieren a derechos laborales y ambientales, pero de poco sirven las letanías declarativas si sólo los Estados y  las empresas pueden demandar el incumplimiento del tratado. Ni sindicatos ni ciudadanos ni ONGs pueden participar en estos tribunales arbitrales.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el ébola. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Consecuentemente, los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.

En específico, el capítulo de propiedad intelectual, además, obliga a los países que firmaron el TPP a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Este esquema protege, por una partem un régimen de propiedad privada que afecta el acceso a la cultura y la pone en manos únicamente de quienes puedan pagarla. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.

Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “infrinja” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. De no hacerlo, pueden incurrir también en responsabilidad. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Inclusive en países como México y Ecuador se utiliza para eliminar contenido disidente.

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

¿Por qué firmar un tratado que generará un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos? Si bien la firma en sí no crea obligaciones legales, ahora la ratificación está en manos del Senado. ¿Deberían aceptar esta imposición de condiciones económicas que no queremos y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes?

El tema debe, al menos, debatirse abiertamente.

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Acuerdo de Asociación Transpacífico: a este mal acuerdo comercial le esperan importantes luchas a nivel nacional

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Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional
4 de febrero de 2016

Los ministros de comercio de 12 países miembro del Acuerdo de Asociación Transpacífico realizaron una firma simbólica del acuerdo comercial que establece normas económicas favorables a las empresas para el 40% de la economía mundial.

Amigos de la Tierra internacional advierte que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se convertirá en una amenaza para la vida de la gente y el planeta en caso de ratificarse.

Sam Cossar-Gilbert, Coordinador del programa de Justicia Económica – Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, dijo:

«La ceremonia de firma del TPP no es nada más que una oportunidad para sacarse una foto e intentar apuntalar este acuerdo profundamente impopular y ambientalmente destructivo. Los ministros de comercio saben que será muy difícil ratificar el TPP en los parlamentos nacionales, especialmente en Estados Unidos donde los principales candidatos a la presidencia se oponen a él».

“Las miles de personas que protestaron hoy en las calles de Nueva Zelanda son una muestra del rechazo generalizado que existe en contra de este acuerdo comercial empresarial en todo el Pacífico.  La lucha contra el TPP crece y debemos asegurarnos de que esta injusticia de 6000 páginas no consiga ver la luz del día.

«El TPP socavaría las normas ambientales relativas a una amplia gama de asuntos, incluyendo la seguridad alimentaria, el acceso a medicamentos, la modificación genética, el uso de sustancias químicas y el cambio climático.  Por ejemplo, protegería el «libre comercio» de productos de energía sucia y conllevaría el aumento de las exportaciones de carbón, petróleo y gas, exacerbando el calentamiento global.”

«El TPP incluye el polémico mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS) que permite a las empresas extranjeras demandar a los gobiernos por adoptar políticas que podrían perjudicar sus ganancias esperadas. Recientemente, TransCanada anunció que utilizaría el sistema ISDS para demandar a Estados Unidos por 15 mil millones de dólares por negarle autorización para la construcción de un oleoducto de arenas bituminosas. El TPP además socavará el «derecho a reglamentar» de los gobiernos, y es por esta razón que los legisladores deberían rechazar este mal acuerdo.

 

Como las multinacionales privan a los Mexicanos de un acceso al agua potable

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por Marie-Pia Rieublanc, basta!

Nueve millones de Mexicanos viven sin acceso al agua potable. El gobierno está por reforzar la política de liberalización del sector, en parte responsable de la situación actual. Las multinacionales tienen inmensas concesiones de agua y sus actividades generan contaminación, escasez de los recursos hídricos y conflictos sociales. Las empresas francesas no están extrañas al problema: Suez y Veolia gestionan de manera controvertida varios sistemas de distribución de agua y la petrolera Total está interesada en entrarle a la extracción de gas de lutita en el país, una actividad ultra contaminante. Una coalición ciudadana está luchando para poner un fin a la privatización, el acaparamiento y la sobreexplotación del agua. Pero la batalla será ruda. Investigación.

 

Este articulo fue publicado, al principio, en francés.

Nueve millones de Mexicanos – de una población de 121 millones – no tienen acceso al agua potable. La situación está empeorando en el país: en 50 años, la disponibilidad de agua por habitantes en México cayó de un 64% [1]! Una de las causas es la liberalización del mercado del agua iniciada en el 1992, que permitió la venta de las aguas nacionales a empresas privadas o a particulares en forma de concesiones. Esta liberalización dejó entrar el sector privado en la gestión de los sistemas municipales de abastecimiento de agua y de drenaje. Además, hay sectores económicos consumidores de mucha agua, como las embotelladoras, que poseen ahora importantes concesiones, unas de las cuales se encuentran en zonas en riesgo.

Al respecto, la Coca-Cola tiene el derecho de extraer 33.7 millones m3 de agua por año en México, lo que corresponde al consumo anual mínimo de 20 000 personas. El grupo estadounidense explota 50 acuíferos, de los cuales 15 están sobreexplotados [2]. A menor escala, la trasnacional suiza Nestlé extrae 9 millones m3 de agua cada año en el país aprovechando 16 acuíferos, de los cuales 6 están sobreexplotados.

Las aguas de México están a la venta

La industria minera, así como la extracción de gas y de petróleo, tiene un impacto aún más importante. Consume millones de litros de agua diarios. La mina de oro a cielo abierto Los Filos en Carrizalillo, Guerrero, en el sur del país, usa 418.8 millones de litros de agua cada día sólo para su proceso de lixiviación (cuando las toneladas de minerales extraídos están regados con agua y cianuro de sodio para separar el oro de los residuos) [3]. Esta mina, ubicada en una zona infestada por el narcotráfico, está explotada desde el 2007 por Goldcorp, primera compañía minera de las Américas y segunda a nivel mundial. Prevé extraer 200 toneladas de oro en Los Filos en los próximos años para realizar un volumen de negocios de 7 mil millones de dólares. La empresa canadiense se instaló en este territorio gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los productos que usa tal como el cianuro tienen graves impactos sobre el medioambiente y la salud de las poblaciones.

A esos excesos se suman numerosos incidentes, como el derrame de 40 000 m3 de sulfato de cobre en agosto del 2014 en el norte del país en el río Sonora, cuyas aguas se volvieron naranjas a lo largo de más de 150 kilómetros después de la ruptura de una presa de jales de una mina de cobre explotada por el Grupo México. 20 000 habitantes fueron privados de agua, otras decenas se enfermaron y todas siguen esperando reparación de parte de la empresa de Germán Larrea, segundo hombre más rico del país después de Carlos Slim. Al origen de esas derivas se encuentra la reforma agraria diseñada en el 1992 por el presidente liberal Carlos Salinas de Gortari, del Partido revolucionario institucional (PRI) [4]. Para facilitar la entrada del capital extranjero, impulsó la conversión de las tierras de «propiedad social» en propiedades privadas y simplificó la concesión del usufructo de las tierras colectivas a las empresas, dándole un golpe de gracia a la herencia de Zapata.

La producción de energía hidroeléctrica también necesita, por definición, mucha agua. La multiplicación de las concesiones otorgadas a este sector agudiza las tensiones sociales ya que la construcción de represas desregula los ecosistemas de los ríos y puede inundar centenas de hectáreas de tierras habitables y cultivables. En el estado de Guerrero, los habitantes de La Parota llevan once años resistiendo a la construcción de una presa diseñada para generar luz para la gran ciudad de Acapulco, en perjuicio de los pescadores y agricultores del pueblo.

Arsénico, plaguicidas e hidrocarburos

En consecuencia de esas reformas liberales y del crecimiento de la población, el país se acerca un poco más cada año del estrés hídrico, que empieza cuando sólo hay 1700 m3 de agua disponible al año para cada habitante. De las 37 regiones hídricas que cuenta el país, tres podrían pasar por debajo de este umbral de allí al año 2013 si la tendencia sigue igual: la región del Río Bravo (907 m3), la Península de Baja California (780 m3) y el Valle de México (127 m3).

El otro gran reto que enfrenta el país es el desigual acceso a los sistemas de agua potable a través del territorio. Las poblaciones más marginadas se encuentran en zonas rurales, en donde cinco millones de personas no tienen acceso a este recurso. En Guerrero, el estado más afectado por el problema, una de cada tres personas está en ese caso; en Veracruz una de cada cuatro y en Tabasco, Chiapas y Oaxaca una de cada cinco personas.

Por si eso fuera poco, 21 cuencas estaban fuertemente contaminadas en el 2009 (de las 1471 que cuenta el país). La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró la presencia de arsénico, plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados, componentes fármacos y antibióticos, así como bacterias. Una parte de esta contaminación es de origen industrial: los derrames petroleros son innumerables en México. Un informe de la Procuradoría federal de protección al medioambiente (Profepa) contabilizó más de 7000 incidentes en 15 años provocados por la empresa paraestatal Petroleos Mexicanos (Pemex) [5]. O sea 1.3 incidentes cada día! La actividad minera, además de ser regularmente responsable de derrames de productos tóxicos en los ríos, causa la dispersión de metales pesados en el ambiente, resultado de las explosiones con dinamita. La fumigación de químicos en la agricultura es también una plaga. Pero la contaminación doméstica no se puede ignorar en este país donde 11 millones de habitantes, de los cuales 7.8 millones viven en zonas rurales, no están conectados a un sistema de drenaje y alcantarillado.

Gaz de lutita y fractura hidráulica, la nueva amenaza

Frente a esta situación crítica, el expresidente mexicano Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN) añadió en el 2012 el derecho al agua en la Constitución, dos años después de su reconocimiento por las Naciones Unidas: «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible», dice ahora el artículo 4. Desde ese entonces, el Congreso mexicano tiene la misión de garantizar el respecto de este nuevo derecho modificando la Ley de Aguas Nacionales de 1992, heredada del gobierno de Carlos Salina de Gortari y carente de visión ecológica y social. El gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto (PRI), quien sucedió a Felipe Calderón en el 2012, prometió realizar esta reforma antes del fin de su mandato. ¿Por fin pondrá la población al centro de la política del agua? Desgraciadamente, está tomando la dirección opuesta. Su reforma energética del 2014 acabó con el monopolio de la empresa Pemex en el sector de los hidrocarburos, instaurado en el 1938. La extracción y la distribución de gas y petróleo ahora están abiertas a empresas privadas nacionales y extranjeras – implicando un incremento de las necesidades en agua.

Uno de los objetivos de esta reforma es abrir la puerta a la explotación de hidrocarburos «no convencionales» como el gas de lutita, que se extrae mediante la controvertida técnica de la fractura hidráulica, o fracking en inglés. Cada fractura requiere entre 15 y 20 millones de litros de agua [6], y los productos químicos que se usan penetran en los mantos acuíferos. Importantes yacimientos de lutita se encuentran en la frontera con Estados Unidos, en las regiones más áridas del país. Su explotación a gran escala podría crear nuevas zonas de conflictos relacionados con el agua.

La empresa francesa Total, involucrada en la extracción de gas de lutita en Tejas en Estados Unidos (tiene cuotas en los yacimientos de la empresa norteamericana Chesapeake), está interesada en este nuevo mercado. En abril del 2014, su expresidente Christophe de Margerie (hoy fallecido) acompañó al jefe de Estado francés François Hollande durante una gira en México. Regresó a su país con un acuerdo firmado con Pemex sobre «un intercambio de tecnología en la exploración y la producción de hidrocarburos» así como «una evaluación de las futuras oportunidades en los sectores no convencionales, como el gas de lutita».

Una nueva Ley de Aguas que viola los derechos humanos

En marzo del 2015, la Conagua, organismo que depende de la Secretaria del medio ambiente y recursos naturales (Semarnat), presentó su proyecto de reforma de Ley de Aguas. Un texto totalmente contrario al supesto objetivo oficial y que «viola el derecho humano al agua», denunciaron varios investigadores y ONGs [7]. El texto limita el mínimo vital diario de agua por habitante a 50 litros mientras la Organización mundial de la salud (OMS) la define entre 50 y 100. El mismo, según especialistas, promueve la privatización de este recurso y limita el mínimo vital diario de agua por habitante a 50 litros mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define entre 50 y 100 litros al día.

En junio del 2015, los diputados enterraron (temporalmente) este polémico proyecto de ley [8], que incita a construir más represas hidroeléctricas, a usar las aguas nacionales «para la extracción de cualquier sustancia y para cualquier proceso de transformación», facilitando así mismo la extracción de hidrocarburos como el gas de lutita y también la actividad minera que ocupa ya un 13% del territorio según datos de la Secretaria de Economía. «El proyecto de la Conagua está claramente vinculado a la reforma energética porque facilita la apropiación de los recursos hídricos para la extracción de combustibles y la producción de energía en el país», explica Gerardo Alatorre, profesor e investigador en la Universidad de Veracruz.

La desastrosa gestión del agua de Veolia y Suez

El proyecto de Ley de la Conagua incita a las autoridades locales a «promover» la participación del sector privado en los servicios municipales de gestión del agua y de alcantarillado, que se vuelve una obligación y ya no sólo una opción. Sin embargo la apertura de los sistemas de agua públicos ha sido muy controvertida en México. «Desde la descentralización de la gestión del agua y del alcantarillado en los años 1980, los gobernadores de los Estados reciben fondos que manejan como se le dan las ganas», explica María Luisa Torregrosa, doctora en sociología y coordinadora de la Red de Agua de la Academia Mexicana de Ciencias. «Hay una falta de profesionalización del personal y de continuidad política en los proyectos que cambian en función de los presidentes municipales», precisa.

En Aguascalientes, en el centro del país, el sistema de agua está gestionado desde el 1993 por Proactiva Medio Ambiente CASAA, sucursal del grupo francés Veolia y de ICA, empresa mexicana dirigida por Carlos Slim. Resultado: la red nunca ha sido ampliada porque CASAA ha tenido problemas económicos que le ha impedido financiar nuevas infraestructuras. Las tarifas han subido y son unas de las más altas del país (22 pesos por m3 mensuales, cuando el precio promedio a nivel nacional es de 12.3 pesos), mientras que el servicio no está satisfactorio y el agua siempre falta en ciertas colonias de la ciudad [9].

En Saltillo, en el estado de Coahuila (norte del país), el servicio está operado por la empresa Aguas de Barcelona (Agbar), filial del grupo francés Suez Environnement. Las tarifas fueron multiplicadas por tres mientras que el 70% de la población sigue en la imposibilidad de tomar el agua de la llave. Sin embargo, Agbar acaba de ganar un contracto de 30 años con la ciudad de Veracruz (Golfo de México) para gestionar su sistema de abastecimiento de agua y de alcantarillado, junto con la compañía brasileña Odebrecht. No cabe duda de que Veolia y Suez, líderes mundiales del mercado del agua, beneficiarán de la reforma propuesta por la Conagua si ésta termina por ser votada.

Poner un fin a la privatización, el acaparamiento y la sobreexplotación del agua

Pero la resistencia se está organizando frente a la privatización de la gestión del agua y de los recursos hídricos. Gerardo Alatorre coordina el colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida que reúne a 420 investigadores y organizaciones de todo el país. El colectivo trabaja desde el 2012 a la elaboración de una propuesta de reforma ciudadana de la Ley de Aguas. Ésta fue entregada a los diputados el 12 de febrero del 2015 pero pronto eclipsada por el proyecto de la Conagua.

El texto del colectivo ciudadano «reconoce el agua como un bien común de la Nación, proveniente de la naturaleza, a ser manejada sin fines de lucro». Opuesto a la multiplicación de las represas, propone un manejo de los recursos hídricos cuenca por cuenca, por instancias participativas comunitarias y ciudadanas. Preve «desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización, acaparamiento y sobreexplotación del agua». Y prohibir el «uso de aguas nacionales para factura hidráulica o la minería tóxica».

El proyecto ha recolectado unas 60 000 firmas. Varios senadores de la oposición prometieron respaldarla, asegura Gerardo Alatorre, quien espera una fuerte movilización popular en el caso de que el proyecto inicial de la Conagua sea votado. Pero el gobierno mexicano sabe muy bien pasar reformas polémicas a escondidas. En el 2014, la reforma energética fue adoptada durante la Copa del Mundo de fútbol. Además, las elecciones de junio de este año permitieron al PRI engrosar sus filas en la Cámara de diputados. Ésta fue encargada de adoptar un nuevo texto lo más pronto posible. ¿Será parecido al que fue enterrado?

Marie-Pia Rieublanc

Notas

[1] De 18 035 m3 en 1950 a 11 500 m3 en 1955 y 4 312 m3 en 2007. Fuente.

[2] Según el economista mexicano Gian Carlo Delgado, en su libro Apropriación del agua, medioambiente y obesidad : los impactos del negocio de bebidas embotelladas en México (UNAM, CIICH, Colección Alternativas).

[3] Manifestación de impacto ambiental del proyecto minero Los Filos, 2005

[4] La reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana puso un fin al reparto agrario instaurado después de la revolución de 1910. Este no era conveniente a la hora de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

[5] Informe publicado en el 2007 por la Procuraduría federal de protección al medioambiente (Profepa) que registró entre el 1993 y el 2007 7279 accidentes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa paraestatal encargada de la extracción y producción de hidrocarburos en México.

[6] Según un informe de la ONG Food and Water Watch. La fractura hidráulica consiste en forar el suelo hasta varios kilómetros de profundidad para inyectar una mezcla de agua, arena y centenas de productos químicos y así fracturar la roca de lutita y liberar el gas que contiene.

[7] Carta abierta de unos treinta investigadores y organizaciones civiles incluso Greenpeace. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en México fustiga también esta propuesta de Ley que «promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social», lo que «potencia la desigualdad social en el acceso al agua por el aumento de tarifas y compromete la disponibilidad de ésta».

[8] El texto fue aprobado el 5 de marzo en dos comisiones de la Cámara de Diputados en el marco de un proceso acelerado que escandalizó a la opinión pública y a parte de la oposición. Al final nunca fue examinado en plenaria.

[9] Balance realizado en junio de este año por la Comisión ciudadana de agua potable y de alcantarillado de Aguascalientes. Fuente.

En 2016, esperemos mejores acuerdos comerciales – y la muerte del TPP

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Joseph Stiglitz, The Guardian
Versión no oficial al español de RMALC/A.V. 10-01-2016

El año pasado fue una experiencia inolvidable para la economía global. No sólo por el rendimiento general decepcionante, sino por los profundos cambios – tanto para bien como para mal – ocurridos en el sistema económico mundial.

Lo más notable fue el Acuerdo de Paris sobre el clima alcanzado el mes pasado. Por sí mismo, el acuerdo está lejos de ser suficiente para limitar el aumento en el calentamiento global a la meta de 2ºC por encima del nivel preindustrial. Pero puso a todos sobre aviso: el mundo se está moviendo, inexorablemente, hacia una economía verde. Un día no muy lejano, los combustibles fósiles serán en gran parte una cosa del pasado. Así que cualquiera que invierte en el carbón ahora lo hace a su propio riesgo. Con más inversiones verdes a un primer plano, los que los financien ellos serán, debemos esperar, los que contrarresten el poderoso cabildeo de la industria del carbón, que está dispuesto a poner el mundo en riesgo de promover sus intereses de corta visión.

De hecho, el abandono de una economía de alto contenido de carbono, donde a menudo los intereses del carbón, gas y petróleo dominan, es sólo uno de varios cambios importantes en el orden geoeconómico mundial. Muchos otros son inevitables, dada la altísima cuota de China de la producción y la demanda global. El Nuevo Banco de Desarrollo, establecido por los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), se puso en marcha durante el año, convirtiéndose en la primera institución financiera internacional importante liderado por los países emergentes. Y, a pesar de la resistencia de Barack Obama, se creó el Banco de Inversiones en infraestructura de Asia liderada por China, así inician la operación de este mes.

Los EE.UU. actuó con mayor sabiduría cuando se trataba de la moneda china. No obstruyendo la entrada del renminbi a la canasta de monedas que constituyen activos de reserva del Fondo Monetario Internacional, los Derechos Especiales de Giro (DEG). Además, un lustro después de que la administración de Obama accedió a cambios modestos en los derechos de voto de China y de otros mercados emergentes en el FMI – un pequeño guiño a las nuevas realidades económicas – el Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente las reformas.

Las decisiones geoeconómicos más polémicas del año pasado son las relacionadas con el comercio. Casi desapercibido después de años de conversaciones inconexas, a la Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comercio – inició para corregir los desequilibrios en los acuerdos comerciales anteriores que favorecían a los países desarrollados – se le dio un entierro tranquilo. La hipocresía de Estados Unidos – en defensa del libre comercio, pero se niega a abandonar los subsidios al algodón y a otros productos agrícolas – había planteado un obstáculo insuperable para las negociaciones de Doha. En lugar de las negociaciones comerciales mundiales, los EE.UU. y Europa han montado una estrategia de divide y vencerás, basado en la superposición de bloques y los acuerdos comerciales.

Como resultado de ello, lo que se pretende que sea un régimen de libre comercio global ha dado paso a un régimen de comercio administrado discordante. El comercio de gran parte de las regiones del Pacífico y del Atlántico se regirá por los acuerdos, miles de páginas de extensión y repleta de complejas reglas de origen que contradicen los principios básicos de la eficiencia y la libre circulación de mercancías.

Los EE.UU. concluyeron negociaciones secretas sobre lo que puede llegar a ser el peor acuerdo comercial en décadas, la llamada Alianza Trans-Pacífico (TPP), y ahora se enfrenta a una batalla cuesta arriba para su ratificación, ya que todos los candidatos presidenciales demócratas principales y muchos de los republicanos han pesado en contra de el. El problema no es tanto con las disposiciones comerciales del acuerdo, sino con el capítulo de «inversión», que restringe severamente, la salud, y la regulación de la seguridad ambiental, e incluso las regulaciones financieras con impactos macroeconómicos significativos.

En particular, el capítulo –específico- da a los inversionistas extranjeros el derecho a demandar a los gobiernos en tribunales internacionales privados cuando creen que las regulaciones gubernamentales contravengan los términos del TPP (inscritos en más de 6,000 páginas). En el pasado, esos tribunales han interpretado el requisito de que los inversores extranjeros reciban un «trato justo y equitativo» como motivo para derribar nuevas regulaciones del gobierno – aunque sean no discriminatorias y se adopten simplemente para proteger a los ciudadanos de los atroces daños recién descubiertos.

Mientras que el lenguaje es complejo – invitando a costosas demandas enfrentando a las poderosas corporaciones contra los gobiernos mal financiados – incluso las regulaciones que protegen al planeta de las emisiones de gases de efecto invernadero son vulnerables a las demandas. Las únicas regulaciones que aparecen a salvo son los relacionados con los cigarrillos (demandas presentadas contra Uruguay y Australia para exigir el etiquetado modesto acerca de peligros para la salud que han llamado la atención demasiado negativo). Pero sigue habiendo una serie de preguntas acerca de la posibilidad de demandas en una miríada de otras áreas.

Por otra parte, una disposición de «nación más favorecida» asegura que las empresas pueden reclamar el mejor trato que el que se ofrece en cualquier de los tratados de un país de acogida. Eso establece una carrera hacia abajo – exactamente lo contrario de lo que el presidente estadounidense, Barack Obama prometió.

Incluso la forma en que Obama abogó por el nuevo acuerdo comercial mostró como su administración está fuera de contacto con la nueva economía mundial. En repetidas ocasiones dijo que el TPP podría determinar quién – América o China – escribirían normas comerciales XXI del siglo. El enfoque correcto es llegar a esas normas en conjunto, que todas las voces sean escuchadas, y de una manera transparente. Obama ha tratado de perpetuar los negocios como de costumbre, por lo que las normas que rigen el comercio mundial y la inversión son escritos por las corporaciones estadounidenses para las corporaciones estadounidenses. Esto debería ser inaceptable para cualquier persona comprometida con los principios democráticos.

Aquellos que buscan una mayor integración económica tienen una responsabilidad especial para ser firmes defensores de las reformas de gobernanza global: si la autoridad sobre las políticas nacionales se cede a los organismos supranacionales, a continuación, la elaboración, implementación y aplicación de las normas y reglamentos tiene que ser particularmente sensibles a las preocupaciones democráticas . Por desgracia, eso no fue siempre el caso en 2015.

En 2016, debemos esperar la derrota del TPP y el comienzo de una nueva era de los acuerdos comerciales que no recompensen a los poderosos y castiguen a los débiles. El acuerdo sobre el clima de París puede ser un presagio del espíritu y la mentalidad necesaria para sostener una auténtica cooperación global.

Dueños del Agua: escalofriante documental sobre Nestlé

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Los dueños del agua es un documental de investigación de DW sobre el abuso de la multinacional NESTLÉ sobre los países en desarrollo, un monopolio que deja sin agua potable a miles de personas, un bien básico y público, y con el que NESTLÉ empobrece los recursos naturales causando daños irreversibles al medio ambiente. Al mismo tiempo, NESTLÉ se enfreta a querellas por fraude por embotellar agua del grifo y hacerla pasar por agua mineral.

Ver online:

https://vimeo.com/121438883

 

El TiSA imposibilitará nuevas leyes ambientales que estorben al libre mercado

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L.V. publico.es
Una clausula en el documento que 50 países negocian en secreto inhibe ante futuras regulaciones en esta materia.

El TiSA, el tratado que negocian en secreto cincuenta países (entre ellos EEUU y la Unión Europea) para un acuerdo comercial de los servicios, no pasará de largo sobre el medio ambiente. El texto que se discute en estos momentos y que Wikileaks ha desvelado en exclusiva para doce medios de comunicación internacionales, entre ellos Público, incluye un anexo dedicado a los servicios medioambientales que, entre otros muchos peligros, supone un «retroceso de las salvaguardas normativas sobre medio ambiente».

Esta es una de las conclusiones principales sobre el documento que ha hecho la organización Amigos de la Tierra en EEUU –Friends of Earth– en un análisis para Wikileaks en el que también advierte de que será prácticamente inviable para los países aprobar nueva legislación en materia medioambiental una vez que entre en vigor el acuerdo. Una clausula en el pacto establece que «los términos, limitaciones y condiciones que afecten al mercado de la provisión de servicios medioambientales deberán ser aquellas medidas que el estado miembro mantiene en la fecha en que entre en vigor este acuerdo, o la continuación o pronta renovación de esas mismas medidas». En la práctica, dice la ONG, lo que se pretende es «excluir» o «inhibir» futuras iniciativas medioambientales.

Así, aunque el TiSA reconoce a los estados «el derecho de regular y de introducir nueva normativa para cumplir sus objetivos de políticas públicas», también concede a los tribunales internacionales el poder de dictar, en represalia, sanciones comerciales contra un país que viole sus obligaciones dentro del tratado, en un claro desincentivo a desafiar sus normas. Además, estos acuerdos suelen incluir lo que se denomina una «clausula de la nación más favorecida», que supone que, al otorgar un trato favorable a una de las partes, se extiende automáticamente al resto de miembros en el acuerdo. Bajo el criterio de Amigos de la Tierra, esto supondrá que en materia medioambiental se aplique el «mínimo denominador común».

Más allá de la OMC

El comercio multilateral de servicios está ya en gran parte regulado desde 1995 dentro el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, por sus siglas en ingles) de la Organización Mundial del Comercio, que incluye también algunos servicios sobre medio ambiente. El objetivo del TiSA, asegura la ONG ecologista, es «ir más allá» de la OMC, que con el paso de los años y el surgimiento de nuevas economías emergentes como Brasil o India, ha resultado insuficiente para los intereses de la coalición de países desarrollados.

En este sentido, el TiSA centra su interés en la regulación medioambiental y los servicios públicos que supuestamente interfieren y entorpecen la eficiencia del libre mercado, en lugar de en otros conceptos más típicos de este tipo de acuerdos comerciales como la rebaja de impuestos, etc. Esas «barreras» al libre comercio, según Amigos de la Tierra, pueden ser servicios como el agua, la energía o la recogida de basuras. La organización advierte de los «riesgos» de su privatización y las pocas o limitadas excepciones que el TiSA concede a algunos de estos servicios básicos que, como el agua, han sido declarados un derecho humano por las Naciones Unidas.

«Basándose en anteriores acuerdos comerciales de EEUU, las declaraciones de los funcionarios y los documentos filtrados, parece que el objetivo de las negociaciones del TiSA es conceder a las multinacionales y a los burócratas comerciales amplios derechos para desafiar las políticas de los gobiernos democráticos», sentencia el análisis, redactado por el especialista en comercio Bill Waren.

TPP: Leyes nacionales… bajo certificación estadunidense

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Emilio Godoy, Revista Proceso

México debe prepararse para un mayor escrutinio estadunidense sobre la adaptación a las leyes internas que deberá realizar para adaptarse al contenido del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), lo que podría derivar en mayores compromisos no contenidos en el texto acordado.

En Tratados de Libre Comercio (TLC) previos, Estados Unidos ha aplicado una certificación unilateral para corroborar, en función de sus demandas, que sus socios han cambiado marcos legales domésticos.

“La aprobación del TPP implica hacer compatibles las leyes nacionales. Estados Unidos quiere asegurarse de que las legislaciones son compatibles con los objetivos del tratado”, dice a Apro Manuel Pérez Rocha, investigador del estadunidense Instituto para el Estudio de Políticas.

Los 12 países involucrados en las tratativas del acuerdo anunciaron la mañana del lunes 5 en Atlanta, Georgia, que habían concluido un nuevo acuerdo del TPP, aunque los equipos negociadores trabajan para pulir el texto y así poder divulgarlo.

El TPP entró en vigor en enero de 2006 para Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Otros ocho países se sumaron luego: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, con la salvedad de que no podían cambiar lo acordado en principio.

El acuerdo abarca asuntos como aduanas, textiles, inversión, telecomunicaciones, comercio electrónico, solución de diferencias, asuntos laborales y ambientales.

Los presidentes de los socios deben suscribir el documento para que pase a los congresos nacionales para su debate y aval. Ese camino se recorrería en 2016.

“En Estados Unidos inicia la lucha en el Congreso. Vamos a ver qué pasa. Instamos a todos los gobiernos a considerar cuidadosamente si este es el camino que desean tomar antes de firmar”, declaró Judit Rius, directora y asesora legal de la campaña de Acceso de Medicamentos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Estados Unidos.

El Congreso estadunidense no puede enmendarlo y sólo puede decidir si avala o no el acuerdo, debido a que el presidente Barack Obama cuenta con la autoridad fast track para negociar y firmar un TLC. Esa misma limitante aplica al Congreso chileno y al Senado mexicano.

El pasado 12 de mayo parlamentarios de cinco países del TPP firmaron una carta abierta en la que urgen a sus líderes políticos a proteger la soberanía nacional del proceso de certificación de Estados Unidos. El grupo incluye a exfuncionarios, excongresistas, dirigentes políticos, voceros de organizaciones comerciales y miembros de comités relacionados con temas del TPP de Australia, Japón, Malasia y Nueva Zelanda.

La misiva expresa “una preocupación grave” sobre que el gobierno de Estados Unidos ha requerido a las partes en tratados de libre comercio previos cambios en sus leyes, regulaciones y procedimientos para cumplir con la interpretación estadunidense de las obligaciones de los países antes de que la nación norteamericana avale la entrada en vigor del acuerdo.

En las leyes ejecutivas de sus recientes TLC, el gobierno de Estados Unidos ha incluido como requisito la retención de la autorización de ese acuerdo hasta que otro gobierno cambie sus leyes, regulaciones y procedimientos con el propósito de que sean acordes con las demandas estadunidenses. Hasta que eso ocurre, Estados Unidos no completa el intercambio de cartas con ese país, lo cual es necesario para que el acuerdo entre en vigor entre ellos.

Los firmantes de la carta argumentan que esto ha derivado en que Estados Unidos obtiene concesiones adicionales, sus funcionarios bosquejan las leyes del otro país, los acuerdos rigen en diferentes momentos para diferentes países y ocurren prolongados retrasos en la aplicación de los pactos comerciales para algunas naciones.

Por ello piden garantizar que el TPP contenga una provisión efectiva que “proteja nuestra autoridad legislativa soberana de tal influencia externa” y que reafirme “nuestro derecho constitucional a determinar exclusivamente si nuestro gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para cumplir con las provisiones del acuerdo antes de su vigencia”, así como resistir cualquier intento de otro socio del TPP de “influir en el diseño de nuestras leyes previamente a su entrada en vigencia”.

 

Presión continua

En los TLC más recientes suscritos por Estados Unidos es práctica recurrente que esa nación supervise la actualización legal interna acorde con el contenido de los acuerdos. “Los funcionarios de Estados Unidos transmiten una lista de los cambios a las leyes y políticas internas del otro país que el gobierno requiere antes de permitir que el tratado entre en vigor. Luego, el gobierno de Estados Unidos monitorea el cumplimiento y presiona hasta que sus demandas son satisfechas”, escribieron en el sitio electrónico TPP: No certification en agosto de 2014 Jane Kelsey, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), y Sanya Reid Smith, asesora legal e investigadora senior de la Red del Tercer Mundo.

Aunque el Congreso estadunidense apruebe el TPP, el pacto no regiría en relación con cada socio hasta que Washington lo certifique; es decir, que ha satisfecho la visión del cumplimento.

Las investigadoras sostienen que el proceso provee de margen adicional para que el Congreso y la industria estadunidenses impongan su propia interpretación de las obligaciones del socio.

La Ley Bipartidista de Prioridades Comerciales de 2014 contiene requerimientos nuevos y adicionales para que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) consulte al Congreso sobre el apego a los requisitos de la certificación.

El proceso aplica a una gama de medidas, como leyes, regulaciones, arreglos institucionales y normativos, firma de tratados internacionales y decretos ejecutivos. Estados Unidos ha requerido a otros países para que cumplan con lo que considera que fue acordado, aunque no esté escrito en el texto del acuerdo.

Luego de concluir las tratativas del TLC entre América Central, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), El Salvador tuvo que mantener al menos tres ruedas de negociaciones, dos en suelo estadunidense, sobre asuntos como la aceptación de las inspecciones estadunidenses de carne y pollo.

Washington validó el lenguaje de siete leyes sobre derechos de propiedad intelectual y de autor, telecomunicaciones, aduanas, agricultura, procedimientos penales y arreglos de distribución para empresas extranjeras antes de ser adoptadas por Costa Rica. El gobierno estadunidense revisó las versiones finales para asegurarse de que no hubiera cambios.

Nicaragua envió la ley de aplicación del DR-CAFTA a Estados Unidos antes de que fuera firmada por el presidente. La nación norteamericana pidió que la ley fuese publicada para garantizar que el país centroamericano había completado el proceso de aplicación.

En el caso de la República Dominicana, otro socio de ese acuerdo regional, Washington pre-avaló el lenguaje de siete leyes y luego revisó la legislación final para asegurarse de que no hubiera variaciones antes de proceder a la certificación.

Guatemala aprobó su legislación para aplicar el DR-CAFTA a finales de mayo de 2006 luego de intensas consultas con USTR, pero tuvo que esperar meses para recibir la garantía de que el marco legal cumplía con las condiciones estadunidenses.

El caso de Perú es muy evidente, como lo constatan 15 documentos del USTR de 2008 y 2009 desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información.

Estados Unidos revisó que Perú diseñara unas 35 leyes sobre protección de datos farmacéuticos, arbitraje para inversiones, cambios a la propiedad indígena de la tierra y el sistema educativo. De hecho, dos equipos de abogados estadunidenses asesoraron a la nación incaica en el bosquejo de leyes ambientales y de negocios. De esa forma, Estados Unidos certificó a Perú para que el TLC entre ambos iniciara el 1 de febrero de 2009.

 

El costo de decir “no”

Edward Alden, asociado Bernard L. Schwartz y director de la Iniciativa Renovando Estados Unidoslanzada por el Consejo de Relaciones Internacionales, considera complicado que el Congreso rechace el TPP, a pesar del contexto electoral actual.

“Si el Congreso rechaza el TPP, es una bofetada en la cara de los otros 11 países, incluyendo aliados estrechos como México, Canadá, Australia y Nueva Zelanda que han tomado domésticamente decisiones difíciles para ser capaces de concluir el acuerdo. Al final de cuentas, el Congreso va a ser muy reacio a hacer eso”, comentó Alden durante una conferencia con medios el día 7.

Alden recordó que hay políticos populares en ambos partidos e industrias como la tabacalera y la farmacéutica, bastante descontentos con las tratativas.

“El costo de decir no es enormemente alto, pero pienso que no será fácil y que va a ser un gran peso para la administración”, resumió.

En mayo último, un grupo encabezado por el exministro de Agricultura japonés, Masahiko Yamada, interpuso una queja constitucional contra las negociaciones, porque ni siquiera los miembros del Parlamento habían tenido acceso a los documentos oficiales.

Otro caso relacionado con la secrecía está pendiente en Nueva Zelanda.

El acuerdo abarca un mercado de 800 millones de personas y equivale a 40% de la economía mundial.

El texto fue negociado en secreto y con escaso debate en México, aunque USTR ha divulgado un sumario que aporta algunos elementos.

En productos agrícolas, las partes eliminarán o reducirán tarifas y otras políticas restrictivas, lo cual aumentarán el comercio agrícola en la región y “fortalecerán la seguridad alimentaria”.

Las naciones acordaron mayor transparencia y cooperación en algunas actividades relacionadas con la biotecnología agrícola, léase los transgénicos.

El capítulo de textiles incluye reglas de origen específicas que requieren el uso de tejidos y fibras de la región, con un mecanismo que permite la utilización de ciertos materiales no disponibles en el bloque.

El TPP incluye compromisos específicos sobre la transferencia de información para procesamiento de datos.

Las partes se comprometen a garantizar el libre flujo de la información y datos globales, sujeto a objetivos legítimos de política pública, como la protección de los datos personales.

El documento insta a las partes a cooperar en políticas sobre protección de datos personales y del consumidor electrónico, así como cooperación en ciberamenazas y capacidad en ciberseguridad.

Además, las partes acuerdan combatir el tráfico ilegal de especies, proteger variedades amenazadas e incentivar iniciativas ambientales voluntarias, como los programas de responsabilidad social corporativa.

Así mismo, las naciones coinciden en medidas estrictas contra la falsificación y la piratería y la sujeción de los Estados a un tribunal internacional en cuestión de inversiones.

“No veo ventajas para México. Entra en competencia con otros países que le pueden ganar mercados, especialmente en Estados Unidos. Cedió el sector energético y el automotriz, sacrifica lácteos y textiles, que tenían cierta ventaja” en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 para Canadá, Estados Unidos y México, señala Pérez Rocha.

Para Rius, el capítulo de propiedad intelectual significa para México “un paquete de obligaciones que va a extender y fortalecer las patentes más allá de 20 años y en los medicamentos biológicos, un compromiso de protección de 5 a 8 años, durante el cual no se van a poder registrar productos genéricos o biosimilares”.

Por su parte, Artículo 19, Derechos Digitales y la Red en Defensa de los Derechos Digitales demandaron al gobierno mexicano la apertura del texto.

“Si el TPP tendrá impactos en materias tan sensibles como el rol del Estado en la economía, los derechos en internet o el acceso a la salud, lo que se requiere es más debate público. No existe ninguna razón para que un tratado de esta magnitud haya sido negociado a espaldas de la ciudadanía, donde mayor opacidad sólo resta legitimidad y confianza”, señalaron.