Categoría: Defensa de los derechos colectivos

Presentación

La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 implicó la modificación de once de sus artículos teniendo una enorme repercusión en el sistema jurídico mexicano. Ahora existe una concepción más amplia de los mismos. Por ejemplo, los dos primeros párrafos del artículo primero incorporaron el término derechos humanos, supliendo el de garantías individuales, que implica mucho más que un cambio de palabras; la concepción de que la persona goza de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución co­mo en los tratados internacionales; la interpretación conforme que debe hacerse con esas disposiciones; el principio pro persona; la obligación de todas las autoridades de promo­ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por otra parte, se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cuando ocurran.

La inclusión expresa de las obligaciones que tienen las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, co­mo lo es la promoción de los derechos humanos y tenerlos como eje de su actuación, debe entenderse como un elemento clave para prevenir su violación y es una encomienda directa para los organismos protectores de derechos humanos en el país, como lo es esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una reforma de tal envergadura genera la necesidad de contar con materiales de estudio para su mejor compren­sión a fin de responder a las nuevas realidades, necesidades y problemáticas que aquejan a la sociedad mexicana y que merecen nuestra atención. Su complejidad amerita reflexiones en diversas temáticas, desde distintos enfoques y especialidades. Es por ello que resulta indispen­sable el permanente estudio y análisis de los derechos humanos.

La presente “Colección de textos sobre derechos humanos” es un espacio de estudios académicos que analiza diferentes contenidos relacionados con los derechos humanos que pueden contribuir a su conocimiento, debiendo la población en general estar atenta y cercana a los cambios legislativos, a las medidas administrativas que se realizan y al desarrollo jurisprudencial que se va produciendo, con la pretensión de generar una constante sinergia entre la teoría y la praxis nacional.

Entre los temas abordados hasta el momento destacan los estudios teóricos que permiten una introducción y mejor comprensión sobre el origen y la evolución histórica de los derechos humanos, así como el debate contemporáneo de los mismos. Asimismo, otros son de primordial estudio para el acercamiento a la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, los grupos en situación de vulnerabilidad y de los pueblos y comunidades indígenas. También la colección se integra con artículos que abordan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las modificaciones incorporadas en 2011, temáticas que han sido objeto de otras Colecciones de esta Comisión Nacional. Por otro lado, se pueden identificar algunos estudios que versan sobre tópicos cuyo debate nacional sigue vigente, generándose normatividad al respecto, como las reformas en materia penal, la presun­ción de inocencia, la prohibición de tortura y de desa­parición forzada de personas y los derechos de las víctimas de los delitos.

La presente serie se integra con los siguientes títulos:
1) Origen, evolución y positivización de los derechos hu­manos; 2) Aproximaciones teóricas al debate contemporá­neo de los derechos humanos; 3) La evolución histórica delos derechos humanos en México; 4) Los pueblos indíge­nas de México y sus derechos: una breve mirada; 5) Dere­cho Internacional Humanitario; 6) Estado de Derecho y Principio de Legalidad; 7) La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México; 8) Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 9) La desaparición forzada de personas; 10) La prevención y la sanción de la tortura; 11) Los derechos humanos de las víctimas de los delitos; 12) Aspectos cultu­rales de la discriminación a la luz de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos; 13) Libertad de ex­presión y acceso a la información; 14) Presunción de inocencia; 15) Algunas resoluciones relevantes del Poder Judi­cial en materia de derechos humanos; 16) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la acción de incons­titucionalidad de ley; 17) Grupos en situación de vulnera­bilidad; 18) Los estándares internacionales de los derechos humanos: un sistema de derechos en acción; 19) Dere­chos humanos de los pueblos indígenas: el debate colo­nial y las Leyes de Indias de 1681; 20) Agua y derechos humanos; 21) Cultura de la legalidad y derechos huma­nos; 22) De la cultura de la legalidad a la cultura de los derechos humanos; 23) Diálogo jurisprudencial y protec­ción de los derechos humanos; 24) El derecho a la partici­pación y a la consulta en el desarrollo. Retos para México; 25) El derecho humano al voto; 26) La identificación y la trata de personas, un par de problemas que enfrentan las
personas que migran; 27) La justiciabilidad del derecho al agua en México; 28) La personalidad jurídica en la desapa­rición forzada; 29) La trata de personas como violación a los derechos humanos: el caso mexicano; 30) Migració en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio mexi­cano; 31) Multiculturalidad, ciudadanía y derechos huma­nos en México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía indígena; 32) Narrativas interdisciplinarias sobre desaparición de personas en México; 33) Proteccionismo, dere­chos humanos y seguridad social de los adultos mayores. Hacia una mejor calidad de vida; 34) Una mirada a los derechos de las niñas y los niños: su resignificación, y 35) Violaciones a los derechos humanos del imputado en la etapa de investigación.

Esta Colección, desde la perspectiva de cada uno de los autores —a quienes agradecemos que compartan su experiencia y visión de los temas— pretende contribuir a impulsar la difusión de los derechos humanos entre todas las personas, así como a fortalecer su cumplimiento.

Lic. Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

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Por Mathieu Tourliere, Revista Proceso

Hasta el pasado 25 de mayo, los pobladores de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, confiaban en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara si la Ley Minera violaba la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas.

Pero la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal, logró anular la revisión de esa ley, con base en la cual esta dependencia otorgó 25 mil 425 títulos de concesiones –vigentes en junio de 2016, según el IV Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto–, que amparan 22.3 millones de hectáreas.

En 2010, mediante una solicitud de información, los pobladores de la región se percataron de que la SE había concesionado 80% de su territorio a las empresas mineras Zalamera y Hoschild, sin consultarles ni avisarles. Tras una batalla judicial de varios años, un juez federal suspendió las concesiones.

En febrero de 2015 la SCJN atrajo el caso del amparo en revisión 393/2015. En ese recurso los pobladores aseveraban que ciertos artículos de la Ley Minera violan los derechos a los pueblos indígenas plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que, por extensión son inconstitucionales.

Las empresas mineras se desistieron de las concesiones. Y la SE puso en jaque a la SCJN: argumentó que con la cancelación de las concesiones desapareció el “acto reclamado” –el fondo del juicio–, por lo que la Corte tuvo que sobreseer el amparo.

Según Armando Campos Ochoa, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que apoyó a la comunidad me’phaa–, “hubo una maniobra entre la SE y las concesionarias” para evitar la revisión constitucional de la Ley Minera.

Ésta, añade, podía generar modificaciones de fondo en el otorgamiento de concesiones e implicar “jurisprudencia para todas las luchas contra los megaproyectos”. Además, la revisión ponía temas centrales en la mesa: la definición de “tierra”, “territorio” y “pueblo” indígenas y la consulta.

“¿Qué implica en términos de costos políticos y económicos el cancelar y suspender dos concesiones mineras en lugar de 26 mil?”, plantea en entrevista con Apro. Sin embargo, el amparo constituyó un precedente y Campos espera que ese recurso “trazó el camino para otras comunidades indígenas en sus luchas”.

El “resurgimiento” del 169

Este martes 6, la SCJN se convirtió en la sede de un coloquio sobre la defensa del territorio indígena, en el que representantes de comunidades en resistencia, magistrados y abogados revisaron las herramientas jurídicas de las que disponen los pueblos originarios para reivindicar –y conseguir– el respecto de sus derechos en sus territorios ancestrales.

De acuerdo con Elia Avendaño Villafuerte, asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, la lucha por los derechos indígenas avanzó a grandes pasos en los últimos cinco años gracias al “resurgimiento del Convenio 169 de la OIT”.

El Convenio 169 plantea, entre otros, la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de realizar cualquier asunto que afecte su territorio. Esta consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Avendaño explica a Apro que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, el primer artículo de la Constitución elevó a rango constitucional los convenios internacionales que firmó México. En otros palabras, el Convenio 169 de la OIT se convirtió en uno de los más poderosos instrumentos legales, 21 años después de su aprobación por el Senado mexicano.

“Antes, la Constitución estaba por encima (del Convenio), y ahora están a la par”, abunda, al explicar que “a partir de 2011 tenemos más resoluciones sobre derechos indígenas, y en la SCJN hemos encontrado 370 sentencias que se refieren a ellos.

“Los derechos indígenas empiezan a tener una difusión un poco mayor, y la gente se organiza más: se da cuenta que el Convenio 169 los protege”, aseveró Alma Verónica Chacón Márquez, integrante de la Consultoría Técnica Comunitaria, una organización que apoya a los pueblos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en la reivindicación de sus derechos.

Y, según Francisco López Bárcenas, titular de la Coordinación Nacional de Antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “el conflicto apenas comienza”.

Detalla, en entrevista con Apro: “El modelo de desarrollo económico del país, que se basa básicamente en grandes obras e infraestructuras, está afectando a los pueblos indígenas. Todo apunta a que los recursos naturales son ahora el centro de la apropiación. Y éstos están en los pueblos indígenas”, un diagnóstico similar al que expuso la organización Oxfam en un informe reciente.

“Se trata de buscar respuestas jurídicas, lo que pasa es que muchos pueblos indígenas no están yendo a los tribunales, han visto que las sentencias no se cumplen, que ganan pero que no pasa nada”, añade el antropólogo.

Según Karla Quintana Osuna, secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz y exlitigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los logros de los derechos indígenas se conquistan amparo tras amparo. “No se puede avanzar en los tribunales si no es por ustedes”, exhortó.

También recordó que, según la CIDH, no importa que un terrateniente posea documentos que demuestren la propiedad privada de un lote: si éste forma parte del territorio ancestral de una comunidad indígena, es obligatorio devolvérselo, afirmó.

Asimismo, subrayó que en muchas ocasiones las autoridades y las empresas retan el carácter indígena de las comunidades que exigen sus derechos sobre el territorio ancestral, lo cual es ilegal, pues el Convenio 169 plantea la “autoadscripción”, según la cual una persona es indígena a partir del momento en que se reivindica como tal.

Uno de los reclamos de las comunidades indígenas, entre ellas las que habitan la Sierra Tarahumara, es que las distintas reformas agrarias que se llevaron a cabo en México en el siglo XX no tomaron en cuenta el carácter indígena del territorio y despojaron a comunidades enteras de sus tierras.

Quintana planteó ciertos obstáculos para el pleno respecto a los derechos indígenas. Los términos de la consulta, por ejemplo, levantan ciertas preguntas: “¿A quién consultar? ¿Qué se consulta? ¿En qué forma?”

Y subrayó la emergencia de un fenómeno reciente, que desafiaría el sistema judicial: crecen los casos de comunidades campesinas no indígenas que invocan la falta de consulta ante los tribunales para cancelar los megaproyectos que los afectan.

Magdalena Gómez Rivera, abogada y fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), aseveró que el tema de fondo de los derechos indígenas va más allá del debate jurídico y se ancla en el racismo: “Que en un primer tiempo dejen de hablar de un ‘problema indígena’”, exhortó.

Con las energías del 4 B’atz’, Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, los pueblos Maya K’iche’, Mam, Kaqchikel, Tz’utujil, Sipakapense, Q’anjob’al, Popti’, Chuj, Akateko, Awakateko y Mestizo, en territorio del abuelo Kaib’il B’alam, reunidos en asamblea deliberativa, declaramos:

1. Celebramos más de 10 años de lucha pacífica y democrática, frente a la imposición de un nuevo despojo, haciendo uso de nuestros principios de participación, consulta y toma de decisiones. En ejercicio de nuestro derecho de libre determinación, hemos logrado frenar la expansión del modelo extractivista, expresado en proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, de transmisión eléctrica y monocultivo.
2. Celebramos nuestra capacidad no solo de organizarnos y resistir, sino de retar la institucionalidad del actual Estado. Hemos logrado que se declaren ilegales las licencias otorgadas sin consulta previa, sentando jurisprudencia legal a favor de los Pueblos.
3. Celebramos la consecución colectiva de una sentencia histórica, a través de la liberación de líderes y autoridades comunitarias, demostrando que la organización y el ejercicio de la autoridad de los Pueblos no constituyen delitos, sino el ejercicio pleno y legítimo de derechos fundamentales, y que la criminalización es una estrategia de persecución política del estado en contra de los pueblos.
4. Denunciamos la maniobra racista del actual gobierno, que llama a un dialogo nacional para construir los estándares básicos para la consulta a los Pueblos Indígenas, deslegitimando nuestras consultas comunitarias y desconociendo que el propio convenio 169 de la OIT, ya los tiene establecidos. La consulta debe ser previa, libre, informada, de buena fe y conforme a los procedimientos propios que los Pueblos decidan.
5. Estamos convencidos que nuestras victorias, no son suficientes para cambiar el sistema de dominación colonial y capitalista. Necesitamos profundizar nuestra organización comunitaria y nuestra articulación como pueblos Maya, Xinka, Garifuna y Mestizo. Necesitamos la participación plena de la mujer en todos los espacios de toma de decisiones. Necesitamos la participación protagónica y política de la juventud. Necesitamos pensar y decidir por nosotros mismos. Necesitamos convertir nuestra mayoría numérica en fuerza política articuladora. Necesitamos aumentar nuestras luchas en defensa del agua, bosques, tierra y necesitamos construir vida digna.
6. Para lograr la vida digna, debemos comprometernos a construir un modelo económico, plural y democrático, reconstituyendo los valores propios, basados en la solidaridad, armonía y  el uso sostenible de los bienes naturales y no en la mercantilización salvaje.
7. Llamamos a todos los Pueblos, y todas las fuerzas políticas y sociales del país, a profundizar y apropiarnos del Proyecto Político  de los Pueblos, como base para la construcción del Estado Plurinacional en Guatemala.

¡¡ES EL TIEMPO DE LOS PUEBLOS!!
Asamblea Nacional del Consejo del Pueblo Maya -CPO-

Vía Movimiento M4

Magdalena Gómez, La Jornada

La creciente intervención de empresas trasnacionales en territorios indígenas ha motivado que incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) aborde el tema en contextos de la llamada mundialización. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: proteger, respetar y remediar, con el fin de que los estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que concluirá mañana su visita de 10 días a México con la presentación de un informe preliminar sobre la misma después de entrevistarse con empresas, gobierno y organizaciones.

El telón de fondo para la actividad de este grupo de trabajo es el documento de los Principios rectores que no son instrumento jurídico y, por tanto, no son vinculantes, pero se han convertido en una suerte de mantra. Se asumen acríticamente como base para la actividad de la ONU en torno a la compleja relación entre derechos humanos y empresas. Dichos principios no consideran los derechos vigentes de los pueblos indígenas. Si bien no están referidos a éstos de manera directa, sí encontramos que son los principales afectados por la actividad de las empresas en sus territorios. Es urgente colocar la discusión sobre el enfoque prevaleciente para tratar una relación notoriamente asimétrica, más aún cuando está en curso en la ONU a partir de 2014 la elaboración de un instrumento jurídico al respecto. No parece clara la postura sobre la responsabilidad primaria de los estados en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es significativo observar que la ONU aparezca como mediadora supuestamente neutral de una problemática que inevitablemente afecta a los pueblos indígenas y ante la cual se responde, más que con el reforzamiento de sus derechos, con la discusión de lineamientos, recomendaciones o llamados a la buena voluntad o códigos de ética de las trasnacionales, cuyo único interés es el lucro siempre cobijado en nombre del progreso. Dentro de los diversos antecedentes de los llamados Principios rectores encontramos que la idea de incorporar a los actores sociales a los espacios de la ONU se adoptó oficialmente con el lanzamiento del Global Compact, con la participación de 44 grandes sociedades trasnacionales y algunos otros representantes de la sociedad civil. Fue anunciado en 1998 por el secretario general de la ONU en un informe destinado a la Asamblea General titulado La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Entre las sociedades participantes en el Global Compact se encuentran British Petroleum, Nike, Shell, Nestlé, Rio Tinto y Novartis (A/52/428).

Hoy estamos ante la falacia de que es posible establecer una relación equitativa entre pueblos indígenas y empresas trasnacionales e incluso establecer alianzas entre estos actores frente al Estado. En esa lógica es lamentable que se plantee siquiera que los probables beneficios compensatorios en esa relación sean la construcción de aulas, hospitales o alguna infraestructura en las comunidades afectadas.

Para dialogar con el grupo de trabajo que nos visita, un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por las empresas y documenta 61 casos en todo el territorio nacional. Las violaciones más frecuentes son contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho a la consulta y el consentimiento previo; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas. Llama la atención que el informe refiera este panorama como el obstáculo para el cumplimiento de los Principios rectores, asumiendo con ello la legitimidad de los mismos o bien simplemente acogiendo la oportunidad de un espacio de la ONU para documentar sus denuncias que tienen como sustento tales principios.

El muy detallado informe destaca los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Coloca la reflexión sobre el carácter del Estado mexicano que se ubica al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público mediante la promulgación de normas que favorecen intereses empresariales en detrimento de los derechos humanos. La moneda está en el aire, ya habrá tiempo de elaborar balances.

Vía: Movimiento M4

OFRANEH

Sambo Creek 17 de agosto de 2016.- En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derechos; entre otras el doloroso asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, acontecido hace casi seis meses, sin que hasta la fecha se haya develado los nombres de los autores intelectuales del macabro crimen.

El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en el año de 1995, sin que posteriormente adaptara las leyes nacionales al Convenio como lo sugiere el espíritu de la Convención de Viena sobre tratados(1969). Es más, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovió una Ley indígena que todavía se encuentra en salmuera en el Congreso Nacional, con la cual el Estado de Honduras y el BID pretendieron diluir el Convenio 169 y convertirlo en una ley secundaría plagada de falencias.

Después de 21 años de la ratificación del Convenio 169, el Estado, apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pretenden imponer una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), la cual desconoce la voluntad de los pueblos. Con el agravante  que  en su artículo 20  señala como la decisión final recae en el Estado, desconociendo de esta forma la condición de Consulta Libre.

Desde el año 2013 es cuando el Programa REDD requiere de la existencia de una Ley de Consulta para poder cumplir con los preceptos estipulados de las Salvaguardas de sus proyectos. Desde ese momento el PNUD asume la promoción de la creación de una Ley de Consulta, apoyando a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la que socializó su borrador en la ciudad de La Ceiba en febrero de 2015. Posteriormente DINAFROH creó su propio anteproyecto de ley, mientras el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras introdujo al Congreso Nacional su versión de Ley de Consulta la que fue elaborado por los pueblos en una serie de talleres comunitarios. Como sorpresa final, el actual gobierno introdujo este año su versión de Ley, la que fue elaborada a puertas cerradas, y definitivamente redactada para defender los intereses del Estado, transnacionales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

El Estado de Honduras en las últimas dos décadas ha tergiversado en múltiples ocasiones la Consulta convirtiéndola en una simple socialización, y es precisamente lo que pretende a través de una serie de reuniones “comunitarias’ con el pueblo Garífuna, las cuales inicia el día de hoy en la comunidad de Corozal, la que a través de su Patronato señaló que no fue consultada para la realización de dicha reunión.

En muchas ocasiones las instancias estatales utilizan prebendas o promesas de proyectos para obtener el beneplácito de  los supuestos líderes comunitarios, siendo esta técnica utilizada con mucha frecuencia en Honduras. Al mismo tiempo que se distorsiona la representatividad utilizando grupúsculos para dividir las posiciones asumidas por los pueblos.

Después del golpe de estado del año 2009, se aprobaron una serie de leyes a matacaballo, totalmente nocivas para los pueblos indígenas: desde la Ley de Aguas, Forestal, Pesca, RED y posteriormente la ZEDE, además de la entrega de la plataforma continental en la Moskita a BG-SHEL. Tanto DINAFROH como la CONPAH se sumieron al silencio al respecto. De ahí que concederles el beneficio de la duda, a las posibles “buenas intenciones” que albergue el anteproyecto de Ley introducido por el Estado al Congreso Nacional, es inaudito  y mucho más cuando CONPAH y DINAFROH elaboraron sus propias  versiones de la Ley de Consulta, las que aparentemente fueron soterradas en aras de los “intereses” del Estado.

DINAFROH -ente estatal creado después del golpe de estado- viene efectuando una socialización de la versión de ley fabricada por le Estado, a la que denomina consulta. Dicha versión de ley es adecuada para los intereses del Programa REDD, el que en Africa, con el pueblo Sengwer ha demostrado su esencia neocolonialista.

La defensa de la obsoleta soberanía westfaliana que ha esgrimido el Estado en los casos de las comunidades Garífunas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), demuestra su desconocimiento de la autodeterminación de los pueblos. El estado de Honduras fue condenado por la Corte IDH en las sentencias sobre las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, en relación a la violación del Derecho a la Consulta Previa. La farsa que está promoviendo el Estado y el PNUD no se ciñe a los estándares internacionalista en materia de derecho indígena y mucho menoso se apega al Ius Cogens.

– Organizacion Fraterna Negra Hondureña, OFRANEH

Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

Entre los valles y montañas el paisaje es verde oscuro en la lejanía. Aún más lo es Santa María Cahabón, Alta Verapaz, donde de forma pacífica y de manera espontánea se realizaron caminatas, caravana y asambleas, para manifestar la inconformidad de las personas con la implementación de proyectos hidroeléctricos en el municipio, debido a que no se les consultó sobre los mismos. Estas formas de expresión fueron una medida para que la corporación municipal diera su visto bueno para lograr un acuerdo gubernamental que lograra la consulta de buena fe en el municipio de Cahabón.

Esta consulta de buena fe gira en torno al agua, ya que hidroeléctricas y otros megaproyectos representan serias amenazas para el buen vivir de las comunidades. La construcción de hidroeléctricas ha roto en “pedazos” el río, y lo ha secado en varios tramos. Algunos con autorización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que no consideró necesario someter los proyectos a una evaluación de impacto ambiental. La autorización del ministerio, pese a la oposición de las comunidades, permitirá a la empresa obtener mayores ganancias basadas en el “profundo deterioro” del entorno, en detrimento de “los aprovechamientos preexistentes”.

El caudal del río se mantiene sucio debido a los trabajos de la empresa que está construyendo la Hidroeléctrica. El río Cahabón está completamente sucio y las personas de las comunidades no pueden abastecerse del líquido vital, pues temen enfermarse. Ellos no cuentan con un sistema de agua potable ni con pozos, por lo que tienen que utilizar el río como fuente de abastecimiento.

Estos problemas y malestares hicieron que miles de hombres y mujeres q’eqchi’,miembros de pueblos indígenas de este municipio y dueños legítimos de sus tierras, se reunieran en la plaza de Cahabón, Alta Verapaz, levantándose en resistencia ante las amenazas de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, que iniciaron sin consultarles.

Las comunidades están dispuestas a defender lo que queda de sus territorios ancestrales y sus derechos. Cuentan con su propia voluntad y con los mecanismos de legalidad que les proporciona la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Las Autoridades comunitarias, consejo comunitario de desarrollo (COCODES) y miembros de la consulta municipal ya están listos para esta primera consulta comunitaria en el municipio, la segunda en el departamento de Alta Verapaz y la primera que gira entorno a la problemática del agua.
El reglamento de la consulta nos dice que: es una consulta de vecinos que tratará única y exclusivamente sobre la construcción de las hidroeléctricas en el río Oxec y otra sobre el río Cahabón, del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, que pretende construir una empresa privada, estableciéndose para dicho fin la modalidad de votación en Asamblea Comunitaria a mano alzada, cuyo resultado será anotado en el Libro de Actas de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, y bajo observación de delegados de la Comisión Específica.

El Estado de Guatemala es signatario del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual resguarda los derechos de los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Por lo que debe resguardar los derechos de la población del municipio de Santa María Cahabón, la cual es mayoritariamente de origen q’eqchi’.

Para ello, la municipalidad de Santa María Cahabón y la Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos podrán informar a la población, únicamente invitando a todos los vecinos a participar en la consulta, indicando la forma de realizar su expresión ciudadana en su calidad de vecinos y los lugares donde se realizarán las asambleas comunitarias de consulta, este 31 de Julio de 2016. En ningún momento la municipalidad se pronunciará o inclinará por una posición definida entre el sí o el no.

Asimismo queda terminantemente prohibido a las autoridades, funcionarios y empleados de la municipalidad de Santa María Cahabón emitir opiniones con tendencia a influir en los resultados de la consulta, mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones públicas. La participación individual fuera de las horas de trabajo es permitida, siempre y cuando no se identifiquen como autoridades, funcionarios o empleados municipales.Su participación será siempre como vecino facultado para emitir su opinión a través de la consulta.

La Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos será la encargada de velar para que se cumpla la prohibición expresada en el párrafo anterior y de imponer las sanciones a los funcionarios o empleados municipales que violen esta prohibición. En todos los casos se respetará la propiedad privada y quedan prohibidas las pintas en las instalaciones y sedes de instituciones gubernamentales, puentes, carreteras, parques, establecimientos educativos o lugares públicos.

Esta consulta es el resultado del proceso de preparación, información y concientización del pueblo maya q’eqchi’ sobre el impacto de los megaproyectos y las leyes que están siendo legisladas en el Congreso de la República, que se pueden considerar que atentan contra los intereses de los pueblos en Guatemala.

 Cahabón es un municipio con más 150 aldeas. En todas sus comunidades, su economía se sustenta por su agricultura, basada en el cultivo del café y cardamomo, que constituye el principal ingreso local y familiar. Además, la mayoría de las comunidades se dedica al cultivo de maíz y frijol, por lo que el agua es fundamental para sus actividades agrícolas.

Es por ello que los vecinos han mostrado su preocupación sobre el uso, destino y propiedad del agua, y desde meses antes se han estado reuniendo para discutir el tema. De ahí nace la propuesta de la consulta comunitaria de buena fe para este treinta y uno de Julio del presente año, en el marco de que se proteja el vital líquido.