Argentina: Carta pública por el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas

Como Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, firmamos la siguiente carta pública. Pueden enviar adhesiones a: porlaprorrogadelaley26160@gmail.com

Contexto: En Argentina rige la Ley 26.160, que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende la ejecución de desalojo de esas tierras. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2017 vencerá esta ley (vigente gracias a prórrogas sucesivas desde hace más de 10 años).

POR LA PRÓRROGA DE LA LEY 26.160 Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A 11 de Septiembre de 2017

Como ciudadanos y ciudadanas, queremos expresar nuestra preocupación  por la vulneración de derechos de la que son objeto los pueblos indígenas, en un momento marcado por acciones prepotentes y discursos  estigmatizantes sobre el pueblo mapuche. Dicho discurso descalificador, propio de los grandes propietarios rurales, busca asociar los reclamos mapuches a la violencia y el terrorismo, además de desempolvar viejas y ya refutadas acusaciones como aquella de que “los mapuches no son argentinos, sino chilenos”.

En Argentina resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la expansión de los territorios rentables para el capital. Así, desde hace años se observa la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de hidrocarburos no convencionales, la megaminería, la multiplicación de mega represas hidroeléctricas y la expansión de la explotación sojera. A lo anterior, hay que añadir grandes emprendimientos inmobiliarios y latifundios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas. Frente a protestas que ponen de relieve tales problemáticas, el gobierno ha optado  por  la violencia represiva, como lo ilustra la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Ante esto, exigimos el inicio del diálogo orientado al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos por nuestra constitución, en el artículo 75, inciso 17. Así como hemos salido a la calle exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, hoy nos dirigimos al Parlamento Nacional, para exigir la prórroga de la ley 26160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la finalización del demorado relevamiento territorial. También proponemos el lanzamiento de un diálogo franco, necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar de estos pueblos en el Estado argentino.

Al igual que lo sucedido en otros países latinoamericanos (Bolivia), en Argentina debe revisarse la visión mono-cultural del Estado, a fin de avanzar hacia concepciones más inclusivas y pluriculturales, que fortalezcan la unidad territorial e institucional del país. Es urgente promover la intervención de la sociedad civil para hacer posible la apertura del esperado debate sobre el avance de modelos de desarrollo altamente destructivos en los territorios, que hoy encuentran fuertes resistencias sociales en nuestras provincias.

Todo lo anterior refuerza la necesidad de exigir la prórroga de dicha ley de tierras 26.160, en la línea de la constitución nacional, sin modificaciones o alteraciones que puedan perjudicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.  Asimismo exigimos el fin de la campaña de hostigamiento e indiferencia para con los pueblos indígenas y la adopción de un compromiso decidido y potente de toda la sociedad en apoyo de éstos y otros grupos vulnerables de la población. Sólo con mayor democracia y compromiso social será posible saldar la deuda histórica que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas.

Más información:

Está por vencer una ley que suspende desalojos a pueblos originarios: ¿qué puede pasar si no se renueva?

Blog “Prórroga de la Ley 26.160”

Informe: ¿Por qué es importante la ley 26.160? (Amnistía Internacional)

El caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado

La página de Amigos de la Tierra Argentina

[AUDIO] La lucha de las mujeres zoques de Chiapas por la tierra y el territorio

Les compartimos el audio de la presentación de María Sánchez, habitante de Chapultenango, abogada y defensora del territorio en la zona zoque de Chiapas, invitada en el conversatorio de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra “La lucha del pueblo zoque frente a los proyectos de despojo”.

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Transripción:

“Me toca hablarles de nuestra presencia como mujeres zoques en todo el actual movimiento en defensa del territorio zoque en Chiapas. Por lo general, no parece muy “normal” que las mujeres estén en movimientos sociales.

En tiempos ancestrales, cada familia tenía cierto territorio que le correspondía y allí trabajaba junto con sus hijos. Se dedicaban únicamente a la agricultura porque la visión de nuestros ancestros es que el creador nos hizo de barro, de tierra, y que nosotros no podemos estar lejos de la tierra. Hay esa doble dependencia: la dependencia del ser humano a la tierra y de la tierra al ser humano.

Bajo esa visión, nosotras las mujeres, legalmente nunca hemos tenido un papel que diga que la tierra es nuestra, pero, por muchos años, antes del 1992, teníamos la libertad de andar en todo el ejido, buscando leña, kelites, leña y todo lo que hay en el monte, para hacer nuestros alimentos.

Pero en el 1992, con la reforma del artículo 27 de la Constitución, se inician los parcelamientos de los ejidos y esta acción del Estado mexicano vulneró los derechos a la propiedad de las mujeres de las mujeres zoques. Para nosotras, legitimó y naturalizó la dependencia patrimonial y económica de las mujeres hacia los hombres. Se empezó a invisibilizar el trabajo y la contribución que hacían las mujeres zoques en la producción y la explotación de la tierra y sus recursos.

Al otorgarle la titularidad de la tierra solo a los barones, excluyó a las mujeres no solo de la tenencia de la tierra, sino también de la vida comunitaria y de los espacios donde las mujeres antes podían opinar sobre lo que veían bien o mal dentro de la vida comunitaria. Pero con la reforma agraria, ya las mujeres no podíamos estar en estas asambleas porque el reglamento decía que en las asambleas ejidales o comunitarias solo podían asistir los que tenían derecho a la tierra, es decir en mayoría hombres. Muy pocas viudas podían estar, en caso de no tener hijo baron.

Ante esta vulnerabilidad, las mujeres zoques empezamos a reunirnos. En el 1993, se nos consultó sobre cómo las mujeres queríamos estar en la comunidad. Muchas mujeres dijimos que queríamos estar nuevamente muy involucradas en los asuntos de las comunidades y en la toma de decisiones, que queríamos ser tomadas en cuenta, que nuestras palabras se escucharan y que nuestras propuestas se analizaran a profundidad para seguir viviendo en comunidad. Entonces las mujeres empezamos a participar en la lucha por la recuperación de tierras que inició después del 1994. Muchas mujeres empezaron a ser ejidatarias, a participar e incidir en las asambleas y a estar en organizaciones.

Muy sigilosamente empezamos a trabajar en la reivindicación de nuestros derechos. Queríamos ejercer nuestros derechos a la ciudadanía, a heredar la tierra, a tener el patrimonio familiar, a la salud, a decidir libremente cómo ejercer nuestra maternidad. Queríamos sobre todo tener acceso a la educación, porque al aprender a leer y entender el español nos permitía comunicarnos con las demás compañeras mujeres que estaban en otras regiones.

Empezamos a incidir y ocupar puestos comunitarios. Primero los de servicios, como comités de salud y de madres de familia. Entonces pensamos que si podíamos oficiar en las escuelas y los centros de salud para que todo esté bien organizado y todas estemos atendidas, también podíamos buscar otros espacios. En el 1997, empezamos a decir que queríamos ser agentes municipales en Chapultenango. En el 2009, ya había cinco compañeras agentes municipales y tuvimos una regidora propietaria que incluimos en el ayuntamiento. Trabajamos con ella, empezamos la difusión de los derechos. El tema que más se tocaba era el derecho a acceder a la propiedad de la tierra.

Ahora, las mujeres, aunque no estemos reconocidas por la reforma agraria, en las asambleas ya se nos reconoce el solar y ya podemos usar las parcelas para sembrar. Cuando una mujer está sola, se le presta una parcela para que siembra maíz y frijol. Y cuando pierde a su esposo, la mujer queda con la casa. Logramos estos pequeños avances.

Pero se nos vino encima la Ronda 2.2.: 84,500 hectáreas en la zona zoque de Chiapas, donde se se pretende abrir doce pozos petroleros que van a afectar a nueve de nuestros municipios (Francisco León, Tecpatán y Ostuacan, Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Solosuchiapa, Pichucalco y Sunuapa). Eso va a cambiar completamente el ecosistema. No estamos de acuerdo con estos megaproyectos: aunque nos digan que nos van a dar todo, sabemos que no es cierto.

Cuando hicimos las asambleas, las mujeres dijimos que no estábamos de acuerdo. Entonces los hombres agarraron el valor de decir: “No, tenemos que pensar primero en la familia” Lo que más nos mueve es que sin tierra, no tenemos vida. Mientras el territorio siga siendo de la comunidad y tenga ríos y agua, nosotras tenemos suficiente para vivir: si la tierra nos regala nuestro producto y nos da la cosecha, podemos comer y no necesitamos el efectivo.

Estamos dispuestas a caminar con los compañeros barones, pero bajo esta constancia de que también nosotras somos parte de este territorio y que queremos también el uso y el disfruto de esa riqueza natural que nuestra Madre Tierra nos dio. Las mujeres que participamos en el movimiento, muchas nos fuimos sumando por voluntad propia porque creemos que la lucha tiene una causa justa, que es defender la vida por nuestros hijos y por el futuro de todos.”

Foto: María Sánchez en el seminario de Otros Mundos A.C. en julio 2017 _ Otros Mundos A.C.

En la prensa:

“Nosotras somos parte de este territorio y queremos también el uso y disfruto de esa riqueza natural que es nuestra Madre Tierra” Abogada Zoque. (Chiapas Paralelo)

Mujeres contra la mina en la Sierra Norte de Puebla

Reportaje publicado originalmente en Pie de Página – Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: Este reportaje fue realizado con el apoyo de Fundación Ford y elaborado por el equipo de investigación de Pie de Página

En la sierra de Puebla, las mujeres han emprendido una resistencia contra los proyectos mineros. Desde la cocina, la militancia, el comercio o la manifestación pública, desde los espacios tradicionales o irrumpiendo los destinados para hombres, ellas buscan proteger un territorio y una forma de vida.

IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.- Es sólo una llovizna tupida, pero las gotas que estallan en el techo de lámina causan un tronadero. Adentro, truena también la leña que calienta la estufa y truenan, además, los chiquereyes que doña Ángeles Cruz Montiel fríe en el sartén.

La luz se mete apenas en la cocina a través de dos ventanas. Una, la más grande, ilumina una mesa larga, la otra, más pequeña, permite espiar hacia el patio donde están las gallinas y los chivos.

Doña Ángeles se mueve rápido: en pocos minutos pone sobre la mesa una salsa verde que ha hecho en molcajete y tortillas calientes para los chiquereyes.

Un mes atrás preparó varios guisos durante casi una semana para darle de comer a las personas que fueron a apoyar a su hijo Nacho, quien se opuso a que las camionetas de la empresa minera canadiense Almaden Minerals cruzaran por sus terrenos en la comunidad de Loma Larga.

Entre los guisos de aquellos días, también hubo chiquereyes o escamoles, huevos de hormiga, un manjar que en cualquier restaurante gourmet cuesta cientos de pesos y en casa de Doña Ángeles se comen cada primavera.

Ella, de 74 años, ojos claros y acuosos, piel curtida y trenzas largas, defiende así su territorio, la “sagrada agua” y la vida: desde su cocina, donde cuida que nadie se quede sin comer lo que prepara con lo que da la tierra.

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La amenaza

Ixtacamaxtitlán está a 130 kilómetros de la capital del estado de Puebla, es el quinto municipio más extenso y tiene 126 comunidades separadas por una geografía a veces imposible.

Aquí viven 24 mil 512 personas, hay un tristísimo museo de sitio, una presidencia municipal pintada hace 3 o 4 años con los colores institucionales de la empresa minera -amarillo y naranja-, y muchas lagartijas que en tiempos de lluvia cruzan las calles y trepan las paredes. Y hay, además, oro y plata en el subsuelo, bajo la misma tierra de la que sacan los chiquereyes, esos bichos que le gusta cocinar a doña Ángeles.

En 2003, el gobierno federal dio la concesión minera a la compañía canadiense Almaden Minerals y su subsidiaria mexicana Minera Gavilán -ahora también participa su subsidiaria Minera Gorrión-, sin conocimiento de quienes habitan la zona.

El principal accionista de Almaden es el empresario agrícola sinaloense Ernesto Echavarría Salazar, quien junto con James Duane Poliquin, presidente y fundador de la empresa, controlan más del 5 por ciento de las acciones y tienen poder de veto. Entre los 37 principales accionistas está el Royal Bank of Canada. La minera cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York.

 El proyecto está aún en etapa de exploración y desarrollo, pero ya ha cometido varias ilegalidades que han sido documentadas por cuatro organizaciones -Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder)- a través de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos.

El “Proyecto Tuligtic o Ixtaca” se proyecta en distintas zonas del municipio de Ixtacamaxtitlán. El tajo a cielo abierto se haría en la comunidad de Santa María Zotoltepec, y la presa de jales (una estructura que retiene materiales de desecho) en la cabecera de la cuenca del río Apulco, en las tierras de cultivo de Loma Larga, donde vive doña Ángeles Cruz Montiel, y muy cerca de Almeya, Zacatepec, Tuligtic, Vista Hermosa y Xiuquenta.

El riesgo de degradamiento y contaminación abarca más municipios de Puebla y otros tantos de Veracruz

Almaden Minerals – que fue multada en 2009 por la Profepa por irregularidades durante la exploración y tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos en otros proyectos en México (Caballo Blanco, Veracruz) y Canadápretende iniciar la explotación en 2018, para la cual utilizaría 38 mil toneladas de explosivos emitiendo gases con efecto invernadero y violando la norma de uso de explosivos dada la cercanía del lugar de almacenamiento con las viviendas. En Santa María Zotoltepec ya resienten la presencia minera en el medio ambiente, el tejido social y la salud, como bien lo sabe Francisca Zamora Morales, quien nació aquí.

Francisca se dedica a la venta de productos cosméticos y alrededor de ella se reúne una fuerza laboral de 180 mujeres repartidas en los pueblos cercanos a Santa María y Tetela, municipio vecino a Ixtacamaxtitlán. En esta región hay más mujeres solteras que casadas, viudas o divorciadas, así que su movilidad y disponibilidad es amplia.

Francisca forma parte de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, y no entiende que haya quien no quiera ver los daños. El primero, dice, es social:

“-Un pueblo dividido no tiene fuerza y en Ixtacamaxtitlán la hay (división), porque unos quieren empleos sin ver las consecuencias y otros no queremos empleos porque sabemos a cambio de qué. Es algo grave, porque se pierde fuerza, los gobiernos o las empresas, quien tiene poder, lo que más le interesa es que haya divisiones sociales.”

El asunto de los empleos no es nada sencillo, en una región donde dos terceras partes de los habitantes no es económicamente activo y sólo 3 de cada 100 han ido a la universidad.

Pero Francisca no tuvo ni que leer toda la información que recibió sobre los riesgos de la minería durante un foro en Tetela para saber su significado: muerte.

En su modesto auto va y viene, aprovecha su red laboral para regar advertencias entre la gente. Es como esos trabajadores de empresas multinivel que andan convenciendo adeptos a la menor oportunidad, aunque en este caso no es para vender productos, sino para cuidar su tierra.

Francisca es terca: “no debes andar sola” le dice la gente, pero no hace caso. Tampoco le importa que digan que, como no tiene marido ni hijos o hijas, “se manda sola”. Y, ya se sabe, para algunas personas una mujer sola es una mujer peligrosa.

“También hay afectaciones por los químicos para barrenar, son peligrosos, allá donde tienen su bodega y hacen su lavado de metales hay una barranca donde pasa el agua y pasa el ganado, y ya se murieron muchas cabezas de ganado porque tomaron de esa agua. Otra cosa importantísima es el agua, únicamente con la barrenación ya la desviaron, los acuíferos no sabemos adentro cómo están, al perforar pasaron por donde salía un manantial y lo desviaron y ya no le salió el agua a mi hermano de un día para otro: mi hermano es discapacitado y tenía un riego de ajo y le iba bien, pero ya no hay agua.”

El agua, “la sagrada agua” —destinada para uso humano y agrícola— es la principal preocupación de las mujeres que resisten contra el proyecto minero. Almaden Minerals perforó el acuífero sin permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), modificó el curso del agua y contaminó el manto freático, como documentaron las organizaciones en la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos. Los habitantes de Santa María han solicitado a Conagua una visita para inspeccionar el daño que la minera ha causado. Un daño que la empresa ha ocultado a sus inversionistas, a quienes aseguró que usaría agua de lluvia (un método que no usa ninguna minera en el país).

La autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a Almaden Minerals le permite hacer perforaciones de máximo 150 metros, sin embargo, la empresa reconoció que está haciendo excavaciones a 701 metros de profundidad, lo que viola las normas mexicanas, y los derechos al agua y al medio ambiente, ante la omisión de la autoridad.

El Consejo Tiyat Tlali

En 2011, mientras el país se inundaba de muertos en el penúltimo y más violento año de gobierno de Felipe Calderón, unos extranjeros llegaron a la Sierra Norte de Puebla a “hacer agujeros” —barrenos para exploración minera—, en Tetela y Zacatlán. Al mismo tiempo, al noreste de Zacatlán, en Xochicuautla, una comunidad totonaca del municipio de Ahuacatlán, empresarios de Canadá y Grupo México le dijeron a la gente que harían una hidroeléctrica que les iba a beneficiar.

Movidas sobre todo por la intuición, varias organizaciones comenzaron a investigar y “mapear” los megraproyectos. En un primer conteo, encontraron que en la Sierra Norte de Puebla, que concentra a un millón 220 mil habitantes de 65 municipios, había 27 concesiones mineras y 5 proyectos hidroeléctricos que ya tenían estudios de factibilidad hechos por el gobierno federal, a partir de concesiones otorgadas en 2003 y tienen una vigencia de 50 años.

Ante la amenaza de los que denominaron “proyectos de muerte”, crearon el Consejo Tiyat Tlali “en defensa de nuestro territorio”, una red de organizaciones -entre otras el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), la Unión de Ejidos y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)- conformada por hombres, mujeres, indígenas totonacas y nahuas, no indígenas, comunidades campesinas, rurales y urbanas, la pastoral social y cooperativas.

Desde entonces, el Consejo es un espacio donde se coordinan, comparten información y enfrentan el embate de los proyectos que ponen en riesgo la vida de los pueblos.

En la actualidad, en la Sierra Norte existen 105 concesiones mineras –72 por ciento son de Almaden Minerals– y 9 hidroeléctricas. Ixcatacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Es decir, desde el 2011 que hicieron el primer conteo, se ha triplicado el número de concesiones mineras y se ha duplicado el de proyectos hidroeléctricos.

Un camino largo

El camino de Zautla a Ixtacamaxtitlán bordea en buena parte al río Apulco, que en primavera recorre su cauce con ritmo pero sin furia.

“Acá viven mis papás -señala a la izquierda Ignacia Serrano Arroyo-. Se llama Las Barrancas.”

Y allá debajo lo que se alcanza a ver son los techos de un caserío.

Ignacia es asesora en el CESDER, donde también estudió, y aunque vive en Zautla, su familia, su sangre y sus orígenes están en Ixtacamaxtitlán.

“Me dio mucha pena, sabiendo que soy de este municipio, cuando me enteré que la mina ya tenía 10 años.”

Para Ignacia, defender el territorio, la vida y el agua ha sido difícil. Ella supo del proyecto minero cuando, en 2012, la comunidad de Tlamanca, en Zautla, logró correr a la empresa china que pretendía establecer una mina de socavón. Aquella experiencia, que contó con el apoyo de varias comunidades y sus autoridades, concluyó con una asamblea en la que participaron entre 5 y 7 mil personas, que decidieron negar el permiso de uso de suelo, clausuraron simbólicamente la empresa y le dieron 24 horas para abandonar el municipio. Ignacia creyó que aquí podrían hacer lo mismo.

“De repente nos entraba la angustia y la desesperación, hasta que hubo momentos en que esto se convertía en fiesta, todo mundo llevaba sus antojitos, hubo un lugar en que hasta nos recibieron con música y entonces dijimos ‘esto es festejo’. Ahí caímos en la cuenta que estos procesos hay que disfrutarlos, no hay que sufrirlos. Entonces dijimos: en el caminar y transcurrir de esta lucha nosotros nos vamos divertir, lo vamos a disfrutar, vamos a honrar el agua, la tierra, los recursos que le están dando sentido a esta lucha, vamos a compartir, vamos a convivir, no la vamos a pasar mal.”

Cuando se cansa, Ignacia piensa en Máxima Acuña, la indígena que enfrentó y venció el proyecto minero en Cajamarca, Perú, que ponía en riesgo las lagunas que rodean su terreno.

Dilo como mujer

A Irma González Rodríguez le gusta ver cómo corre el río. Ella, como Ignacia, también es asesora en el CESDER, nació en Ixtacamaxtitlán y vive en Zautla. Es una mujer pequeña, de sonrisa fácil y mirada cálida. Está sentada en una mesa larga en casa de doña Ángeles Cruz Montiel, frente a Hermila Morelo Escamilla, vecina de Loma Larga. También están Ignacia, Francisca y Rosa Govela.

“Yo digo que, lo que he escuchado personalmente (la mina afecta) a uno, porque está uno viviendo aquí, los principales somos nosotros, porque nos quedamos sin agua, la contaminación, los animales, se acabaría todo -dice Hermila.”

Las mujeres hablan de cómo participan en la defensa contra la mina. Hermila reconoce que ella apoya, pero quien va a las juntas y se entera de todo es su marido, a ella le toca quedarse en casa salvo cuando, como ahora, él no está.

“—Poco sabemos de las mujeres y pocas somos las que estamos mostrándonos y así, pero yo creo que el que usted haya venido demuestra que sí hay mujeres que están defendiendo y alertas, y al pendiente, y que Loma Larga no es sólo doña Ángeles que ayuda desde la cocina y eso no se ve, no se visualiza ante los mismos hombres -reprocha Irma-. A veces que nos den voz nos intimida, que nos digan “a ver tú, dilo como mujer”, no nos salen las palabras porque no estamos acostumbradas a esta manera, lo hacemos más desde el silencio, desde el hacer, más que desde lo hablado.

—Siempre el hombre está al pendiente y nosotras siempre estamos atrás y en la cocina, continúa Hermila.

—En Tetela al contrario, interrumpe Francisca, las más entronas de la lucha son mujeres, como que las del frente (son) casi más mujeres, así hombres nada más (hay) como 3 o 4.

—En Tetela había más mujeres pero afuera al único que la gente veía era a Germán (Romero González), replica Rosa, todo el mundo, todos los periodistas, sólo a Germán. Él mismo decía: “ahí están las maestras, ahí está no sé quién”, pero no lo oían porque estamos acostumbradas a que los hombres estén al frente.

—Aunque la lucha fuerte era de mujeres sobresalía el hombre, concluye Francisca y las demás asienten.

Cómo resisten las mujeres

En este defender, las mujeres cumplen con un rol que, si bien no suele ser protagónico, siempre es relevante para el sostenimiento de la resistencia.

Mina Lorena Navarro, catedrática del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), especialista en políticas de despojo, lo dice claro.

“El papel de las mujeres es muy importante para defender y para sostener las ideas colectivas de las resistencias, sobre todo en estos momentos de peligro, de amenaza, un papel que no necesariamente se ve.”

De modo que Francisca, Rosa, Irma, Ignacia, Hermila y doña Ángeles aportan a la resistencia desde su ser mujer y en los límites de los roles tradicionales que histórica y culturamente han sido establecidos para ellas, aunque empiezan a romperlos. Es decir, si bien resuelven el asunto de la comida, el cuidado de los hijos e hijas propios o ajenos, incluso de la economía del sustento haciéndose cargo del huerto o el traspatio, también participan en las movilizaciones, aportan en la denuncia y la defensa legal.

“Hay un tipo de sensibilidad más allá de la maternidad que genera una experiencia concreta de cómo se produce y reproduce la vida, también hay una sensibilidad que las mujeres han ido cultivando, una sensibilidad política en términos de cómo se necesita defender lo importante o estratégico para seguir reproduciendo la vida.”

Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC y del Consejo Tiyat Tlali, recuerda que en un ejido llamado Tecoltemic las mujeres reclamaron porque no se enteraban de las asambleas, ni de las decisiones que tomaban los hombres sobre las tierras ejidales, pues son ellos quienes las poseen y heredan.

“La participación de las mujeres, dice Silvia, es fuerte y siempre con una mirada muy clara, profunda y comprometida. Estos proyectos de muerte ponen en riesgo la vida de la comunidad, el agua que es sagrada e indispensable y las afectaciones a la salud ¿Y quiénes son quienes cuidan al otro o la otra? Mujeres.

La minera miente

La Evaluación de Impacto en Derechos Humanos fue un proceso participativo que las organizaciones dirigieron para saber cuál era la situación en el municipio, pero en voz de las comunidades afectadas.

“Se eligieron regiones, se reunió a la gente y se les dio a conocer los derechos y (les preguntaban) cuál es el derecho que creen que se verá afectado, fue un proceso colectivo. La mayoría de la gente coincidió, explica Irma González Rodríguez, que los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud son los que no están garantizados con el proyecto minero.”

La Evaluación arroja que “el agua en toda la región es de buena calidad. No obstante, es escasa y no todos los habitantes pueden cubrir sus necesidades”, además, que, si bien “existen suficientes tierras tanto para cultivos como para áreas de conservación”, se trata de un ecosistema “vulnerable si se emprenden nuevas actividades económicas desconocidas en la región, especialmente las industriales. (…) En la región se encuentran especies amenazadas y en peligro de extinción. La Semarnat la ha determinado como de prioridad alta de conservación”.

Sobre la salud, revela que “las principales enfermedades de la región están asociadas a las vías respiratorias y, en caso de llevarse a cabo el proyecto minero, se incrementarán por el polvo”, y el 57 por ciento de la población “no cuenta con seguridad médica”.

La investigación documenta una sumatoria de irregularidades, omisiones e ilegalidades por parte de la empresa y las autoridades.

Por ejemplo, Almaden Minerals ha dicho a sus inversionistas que la zona del proyecto está deshabitada y ocultó que enfrenta el Amparo 445/2015, interpuesto en 2015 por ejidatarios de la comunidad nahua de Tecoltemic, por invadir sus tierras, y que hay una suspensión que la obliga a detener los trabajos, aunque en la práctica continúa con ellos. Ocultar esta información es ilegal, de acuerdo con las leyes de valores de Canadá y Estados Unidos, por lo que las organizaciones civiles solicitaron en mayo pasado una investigación al respecto en ambos países.

Las autoridades municipales, estatales y federales, por su parte, niegan su competencia ante violaciones normativas de la empresa, como la perforación del acuífero, la realización de más barrenos y más profundos de lo que tenía permitido. Incluso, el Consejo Tiyat Tlali acusa a la minera de cooptar a las autoridades de Santa María Zotoltepec, pues aduciendo responsabilidad social donó a la clínica un ultrasonido, cinco monitores de signos vitales, y pintó prácticamente todo el pueblo con los colores institucionales de la empresa (amarillo y naranja); también ha regalado mochilas y hasta sillas de ruedas, que fueron repartidas en un evento público por Marta Erika Alonso, esposa del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

La minería a cielo abierto tiene consecuencias fatales e irreversibles: su impacto en el medioambiente impide la regeneración de flora y fauna, y se pierden terrenos de cultivo. Organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) han advertido, por ejemplo, que la producción de cada gramo de oro deja una tonelada de tierra contaminada con cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo y otros metales pesados, que por siglos envenenarán los mantos de agua.

A los pobladores, la empresa les ha dicho que el cianuro no es dañino para la salud y que no tiene intención de explotar la mina, aunque compró un molino para ello. Rechaza reunirse con la población afectada, y no acepta una consulta a la que la obliga la ley.

El 20 por ciento de la población que participó en la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos ya siente que el proyecto, aun en su fase de exploración, ha afectado su salud (incluida la emocional) y la de su familia.

Acciones de resistencia

Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC, explica que la estrategia para detener a Almaden Minerals es aumentar el costo económico, pero ponérsela difícil no ha sido fácil.

“La lógica en general de los proyectos de muerte desde el Consejo es: (la minería) es negocio, entonces, si quieres evitarlo, tiene que haber una manera en la que no sea negocio, mientras lo sea, las empresas van a querer avanzar. Buscamos con las acciones de resistencia elevar el costo económico a la empresa. Por eso una de las razones es que se interpuso una demanda de amparo, el 44/2015, contra las autoridades federales que han dado autorizaciones para que este proyecto avance, alegando el derecho al territorio, a la tierra de la comunidad, el derecho al agua y su derecho al medio ambiente sano.”

Rosa Govela Gutiérrez, compañera en el CESDER de Irma e Ignacia, lleva más de una década viviendo en Zautla y vinculada a la resistencia contra la instalación de la mina en Ixtacamaxtitlán, pero su resistir va también más allá.

Estamos resistiendo a un modelo de desarrollo, a un modelo de vida que lo que quiere es aniquilar a las mujeres, a las campesinas, a los niños y niñas y lo que quiere es basarse en la ganancia y la acumulación. El agua es lo primero que estamos cuidando, la tierra, estamos cuidando en sentido amplio la vida, esto que nos da el agua y la tierra, el viento, la posibilidad de existir, de decir aquí estamos, la posibilidad de ser felices, de vivir de acuerdo a lo que creemos, la posibilidad de compartir, de estar alegres, de encontrarnos con el otro, con la otra y de construir otro mundo.”

Para Rosa, en este momento la resistencia es más de calidad que de cantidad, aunque cuando es necesario muestra músculo, como sucedió cuando Nacho, el hijo de doña Ángeles, decidió negarle el paso a la minera a pesar de la intimidación verbal y judicial en contra de él y otras 4 personas.

Ese día al terreno de Nacho llegó mucha gente y volvieron a cavar una zanja para impedir el paso de las camionetas de la empresa canadiense, que buscaban llegar del otro lado de un cerro, donde planean construir la presa de jales. Lo que pasó ese día fue un pequeño triunfo. Y, justo como dice Ignacia, la resistencia se convirtió en festejo cuando doña Ángeles sacó los chiquereyes.

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Las mujeres en la lucha anti-minera en El Salvador: “Somos ese enjambre de abejas”

Artículo del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales publicado en el Boletín Nº231 (Junio 2017) – Entrevista con Rhina Navarrete, coordinadora general de la ASIC (Asociación Amigos de San Isidro Cabañas).

>> Descargar el Boletín completo en PDF

En marzo de 2017 los pueblos de El Salvador lograron una tremenda victoria. Con la Ley de Prohibición de Minería Metálica, se decretó la prohibición absoluta de la exploración, explotación y procesamiento minero, ya sea a cielo abierto o subterráneo, así como el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio.

La legislación es retroactiva y de ese modo cierra de manera absoluta los permisos que pudieran estar en trámite. El riesgo de dañar los ríos y fuentes de agua ha sido uno de los frentes de lucha de los movimientos sociales ante la industria extractiva.

La ley culmina más de diez años de lucha por parte de organizaciones de base y líderes comunitarios que se opusieron sobre todo a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora la australiana-canadiense OceanaGold. La oposición al proyecto El Dorado fue brutalmente reprimida, dejando un saldo trágico de muertos y heridos.

A pesar que la activa participación de las mujeres en los procesos de resistencia es casi siempre invisibilizada, las mujeres que están tras la lucha anti-minera en El Salvador no solo han sabido mantenerse en pie de lucha, sino que además han adquirido el papel de protagonistas.

En esta ocasión conversamos con Rhina Navarrete, coordinadora general de la ASIC (Asociación Amigos de San Isidro Cabañas).

1. ¿Qué fue lo que hizo que las poblaciones se resistieran tan fuertemente y por tanto tiempo contra el proyecto El Dorado?

Uno de los principales motivos fue la defensa del recurso agua, dado que la mayoría de la población tenía muy claro que el municipio se quedaría sin el vital liquido. Por otra parte, se dieron algunos sucesos, como la muerte de ganado en las zonas donde hicieron las exploraciones y también se secaron algunos pozos.

2. ¿Cómo organizaron la resistencia? ¿Cuál fue la estrategia?

Fueron varias etapas. Primero, recoger toda la información posible respecto al proyecto minero para conocer de primera mano los impactos que éste tendría en la zona y el país. Posteriormente se procedió al trabajo de campo con el propósito de informar a las comunidades sobre los efectos negativos de la minería metálica. Se hicieron foros informativos con especialistas (Dr. Robert Moran y Dina Larios) en el tema de minería y también con personas que ya tenían experiencia en los daños que causa la minería, como es el caso de Honduras (Dr. Almendares). Se diseñó material escrito, audiovisual y radial en un lenguaje popular para que fuese fácil su asimilación por parte de toda la población. También se crearon alianzas estratégicas con otras organizaciones a nivel nacional.

3. ¿Cómo reaccionó la empresa?

La empresa no se quedó cruzada de brazos. También empezó toda una campaña de promoción en las comunidades, queriendo hacerles creer que el cianuro no era mortal, pero la mayoría de la gente no les creyó. Por otra parte, también utilizaron la estrategia que utilizan a nivel mundial: comprando a las autoridades, gobiernos locales y líderes comunales, haciendo obras sociales, etc. En algunas ocasiones se hacían presentes en los foros que hacíamos con el fin de cuestionar a los ponentes, pero ellos no contaban con que éstos eran personas científicas expertas en el tema.

4. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en esta lucha? ¿Cómo es eso diferente de la participación de los hombres?

En primer lugar, la participación en los diferentes espacios informativos, en su mayoría, eran mujeres. A medida que la población se iba informando y tomando conciencia de la magnitud del problema, las mujeres fueron liderando el proceso de la lucha (alrededor de 10 mujeres lideresas). Ellas formaron parte de una estrategia para hacer denuncias y movilizaciones.

5. ¿Porqué crees que las mujeres adquieren un rol tan protagónico en estas luchas?

En primer lugar porque somos la mayoría en cuanto al porcentaje poblacional. Por otro lado, somos las que sufrimos los embates de los desastres y cualquier conflicto, así como también las afectaciones económicas, de salud, entre otras. Una mujer sabe cuan necesaria es el agua y la alimentación en un hogar, ya sea que sean madres solteras o no. No estoy diciendo que el hombre no lo sepa, sino que es ella la proveedora directa de los bienes de sobrevivencia, es la cuidadora de la familia, la casa, los huertos y la criadora de los animales domésticos.

La mujer es más sensible ante los problemas que aquejan a la humanidad y es una excelente cuidadora y administradora de todos los bienes (por ejemplo de la madre naturaleza, la diosa del mar, etc.) Una mujer es muy decidida en sus convicciones y no es tan fácil comprar su voluntad cuando sabe que la vida está en juego.

6. Para que las mujeres tuvieran una participación activa en la resistencia, ¿tuvieron que también luchar dentro de sus mismas comunidades u hogares?

Las mujeres se ganaron su propio espacio. Si en algún momento se vio opacada su participación por parte de algún elemento masculino, fueron casos especiales. De igual modo, creo que su lucha mayor fue dentro de sus hogares, dado que tenían que dejar a su familia para poder unirse a la lucha.

7. ¿Crees que la lucha ya está ganada o hay que estar vigilantes?

Una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador no es garante de nada, dado que es una ley secundaria y en cualquier momento puede ser vetada o modificada. Mientras el Salvador siga adherido a los tratados de libre comercio, seguiremos expuestos a cualquier amenaza – no solo de la industria minera. Por otra parte, las legislaturas cambian cada 3 años, nadie nos asegura que la próxima legislatura modifique las cosas. Al menos por el momento podemos estar un poco tranquil@s respecto a ese tema, aunque el futuro de los salvadoreños sigue siendo incierto. Más ahora con la Ley de Asocios Publico Privado, con el fin de aumentar la inversión privada, especialmente inversiones extranjeras directas, partiendo de que el presidente hizo publica su posición de darle cumplimiento.

8. ¿Qué mensaje le darías a otras mujeres y comunidades que se encuentran luchando contra empresas mineras que intentan apropiarse de sus territorios?

Que somos las mayoría. Somos ese enjambre de abejas, de hormigas y tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de la historia si nos mantenemos unidos/as. Insisto, las mujeres somos mayoría. Es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad defender la vida y el territorio. Creo que la humanidad debe tener muy en claro que el enemigo es el mismo en todo el mundo y se llama CAPITALISMO. Debemos retomar nuestro papel en el cuidado de la creación o evolución, dependiendo de la perspectiva ideológica de cada individuo.

Es un reto entre la conservación o destrucción del ser humano. Sabemos que las riquezas son privadas, pero las consecuencias que éstas causan afectan a todos/as. Los costos los pagan el pueblo; nos venden lo que nos roban y, a través de la historia, los muertos son los mismos de siempre. El oro no se come, no es un bien indispensable para la humanidad. El agua es un recurso finito. Pero sobre todo, las mujeres tenemos una gran capacidad de amar y amar con el corazón, así que a fortalecer el amor al prójimo, a la vida, a la familia, a la humanidad, a la naturaleza y a la creación o evolución. La clave de la victoria está en el AMOR.

Foto: CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

Más información:

El Salvador aprueba ley que prohíbe la minería metálica

[INFORME] Conflictos Mineros en América Latina en 2016: Extracción, Saqueo y Agresión

Gustavo Castro de Otros Mundos A.C. recibe mención especial en los Premios Dragona Iberia 2017

Nota de prensa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra Internacional

El pasado 20 de mayo, el defensor del medio ambiente mexicano Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra Internacional, recibió una mención especial del jurado de los Premios Dragona Iberia 2017, entregados por la Fundación Nueva Cultura del Agua en Sanguësa, Navarra, España.

Dicha organización española se dedica a “recoger, integrar, generar y transmitir conocimiento y valores humanos para promover la adopción de la Nueva Cultura del Agua, entendida ésta como un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural, orientado a una consideración ecosistémica y patrimonial del agua.” Entrega los Premios Dragona Iberia cada año desde el 2003 a personas y colectivos que se hayan “caracterizado por una trayectoria y/o un liderazgo especial en defensa de los ríos y los ecosistemas hídricos en general“.

Gustavo Castro fue recompensado por llevar “muchos años promoviendo y difundiendo el conocimiento en materia de aguas y en medio ambiente y ponerlo al servicio de la sociedad para la búsqueda de soluciones más coherentes con una gestión más sostenible del recurso”, indica la Fundación en su página.

“El Jurado ha valorado un conjunto de valores profesionales y humanos que concurren en ti, entre ellos tu constancia, tu valentía y tus principios en el tratamiento de temas conflictivos, así como tu compromiso social con los problemas y retos del agua, de la biodiversidad y de otros aspectos ambientales muy complejos, siempre desde una perspectiva coherente con lo que llamamos la Nueva Cultura del Agua”, escribió el jurado en su carta al premiado.

Dentro de la organización Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra internacional, que fundó hace 10 años, Gustavo y su equipo han estado informando al público en general y a comunidades afectadas por megaproyectos en particular sobre los impactos de las industrias extractivas en el derecho al agua y a un medioambiente sano. Han estado también compartiendo técnicas ecológicas de gestión y cuidado del agua a través del área Alternatos, dedicada a la divulgación de alternativas locales, que tiene una Escuela (itinerante) de Agua y Energía (EPAE) en varias comunidades de Chiapas.

Al recibir la estatuilla Dragona Iberia 2017, Gustavo Castro enfatizó que recibe el premio “a nombre de tanta gente a quien le han arrebatado su vida en la lucha por la defensa de los ríos, del agua, de los territorios y los derechos humanos; a nombre de los movimientos con los que se lucha juntos; y a nombre de su equipo Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra Internacional sin el cual el trabajo de la lucha, resistencia y búsqueda de Alternatos no sería posible, porque la lucha sólo es posible si se construye en colectivo”.

El sismólogo español Antonio Aretxabala recibió otra mención especial del jurado. El premio individual lo recibió el andaluz Saturnio Moreno, mientras los dos premios colectivos fueron entregados a las organizaciones españolas Asociación Río Aragón y Yesa+No.

Foto: Gustavo Castro recibiendo la mención especial de los Premios Dragona Ibera 2017 – Fundación Nueva Cultura del Agua

En los medios:

Gustavo Castro de Otros Mundos A.C. recibe mención especial en los Premios Dragona Iberia 2017

Más lectura:

AUDIO – Gustavo Castro: “Tenemos que cambiar la forma de resistir y de construir procesos colectivos comunitarios”

Gustavo Castro recibe el premio “Justicia Visionaria” 2017

Gustavo Castro interpone denuncias contra el Estado hondureño

En Chiapas se violenta el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento

Boletín de prensa de pueblos, comunidades, organizaciones e instituciones que se reunieron con el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento a Chiapas – A 16 de mayo 2017

El pasado día 12 de Mayo, el Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, de la Organización de Naciones Unidas, el Dr. Léo Heller, dio a conocer sus observaciones preliminares sobre la visita oficial que realizó a México durante dos semanas. Los dos días previos a su conferencia de prensa, el Relator estuvo en el estado de Chiapas, en donde lo que vio y escuchó de parte de las personas afectadas, las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia fueron decisivos para que, agregando a lo que presenció en otras partes del país, concluyera enfáticamente que en México se viola el derecho humano al agua y al saneamiento.

El tono de las observaciones que el Relator adelantó al informe oficial que presentará en el mes de septiembre ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC) fue contundente y directo. El lenguaje y contenido que  utilizó en su conferencia de prensa se alejó del tono frecuentemente diplomático y atenuado que caracteriza muchas veces a las declaraciones de los funcionarios de organismos internacionales que visitan a nuestro país. La explicación a este hecho es muy simple, el Dr. Heller, quién ha realizado misiones previas en diversos países africanos, asiáticos y latinoamericanos se declaró sorprendido porque las malas condiciones del derecho al agua que existen en el país no corresponden a su imagen internacional, al índice de Desarrollo Humano que tiene México en el ranking internacional ni a las cifras oficiales que el gobierno  mexicano da a conocer.

Durante su visita a una comunidad a escasos kilómetros de distancia de esta Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, al presenciar conmovido cómo mujeres y niñas, acompañadas de burros, acuden a un charco de agua turbia varias veces al día para llenar pesadas garrafas de plástico y abastecerse de la única agua a la que tienen acceso durante varios meses del año, el Relator comentó que la situación ahí era peor de la que había visto en varios países africanos. La escena que presenció Léo Heller y que se replica muchas veces a largo y ancho del estado de Chiapas, ocurre en este caso a escasos kilómetros de distancia de las bombas de agua que trabajan día y noche para extraer más de un millón seiscientos mil litros diarios de agua para producir refrescos y agua embotellada; y del lugar en donde se sitúan los agonizantes humedales, que se reducen cada día por la avaricia y la inconsciencia de sus propietarios y complacencia de las autoridades municipales y estatales.

Durante su conferencia de prensa, el Relator se manifestó especialmente preocupado al “escuchar de parte de distintas autoridades que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.” Y sobre cómo además, “los presupuestos federales para servicios esenciales han sido significativamente reducidos, según se informa, en más de 37% de 2016 a 2017 para los servicios de agua y saneamiento.”

El Relator afirmó que las estadísticas de que el 94% de la población mexicana tiene acceso al agua potable y 93% al saneamiento sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior. “En Chiapas… visité comunidades indígenas que han sido provistas con proyectos de infraestructura que han dejado de funcionar de manera efectiva y que ahora han tenido que volver a utilizar fuentes de agua superficiales para obtener agua potable que claramente plantean un riesgo para la salud de los miembros de la comunidad debido a la mala calidad del agua.”

El Relator se volvió particularmente preocupado al “conocer que muchas escuelas en México comúnmente carecen de instalaciones adecuadas de agua y saneamiento. El programa nacional para instalar bebederos en escuelas a lo largo del país es un desarrollo bienvenido, sin embargo, el progreso de su implementación, según información recibida, ha sido lento y debe ser acelerado, particularmente en estados con los mayores niveles de pobreza.” El Relator recibió un informe de la sociedad civil que detalla la falta de agua y saneamiento en las escuelas de Chiapas.

El Relator también señaló que: “en Tuxtla Gutiérrez hay costosas plantas de tratamiento de aguas residuales pero no funcionan debido a la falta de mantenimiento. Me alarmó conocer que de 194 plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas, sólo 12 están en funcionamiento, teniendo como resultado un importante problema de contaminación de las fuentes de agua. La ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas, de más de 200,000 habitantes, no cuenta con tratamiento de aguas residuales, lo cual tiene como consecuencia que las aguas no tratadas fluyan aguas abajo hacia otras fuentes. Todas estas situaciones tienen serias implicaciones en términos de higiene, salud y la potencial contaminación de fuentes de agua.”

También en Tuxtla Gutiérrez fue “informado de que se permite que los servicios sean cortados en caso de que no se pague el servicio, y de que no hay ninguna salvaguarda legal que impida la desconexión por la falta de capacidad económica para afrontar el costo de los servicios”. El Relator subrayó que “es importante recordar al Gobierno mexicano que la desconexión de servicios basada en este criterio es considerada una violación de derechos humanos bajo el derecho internacional”.

Sobre la población indígena, el Dr. Heller señaló que “los pueblos indígenas constituyen una significativa proporción de la población mexicana y un alto porcentaje de ellos viven en pobreza y situaciones de marginación. Tienen una asociación única con sus tierras y territorios, incluyendo las fuentes de agua. También fue evidente que los pueblos indígenas a menudo enfrentan los retos más severos en cuanto a la provisión de agua y saneamiento. Tienen culturas, costumbres, prácticas y estructuras de liderazgo únicas, incluyendo su relación con el agua y los residuos, que deben ser consideradas y respetadas en la provisión del servicio. En Chiapas, me encontré con autoridades estatales y municipales y visité una comunidad urbana y poblaciones indígenas rurales que experimentan falta de acceso a agua potable segura y saneamiento“.

Un enfoque basado en los derechos humanos al agua y al saneamiento debe reconocer las necesidades de la gente y ubicarlas en primer lugar de prioridad en todo el país.

Organizaciones de Chiapas le presentaron 19 casos de violación a sus derechos al agua potable y al saneamiento

Durante la reunión que el Relator sostuvo con representantes de la sociedad civil de Chiapas, le fue presentado un panorama general de la crítica situación en la que se encuentra el derecho al agua en el estado, la cual quedó ejemplificada con 19 casos documentados y presentados al Relator. Durante esta misma reunión, se le hizo entrega de un documento en el que se le solicita qué recomendaciones son específicamente importantes para Chiapas, entre las que se citaron las siguientes:

1. Urgir al Estado Mexicano para que las concesiones que otorga la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para la explotación de agua en Chiapas y en el resto del país prioricen la disponibilidad y accesibilidad de este líquido de forma suficiente, salubre y potable para satisfacer las necesidades de sus habitantes para uso personal y doméstico por encima de cualquier otro uso comercial o industrial. Con base a este criterio, solicitamos que la concesión para la explotación de los acuíferos por la compañía refresquera Coca-Cola FEMSA (Inmobiliaria del Golfo SA de CV) en San Cristóbal de Las Casas sea inmediatamente revisada y en su caso, revocada, debido a los insostenibles volúmenes de extracción (1.6 millones de litros diarios) y a los graves daños colaterales (caries, obesidad y diabetes) que sus productos ocasionan principalmente a la población indígena. Que las concesiones otorgadas a las industrias sean transparentadas y que su impacto social y ambiental sea evaluado por instancias técnicas y académicas competentes que, a su vez, comprueben no tener conflictos de interés.

2. Considerando que el estado de Chiapas presenta uno de los mayores índices de marginalidad y de mortalidad en niños y adultos mayores por desnutrición, infecciones gastrointestinales del país y que estos padecimientos están especialmente determinados por la falta de acceso de la población al agua segura y confiable, la acción más importante para enfrentar la emergencia sanitaria que persiste en la entidad es la de proveer de agua segura para sus habitantes y de manera especial para las escuelas públicas y la población en situación de vulnerabilidad, particularmente indígena.

3. Solicitamos que, frente a la emergencia sanitaria que persiste en el estado de Chiapas debido a los altos niveles de contaminación biológica del agua para consumo humano se recomiende al Estado Mexicano y de manera específica al gobierno de Chiapas establezca un plan prioritario para dotar de agua segura, priorizando a las escuelas y a las poblaciones vulnerables que incluya un monitoreo permanente de la calidad de agua y de información sobre ésta a la población.

4. Solicitamos de manera muy específica al Relator que debido a la importancia que tiene el ecosistema único de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas en los Altos de Chiapas -de los que depende el suministro de agua de su población- recomiende a los gobiernos estatal y federal que éstos sean declarados área natural protegida con carácter expropiatorio.

5. Solicitamos de parte del Relator una atención especial a la relación entre agua y mujeres de cara al acceso universal al agua potable y para los hogares, debido a las desigualdades de género en el acceso al agua potable, una vez que ello es imprescindible para construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres al vital líquido.

6. Solicitamos de manera especial al Relator recomendar al Estado Mexicano la puesta en marcha de mecanismos de protección para la salvaguarda de las relaciones simbólicas de la población indígena con el agua de acuerdo a los contextos socio-culturales de cada grupo étnico y su territorio, que incida en el manejo autogestivo de acceso, disponibilidad y abastecimiento del líquido por parte de la comunidad.

7. Que la toma de decisiones en los espacios de participación sea un proceso de análisis, con información detallada y participación igualitaria de la sociedad civil, academia, usuarios del agua e instancias de gobierno, que permitan una construcción del conocimiento dirigida a una planeación con el enfoque de Cuencas Hidrográficas y Desarrollo Sostenible.

Las organizaciones que apoyaron la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento han decidido conformarse como una coalición que dé seguimiento a las recomendaciones propuestas al relator y a las que éste haga al Estado Mexicano.

La visita del Relator y el informe final que éste elabore será un instrumento muy útil para que la sociedad civil de Chiapas fortalezca sus capacidades al Estado Mexicano en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Organizaciones sociales:
Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos, posesionarios y avecindados de Chicoasen
Comité Cuenca Río San Vicente
Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Comité de los Lagos de Montebello
Comité Directivo Colonia Plan de Ayala
Colonia San Isidro, Tuxtla
Observatorio Smapa
Colonia El Roble, Tuxtla
Comité Contraloría Social Colectores Marginales
Frente Popular en Defensa del Soconusco
Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C
Sistema Agua Chupactik.

Organizaciones de la Sociedad Civil:
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos/ Defensoría del Derecho a la Salud
Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente
Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Enlace, Comunicación y Capacitación
Centro Derechos Humanos Digna Ochoa A.C
Otros Mundos Chiapas,
Fundación Cántaro Azul A.C.

Centros de Investigación:
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS, Sureste,
El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR,
Universidad Autónoma de Chapingo, CESMECA/UNICAH

Diócesis de San Cristóbal

Foto: Carlos Ogaz/CDH Frayba

El relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable se fue de México con más de 70 denuncias

Boletín de prensa de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – Ciudad de México, a 12 de mayo 2017, último día de la visita a México de Leo Heller, relator especial de la ONU sobre los derechos al agua potable y al saneamiento

>> Actualización: En su conferencia de prensa de cierre de visita el 12 de mayo, Leo Heller dijo:

“Preocupa mucho la contaminación de las fuentes de agua. He visitado una comunidad rural en Papantla, Veracruz y hay una contaminación visible de las aguas superficiales con hidrocarburos y petróleo. La extracción de hidrocarburos incluyendo fracking, la minería, los aprovechamiento hidroeléctricos, proyectos industriales en general, están muchas veces comprometiendo de forma muy seria el acceso a una agua de calidad en México.”

  • Entregan informe constatando que las políticas hídricas privilegian las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad;
  • Se documentaron y entregaron al Relator Especial 72 casos paradigmáticos de violaciones en el país.

En el marco de la visita del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (DHAyS), Léo Heller, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México, en donde se exponen las principales fallas de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano en esta materia. (>> Descargar el informe completo)

Las redes y organizaciones que impulsaron la participación en la visita son La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

Una de las principales conclusiones del Informe es que en México prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad. Las modificaciones en la legislación han desplazado la orientación social y facilitan la participación del sector privado en la explotación y distribución del bien común, sin inspección y sanción efectiva de las obligaciones de los actores privados.

El Informe presenta un breve resumen de las anomalías y violaciones a los DHAyS, algunas de las cuales ocurren en las ciudades donde se han otorgado concesiones de servicios a privados. Entre dichas anomalías se incluyen mala calidad del agua –que ocasiona que en entidades como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada-; aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario/a, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia, entre otras.

Un elemento relevante alerta sobre el hecho de que la reforma energética pone en riesgo la realización efectiva del derecho humano al agua potable en México, toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno federal en 2013 y sus leyes secundarias de 2014, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos tienen ahora “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.” Estas actividades se encuentran complementadas por una amplia red de proyectos de infraestructura que en muchos de los casos se configuran a partir de la satisfacción de necesidades de la industria extractiva, no de las poblaciones.

Agrava lo anterior el hecho de que el ejercicio del derecho al agua en México se ve obstaculizado por la existencia de un modelo de inequidad en el acceso al agua y al saneamiento, en el que las personas y comunidades en situación de  vulnerabilidad son quienes tienen menor disponibilidad de este recurso.

En lo que se refiere a la calidad del agua de la que se dispone en el país, ésta no es la óptima, pues a pesar de que existe un ordenamiento que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización en México, éste no sigue los estándares más favorables recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las organizaciones documentaron y entregaron al Relator Especial una compilación de 72 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos al agua potable y al saneamiento ocurridas en 17 entidades federativas. Asimismo, sostuvieron reuniones privadas con el Relator, donde se abordaron temáticas de especial preocupación como la contaminación de fuentes de agua, impactos de la privatización, desafíos legislativos y obstáculos para el acceso a la justicia. (Leer: Defensores de la Costa de Chiapas denuncian cómo la minería afecta su derecho al agua potable ante relator de la ONU)

Un elemento central que denunciaron las organizaciones al Relator fue la ausencia de procesos de monitoreo, inspección y sanción por parte del Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus 13 Organismos de Cuenca en el País; así como la falta de información oportuna y sistemática de parte del Estado mexicano a las comunidades, de estudios y la situación de sus fuentes hídricas.

El Relator realizó recorridos de campo en los municipios de Filomeno Mata y Papantla, Veracruz; las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, en la Ciudad de México; así como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En dichos lugares, el Relator pudo ver la precariedad de las condiciones de vida de la población del campo y la ciudad por la falta de cumplimiento de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Asimismo, escuchó directamente a mujeres y hombres cuya vida cotidiana se ve trastocada por esta carencia, también pudo dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales.

En este contexto, las organizaciones y redes hacemos un enérgico llamado a los tres poderes de todos los niveles de gobierno a que cumplan con sus obligaciones con respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento para asegurar la disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad, calidad, aceptabilidad, acceso sin discriminación, acceso a la información, y ejercicio de modo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com; brendtzu27@yahoo.com.mx; ricardo_ruiz@cemda.org.mx

Más lectura sobre la visita del relator:

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

Chiapas: Defensores de la Costa denuncian cómo la minería afecta su derecho al agua potable ante relator de la ONU

Pueblo maya lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU

En Totonacapan reciben la visita del Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

Relator del agua se lleva aguacero de denuncias

 

 

 

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento llega hoy a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para reunirse con organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, les compartimos este informe publicado ayer por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Pretende ser una fuente de información tanto para ustedes como para el relator al momento de redactar su informe y hacer recomendaciones al gobierno mexicano.

El presente Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México es el resultado del esfuerzo que organizaciones de la sociedad civil, comunidades y colectivos han venido realizado desde hace más de diez años, con la intención de documentar las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo nuestro país.

>> DESCARGAR EL INFORME

A lo largo de sus nueve apartados, se podrá encontrar información sobre el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y a megaproyectos. En este sentido, hemos dedicado una sección específica de los impactos que se han podido visibilizar a partir de la entrada en vigor de la reforma energética. De igual manera, este informe también muestra las distintas amenazas y riesgos que los defensores de derechos humanos, ambientales y comunidades enfrentan día con día en la defensa del agua y los bienes naturales de nuestro país.

Este documento ha sido elaborado con motivo de la visita de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento a México en mayo de 2017. Esperamos que la información sea útil para su informe Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2017.

Redes y comunidades que han animado este proceso:

La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza mexicana contra el fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

Portada: Mujer en Filomeno Mata, Veracruz. Foto: Alianza Mexicana contra el Fracking

>> Descargar el informe completo

Extracto:

VI. Extractivismo y megaproyectos: violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

6.2. Extractivismo y sus impactos en el derecho humano al agua y al saneamiento

Las empresas mineras no solo gozan de privilegios fiscales incomparables que han permitido que los recursos naturales de la nación entera solo beneficien a unos cuantos, sino que con las recientes reformas a la ley minera y la energética (que cabe recalcar, permite el fracking -o fracturación hidráulica), refuerzan el estatuto de estas industrias, reconociendo que son una “industria de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos son de interés nacional y orden público priorizando éste uso por encima de cualquier otro uso.” [Análisis de leyes de reforma energética: Artículo 96 de Ley de hidrocarburos. Alianza Mexicana contra el Fracking. 24 Julio 2014]

Las licitaciones para explotación de hidrocarburos vía fracking iniciaron y representan un peligro inminente para lograr el acceso universal alagua potable. El fracking conlleva una contaminación tóxica e irreversible del agua así como la fractura del ciclo mismo del agua por la contaminación de ecosistemas hídricos y el secuestro de grandes volúmenes de agua que se hace cuando se inyecta el agua de retorno del proceso, en pozos letrina (uno de los métodos para “deshacerse” del agua tóxica).

Por otro lado, se otorgan concesiones de explotación de acuíferos a embotelladoras como Coca Cola, Pepsi Cola y Danone (siendo estas las que acaparan el 82 % del valor del mercado en términos de ventas totales), las cuales no solo no son reguladas y fiscalizadas adecuadamente, sino que los pagos anuales de estas concesiones son absolutamente ridículas en relación a las ganancias que tienen estas empresas a partir del agua. Por ejemplo: Coca Cola FEMSA paga 2 mil 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, y tan solo en 2007 tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos60. Esta falta de proporción de pago por derechos de explotación y utilidades revela como el sector político privilegia los intereses del sector económico por encima de los derechos fundamentales, el pago adecuado de estos volúmenes podría, por ejemplo, financiar la cobertura de agua potable a poblaciones que no tienen aún acceso a ella. [Esas concesiones se otorgan también a cerveceras como Constellation Brands, que acaba de inaugurar la planta más grande de Latino-América en Coahuila y tiene el proyecto de construir otra en Mexicali, B.C.]

Aunque a nivel nacional, México experimenta un grado de presión (agua empleada en usos consuntivos respecto al agua renovable) del 19.2%, lo cual se considera bajo; sin embargo, existe una gran diversidad regional: el mínimo es de 1.7% en la Frontera Sur y el máximo 138.7% en el Valle de México. El grado de presión sobre el recurso hídrico incrementa la vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático, pues en estados con la mayor actividad minera, como Zacatecas y San Luís Potosí, por ejemplo, el impacto de la sequía derivado del cambio climático, “puede tener consecuencias desde leves hasta catastróficas”. (CONAGUA, 2014).

De acuerdo con la misma institución la calidad del agua, tomando en cuenta el indicador de demanda química de oxígeno, el 26.6 % de las aguas está contaminada y el 5.8% fuertemente contaminada:

[Las RHA son las Regiones Hidrológico-Administrativas de México: I: Península de Baja California; II: Noroeste; III: Pacífico Norte; IV: Balsas; V: Pacífico Sur; VI: Río Bravo; VII: Cuencas Centtrales del Norte; VIII: Lerma-Santiago Pacífico; IX: Golfo Norte; X: Golfo Centro; XI: Frontera Sur; XII: Península de Yucatan; XIII: Aguas del Valle de México]

A lo anterior se suma que el territorio cuenta con áreas extensas de cuencas hidrológicas con veda. Ante este panorama a nivel nacional existe una gran la vulnerabilidad para cubrir las necesidades de la población, aún más considerando que todavía existe un porcentaje importante de la población que carece de los servicios básicos para acceder al agua. No obstante, al igual que en otros países de Latinoamérica el camino por el que han optado las políticas públicas del país han sido por el desarrollo a partir de la industria extractiva generando legislaciones que sobreponen el agua para este tipo de industria al consumo humano. Esto es claramente visible a partir de la Ley Nacional de Aguas de México de 1992 que sienta los precedentes tanto para la privatización del agua como el preparar las condiciones para dar preferencia a la industria en las concesiones. Posteriormente, la reforma a la Ley Minera y la reforma Energética han continuado en esta vía.

En la Figura 3, se muestran las concesiones mineras vigentes y los campos de exploración y explotación considerados en el plan quinquenal. Es notorio el crecimiento que se pretende para la minería (en particular una de los tipos de minería que se desarrollarán más será la de cielo abierto para la extracción de metales como el cobre y la plata. Si bien los efectos de estas políticas cobrarán importancia en los próximos años, muchos de éstos ya son evidentes. Por ejemplo, en la Figura 4, se pueden observar los volúmenes concesionados por sector, en donde se hace evidente que el agua dedicada a las actividades industriales es cerca del 50% del agua dedicado al sector Público Urbano.

Para finalizar, incluimos algunos puntos importantes sobre la industria minera, que afectan o podrían afectar los derechos humanos al agua y al saneamiento.

La industria minera impacta en el uso y calidad de aguas superficiales y subterráneas amparadas bajo el artículo 19 de la ley Minera, que otorga al concesionario el derecho de:

V. Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;

VI.-Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de la ley de la materia;

Durante 2014, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit en el mismo periodo temporal. (Cartocrítica, 2016).

La reforma al artículo 27 de la Constitución permitió la expropiación de la tierra, al agua y el uso del suelo por razones de “utilidad pública” (que incluyen la industria minera -además de los hidrocarburos), y ello propició un cambio de orientación en la legislación minera: se simplificó el otorgamiento de concesiones mineras, facilitando la entrada de inversión extranjera directa a la minería.

Más lectura sobre el impacto de la industria extractiva sobre el agua:

Como las multinacionales privan a los Mexicanos de un acceso al agua potable

Concesiones de agua para las mineras

Más lectura sobre la visita del relator:

Expondrán desigualdad en acceso al agua y saneamiento en México a Relator Especial de la ONU

Pueblo maya de Campeche lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU

En Totonacapan reciben la visita del Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

Relator del agua se lleva aguacero de denuncias

[LIBRO EN PDF] “El Régimen de la Propiedad Agraria en México”, de Francisco López Bárcenas

Compartimos el libro “El Régimen de la Propiedad Agraria en México: Primeros auxilios jurídicos para la defensa de la tierra y los recursos naturales”, de Francisco López Bárcenas

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Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. México 2017

Primera edición: 2017
Diseño de cubierta: Lourdes García Barranca
Diseño de interiores: Pez en el árbol
Imagen de portada e interior: José Guadalupe Posadas

Atribucion-No Comercial-Sin Obras Derivadas 4.0
http://es.creativecommons.org

I. El territorio mexicano y la propiedad de la tierra

México es un país que se encuentra ubicado en la parte meridional de América del Norte, cuenta con una extensión territorial de 1,964,375 kmÇ, (196,437,500 has.) de los cuales 1,959,248 kmÇ (195,924,800 has.) son superficie continental y 5,127 kmÇ (512,700 has.) son superficie insular.1 Por la importancia de la biodiversidad existente en su territorio, el país figura entre los doce considerados como de megadiversidad biológica, junto con los Estados Unidos de América —con quien comparte fronteras por el norte—; Colombia, Ecuador, Perú, y Brasil en el resto del Continente Americano y Zaire, India, China, Madagascar, Indonesia y Australia en otros continentes.

Otra clasificación de su riqueza y diversidad biológica, establece que ocupa el cuarto lugar mundial con respecto al número de especies de plantas. Con apenas el 1.4% de la superficie terrestre planetaria, el país posee cerca del 10% del total de especies conocidas en el mundo; además se destaca por la presencia de organismos que no existen en ningún otro.

Considerando tan sólo la flora, el porcentaje de endemismos se encuentra en el 50%, que se traduce en quince mil especies, mientras que para reptiles y anfibios oscila entre el 57 y 65%, y para los vertebrados, la proporción es del 32%, en promedio.2

Producto de la revolución social de 1910, una de las primeras en América Latina, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció un régimen sui generis de la tierra y los recursos naturales, misma que en el año de 1992 cambió sustancialmente para flexibilizar su regulación y permitir la capitalización del campo. El artículo 27 de la Constitución Política de 1917, estableció la propiedad originaria de las tierras y los recursos naturales existentes en ella a favor de la nación, la cual se reservaba el derecho de transmitirla a los particulares para formar la propiedad privada y la social— ejidos y comunidades—, que revestían carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles; además de la pública, que pertenecía al Estado.

De igual manera prescribe que la propiedad derivada podría ser expropiada por causa de utilidad pública o sufrir las modalidades que dictara el interés social. En materia de recursos naturales, fue más radical ya que no autorizó ningún tipo de propiedad derivada sobre ellos, como consecuencia los particulares sólo podrían explotarlos mediante concesiones, reservando la explotación directa de algunos de ellos a la nación, entre los cuales se encontraba el petróleo, el uranio y otros necesarios para el desarrollo del país.

De lo anterior se tiene que la propiedad originaria de la tierra, podía asumir como propiedad derivada varias manifestaciones, que dentro del derecho se le denominan regímenes de propiedad, entre los cuales se encuentran los siguientes: pública, terrenos nacionales, ejidal, comunal y propiedad privada. Hay que notar que no es la propiedad privada la que predominaba sino la originaria, que debía tener como finalidad regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.

En el año de 1992, las características que distinguían a las tierras ejidales y comunales se transformaron profundamente. El 6 de enero de ese año se reformó la Constitución Federal para quitar el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles a las tierras ejidales, de tal manera que los derechos sobre ellos pudieran ser transmitidos por venta, renta, asociación y otros actos mercantiles. Las tierras comunales siguieron conservando ese carácter pero se permitió que se pudieran convertir a ejido, y si lo hacen también pierden la protección especial que les da la ley. Junto con la reforma a la Constitución Federal se derogó la Ley Federal de Reforma Agraria y se aprobó, para sustituirla, la Ley Agraria, lo mismo se hizo con otras leyes que regulan recursos naturales.

En el presente documento, se realiza un análisis de la legislación que regula la propiedad agraria del país, centrándonos en la ejidal y comunal. En él se exponen los aspectos constitucionales y legales de este tipo de propiedad, los elementos que distinguen a los ejidos de las comunidades agrarias y de éstas con las comunidades indígenas, los sujetos de derechos agrarios, sus formas de organización, los derechos agrarios y sus alcances. De igual manera, se analizan los instrumentos que limitan el derecho de propiedad, entre ellas la expropiación y la imposición de modalidades, con un énfasis especial en las Áreas Naturales Protegidas, la ocupación temporal y las servidumbres. Se termina con formas de enajenar los derechos agrarios, entrándonos en la compraventa y el arrendamiento y señalando otras formas de hacerlo pero sin profundizar en ellas. Finalmente, se hace un recuento de todo lo expuesto, resaltando algunas de las ideas centrales expuestas. No estamos frente a una obra que profundice en el análisis del derecho agrario desde una postura teórica, aunque no escapa a ello. Se trata más bien de un trabajo panorámico sobre el contenido de las diversas leyes en materia de propiedad agraria que busca sistematizar el contenido de cada una de las leyes que lo integran a fin de que los campesinos y las personas que no son expertas en derecho tengan un acercamiento a ellas y entiendan su alcance. Como alguna vez un amigo dijo de ella, se trata de una especie de manual de primeros auxilios en materia agraria para que los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios o comuneros, de manera individual o colectiva, puedan defender sus derechos.

NOTAS:
1 http://www.presidencia.gob.mx/mexico/inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx
2 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html

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Información relacionada:

México. Manual: la defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo

La defensa del territorio es por la vida

Libro en PDF: “Aire, no te vendas” cuenta la experiencia de la radio comunitaria Totopo en Oaxaca (AUDIO)

“Aire, no te vendas: La lucha por el territorio desde las ondas” es un libro escrito por la productora de radio Griselda Sánchez Miguel, quien lo presentó el 16 de abril 2017 en la librería La Cosecha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Cuenta la experiencia de Radio Totopo, una radio comunitaria nacida en el 2005 en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, la región más ventosa del mundo, que une Oaxaca a Chiapas. La radio transmite la palabra del pueblo zapoteco emitiendo en el 105.FM desde el Barrio de los Pescadores y alberga las reuniones de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ), que participa desde el 2013 en la defensa del territorio contra la multiplicación de proyectos eólicos.

Radio Totopo defiende el aire entendido como las ondas, difundiendo una información veraz y dignificante, y como el viento, fortaleciendo la resistencia ante la invasión de aerogeneradores que se imponen en el Istmo en violación de los derechos de los pueblos indígenas y para el beneficio de empresas privadas.

>> Descargar y Leer el libro completo en PDF

>> Escuchar y decargar el audio de la presentación del libro en La Cosecha

>> Comprar el libro en su versión impresa en la librería La Cosecha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Calle Belisario Domínguez #3D, Centro)

Esta publicación está disponible bajo la Licencia de Producción de Pares.

Usted es libre de:

– compartir-copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

– hacer obras derivadas, bajo las condiciones siguientes:

Este libro es resultado de un trabajo colaborativo. Creemos que el conocimiento es un bien común y que las investigaciones realizadas con recursos públicos deben de seguir siendo públicas. Por estas razones, este libro en su versión digital es de libre descarga y en su versión impresa es de distribución gratuita para radios y medios comunitarios. Muchas personas han participado aportando dinero para que esto sea posible, pero no sólo eso: tiempo, interés, atención y deseos.

Contacto: disonancias@riseup.net

Ilustraciones de portada y cap.tulos: Ixchel S. R.-Tetera
Ilustraciones interiores: Emilia Ajonjol.
Dise.o editorial y formaci.n: Paola Avila
Dise.o de portada: Gran OM & El Dante
Lectura: Am

Introducción

Este libro lleva un proceso de cinco años: se originó en el año 2011 como un proyecto de investigación en la Maestría en Desarrollo Rural y desde el inicio, el reto fue elaborar una investigación crítica que contribuyera a la academia pero ante todo a la reflexión sobre el actuar de los sujetos sociales involucrados en los procesos comunicativos comunitarios; quise hablar de nuestra práctica y dotarla de un análisis teórico. Y digo nuestra práctica porque soy parte de la generación de medios libres, que desde hace años, ha acompañado la cobertura de movimientos sociales. En esa tarea nos dimos cuenta de que muy pocas veces sistematizamos nuestras vivencias y experiencias por escrito y eso por encontrarnos casi siempre inmersos en lo urgente -difusión de las represiones, movilizaciones, transmisiones en vivo.

Este libro se propone hacer este ejercicio. Recorre primero brevemente la historia de algunas radios comunitarias en América Latina para alcanzar a situar cada experiencia en un contexto y permitirnos entender que ese contexto siempre determina el camino que emprenden las radios y las estrategias que desarrollan. Luego, aterriza este argumento en México y estudia los modos en que el modelo extractivista neoliberal afecta el estado de Oaxaca, generando numerosos conflictos socioambientales. Para ahondar en las estrategias comunicativas que desarrollan las radios comunitarias en la defensa del territorio -procesos de información, organización y en particular de movilización-, elegimos analizar el caso de Radio Totopo y su resistencia ante el megaproyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec.

Creemos que la sistematización del trabajo de Radio Totopo no sólo servirá para la labor que está desarrollando, sino para el movimiento de medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, ya que la documentación y análisis de estos procesos de comunicación es un eje fundamental para la multiplicación del conocimiento pues pareciera que cada vez que se pone en práctica un nuevo proyecto de comunicación hay que empezar de cero, cuando ha habido experiencias previas a las cuales acudir para aprender de los logros, aciertos y errores.

Decidimos imprimir este libro -y difundirlo en versión digital y libre descarga- para cuestionar el hecho de que los trabajos que se generan desde la academia se archiven en las bibliotecas o coordinaciones de los posgrados o licenciaturas. Pensamos que estos trabajos cobran vida cuando los circulamos, compartimos, haciendo del conocimiento un bien común. Con esta inquietud es que inicié la maestría y con ese objetivo caminé estos años para lograr su realización.

Este libro no es un punto de llegada sino de partida para que otros compañeros aporten, desde el debate respetuoso, sus ideas sobre el papel de las radios comunitarias en la defensa del territorio. Sea así pues, una pequeña contribución.

 Foto: Presentación de “Aire no te vendas” en La Cosecha el 16 de abril

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Más sobre la defensa del territorio en Oaxaca:

Oaxaca: Amenazan al excomisariado de Ixtepec por defender el territorio del extractivismo

Pronunciamiento por los territorios de los pueblos de la Sierra sur y Costa de Oaxaca

Defensa del territorio frente a la minería en Zanatepec, Oaxaca

Más sobre la defensa del territorio desde las ondas:

AUDIOS – Territorios en Disputa, una serie radiofónica de Hijos de la Tierra

Defender la vida comunitaria es defender nuestra autonomía

Mapa interactivo: Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios

El mapa “Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios” fue elaborado en marzo 2017 por la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales, CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia y ACKnowl-EJ (Academic-Activist Co-Production of Knowledge for Environmental Justice).

>> Consultar el mapa

Este trabajo de mapeo visibiliza por el momento solo 21 de los numerosos conflictos ambientales en los que las mujeres juegan un papel decisivo en la defensa del territorio. Se concentra exclusivamente en conflictos mineros por ahora, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay. El objetivo es “visibilizar el rol fundamental que desempeñan las mujeres latinoamericanas en la defensa de sus territorios, estrategias y sentires que las ponen al frente en los conflictos mineros, pero también conocer los impactos diferenciados que generan las actividades mineras en la vida de las mujeres”, explica la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales en su página web.

Cada conflicto está vizibilizado por un punto en el mapa, acompañado de un video y un texto de contextualización, de datos sobre el proyecto minero al origen del conflicto, así como de una descripción de sus impactos específicos sobre mujeres y de la manera en que ellas se organizan para resistir.

Por ejemplo, a propósito del proyecto de mina de cobre a cielo abierto “Mirador”, de la empresa china ECSA EcuaCorriente S.A., en la Cordillera del Condor, Ecuador, que viola el derecho del pueblo Shuar a la consulta y a un medioambiente sano, se puede leer que las mujeres sufren de “criminalización en protestas contra la minería a gran escala y por resistirse a salir de las zonas que según la empresa le pertenecen”. “Viven en permanente hostigamiento por mecanismos administrativos y judiciales (indagaciones, en varios casos con prisión preventiva, y procesos judiciales), y otras formas extrajudiciales (represiones violentas, amedrentamiento y agresiones físicas y psicológicas, así como mensajes y apelativos discriminatorios y estigmatizantes) por parte de funcionarios de la empresa y de las instituciones gubernamentales. Frente a esto y otras violaciones a sus derechos los moradores desconocen los principios judiciales y carecen de recursos económicos para contratar su defensa legal. Se acentúa la dependencia y violencia patriarcal especialmente patrimonial ya que los hombres adultos depende de un jornal y de actividades extractivas y las mujeres junto a niños y niñas trabajan de forma riesgosa y precaria en actividades de subsistencia. Con los desalojos violentos se sufrió violencia física, violencia psicológica tanto las mujeres como sus niños, impotencia, temor, angustia, desesperación al verse sin hogar sin tierra, atentando a su seguridad e integridad.”

“En los diversos países de America Latina se impulsa un modelo de desarrollo extractivista basado en el despojo de los recursos naturales, caracterizado por generar cada vez más violencia y criminalidad, atentando sobre los territorios y los cuerpos, y en especial sobre las mujeres”, escribe la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales. “A pesar de ello, las mujeres defensoras de los territorios, de los bienes comunes y de la vida desarrollan acciones y estrategias pacificas para defenderse y hacerle frente a este sistema, manteniéndose en la resistencia, articulándose en redes, capacitándose, demandando el ejercicio de sus derechos y planteando alternativas.”

 

>> Consultar el mapa

[REVISTA EN PDF] Impunidad y graves violaciones a derechos humanos en México

Compartimos el número 21 de la revista Aportes DPLF, la revista de la Fundación para el Debido Proceso – Enero 2017

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Editorial (Por Katya Salazar, Directora Ejecutiva)

Durante la última década, la situación de derechos humanos en México se ha deteriorado notablemente. La guerra contra el narcotráfico tuvo un efecto decisivo en el aumento de la violencia originada por los grupos criminales, pero también de los crímenes cometidos por fuerzas estatales. A pesar del reconocimiento que el gobierno mexicano ha hecho de esta situación y de las medidas que se han tomado para enfrentarla, la realidad nos muestra que las violaciones de derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción.

En este contexto, la noche del 26 de septiembre de 2014, desaparecieron cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Aunque éste no era ni el primero ni el último caso de personas desaparecidas en México, el número de desaparecidos, su calidad de estudiantes, el involucramiento de fuerzas estatales de distintos niveles y la persistencia de los familiares hicieron de este caso un parteaguas que desencadenó la indignación ciudadana nacional e internacional.

En el marco de las medidas cautelares que se tramitaban ante la CIDH por este caso, y producto de un acuerdo entre esta institución, el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que recibió el encargo de realizar una verificación técnica de las acciones adoptadas por el Estado mexicano luego de la desaparición de los estudiantes, no solo respecto de su localización, sino respecto del agotamiento de las líneas de investigación así como la atención y reparación a las víctimas.

El GIEI fue una experiencia inédita de colaboración Estado-CIDH y de monitoreo de un caso en tiempo real. Integrado por cinco expertos internacionales, el GIEI nos demostró que es posible investigar este tipo de atrocidades tratando a las víctimas con respeto y consideración. Sus hallazgos sobre el caso —plasmados en dos informes— fueron fundamentales, pero posiblemente el legado más importante fue la radiografía que realizó del sistema de justicia penal mexicano y las recomendaciones que hizo con la finalidad de mejorarlo.

Un complemento perfecto del trabajo realizado por el GIEI, fue el informe Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, publicado el año pasado por Open Society Justice Initiative (OSJI) y cinco organizaciones de la sociedad civil mexicana.

Este informe realiza un riguroso análisis de los crímenes cometidos en el país durante la última década y establece la existencia de fundamentos razonables para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad, tanto por actores estatales como no estatales, los mismos que deben ser debidamente investigados y juzgados.

Este informe también incluye una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores, destacando la propuesta de crear un mecanismo internacional de investigación de crímenes atroces y grandes casos de corrupción en México.

El diagnóstico es claro: el sistema judicial mexicano tiene la enorme responsabilidad de dar una respuesta adecuada al legado de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última década. Si las condiciones actuales no lo permiten, es necesario pensar creativamente y no descartar el apoyo internacional, tal como ocurrió en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

Con la finalidad de contribuir a esta reflexión, pero también para ayudar a entender mejor la situación del país en el resto del continente, dedicamos esta edición de AportesDPLF a la situación actual de derechos humanos en México.

La primera sección de este número examina las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en México. Sobre este tema, Claudia Paz y Paz —ex Fiscal General de Guatemala— nos explica cómo el caso Ayotzinapa exhibió las principales deficiencias del sistema de investigación criminal mexicano y en base a su experiencia como integrante del GIEI, propone una serie de recomendaciones sobre cómo mejorarlo. En esa misma línea, Ariel Duliztky, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre despariciones forzadas o involutarias, plantea veinte puntos para la creación de una agenda pública para la prevención y erradicación de la desaparición forzada en México. Por su parte, el ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, comparte sus principales conclusiones después de la misión que realizó a México en su rol como relator. Concluye esta sección Erick Witte de OSJI, haciendo un análisis en profundidad de por qué ciertos crímenes que se cometen actualmente en México podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad.

La reforma del sistema de justicia penal mexicano es abordada en la segunda sección de esta edición. Al respecto, Miguel Sarre llama la atención sobre la falsa dicotomía entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, mientras que Iván de la Garza nos plantea los retos que persisten en la implementación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio, en vigor en todo el territorio mexicano desde junio de 2016. Por último, Carlos Ríos examina el rol que tienen las medidas cautelares en el nuevo sistema acusatorio y cómo el enraizamiento cultural de los valores del sistema inquisitivo, impedirían la correcta implementación de la prisión preventiva.

En la tercera sección se incluyen algunas reflexiones sobre reformas institucionales fundamentales que se vienen llevando a cabo en México. Úrsula Indacochea de DPLF nos habla del alto grado de intervención de los órganos políticos, en la selección de altas autoridades del sistema en México, y de la ausencia de contrapesos efectivos. Por su parte, Oscar Arredondo nos describe el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, los desafíos que se han presentado desde la reforma constitucional y los pasos pendientes para alcanzar su correcta implementación. Aroa de la Fuente, aborda el tema de la reforma energética en México y nos describe la situación actual, tres años después de su aprobación.

La situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de la población mexicana es analizada en la cuarta sección de esta revista. Leopoldo Maldonado de Artículo 19 muestra la realidad que afronta el periodismo mexicano y cómo la guerra contra el narcotráfico ha impactado el ejercicio de la libertad de expresión de distintas formas. Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, aborda la situación que viven los familiares de migrantes desaparecidos y nos explica cómo la organización de estas familias ha promovido la creación de un mecanismo transnacional que les permita acceder a la justicia.

Para concluir con esta edición, la quinta sección titulada “Desde los Estados muestra la situación que se vive en el interior del país. La hermana Consuelo Morales y Ana Claudia Martínez, nos describen la situación actual en Nuevo León, resaltando el papel de la opinión pública en una adecuada implementación del nuevo sistema procesal penal en ese estado.

En Chihuahua, Lucha Castro nos cuenta cómo ante la crisis de seguridad desencadenada por la guerra contra el narcotráfico la sociedad civil y el gobierno del estado se han aliado para combatir la impunidad y la corrupción. Desde Coahuila, Michael Chamberlin nos explica cómo la unión de familiares de personas desaparecidas generó un impacto tal que llevó a la creación de un Grupo de Trabajo integrado por sociedad civil, Naciones Unidas y autoridades estatales, a través del cual se han promovido reformas estatales en materia de desaparición forzada. Desde Jalisco, César Pérez detalla cómo la práctica de la tortura continúa impune en el estado a pesar de reformas estatales para la penalización de este delito. Por último, David Lovatón expone cómo Yucatán, a pesar de no ser un estado que enfrenta situaciones graves de derechos humanos como ocurre en el resto del país, también enfrenta problemas serios, muchos de ellos relacionados con la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas Mayas.

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Más información:

México. Manual: la defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo

VIDEO: El derecho a defender los derechos humanos en México