Asambleas Comunitarias: la conspiración de personas valientes

Artículo publicado en La Jornada del Campo por Gustavo Lozano Guerrero, miembro de Acción Colectiva A.C. y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 18 de agosto 2018

Foto: Asamblea agraria, comunidad Vergel de Bernalejo, San Luis de la Paz, Guanajuato.

El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó «Tierra Arrasada», su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé «REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios», a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.

A cinco años de aquel artículo -y a diez años del surgimiento de la REMA– es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’- mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer «Territorios Libres de Minería». Es decir, territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país han logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.

Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.

Crear «Territorios Libres de Minería», sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear «Territorios Libres de Minería», por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.

A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, «solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades».

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir «Territorios Libres de Minería», sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.

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[AUDIO] Las cooperativas de mujeres, una alternativa al sistema capitalista

Rosalinda Santiz, presidenta del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

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Foto: Rosalinda Santiz durante el seminario de Otros Mundos A.C. el 1 de mayo 2018 (Crédito: Otros Mundos A.C.)

Yo voy a hablar sobre el tema de las cooperativas como una alternativa al sistema capitalista. En 2016, se conformó la Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR), una red de cooperativas en diferentes estados del país (Quintana Roo, Oaxaca, Michoacan, Guerrero y Chiapas). Nosotras no nos llamamos feministas, porque al final este concepto no nace desde aquí, desde los pueblos. A lo mejor se puede decir de otra manera, no lo sé, tampoco lo hemos encontrado todavía. Sin embargo, las mujeres creemos que las luchas de las mujeres han sido de muchas maneras. El caminar de las mujeres es super importante.

Para nosotras es muy importante ver cómo desde las cooperativas podemos defender el territorio, las tierras y nuestros propios recursos naturales. Es una forma de luchar, de unirnos como mujeres y también de lograr la autonomía económica porque antes no existía. El que administraba los pocos pagos que las mujeres recibían de sus productos o tejidos eran los hombres. A las mujeres no nos educan a participar, ni siquiera a tomar decisiones. Sin embargo, uno de los logros que han habido dentro de las cooperativas es la toma de decisiones y también el hecho de que las mujeres conozcan sus propios derechos, aunque han habido diferentes dificultades en el camino. Hasta han habido muertes de mujeres. Las quisieron violar porque estaban participando y tomando decisiones.

Una de las cosas que queremos también defender es nuestro patrimonio cultural, porque se ha ido perdiendo de muchas maneras. Otra de las cosas que estamos defendiendo como red de cooperativas es la defensa de la propiedad intelectual de nuestros diseños. Es un problema muy grande que está pasando en el país, no solo en México, sino también en Guatemala y otros países. Todos nuestros diseños se los están llevando a otros países y cada vez es menos lo que nos está quedando.

Y otra de las cosas que estamos empezando a construir en nuestra red entre todas es valorar el trabajo entre nosotras, las mujeres, rescatando el trabajo de las pocas mujeres mayores que quedan. Uno de los trabajos que queremos seguir haciendo es que se sumen otras cooperativas de mujeres, otros esfuerzos, otros colectivos. Si somos más grupos de mujeres, tendremos más fuerza para enfrentar las situaciones.

Actividades organizadas con la cooperativa de mujeres Jolom Mayaetik en Chiapas (Crédito: CEFOCAM)

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[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

Pensar desde los comunes, un libro colaborativo disponible en .PDF

[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

Astrid Cuero, feminista afro-colombiana, fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

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«Lo que más conozco es la experiencia del Pacífico colombiano, en la costa occidental de Colombia. Es un territorio selvático con salida al mar, con mucha diversidad y muchos recursos naturales, donde la minería ha tenido una función esencial dentro del capitalismo y la economía extractivista.

Este territorio está habitado por una población afro-colombiana e indígena. Desde los años 1990 ha sido objeto de la presencia de multinacionales, en especial mineras como la AngloGold Ashanti (de capital sudafricano). Este territorio está siendo disputado por muchos actores, incluso armados, porque allí también se siembran cultivos ilícitos como la cocaína, la amapola, la mariguana, en complicidad con el estado.

Es un territorio disputado por las guerrillas y por paramilitares que han sido pagados por narcotraficantes como por las empresas multinacionales. Esto ha generado una situación de destierro en las poblaciones afro-colombianas. Los hombres negros han sido los que han sido más asesinados en todo el conflicto en el pacífico colombiano. En particular las mujeres negras son las que quedan sobreviviendo y resistiendo, intentando reconstruir su vida. Han sufrido violencias de todo tipo porque aparte de que destruyen a sus familias, matan a sus esposos y sus compañeros, también han sido violadas y violentadas por los actores armados, sobre todo militares y paramilitares.

Además, muchas de ellas han sido desplazadas, desterradas de sus territorios, han tenido que llegar a las ciudades con sus hijos, para intentar sobrevivir, enfrentándose a condiciones de pobreza y de racismo. Es una lucha muy profunda y muy dura contra un sistema que es patriarcal, y capitalista, pero que también es racista. Es fundamental darnos cuenta de ese racismo estructural que las mujeres negras tienen que enfrentar para sobrevivir y defender sus territorios. Algunas han podido seguir intentando defender su territorio desde sus lugares, pero a muchas les ha tocado salir.

Mujeres como Francia Márquez (Premio Goldman 2018) y Marilyn Machado, entre otras, hacen parte de todo un proceso de comunidades negras y de la Red de movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, quienes no se definen como feministas pero están ejerciendo un feminismo negro. Estas mujeres negras que han defendido la vida, el territorio y la relación integral que existe entre la naturaleza y el humano, son mujeres que no se definen como feministas, pero que en sus practicas políticas están generando una vida alternativa al sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista.»

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La fuerza de las mujeres en la defensa del territorio (comunicado de la REMA)

PDF: Desafíos feministas para enfrentar el conflicto del capital contra la vida

AUDIO: «Los principios del anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado fueron impulsados por Berta Cáceres»

Foto: Astrid Cuero tomando la palabra en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. A su lado, están: Marilia de Madeiros Gonçalvez, Guadalupe Vásquez Luna y Rosalindo Santis.

Aborto Legal, seguro y gratuito: la lucha sigue tras el rechazo de su legalización por el Senado de Argentina

Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 9 de agosto 2018
 
El miércoles 8 de agosto 2018 fue un día histórico para los derechos de las mujeres en Argentina. El proyecto de ley que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E.) hasta la semana 14 de gestación se debatió en el Senado tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio. Desgraciadamente, a las 02:45 en la madrugada del jueves 9 de agosto, el texto fue rechazado, con 38 votos en contra y 31 a favor. Siendo 72 senadores en la Cámara Alta, se necesitaban 37 votos a favor (la mitad de los senadores + 1) para que la ley pasara.
 
El voto en la Cámara de Diputados no había sido fácil, pero se había logrado su aprobación con 129 votos a favor y 125 en contra, tras 23 horas de debate, gracias a la movilización de un millón de personas en la calle. Ayer también, las mujeres argentinas inundaron las calles afuera del Congreso para presionar a sus representantes, pero fue suficiente para luchar contra el conservadurismo de los senadores y las senadoras.
 
 
Intervención de la Senadora Norma Durango, del Partido Justicialista (PJ), a favor de la Ley:
 
 
Intervención del Senador Gerardo Montenegro, del Partido Justicialista (PJ), en contra de la Ley:
 
 
Muchos de los argumentos de los senadores y senadoras a favor del texto, incluyendo a la expresidenta Cristina Kirchner, anteriormente en contra, se enfocaban en el grave problema de salud pública que genera la prohibición del aborto en el país, donde se practican 450.000 abortos clandestinos al año, es decir 51 abortos por hora, según Amnistía Internacional Argentina. «Las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna durante los últimos 30 años», puntualiza la organización no gubernamental en su recién informe titulado «Aportes de Amnistía Internacional al debate sobre la despenalización del aborto». «Desde 1983 hasta ahora murieron al menos 3.030 mujeres por abortos inseguros», es decir 86 al año, reporta el informe.
 
«La responsabilidad por cada mujer que tenga un problema de este tipo, especialmente si muere, va a ser de estos 38 individuos que se dicen representantes, seguramente del clero y de algunos poderes económicos como las clínicas clandestinas, pero no de los dos millones de personas que estuvimos en las puertas del Congreso», denunció Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina en entrevista con Otros Mundos A.C. después del cierre del voto.
 

«La calle ya dijo que sí»

Ella y todas las feministas argentinas tendrán que esperar uno o dos años antes de poder volver a dar la pelea legislativa. En 2019 se podrá introducir un nuevo proyecto, pero será hasta 2020 que será posible volver a meter el mismo texto discutido ayer sin modificaciones. «No lo van a poder frenar con argumentos retrógrados, machistas o directamente misóginos porque muchas veces en las discusiones, lo que menos se discutía era la vida de esas mujeres en riesgo y el derecho de esas mujeres en riesgo y de todas las mujeres a disfrutar de nuestros cuerpos y decidir sobre nuestros cuerpos», asegura Natalia.
 

A pesar de no haber logrado cambiar la tendencia conservdora del voto, las dos millones de personas que inundaron las calles afuera del Congreso con sus pañuelos verdes, símbolos de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Argentina, cambiaron las mentes, según Natalia. «La calle ya dijo que sí. Nosotros hemos subido un escalón. Le hemos quitado la condena moral al aborto, y ahora vamos por quitarle la condena legal».

 
 Foto: Movilización a favor de la ley en Buenos Aires, Argentina (Crédito: Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Argentina)
 
Hubo «pañuelazos» verdes en todo el mundo el 8 de agosto (#8A) en solidaridad con las compañeras argentinas, incluso en varias ciudades de México, donde recordamos que a nivel nacional el aborto es legal únicamente en caso de violación, o cuando «de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte», según el Código Penal Federal. Cuando lo practican sin responder a una de esas tres condiciones, corren entre 6 meses y 5 años de prisión. Solo en la Ciudad de México existe el derecho a la I.V.E. antes de las 12 semanas sin condiciones.
 
A continuación compartimos fotos de la movilización en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un estado donde una mujer puede abortar solo en tres casos: si fue víctima de violación; si «el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves»; si el embarazo pone a la mujer «en peligro de muerte».
 
En Chiapas no existen cifras oficiales sobre el número de abortos practicados en la clandestinidad porque la Secretaria de Salud del estado los registra como abortos espontáneos. «Pero, desde la Alianza Nacional por el derecho a decidir, estamos acompañando aproximadamente a 50 personas cada mes en del estado de Chiapas», señala Samantha Peña Hernández, integrante de Católicas por el derecho a decidir, que forma parte de la Alianza. Tampoco existen registro de muertes por abortos clandestinos, pero Chiapas está ocupando el primer lugar en número de muertes maternas -46 en lo que va de año 2018, según el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM)- y «de seguro hay casos de abortos clandestinos dentro de esta cifra para Chiapas», alerta Samantha.
 
 
Foto: Movilización a favor del aborto legal, seguro y gratuito en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México (Crédito: Luís Enrique Aguilar)
 
La penalización del aborto es un grave problema en el estado, donde varias mujeres han sido encarceladas por practicar el aborto, siendo acusadas no de aborto ilegal sino de «homicidio en razón de parentesco». La raíz del problema está en la defición del aborto como «la muerte del producto de la concepción» tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal del Estado de Chiapas. «El primer paso que queríamos tomar con la Alianza Nacional por el derecho a decidir era quitar del código penal el momento del embarazo definido desde la concepción. Eso es un tope muy grande para Chiapas, porque si no modificamos primero eso, no vamos a poder avanzar.»
 

En cuanto a la intención de la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de impulsar la legalización del I.V.E. antes de las 12 semanas en todo el país, Samantha se dice esperanzada. «Sin embargo, sabemos que los grupos pro vida en México están organizados y que va a ser un camino largo para ir sensibilizando.»

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Más información:
 
 
 
 
 
En la prensa:
 

[AUDIO + INFOGRAFÍA] ¿Qué tienen que ver los decretos de reservas de agua con los derechos de las mujeres?

Participación de Angélica Schenerock en el conversatorio organizado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México el 17 de julio 2018 en el Foro Cultural Kinoki de San Cristóbal de las Casas, titulado «Los decretos de agua: impactos sobre los ríos, pueblos y mujeres en Chiapas». Angélica Schenerock coordina la organización Agua y Vida – Mujeres, Derechos y Ambiente A.C. en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

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Foto: Angélica Schenerock en el conversatorio organizado el 18 de julio 2018 (Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)

«Los decretos firmados el 5 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto no son de reservas de agua sino de levantamiento de vedas. Es decir que quitan la protección del agua. En pocas palabras quiere decir que antes había un porcentaje del agua que estaba protegido y no se podía usar. Los decretos levantan esa protección. Al liberar el agua, obviamente se libera para la inversión privada, para mantener a las empresas extractivas, de extracción de petróleo, de fracking, las mineras y las embotelladoras. La privatización del agua ya existe en México, desde la Ley de Aguas Nacionales del 1992, pero ahora con los nuevos decretos, se libera una cantidad muy grande de agua para otorgar concesiones enormes a las empresas.

Las principales violaciones al derecho humano al agua y otros derechos que implican estos decretos son:

1) El derecho al medio ambiente: los decretos ponen en peligro el equilibrio de los ecosistemas.

2) El derecho al agua como bien común: el agua pasa de ser un bien común a una mercancía.  Es importante recuperar esta perspectiva del agua: no como un recurso natural que se puede vender, intercambiar y contaminar. Es importante poder recuperar esta perspectiva filosófica e ideológica del agua como un bien común.

3) El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para ejercer cualquier cambio en los territorios, con respecto a los bienes naturales, se supone que el gobierno es obligado a realizar la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Eso no ha ocurrido, aunque está escrito den los decretos que se consultaron a los consejos de cuenca. Pero éstos son espacios realmente burocráticos. No son espacios de participación ni de información a la población. Son espacios en los cuales se busca básicamente validar las decisiones que han sido tomadas.

4) El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas: es su derecho de decidir cómo quieren gestionar el agua en sus territorios. Eso es algo muy grave porque un territorio va más allá de un pedazo de tierra. Un territorio tiene un enfoque geográfico, pero también tiene un enfoque social, histórico, cultural y espiritual. Lo ven como algo sagrado: los ríos tienen vida, tienen alma.

5) El derecho al agua de los pueblos campesinos: los decretos tienen un sesgo muy excluyente ya que la creación de reservas de agua para uso público-urbano se refiere a los usos del agua en las ciudades, en espacios vinculados a la red pública de agua, es decir al agua entubada. Sin embargo, en muchas localidades el agua no está entubada. Esto excluye y margina a la población campesina.

¿Qué tiene que ver todo eso con las mujeres?

Los impactos son diferenciados: las problemáticas que tienen que ver con el agua, la invasión del territorio y el despojo de los bienes naturales no tienen los mismos impactos en la vida de los hombres como de las mujeres. ¿Porqué? Porque el acceso al agua, al igual que el acceso a cualquier otro bien común, tiene que ver con las relaciones desiguales de poder entre los sexos, pero también tienen que ver con las desigualdades sociales, raciales, de clase. Es diferente el impacto en las mujeres más pobres, migrantes, adultas mayores, indígenas, negras, y otras mujeres racializadas. Es diferente tener menos agua de acuerdo con el lugar que ocupamos en la sociedad.

El otro problema es el de la participación de las mujeres. Aunque somos muchas mujeres organizadas, en lo más grueso de la población, para las mujeres que son excluidas es muy difícil que su participación en las asambleas comunitarias sea motivada. Dicen: «Solo quieren nuestro voto, no quieren nuestra opinión».

De manera general, las mujeres carecen de representación en los espacios de toma de decisiones como en las asambleas pero también en los comités de cuenca y los consejos de cuenca, que además de ser espacios burocráticos, carecen de representación de mujeres y feministas.

Finalemente, es innegable que las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados. Cuando hay poca agua, también genera una carga emocional, porque los demás familiares se enojan con las mujeres que son las responsables de garantizar esta agua. En ciertos casos esto puede generar violencia física, emocional e incluso sexual

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INFOGRAFÍA REALIZADA POR AGUA Y VIDA – MUJERES, DERECHOS Y AMBIENTE A.C.:

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#AguasChiapasConElAgua

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[AUDIO] Jesús Carmona: «Con los decretos, al levantar las vedas, todos sabemos que se viene el fracking»

Los decretos no protegen a los ríos del avance del modelo extractivo

[VIDEO] ¿Los decretos firmados el 5 de junio privatizan el agua?

Rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados el 5 de junio

En la prensa:

Las mujeres pueden sufrir violencia física, emocional e incluso sexual cuando hay escasez de agua (Chiapas Paralelo)

México: la defensa del territorio desde la propiedad social agraria

Artículo de Santiago Navarro F. publicado en Avispa Midia el 10 de julio 2018

«Pedir permiso a la tierra antes de ararla, antes de sembrarla y también para cosecharla es importante», dice Manuel Zarate mientras busca en sus más profundos recuerdos cómo era la enseñanza de sus padres y abuelos. «Se va perdiendo todo ese conocimiento, ese respeto. Lo que importa ahora de las tierras es su precio, antes solo sembrábamos, sin avaricia y sin esperar más que solo los alimentos. Todos se van olvidando que tenemos estas tierras gracias al general Zapata. Hace tiempo ya que los programas para regularización de tierras van avanzado y, atrasito nomás, ahí viene la minería y sus proyectos. La gente no se da cuenta pero nos están quitando todo», dice el anciano de 77 años, de los Valles centrales de Oaxaca.

A pesar de que el señor Zarate no tiene una cercanía con la tecnología moderna ni estudios básicos, mantiene vivos sus recuerdos, su memoria, y eso, es más que suficiente para darse cuenta de que algo pasa con las tierras de los campesinos, desde hace tiempo, no solo en Oaxaca, sino en el resto del país.

México está dividido en tres grandes categorías de propiedad de la tierra: pública, que corresponde a los terrenos de propiedad del estado (federal o estatal); la segunda es la privada, aquella que la nación otorga a particulares; la tercera categoría es la propiedad social, donde están los núcleos agrarios, divididos en dos regímenes de tenencia de la tierra: el ejido y la propiedad comunal. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN), la propiedad social cuenta con poco más de 100 millones de hectáreas repartidas en 31 mil 785 núcleos agrarios (NA), de ellos 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son de propiedad comunal. La propiedad social representa el 52% de la superficie total de México, producto de la Reforma Agraria y esta, a su vez, de la revolución social de 1910.

Según el antropólogo Arturo Warman, quien fungió como ministro de la Reforma Agraria de México, en dicha reforma se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país, con los que se establecieron cerca de 30 000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia, pero «no logró el bienestar esperado», por lo que se decidió reorientar esta reforma en el año de 1992.

La contra-reforma

«Hubo un reparto agrario en donde más del 50% del territorio nacional es propiedad social», compartió en su presentación, en Acacoyagua, Chiapas, la abogada Claudia Gómez Godoy, en el encuentro «¡Pueblos Vivos! ¡Territorios Libres del Extractivismo!». Pero también argumenta que la propiedad social ha sido un obstáculo para los proyectos extractivistas. «Cuando llega un inversor minero o alguien que quiere hacer un proyecto de hidrocarburos o una gran plantación y se encuentra con este tipo de propiedad, ¿creen que les gusta o no les gusta? No les gusta porque un minero siempre va a preferir negociar con una o tres personas que con cien personas quienes no pueden decir más que en asamblea. Entonces ese tipo de propiedad se ha visto desde su creación como un obstáculo a las inversiones, a los proyectos de desarrollo, a los proyectos extractivos».

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO DE CLAUDIA GÓMEZ <<

Por lo consiguiente, el 6 de enero de 1992, en el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el Artículo 27 Constitucional, y el 26 de febrero del mismo año se publicó la Ley Agraria que regula las modificaciones a dicho artículo. Ley que posibilita la adquisición del dominio pleno de las parcelas en tierras ejidales y éstas podrán pasar al régimen de propiedad privada.

«Antes del año 1992, las tierras ejidales y comunales eran tierras que se daban a las personas en colectivo y esas personas eran propietarias en colectivo. Ninguna de esas personas era propietaria. En estas dos formas de propiedad, no existía la propiedad privada. Quien tiene la titularidad es el colectivo. Además, esas tierras tenían antes del 1992 una protección especial: no se podían vender (eran inajenables), no se podían embargar (inembargables), y no podían perder vigencia (imprescriptibles)«, señaló la abogada Gómez Godoy quien forma parte del equipo jurídico de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

«Ahora con esos títulos la gente vende a lo loco y no sabe ni a quien vende. No sabe si está vendiendo para los mineros o para gente que tiene otras intenciones en nuestras tierras. Pero como ya es propiedad privada, pues ya no hay nada que reclamar. Por eso yo le digo a mis nietos que no vendan la tierra, sino ya se chingaron, pues el dinero se acaba, pero la tierra no, ella te puede dar de comer si la sabes trabajar», dice el campesino Zarate.

El 6 de enero de 1993, se publicó el Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, y al poco tiempo se dio a conocer el programa para la regularización de la tenencia de la tierra, de esta manera se originó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) que emitía un certificado de derechos parcelares (o certificado parcelario), que indicaba la proporción del ejido que le tocaba a cada uno.

«El PROCEDE es una sentencia de muerte al ejido. Es la forma en la que los ejidos van adoptando un tipo de propiedad que va paulatinamente a pasar de ser propiedad social colectiva a propiedad privada. La propiedad privada de los ejidos se llama ‘dominio pleno’. Es el paso último que se pueda obtener con los programas de titularidad, y se ha vendido como la única manera en que los ejidos pueden tener seguridad jurídica», señaló Gómez Godoy, quien también argumenta que el PROCEDE cambió de nombre como, «Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar» (FANAR), y ahora se llama «Registro de Actos Jurídicos Agrarios» (RAJA).

La tierra comunal como defensa

«Antes, cuando no se podían vender los terrenos, pues no teníamos problemas dentro de la comunidad. A veces había problema con las comunidades vecinas, pero encontrábamos forma de arreglarlo. Cuando llegaron esos programas, luego comenzó pues la avaricia. Comenzaron a vender, hay gente que solo se quedo con un pedacito y otros sin nada», dice don Zarate.

La abogada sugiere que, «en los lugares donde ya no existe ejido ni comunidad, hay que reconstruir las asambleas, desde la perspectiva de la defensa de los derechos colectivos. Si el pueblo es indígena, se puede reconstruir el tejido social a partir de la identidad indígena. Hay muchas comunidades en todo el país que ya eran propiedad privada pero que rescataron sus formas antiguas de organización política, económica y social. Al remontar a su ser indígena anterior, se dan cuenta de que sí tienen sus autoridades tradicionales, sus fiestas y sus ceremonias».

Donde aún se hace uso de la asamblea y donde predomina la propiedad comunal es más difícil que entren los proyectos extractivitas, «porque tendrían que pasar por asamblea. Y si nomás no se acuerda que entren, pues nomás no entran. Al menos que sea por la fuerza», señala el campesino Zarate.

La integrante de REMA argumenta que la defensa de la propiedad social es la defensa del territorio mismo y por tanto se debe «mantener la propiedad colectiva, porque eso va a impedir en muchos sentidos la entrada de esos proyectos porque la propiedad colectiva tiene una serie de formas de defensa que no se tienen en la propiedad privada» y no se debe «vender el ejido de manera parcelada».

La abogada, quien también ha dado acompañamiento a pueblos afectados por la minería, anuncia que quienes cuentan con propiedad social deben modificar estatutos comunales con clausulas de protección que diga: «en esta comunidad está prohibida la minería, están prohibidos los transgénicos, están prohibidas las represas».

Y para los pueblos que no tienen propiedad social y no son indígenas, Gómez Godoy, dice que el recurso es ganar tiempo y organizarse. «A veces lo único que podemos ganar es tiempo. Tiempo para que la empresa se retire por no poder perder tiempo y dinero, o tiempo para obtener más información y más argumentos en contra del proyecto. Lo importante es lograr organización, que la gente se organice de tal manera que las personas siempre tengan mecanismos para la defensa del territorio, pase lo que pase».

Más información:

[AUDIO] La propiedad social agraria: una herramienta para defender el territorio en México

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!

La minería en México: Un despojo legalizado

[PDF] Descarga la publicación «Consulta indígena: ¿A qué viene el Convenio 169 de la OIT?»

Compartimos esta publicación realizada por de Avispa Midia y Subversiones – 2018

>> DESCARGAR EL ARCHIVO EN PDF <<

El archivo en PDF de la publicación impresa «¿A qué viene el Convenio 169 de la OIT? ¿Autonomía para los pueblos o legitimización de la explotación?», resultado de una investigación de Avispa Midia, ya está disponible para su descarga.

Los territorios de los pueblos indígenas son en el mundo los locales donde todavía se preservan los bienes comunes naturales cotizados por las empresas. Los indígenas protegen cerca del 80% de la biodiversidad del planeta y son propietarios legales de menos del 11% de dichas tierras, según datos del Banco Mundial, lo que pone a los pueblos en una situación de vulnerabilidad y en un estado permanente de guerra frente a las empresas y gobiernos para proteger sus territorios.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, junto con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, ha sido la principal herramienta internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. En la teoría, dicho Convenio garantiza a los pueblos de los países signatarios el derecho a su tierra y, por lo tanto, establece que para cualquier proyecto que empresas o gobiernos desarrollen en sus territorio, debe realizarse una consulta libre, previa e informada.

El equipo de este reportaje recorrió el sur de México y todos los países de Centroamérica continental y registró diferentes situaciones y estrategias de empresas y gobiernos para implementar megaproyectos en los territorios indígenas. Una de ellas es que cuando los pueblos logran iniciar un proceso de consulta, se observa que estos procesos en casi su totalidad no respetan la autodeterminación de los pueblos y generan conflictos tan violentos como los generados en la primera situación: muertes, persecuciones y destrucción del tejido social de las comunidades.

Como el Convenio 169 sigue siendo la principal herramienta del Derecho Internacional, y es frecuentemente invocado por los pueblos en sus luchas, el trabajo reportará cómo las consultas están llegando a los territorios de dos pueblos indígenas, cuáles son las implicaciones y conflictos generados. Son pueblos que están en fases distintas del proceso de consulta. Los Broran, en Costa Rica, donde hay un proceso nacional de construcción de un protocolo de consulta y los Garífunas, en Honduras, donde se está finalizando las votaciones por el Congreso Nacional de una ley para regularizar el proceso.

Más información:

Leer la versión en línea de esta investigación

El Estado de Honduras, PNUD y la distorsión de la consulta previa (Ofraneh)

Carta a ONG’s amigas y Centros de Derechos Humanos que apoyan la defensa de los territorios, en relación al instrumento de las consultas (M4)

Declaratoria del V Encuentro M4: Manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo (M4)

 

 

San Cristóbal de Las Casas no es un lugar seguro: A las mujeres nos acosan, desaparecen, violan y asesinan

Comunicado de la Colectiva «Gritamos contra el acoso» y la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidios en Chiapas – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 31 de mayo de 2018

  • El Estado mexicano, en sus tres niveles, es permisivo y cómplice de la creciente violencia contra las niñas, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad que viven y transitan en este municipio.
  • En Chiapas, de 2017 a la fecha, se han registrado 57 casos de niñas y adolescentes mujeres desaparecidas.

A más de un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género en el municipio, las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen nuestra vida e integridad. En el último mes se registraron dos feminicidios que siguen en la impunidad.

El 24 de abril en los límites de la colonia La Isla y Barrio de Mexicanos, en esta ciudad, encontraron el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género ni han activado medidas para identificarla.

Un segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en la colonia San José Buena Vista, al norte de la ciudad, y era estudiante de la escuela secundaria «General Miguel Utrilla», ubicada en la colonia Prudencio Moscoso.

En ambos casos, las víctimas fueron criminalizadas en redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios.

La constante criminalización de las victimas sólo perpetua la violencia que vivimos las mujeres y omite señalar a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de Las Casas, «Pueblo Mágico», no es la excepción, aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan sólo en los últimos meses (de enero a la fecha) se han registrado 13 feminicidios. Éstos se suman a las graves expresiones de violencia machista que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y secuestros en varias regiones del estado.

A pesar de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para el municipio de San Cristóbal de Las Casas, persisten omisiones que constituyen violaciones a los Derechos de las Mujeres. Las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Son omisas además en su obligación de actuar con base en el Interés Superior del Niñez establecido en la Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos internacionales.

Hemos denunciado en repetidas ocasiones que, ante el alarmante incremento de desapariciones en la entidad, la implementación de la Alerta Amber y los mecanismos de prevención en el caso de niñas o adolescentes desaparecidas son continuamente retrasados bajo argumentos machistas como «se fue con el novio». Las expresiones de violencia machista, como ésta, ejercidas desde las instituciones y por parte de servidores públicos afecta directamente la dignidad y la integridad e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia.

Condenamos el secuestro de Pascuala de la Cruz Pérez, de 17 años, originaria del municipio de Huixtán, así como la incapacidad de la Fiscalía General del Estado en la investigación y el abandono del caso.

Resulta más que preocupante que las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas, y del actual Ayuntamiento, se caractericen por su carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Consideramos de suma importancia que las mujeres y la población en general se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento. Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales porque su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres.

Desde la Colectiva «Gritamos contra el acoso», la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, las organizaciones y personas preocupadas que habitamos en esta ciudad, denunciamos que en San Cristóbal de Las Casas nos acosan, desaparecen, violan, y asesinan.

Hoy, 31 de mayo, salimos a las calles de San Cristóbal de Las Casas «Pueblo Trágico» para gritar, protestar, denunciar, recordar a las dos compañeras asesinadas y exigir se nos garantice una vida libre de violencia. Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas rechazar firmemente la violencia machista que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en esta ciudad, y a exigir:

  • Se elimine el absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y carpeta de investigación en caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes, por contravenir claramente su derecho a la protección e integridad.
  • Se capacite a las autoridades para que actúen e investiguen con perspectiva de género, así como para brindar acceso a la justicia a niñas y mujeres víctimas de violencia.
  • Se establezca un Protocolo especializado de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en cualquier circunstancia.
  • De manera particular hacemos un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en nuestra entidad.
  • Exigimos se investigue el caso de Pascuala, que se recupere a salvo, se entregue a su familia y se sancione a los responsables.

Nosotras las nombramos y no las olvidamos porque nos duelen. Aunque no las conocimos, nosotras las pensamos.

Ante la violencia machista, nosotras nos organizamos, nos unimos, nos defendemos.

¡Vivas nos queremos!

¡Ni una muerta más!

Atentamente:

Colectiva «Gritamos contra el acoso»; la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidios en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, Formación y Capacitación AC (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal AC, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración; Semilla del Sur; Centro Educativo Sueniños; Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC; Colectiva Cereza, Maderas del Pueblo del Sureste AC, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Otros Mundos AC; Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»: Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo» (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro «Fray Julián Garcés» Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos «Fray Matías de Córdova», A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos «Juan Gerardi», A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz «Bety Cariño», A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas «Flor y Canto», A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos «Fray Juan de Larios», A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos «Hasta Encontrarlos» (Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas); y personas que habitamos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Más información:

Jueves 31 de mayo a las 5.30 PM: Marcha en San Cristóbal de las Casas contra los feminicidios en Chiapas

Chiapas: A pesar de la Alerta de Género, las autoridades siguen sin contar con datos sobre el feminicidio

Informe «Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017»

Jueves 31 de mayo a las 5.30 PM: Marcha en San Cristóbal de las Casas contra los feminicidios en Chiapas

Mañana jueves 31 de mayo de 2018 a las 5:30 de la tarde se llevará a cabo una marcha contra los feminicidios en San Cristóbal de Las Casas, partiendo del la Plazuela de Guadalupe. La marcha está convocada por la Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas.

LLamado de la Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas:

Durante los últimos meses se han registrado decenas de agresiones en distintas regiones de Chiapas; tan sólo en el último mes se registraron dos feminicidios en San Cristóbal de Las Casas; reportados y escasamente difundidos por la prensa.

El primero de ellos ocurrió el 24 de abril en los límites de la colonia La Isla y Barrio de Mexicanos, con el asesinato de una mujer que no se logró identificar pero que en las notas periodísticas aparece como una mujer alcohólica, justificando así el feminicidio tan crudo y violento que vivió la compañera.

El segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años.

La constante en las víctimas de feminicidios es su criminalización. Estos dos casos son muestra de ello. En redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios se culpabilizó a las dos mujeres, justificando su deceso en las prácticas de consumo de alcohol, y el horario nocturno de sus actividades.

La criminalización de las víctimas sólo perpetua la violencia que vivimos las mujeres y no señala a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de Las Casas «pueblo mágico», no es la excepción, aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan sólo en lo que va del año 2018, se han registrado 13 feminicidios en Chiapas (conteo hasta el 14 de mayo).

Desde «Gritamos contra el acoso», la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidios en Chiapas, organizaciones y personas preocupadas que habitamos en esta ciudad, denunciamos que en San Cristóbal de Las Casas no sólo nos acosan, nos desaparecen o violan, también nos asesinan.

Por ello invitamos a todas las mujeres, colectivas, organizaciones, barrios, colonias, estudiantes y a todxs los que se quieran sumar a que salgamos a las calles este 31 de mayo para gritar, protestar, denunciar, recordar a las dos compañeras y exigir se nos garantice una vida libre de violencia.

Nosotras las nombramos y no las olvidamos porque nos duelen. Aunque no las conocimos, nosotras las pensamos.

Ante la violencia machista, nosotras nos organizamos, nos unimos, nos defendemos.

Fecha: Jueves 31 de mayo a las 5:30 PM
Lugar de encuentro: La plazuela de Guadalupe

Trae tu cartel, tu esténcil, tu cuerpo, tu voz, tu corazón o aquello con lo que gustes protestar.
Pedimos una vela y flores para colocar una ofrenda para recordarles.

>> Descarga aquí y comparte la carta de invitación a la marcha <<

>> AUDIO: invitación a la marcha <<

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Entrevista sobre el contexto de violencia de género y feminicidos en Chiapas

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Chiapas: A pesar de la Alerta de Género, las autoridades siguen sin contar con datos sobre el feminicidio

Comunicado de prensa de Mujeres Libres COLEM A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio – Tuxtla Gutiérrez, a 26 de mayo 2018 (Descarga el comunicado en PDF)

A pesar de la Alerta de Género, las autoridades siguen sin contar con datos sobre el feminicidio, lo que impide la generación de políticas públicas para su erradicación

En el periodo de enero de 2014 a octubre de 2017, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país, documentó en el Informe «Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017»: 282 asesinatos de mujeres en Chiapas, de los cuales 125 fueron considerados como feminicidios, es decir sólo 44.32%.

Durante el periodo referido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas informó de manera parcial sobre los datos registrados durante dicho periodo. Aunado a ello, sólo proporcionó información sobre 4 de las 22 variables solicitadas por el OCNF, es decir, de los feminicidios ocurridos únicamente en 2014 y 2015, limitado a 64 casos.

Las variables proporcionadas tienen que ver con la edad de la víctima, el método utilizado para asesinar a las mujeres, el lugar del hallazgo y la relación entre la víctima y el victimario, sin embargo, esta información no permite realizar un diagnóstico a profundidad que pueda generar políticas públicas de prevención, atención y sanción del delito, mucho menos para que estás atiendan de manera particular a las mujeres indígenas, mujeres trans o a las mujeres migrantes.

Ante la ausencia de información oficial, las organizaciones de la sociedad civil han tenido que recurrir al registro hemerográfico y a los datos de los casos que acompañan.

Según datos obtenidos por Mujeres Libres COLEM A.C., organización feminista integrante del OCNF, en lo que va del 2018 se han registrado 29 casos, 13 han sido feminicidios, 2 posibles feminicidios, 4 tentativas de feminicidio y 9 más han sido muertes violentas por accidentes, suicidios, entre otros.

A pesar de que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas (AVG) -declarada el 18 de noviembre de 2016- mandata al gobierno de del Estado contar con una base de datos que permita conocer la problemática, la autoridad no da características de los feminicidios, lo que es grave e impacta de manera negativa en la vida y seguridad de las mujeres, además de impedir la creación de una política de prevención de los delitos.

Si bien las consignaciones realizadas por feminicidios son de el 87.30% (contrario a los casos de homicidios dolosos de mujeres los cuales son judicializados sólo en un 26%) estos son en su mayoría feminicidios íntimos, lo que impide reconocer la participación de otros actores y otros casos.

En cuanto al protocolo de investigación del estado de Chiapas, el cual se emitió en 2016, este no incorpora la perspectiva de género en la investigación del delito, ni especifica las diligencias particulares que deben realizarse para la acreditación de las razones de género y no está actualizado al nuevo sistema de justicia penal.

Cabe mencionar que en los casos documentados se ha identificado un patrón relacionado con la desaparición y el feminicidio, frente a lo que las autoridades no han realizado las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar dicha violencia.

Ante ello, es grave que a año y medio de la Declaratoria de AVG, las autoridades no implementen de manera eficaz las recomendaciones realizadas y no actualicen la información sobre los nuevos contextos de la violencia contra las mujeres, por lo que como organizaciones y defensoras de los derechos humanos exigimos al gobierno federal y de Chiapas, en sus respectivos ámbitos y mandatos:

– Cree e implemente una Unidad de Análisis y Contexto en Chiapas, que fortalezca las investigaciones, que identifique los diversos contextos de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios;

– Que la entidad cuente con un protocolo especializado para la investigación del delito de feminicidio, que promueva la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones del personal y las autoridades encargadas de la investigación, para que en este mismo sentido, se promueva la capacitación para las y los operadores, hecho que garantizará la debida diligencia, lo cual permitirá el esclarecimiento del hecho y el acceso a la verdad y a la justicia;

– Que se reformen los marcos penales y administrativos para reconocer como delitos y faltas graves los actos de estigmatización a las víctimas, de omisión, negligencia y obstrucción de justicia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres, y que se investiguen de manera oficiosa;

– Que se establezcan los mecanismos efectivos para garantizar la reparación integral del daño que incorpore las medidas de atención y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes huérfanos/as (como lo hicieron los estados de México y Jalisco en el marco de la AVG), sin que éstos se supediten a los procesos judiciales;

– Que la Fiscalía investigue desde un inicio toda muerte violenta de mujeres como feminicidio, incluyendo los suicidios, accidentes y los que se comentan en contextos relacionados con el crimen organizado y los conflictos armados en la entidad.

– Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) establezca medidas específicas de política criminal relacionada con el feminicidio, con base en las recomendaciones hechas por medio de las alertas de género.

El Informe sobre feminicidio presentado en el Museo de Tuxtla, Gutiérrez, documentó a nivel nacional el asesinato de 8,904 mujeres, de los cuales 2,188 fueron investigados como feminicidio, es decir, sólo el 24.57%. Dicho Informe fue realizado gracias al apoyo financiero de la Unión Europea y la Embajada de los Países Bajos.

Atentamente,

Mujeres Libres COLEM A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

Contacto: Atziri Ávila – Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio – Cel.9512536082 – ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org
– Twitter: @OCNF – FB: OCNFeminicidio México – www.observatoriofeminicidiomexico.org

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[VIDEOS] Rexistir: Tejiendo Cuerpos Territorios

Compartimos la campaña «Rexistir» de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales 

REXISTIR, como palabra sensibilizadora en esta campaña, recoge el sentido de la RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres frente al modo de vida capitalista y patriarcal y los efectos de destrucción socioambiental que genera. Entendemos que tejernos desde nuestros cuerpos-territorios en América Latina es RESISTIR a la nueva colonización del extractivismo reivindicando nuestras memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir como mujeres, es por lo tanto crear nuevo mundo, es REXISTIR.

La campaña de sensibilización e incidencia, «Rexistir: Tejiendo Cuerpos Territorios», promovida por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, busca visibilizar y denunciar ante la opinión pública y los tomadores de decisión las múltiples y sistemáticas violencias y vulneraciones de derechos cometidos como resultado de estrategias empresariales y estatales dentro del marco del extractivismo minero, contra las mujeres defensoras de América Latina y sus territorios.

Los objetivos específicos de la campaña son:

1. Informar para promover un papel más activo de denuncia y defensa, por parte de la sociedad civil, frente a la problemática de violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de la naturaleza, así como en la construcción de alternativas de vida con justicia de género y ecológica en los territorios.

2. Incidir, a través de la agencia de abogacía de las organizaciones promotoras y socias de la campaña, en el seguimiento y cumplimiento de políticas públicas e instrumentos internacionales que garanticen los derechos humanos y la protección y seguridad de las defensoras con enfoque de género.

INTRODUCCIÓN
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 Capítulo 1: Estigmatización, Testimonio de Mirtha Vásquez
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Capítulo 2: Criminalización, Testimonio de Emperatriz Bolaños
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Capítulo 3: Violencia Sexual, Testimonio Sara Catalán
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Capítulo 4: Asesinato, Testimonio de Vidalina Morales
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Capítulo 5a: Video educativo sobre vulneración de los Derechos de la Naturaleza
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Capítulo 5b: Vulneración de los Derechos de la Naturaleza, Testimonio Zoila Castillos
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Capitulo 5c: Vulneración de los Derechos de la Naturaleza, Testimonio de Elvia Dahua
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Capítulo 6a: Video educativo sobre despojo de tierras
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Capítulo 6b: Video educativo sobre contaminación
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Capítulo 6c: Despojo y Contaminación, Testimonio de Martha
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Capítulo 7a: Video educativo sobre vulneración de la soberanía alimentaria
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Capítulo 7b: Vulneración a la Soberanía Alimentaria, Testimonio Josefina Gana Portal
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Capítulo 8a: Video educativo sobre militarización del territorio
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Capítulo 8b: Militarización del territorio, Testimonio Sara Catalán
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Capítulo 8c: Militarización del Territorio: Testimonio de Isabel Alongono
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Más información:

www.rexistir.com

[VIDEO] Justicia Ambiental y Lucha Antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo

[AUDIO] Las cooperativas de mujeres, una alternativa al sistema capitalista

[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

AUDIOS: Mujeres de Amigos de la Tierra Internacional trabajan por la Justicia de Género y el Desmantelamiento del Patriarcado

Del 30 de abril al 4 de mayo del 2018, el Grupo de Trabajo de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI) sobre la Justicia de Género y el Desmantelamiento del Patriarcado se reunió en «Alter Natos», el Centro Ecológico Alternativo de Otros Mundos A.C., en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para finalizar su marco conceptual y afinar su estrategia. Se trató de la segunda reunión de este Grupo de Trabajo que se había encontrado por primera vez en septiembre del 2017 en Ghana.

Les compartimos tres audios difundidos por Radio Mundo Real, la radio libre de ATI, que les permitirá entender cuales fueron los retos y los logros de esta reunión:

>> AUDIO 1: «Amigos de la Tierra Internacional en su lucha por justicia de género» – Entrevista realizada a unos días del Encuentro con Celia Alldridge, facilitadora del Grupo de Trabajo

Celia Alldridge: «En el movimiento feminista, tenemos muy clara la importancia de la autoorganización de las mujeres en la creación de alternativas al sistema. El caso por ejemplo en la defensa de la soberanía alimentaria: no hay agroecología sin feminismo porque la agroecología, por sus valores, incluye el derecho a una vida sin violencia. Estamos construyendo también nuevas formas de economía como la economía feminista y solidaria.»

>> AUDIO 2: «Ambientalistas analizan vínculos entre sistemas de opresión y el control y explotación de pueblos, territorios y mujeres» – Entrevista realizada durante el encuentro con Claudia Ramos (Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México) y Marília de Madeiros Gonçalvez (Amigos de la Tierra Brasil)

Celia Alldridge, Marília de Medeiros Gonçalvez y Claudia Ramos en «Alter Natos» (Foto: Otros Mundos A.C.)

Claudia Ramos: «Vemos un claro avance del neoliberalismo en América latina, con un proyecto de militarización de las calles, como en Brasil, Paraguay y Honduras. Este proceso de militarización agudiza la criminalización de los movimientos sociales y tiene un efecto sobre las mujeres defensoras de la tierra y el territorio quienes están poniendo el cuerpo día a día para defender la tierra y defender su papel político. Vivimos en estos contextos que complejizan las luchas y nos animan a llevar a cabo nuestro trabajo.»

Marília de Medeiros Gonçalvez: «Tenemos una visión clara en la federación que es que buscamos la justicia ambiental y la justicia social. Creemos que no podemos alcanzar la justicia de ninguna forma sin tocar el tema de las diversas formas de opresión que sufren las mujeres, l@s homosexuales, l@s negr@s y los pueblos indígenas.»

>> AUDIO 3: «Queremos llevar justicia de género a cada rincón de Amigos de la Tierra»: Entrevista realizada durante el encuentro con Samantha Castro (Amigos de la Tierra Australia) y Dipti Bhatnagar (Amigos de la Tierra Mozambique)

>> Síntesis de la entrevista en español <<

>> Entrevista completa en inglés <<

Dipti Bhatnagar y Samantha Castro en «Alter Natos» (Foto: Otros Mundos A.C.)

Samantha Castro: «Uno de los momentos importantes fue el conservatorio público del 1 de mayo («Justicia ambiental y lucha antipatriarcal: cuerpo, territorio y trabajo»), donde mujeres de Brasil, México, Bangladesh y Bosnia, hablaron de cómo estamos organizadas. Muestró que todas las mujeres tenemos un propósito común: unir nuestras luchas para traer justicia de género.»

Dipti Bhatnagar: «No podemos cambiar el sistema sin desmantelar el patriarcado y no podemos tener justicia ambiental sin justicia de género. Queremos llevar esta reflexión a todos los rincones de ATI, y en cada una de nuestras campañas.»

Más información:

Porqué ATI habla de Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado

Desafíos de la lucha por la justicia de género y el desmantelamiento del patriarcado: miradas desde África y Europa (sintesis en español de las entrevistas realizadas durante el primer encuentro en Ghana en septiembre 2017)

Challenges around the struggle for gender justice and dismantling patriarchy: views from Africa and Europe (interviews in English during the Working Group’s first meeting in Ghana in September 2017)