Boletín de prensa de pueblos, comunidades, organizaciones e instituciones que se reunieron con el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento a Chiapas – A 16 de mayo 2017
El pasado día 12 de Mayo, el Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, de la Organización de Naciones Unidas, el Dr. Léo Heller, dio a conocer sus observaciones preliminares sobre la visita oficial que realizó a México durante dos semanas. Los dos días previos a su conferencia de prensa, el Relator estuvo en el estado de Chiapas, en donde lo que vio y escuchó de parte de las personas afectadas, las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia fueron decisivos para que, agregando a lo que presenció en otras partes del país, concluyera enfáticamente que en México se viola el derecho humano al agua y al saneamiento.
El tono de las observaciones que el Relator adelantó al informe oficial que presentará en el mes de septiembre ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC) fue contundente y directo. El lenguaje y contenido que utilizó en su conferencia de prensa se alejó del tono frecuentemente diplomático y atenuado que caracteriza muchas veces a las declaraciones de los funcionarios de organismos internacionales que visitan a nuestro país. La explicación a este hecho es muy simple, el Dr. Heller, quién ha realizado misiones previas en diversos países africanos, asiáticos y latinoamericanos se declaró sorprendido porque las malas condiciones del derecho al agua que existen en el país no corresponden a su imagen internacional, al índice de Desarrollo Humano que tiene México en el ranking internacional ni a las cifras oficiales que el gobierno mexicano da a conocer.
Durante su visita a una comunidad a escasos kilómetros de distancia de esta Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, al presenciar conmovido cómo mujeres y niñas, acompañadas de burros, acuden a un charco de agua turbia varias veces al día para llenar pesadas garrafas de plástico y abastecerse de la única agua a la que tienen acceso durante varios meses del año, el Relator comentó que la situación ahí era peor de la que había visto en varios países africanos. La escena que presenció Léo Heller y que se replica muchas veces a largo y ancho del estado de Chiapas, ocurre en este caso a escasos kilómetros de distancia de las bombas de agua que trabajan día y noche para extraer más de un millón seiscientos mil litros diarios de agua para producir refrescos y agua embotellada; y del lugar en donde se sitúan los agonizantes humedales, que se reducen cada día por la avaricia y la inconsciencia de sus propietarios y complacencia de las autoridades municipales y estatales.
Durante su conferencia de prensa, el Relator se manifestó especialmente preocupado al «escuchar de parte de distintas autoridades que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.» Y sobre cómo además, «los presupuestos federales para servicios esenciales han sido significativamente reducidos, según se informa, en más de 37% de 2016 a 2017 para los servicios de agua y saneamiento.»
El Relator afirmó que las estadísticas de que el 94% de la población mexicana tiene acceso al agua potable y 93% al saneamiento sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior. «En Chiapas… visité comunidades indígenas que han sido provistas con proyectos de infraestructura que han dejado de funcionar de manera efectiva y que ahora han tenido que volver a utilizar fuentes de agua superficiales para obtener agua potable que claramente plantean un riesgo para la salud de los miembros de la comunidad debido a la mala calidad del agua.»
El Relator se volvió particularmente preocupado al «conocer que muchas escuelas en México comúnmente carecen de instalaciones adecuadas de agua y saneamiento. El programa nacional para instalar bebederos en escuelas a lo largo del país es un desarrollo bienvenido, sin embargo, el progreso de su implementación, según información recibida, ha sido lento y debe ser acelerado, particularmente en estados con los mayores niveles de pobreza.» El Relator recibió un informe de la sociedad civil que detalla la falta de agua y saneamiento en las escuelas de Chiapas.
El Relator también señaló que: «en Tuxtla Gutiérrez hay costosas plantas de tratamiento de aguas residuales pero no funcionan debido a la falta de mantenimiento. Me alarmó conocer que de 194 plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas, sólo 12 están en funcionamiento, teniendo como resultado un importante problema de contaminación de las fuentes de agua. La ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas, de más de 200,000 habitantes, no cuenta con tratamiento de aguas residuales, lo cual tiene como consecuencia que las aguas no tratadas fluyan aguas abajo hacia otras fuentes. Todas estas situaciones tienen serias implicaciones en términos de higiene, salud y la potencial contaminación de fuentes de agua.»
También en Tuxtla Gutiérrez fue «informado de que se permite que los servicios sean cortados en caso de que no se pague el servicio, y de que no hay ninguna salvaguarda legal que impida la desconexión por la falta de capacidad económica para afrontar el costo de los servicios». El Relator subrayó que «es importante recordar al Gobierno mexicano que la desconexión de servicios basada en este criterio es considerada una violación de derechos humanos bajo el derecho internacional».
Sobre la población indígena, el Dr. Heller señaló que «los pueblos indígenas constituyen una significativa proporción de la población mexicana y un alto porcentaje de ellos viven en pobreza y situaciones de marginación. Tienen una asociación única con sus tierras y territorios, incluyendo las fuentes de agua. También fue evidente que los pueblos indígenas a menudo enfrentan los retos más severos en cuanto a la provisión de agua y saneamiento. Tienen culturas, costumbres, prácticas y estructuras de liderazgo únicas, incluyendo su relación con el agua y los residuos, que deben ser consideradas y respetadas en la provisión del servicio. En Chiapas, me encontré con autoridades estatales y municipales y visité una comunidad urbana y poblaciones indígenas rurales que experimentan falta de acceso a agua potable segura y saneamiento«.
Un enfoque basado en los derechos humanos al agua y al saneamiento debe reconocer las necesidades de la gente y ubicarlas en primer lugar de prioridad en todo el país.
Organizaciones de Chiapas le presentaron 19 casos de violación a sus derechos al agua potable y al saneamiento
Durante la reunión que el Relator sostuvo con representantes de la sociedad civil de Chiapas, le fue presentado un panorama general de la crítica situación en la que se encuentra el derecho al agua en el estado, la cual quedó ejemplificada con 19 casos documentados y presentados al Relator. Durante esta misma reunión, se le hizo entrega de un documento en el que se le solicita qué recomendaciones son específicamente importantes para Chiapas, entre las que se citaron las siguientes:
1. Urgir al Estado Mexicano para que las concesiones que otorga la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para la explotación de agua en Chiapas y en el resto del país prioricen la disponibilidad y accesibilidad de este líquido de forma suficiente, salubre y potable para satisfacer las necesidades de sus habitantes para uso personal y doméstico por encima de cualquier otro uso comercial o industrial. Con base a este criterio, solicitamos que la concesión para la explotación de los acuíferos por la compañía refresquera Coca-Cola FEMSA (Inmobiliaria del Golfo SA de CV) en San Cristóbal de Las Casas sea inmediatamente revisada y en su caso, revocada, debido a los insostenibles volúmenes de extracción (1.6 millones de litros diarios) y a los graves daños colaterales (caries, obesidad y diabetes) que sus productos ocasionan principalmente a la población indígena. Que las concesiones otorgadas a las industrias sean transparentadas y que su impacto social y ambiental sea evaluado por instancias técnicas y académicas competentes que, a su vez, comprueben no tener conflictos de interés.
2. Considerando que el estado de Chiapas presenta uno de los mayores índices de marginalidad y de mortalidad en niños y adultos mayores por desnutrición, infecciones gastrointestinales del país y que estos padecimientos están especialmente determinados por la falta de acceso de la población al agua segura y confiable, la acción más importante para enfrentar la emergencia sanitaria que persiste en la entidad es la de proveer de agua segura para sus habitantes y de manera especial para las escuelas públicas y la población en situación de vulnerabilidad, particularmente indígena.
3. Solicitamos que, frente a la emergencia sanitaria que persiste en el estado de Chiapas debido a los altos niveles de contaminación biológica del agua para consumo humano se recomiende al Estado Mexicano y de manera específica al gobierno de Chiapas establezca un plan prioritario para dotar de agua segura, priorizando a las escuelas y a las poblaciones vulnerables que incluya un monitoreo permanente de la calidad de agua y de información sobre ésta a la población.
4. Solicitamos de manera muy específica al Relator que debido a la importancia que tiene el ecosistema único de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas en los Altos de Chiapas -de los que depende el suministro de agua de su población- recomiende a los gobiernos estatal y federal que éstos sean declarados área natural protegida con carácter expropiatorio.
5. Solicitamos de parte del Relator una atención especial a la relación entre agua y mujeres de cara al acceso universal al agua potable y para los hogares, debido a las desigualdades de género en el acceso al agua potable, una vez que ello es imprescindible para construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres al vital líquido.
6. Solicitamos de manera especial al Relator recomendar al Estado Mexicano la puesta en marcha de mecanismos de protección para la salvaguarda de las relaciones simbólicas de la población indígena con el agua de acuerdo a los contextos socio-culturales de cada grupo étnico y su territorio, que incida en el manejo autogestivo de acceso, disponibilidad y abastecimiento del líquido por parte de la comunidad.
7. Que la toma de decisiones en los espacios de participación sea un proceso de análisis, con información detallada y participación igualitaria de la sociedad civil, academia, usuarios del agua e instancias de gobierno, que permitan una construcción del conocimiento dirigida a una planeación con el enfoque de Cuencas Hidrográficas y Desarrollo Sostenible.
Las organizaciones que apoyaron la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento han decidido conformarse como una coalición que dé seguimiento a las recomendaciones propuestas al relator y a las que éste haga al Estado Mexicano.
La visita del Relator y el informe final que éste elabore será un instrumento muy útil para que la sociedad civil de Chiapas fortalezca sus capacidades al Estado Mexicano en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Organizaciones sociales:
Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos, posesionarios y avecindados de Chicoasen
Comité Cuenca Río San Vicente
Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Comité de los Lagos de Montebello
Comité Directivo Colonia Plan de Ayala
Colonia San Isidro, Tuxtla
Observatorio Smapa
Colonia El Roble, Tuxtla
Comité Contraloría Social Colectores Marginales
Frente Popular en Defensa del Soconusco
Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C
Sistema Agua Chupactik.
Organizaciones de la Sociedad Civil:
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos/ Defensoría del Derecho a la Salud
Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente
Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Enlace, Comunicación y Capacitación
Centro Derechos Humanos Digna Ochoa A.C
Otros Mundos Chiapas,
Fundación Cántaro Azul A.C.
Centros de Investigación:
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS, Sureste,
El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR,
Universidad Autónoma de Chapingo, CESMECA/UNICAH
Diócesis de San Cristóbal
Foto: Carlos Ogaz/CDH Frayba
Nota de prensa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra Internacional
El mapa «Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios» fue elaborado en marzo 2017 por la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales, CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia y ACKnowl-EJ (Academic-Activist Co-Production of Knowledge for Environmental Justice).
Quienes suscribimos la presente, mujeres y hombres Defensores de Derechos Humanos, expresamos al Pueblo de Guatemala nuestras condolencias por los graves acontecimientos ocurridos el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro «Virgen de la Asunción», ubicado en el Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala.
El 16 de diciembre de 2016, penúltimo día de la 13ra Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas, los representantes de los Pueblos Indígenas de todo el mundo salieron de la sala de negociaciones, seguidos por la sociedad civil, para expresar su descontento. Posteriormente, la sociedad civil organizó un sit-in silencioso en apoyo a los Pueblos Indígenas en el lobby del Moon Palace, sede de la Conferencia, en el que participaron unas sesenta personas, incluyendo a miembros de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 implicó la modificación de once de sus artículos teniendo una enorme repercusión en el sistema jurídico mexicano. Ahora existe una concepción más amplia de los mismos. Por ejemplo, los dos primeros párrafos del artículo primero incorporaron el término derechos humanos, supliendo el de garantías individuales, que implica mucho más que un cambio de palabras; la concepción de que la persona goza de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales; la interpretación conforme que debe hacerse con esas disposiciones; el principio pro persona; la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Hasta el pasado 25 de mayo, los pobladores de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, confiaban en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara si la Ley Minera violaba la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas.