Categoría: Defensa de los derechos colectivos

El relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable se fue de México con más de 70 denuncias

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Boletín de prensa de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – Ciudad de México, a 12 de mayo 2017, último día de la visita a México de Leo Heller, relator especial de la ONU sobre los derechos al agua potable y al saneamiento

>> Actualización: En su conferencia de prensa de cierre de visita el 12 de mayo, Leo Heller dijo:

«Preocupa mucho la contaminación de las fuentes de agua. He visitado una comunidad rural en Papantla, Veracruz y hay una contaminación visible de las aguas superficiales con hidrocarburos y petróleo. La extracción de hidrocarburos incluyendo fracking, la minería, los aprovechamiento hidroeléctricos, proyectos industriales en general, están muchas veces comprometiendo de forma muy seria el acceso a una agua de calidad en México.»

  • Entregan informe constatando que las políticas hídricas privilegian las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad;
  • Se documentaron y entregaron al Relator Especial 72 casos paradigmáticos de violaciones en el país.

En el marco de la visita del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (DHAyS), Léo Heller, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México, en donde se exponen las principales fallas de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano en esta materia. (>> Descargar el informe completo)

Las redes y organizaciones que impulsaron la participación en la visita son La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

Una de las principales conclusiones del Informe es que en México prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad. Las modificaciones en la legislación han desplazado la orientación social y facilitan la participación del sector privado en la explotación y distribución del bien común, sin inspección y sanción efectiva de las obligaciones de los actores privados.

El Informe presenta un breve resumen de las anomalías y violaciones a los DHAyS, algunas de las cuales ocurren en las ciudades donde se han otorgado concesiones de servicios a privados. Entre dichas anomalías se incluyen mala calidad del agua –que ocasiona que en entidades como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada-; aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario/a, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia, entre otras.

Un elemento relevante alerta sobre el hecho de que la reforma energética pone en riesgo la realización efectiva del derecho humano al agua potable en México, toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno federal en 2013 y sus leyes secundarias de 2014, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos tienen ahora «preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.» Estas actividades se encuentran complementadas por una amplia red de proyectos de infraestructura que en muchos de los casos se configuran a partir de la satisfacción de necesidades de la industria extractiva, no de las poblaciones.

Agrava lo anterior el hecho de que el ejercicio del derecho al agua en México se ve obstaculizado por la existencia de un modelo de inequidad en el acceso al agua y al saneamiento, en el que las personas y comunidades en situación de  vulnerabilidad son quienes tienen menor disponibilidad de este recurso.

En lo que se refiere a la calidad del agua de la que se dispone en el país, ésta no es la óptima, pues a pesar de que existe un ordenamiento que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización en México, éste no sigue los estándares más favorables recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las organizaciones documentaron y entregaron al Relator Especial una compilación de 72 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos al agua potable y al saneamiento ocurridas en 17 entidades federativas. Asimismo, sostuvieron reuniones privadas con el Relator, donde se abordaron temáticas de especial preocupación como la contaminación de fuentes de agua, impactos de la privatización, desafíos legislativos y obstáculos para el acceso a la justicia. (Leer: Defensores de la Costa de Chiapas denuncian cómo la minería afecta su derecho al agua potable ante relator de la ONU)

Un elemento central que denunciaron las organizaciones al Relator fue la ausencia de procesos de monitoreo, inspección y sanción por parte del Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus 13 Organismos de Cuenca en el País; así como la falta de información oportuna y sistemática de parte del Estado mexicano a las comunidades, de estudios y la situación de sus fuentes hídricas.

El Relator realizó recorridos de campo en los municipios de Filomeno Mata y Papantla, Veracruz; las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, en la Ciudad de México; así como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En dichos lugares, el Relator pudo ver la precariedad de las condiciones de vida de la población del campo y la ciudad por la falta de cumplimiento de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Asimismo, escuchó directamente a mujeres y hombres cuya vida cotidiana se ve trastocada por esta carencia, también pudo dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales.

En este contexto, las organizaciones y redes hacemos un enérgico llamado a los tres poderes de todos los niveles de gobierno a que cumplan con sus obligaciones con respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento para asegurar la disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad, calidad, aceptabilidad, acceso sin discriminación, acceso a la información, y ejercicio de modo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com; brendtzu27@yahoo.com.mx; ricardo_ruiz@cemda.org.mx

Más lectura sobre la visita del relator:

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

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Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

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El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento llega hoy a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para reunirse con organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, les compartimos este informe publicado ayer por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Pretende ser una fuente de información tanto para ustedes como para el relator al momento de redactar su informe y hacer recomendaciones al gobierno mexicano.

El presente Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México es el resultado del esfuerzo que organizaciones de la sociedad civil, comunidades y colectivos han venido realizado desde hace más de diez años, con la intención de documentar las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo nuestro país.

>> DESCARGAR EL INFORME

A lo largo de sus nueve apartados, se podrá encontrar información sobre el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y a megaproyectos. En este sentido, hemos dedicado una sección específica de los impactos que se han podido visibilizar a partir de la entrada en vigor de la reforma energética. De igual manera, este informe también muestra las distintas amenazas y riesgos que los defensores de derechos humanos, ambientales y comunidades enfrentan día con día en la defensa del agua y los bienes naturales de nuestro país.

Este documento ha sido elaborado con motivo de la visita de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento a México en mayo de 2017. Esperamos que la información sea útil para su informe Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2017.

Redes y comunidades que han animado este proceso:

La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza mexicana contra el fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

Portada: Mujer en Filomeno Mata, Veracruz. Foto: Alianza Mexicana contra el Fracking

>> Descargar el informe completo

Extracto:

VI. Extractivismo y megaproyectos: violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

6.2. Extractivismo y sus impactos en el derecho humano al agua y al saneamiento

Las empresas mineras no solo gozan de privilegios fiscales incomparables que han permitido que los recursos naturales de la nación entera solo beneficien a unos cuantos, sino que con las recientes reformas a la ley minera y la energética (que cabe recalcar, permite el fracking -o fracturación hidráulica), refuerzan el estatuto de estas industrias, reconociendo que son una «industria de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos son de interés nacional y orden público priorizando éste uso por encima de cualquier otro uso.» [Análisis de leyes de reforma energética: Artículo 96 de Ley de hidrocarburos. Alianza Mexicana contra el Fracking. 24 Julio 2014]

Las licitaciones para explotación de hidrocarburos vía fracking iniciaron y representan un peligro inminente para lograr el acceso universal alagua potable. El fracking conlleva una contaminación tóxica e irreversible del agua así como la fractura del ciclo mismo del agua por la contaminación de ecosistemas hídricos y el secuestro de grandes volúmenes de agua que se hace cuando se inyecta el agua de retorno del proceso, en pozos letrina (uno de los métodos para «deshacerse» del agua tóxica).

Por otro lado, se otorgan concesiones de explotación de acuíferos a embotelladoras como Coca Cola, Pepsi Cola y Danone (siendo estas las que acaparan el 82 % del valor del mercado en términos de ventas totales), las cuales no solo no son reguladas y fiscalizadas adecuadamente, sino que los pagos anuales de estas concesiones son absolutamente ridículas en relación a las ganancias que tienen estas empresas a partir del agua. Por ejemplo: Coca Cola FEMSA paga 2 mil 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, y tan solo en 2007 tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos60. Esta falta de proporción de pago por derechos de explotación y utilidades revela como el sector político privilegia los intereses del sector económico por encima de los derechos fundamentales, el pago adecuado de estos volúmenes podría, por ejemplo, financiar la cobertura de agua potable a poblaciones que no tienen aún acceso a ella. [Esas concesiones se otorgan también a cerveceras como Constellation Brands, que acaba de inaugurar la planta más grande de Latino-América en Coahuila y tiene el proyecto de construir otra en Mexicali, B.C.]

Aunque a nivel nacional, México experimenta un grado de presión (agua empleada en usos consuntivos respecto al agua renovable) del 19.2%, lo cual se considera bajo; sin embargo, existe una gran diversidad regional: el mínimo es de 1.7% en la Frontera Sur y el máximo 138.7% en el Valle de México. El grado de presión sobre el recurso hídrico incrementa la vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático, pues en estados con la mayor actividad minera, como Zacatecas y San Luís Potosí, por ejemplo, el impacto de la sequía derivado del cambio climático, «puede tener consecuencias desde leves hasta catastróficas». (CONAGUA, 2014).

De acuerdo con la misma institución la calidad del agua, tomando en cuenta el indicador de demanda química de oxígeno, el 26.6 % de las aguas está contaminada y el 5.8% fuertemente contaminada:

[Las RHA son las Regiones Hidrológico-Administrativas de México: I: Península de Baja California; II: Noroeste; III: Pacífico Norte; IV: Balsas; V: Pacífico Sur; VI: Río Bravo; VII: Cuencas Centtrales del Norte; VIII: Lerma-Santiago Pacífico; IX: Golfo Norte; X: Golfo Centro; XI: Frontera Sur; XII: Península de Yucatan; XIII: Aguas del Valle de México]

A lo anterior se suma que el territorio cuenta con áreas extensas de cuencas hidrológicas con veda. Ante este panorama a nivel nacional existe una gran la vulnerabilidad para cubrir las necesidades de la población, aún más considerando que todavía existe un porcentaje importante de la población que carece de los servicios básicos para acceder al agua. No obstante, al igual que en otros países de Latinoamérica el camino por el que han optado las políticas públicas del país han sido por el desarrollo a partir de la industria extractiva generando legislaciones que sobreponen el agua para este tipo de industria al consumo humano. Esto es claramente visible a partir de la Ley Nacional de Aguas de México de 1992 que sienta los precedentes tanto para la privatización del agua como el preparar las condiciones para dar preferencia a la industria en las concesiones. Posteriormente, la reforma a la Ley Minera y la reforma Energética han continuado en esta vía.

En la Figura 3, se muestran las concesiones mineras vigentes y los campos de exploración y explotación considerados en el plan quinquenal. Es notorio el crecimiento que se pretende para la minería (en particular una de los tipos de minería que se desarrollarán más será la de cielo abierto para la extracción de metales como el cobre y la plata. Si bien los efectos de estas políticas cobrarán importancia en los próximos años, muchos de éstos ya son evidentes. Por ejemplo, en la Figura 4, se pueden observar los volúmenes concesionados por sector, en donde se hace evidente que el agua dedicada a las actividades industriales es cerca del 50% del agua dedicado al sector Público Urbano.

Para finalizar, incluimos algunos puntos importantes sobre la industria minera, que afectan o podrían afectar los derechos humanos al agua y al saneamiento.

La industria minera impacta en el uso y calidad de aguas superficiales y subterráneas amparadas bajo el artículo 19 de la ley Minera, que otorga al concesionario el derecho de:

V. Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;

VI.-Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de la ley de la materia;

Durante 2014, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit en el mismo periodo temporal. (Cartocrítica, 2016).

La reforma al artículo 27 de la Constitución permitió la expropiación de la tierra, al agua y el uso del suelo por razones de «utilidad pública» (que incluyen la industria minera -además de los hidrocarburos), y ello propició un cambio de orientación en la legislación minera: se simplificó el otorgamiento de concesiones mineras, facilitando la entrada de inversión extranjera directa a la minería.

Más lectura sobre el impacto de la industria extractiva sobre el agua:

Como las multinacionales privan a los Mexicanos de un acceso al agua potable

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Relator del agua se lleva aguacero de denuncias

[LIBRO EN PDF] «El Régimen de la Propiedad Agraria en México», de Francisco López Bárcenas

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Compartimos el libro «El Régimen de la Propiedad Agraria en México: Primeros auxilios jurídicos para la defensa de la tierra y los recursos naturales», de Francisco López Bárcenas

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Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. México 2017

Primera edición: 2017
Diseño de cubierta: Lourdes García Barranca
Diseño de interiores: Pez en el árbol
Imagen de portada e interior: José Guadalupe Posadas

Atribucion-No Comercial-Sin Obras Derivadas 4.0
http://es.creativecommons.org

I. El territorio mexicano y la propiedad de la tierra

México es un país que se encuentra ubicado en la parte meridional de América del Norte, cuenta con una extensión territorial de 1,964,375 kmÇ, (196,437,500 has.) de los cuales 1,959,248 kmÇ (195,924,800 has.) son superficie continental y 5,127 kmÇ (512,700 has.) son superficie insular.1 Por la importancia de la biodiversidad existente en su territorio, el país figura entre los doce considerados como de megadiversidad biológica, junto con los Estados Unidos de América —con quien comparte fronteras por el norte—; Colombia, Ecuador, Perú, y Brasil en el resto del Continente Americano y Zaire, India, China, Madagascar, Indonesia y Australia en otros continentes.

Otra clasificación de su riqueza y diversidad biológica, establece que ocupa el cuarto lugar mundial con respecto al número de especies de plantas. Con apenas el 1.4% de la superficie terrestre planetaria, el país posee cerca del 10% del total de especies conocidas en el mundo; además se destaca por la presencia de organismos que no existen en ningún otro.

Considerando tan sólo la flora, el porcentaje de endemismos se encuentra en el 50%, que se traduce en quince mil especies, mientras que para reptiles y anfibios oscila entre el 57 y 65%, y para los vertebrados, la proporción es del 32%, en promedio.2

Producto de la revolución social de 1910, una de las primeras en América Latina, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció un régimen sui generis de la tierra y los recursos naturales, misma que en el año de 1992 cambió sustancialmente para flexibilizar su regulación y permitir la capitalización del campo. El artículo 27 de la Constitución Política de 1917, estableció la propiedad originaria de las tierras y los recursos naturales existentes en ella a favor de la nación, la cual se reservaba el derecho de transmitirla a los particulares para formar la propiedad privada y la social— ejidos y comunidades—, que revestían carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles; además de la pública, que pertenecía al Estado.

De igual manera prescribe que la propiedad derivada podría ser expropiada por causa de utilidad pública o sufrir las modalidades que dictara el interés social. En materia de recursos naturales, fue más radical ya que no autorizó ningún tipo de propiedad derivada sobre ellos, como consecuencia los particulares sólo podrían explotarlos mediante concesiones, reservando la explotación directa de algunos de ellos a la nación, entre los cuales se encontraba el petróleo, el uranio y otros necesarios para el desarrollo del país.

De lo anterior se tiene que la propiedad originaria de la tierra, podía asumir como propiedad derivada varias manifestaciones, que dentro del derecho se le denominan regímenes de propiedad, entre los cuales se encuentran los siguientes: pública, terrenos nacionales, ejidal, comunal y propiedad privada. Hay que notar que no es la propiedad privada la que predominaba sino la originaria, que debía tener como finalidad regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.

En el año de 1992, las características que distinguían a las tierras ejidales y comunales se transformaron profundamente. El 6 de enero de ese año se reformó la Constitución Federal para quitar el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles a las tierras ejidales, de tal manera que los derechos sobre ellos pudieran ser transmitidos por venta, renta, asociación y otros actos mercantiles. Las tierras comunales siguieron conservando ese carácter pero se permitió que se pudieran convertir a ejido, y si lo hacen también pierden la protección especial que les da la ley. Junto con la reforma a la Constitución Federal se derogó la Ley Federal de Reforma Agraria y se aprobó, para sustituirla, la Ley Agraria, lo mismo se hizo con otras leyes que regulan recursos naturales.

En el presente documento, se realiza un análisis de la legislación que regula la propiedad agraria del país, centrándonos en la ejidal y comunal. En él se exponen los aspectos constitucionales y legales de este tipo de propiedad, los elementos que distinguen a los ejidos de las comunidades agrarias y de éstas con las comunidades indígenas, los sujetos de derechos agrarios, sus formas de organización, los derechos agrarios y sus alcances. De igual manera, se analizan los instrumentos que limitan el derecho de propiedad, entre ellas la expropiación y la imposición de modalidades, con un énfasis especial en las Áreas Naturales Protegidas, la ocupación temporal y las servidumbres. Se termina con formas de enajenar los derechos agrarios, entrándonos en la compraventa y el arrendamiento y señalando otras formas de hacerlo pero sin profundizar en ellas. Finalmente, se hace un recuento de todo lo expuesto, resaltando algunas de las ideas centrales expuestas. No estamos frente a una obra que profundice en el análisis del derecho agrario desde una postura teórica, aunque no escapa a ello. Se trata más bien de un trabajo panorámico sobre el contenido de las diversas leyes en materia de propiedad agraria que busca sistematizar el contenido de cada una de las leyes que lo integran a fin de que los campesinos y las personas que no son expertas en derecho tengan un acercamiento a ellas y entiendan su alcance. Como alguna vez un amigo dijo de ella, se trata de una especie de manual de primeros auxilios en materia agraria para que los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios o comuneros, de manera individual o colectiva, puedan defender sus derechos.

NOTAS:
1 http://www.presidencia.gob.mx/mexico/inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx
2 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html

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Información relacionada:

México. Manual: la defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo

La defensa del territorio es por la vida

Libro en PDF: «Aire, no te vendas» cuenta la experiencia de la radio comunitaria Totopo en Oaxaca (AUDIO)

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«Aire, no te vendas: La lucha por el territorio desde las ondas» es un libro escrito por la productora de radio Griselda Sánchez Miguel, quien lo presentó el 16 de abril 2017 en la librería La Cosecha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Cuenta la experiencia de Radio Totopo, una radio comunitaria nacida en el 2005 en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, la región más ventosa del mundo, que une Oaxaca a Chiapas. La radio transmite la palabra del pueblo zapoteco emitiendo en el 105.FM desde el Barrio de los Pescadores y alberga las reuniones de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ), que participa desde el 2013 en la defensa del territorio contra la multiplicación de proyectos eólicos.

Radio Totopo defiende el aire entendido como las ondas, difundiendo una información veraz y dignificante, y como el viento, fortaleciendo la resistencia ante la invasión de aerogeneradores que se imponen en el Istmo en violación de los derechos de los pueblos indígenas y para el beneficio de empresas privadas.

>> Descargar y Leer el libro completo en PDF

>> Escuchar y decargar el audio de la presentación del libro en La Cosecha

>> Comprar el libro en su versión impresa en la librería La Cosecha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Calle Belisario Domínguez #3D, Centro)

Esta publicación está disponible bajo la Licencia de Producción de Pares.

Usted es libre de:

– compartir-copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

– hacer obras derivadas, bajo las condiciones siguientes:

Este libro es resultado de un trabajo colaborativo. Creemos que el conocimiento es un bien común y que las investigaciones realizadas con recursos públicos deben de seguir siendo públicas. Por estas razones, este libro en su versión digital es de libre descarga y en su versión impresa es de distribución gratuita para radios y medios comunitarios. Muchas personas han participado aportando dinero para que esto sea posible, pero no sólo eso: tiempo, interés, atención y deseos.

Contacto: disonancias@riseup.net

Ilustraciones de portada y cap.tulos: Ixchel S. R.-Tetera
Ilustraciones interiores: Emilia Ajonjol.
Dise.o editorial y formaci.n: Paola Avila
Dise.o de portada: Gran OM & El Dante
Lectura: Am

Introducción

Este libro lleva un proceso de cinco años: se originó en el año 2011 como un proyecto de investigación en la Maestría en Desarrollo Rural y desde el inicio, el reto fue elaborar una investigación crítica que contribuyera a la academia pero ante todo a la reflexión sobre el actuar de los sujetos sociales involucrados en los procesos comunicativos comunitarios; quise hablar de nuestra práctica y dotarla de un análisis teórico. Y digo nuestra práctica porque soy parte de la generación de medios libres, que desde hace años, ha acompañado la cobertura de movimientos sociales. En esa tarea nos dimos cuenta de que muy pocas veces sistematizamos nuestras vivencias y experiencias por escrito y eso por encontrarnos casi siempre inmersos en lo urgente -difusión de las represiones, movilizaciones, transmisiones en vivo.

Este libro se propone hacer este ejercicio. Recorre primero brevemente la historia de algunas radios comunitarias en América Latina para alcanzar a situar cada experiencia en un contexto y permitirnos entender que ese contexto siempre determina el camino que emprenden las radios y las estrategias que desarrollan. Luego, aterriza este argumento en México y estudia los modos en que el modelo extractivista neoliberal afecta el estado de Oaxaca, generando numerosos conflictos socioambientales. Para ahondar en las estrategias comunicativas que desarrollan las radios comunitarias en la defensa del territorio -procesos de información, organización y en particular de movilización-, elegimos analizar el caso de Radio Totopo y su resistencia ante el megaproyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec.

Creemos que la sistematización del trabajo de Radio Totopo no sólo servirá para la labor que está desarrollando, sino para el movimiento de medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, ya que la documentación y análisis de estos procesos de comunicación es un eje fundamental para la multiplicación del conocimiento pues pareciera que cada vez que se pone en práctica un nuevo proyecto de comunicación hay que empezar de cero, cuando ha habido experiencias previas a las cuales acudir para aprender de los logros, aciertos y errores.

Decidimos imprimir este libro -y difundirlo en versión digital y libre descarga- para cuestionar el hecho de que los trabajos que se generan desde la academia se archiven en las bibliotecas o coordinaciones de los posgrados o licenciaturas. Pensamos que estos trabajos cobran vida cuando los circulamos, compartimos, haciendo del conocimiento un bien común. Con esta inquietud es que inicié la maestría y con ese objetivo caminé estos años para lograr su realización.

Este libro no es un punto de llegada sino de partida para que otros compañeros aporten, desde el debate respetuoso, sus ideas sobre el papel de las radios comunitarias en la defensa del territorio. Sea así pues, una pequeña contribución.

 Foto: Presentación de «Aire no te vendas» en La Cosecha el 16 de abril

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Más sobre la defensa del territorio en Oaxaca:

Oaxaca: Amenazan al excomisariado de Ixtepec por defender el territorio del extractivismo

Pronunciamiento por los territorios de los pueblos de la Sierra sur y Costa de Oaxaca

Defensa del territorio frente a la minería en Zanatepec, Oaxaca

Más sobre la defensa del territorio desde las ondas:

AUDIOS – Territorios en Disputa, una serie radiofónica de Hijos de la Tierra

Defender la vida comunitaria es defender nuestra autonomía

Mapa interactivo: Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios

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El mapa «Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios» fue elaborado en marzo 2017 por la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales, CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia y ACKnowl-EJ (Academic-Activist Co-Production of Knowledge for Environmental Justice).

>> Consultar el mapa

Este trabajo de mapeo visibiliza por el momento solo 21 de los numerosos conflictos ambientales en los que las mujeres juegan un papel decisivo en la defensa del territorio. Se concentra exclusivamente en conflictos mineros por ahora, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay. El objetivo es «visibilizar el rol fundamental que desempeñan las mujeres latinoamericanas en la defensa de sus territorios, estrategias y sentires que las ponen al frente en los conflictos mineros, pero también conocer los impactos diferenciados que generan las actividades mineras en la vida de las mujeres», explica la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales en su página web.

Cada conflicto está vizibilizado por un punto en el mapa, acompañado de un video y un texto de contextualización, de datos sobre el proyecto minero al origen del conflicto, así como de una descripción de sus impactos específicos sobre mujeres y de la manera en que ellas se organizan para resistir.

Por ejemplo, a propósito del proyecto de mina de cobre a cielo abierto «Mirador», de la empresa china ECSA EcuaCorriente S.A., en la Cordillera del Condor, Ecuador, que viola el derecho del pueblo Shuar a la consulta y a un medioambiente sano, se puede leer que las mujeres sufren de «criminalización en protestas contra la minería a gran escala y por resistirse a salir de las zonas que según la empresa le pertenecen». «Viven en permanente hostigamiento por mecanismos administrativos y judiciales (indagaciones, en varios casos con prisión preventiva, y procesos judiciales), y otras formas extrajudiciales (represiones violentas, amedrentamiento y agresiones físicas y psicológicas, así como mensajes y apelativos discriminatorios y estigmatizantes) por parte de funcionarios de la empresa y de las instituciones gubernamentales. Frente a esto y otras violaciones a sus derechos los moradores desconocen los principios judiciales y carecen de recursos económicos para contratar su defensa legal. Se acentúa la dependencia y violencia patriarcal especialmente patrimonial ya que los hombres adultos depende de un jornal y de actividades extractivas y las mujeres junto a niños y niñas trabajan de forma riesgosa y precaria en actividades de subsistencia. Con los desalojos violentos se sufrió violencia física, violencia psicológica tanto las mujeres como sus niños, impotencia, temor, angustia, desesperación al verse sin hogar sin tierra, atentando a su seguridad e integridad.»

«En los diversos países de America Latina se impulsa un modelo de desarrollo extractivista basado en el despojo de los recursos naturales, caracterizado por generar cada vez más violencia y criminalidad, atentando sobre los territorios y los cuerpos, y en especial sobre las mujeres», escribe la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales. «A pesar de ello, las mujeres defensoras de los territorios, de los bienes comunes y de la vida desarrollan acciones y estrategias pacificas para defenderse y hacerle frente a este sistema, manteniéndose en la resistencia, articulándose en redes, capacitándose, demandando el ejercicio de sus derechos y planteando alternativas.»

 

>> Consultar el mapa

[REVISTA EN PDF] Impunidad y graves violaciones a derechos humanos en México

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Compartimos el número 21 de la revista Aportes DPLF, la revista de la Fundación para el Debido Proceso – Enero 2017

>> DESCARGAR LA REVISTA EN PDF <<

Editorial (Por Katya Salazar, Directora Ejecutiva)

Durante la última década, la situación de derechos humanos en México se ha deteriorado notablemente. La guerra contra el narcotráfico tuvo un efecto decisivo en el aumento de la violencia originada por los grupos criminales, pero también de los crímenes cometidos por fuerzas estatales. A pesar del reconocimiento que el gobierno mexicano ha hecho de esta situación y de las medidas que se han tomado para enfrentarla, la realidad nos muestra que las violaciones de derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción.

En este contexto, la noche del 26 de septiembre de 2014, desaparecieron cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Aunque éste no era ni el primero ni el último caso de personas desaparecidas en México, el número de desaparecidos, su calidad de estudiantes, el involucramiento de fuerzas estatales de distintos niveles y la persistencia de los familiares hicieron de este caso un parteaguas que desencadenó la indignación ciudadana nacional e internacional.

En el marco de las medidas cautelares que se tramitaban ante la CIDH por este caso, y producto de un acuerdo entre esta institución, el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que recibió el encargo de realizar una verificación técnica de las acciones adoptadas por el Estado mexicano luego de la desaparición de los estudiantes, no solo respecto de su localización, sino respecto del agotamiento de las líneas de investigación así como la atención y reparación a las víctimas.

El GIEI fue una experiencia inédita de colaboración Estado-CIDH y de monitoreo de un caso en tiempo real. Integrado por cinco expertos internacionales, el GIEI nos demostró que es posible investigar este tipo de atrocidades tratando a las víctimas con respeto y consideración. Sus hallazgos sobre el caso —plasmados en dos informes— fueron fundamentales, pero posiblemente el legado más importante fue la radiografía que realizó del sistema de justicia penal mexicano y las recomendaciones que hizo con la finalidad de mejorarlo.

Un complemento perfecto del trabajo realizado por el GIEI, fue el informe Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, publicado el año pasado por Open Society Justice Initiative (OSJI) y cinco organizaciones de la sociedad civil mexicana.

Este informe realiza un riguroso análisis de los crímenes cometidos en el país durante la última década y establece la existencia de fundamentos razonables para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad, tanto por actores estatales como no estatales, los mismos que deben ser debidamente investigados y juzgados.

Este informe también incluye una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores, destacando la propuesta de crear un mecanismo internacional de investigación de crímenes atroces y grandes casos de corrupción en México.

El diagnóstico es claro: el sistema judicial mexicano tiene la enorme responsabilidad de dar una respuesta adecuada al legado de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última década. Si las condiciones actuales no lo permiten, es necesario pensar creativamente y no descartar el apoyo internacional, tal como ocurrió en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

Con la finalidad de contribuir a esta reflexión, pero también para ayudar a entender mejor la situación del país en el resto del continente, dedicamos esta edición de AportesDPLF a la situación actual de derechos humanos en México.

La primera sección de este número examina las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en México. Sobre este tema, Claudia Paz y Paz —ex Fiscal General de Guatemala— nos explica cómo el caso Ayotzinapa exhibió las principales deficiencias del sistema de investigación criminal mexicano y en base a su experiencia como integrante del GIEI, propone una serie de recomendaciones sobre cómo mejorarlo. En esa misma línea, Ariel Duliztky, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre despariciones forzadas o involutarias, plantea veinte puntos para la creación de una agenda pública para la prevención y erradicación de la desaparición forzada en México. Por su parte, el ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, comparte sus principales conclusiones después de la misión que realizó a México en su rol como relator. Concluye esta sección Erick Witte de OSJI, haciendo un análisis en profundidad de por qué ciertos crímenes que se cometen actualmente en México podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad.

La reforma del sistema de justicia penal mexicano es abordada en la segunda sección de esta edición. Al respecto, Miguel Sarre llama la atención sobre la falsa dicotomía entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, mientras que Iván de la Garza nos plantea los retos que persisten en la implementación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio, en vigor en todo el territorio mexicano desde junio de 2016. Por último, Carlos Ríos examina el rol que tienen las medidas cautelares en el nuevo sistema acusatorio y cómo el enraizamiento cultural de los valores del sistema inquisitivo, impedirían la correcta implementación de la prisión preventiva.

En la tercera sección se incluyen algunas reflexiones sobre reformas institucionales fundamentales que se vienen llevando a cabo en México. Úrsula Indacochea de DPLF nos habla del alto grado de intervención de los órganos políticos, en la selección de altas autoridades del sistema en México, y de la ausencia de contrapesos efectivos. Por su parte, Oscar Arredondo nos describe el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, los desafíos que se han presentado desde la reforma constitucional y los pasos pendientes para alcanzar su correcta implementación. Aroa de la Fuente, aborda el tema de la reforma energética en México y nos describe la situación actual, tres años después de su aprobación.

La situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de la población mexicana es analizada en la cuarta sección de esta revista. Leopoldo Maldonado de Artículo 19 muestra la realidad que afronta el periodismo mexicano y cómo la guerra contra el narcotráfico ha impactado el ejercicio de la libertad de expresión de distintas formas. Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, aborda la situación que viven los familiares de migrantes desaparecidos y nos explica cómo la organización de estas familias ha promovido la creación de un mecanismo transnacional que les permita acceder a la justicia.

Para concluir con esta edición, la quinta sección titulada «Desde los Estados muestra la situación que se vive en el interior del país. La hermana Consuelo Morales y Ana Claudia Martínez, nos describen la situación actual en Nuevo León, resaltando el papel de la opinión pública en una adecuada implementación del nuevo sistema procesal penal en ese estado.

En Chihuahua, Lucha Castro nos cuenta cómo ante la crisis de seguridad desencadenada por la guerra contra el narcotráfico la sociedad civil y el gobierno del estado se han aliado para combatir la impunidad y la corrupción. Desde Coahuila, Michael Chamberlin nos explica cómo la unión de familiares de personas desaparecidas generó un impacto tal que llevó a la creación de un Grupo de Trabajo integrado por sociedad civil, Naciones Unidas y autoridades estatales, a través del cual se han promovido reformas estatales en materia de desaparición forzada. Desde Jalisco, César Pérez detalla cómo la práctica de la tortura continúa impune en el estado a pesar de reformas estatales para la penalización de este delito. Por último, David Lovatón expone cómo Yucatán, a pesar de no ser un estado que enfrenta situaciones graves de derechos humanos como ocurre en el resto del país, también enfrenta problemas serios, muchos de ellos relacionados con la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas Mayas.

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Más información:

México. Manual: la defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo

VIDEO: El derecho a defender los derechos humanos en México

Carta Abierta al Gobierno de Guatemala: Estado Feminicida en «Hogar Seguro»

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Carta Abierta de la comunidad internacional al Gobierno de Guatemala firmada por personas y organizaciones de Chiapas y el mundo, dentro de las cuales Otros Mundos A.C.

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16 de marzo de 2017, Continente Americano

Señor  Presidente, Jimmy Morales Cabrera:

Quienes suscribimos la presente, mujeres y hombres Defensores de Derechos Humanos, expresamos al Pueblo de Guatemala nuestras condolencias por los graves acontecimientos ocurridos el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro «Virgen de la Asunción», ubicado en el Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala.

Desde recién sucedidos los trágicos hechos hemos estado recibiendo información a través de personas, organizaciones y comunidades de Guatemala sobre la negligente actuación de las autoridades a su cargo que han incumplido con las obligaciones derivadas de las Leyes nacionales y el Derecho Internacional.

Una de estas graves omisiones fue no atender de manera diligente la sentencia del Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana que, en Diciembre del año pasado, condenó al Estado de Guatemala por graves violaciones a derechos humanos, mismas que distintas dependencias estatales documentaron, haciendo visible y denunciando las precarias condiciones del albergue, malos tratos, abuso sexual, actos de tortura, privación de la libertad, así como la probable operación de una red de trata de personas que explotaba a niñas y jóvenes menores de edad en complicidad con funcionarios a cargo del Hogar Seguro.

El acto de protesta que las menores de edad iniciaron el día 7 de marzo al interior del Hogar, fue tan solo una de las expresiones desesperadas para romper el miedo ante la muerte progresiva y silenciada que la impunidad del Estado lapidó sobre las pequeñas voces de quienes personifican un país que sobrevive a la violencia estructural, impunidad e injusticia, la huella del genocidio, descomposición social, la nula reparación del daño, el desprecio y discriminación de sus gobernantes sumado al fracaso de las políticas públicas de atención integral, un maltrecho proceso de construcción de paz y el intento de una nación democrática.

En ese sentido, Señor Presidente, nos hiere, indigna y llena de rabia la muerte de, hasta el día de hoy, 43 niñas y jóvenes, las más de 20 que sobreviven con graves quemaduras que se debaten entre la vida y la muerte y la situación de centenas de menores en los centros de internamiento en el país que presentan condiciones similares a las denunciadas por las víctimas. Nos horroriza que, conociendo las denuncias realizadas varios años atrás, no se hayan tomado las medidas necesarias para deslindar y sancionar responsabilidades, incluyendo la parte que le toca a Usted. Hoy, Guatemala nuevamente ocupa las esquelas fúnebres de Latinoamérica y se consigna en la memoria abierta ¡Fue el Estado!

Acusamos la falta de una respuesta oportuna por parte del Estado guatemalteco ante la solicitud de información que realizó el pasado 31 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el albergue Virgen de La Asunción, por lo cual las autoridades incumplieron con su responsabilidad internacional de salvaguardar y proteger los derechos humanos de las niñas y jóvenes del albergue.

Frente a este contexto de dolor e impunidad le instamos a que su actuar y decisiones favorezcan un proceso de Verdad y Justicia para las víctimas, sobrevivientes, familiares, y todo el pueblo de Guatemala. Señor Presidente en sus manos está la responsabilidad de hacer valer el postulado ¡Guatemala, Nunca Más!.

«No más violencia contra las Mujeres»

«Ni una menos»

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Más sobre el tema:

Comunicado del Consejo del Pueblo Maya: «¡No más pactos para controlar y matar a las mujeres! ¡Urge un tiempo para reconstruir nuestras vidas!»

La Secretaría de Bienestar Social y la institucionalidad del infierno

La dura lucha de los Pueblos Indígenas por defender sus derechos en la COP 13

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Artículo de Amigos de la Tierra Internacional, federación a la cual pertenece Otros Mundos A.C.. Fue representada por una delegación de 6 personas en la COP 13, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad, que se llevó a cabo del 4 al 17 de diciembre del 2016 en Cancún, México.

El 16 de diciembre de 2016, penúltimo día de la 13ra Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas, los representantes de los Pueblos Indígenas de todo el mundo salieron de la sala de negociaciones, seguidos por la sociedad civil, para expresar su descontento. Posteriormente, la sociedad civil organizó un sit-in silencioso en apoyo a los Pueblos Indígenas en el lobby del Moon Palace, sede de la Conferencia, en el que participaron unas sesenta personas, incluyendo a miembros de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional.

Los representantes eran miembros del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), una agrupación creada en el 1996 con el fin de dar a escuchar la voz de los Pueblos Indígenas durante las negociaciones de los países miembros de la CBD y de otros convenios internacionales. Expresaron su descontento por haber sido excluidos de las discusiones sobre un tema que tiene que ver directamente con ellos: el acceso a sus conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad.

Una larga pelea por una palabra esencial: «libre»

En su artículo 8J, la CBD pide a los países miembros «respetar, preservar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades locales e indígenas» así como «fomentar la participación equitativa en los beneficios derivados de dichos conocimiento, innovaciones y prácticas.» Preve que si una empresa quiere acceder a los conocimientos tradicionales de una comunidad, debe obtener su «consentimiento fundamentado» y negociar con ella el reparto equitativo de los beneficios derivados del uso de estos conocimientos.

Durante la COP 13, el FIIP exigió que el consentimiento previsto por el 8J sea un «consentimiento libre, previo e informado (CLPI)», pero no se les permitió tomar la palabra durante el proceso de revisión del artículo. Paradójicamente, el trabajo de las Partes sobre este tema “está avanzando sin nuestro consentimiento libre, previo e informado”, resaltó Preston Hardison, de la Organización Tebtebba, en una declaración publicada el 17 de diciembre en ECO, la revista de la sociedad civil en las COPs de la CBD.

Un difícil compromiso para los Pueblos Indígenas

En un cierto punto de las discusiones, el texto se refería al «consentimiento previo e informado», omitiendo la palabra «libre». Después de una larga pelea, el FIIB obtuvo que el texto proponga a los países elegir entre el «consentimiento libre, previo e informado» y el «consentimiento previo e informado». Es un compromiso muy grande que tuvieron que hacer los Pueblos Indígenas para aceptar este texto, porque no define de forma clara los compromisos de los Estados para respetar el CLPI y Amigos de la Tierra Internacional sentimos que no es justo que se fuerza a los Pueblos Indígenas aceptar está situación.

Además, los representantes de Pueblos Indígenas exigían retirar la mención «según la legislación nacional» en el texto sobre las guías para el consentimiento libre previo e informado. De está forma, se quita la soberanía de los pueblos indígenas. «No es universalmente cierto que todo pueda ser sujeto a la legislación nacional», agregó Preston Hardison en su artículo. «Varios Estados reconocen el derecho imprescindible de los Pueblos Indígenas sobre sus Conocimientos Tradicionales. Imprescindibles significa no sujetos a la legislación nacional.»

Una victoria reclamando lo que nunca debían haber perdido: su soberanía

La negación de los Estados de retirar esta mención, fue cuando los representantes de los Pueblos Indígenas decidieron salirse de la sala de negociaciones, en la tarde del 16 de diciembre. En el sit- in que improvisó la sociedad civil afuera de la plenaria en apoyo a los Pueblos Indígenas, se llevaba carteles con las consignas «consentimiento significa consentimiento», «sentados para lo libre» o «no existe el CLPI sin el CLPI».

Gracias a la salida de los Pueblos Indígenas, y al apoyo de la sociedad civil, las negociaciones se reabrieron. Todavía fueron muy duras, pero finalmente se logró un lenguaje que devolvió a los pueblos el derecho de decidir soberanamente, poniendo sus decisiones por sobre de las legislaciones nacionales. «Es una victoria, pero sobre una batalla que nunca debiera existir. Pero por lo menos ahora los Pueblos Indígenas se encuentran respetados y estamos muy felices que como sociedad civil y Amigos de la Tierra Internacional hemos podido apoyar en esta lucha», comentó Nele Marien, co-coordinadora del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, presente en la COP 13.

Video: Porqué ATI apoyamos la protesta de representantes

de los Pueblos Indígenas durante la COP13 ?

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Más información sobre la COP 13 en la página de ATI

La COP 13 no logra afrontar el desafío de proteger la biodiversidad

COP 13 – Conservación y areas de salvaguarda, la cara más reciente del modelo extractivo en México

El derecho a la participación y a la consulta en el desarrollo. Retos para México

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Presentación

fas-ctdh-derecho-participacion-consultaLa reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 implicó la modificación de once de sus artículos teniendo una enorme repercusión en el sistema jurídico mexicano. Ahora existe una concepción más amplia de los mismos. Por ejemplo, los dos primeros párrafos del artículo primero incorporaron el término derechos humanos, supliendo el de garantías individuales, que implica mucho más que un cambio de palabras; la concepción de que la persona goza de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución co­mo en los tratados internacionales; la interpretación conforme que debe hacerse con esas disposiciones; el principio pro persona; la obligación de todas las autoridades de promo­ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por otra parte, se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cuando ocurran.

 

La inclusión expresa de las obligaciones que tienen las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, co­mo lo es la promoción de los derechos humanos y tenerlos como eje de su actuación, debe entenderse como un elemento clave para prevenir su violación y es una encomienda directa para los organismos protectores de derechos humanos en el país, como lo es esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una reforma de tal envergadura genera la necesidad de contar con materiales de estudio para su mejor compren­sión a fin de responder a las nuevas realidades, necesidades y problemáticas que aquejan a la sociedad mexicana y que merecen nuestra atención. Su complejidad amerita reflexiones en diversas temáticas, desde distintos enfoques y especialidades. Es por ello que resulta indispen­sable el permanente estudio y análisis de los derechos humanos.

La presente “Colección de textos sobre derechos humanos” es un espacio de estudios académicos que analiza diferentes contenidos relacionados con los derechos humanos que pueden contribuir a su conocimiento, debiendo la población en general estar atenta y cercana a los cambios legislativos, a las medidas administrativas que se realizan y al desarrollo jurisprudencial que se va produciendo, con la pretensión de generar una constante sinergia entre la teoría y la praxis nacional.

Entre los temas abordados hasta el momento destacan los estudios teóricos que permiten una introducción y mejor comprensión sobre el origen y la evolución histórica de los derechos humanos, así como el debate contemporáneo de los mismos. Asimismo, otros son de primordial estudio para el acercamiento a la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, los grupos en situación de vulnerabilidad y de los pueblos y comunidades indígenas. También la colección se integra con artículos que abordan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las modificaciones incorporadas en 2011, temáticas que han sido objeto de otras Colecciones de esta Comisión Nacional. Por otro lado, se pueden identificar algunos estudios que versan sobre tópicos cuyo debate nacional sigue vigente, generándose normatividad al respecto, como las reformas en materia penal, la presun­ción de inocencia, la prohibición de tortura y de desa­parición forzada de personas y los derechos de las víctimas de los delitos.

La presente serie se integra con los siguientes títulos:
1) Origen, evolución y positivización de los derechos hu­manos; 2) Aproximaciones teóricas al debate contemporá­neo de los derechos humanos; 3) La evolución histórica delos derechos humanos en México; 4) Los pueblos indíge­nas de México y sus derechos: una breve mirada; 5) Dere­cho Internacional Humanitario; 6) Estado de Derecho y Principio de Legalidad; 7) La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México; 8) Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 9) La desaparición forzada de personas; 10) La prevención y la sanción de la tortura; 11) Los derechos humanos de las víctimas de los delitos; 12) Aspectos cultu­rales de la discriminación a la luz de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos; 13) Libertad de ex­presión y acceso a la información; 14) Presunción de inocencia; 15) Algunas resoluciones relevantes del Poder Judi­cial en materia de derechos humanos; 16) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la acción de incons­titucionalidad de ley; 17) Grupos en situación de vulnera­bilidad; 18) Los estándares internacionales de los derechos humanos: un sistema de derechos en acción; 19) Dere­chos humanos de los pueblos indígenas: el debate colo­nial y las Leyes de Indias de 1681; 20) Agua y derechos humanos; 21) Cultura de la legalidad y derechos huma­nos; 22) De la cultura de la legalidad a la cultura de los derechos humanos; 23) Diálogo jurisprudencial y protec­ción de los derechos humanos; 24) El derecho a la partici­pación y a la consulta en el desarrollo. Retos para México; 25) El derecho humano al voto; 26) La identificación y la trata de personas, un par de problemas que enfrentan las
personas que migran; 27) La justiciabilidad del derecho al agua en México; 28) La personalidad jurídica en la desapa­rición forzada; 29) La trata de personas como violación a los derechos humanos: el caso mexicano; 30) Migració en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio mexi­cano; 31) Multiculturalidad, ciudadanía y derechos huma­nos en México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía indígena; 32) Narrativas interdisciplinarias sobre desaparición de personas en México; 33) Proteccionismo, dere­chos humanos y seguridad social de los adultos mayores. Hacia una mejor calidad de vida; 34) Una mirada a los derechos de las niñas y los niños: su resignificación, y 35) Violaciones a los derechos humanos del imputado en la etapa de investigación.

Esta Colección, desde la perspectiva de cada uno de los autores —a quienes agradecemos que compartan su experiencia y visión de los temas— pretende contribuir a impulsar la difusión de los derechos humanos entre todas las personas, así como a fortalecer su cumplimiento.

Lic. Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

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Buscan comunidades indígenas sentar jurisprudencia contra megaproyectos

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Por Mathieu Tourliere, Revista Proceso

Hasta el pasado 25 de mayo, los pobladores de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, confiaban en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara si la Ley Minera violaba la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas.

Pero la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal, logró anular la revisión de esa ley, con base en la cual esta dependencia otorgó 25 mil 425 títulos de concesiones –vigentes en junio de 2016, según el IV Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto–, que amparan 22.3 millones de hectáreas.

En 2010, mediante una solicitud de información, los pobladores de la región se percataron de que la SE había concesionado 80% de su territorio a las empresas mineras Zalamera y Hoschild, sin consultarles ni avisarles. Tras una batalla judicial de varios años, un juez federal suspendió las concesiones.

En febrero de 2015 la SCJN atrajo el caso del amparo en revisión 393/2015. En ese recurso los pobladores aseveraban que ciertos artículos de la Ley Minera violan los derechos a los pueblos indígenas plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que, por extensión son inconstitucionales.

 

Las empresas mineras se desistieron de las concesiones. Y la SE puso en jaque a la SCJN: argumentó que con la cancelación de las concesiones desapareció el “acto reclamado” –el fondo del juicio–, por lo que la Corte tuvo que sobreseer el amparo.

Según Armando Campos Ochoa, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que apoyó a la comunidad me’phaa–, “hubo una maniobra entre la SE y las concesionarias” para evitar la revisión constitucional de la Ley Minera.

Ésta, añade, podía generar modificaciones de fondo en el otorgamiento de concesiones e implicar “jurisprudencia para todas las luchas contra los megaproyectos”. Además, la revisión ponía temas centrales en la mesa: la definición de “tierra”, “territorio” y “pueblo” indígenas y la consulta.

 

“¿Qué implica en términos de costos políticos y económicos el cancelar y suspender dos concesiones mineras en lugar de 26 mil?”, plantea en entrevista con Apro. Sin embargo, el amparo constituyó un precedente y Campos espera que ese recurso “trazó el camino para otras comunidades indígenas en sus luchas”.

El “resurgimiento” del 169

Este martes 6, la SCJN se convirtió en la sede de un coloquio sobre la defensa del territorio indígena, en el que representantes de comunidades en resistencia, magistrados y abogados revisaron las herramientas jurídicas de las que disponen los pueblos originarios para reivindicar –y conseguir– el respecto de sus derechos en sus territorios ancestrales.

De acuerdo con Elia Avendaño Villafuerte, asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, la lucha por los derechos indígenas avanzó a grandes pasos en los últimos cinco años gracias al “resurgimiento del Convenio 169 de la OIT”.

El Convenio 169 plantea, entre otros, la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de realizar cualquier asunto que afecte su territorio. Esta consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Avendaño explica a Apro que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, el primer artículo de la Constitución elevó a rango constitucional los convenios internacionales que firmó México. En otros palabras, el Convenio 169 de la OIT se convirtió en uno de los más poderosos instrumentos legales, 21 años después de su aprobación por el Senado mexicano.

“Antes, la Constitución estaba por encima (del Convenio), y ahora están a la par”, abunda, al explicar que “a partir de 2011 tenemos más resoluciones sobre derechos indígenas, y en la SCJN hemos encontrado 370 sentencias que se refieren a ellos.

“Los derechos indígenas empiezan a tener una difusión un poco mayor, y la gente se organiza más: se da cuenta que el Convenio 169 los protege”, aseveró Alma Verónica Chacón Márquez, integrante de la Consultoría Técnica Comunitaria, una organización que apoya a los pueblos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en la reivindicación de sus derechos.

Y, según Francisco López Bárcenas, titular de la Coordinación Nacional de Antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “el conflicto apenas comienza”.

Detalla, en entrevista con Apro: “El modelo de desarrollo económico del país, que se basa básicamente en grandes obras e infraestructuras, está afectando a los pueblos indígenas. Todo apunta a que los recursos naturales son ahora el centro de la apropiación. Y éstos están en los pueblos indígenas”, un diagnóstico similar al que expuso la organización Oxfam en un informe reciente.

“Se trata de buscar respuestas jurídicas, lo que pasa es que muchos pueblos indígenas no están yendo a los tribunales, han visto que las sentencias no se cumplen, que ganan pero que no pasa nada”, añade el antropólogo.

Según Karla Quintana Osuna, secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz y exlitigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los logros de los derechos indígenas se conquistan amparo tras amparo. “No se puede avanzar en los tribunales si no es por ustedes”, exhortó.

 

También recordó que, según la CIDH, no importa que un terrateniente posea documentos que demuestren la propiedad privada de un lote: si éste forma parte del territorio ancestral de una comunidad indígena, es obligatorio devolvérselo, afirmó.

Asimismo, subrayó que en muchas ocasiones las autoridades y las empresas retan el carácter indígena de las comunidades que exigen sus derechos sobre el territorio ancestral, lo cual es ilegal, pues el Convenio 169 plantea la “autoadscripción”, según la cual una persona es indígena a partir del momento en que se reivindica como tal.

Uno de los reclamos de las comunidades indígenas, entre ellas las que habitan la Sierra Tarahumara, es que las distintas reformas agrarias que se llevaron a cabo en México en el siglo XX no tomaron en cuenta el carácter indígena del territorio y despojaron a comunidades enteras de sus tierras.

Quintana planteó ciertos obstáculos para el pleno respecto a los derechos indígenas. Los términos de la consulta, por ejemplo, levantan ciertas preguntas: “¿A quién consultar? ¿Qué se consulta? ¿En qué forma?”

Y subrayó la emergencia de un fenómeno reciente, que desafiaría el sistema judicial: crecen los casos de comunidades campesinas no indígenas que invocan la falta de consulta ante los tribunales para cancelar los megaproyectos que los afectan.

Magdalena Gómez Rivera, abogada y fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), aseveró que el tema de fondo de los derechos indígenas va más allá del debate jurídico y se ancla en el racismo: “Que en un primer tiempo dejen de hablar de un ‘problema indígena’”, exhortó.

Mujeres latinoamericanas entregan a la ONU 15 mil firmas de apoyo para que cese la violencia contra las mujeres por actividades extractivas

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Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales

El 25 de noviembre Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, entre música de tambores y organizadas en diferentes países, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, realizo la entrega de las 15 mil firmas recolectadas en todo el mundo denunciando que los proyectos extractivos y en particular las actividades mineras están generando violencia con el cuerpo  y el territorio, pero  la vez pidiendo a la ONU que interceda para otorgar garantías para las defensoras de la tierra y la vida.

La entrega se hizo a la ONU en Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, México, Uruguay, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú y proximamente serán entregadas en Panamá y en otros países. La campaña de firmas virtuales fue impulsada por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales en coordinación con Salva la Selva desde su sitio web www.salvalaselva.org con mucha interacción de personas de diferentes países, que al conocer los ejemplos de violencia contra las mujeres por actividades mineras se sumaron a la petición con una firma.

La carta a Naciones Unidas resalta que: las mujeres somos las más afectadas por estas economías extractivistas, nuestra carga de trabajo aumenta porque duplicamos los recorridos para acceder al agua no contaminada, tenemos que resolver la producción de nuestra chacra cuando contaminan nuestro suelo, cuidamos de la salud de nuestros niños/as y demás integrantes de nuestra familia por encontrarnos en ambientes contaminados. Nuestros cuerpos se enferman y le sobre exigimos para cuidar de otros.

Estamos expuestas  a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas: agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y sus territorios; contaminación que afecta a su salud; criminalización que afecta a su integridad; y despojo de sus territorios.

La Petición señala: “Las organizaciones, instituciones y personas firmantes de esta petición nos dirigimos a los gobiernos de América Latina, para denunciar y exigir el cese inmediato de toda forma de violencia contra las mujeres, y pedimos medidas efectivas de protección para todas aquellas que se sientan amenazadas”.

Ejemplos que marcan la violencia extractivista como el asesinato de la compañera Berta Cáceres en Honduras en marzo de 2016, los desalojos forzados en medio de militarización y hostigamientos a mujeres y sus pueblos indígenas en Ecuador para implantar actividades mineras, dejar sin agua y en condiciones de alta contaminación minera a comunidades enteras en Bolivia y lo que implica para las mujeres  garantizar el alimento para las mujeres, atentados con armas de fuego a la vida de mujeres por defender el territorio en Guatemala,  enfermedades en Honduras causadas por las mineras, el permanente hostigamientos, daños físicos y psicológicos a Máxima Acuña en Perú entre muchos otros casos que se describen en la petición.

Por ello desde la Red Latinoamericana de mujeres se exige cese la violencia que ejercen las actividades extractivas sobre los territorios y sobre los cuerpos de las mujeres, se  garanticen los derechos de los y las Defensoras socio ambientales en América Latina, en nuestro  legítimo ejercicio a defender la Tierra, el Territorio, los bienes naturales y la Vida. Y se pide justicia por los asesinatos de defensoras de la tierra, se  castiguen para terminar con la impunidad, exigimos Justicia, basta de hostigamientos y  se deje de promover las actividades extractivas en nuestros territorios.

25 de noviembre de 2016

Descargar: Carta ONU

Carta Petición y casos

Centroamericanos en tránsito por México, migración forzada y carencia de derechos

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Guillermo Castillo Ramírez, AlaiNet

Cuando un migrante sale de su casa en Centroamérica contra su voluntad porque se quedó sin trabajo y lo despojaron de sus tierras, o porque hubo inundaciones que afectaron su comunidad y cosechas, o porque lo amenazaron de muerte y lo persiguen las pandillas, es una contradicción y un acto de violencia que en México se le vea como un “transgresor de la ley” y se le estigmatice por transitar sin documentos. Urbano Arvide.

La migración en un mundo globalizado y desigual [*]

En el mundo contemporáneo la profusa y desigual movilidad y flujo de bienes, dinero, personas e información han sido las características de las dinámicas de los Estados neoliberales y de la globalización. No obstante, si bien la movilidad humana no es un proceso nuevo y ha estado relacionada con eventos claves de los últimos siglos –la invasión colonial europea a América, Asía y África, la revolución industrial, la creciente importancia de las metrópolis y la urbanización, la conformación y consolidación del capitalismo, la segunda guerra mundial, entre otros-, la migración actualmente ha tomado proporciones inéditas. Según el Banco Mundial se llegó a la cifra histórica de aproximadamente 250 millones de migrantes en el mundo para fines el 2015.

 

Esto se explica en buena medida por la vinculación entre la migración laboral internacional y los procesos de expansión del capitalismo neoliberal y sus repercusiones políticas y económicas a nivel regional y mundial. Como causa de los efectos del neoliberalismo, los migrantes en sus lugares de origen son los excluidos del desarrollo nacional debido al deterioro productivo, la caída del empleo y la merma de los salarios en los países en desarrollado. Pero al mismo tiempo, los migrantes juegan un papel clave en la internacionalización de las cadenas productivas al fungir como fuerza de trabajo barata, flexible y vulnerable que trasciende las fronteras nacionales y se desplaza en una dirección sur-norte hacia los países centrales, donde se concentran algunos de los mercados laborales transnacionales que mayor riqueza generan en el orbe.

Sin embargo, dentro de las amplias dinámicas de movilidad humana, las migraciones que tiene un carácter más dramático y que se estructuran sobre mayores procesos de marginación y violencia son aquellas en que las personas, debido a circunstancias de diversa índole y que escapan a su voluntad y capacidad de acción, se ven “forzadas”/”obligadas” a salir de sus hogares y comunidades para conservar su vida e integridad física [1]. Actualmente la migración forzada se vincula, tanto a problemas ambientales –desastres naturales como inundaciones, sequías, huracanes, deslaves, entre otros- y de aguda precariedad económica, como a procesos de violencia de distinto tipo y escala –confrontaciones geopolíticas, intervencionismo y conflictos bélicos nacionales e internacionales, el crimen organizado-. Ejemplos de este último tipo de migración forzada como concreción de la exclusión nacional y global son los refugiados del conflicto sirio, los africanos en su paso por el mediterráneo y los centroamericanos en su tránsito por México y con destino a EU. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para diciembre de 2014 se calculaba que 59.9 millones de personas experimentaron migración forzada, fenómeno que no había presentado tal dimensión desde la Segunda Guerra Mundial [2] y que muestra fehacientemente un mundo desigual, inequitativo y violento.

Los centroamericanos en tránsito por México

Desde hace décadas México ha dejado de ser sólo uno de los principales países con masivos procesos de expulsión de migrantes a Estados Unidos (EU), también tiene varios lustros siendo un lugar de tránsito y, en menor medida, de destino. La dimensión de la movilidad de los centroamericanos que quieren atravesar México para llegar a EU es tal que, en 2015 y de acuerdo a datos de la Secretaria de Gobernación del gobierno mexicano, cerca de 300 mil personas se encontraban en tránsito, de las cuales detuvieron casi a 200 mil y deportaron casi a 140 mil [3].  Por su parte, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) –que agrupa a más de quince albergues y casas de migrantes- reportó que en el 2015 dio acogida y atención a cerca de 30,321 migrantes en sus diversas casas y albergues, la mayoría de estas personas proveían principalmente de Honduras (17,852), El Salvador (5,322) y Guatemala (3,851) y eran sobre todo hombres jóvenes solteros en edad laboral altamente productiva –entre los 18 y los 40 años-, cuyo destino primario era EU y, en un muy remoto segundo, sitio México [4].

Si bien fue menor la presencia de niños, adolescentes y mujeres, ellos están mucho más expuestos y son más proclives a crímenes como la trata de personas, la explotación sexual y los abusos y violaciones sexuales; no obstante, la presencia de las mujeres en esta migración forzada ha ido incrementándose en los últimos años. Además, a partir de la puesta en operación del Programa Frontera Sur por parte del gobierno mexicano a mediados de 2014, la migración forzada de centroamericanos no se ha reducido y, por el contrario, ha aumentado considerablemente. En este tenor, algunas organizaciones religiosas pro migrantes –como La 72-, el registro de detenciones, deportaciones y violaciones a los derechos humanos hacia los centroamericanos se ha incrementado notoriamente.

Los centroamericanos en tránsito por México, migración forzada

La gravedad de esta situación no sólo reside en las cifras, sino también en que varios de los hechos de violencia que más han llamado la atención en México en los últimos años han estado relacionados con los centroamericanos en tránsito y el incumplimiento de la defensa de los derechos humanos de estos migrantes forzados; entre muchos otros, sin duda lo más mediáticamente “visibles” han sido las masacres de San Fernando en 2010 y de Cadereyta en 2012 –donde se transgredió brutalmente el derecho al respeto de la vida-, la crisis de los niños y adolescentes migrantes no acompañados de 2014 y 2015 –donde se les negó el derecho al asilo/refugio-, la trata de personas y explotación sexual de mujeres en la frontera sur de México y los crímenes y violencia hacia centroamericanos que condujeron a la situación de los migrantes mutilados –donde se le negó el derecho a la integridad física-.

 

En el caso de los centroamericanos el uso del término migración forzada no es casual o aleatorio, sino que se justifica por tratarse de sectores de la población que, no sólo no migran por libre elección o voluntad propia, sino que previamente tienen condiciones de vulnerabilidad y exclusión en sus comunidades, y se ven forzados a dejar sus lugares de origen con miras a sobrevivir y/o para conservar la vida, huyendo de contextos de adversidad que los obligan a salir [5]. Más que sólo o únicamente migrantes, los centroamericanos son desplazados por razones que van más allá de la voluntad de los migrantes y debido a la ausencia de derechos. Las causas de las salidas forzadas pueden ser económicas, medioambientales y por motivos de seguridad y violencia. De acuerdo a la REDODEM, los principales motivos por los que migran los centroamericanos son situaciones de carácter económica como el desempleo, bajos salarios y encarecimiento de la canasta básica; en segundo lugar estarían las catástrofes medioambientales, tales como derrumbes, deslaves, sequías, inundaciones por huracanes, plagas, etc.; y finalmente, la violencia derivada de las pandillas –como las maras- y el crimen organizado es la tercera causa principal de la migración forzada centroamericana –en donde se muestra una relación clara entre varios de los municipios y/o departamentos de origen de los migrantes en Centroamérica y los índices de violencia- [6].

Población en movimiento y violencia

Los crímenes y violencias que padecen los migrantes en su travesía, aunque son diferentes -según estén en su país natal o en México o EU-, están encadenadas entre sí y van incrementado la vulnerabilidad de los centroamericanos. Según datos del informe de REDODEM del 2015, los crímenes que sufren los migrantes en su paso por México acontecen sobretodo en el suroeste del país –en primer lugar Chiapas, luego Veracruz, Oaxaca y Tabasco-; y los principales agentes que cometen los delitos son el crimen organizado -con 45.72 % de los ilícitos- y diversas autoridades del Estado -con un 41.5 % y comprendiendo varias fuerzas de seguridad como Policía Federal, Policía Municipal, Policía Estatal-. Los actos delictivos más frecuentes son el robo -66.48% de los delitos-, extorsión -25.68%-, lesiones -2.5%-, secuestro -1.3%-, abuso de autoridad -0.81%-, pero también acontecen casos de abuso sexual, amenazas, homicidio, intimidación, soborno, tráfico de personas, violación sexual [7]. Si bien entre los migrantes quienes padecen en mayor medida los crímenes son los hombres jóvenes –dado que son sector más numeroso entre los centroamericanos-, las violencias hacia los grupos vulnerables -mujeres y menores- tienen otras intensidades y sufren agresiones muy dirigidas y drásticas en función de su edad, género y sexo, delitos tales como el tráfico de personas, explotación sexual, abusos y violaciones sexuales.

En un primer momento en los lugares de origen de los migrantes las condiciones de vida están marcadas por la adversidad, donde se observa una relación entre la imposibilidad efectiva de oportunidades de desarrollo y la salida/expulsión de los migrantes. Lo distintivo de los contextos de origen de los migrantes son las múltiples carencias de derechos sociales –la ausencia de empleo y seguridad frente la violencia del crimen y/o el riesgo derivado de desastres naturales-.

En México, en tanto país de tránsito, los centroamericanos padecen con frecuencia la falta del respeto de los derechos humanos, principalmente el tener acceso a pedir refugio y asistencia, pero también a la integridad física y el respeto a la vida. Y aquellos pocos centroamericanos que tras un arduo camino logran llegar a EU, están todavía proclives a sufrir explotación laboral y exclusión social, sin la garantía de tener acceso a un salario justo, a seguridad social y derechos laborales.

Por lo que respecta al tránsito de los centroamericanos por el país y fuertemente influenciado por la política norteamericana de contener la migración antes de llegar a la frontera México-EU, el gobierno mexicano ha mostrado de facto una política migratoria y fronteriza hacia los centroamericanos basada en un enfoque de seguridad nacional y de criminalización del migrante, la cual de facto viola los derechos humanos y no considera un eje de seguridad humana que proteja a las personas en condición de desplazamiento forzado. Los centroamericanos no son “transgresores de la ley”, sino migrantes forzados a los que se debería, en relación a la causa específica de su salida, de reconocer una situación de refugiados, exiliados y/o desplazados

De este modo, la falta de protección y vulnerabilidad de los migrantes se estructura sobre la ausencia de los derechos humanos, tanto en el origen en sus países en Centroamérica, como en el tránsito por este país –que hipotéticamente dado el carácter universal de los derechos humanos no se restringen ni están acotados a un territorio nacional ni coartados por fronteras-. No obstante, la realidad es muy distinta y en su paso por México los centroamericanos frecuentemente no tienen de facto derechos al tránsito ni a la integridad física y el respecto a la vida, y muy pocas veces cuentan con la posibilidad efectiva de solicitar asilo y refugio. La violencia que padecen en este país se estructura, tanto en la ausencia del ejercicio de la ley y la permanencia de la impunidad, como en la libertad de acción y operación de los grupos de la delincuencia organizada; pero también en el hecho de que algunas de las autoridades gubernamentales a su vez son agresores de los migrantes y ejecutantes del delito.

Bibliografía

(*) Este texto se basa fuertemente en mucha de la información y reflexiones del informe (2016) Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional realizado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) y puede ser consultado en la web del Servicio Jesuita de Migrantes, así como en el siguiente link: http://www.fm4pasolibre.org/pdfs/Informe_redodem_2015.pdf .

Notas

[1] Para ver una definición de migración forzada consultar: Gzesh, Susan, “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos”, Revista Migración y Desarrollo, núm. 10, 2008. Y para indagar las relaciones entre migración forzada, migrantes centroamericanos en tránsito y violencia ver: https://www.youtube.com/watch?v=ph7VTNLR3rs y https://www.youtube.com/watch?v=nMJOjqVipmE

[2] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

[3] Cifra record de migrantes detenidos en México; casi 200 mil al cierre de 2015. La Jornada, 27 de diciembre, 2015.

[4] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

[5] Gzesh, Susan, “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos”, Revista Migración y Desarrollo, núm. 10, 2008.

[6] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

[7] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

Guillermo Castillo Ramírez es profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM