Si vives en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, puedes donar una mochila con productos de higiene personal (jabón, cepilo de dientes, pasta dental, toallas sanitarias), alimentos (agua, galletas, latas, chocolates, semillas) y ropa (ropa interior, calcetines, playeras, gorra, pantalones, zapatos, ropa para bebés) en 5 centros de acopio: El Paliacate, La Cosecha, Pangea Colectiva, Centro de voluntarios Junax, Caritas.
Comunicado de organizaciones de la sociedad civil – Tapachula, Chiapas, México, a 23 de octubre de 2018
Hoy evidenciamos que el uso del poder y la intimidación hacia las personas desplazadas forzadas y hacia las personas defensoras monitoreando para la observación, documentación y denuncia, es una estrategia para crear tensión y hostigamiento. Intentan asustar, quitar la motivación y minar el ánimo de las personas.
La jornada de hoy fue de descanso para la mayoría de las más de siete mil personas del éxodo que está en este momento en Huixtla, Chiapas. Como parte del monitoreo se acompañó a un grupo de 79 personas (52 hombres, 12 mujeres, 15 niñas y niños), que se habían quedado rezagadas y que salieron de Tapachula el día de hoy caminado.
Al medio día, se registró un ataque injustificado y desproporcionado por parte de agentes de migración a este mismo grupo en el que se encontraban mujeres, niños y niñas terminando con la detención de al menos 8 personas. Después de la agresión se contabilizaron a 54 personas que se volvieron a agrupar asustadas y preocupadas por el resto y que gracias a la solidaridad de otras personas consiguieron llegar a Huixtla.
Al medio día, en la frontera de Ciudad Hidalgo y Tecún Umán se observó la presencia de unas 10 personas del Instituto Nacional de Migración (INM) y al menos 20 agentes de la Gendarmería de la Policía federal armados. Agentes del INM solicitaban identificación a personas cruzando en balsas por el río, durante la observación detuvieron y se llevaron a un grupo de 30 personas. Mientras el INM hacía el registro los agentes de gendarmería estuvieron custodiando. Al ver que llegó el grupo a monitorear, los agentes se acercaron y vigilaron de forma intimidatoria tomando fotos y enviando mensajes, en algunos momentos incluso sobrevolaba un dron.
En el Puente de Guatemala-México se observó presencia de agentes federales y aproximadamente a unas 50 personas esperando ingresar a México, se constató que se han instalado unos baños móviles hacia el lado guatemalteco. Por la noche se confirmó que no había más personas esperando el paso.
La asistencia humanitaria sigue estando condicionada a la detención migratoria en la Feria Mesoamericana. Sigue sin haber transparencia negándose la información sobre las personas detenidas, lo que propicia la separación de las familias, dificulta una respuesta integral y coordinada desde distintas instituciones y contribuye a la incertidumbre afectando el estado general de las personas. Las condiciones de detención migratoria en ningún caso son aceptables para niños, niñas y adolescentes.
La solidaridad de la población una vez más ha sido conmovedora, revela el vacío en la respuesta que debería ser del Estado como garante de derechos, es la muestra de la sociedad que queremos ser, devolviendo en el día a día la dignidad a las personas.
En el monitoreo se va evidenciando que cada vez más se van sumando esfuerzos de organizaciones, redes y organismos que desde sus capacidades acompañan y defienden los derechos. Hacemos el llamado a que cada vez seamos más quienes procuremos el caminar digno de todas las personas.
Las organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes solicitaron a la CIDH medidas cautelares a favor de la Caravana Migrante y las personas Defensoras de Derechos Humanos que la asisten en su trayecto.
La CIDH expresó su preocupación por la situación de la «Caravana de migrantes» proveniente de Honduras y llama a los Estados de la región a adoptar medidas para su protección.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 23 de octubre 2018
Este martes, l@s ejidatari@s del Potrero se presentaron ante la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la C. María de la Luz Domínguez Campos, para presentarle formalmente la QUEJA en contra del Gobierno Municipal de Jiménez del Teul, de la Policía del Estado de Zacatecas, de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, además de otros operadores del gobierno que resulten responsables, por los actos de abuso de autoridad y violación a los derechos agrarios y humanos cometidos contra ejidatari@s, así como de l@s poblador@s y visitantes que se encontraban en Ejido El Potrero, durante el preámbulo y el proceso del desarrollo de la asamblea ejidal convocada de forma normal por el comisariado, para tratar asuntos de interés interno.
En dicha queja exponen los hechos de abusos y violaciones realizados por las autoridades mencionadas, ocurridas en el Ejido El Potrero el pasado 14 de octubre, antes y durante el desarrollo de la Asamblea ejidal, la cual fue concertada en segunda convocatoria, sin ningún antecedente de actos de tensión, presión o inseguridad, que pusiera en riesgo a los participantes y que al final, los operadores del gobierno municipal, estatal y federal, usaran como pretexto para presentarse con la fuerza pública estatal, quienes en conjunto asumieron el control y el desarrollo de la asamblea agraria, aun sin estar anunciados en el orden del día de la convocatoria.
Su presencia y el operativo policiaco transgredió tanto la ley agraria, como la ley interna del ejido en el procedimiento de su asamblea, así como también, su incursión ilegal en tierras de propiedad colectiva, provocaron incertidumbre, miedo, y violencia contra las y los ciudadanos de El Potrero.
En su queja narraron la llegada de «aproximadamente 20 camionetas de la Policía Estatal con aproximadamente 100 elementos de la policía estatal para obstruir y controlar el paso de los presentes, a través de colocar una cerca metálica entorno al perímetro del Salón Ejidal, la cual fue custodiada por los policías». La queja se desarrolla en tres hechos cronológicos: 1. Entrada a la Asamblea; 2. Desarrollo de la Asamblea; 3. Hechos ocurridos a fuera del salón ejidal, durante y después de la asamblea. Cada una de estas fue acompañada con material fotográfico y videográfico en donde quedan al descubierto las falsas declaraciones que el Gobierno Estatal, encabezado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, ha reiterado en los medios durante los últimos días.
Con esta denuncia una vez más se hace evidente que, ante la construcción de megaproyectos, tanto en México como en América Latina, los gobernantes están incurriendo de forma burda y absurda en la violación a los Derechos Humanos, siempre intentando justificarse con un falso discurso en donde resaltan el interés público y colectivo, con el cual pretenden el despojo de las tierras ejidales que este modelo impone.
Somos testig@s del inicio de una fuerte articulación de resistencia y rechazo, que cada vez se consolida con la consigna el territorio, la dignidad y la vida.
#NOALAPRESAMILPIILLAS
¡No Queremos Presa! ¡No Queremos Dinero! ¡Queremos Agua! ¡Queremos Vida!
Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas-OCMZac)
Más información:
Documento de análisis redactado por el Doctor Juan Almendares Bonilla* – A 10 de octubre 2018
Propósito: El Propósito de este ensayo es señalar dos aspectos de la realidad que tienen relación con la migración, el primero que se refiere a comunidades campesinas, indígenas y garífunas, que tienen apego a los territorios y que aspiran a defender sus espacios sociales y políticos frente a la acumulación capitalista por desposesión; por otro lado un nuevo fenómeno en Honduras que son
las migraciones masivas, colectivas de sectores que no aguantan las condiciones de explotación y desigualdad social en el campo y que migran a las ciudades para emigrar principalmente a Estados Unidos de América. De esta manera ubicamos esta problemática en el marco geopolítico de ocupación militar estadounidense de Honduras.
Objeto: Nuestro objeto de trabajo en este documento es caracterizar la diferencia entre lo ontológico y lo epistemológico, en el caso del extractivismo minero e hidroeléctrico observamos que las comunidades están organizadas de por sí, para defender sus bienes naturales ante la agresión de las empresas multinacionales, articuladas con las oligarquías y las estructurales militares, policiales, en este sentido demostramos que la realidad objetiva del ser social organiza de por sí y estructura una lucha en defensa de los territorios y por consiguiente no tiene la idea fundamental de migrar a la ciudad y a otros países, mientras que la migración masiva responde a una experiencia histórica y a la violación de los derechos humanos a través de la dominación colonial y neocolonial de personas que han sido obligadas tanto por la precarización de la vida, el despojo de los territorios y la destrucción ecológica, la represión policial y militar tanto a nivel nacional como de las políticas impuestas por la ocupación militar estadounidense.
Objetivo: Nuestro objetivo principal es solidarizarnos con las denuncias presentadas por la lucha de las comunidades particularmente de las zonas de explotación minera metálica como minería no metálica, explotación de petróleo en Honduras con el objetivo de despertar la conciencia nacional e internacional de solidaridad. Nuestro segundo objetivo es replantear la lucha de los derechos humanos, no solamente en un sentido formal sino la responsabilidad que tienen las organizaciones de Derechos Humanos de señalar las causas estructurales e históricas de la dominación capitalista por desposesión y también el rol que tienen la ocupación militar, económica y política de EEUU sobre Honduras que convierte a este país en uno de los epicentros de la estrategia militar de la nación del norte en América Latina, tanto por su ubicación geográfica unos puntos de contactos y sus bienes naturales y por la conexión interoceánica, entre el atlántico y el pacífico.
Introducción: Se presenta esta reflexión sobre la situación de Honduras, calificada como el país más violento del mundo, cuando en realidad esta afirmación es falsa, lo que ocurre es que el sistema capitalista se ha tornado más violento contra el pueblo hondureño debido a la importancia geopolítica y estratégica de este país, porque su geografía permite la conexión de las dos océanos, Atlántico y Pacífico a partir del canal seco Honduras-El Salvador. Por otra parte, Honduras está ocupado militarmente por Estados Unidos. Bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, sin embargo, lo que existe es la guerra racista total contra el pueblo hondureño. ¿Por qué es total? Porque se involucra una guerra de baja intensidad, guerra psicológica y guerra mediática, guerra fortalecida por una teología militar y por proyectos económicos y políticos que menoscaban los procesos alimentarios de salud y educación, como consecuencia de golpes militares de la creación de un estado militar policial y punitivo, apoyada por los intereses oligárquicos y de la acumulación capitalista por desposesión y ser el país utilizado por el Pentágono, Comando Sur y la Cuarta Flota para agredir otras países en América Latina.
*Miembro del Movimiento Madre Tierra Honduras/Amigos de la Tierra Honduras y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo (M4) y presidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de las Torturas y sus Familiares en Honduras.
Más información:
Repensar los derechos humanos y la hondureñización de América Latina
VIDEO: Pronunciamiento de Juan Almendares contra el servicio militar obligatorio en Honduras
Juan Almendares Bonilla: Cartas a la Salud, Ecología y Derechos Humanos
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El pasado 1 de mayo, cuatro mujeres integrantes de Amigos de la Tierra Internacional participaron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en un conversatorio titulado «Justicia Ambiental y Lucha Antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado por Otros Mundos A.C. en el marco de su Seminario Permanente de la Sustentabilidad. Las participantes fueron: Ivana Kulić, del Centro para el medioambiente/ Amigos de la Tierra Bosnia y Herzegovina; Rita Uwaka, de Acción para los derehos ambientales/ Amigos de la Tierra Nigeria; Syeda Rizwana Hazan, de la Asociación de abogados ambientales bangladesís/ Amigos de la Tierra Bangladés; y Marília de Madeiros Gonçalvez, de Amigos de la Tierra Brasil. Cada una habló del vínculo entre la defensa del territorio y la lucha por los derechos de las mujeres en su respectivo continente.
El evento formó parte de las actividades de la segunda reunión del grupo de Trabajo de la federación Amigos de la Tierra Internacional sobre Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado, la cual se llevó a cabo del 30 de abril al 4 de mayo en el Centro Alter Natos de Otros Mundos A.C. «Luchamos para que haya justicia y para liberarnos de todos los sistemas que desvalorizan y explotan a las mujeres, los pueblos y el medioambiente, tales como el patriarcado, el racismo, el (neo)colonialismo, la opresión de clase, el capitalismo y la heteronormatividad», declara la federación en su página web.
Los testimonios de las cuatro compañeras permitieron visibilizar los impactos diferenciados que tienen los megaproyectos en la salud y la vida cotidiana de las mujeres, tanto en terminos de daños directos sobre sus territorios, cuerpos y trabajos, como de represión y criminalización de su labor en defensa del territorio. También dieron a entender el gran papel que juegan las mujeres por la defensa de la soberanía alimentaria en el mundo y la injusticia a la cual se enfrentan al no tener tanto acceso a las tierras cultivables como los hombres. Explicaron que «el modelo extractivo tiene su origen en el patriarcado y el sistema capitalista», como lo resumió Rita Uwaka en su presentación.
El panel fue complementado por la participación de dos compañeras chiapanecas, Guadalupe Vásquez Luna, de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y Rosalinda Santiz del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), quien nos habló de las cooperativas de mujeres artesanas como una manera de «defender el territorio, las tierras y nuestros propios recursos naturales». También contamos con la presencia de la feminista afro-colombiana Astrid Cuero, quien nos compartió la experiencia de las mujeres afro-colombianas en lucha contra la minería en su país.
[VIDEO] Environmental Justice and Fight against Patriarchy: Body, Territory and Work
On May 1st, 2018, four women members of Friends of the Earth International (FoEI) took part in San Cristobal de las Casas, Chiapas, in a public talk called «Environmental Justice and Fight against Patriarchy: Body, Territory and Work», organized by Otros Mundos A.C. The speakers were: Ivana Kulić, from the Center for Environment/ Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina; Rita Uwaka, from Environmental Rights Action (ERA)/ Friends of the Earth Nigeria; Syeda Rizwana Hazan, from the Bangladesh Environmental Lawyers Association/ Friends of the Bangladesh; and Marília de Madeiros Gonçalvez, from Friends of the Earth Brazil. Each of them talked about the link between the defense of the territory and the struggle for women’s rights in her continent.
The event was part of the activities of the second reunion of FoEI’s Working Group on Gender Justice and Dismantling Patriarchy, which took place from April 30th to May 4th, 2018, in the Ecological Center «Alter Natos» of Otros Mundos A.C. «We seek justice and freedom from all systems that devalue and exploit women, peoples and the environment, including patriarchy, racism, (neo)colonialism, class oppression, capitalism and heteronormativity», states the federation.
The testimonies of all four speakers shed light on the different impacts that megaprojects have on women’s health and daily lives, not only regarding the direct effects they have on their territories, bodies and works but also the repression and criminalization of their struggle in defense of the territory. The participants talked about the great role women play in the defense of world’s food sovereignty and the injustice they are facing, due to the fact that they don’t have as much acces to croplands as men. They helped us undersatand that «extractivism is rooted in patriarchy and capitalism», as Rita Uwaka said during her lecture.
The talk of the four members of FoEI was complemented by the participation of two women from Chiapas, Guadalupe Vásquez Luna, from the grassroot organization La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, and Rosalinda Santiz, from the Formation and Training Center for Women K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), who shared her vision of craftswomen’s cooperatives as a way of «defending our territory, our lands and our own natural resources». There was also a presentation by the Afro-Colombian feminist Astrid Cuero, who told the story of Afro-Colombian women who fight against mining in her country.
Más información:
[AUDIO] Las cooperativas de mujeres, una alternativa al sistema capitalista
Informe publicado por la Fundación por el Debido Proceso – Agosto 2018
Autores: Gabriela Torres Mazuera, Jorge Fernández Mendiburu, Claudia Gómez Godoy
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INTRODUCCIÓN:
Este informe tiene por objetivo realizar un balance actualizado sobre el desempeño de la Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN) y Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS) a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas (DHPI) y en relación al proceso de despojo de tierra que experimentan hoy en día ejidos y comunidades en regiones indígenas de México.
Nos interesa plantear recomendaciones y destacar la importancia de concebir a los ejidos y comunidades en términos de patrimonio colectivo, fundamental para la reproducción sociocultural de los pueblos indígenas y campesinos del país. Esto es, nos interesa destacar la función de los ejidos y comunidades no solo para la producción de alimentos sino como lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural, identitaria y de organización político-administrativa, lo cual conlleva necesariamente a extender la noción restrictiva de tierra hacia la de territorio.
El argumento central del presente informe es que la legislación agraria en México, aunque ha tenido un importante desarrollo para regular la propiedad social de la tierra constituida por ejidos y comunidades, no ha garantizado una protección cabal de la propiedad indígena -entendida como territorio colectivo-. Hasta la fecha no existen mecanismos legales bien establecidos con un enfoque intercultural para la protección y defensa del territorio indígena en México. A ello se suma que tampoco existe una institución gubernamental que en la práctica esté protegiendo la dimensión social de la propiedad ejidal y de bienes comunales en territorios indígenas, ni que ofrezca asesoría dirigida a fortalecer la dimensión colectiva de la propiedad, menos aún que respete la libre determinación de los pueblos indígenas sobre su territorio.
Aunque existen instancias gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos agrarios e indígenas, que por disposición legal deberían salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de la Procuraduría Agraria, los Tribunales Agrarios y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los hechos se alejan de su misión favoreciendo intereses privados. Como mostraremos en este informe con algunos casos documentados, estas instituciones han facilitado la privatización y mercantilización de las tierras ejidales de uso común y las tierras de comunidades.
En el mismo sentido, sostenemos que los Tribunales Agrarios -cuya misión es brindar justicia en el sector agrario- no están cumpliendo con su cometido en la medida en que muchos magistrados han optado por una interpretación basada en criterios y principios que corresponden al derecho civil pasando de largo mecanismos de protección especial de los territorios indígenas, cuya dimensión y protección de manera colectiva es fundamental.
Hoy en día, en un contexto de fuerte presión por parte de empresas nacionales e internacionales interesadas en diversos recursos asociados a la tierra ejidal y de bienes comunales, existe una falta de protección a las tierras y al territorio de pueblos indígenas y campesinos a nivel nacional por parte de autoridades responsables del sector agrario. Como mostraremos en este informe, el desconocimiento, indiferencia y/o negación a la libre determinación de los pueblos indígenas asociada a un territorio persiste como enfoque al interior de la jurisdicción agraria en México.
Todo esto a pesar de las múltiples reformas legales en materia de derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos, así como la firma de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, y las reformas en materia indígena y derechos humanos en México que han establecido el reconocimiento del carácter pluricultural de la población mexicana (artículo 4 constitucional), el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación (artículo 2 constitucional) y la obligación de las autoridades de todos los niveles a considerar, en el ejercicio de sus funciones, el contenido de los tratados internacionales de derechos humanos y las resoluciones que se han derivado de los tribunales internacionales, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han interpretado de manera progresiva los derechos de los pueblos originarios.
Actualmente, las principales batallas legales en la defensa de los territorios colectivos indígenas y campesinos se sustancian en los juzgados de distrito, por la vía del juicio de amparo, incluso en tribunales civiles -mucho más abiertos a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos que los propios Tribunales Agrarios-. En efecto, de acuerdo a su misión, los Tribunales Agrarios tendrían que estar más cerca y resolver la conflictividad que se genera en el sector campesino e indígena, pero se han negado sistemáticamente a adaptar su actuar a los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta situación ya había sido alertada por el entonces Relator Especial de Naciones Unidas Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Rodolfo Stavenhagen, al emitir su informe respectivo derivado de su visita a México en el año 2003 [1].
En aquella ocasión, el funcionario de las Naciones Unidas señaló lo siguiente:
17. Una de las causas principales de los conflictos radica en la cuestión de la tierra. La reforma agraria, que benefició a más de 3 millones de campesinos a partir de 1917, dejó en su cauda un sinfín de problemas no resueltos. La desigualdad social y económica se mantuvo mediante formas de corrupción y simulación a favor de la gran propiedad, aunada a la creciente presión demográfica sobre los recursos agrícolas. Un número cada vez mayor de campesinos pobres carece de acceso a la tierra, teniendo que buscarse la vida como jornaleros agrícolas, trabajadores migratorios en el país y en Estados Unidos, y emigrantes a los centros urbanos. Ello se debe también a la falta de una política efectiva de apoyo a la economía campesina durante muchas décadas.
18. Las luchas campesinas por la tierra y sus recursos se agudizan por las ambigüedades en torno a los derechos y títulos agrarios, desacuerdos en cuanto a límites entre ejidos, comunidades y propiedades privadas, conflictos por el uso de recursos colectivos como bosques y aguas, invasiones y ocupaciones ilegales de predios y terrenos comunales por parte de madereros, ganaderos o agricultores privados, acumulación de propiedades en manos de caciques locales etc. La defensa de la tierra, que se lleva primero por la vía institucional, judicial y política, puede conducir a enfrentamientos con otros campesinos, o con propietarios privados, autoridades públicas y las fuerzas del orden (policías, militares). En este contexto, se denuncian persistentes violaciones a los derechos humanos, a las cuales no son ajenos en ocasiones las autoridades locales o estatales y elementos de la fuerza pública, ya sea por omisión o por comisión. (…)
20. En algunas partes las comunidades indígenas no poseen seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra, por la lentitud y la corrupción que ha caracterizado a los trámites agrarios, así como los intereses de diversos particulares. El Relator Especial fue informado de casos que involucran a los indígenas yaquis de Sonora, huicholes de Jalisco, tarahumaras de Chihuahua, y huaves de Oaxaca, entre otros. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), que fue creado para resolver estos problemas, no ha contribuido a mejorar la situación de la tenencia, según informes recibidos [2].
En dicho documento, el Relator hizo referencia a diversos conflictos y situaciones de despojo que estaban viviendo diversos pueblos originarios en el país, derivados en buena medida de la falta de certeza jurídica sobre el territorio que poseían y de la incapacidad de las instituciones agrarias para dar respuesta, desde una perspectiva que incorporara los derechos de los pueblos originarios, a dichos conflictos. Tan es así, que emitió diversas recomendaciones en las que instaba a incorporar la perspectiva indígena al ámbito agrario:
73. La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.
74. Se recomienda crear grupos de trabajo interdisciplinarios y representativos de pueblos, sociedad civil y gobierno para revisar los casos de conflictos agrarios en todo el país, a fin de proponer mecanismos adecuados de solución a cada uno de ellos, asegurando la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la existencia de recursos adecuados, medidas compensatorias y el respeto a las formas de resolución de conflictos de los pueblos.
76. Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios [3].
A quince años de la emisión de dicho documento, la situación no sólo no ha variado, sino que los conflictos derivados de los procesos de despojo se han agudizado por la implementación de múltiples «proyectos de desarrollo» en territorio indígena, donde la justicia agraria no ha significado un espacio que permita la protección plena de los derechos de las comunidades.
En este informe describimos el desempeño actual de autoridades agrarias de dependencias que conforman lo que aquí llamaremos la jurisdicción agraria (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Tribunales Unitarios Agrarios). Nuestra perspectiva es desde los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. La elaboración de este informe se apoya en doce entrevistas a profundidad realizadas a abogadas y abogados que litigan en Yucatán, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua, así como en una revisión bibliográfica, de archivo, y por medio de solicitudes de información al portal de infomex (www.infomex.org.mx).
Metodológicamente, nos aproximamos a los conflictos considerando no solo su dimensión meramente jurídica sino también social. Para ello realizamos una revisión bibliográfica exhaustiva de estudios de caso que describen conflictos agrarios asociados a procesos de despojo con una mirada etnográfica.
Esta revisión nos ha permitido definir el despojo como un proceso de corta, mediana y larga duración en la que participan muchos actores. El despojo no solo significa la privación o pérdida permanente de la posesión, goce y aprovechamiento de un recurso o un bien. Con esta noción nos referimos, por un lado, al proceso de privatización e individualización de un patrimonio comunitario, el ejido y la comunidad, que se convierte en «propiedad» de algunos (los ejidatarios y comuneros).
Por otro lado, consideramos el despojo como: la transformación forzada de un modo de vida asociado a un territorio con efectos diferenciales al interior de ejidos y comunidades. Por tanto, el despojo significa una transformación en las relaciones de propiedad que a su vez son también relaciones sociales, de ahí que cuando nos remitimos a esta noción resaltamos las maneras diferenciales en que la pérdida de tierra y recursos asociados a ésta, afecta a los diferentes miembros de un mismo grupo social (hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores) y altera las relaciones sociales al interior de una comunidad.
En este sentido, es fundamental aclarar que las comunidades indígenas no son grupos homogéneos e integrados, compuestos por personas que forzosamente comparten los mismos valores, intereses y marcos de interpretación de la realidad. Por lo común, se ignora o se evade el hecho de que los grupos indígenas son, en muchos casos, entidades heterogéneas, fragmentadas políticamente, atravesados por diferencias de clase, de género, religiosas, partidistas e incluso de tipo étnico.
Una aproximación detallada del despojo requiere tomar en cuenta la complicidad, colaboración y cooptación de los mismos ejidatarios/comuneros indígenas y/o campesinos en los procesos de despojo, así como los diferentes tipos de despojo de acuerdo a los sujetos implicados, además de la acción de empresarios foráneos a los núcleos agrarios indígenas. En particular, es importante considerar el despojo desde la perspectiva de las mujeres y de los jóvenes que residen en los núcleos agrarios, quienes, en el contexto ejidal y comunal, son generalmente excluidos de la toma de decisiones de la asamblea general de ejidatarios o de bienes comunales y afectados, no se toma en cuenta su posición y tampoco reciben beneficios cuando el patrimonio colectivo es enajenado.
En esta misma dirección es importante señalar que en este informe la categoría de indígena no será tomada como una categoría objetiva ni estable en el tiempo y espacio nacional. Por un lado, es una categoría de clasificación social que en muchos casos es rechazada por aquellas personas hablantes de lenguas nativas y pertenecientes a comunidades étnicas debido a su carga de dominación colonial. Uno de los argumentos de este trabajo es que justamente es a partir del reconocimiento por parte de una legislación internacional de un conjunto de derechos para personas y grupos «indígenas» que la categoría comienza a ser reivindicada por organizaciones y movimientos sociales en ciertas disputas por los recursos naturales y agrarios en México. Este fenómeno ha sido descrito por antropólogos, en diversos contextos nacionales (por ejemplo, en Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y México por mencionar algunos) quienes identifican procesos de re-etnización, revitalización o renovación étnica asociados a nuevos derechos vinculados a la categoría de indígena [4].
La categoría indígena es una herramienta de lucha por el acceso y control a ciertos recursos y derechos por parte de personas que históricamente han sido marginadas de la toma de decisiones de los proyectos de desarrollo nacional. Esta posición nos aleja de ciertas concepciones adjetivadas como esencialistas y románticas atribuidas a los grupos indígenas, en particular, el supuesto según el cual los indígenas son esencialmente ecológicos, comunitarios o anti desarrollistas. También nos permite considerar grupos campesinos que experimentan procesos de revitalización étnica y evitar una distinción tajante entre indígena o no indígena.
El informe está organizado en cinco secciones. La primera sección es una breve descripción histórica del reparto agrario, la tenencia de la tierra y los grupos indígenas en México (1915-2017). Lo que nos permite comprender por qué el proyecto agrarista posrevolucionario significó la disociación entre tierra y territorio. Y también nos permite explicar las razones por las cuales en México no existe una asociación directa entre tipo de tenencia de la tierra y grupos indígenas.
En la segunda sección hacemos una revisión de las principales reformas legales y nuevas legislaciones promovidas entre 1992 y 2013 que afectan a ejidos y comunidades indígenas y campesinos. Destacando el carácter contradictorio de este conjunto de leyes que, por un lado, abren al mercado recursos indispensables para el sustento de la vida indígena y campesina en México, a la par que reconocen el carácter multicultural de la nación mexicana y se proponen definir los derechos de personas y colectivos indígenas a fin de permitirles determinar los términos de su propio desarrollo como grupo socio-cultural.
En la tercera sección realizamos una descripción esquemática de tres instituciones que conforman parte de la jurisdicción agraria en México (PA, RAN, TUAs) para señalar sus objetivos institucionales, características en términos de presupuesto y organización.
En la cuarta sección, analizamos patrones de despojo de las tierras ejidales y de bienes comunales de poblaciones indígenas y campesinas. Nos interesa señalar la complejidad de estos procesos y la variedad de actores involucrados, en particular la actuación de empresarios, empresas o corporaciones nacionales e internacionales y los gobiernos en sus tres ámbitos de competencia.
En la quinta sección, nos referimos a la violación al derecho al debido proceso en procedimientos agrarios en los que se dirimen controversias de comunidades indígenas en relación a sus tierras, territorios y recursos naturales.
Finalmente, en la sexta sección se demostrará cómo la política agraria -que ha facilitado el despojo de territorio en perjuicio de comunidades indígenas- representa una violación al derecho a la libre determinación. El informe culmina formulando algunas recomendaciones.
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Notas:
[1] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.
[2] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.
[3] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.
[4] Ver, por ejemplo, Ramos, R.A. (1992). The Hyperreal Indian. Serie Antropología 135; Bastos, S. y Cumes, A. (Coords). (2007). Mayanización y vida cotidiana. La ideología multicultural en la sociedad guatemalteca. Guatemala: Flacso; Agier, M. y Hoffmann, O. (1999). Las tierras de las comunidades negras en el Pacífico colombiano: interpretaciones de la ley, estrategias de los actores. Territorios, Revista de estudios Regionales y urbanos, 53-76; Canessa, A. (2007). Who is Indigenous? Selfidentification, indigeneity, and claims to justice in contemporary Bolivia. Urban Anthropology, 36(3),14-48; Torres-Mazuera, G. (2018). Nosotros decimos Má: La lucha contra la soya transgénica y la rearticulación de la identidad Maya en la Península de Yucatán. The Jornal of Latin American and Caribbean Anthropology, 23(2)
Más información:
México: la defensa del territorio desde la propiedad social agraria
[AUDIO] La propiedad social agraria: una herramienta para defender el territorio en México
La minería en México: Un despojo legalizado
Alertan abogados estrategias de privatización de tierras colectivas en México
Texto escrito por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), publicado originalmente en francés en el Número 32 de la revista «Caminando» del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) en 2017
En la actualidad los medios masivos de comunicación a los que hoy también hacemos referencia como «tradicionales» continúan ocupando un espacio importante en la política pública de los países, marcando agenda y definiendo, en muchas ocasiones, el sentir y pensar de la opinión pública. Si bien es cierto que muchos de ellos hoy miran ya con interés las voces que se expresan en Internet, lo hacen a su vez de una manera sesgada y nada reflexiva.
En efecto, Internet vino a mostrarnos hace ya más de 20 años que cada una y uno de nosotros podíamos plasmar nuestra voz y seríamos escuchados por otras y otros. El interés democratizador de Internet que nació con ánimo de ser multidireccional (en contraposición a la unidireccionalidad que poseen los medios tradicionales) hoy aún se mantiene.
Para los movimientos sociales, quienes históricamente han visto acallados sus reclamos, estas plataformas digitales dan la posibilidad de estar presentes de forma permanente en las pantallas (y las vidas) de otras y otros y amplificar las voces de las y los defensores ambientales.
Gracias a estos nuevos medios de comunicación es hoy más accesible transmitir información en tiempo real y desde las voces de las propias personas protagonistas a la vez que cuestionar la desinformación.
El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), una red de organizaciones, comunidades y grupos que luchan contra la minería en los territorios que van desde México hasta Panamá, Colombia, Perú y Paraguay se planteó, desde sus inicios allá por el año 2012, contar con una plataforma web que le permitiera ser el canal de comunicación con otros procesos y con aquellas personas interesadas en la defensa territorial en contra del extractivismo minero.
Desde allí compartimos nuestros comunicados, análisis, publicaciones y contenido multimedia, pero también nos hemos esforzado por recopilar materiales de otros procesos y organizaciones que trabajan por la defensa de los territorios. La intención es ser puente entre esos materiales didácticos, que nos apoyan en nuestras luchas, y los grupos que los generaron para a su vez, estrechar lazos en la defensa de la tierra.
Por aquel entonces también se abrieron otros canales que nos permitieron difundir toda esta información: elegimos un correo electrónico institucional, listas de correos y perfiles en redes sociales comerciales como Twitter y Facebook. De esta manera lograríamos tener una comunicación más directa con personas y procesos. Más tarde, sumamos algunos canales más. A través de todos los espacios mencionados pudimos comprobar que las plataformas digitales tienen un rol importante hoy en día en la difusión de los sucesos y situaciones que viven constantemente las y los defensores de la naturaleza. También hemos visto crecer los debates y las acciones que se emprenden para la búsqueda de formas de vida digna y han sido espacios a través de los cuales hemos generado alianzas con investigadores académicos, periodistas y personas sensibles a estos temas.
Con el tiempo, fuimos enlazándonos a otras luchas. Fue entonces cuando a finales del año 2014 decidimos migrar nuestra plataforma web y listas de correos a servidores más seguros. Desde entonces nuestros contenidos habitan en el espacio de la cooperativa tecnológica Mayfirst/Primero de Mayo. Otro cambio que hicimos, fue migrar gran parte de nuestros contenidos a la plataforma libre archive.org. Sabemos que en cuestiones tecnológicas nos quedan muchos pasos por dar, sin embargo, lo vamos haciendo en el convencimiento de que necesitamos transitar hacia otros modelos que estén en consonancia con los principios de autonomía y autodeterminación que defendemos.
Nuestra fuerza va de lo local a lo global.
Algunos ejemplos de la comunicación en la defensa de nuestros territorios:
Diferentes grupos de base que conforman el Movimiento M4 sufren diariamente criminalización, hostigamientos, difamaciones. Si desde el inicio se planteó la plataforma web como el espacio más importante desde el cual lanzar nuestras denuncias, felicitaciones y vinculaciones, hacia mediados de 2013 vimos que era desde allí desde donde queríamos lanzar nuestras acciones urgentes, de denuncia y/o prevención. Inauguramos el espacio con la acción para detener el Consorcio Minero Peña Colorada en un territorio en disputa entre los estados de Colima y Jalisco, en México.
Más tarde, las acciones urgentes que se hicieron para apoyar a la comunidad de Zacualapan y a Víctor Chí, Gabriel Martínez, Esperanza Salazar y el Consejo Indígena, a través de nuestra plataforma web fueron fundamentales para visibilizar la violencia que desde el gobierno estatal se volcaba contra los compañeros, lo que ayudó a minimizar los riesgos y fortalecer su seguridad. En sus palabras:
«La difusión de eventos importantes para nuestra lucha como el Foro Nacional contra la Minería que se llevó a cabo en la comunidad indígena de Zacualpan en 2015 o la Misión Nacional e Internacional de Observación para el caso Zacualpan, fue decisiva para internacionalizar nuestra lucha, lo que ha logrado, junto a muchas estrategias más, que hasta el momento el proyecto extractivo no se haya llevado a cabo.
Para Bios Iguana A.C y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan el apoyo que hemos recibido desde 2013, del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4, ha sido clave para enfrentar las amenazas, la criminalización, la estigmatización y la violencia a lo largo de nuestra lucha contra el proyecto minero a cielo abierto.»
Las acciones se siguieron sucediendo según se necesitaba. El 3 de marzo del año 2016 nos despertamos muy de madrugada con la tristísima noticia de que nuestra compañera Berta Cáceres había sido vilmente asesinada. Tampoco encontrábamos sosiego para la situación de persecución y criminalización que estaban viviendo las demás compañeras y compañeros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Pero nuestro dolor y preocupación no acaban allí. Nuestro compañero Gustavo Castro, quien se encontraba en casa de Berta para impartir talleres de alternativas al modelo extractivista, también había sufrido un intento de asesinato y se encontraba retenido injustificadamente en Honduras.
Desde la plataforma del Movimiento en M4, en contacto directo con sus compañeras y compañeros de la organización Otros Mundos A.C. de Chiapas, México, nos pusimos a disposición para sacar en tiempo real acciones e informaciones sobre la situación de Gustavo. Necesitábamos decirle al mundo entero que nuestro compañero y único testigo del asesinato de Berta no podía continuar en Honduras a merced de un estado que no garantizaba su integridad física y psicológica. Nos mantuvimos todo el mes en que nuestro compañero estuvo retenido allí, exigiendo #SeguridadParaGustavo.
Las acciones emprendidas recibieron un fuerte apoyo. La comunidad internacional se mantuvo vigilante de la situación y seguimos con el convencimiento de que nuestro compañero salió de Honduras gracias al apoyo de las personas, organizaciones y autoridades de todo el mundo que expresaron su indignación y apoyo. Al día de hoy continuamos exigiendo #JusticiaParaBerta.
Finalmente a finales del año 2016 cuando el grupo Acción Ecológica fue criminalizado por el gobierno ecuatoriano, nos sentimos honrados de que contaran con nuestra plataforma para poder lanzar su denuncia al mundo y pedir solidaridad en sus reclamos en contra de la minería en defensa del pueblo Shuar.
El equipo de Otros Mundos A.C., con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, tiene su propia área de comunicación para fortalecer su trabajo de defensa del territorio tanto como su espacio área de Alternatos, dedicada a la búsqueda de alternativas locales al sistema capitalista. Alimenta cotidianamente su sitio web, portal informativo alternativo que permite al público en general, a organizaciones sociales y a comunidades en resistencia entender mejor los impactos del modelo extractivo en los territorios, y conocer a los pueblos que resisten día a día al despojo en México y el mundo. Contiene comunicados, denuncias de diversos pueblos organizados, así como muchas producciones de Otros Mundos en acceso libre: análisis, videos, audios, notas informativas, manuales, ilustraciones y mapas. Los lectores están invitados a descargarlos y reproducirlos para su uso propio o para repartirlos.
Desde Otros Mundos A.C. consideramos que el video es una herramienta particularmente potente, como lo vimos con el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), un grupo que acompañamos en su resistencia a la minería en la costa de Chiapas. Cuando sus integrantes instalaron campamentos en septiembre 2016 para exigir la clausura de la mina Casas Viejas explotada por El Puntal S.A. de C.V., realizamos un video para contarlo, lo cual se volvió útil contra la desinformación y los intentos de criminalización del movimiento, al mostrar que los miembros del FPDS eran hombres y mujeres luchando pacíficamente por una vida digna y sana.
El sitio y las redes sociales de Otros Mundos siguen siendo el principal canal de información sobre la lucha del FPDS. Por un lado le permite tener impacto mediático y contar con una buena red de aliados en situaciones de emergencia (hostigamiento policíaco por ejemplo). Por otro lado, vemos que es difícil que las defensoras y defensoras se integren a la estrategia de comunicación, tomando ellas mismas una cámara y manejando las redes sociales de su movimiento cuando se trata de personas adultas no particularmente interesadas en la comunicación, el audiovisual o Internet, sin embargo a través de los materiales que se generan desde la organización reproducimos su voz y su palabra como instrumentos importantes del acompañamiento.
En el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la comunicación popular, alternativa, en manos de las comunidades en resistencia, ha sido un arma fundamental para la lucha en todas las comunidades a las que se ha podido llegar. En muchas de las comunidades que conforman el COPINH no hay electricidad, sin embargo en cada casa hay una radio.
En este contexto, la radio comunitaria ha sido un elemento importante de formación política de la comunidad, compartiendo los programas y productos de otras radios y medios alternativos y estableciendo un espacio libre de discusión e información, buscando alejarse de las malas prácticas y vicios amarillistas y tergiversadores de los medios corporativos. La radio ha sido un instrumento de lucha para la liberación de las mujeres quienes encuentran en ella un espacio de incidencia, denuncia y expresión.
Un ejemplo claro es el proceso de la radio comunitaria La Voz del Gualcarque en Río Blanco, Intibucá, Honduras, que, entre otros temas, brinda información en contra de la construcción de la represa asesina «Agua Zarca».
Tal ha sido la fortaleza que la radio ha dado a la comunidad que la empresa pagó para montar una radio en la misma frecuencia y entorpecer la frecuencia de La Voz del Gualcarque. Sin embargo, lo que no puede pagar el dinero sucio de esa represa es el trabajo comunitario y la alegría de la gente de poner su antena, construir su cabina y organizarse para que cada quien, desde sus posibilidades, participe en la radio de toda la comunidad.
Es por eso que desde allí se sigue construyendo comunicación popular y denunciando el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, quien perdió la vida por incentivar la organización y rebeldía del pueblo Lenca.
Día tras día constatamos que la comunicación en manos de los procesos y en los diversos formatos que adopta es una herramienta fundamental para caminar las luchas. Juntando ésta a otras formas de organización podemos hacer frente a las embestidas del capital para seguir construyendo día a día la vida digna que merecemos vivir.
Más información:
[INFORME] Investigación sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas
AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras
Artículo publicado en La Jornada del Campo por Gustavo Lozano Guerrero, miembro de Acción Colectiva A.C. y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 18 de agosto 2018
Foto: Asamblea agraria, comunidad Vergel de Bernalejo, San Luis de la Paz, Guanajuato.
El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó «Tierra Arrasada», su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé «REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios», a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.
A cinco años de aquel artículo -y a diez años del surgimiento de la REMA– es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’- mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer «Territorios Libres de Minería». Es decir, territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país han logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.
Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.
Crear «Territorios Libres de Minería», sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear «Territorios Libres de Minería», por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.
A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, «solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades».
Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir «Territorios Libres de Minería», sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.
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La Red Mexicana de Afectados por la Minería celebra 10 años en defensa de la vida y el territorio
Rosalinda Santiz, presidenta del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
Foto: Rosalinda Santiz durante el seminario de Otros Mundos A.C. el 1 de mayo 2018 (Crédito: Otros Mundos A.C.)
Yo voy a hablar sobre el tema de las cooperativas como una alternativa al sistema capitalista. En 2016, se conformó la Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR), una red de cooperativas en diferentes estados del país (Quintana Roo, Oaxaca, Michoacan, Guerrero y Chiapas). Nosotras no nos llamamos feministas, porque al final este concepto no nace desde aquí, desde los pueblos. A lo mejor se puede decir de otra manera, no lo sé, tampoco lo hemos encontrado todavía. Sin embargo, las mujeres creemos que las luchas de las mujeres han sido de muchas maneras. El caminar de las mujeres es super importante.
Para nosotras es muy importante ver cómo desde las cooperativas podemos defender el territorio, las tierras y nuestros propios recursos naturales. Es una forma de luchar, de unirnos como mujeres y también de lograr la autonomía económica porque antes no existía. El que administraba los pocos pagos que las mujeres recibían de sus productos o tejidos eran los hombres. A las mujeres no nos educan a participar, ni siquiera a tomar decisiones. Sin embargo, uno de los logros que han habido dentro de las cooperativas es la toma de decisiones y también el hecho de que las mujeres conozcan sus propios derechos, aunque han habido diferentes dificultades en el camino. Hasta han habido muertes de mujeres. Las quisieron violar porque estaban participando y tomando decisiones.
Una de las cosas que queremos también defender es nuestro patrimonio cultural, porque se ha ido perdiendo de muchas maneras. Otra de las cosas que estamos defendiendo como red de cooperativas es la defensa de la propiedad intelectual de nuestros diseños. Es un problema muy grande que está pasando en el país, no solo en México, sino también en Guatemala y otros países. Todos nuestros diseños se los están llevando a otros países y cada vez es menos lo que nos está quedando.
Y otra de las cosas que estamos empezando a construir en nuestra red entre todas es valorar el trabajo entre nosotras, las mujeres, rescatando el trabajo de las pocas mujeres mayores que quedan. Uno de los trabajos que queremos seguir haciendo es que se sumen otras cooperativas de mujeres, otros esfuerzos, otros colectivos. Si somos más grupos de mujeres, tendremos más fuerza para enfrentar las situaciones.
Actividades organizadas con la cooperativa de mujeres Jolom Mayaetik en Chiapas (Crédito: CEFOCAM)
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Astrid Cuero, feminista afro-colombiana, fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
«Lo que más conozco es la experiencia del Pacífico colombiano, en la costa occidental de Colombia. Es un territorio selvático con salida al mar, con mucha diversidad y muchos recursos naturales, donde la minería ha tenido una función esencial dentro del capitalismo y la economía extractivista.
Este territorio está habitado por una población afro-colombiana e indígena. Desde los años 1990 ha sido objeto de la presencia de multinacionales, en especial mineras como la AngloGold Ashanti (de capital sudafricano). Este territorio está siendo disputado por muchos actores, incluso armados, porque allí también se siembran cultivos ilícitos como la cocaína, la amapola, la mariguana, en complicidad con el estado.
Es un territorio disputado por las guerrillas y por paramilitares que han sido pagados por narcotraficantes como por las empresas multinacionales. Esto ha generado una situación de destierro en las poblaciones afro-colombianas. Los hombres negros han sido los que han sido más asesinados en todo el conflicto en el pacífico colombiano. En particular las mujeres negras son las que quedan sobreviviendo y resistiendo, intentando reconstruir su vida. Han sufrido violencias de todo tipo porque aparte de que destruyen a sus familias, matan a sus esposos y sus compañeros, también han sido violadas y violentadas por los actores armados, sobre todo militares y paramilitares.
Además, muchas de ellas han sido desplazadas, desterradas de sus territorios, han tenido que llegar a las ciudades con sus hijos, para intentar sobrevivir, enfrentándose a condiciones de pobreza y de racismo. Es una lucha muy profunda y muy dura contra un sistema que es patriarcal, y capitalista, pero que también es racista. Es fundamental darnos cuenta de ese racismo estructural que las mujeres negras tienen que enfrentar para sobrevivir y defender sus territorios. Algunas han podido seguir intentando defender su territorio desde sus lugares, pero a muchas les ha tocado salir.
Mujeres como Francia Márquez (Premio Goldman 2018) y Marilyn Machado, entre otras, hacen parte de todo un proceso de comunidades negras y de la Red de movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, quienes no se definen como feministas pero están ejerciendo un feminismo negro. Estas mujeres negras que han defendido la vida, el territorio y la relación integral que existe entre la naturaleza y el humano, son mujeres que no se definen como feministas, pero que en sus practicas políticas están generando una vida alternativa al sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista.»
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Así es Francia Márquez, la colombiana que ganó el «Nobel» ambiental
La fuerza de las mujeres en la defensa del territorio (comunicado de la REMA)
PDF: Desafíos feministas para enfrentar el conflicto del capital contra la vida
Foto: Astrid Cuero tomando la palabra en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. A su lado, están: Marilia de Madeiros Gonçalvez, Guadalupe Vásquez Luna y Rosalindo Santis.
A pesar de no haber logrado cambiar la tendencia conservdora del voto, las dos millones de personas que inundaron las calles afuera del Congreso con sus pañuelos verdes, símbolos de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Argentina, cambiaron las mentes, según Natalia. «La calle ya dijo que sí. Nosotros hemos subido un escalón. Le hemos quitado la condena moral al aborto, y ahora vamos por quitarle la condena legal».
Participación de Angélica Schenerock en el conversatorio organizado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México el 17 de julio 2018 en el Foro Cultural Kinoki de San Cristóbal de las Casas, titulado «Los decretos de agua: impactos sobre los ríos, pueblos y mujeres en Chiapas». Angélica Schenerock coordina la organización Agua y Vida – Mujeres, Derechos y Ambiente A.C. en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
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Foto: Angélica Schenerock en el conversatorio organizado el 18 de julio 2018 (Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)
«Los decretos firmados el 5 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto no son de reservas de agua sino de levantamiento de vedas. Es decir que quitan la protección del agua. En pocas palabras quiere decir que antes había un porcentaje del agua que estaba protegido y no se podía usar. Los decretos levantan esa protección. Al liberar el agua, obviamente se libera para la inversión privada, para mantener a las empresas extractivas, de extracción de petróleo, de fracking, las mineras y las embotelladoras. La privatización del agua ya existe en México, desde la Ley de Aguas Nacionales del 1992, pero ahora con los nuevos decretos, se libera una cantidad muy grande de agua para otorgar concesiones enormes a las empresas.
Las principales violaciones al derecho humano al agua y otros derechos que implican estos decretos son:
1) El derecho al medio ambiente: los decretos ponen en peligro el equilibrio de los ecosistemas.
2) El derecho al agua como bien común: el agua pasa de ser un bien común a una mercancía. Es importante recuperar esta perspectiva del agua: no como un recurso natural que se puede vender, intercambiar y contaminar. Es importante poder recuperar esta perspectiva filosófica e ideológica del agua como un bien común.
3) El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para ejercer cualquier cambio en los territorios, con respecto a los bienes naturales, se supone que el gobierno es obligado a realizar la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Eso no ha ocurrido, aunque está escrito den los decretos que se consultaron a los consejos de cuenca. Pero éstos son espacios realmente burocráticos. No son espacios de participación ni de información a la población. Son espacios en los cuales se busca básicamente validar las decisiones que han sido tomadas.
4) El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas: es su derecho de decidir cómo quieren gestionar el agua en sus territorios. Eso es algo muy grave porque un territorio va más allá de un pedazo de tierra. Un territorio tiene un enfoque geográfico, pero también tiene un enfoque social, histórico, cultural y espiritual. Lo ven como algo sagrado: los ríos tienen vida, tienen alma.
5) El derecho al agua de los pueblos campesinos: los decretos tienen un sesgo muy excluyente ya que la creación de reservas de agua para uso público-urbano se refiere a los usos del agua en las ciudades, en espacios vinculados a la red pública de agua, es decir al agua entubada. Sin embargo, en muchas localidades el agua no está entubada. Esto excluye y margina a la población campesina.
¿Qué tiene que ver todo eso con las mujeres?
Los impactos son diferenciados: las problemáticas que tienen que ver con el agua, la invasión del territorio y el despojo de los bienes naturales no tienen los mismos impactos en la vida de los hombres como de las mujeres. ¿Porqué? Porque el acceso al agua, al igual que el acceso a cualquier otro bien común, tiene que ver con las relaciones desiguales de poder entre los sexos, pero también tienen que ver con las desigualdades sociales, raciales, de clase. Es diferente el impacto en las mujeres más pobres, migrantes, adultas mayores, indígenas, negras, y otras mujeres racializadas. Es diferente tener menos agua de acuerdo con el lugar que ocupamos en la sociedad.
El otro problema es el de la participación de las mujeres. Aunque somos muchas mujeres organizadas, en lo más grueso de la población, para las mujeres que son excluidas es muy difícil que su participación en las asambleas comunitarias sea motivada. Dicen: «Solo quieren nuestro voto, no quieren nuestra opinión».
De manera general, las mujeres carecen de representación en los espacios de toma de decisiones como en las asambleas pero también en los comités de cuenca y los consejos de cuenca, que además de ser espacios burocráticos, carecen de representación de mujeres y feministas.
Finalemente, es innegable que las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados. Cuando hay poca agua, también genera una carga emocional, porque los demás familiares se enojan con las mujeres que son las responsables de garantizar esta agua. En ciertos casos esto puede generar violencia física, emocional e incluso sexual.»
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INFOGRAFÍA REALIZADA POR AGUA Y VIDA – MUJERES, DERECHOS Y AMBIENTE A.C.:
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#AguasChiapasConElAgua
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En la prensa:
Las mujeres pueden sufrir violencia física, emocional e incluso sexual cuando hay escasez de agua (Chiapas Paralelo)