Declaración de la Asamblea Nacional del Consejo del Pueblo Maya -CPO-

Con las energías del 4 B’atz’, Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, los pueblos Maya K’iche’, Mam, Kaqchikel, Tz’utujil, Sipakapense, Q’anjob’al, Popti’, Chuj, Akateko, Awakateko y Mestizo, en territorio del abuelo Kaib’il B’alam, reunidos en asamblea deliberativa, declaramos:

  1. Celebramos más de 10 años de lucha pacífica y democrática, frente a la imposición de un nuevo despojo, haciendo uso de nuestros principios de participación, consulta y toma de decisiones. En ejercicio de nuestro derecho de libre determinación, hemos logrado frenar la expansión del modelo extractivista, expresado en proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, de transmisión eléctrica y monocultivo.
  2. Celebramos nuestra capacidad no solo de organizarnos y resistir, sino de retar la institucionalidad del actual Estado. Hemos logrado que se declaren ilegales las licencias otorgadas sin consulta previa, sentando jurisprudencia legal a favor de los Pueblos.
  3. Celebramos la consecución colectiva de una sentencia histórica, a través de la liberación de líderes y autoridades comunitarias, demostrando que la organización y el ejercicio de la autoridad de los Pueblos no constituyen delitos, sino el ejercicio pleno y legítimo de derechos fundamentales, y que la criminalización es una estrategia de persecución política del estado en contra de los pueblos.
  4. Denunciamos la maniobra racista del actual gobierno, que llama a un dialogo nacional para construir los estándares básicos para la consulta a los Pueblos Indígenas, deslegitimando nuestras consultas comunitarias y desconociendo que el propio convenio 169 de la OIT, ya los tiene establecidos. La consulta debe ser previa, libre, informada, de buena fe y conforme a los procedimientos propios que los Pueblos decidan.
  5. Estamos convencidos que nuestras victorias, no son suficientes para cambiar el sistema de dominación colonial y capitalista. Necesitamos profundizar nuestra organización comunitaria y nuestra articulación como pueblos Maya, Xinka, Garifuna y Mestizo. Necesitamos la participación plena de la mujer en todos los espacios de toma de decisiones. Necesitamos la participación protagónica y política de la juventud. Necesitamos pensar y decidir por nosotros mismos. Necesitamos convertir nuestra mayoría numérica en fuerza política articuladora. Necesitamos aumentar nuestras luchas en defensa del agua, bosques, tierra y necesitamos construir vida digna.
  6. Para lograr la vida digna, debemos comprometernos a construir un modelo económico, plural y democrático, reconstituyendo los valores propios, basados en la solidaridad, armonía y  el uso sostenible de los bienes naturales y no en la mercantilización salvaje.
  7. Llamamos a todos los Pueblos, y todas las fuerzas políticas y sociales del país, a profundizar y apropiarnos del Proyecto Político  de los Pueblos, como base para la construcción del Estado Plurinacional en Guatemala.

¡¡ES EL TIEMPO DE LOS PUEBLOS!!
Asamblea Nacional del Consejo del Pueblo Maya -CPO-

Vía Movimiento M4

Otros Mundos A.C. recibirá el Premio «Justicia Global» en Denver

Este sábado 29 de octubre, la asociación civil Otros Mundos Chiapas A.C./Amigos de la Tierra México recibirá el premio “Justicia Global” (“Global Justice” en inglés) por parte del Comité de Justicia y Paz de Denver (Denver Justice & Peace Comité, DJPC), en Denver, capital del estado de Colorado, Estados Unidos.

El Comité estadounidense creado en el 1976 trabaja por la solidaridad con los pueblos de América latina y la promoción de los derechos humanos, económicos y ambientales en la región. Apoya entre otros la resistencia del pueblo de Cajamarca contra la minera Yanacocha en Perú.

Con la entrega de este reconocimiento a Otros Mundos Chiapas A.C., el Comité dice reconocer el valor de su trabajo  en la búsqueda de alternativas a la crisis social, económica, política y medioambiental que atravesamos en el actual sistema de dominación capitalista.

El año pasado, este reconocimiento fue otorgado a la historiadora estadounidense Aviva Chomsky, quien ha dedicado una gran parte de su trabajo a la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos.

México: Pueblos indígenas y empresas trasnacionales

Magdalena Gómez, La Jornada

La creciente intervención de empresas trasnacionales en territorios indígenas ha motivado que incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) aborde el tema en contextos de la llamada mundialización. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: proteger, respetar y remediar, con el fin de que los estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que concluirá mañana su visita de 10 días a México con la presentación de un informe preliminar sobre la misma después de entrevistarse con empresas, gobierno y organizaciones.

 

El telón de fondo para la actividad de este grupo de trabajo es el documento de los Principios rectores que no son instrumento jurídico y, por tanto, no son vinculantes, pero se han convertido en una suerte de mantra. Se asumen acríticamente como base para la actividad de la ONU en torno a la compleja relación entre derechos humanos y empresas. Dichos principios no consideran los derechos vigentes de los pueblos indígenas. Si bien no están referidos a éstos de manera directa, sí encontramos que son los principales afectados por la actividad de las empresas en sus territorios. Es urgente colocar la discusión sobre el enfoque prevaleciente para tratar una relación notoriamente asimétrica, más aún cuando está en curso en la ONU a partir de 2014 la elaboración de un instrumento jurídico al respecto. No parece clara la postura sobre la responsabilidad primaria de los estados en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es significativo observar que la ONU aparezca como mediadora supuestamente neutral de una problemática que inevitablemente afecta a los pueblos indígenas y ante la cual se responde, más que con el reforzamiento de sus derechos, con la discusión de lineamientos, recomendaciones o llamados a la buena voluntad o códigos de ética de las trasnacionales, cuyo único interés es el lucro siempre cobijado en nombre del progreso. Dentro de los diversos antecedentes de los llamados Principios rectores encontramos que la idea de incorporar a los actores sociales a los espacios de la ONU se adoptó oficialmente con el lanzamiento del Global Compact, con la participación de 44 grandes sociedades trasnacionales y algunos otros representantes de la sociedad civil. Fue anunciado en 1998 por el secretario general de la ONU en un informe destinado a la Asamblea General titulado La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Entre las sociedades participantes en el Global Compact se encuentran British Petroleum, Nike, Shell, Nestlé, Rio Tinto y Novartis (A/52/428).

 

Hoy estamos ante la falacia de que es posible establecer una relación equitativa entre pueblos indígenas y empresas trasnacionales e incluso establecer alianzas entre estos actores frente al Estado. En esa lógica es lamentable que se plantee siquiera que los probables beneficios compensatorios en esa relación sean la construcción de aulas, hospitales o alguna infraestructura en las comunidades afectadas.

 

Para dialogar con el grupo de trabajo que nos visita, un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por las empresas y documenta 61 casos en todo el territorio nacional. Las violaciones más frecuentes son contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho a la consulta y el consentimiento previo; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas. Llama la atención que el informe refiera este panorama como el obstáculo para el cumplimiento de los Principios rectores, asumiendo con ello la legitimidad de los mismos o bien simplemente acogiendo la oportunidad de un espacio de la ONU para documentar sus denuncias que tienen como sustento tales principios.

 

El muy detallado informe destaca los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Coloca la reflexión sobre el carácter del Estado mexicano que se ubica al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público mediante la promulgación de normas que favorecen intereses empresariales en detrimento de los derechos humanos. La moneda está en el aire, ya habrá tiempo de elaborar balances.

Vía: Movimiento M4

Revista Biodiversidad, sustento y culturas N° 89

 

 

En el mundo crece la violencia. El asesinato y las desapariciones se vuelven un signo ominoso de los días. La represión se hace abierta, a veces dirigida y a veces confusa, genérica, masiva, siempre a mansalva. Los acuerdos de libre comercio, el sistema agroalimentario industrial, los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y la vida misma, el acaparamiento de tierras, el sometimiento de las mujeres a designios patriarcales e injustos, las devastaciones que se suman, amenazan el futuro común que nos merecemos. Pero la gente sigue buscando cuidar, entender, compartir, procurar, abrazar, impulsar, procrear, alimentar, imaginar, entender junta, responsabilizarse e implicarse, reproducir y cuidar la vida en toda la extensión de la palabra. Para eso está la Biodiversidad, con su información y su razonamiento compartido.

Contenidos

Editorial

 

El mundo parece entrar en un recrudecimiento de las relaciones peligrosas. La gente se desencuentra, todo se mueve de sitio.

Los bombardeos desde helicópteros o aviones, los coches bomba y los atentados sobre poblaciones civiles se multiplican. El asesinato y las desapariciones también se vuelven un signo ominoso de los días. La represión se hace abierta, a veces selectiva, a veces dirigida, a veces confusa, genérica, climática, siempre a mansalva.

No importa qué actividad desarrolle la gente, o si defiende los espacios vitales y los ámbitos comunes, si defiende los ríos, el bosque, la justicia, la salud, la comunidad, el territorio, la posibilidad de información o las relaciones laborales justas, la educación de un modo más humano e imaginante, la democracia y el juego de los partidos, la posibilidad de existencia de los movimientos, la urgencia de ejercer y resolver, por medios propios, lo que más nos importa.

Los poderes de los Estados (y los enemigos que ha inventado en los juegos de espejos o en la torpeza de sus acciones) están decididos a someter, al costo que sea, comunidades, mujeres, pueblos originarios, estudiantes, maestros, jornaleros agrícolas o simples pobladores.

No obstante la gente sigue buscando resolverse, cuidar, entender, compartir, procurar, abrazar, impulsar, procrear, alimentar, imaginar, entender junta, responsabilizarse e implicarse, reproducir y cuidar la vida en toda la extensión de la palabra.

Y eso que le llamamos vivir no es sino la lucha continua e inquebrantable contra todo lo que nos ha tocado enfrentar y por aquello que buscamos atesorar para nuestros hijos e hijas, para las generaciones que vienen a heredar este mismo conflicto, estos mismos cuidados que estamos (con urgencia y orgullo) emprendiendo por nosotros y por los demás, aunque no sean todo lo que buscamos, aunque no reciproquen todo lo que deberían. Porque la vida es de todas y todos.

Y así, le damos un espacio a este hermoso relato-poema de Gustavo Duch, en honor de los trabajadores del matadero Esfosa de Vic y su resistencia, que transmite muy bien lo que queremos:

Primero fue que los hijos nacían de los ojos; las lágrimas al caer en tierra se hacían hijos. Pero las riadas se los llevaban o los rebaños los aplastaban.

Segundo era que los hijos nacían de suspiros. Pero lanzados a los vientos, el Sol los desecaba y los pájaros celosos los ahuyentaban.

Tercero entonces decidieron parir hijos besándose en la mar. Pero se perdían entre tanta inmensidad.

Fue entonces que decidieron aventrar a sus hijos en un trago de mar.

Somos nacidos de un desacato.

Para acceder a la revista en PDF:

Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT

OFRANEH

Sambo Creek 17 de agosto de 2016.- En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derechos; entre otras el doloroso asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, acontecido hace casi seis meses, sin que hasta la fecha se haya develado los nombres de los autores intelectuales del macabro crimen.

El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en el año de 1995, sin que posteriormente adaptara las leyes nacionales al Convenio como lo sugiere el espíritu de la Convención de Viena sobre tratados(1969). Es más, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovió una Ley indígena que todavía se encuentra en salmuera en el Congreso Nacional, con la cual el Estado de Honduras y el BID pretendieron diluir el Convenio 169 y convertirlo en una ley secundaría plagada de falencias.

Después de 21 años de la ratificación del Convenio 169, el Estado, apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pretenden imponer una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), la cual desconoce la voluntad de los pueblos. Con el agravante  que  en su artículo 20  señala como la decisión final recae en el Estado, desconociendo de esta forma la condición de Consulta Libre.

 

Desde el año 2013 es cuando el Programa REDD requiere de la existencia de una Ley de Consulta para poder cumplir con los preceptos estipulados de las Salvaguardas de sus proyectos. Desde ese momento el PNUD asume la promoción de la creación de una Ley de Consulta, apoyando a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la que socializó su borrador en la ciudad de La Ceiba en febrero de 2015. Posteriormente DINAFROH creó su propio anteproyecto de ley, mientras el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras introdujo al Congreso Nacional su versión de Ley de Consulta la que fue elaborado por los pueblos en una serie de talleres comunitarios. Como sorpresa final, el actual gobierno introdujo este año su versión de Ley, la que fue elaborada a puertas cerradas, y definitivamente redactada para defender los intereses del Estado, transnacionales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

El Estado de Honduras en las últimas dos décadas ha tergiversado en múltiples ocasiones la Consulta convirtiéndola en una simple socialización, y es precisamente lo que pretende a través de una serie de reuniones “comunitarias’ con el pueblo Garífuna, las cuales inicia el día de hoy en la comunidad de Corozal, la que a través de su Patronato señaló que no fue consultada para la realización de dicha reunión.

En muchas ocasiones las instancias estatales utilizan prebendas o promesas de proyectos para obtener el beneplácito de  los supuestos líderes comunitarios, siendo esta técnica utilizada con mucha frecuencia en Honduras. Al mismo tiempo que se distorsiona la representatividad utilizando grupúsculos para dividir las posiciones asumidas por los pueblos.

Después del golpe de estado del año 2009, se aprobaron una serie de leyes a matacaballo, totalmente nocivas para los pueblos indígenas: desde la Ley de Aguas, Forestal, Pesca, RED y posteriormente la ZEDE, además de la entrega de la plataforma continental en la Moskita a BG-SHEL. Tanto DINAFROH como la CONPAH se sumieron al silencio al respecto. De ahí que concederles el beneficio de la duda, a las posibles “buenas intenciones” que albergue el anteproyecto de Ley introducido por el Estado al Congreso Nacional, es inaudito  y mucho más cuando CONPAH y DINAFROH elaboraron sus propias  versiones de la Ley de Consulta, las que aparentemente fueron soterradas en aras de los «intereses» del Estado.

DINAFROH -ente estatal creado después del golpe de estado- viene efectuando una socialización de la versión de ley fabricada por le Estado, a la que denomina consulta. Dicha versión de ley es adecuada para los intereses del Programa REDD, el que en Africa, con el pueblo Sengwer ha demostrado su esencia neocolonialista.

La defensa de la obsoleta soberanía westfaliana que ha esgrimido el Estado en los casos de las comunidades Garífunas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), demuestra su desconocimiento de la autodeterminación de los pueblos. El estado de Honduras fue condenado por la Corte IDH en las sentencias sobre las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, en relación a la violación del Derecho a la Consulta Previa. La farsa que está promoviendo el Estado y el PNUD no se ciñe a los estándares internacionalista en materia de derecho indígena y mucho menoso se apega al Ius Cogens.

– Organizacion Fraterna Negra Hondureña, OFRANEH

Cahabón: el agua, un bien sagrado para la vida del pueblo q’eqchi’

Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

Entre los valles y montañas el paisaje es verde oscuro en la lejanía. Aún más lo es Santa María Cahabón, Alta Verapaz, donde de forma pacífica y de manera espontánea se realizaron caminatas, caravana y asambleas, para manifestar la inconformidad de las personas con la implementación de proyectos hidroeléctricos en el municipio, debido a que no se les consultó sobre los mismos. Estas formas de expresión fueron una medida para que la corporación municipal diera su visto bueno para lograr un acuerdo gubernamental que lograra la consulta de buena fe en el municipio de Cahabón.

Esta consulta de buena fe gira en torno al agua, ya que hidroeléctricas y otros megaproyectos representan serias amenazas para el buen vivir de las comunidades. La construcción de hidroeléctricas ha roto en “pedazos” el río, y lo ha secado en varios tramos. Algunos con autorización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que no consideró necesario someter los proyectos a una evaluación de impacto ambiental. La autorización del ministerio, pese a la oposición de las comunidades, permitirá a la empresa obtener mayores ganancias basadas en el “profundo deterioro” del entorno, en detrimento de “los aprovechamientos preexistentes”.

El caudal del río se mantiene sucio debido a los trabajos de la empresa que está construyendo la Hidroeléctrica. El río Cahabón está completamente sucio y las personas de las comunidades no pueden abastecerse del líquido vital, pues temen enfermarse. Ellos no cuentan con un sistema de agua potable ni con pozos, por lo que tienen que utilizar el río como fuente de abastecimiento.

Estos problemas y malestares hicieron que miles de hombres y mujeres q’eqchi’,miembros de pueblos indígenas de este municipio y dueños legítimos de sus tierras, se reunieran en la plaza de Cahabón, Alta Verapaz, levantándose en resistencia ante las amenazas de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, que iniciaron sin consultarles.

Las comunidades están dispuestas a defender lo que queda de sus territorios ancestrales y sus derechos. Cuentan con su propia voluntad y con los mecanismos de legalidad que les proporciona la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Las Autoridades comunitarias, consejo comunitario de desarrollo (COCODES) y miembros de la consulta municipal ya están listos para esta primera consulta comunitaria en el municipio, la segunda en el departamento de Alta Verapaz y la primera que gira entorno a la problemática del agua.
El reglamento de la consulta nos dice que: es una consulta de vecinos que tratará única y exclusivamente sobre la construcción de las hidroeléctricas en el río Oxec y otra sobre el río Cahabón, del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, que pretende construir una empresa privada, estableciéndose para dicho fin la modalidad de votación en Asamblea Comunitaria a mano alzada, cuyo resultado será anotado en el Libro de Actas de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, y bajo observación de delegados de la Comisión Específica.

El Estado de Guatemala es signatario del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual resguarda los derechos de los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Por lo que debe resguardar los derechos de la población del municipio de Santa María Cahabón, la cual es mayoritariamente de origen q’eqchi’.

Para ello, la municipalidad de Santa María Cahabón y la Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos podrán informar a la población, únicamente invitando a todos los vecinos a participar en la consulta, indicando la forma de realizar su expresión ciudadana en su calidad de vecinos y los lugares donde se realizarán las asambleas comunitarias de consulta, este 31 de Julio de 2016. En ningún momento la municipalidad se pronunciará o inclinará por una posición definida entre el sí o el no.

Asimismo queda terminantemente prohibido a las autoridades, funcionarios y empleados de la municipalidad de Santa María Cahabón emitir opiniones con tendencia a influir en los resultados de la consulta, mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones públicas. La participación individual fuera de las horas de trabajo es permitida, siempre y cuando no se identifiquen como autoridades, funcionarios o empleados municipales.Su participación será siempre como vecino facultado para emitir su opinión a través de la consulta.

La Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos será la encargada de velar para que se cumpla la prohibición expresada en el párrafo anterior y de imponer las sanciones a los funcionarios o empleados municipales que violen esta prohibición. En todos los casos se respetará la propiedad privada y quedan prohibidas las pintas en las instalaciones y sedes de instituciones gubernamentales, puentes, carreteras, parques, establecimientos educativos o lugares públicos.

Esta consulta es el resultado del proceso de preparación, información y concientización del pueblo maya q’eqchi’ sobre el impacto de los megaproyectos y las leyes que están siendo legisladas en el Congreso de la República, que se pueden considerar que atentan contra los intereses de los pueblos en Guatemala.

 Cahabón es un municipio con más 150 aldeas. En todas sus comunidades, su economía se sustenta por su agricultura, basada en el cultivo del café y cardamomo, que constituye el principal ingreso local y familiar. Además, la mayoría de las comunidades se dedica al cultivo de maíz y frijol, por lo que el agua es fundamental para sus actividades agrícolas.

Es por ello que los vecinos han mostrado su preocupación sobre el uso, destino y propiedad del agua, y desde meses antes se han estado reuniendo para discutir el tema. De ahí nace la propuesta de la consulta comunitaria de buena fe para este treinta y uno de Julio del presente año, en el marco de que se proteja el vital líquido.

deFondho Julio 2016 Número 9

Centro ProDH

Hoy, en todo México, hombres y mujeres organizados recurren a sus conocimientos ancestrales, vuelven al origen de su cohesión, usan de manera alternativa y creativa el derecho y reflexionan en colectivo para enfrentar el despojo territorial que se cierne sobre pueblos y comunidades debido a los megaproyectos y la reforma energética.

En la medida en que este despojo territorial redunda en el rompimiento del tejido comunitario, nos encontramos ante un tema que requiere especial atención y que es, sin duda, otra cara de la crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país.

La defensa de la tierra y el territorio se ha convertido así en una misión fundamental para pueblos, ejidos y comunidades ante políticas públicas y empresariales que priorizan al extractivismo como fuente de energía y acumulación de capitales a bajo costo.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, tanto en el reconocimiento de los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (desca) como en el de los Derechos colectivos de los pueblos indígenas (dcpi) aún hay mucho por avanzar, sobre todo en la existencia de mecanismos adecuados para su justiciabilidad.

Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, de forma incipiente, algunas de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sentado precedentes que reconocen los derechos de los pueblos por encima de ambiciosos proyectos empresariales. Sin embargo, la experiencia muestra que en algunas regiones no bastan las resoluciones judiciales, pues a pesar de que pueblos y comunidades obtienen relevantes victorias en los juicios que emprenden, se siguen enfrentando no sólo contra poderosos intereses económicos, sino también contra gobiernos que no cumplen sus obligaciones e incluso contra el crimen organizado, prohijado desde el poder estatal.

Uno de los aprendizajes que ha dejado este contexto es que el desarrollo de estrategias preventivas, antes que reactivas, genera mayores posibilidades de defensa. El fortalecimiento comunitario y la participación activa de las mujeres constituyen dos pilares esenciales en la defensa de la tierra y el territorio, desde esta perspectiva de prevención.

En esta edición de Defondho, que busca mostrar un panorama general sobre los desafíos que enfrenta hoy en día la defensa de los territorios indígenas en México, se destacan el análisis y la experiencia de comunidades y organizaciones que día con día enfrentan la batalla del ejercicio de su autonomía para seguir siendo lo que son y lo que quieren ser.

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México. Manual: la defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo

Habitat International Coalition

Desde hace algunos años los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas de México y de toda la región, se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de “desarrollo e infraestructura” —o también “proyectos de despojo”— que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de la naturaleza que no tiene punto de comparación con procesos previos.

Frente a este modelo, han surgido múltiples formas de defensa de los territorios, los bienes comunes, las diferentes culturas y modos de vida, numerosas de las cuales implementan estrategias basadas en los derechos humanos. Con el objetivo de reforzar estas estrategias y de compartir las lecciones aprendidas en el marco de la lucha del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y de sus aliados, el presente Manual para la Defensa de los Derechos Humanos frente a los proyectos de despojo desglosa los 13 derechos humanos que con mayor frecuencia resultan afectados por estos proyectos. Además, busca identificar las leyes y tratados que los reconocen pero sobre todo, ofrecer algunas soluciones prácticas para que comunidades, movimientos sociales y organizaciones puedan defenderse frente a su violación. Conscientes de que el de los derechos humanos también es un campo en disputa, este ejercicio se desarrolla recurriendo a las interpretaciones que resultan más favorables a los pueblos.

 

Este Manual está entonces especialmente pensado para los defensores y defensoras comunitarios; las organizaciones defensoras de derechos humanos, y las personas afectadas por un proyecto de desarrollo: cualquier propietario/a, poseedor/a, avecindado/a, arrendatario/a y ocupante que pierde tierras, viviendas, bienes personales tangibles e intangibles a causa de un proyecto de desarrollo, así como personas que sufren otros tipos de violaciones a sus derechos humanos (pérdida de empleo, pérdida o restricción de acceso a medios de vida como recursos pesqueros, forestales, etc., de los cuales su subsistencia depende) a raíz del mismo.

***

El texto estuvo a cargo de Maria Silvia Emanuelli (Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina) y Claudia Gómez Godoy (Colectivo de Abogad@s) con el apoyo de Angélica Castro Rodríguez y Ana María García Arreola (Servicios para una Educación Alternativa a.c.) y de María González Valencia (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario a.c.). Cada una de estas personas colaboró también en la elaboración del Protocolo antes mencionado.  Diseño: Tania Hernández / Ilustración: Jazbeck Gámez. Esta publicación es financiada con recursos de la RLS con fondos del BMZ, por MISEREOR y Pan por el Mundo y está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (cc by-nc 4.0). Usted es libre de compartir y adaptar el material siempre y cuando se brinde crédito de manera adecuada y no se utilice con fines comerciales.

Descarga el libro completo en este enlace.

Índice de contenidos:

Empoderadas / protección integral para mujeres defensoras

Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), tiene el gusto de compartir una toolkit (caja de herramientas) en línea, que pretende ser una guía sencilla y accesible a aquellos recursos en línea para mujeres activistas latinoamericanas que trabajan para la defensa de la tierra y del medioambiente. Basada en el principio de protección integral, incluye no sólo recursos sobre la seguridad física, sino también recursos sobre otras áreas que han identificado de igual importancia tales como la financiación, el cabildeo y el auto-cuidado. Estos recursos pretenden ayudar a que las defensoras puedan trabajar en un entorno más seguro, y en grupos y organizaciones más sostenibles.

empoderadas-pbiLa Toolkit está destinada para las defensoras de la tierra y el medioambiente en reconocimiento a los riesgos específicos que enfrentan. Las defensoras afrontan poderosos intereses económicos, frecuentemente en zonas rurales aisladas, con los desafíos adicionales de ser mujer, corriendo el riesgo de agresiones basadas en el género y / o la estigmatización por su trabajo. Muchas son indígenas o afrodescendientes y pueden verse sometidas a discriminación y marginación adicionales.

 

La Toolkit está dirigida a defensoras, miembros de organizaciones de mujeres, mixtas, o
que actúan de forma independiente. Incluye vínculos a publicaciones que brindan sugerencias y consejos y a sitios web de organizaciones relevantes. Las áreas que cubre son los siguientes:

  • cabildeo
  • redes
  • financiamiento y recaudación de fondos
  • apoyo de emergencia
  • seguridad y protección
  • salud y auto-cuidado
  • pasantías y premios
  • formación y desarrollo de capacidades
  • apoyo legal
  • normas internacionales de derechos humanos

Está disponible en inglés y español en http://www.herramientadefensorasderechostierra.org

Vía Movimiento M4

La defensa del territorio es por la vida

Por Miguel Ángel Mijangos (1)

¿Por qué defender el territorio?

defender-el-territorio-1Dentro del contexto en el cual trabajamos, la palabra defensa siempre nos lleva a pesar en acciones para la protección o salvaguarda ante un peligro latente o eminente, y muchas veces nuestras reacciones suelen pensarse para uno mismo o lo más cercano de nuestro entorno. No obstante, cuando hablamos del territorio y las amenazas que sobre él se vislumbran, nuestras acciones y pensamientos sobre su defensa suelen adquirir una dimensión multifactorial y compleja; los interpretamos o relacionamos en función de nuestros propios contextos o circunstancias, de tal manera que podemos reaccionar desde lo local hasta lo global según el caso.

La dimensión del territorio nos lleva a tener muchas y marcadas diferencias sobre cómo lo interpretamos y por ende, igual se diversifican las acciones para defenderlo ante amenazas dadas o potenciales. No es casual entonces que existan y coexistan múltiples actores -mujeres y hombres-, quienes definen sus estrategias de acuerdo a sus propias características y condiciones, y por ello hay quienes las realizan a través de las leyes o lo jurídico, así como también los hay con enfoques citadinos o urbanos, al igual que a partir de lo rural o como sucede también con los pueblos originarios, quienes bajo sistemas de gobiernos locales basados en “los usos y costumbres” definen diversas acciones para la defensa.

 

En términos generales, podemos afirmar que existen y se recrean miles de diferencias entre las acciones y estrategias que se realizan sobre “defensa”, de acuerdo a las condiciones y particularidades de los sujetos para con su territorio.

Derivado de esas características, en algunos casos las y los sujetos o entidades sociales suelen apropiarse del “territorio” a partir de una demarcación o límite geográfico o político, pero generalmente son expresiones sociales que se encuentran separadas o atomizadas unas de otras, como sucede por ejemplo con los municipios o los distritos políticos, en donde la “acción social y colectiva”, no siempre encuentra pluralidad en orden y para la gobernanza (2), aunque por supuesto siempre hay excepciones a la regla.

En otros casos, aun dentro de ciertos “límites geográficos”, y a pesar de tratarse de espacios que han sido “reconocidos o entregados” por otros -por ejemplo los núcleos agrarios-, son las acciones colectivas y comunitarias las que a través de sus expresiones sociales y culturales lo “demarcan en gobernanza”, encontrando su propio crecimiento cultural y espiritual, de tal manera que existen vínculos territoriales de coexistencia para con los bienes naturales, como la tierra, el agua, el viento, la flora y la fauna, sin que sea limitativa a éstos su conexión, así como también es ahí donde se establecen las conexiones espirituales, religiosas y cósmicas, las cuales por supuesto, prácticamente nunca están separadas de lo terrenal. Quienes mejor expresan esta condición “territorio/sujetos” son sin duda alguna los pueblos originarios.

No obstante, sin importar cómo sea que conceptualicemos y vivamos “El Territorio y la Territorialidad”(3), siempre hay factores internos y externos que suelen amenazar y poner en riesgo parte de los componentes que integran al territorio y en consecuencia, ello provocará cambios, alteraciones y modificaciones simples o complejas para un colectivo, mismas que en ocasiones llegan a ser cambios de tipo estructural tan graves, que pueden eliminar -parcial o totalmente-, expresiones culturales e identitarias, tanto individuales como colectivas, expresiones que, entendemos, son esas diferencias que nos hacen distintos entre y para con otros y otras, pero que en el sitio en donde se recrean y construyen son muy parecidas e incluso iguales para con nuestro sujeto colectivo.

Es decir, un factor o elemento amenazante es capaz de alterar la construcción del sentido de pertenencia de los sujetos individuales y colectivos, ya que los sujetos a través de sus interacciones cotidianas, o seleccionan o le imponen “repertorios culturales” que pueden o no responder a sus intereses y aspiraciones personales, así como a las exigencias sociales colectivas; de tal manera que la identidad colectiva se convierte en una construcción subjetiva y cambiante, la cual puede y suele ser transformada de forma acelerada cuando se encuentra íntimamente vinculada al territorio.

Así, por ejemplo, “La Milpa” es un referente común, amplio y múltiple para las familias e individuos campesinos de una misma comunidad, mientras que su siembra, percibida como mero procedimiento técnico a innovar desde una perspectiva externa, la desagrega y descontextualiza, contribuyendo a alterar para siempre procesos ancestrales vinculados a ese referente.

Los rasgos identitarios, herramientas, fechas, ritos, procesos de organización individuales, familiares y colectivos, tipos de semillas, conocimientos ancestrales y climáticos, así como conocimientos nuevos, además de la forma en que se transfieren entre generaciones, son una pequeña muestra de que, bajo las mismas circunstancias del usufructo del territorio en su sentido amplio, es decir, considerando todos los componentes que lo integran, es como se construye la identidad de los sujetos individuales, pero sobre todo la identidad como colectivos desde lo familiar y hasta el pueblo mismo. Una amenaza al sujeto o sobre uno o varios elementos naturales del territorio, necesariamente cambiará la construcción identitaria del sujeto.

Caso Carrizalillo: Ahí opera la empresa Goldcorp. En solamente dos años de operación de la empresa, el 100% de los campesinos dejaron de serlo y el 50% de ellos pasaron de ser dueños de su tierra, a ser trabajadores proletariados y empleados de una actividad nueva y por lo tanto, desconocida. Su satisfacción de ser pueblo cedió ante la satisfacción de tener dinero. Actualmente en Carrizalillo, tanto el territorio como los sujetos dejaron de conformar el pueblo que eran: la mitad han sido despojados y desplazados y ahora su población ha tenido que dispersarse por varias entidades del país.

En contrasentido… ¿qué pasa cuando a través de la resistencia de las y los sujetos, se organizan acciones para la defensa del territorio ante las amenazas que los ocupan? El sujeto y su colectivo refuerzan y fortalecen sus lazos identitarios, depuran su sentido de pertenencia y con ello se adhieren aun más a sus bienes colectivos concentrados al interior del territorio, ese territorio que definen y delimitan geopolíticamente o que delimitan con o sin linderos, pero que recrean en su cotidianeidad terrenal, espiritual y celestial y que, en conjunto, otros conocen como cosmovisión.

Derivado de lo anterior partimos de una premisa: No hay sujetos colectivos sin territorio. En otras palabras, sin territorio él/los sujetos son incapaces de recrear la totalidad de los elementos que permiten construir un proceso identitario sólido y capaz de articularse a otro y con otros en solidaridad; por lo tanto, se ven forzados a romper su propia naturaleza de lo comunitario que responde al sujeto social colectivo, y en consecuencia, aflora el individualismo y el sujeto se vuelve incapaz para ejercer sus propios procesos relacionados a la libre determinación y de auto-adscripción, a la vez que le cuesta mucho más su construcción espiritual; por lo tanto, es más fácil que se encuentre desconectado de sus creencias, deidades, religiosidad y por ende menos capaz de construir una CULTURA COLECTIVA PROPIA .

Es por ello que deseamos señalar que cuando hablamos de la defensa del territorio, por supuesto va implícito y está interconectado el sujeto colectivo, que no el sujeto individual. Defender el territorio implica defender el sentido de pertenencia y el proceso identitario de los sujetos colectivos, al igual que defender el sentido identitario es a la vez defender el territorio.

Caso Wixárikas contra la empresa First Majestic: En la Isla del Rey nacieron los Wixárikas, y desde ahí inician sus peregrinaciones hasta el Cerro del Amanecer, en San Luis Potosí, donde recrean el nacimiento del Sol. El cosmos huichol puede considerarse etnocéntrico. Todo el mundo es una “gran casa”, Una comunidad (kiekari). Las fuerzas o elementos de la naturaleza son considerados deidades, al mismo tiempo que sus antepasados y parientes de los huicholes. El centro del mundo se ubica dentro del territorio huichol. La cosmovisión Wixárika no separa tajantemente entre los ámbitos de la naturaleza, de la sociedad y de lo sobrenatural o sagrado. La empresa minera amenaza con destruir ese lugar sagrado y si ello sucede moriría el pueblo Wirárika, pero también el mundo entero.

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No debe sorprendernos que la defensa del territorio sea siempre de tipo multifactorial, puesto que el territorio es quien acuerpa la propia vida; ahí es donde nace la naturaleza; ahí se forman los sistemas ecológicos gracias a la combinación de elementos biológicos, físicos y químicos que suelen ser transformados por la acción del uso de los sujetos sociales (patrimonio biocultural). Por lo tanto, el usufructo también crea vida nueva y diferente dentro de un territorio, vida en donde de por sí ya la hay, pero también si durante su uso se pierde el enfoque y la visión de la importancia de lo multifactorial, entonces puede también generarse la muerte.

En ese sentido, si coincidimos en que la defensa del territorio es multifactorial y no está asociada a una acción en particular sobre el territorio en su sentido amplio, sino a partir de sus vínculos con los sujetos que lo usufructúan, pensamos entonces que será más fácil comprender e identificar qué tipo o cuáles son las amenazas que rondan por el territorio y con ello, amenazan y ponen en riesgo la propia vida de sus componentes, entre estos a los propios sujetos colectivos.

Enlistemos algunos casos para la reflexión y provocación:

  • ¿Los agroquímicos amenazan al territorio? O sólo al sujeto que los utiliza o a quien los consume a través de los productos que se originan con ello?
  • ¿El consumo y/o la siembra de transgénicos amenazan los procesos identitarios de los pueblos y por lo tanto, también al territorio?
  • ¿La ley de hidrocarburos amenaza al territorio?… ¿amenaza a la nación? ¿O es el modelo extractivo, es decir, la forma en la que se explota el petróleo la amenaza real?
  • ¿La privatización de los bienes naturales destruye la identidad de los pueblos?
  • ¿Cuidar a la naturaleza a través del “pago de servicios ambientales” amenaza el territorio?
  • ¿Los subsidios, por ejemplo el programa de Combate contra el Hambre o el programa Oportunidades ahora denominado Prospera o el Procampo son una amenaza al territorio, a la identidad y por lo tanto a la cultura?

Por supuesto, el anterior es un listado muy corto en comparación con la gran cantidad de procesos que hoy y desde hace años están amenazando al territorio, sin dejar de observar que en varios lugares ya no son meras amenazas, sino que ha iniciado la destrucción del mismo.

Sin embargo, en ese mismo contexto, debemos observar que justo bajo esas mismas circunstancias de amenazas y hechos reales, es donde también se recrean procesos para la defensa territorial desde posiciones integrales e integradoras, porque primordialmente se plantean bajo un enfoque inequívoco: La defensa de la vida.

La legalización del despojo

En toda Latinoamérica y no sólo México, vivimos una larga trayectoria de cambios políticos y de políticas que han estado ratificando y consolidando a los actuales sistemas de poder que hoy ya tienen en total subordinación y dependencia a naciones enteras. Desde nuestro punto de vista, ello no ha sucedido por casualidad, por errores de rumbo o por falta de dirección en los mandos superiores o gobernantes, sino todo lo contrario; hay una clara tendencia de “ir acomodando” paulatinamente todo aquello vinculado con los bienes naturales para la adquisición de ganancias, de construir condiciones para crear monopolios estructurales bajo la lógica del poder/fuerza por sobre la soberanía y la democracia, así como la apuesta cuasi idiota, de que este planeta puede aguantar todas las atrocidades que podemos ocasionarle, en aras del progreso y desarrollo, a partir del afamado desarrollo tecnológico. El capitalismo vil a todo lo que da.

Actualmente varios análisis nos llevan a ubicar por lo menos cuatro causales que consideramos forman parte de la columna vertebral de lo que padecemos hoy:

1. Las Reformas a las constituciones nacionales latinoamericanas bajo el eslogan comercial de las llamadas “reformas estructurales”, en donde se pone de manifiesto una serie de iniciativas de leyes que abonan a “la legalidad” del usufructo insostenible de los bienes naturales de las naciones y el consecuente despojo del territorio que se encuentra totalmente articulado al franco adelgazamiento de los derechos humanos individuales y colectivos.

2. La Alineación de las naciones para que asuman como “única e inequívoca forma de progreso y desarrollo” al proceso económico conocido como globalización, que no es más que reafirmar al ya conocido sistema capitalista, sistema que hace apenas unas cuatro décadas dejó de ser ejercido por las naciones, para ahora ser implementado a través de los corporativos empresariales y sus dueños, quienes son seres incapaces e insensibles ante su mayor resultado, que no único: el incremento de la desigualdad social.

3. El Debilitamiento de los gobiernos como estado/nación, para ocupar un rol sumiso ante el poder económico de capitales privados, ha llevado a que abandonen a los sujetos y sus circunstancias -incluidos sus bienes naturales-, como punto central para el progreso, para ahora dar prioridad a la “inversión/dinero/especulación” como única condición para el cambio social. En el caso mexicano ello se traduce en la ruptura total del pacto social logrado durante el proceso de la revolución iniciada en 1910.

4. El Incremento y fortalecimiento de las fuerzas de “seguridad” nacional e internacional, incluyendo la creación de grupos de choque, paramilitares y grupos armados que actúan en contubernio con el gobierno y el crimen organizado, y que son utilizados o azuzados para destroncar las protestas, movilizaciones y resistencias que este mismo modelo depredador genera. A este destronque se le conoce políticamente como “la criminalización de la protesta social”.

La alineación de estos cuatro elementos ha ocasionado que hoy tengamos una franca tendencia a la eliminación de la vida colectiva. Esa tendencia es mencionada atinadamente por el Papa Francisco en su encíclica como “la cultura del descarte”; es decir, lo que no sirve a los intereses corporativos y financieros simplemente se desecha. El modelo global rompe el bien común organizado, atenta contra la cultura fruto de la creación por el usufructo y sabiduría de los pueblos, destruye permanentemente la naturaleza como espacio espiritual y de confort, y por ende, su único destino es el “vil despojo” del humano en conjunto con lo que lo rodea. El modelo global casi funciona perfectamente, y aunque varias voces lo pongan hoy en contradicción, la verdad es que a los intereses y objetivos para los que fue creado, funciona de maravilla. Por ello, aunque estemos ciertos y seamos racionales respecto a lo que nos ocurre, casi es imposible que -de forma individual o como colectivos-, no estemos inmersos en muchos de los componentes mismos que le dan vida propia al sistema global capitalista.

Al modelo global lo han hecho ley para de esa forma convertirlo en un proceso de vida para cuasi 7 mil millones de personas, quienes lo retroalimentamos de manera cotidiana bajo el frenesí del consumo y de los servicios para que, de esa manera, el sistema continúe operando a la perfección a pesar de la insatisfacción, opresión y despojo que nos ocasiona.

En síntesis… el sistema capitalista se afianza de forma hegemónica y homogeneizadora bajo la denominada política de la globalización, misma que ha encontrado en el extractivismo y el monopolio oligárquico, una forma de vida que se retroalimenta mediante el dominio, la fuerza y la imposición. No tiene alma, ni territorio, ni espíritu, ni deidades, ni moral, menos aun ética y por ello no le importa que su destino concreto sea acabar con la vida. Ese es el sentido actual del Modelo Extractivo. Este es, a su vez, la expresión más relevante de la globalización y es altamente “eficiente” a los fines para lo cual fue creado.

Sin embargo, la lógica de la competitividad y el libre mercado no atenúa sus secuelas y daños, por el contrario… el libre mercado exacerba al máximo sus componentes haciéndolo depredador de sí mismo; por lo tanto, consideramos que ese modelo no cambiará salvo se presenten por lo menos tres condiciones:

  1. Que se agoten los bienes naturales “estratégicos” que lo alimentan
  2. Que la ciencia y tecnología encuentre nuevos recursos que sustituyan a los actuales.
  3. Que se genere un estallido social que modifique sustancialmente el modelo energético en el cual hoy estamos inmersos.

 

Recursos naturales o bienes naturales

defender-el-territorio-3El titulo ya sugiere una discusión de fondo y forma, pero en su apreciación más simplista queremos enfocarnos al hecho de que en el actual modelo global, la naturaleza y sus elementos -todos-, han sido convertidos en productos financieros, y por lo tanto, con valor mercantil para ser explotados bajo la tecnología de mayor avanzada mundial, tecnología que al mismo tiempo es la más irracional y destructiva que ha creado el ser humano.

El modelo extractivo no mira a los bienes naturales en su conjunto, sino al recurso natural específico, porque ese le proveerá de inmensas ganancias y cuando ese recurso haya sido agotado, la ciencia y “desarrollo” habrán encontrado un nuevo componente que pueda suplirlo y con ello continuar con su frenesí extractivo o peor aún, como ya sucede hoy en día, crear vida de laboratorio, sintética o manipulada genéticamente que contribuya a la construcción de monopolios, a la vez que otorgue un mayor control económico global.

Agua, minerales, gas esquisto o gas de lutitas, viento, biodiversidad, semillas y petróleo son los grades componentes que el modelo extractivo requiere para continuar con la dominación de los capitales sobre las naciones. Sin embargo, lamentablemente no sólo se trata de los bienes como elemento/insumo, sino del modo y la forma tan destructiva como son extraídos, generando millones de toneladas de tóxicos que se vuelen montañas inmensas de pasivos ambientales, los que por supuesto no están contabilizados en la fórmula financiera de los corporativos, porque si así fuera, literalmente el modelo extractivo actual sería incosteable económicamente.

Un ejemplo cercano sobre ello sirve para mostrar lo anterior: “La empresa Goldcorp en Carrizalillo, Guerrero, a través de la técnica de extracción a cielo abierto, obtiene, 28 kilogramos de oro al día, pero por cada tonelada de piedras y tierra SOLAMENTE extrae MEDIO GRAMO DE ORO,el resto se convierte en “desechos y desperdicios” llenos de metales tóxicos y otros contaminantes, los cuales afectarán el ambiente por lo menos durante 500 años. Para sacar sus 28 kilos de oro diarios empresa también utiliza 250 MILLONES de litros de agua y le agrega, igual cada día, 18 TONELADAS de cianuro de sodio. En contrasentido, ya se avizora que la propuesta de la nueva ley de aguas en México garantice no más de 50 litros de agua por persona al día. La irracionalidad hecha ley garantiza mayor acumulación y concentración de ganancias para los que de por sí ya tienen riqueza económica, mientras que al resto de la población esas leyes le administran precariamente el uso de los bienes naturales básicos.

La defensa de la vida es la fuerza de las resistencias

Es obvio que el despojo se sufre en carne propia; se despoja al ser humano de su salud; se le despoja de su identidad y cultura; se le despoja del ambiente limpio y sano; se le despoja de la naturaleza y la biodiversidad; se le despoja de la comunalidad; se le despoja de la tierra, del agua, del viento, y se le despoja y desplaza del territorio muchas veces con apoyo del crimen organizado.

No obstante, cuando las mujeres y hombres viven esas circunstancias, también suelen encenderse o activarse nuevas disposiciones y actitudes para la defensa de la vida y en contra del despojo y el desplazamiento.

Aún cuando en ese contexto, las resistencias suelen presentar diversas características, básicamente la principal diferencia radica en que no es lo mismo resistir ante el potencial ingreso de un megaproyecto a un territorio, a resistir e intentar sacar de su tierra un megaproyecto ya instalado y funcionando, sobre todo porque en el segundo caso ya se tiene encima no sólo a la empresa, sino a todo el Estado y su marco jurídico que para ello ha creado, el cual, como ya hemos señalado, literalmente está diseñado y establecido para facilitar el despojo del territorio y de los bienes naturales de los pueblos.

En el escenario de las resistencias, quizás las que más nos preocupan y ocupan, son las masivas resistencias de conciencia pero que no se traducen en acciones recurrentes y cotidianas, porque consideramos que no es suficiente ser consciente de la problemática que enfrentamos si no realizamos acciones directas y concretas que pretendan lograr un cambio parcial o total sobre esa problemática. De esta diferencia entre pensar y actuar a la vez, es donde surge el activismo, surgen los activistas, aquellas y aquellos que se suman a esta lucha desde lo local hasta lo global en contra de la globalización y el modelo extractivo. Conocer, saber y hacer, son hoy tres facetas necesarias de una responsabilidad social que va más allá de la simple participación ciudadana abstracta, y si la responsabilidad se logra en alianza con otras y otros, se abona a la defensa de la comunalidad, al sentido de pertenencia y en consecuencia a la solidaridad.

Como última reflexión… ¿cómo hacer que las diversas y diversidades de la luchas se integren en un sólo frente y dejemos de ser luchas monotemáticas? Requerimos que una sola conciencia asuma esta lucha global “a favor de la vida”, por lo tanto, juntarnos es la vía, pero cómo hacerlo es el reto que tenemos enfrente.

Notas:
(1) Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP, A. C.), asociación civil que trabaja en la región de la Montaña de Guerrero y en la región Istmo/Zanatepec de Oaxaca, sobre procesos de planeación territorial participativa, manejo adecuado de bienes naturales y estrategias para la defensa del territorio. PIAP es integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería -REMA-, Red que a su vez se integra al Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero -M4-.
(2) Otro ejemplo ocurre en las ciudades: dentro de una colonia dada, se forman territorialidades que suelen dar forma a barrios en los que por ejemplo, grupos de jóvenes se apropian de espacios para el desarrollo de sus propios procesos, sin que ello haya pasado por definiciones u acciones del conjunto de quienes ahí habitan. En este tipo de casos el espacio público suele ser administrado por el gobierno local, pero pocas veces por los ciudadanos, lo que genera apropiaciones del mismo desde otra lógica y perspectiva.
(3) En un sentido simple aunque a la vez complejo, se entiende por territorialidad; la gobernanza, es decir, la organización y conducta que cierto grupo social determina para un territorio o zona determinada.

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Violencia contra las periodistas amenaza la libertad de expresión

Este artículo forma parte de una serie elaborada por IPS, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo.

Por Tharanga Yakupitiyage (IPS)

Para las periodistas, la violencia y la intimidación no son solo problemas que aparecen en zonas de conflicto, son una experiencia cotidiana en todas partes del mundo que les impide el correcto desempeño de su profesión y atenta contra la libertad de expresión.

“Ya no tienes que estar en zona de conflicto para que te violen”, se lamentó el último miércoles de abril la periodista del diario The New York Times, autora de The Taliban Shuffle: Strange Days in Afghanistan and Pakistan (La confusión Talibán: Días extraños en Afganistán y Pakistán), Kim Barker, en el marco del lanzamiento de un nuevo libro que documenta los abusos y el acoso cotidianos que experimentan las reporteras en el ejercicio de su profesión.

Tras escribir un editorial en el que contó su experiencia de acoso sexual en el terreno, Barker relató que una persona que lo comentó en Internet la llamó “gorda” y “poco atractiva” y le dijo que “nadie querría violarla”.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), con sede en Nueva York, decidió enfocar la edición de este año de su serie de “Ataques contra la prensa” en el acoso basado en cuestiones de género, de violencia sexual y de agresión física que sufren las periodistas por las consecuencias que el tema tiene para la libertad de prensa.

 

“En sociedades en las que las mujeres tienen que luchar por tener el control sobre sus propios cuerpos, tienen que luchar para reafirmar sus derechos en el espacio público, ser una periodista es casi una forma de activismo”, explicó la reportera de televisión egipcia Rawya Rageh, en el lanzamiento del libro.

La mayor parte del abuso se da en Internet, donde los agresores se esconden detrás del anonimato del espacio para comentarios.

Según el Centro de Investigación Pew, 40 por ciento de los usuarios de Internet han experimentado algún tipo de acoso en ese espacio. Los hombres también soportan agresiones, pero el abuso hacia las mujeres tiende a ser más severo, incluso el acoso sexual y las amenazas de violencia.

Por ejemplo, una periodista informó a la Fundación Internacional de Medios de Comunicación de Mujeres (IWMF) que un trol la había amenazado con “cazar su carne humana”.

Alessandria Masi, corresponsal del International Business Times en Medio Oriente, recordó los comentarios que recibió por un ensayo en un libro de CPJ: “Me agredió el Ejército Electrónico Sirio por escribir un artículo que criticaba al presidente Bashar al Assad y me preguntó con cuántas personas había tenido que mantener relaciones sexuales para que me lo publicaran”.

El abuso en Internet es un síntoma del arraigado sexismo que está generalizado, coincidieron muchas de las participantes.

La profesora de derecho de la Universidad de Maryland y autora de “Hate Crimes in Cyberspace” (Crímenes de odio en el ciberespacio), Danielle Keats Citron, señaló que el acoso por cuestiones de género “refuerza los estereotipos de género”, que percibe a los hombres como dominantes en el ámbito laboral, mientras que las mujeres son objetos sexuales que no tienen lugar en los espacios de Internet.

Pero las amenazas no se quedan en Internet, también se manifiestan en el mundo real.

La subeditora del diario colombiano El Tiempo, Jineth Bedoya Lima fue secuestrada y violada en 2000 tras destapar una red clandestina de tráfico de armas en el país.

En 2012, tras escribir sobre los peligros de la mutilación genital femenina, la periodista liberiana Mae Azongo, recibió amenazas de muerte, incluso le dijeron que la agarrarían y la cortarían si no “se callaba”; tuvo que pasar a la clandestinidad con su hija de nueve años.

Un año después, la periodista libia Jawlija al-Amami recibió un disparo de un hombre que se acercó a su automóvil. Si bien sobrevivió, luego recibió un mensaje de texto amenazándola con que moriría si no “dejaba el periodismo”.

Los y las periodistas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) soportan peligros similares, añadió CPJ.

Este año, Xulhaz Mannan, editor de una revista sobre cuestiones LGBT de Bangladesh, fue atacado hasta morir en su propia casa.

Pero muchas víctimas de acoso y abusos no denuncian las agresiones.

“Era como uno de esos sucios secretitos de los que no hablas porque tienes que simular que eres una más entre los hombres”, explicó Barker; y se refirió al caso de Lara Logan como uno de los puntos de inflexión.

Mientas cubría la revuelta en Egipto para la cadena estadounidense CBS, en el marco de la Primavera Árabe en febrero de 2011, Logan fue atacada y violada por un grupo de hombres. Durante una entrevista para el programa de televisión “60 minutos”, relató cómo la separaron de sus compañeros, le arrancaron la ropa, la golpearon con palos y la violaron.

Cuando le preguntaron por qué decidió hablar públicamente, Logan dijo que quería romper el silencio “sobre algo que todas hemos experimentado, pero sobre lo que nunca hablamos”.

Una de las razones por las cuales muchos y muchas periodistas no denuncian es porque temen no poder seguir trabajando por su orientación sexual o de género.

“Es una trampa”, subrayó Rageh a los participantes. “No quiero reforzar esa idea de que quién soy o qué soy limitará mi capacidad para cubrir una historia, pero por supuesto que hay un asunto que atender”, prosiguió.

La vicepresidenta de CPJ y editora ejecutiva de Associated Press (AP), Kathleen Carroll, dijo que hace tiempo que la amenaza de la violencia sexual mantiene a las mujeres fuera del periodismo. Pero hay formas de hacer frente a las amenazas que no implican que se excluyan, opinó.

Carroll señaló que hay que proporcionar a las periodistas y también a los hombres buenas herramientas y capacitación. IWMF creó una formación en seguridad con un perfil de género específico para preparar a las mujeres para ambientes hostiles. Eso incluye escenarios de dramatización, evaluación de riesgos y planes de comunicación.

También se necesitan líderes efectivos, informados y comprensivos en las agencias de noticias para ayudar al personal a minimizar los riesgos, añadió Carroll.

Las panelistas coincidieron en la urgencia de que haya una reforma por la necesidad de mujeres en el terreno.

“Cuantas más mujeres hayan cubriendo esas historias, más se hablará de ellas”, apuntó Barker.

En un artículo, Lima reflexionó sobre la importancia de la voz femenina: “nuestras palabras, nuestras letras, nuestra voluntad pueden prevenir que se vulnere la libertad de expresión, que se viole a más mujeres, que se silencie a quienes son la voz de otros. Nuestras palabras pueden avivar una lucha o sepultar por siempre el cambio”.

Traducido por Verónica Firme