Ambiente, salud y derechos humanos. Hacia una continuada política ecológica

Ambiente, salud y derechos humanos. Hacia una continuada política ecológica

Por Juan Almendares*

Salud, inmunidad y nutrición de la totalidad viviente

saludLa salud no es patrimonio exclusivo de los humanos, sino de todos los seres planetarios. La vida es relación, producción, reproducción, transformación de los procesos coevolutivos, codependientes de los organismos y los seres sociales. Estas relaciones permiten a los seres establecer identidades y diferencias que han transformado la vida misma y la composición material del planeta.

El esbozo de esta idea radica en el saber ancestral. En la concepción indígena la naturaleza es inseparable del ser social. «La tierra es nuestra madre». La vida tiene un sentido más comunitario. En la concepción mercantilista y capitalista la tierra es un objeto de explotación, de propiedad individual o empresarial; su «naturaleza» es la naturaleza de las cosas; que al igual que la salud se convierte en mercancía.

La Holobiosalud se refiere a la salud de la totalidad de la vida. Holos es totalidad, bios vida. La enfermedad (Holobiopatologia, Holos = totalidad, bios = vida y pathos = enfermedad), por lo tanto, se refiere a los estados y procesos morbosos de la vida planetaria.

Sin embargo la enfermedad, sobre todo la infecciosa, alérgica o parasitaria, ha sido explicada en gran parte por la inmunología. La inmunidad viene del latín «inmunitas» que quiere decir protección. Las células y moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmune.

La respuesta coordinada del organismo a la introducción de sustancias extrañas se llama respuesta inmune (Abbas y Lichtman, 2003).

La inmunología en su marco conceptual utiliza el lenguaje de la guerra. Es explicada como un sistema bélico que se defiende de los invasores. La inmunología convencional divide la inmunidad en natural o innata y la adaptativa o adquirida; se refiere a plantas, animales y seres humanos. El enfoque dominante ha estado centrado en los genes (biotecnología), en la biología molecular (células, anticuerpos y antígenos) y en consecuencia en un reduccionismo biológico.

Sin embargo los mecanismos de inmunidad no constituyen una simple relación lineal: agente-huésped y ambiente; sino que responden a la complejidad: organismo —entorno y naturaleza— sociedad.

El fenómeno inmunológico es un sistema complejo de información y comunicación cuya naturaleza cibernética logra establecer la identidad de los organismos autopoiéticos consigo mismos, o la identidad o diferencias con respecto a otros organismos u agentes extraños o redes que ocurren siempre en el marco de las relaciones naturaleza-sociedad, para producir situaciones nuevas emergentes; y cualitativamente diferentes.

Así los cambios climáticos (Almendares y Epstein, 2009), el fenómeno del Niño, la deforestación, el uso masivo de plaguicidas y antibióticos y las políticas económicas pueden cambiar las relaciones entorno-naturaleza y sociedad y ocasionar el crecimiento rápido de unas especies, el menoscabo de otras o el surgimiento de nuevas formas de organización que alteran la Holobioinmunidad (Inmunidad de la totalidad viviente) y en consecuencia la Holobiosalud.

Promoviendo estos cambios nos encontramos con técnicas y actores poderosos. Así por ejemplo la biotecnología y la industria farmacéutica cuando son controladas por los intereses multinacionales promueven bioplaguicidas, organismos genéticamente modificados, fitofármacos, antibióticos, plaguicidas, agro combustibles y nanotecnología que son extremadamente peligrosos para la salud y el ambiente.

La categoría sociedad (Herrera, J., 2000), se considera en el marco de la historia, cultura, ideas, teorías, valores ideológicos, éticos, políticos y las relaciones sociales de producción, género, étnicas, fuerzas productivas y las instituciones y organizaciones sociales (Estado, movimiento social, ambientalista, sociedad civil) y su relación con los derechos humanos. Sin embargo nosotros hablamos de derechos humanos y planetarios; de la Madre Tierra que son indivisibles, histórico naturales, contextualizados (locales, nacionales, regionales) articulados a lo universal (global).

Son los derechos de la totalidad viviente (microorganismos, plantas animales y seres humanos) que se organiza, desorganiza y se vuelve a organizar dialécticamente. Son espacios sociales y políticos de lucha y prácticas sociales por el respeto a la vida y a la dignidad humana y planetaria (Holobiodignidad).

El objetivo único es generar procesos que transformen radicalmente este sistema capitalista globalizado que genera un mundo donde más del 80 por ciento de los habitantes del planeta, ya sean humanos, animales, plantas y microorganismos, viven en la más humillante pobreza; que se refleja en los desbalances de los ciclos de la vida de todos los seres.

Por lo cual se hace necesario1 reflexionar sobre el Ecologismo Popular, Ecologismo de los Pobres y movilizarnos por la justicia ambiental. A continuación veremos cómo la malaria y la explotación minera en el Valle de Siria, Honduras, ejemplifican las ideas señaladas anteriormente.

La malaria

La existencia de la malaria data desde hace 4000 años. Su erradicación con plaguicidas, pistolas de láser, sustancias radioactivas y drogas antimaláricas ha fracasado; porque continúan los brotes de la enfermedad. La malaria está asociada a la pobreza, a los salarios bajos, a las viviendas insalubres, a la deforestación; tiene que ver irremisiblemente con represas, minas, monocultivos y falta de educación ambiental. Es propia de países tropicales y no tropicales. La malaria puede coexistir con desnutrición, parasitismo, sida y tuberculosis.

Según el informe de Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2008, la mitad de la población mundial tiene riesgo de contraer malaria. En el año 2006 se detectaron 250 millones de casos y se produjo aproximadamente un millón de muertes. El vector transmisor es el mosquito Anopheles y el parásito responsable es el Plasmodium con cuatro tipos: P. falciparum, P. vivax, P. Ovale y P. Malarie.

La estrategia para tratar el problema de la malaria ha consistido en dos mecanismos: destruir al mosquito con plaguicidas, con la desventaja de que pronto desarrollan resistencia a los tóxicos, al igual que otros vectores como la Mosca blanca y el mosquito del dengue. Además estos venenos afectan a insectos benéficos como las abejas y dañan la salud humana.

La segunda ha sido una terapia supresora mediante drogas antimaláricas. Ambas estrategias no han sido exitosas para la salud; sin embargo la más beneficiada ha sido sin dudas la industria químico farmacéutica.

La Costa Atlántica de Honduras, (Sinclair, M., 2008) con altas tasas de malaria en las comunidades de Ceiba Grande, Municipio de Jutiapa, y la comunidad de Feo en el municipio de Bonito Oriental; reveló que tanto en la sangre de niños como en los ambientes de las viviendas se contenían residuos de DDT (1,1,1-Tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)-etano). Las concentraciones más altas eran en Ceiba Grande: 7 nano gramos/gramo en sangre infantil y 640.5 microgramos /Kg en el interior de las habitaciones.

Las investigaciones indicaron que a través del trabajo a nivel local, participativo y comunitario, y mediante la utilización de plantas repelentes como el Nim y el mejoramiento social, era innecesaria la utilización del DDT en la prevención de la malaria. El citado estudio evidenció así mismo que el cultivo de la palma aceitera por el contrario favorecía al crecimiento de mosquitos y por lo tanto el desarrollo de la malaria y el dengue.

Pese a la existencia de estos estudios el DDT fue usado por recomendaciones de los organismos de salud en décadas pasadas, y también en épocas recientes por parte de la agroindustria de la palma aceitera. Igualmente los cultivos de agro combustibles a partir de la palma aceitera siguen siendo apoyados por EUA, Europa y el Banco Mundial. En la actualidad los planes para Honduras incluyen el sembrar 200 mil hectáreas de palma aceitera en la Costa Atlántica.

Por lo cual se hace necesario1 reflexionar sobre el Ecologismo Popular, Ecologismo de los Pobres y movilizarnos por la justicia ambiental. A continuación veremos cómo la malaria y la explotación minera en el Valle de Siria, Honduras, ejemplifican las ideas señaladas anteriormente. 

La expropiación de territorios por parte de las transnacionales y la minería

La apropiación de los territorios mediante la invasión tecnológica; mediante monocultivos, camaroneras, industria maderera, minería y las invasiones de los «marines» han sido la historia de Honduras, país que incluso hoy continúa siendo ocupado militarmente por  los Estados Unidos de América como una base de la estrategia geopolítica con respecto a América Latina.

Los ejércitos y cuerpos policiales y los equipos de seguridad privada históricamente se han comportado como guardianes de los intereses multinacionales desalojando las poblaciones campesinas y garífunas; destruyendo y quemando viviendas y centenares de cultivos de maíz y frijoles y el resultado es la tortura y el asesinato de dirigentes populares, ambientalistas y defensores de los derechos humanos.

Un mes después de ocurrido el huracán Mitch a finales del año 1998, las empresas mineras multinacionales influyeron en los diputados del Congreso Nacional para reformar la ley minera y concesionar el 30% del territorio hondureño, creando privilegios para pagar exiguas cantidades de impuestos y lograr la aprobación de la explotación minera a cielo abierto a base cianuro, que es un procedimiento de bajo costo y de alta contaminación.

Es ilógico e inmoral construir lagunas de cianuro en países con tormentas tropicales, huracanes y fenómenos sísmicos; y eso sólo cabe cuando el fin es la acumulación del capital. La fiebre minera después del Mitch se extendió a El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Nuestros estudios, en proceso de publicación, en la zona del Valle de Siria de Honduras son indicativos de qué enfermedades sufren las comunidades cercanas a la mina; y que las aguas escasas e insalubres para consumo humano y animal son consecuencias de las grandes cantidades de agua de exacción y la contaminación de metales pesados y semimetales que se producen durante las operaciones mineras. Los frecuentes derrames de cianuro y metales a las aguas del subsuelo y a los suelos también afecta la salud de la flora, la fauna y la biodiversidad.

Más de 50 millones de toneladas de mineral han sido excavadas. Las poblaciones han sufrido de problemas dermatológicos, oculares, nerviosos y respiratorios (ver gráficos 1 y 2). Como puede observarse en estos cuadros los trastornos se han incrementado progresivamente durante y desde los años 2001 al 2006. Los empresarios y las autoridades han ignorado las demandas de las comunidades. El drenaje ácido no ha sido controlado y se estima que la contaminación continuará de manera indefinida por decenas de años aun cuando la mina cese en sus actividades.

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Conclusiones. El mensaje de la evidencia

El aprendizaje de la sabiduría de las culturas ancestrales y de la lucha de los movimiento sociales y populares, articulados al mundo académico, científico y artístico desde una postura ética y mediante la toma de conciencia sobre la historia de lo local, nacional y regional nos obliga a tomar posición y comprometernos por la vida individual; la vida colectiva y la vida planetaria. Si asumimos con modestia, pero de manera férrea, nuestra posición ante el aprendizaje de la lucha de los pobres y por los pobres nos daremos cuenta de que es ésta lo que constituye la esencia de la ecología política.

Bibliografía

ESCOBAR, A., Territories of Difference, Duke University Press. London, 2008

LEFF, E., Ambiente y Articulación de las Ciencias. Los Problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo. Siglo Veintiuno editores México, 2000 p 30

MILTON SANTOS, La naturaleza del espacio, Ariel Geografía 2000.

MATURANA, H., La realidad ¿objetiva o construida?, Editorial Anthropos, España, 1997.

MALPARTIDA A., y LAVANDEROS L., «The Society-Nature: the Ecotomo» , Inerscientia, vol, 3, n.1 (1998).

REID, W., Millennieum Ecosystem Assesment, Ecosystems and Human Well-being, Island Press, Washington, 2009.

ABBAS, A., LICHTMAN, A., Cellular and molecular immunology, Saunders. China, 2003.

ALMENDARES, J., EPSTEIN, P., Climate change and health vulneralbilities,State of the World, W.W.. Norton Company, New York, 2009.

HERRERA, J., El vuelo de anteo, Editorial Desclée de Brouwer, 2000

CUELLAR M., MORALES, F., «La mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) como plaga y vectora de virus en frijol común (Phaseolus vulgaris L.)». Revista Colombiana de Entomología, Enero, 1, 2006.

ALMENDARES, J., Science, Human Rights, and the Precautionary Principle in Honduras. Precaution, Environmental Science and Preventive Police, Edited by Tickner, J.,Island Press, Washington, 2002.

SINCLAIR, M., Comunicación y entrevista sobre el Programa Regional de Acción y Demostración de Alternativas Sostenibles para el Control de Vectores de la Malaria sin Uso de DDT en México y América Central» de la OPS 2008.

*publicado en la revista Ecología Política #37. Descargar revista completa

LIBRO: El derecho de los pueblos indígenas de México a la consulta

LIBRO: El derecho de los pueblos indígenas de México a la consulta

de Francisco López Bárcenas

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Presentación

presente libro sale a la luz pública en los momentos en que el Estado mexicano promueve la explotación de los recursos naturales e implementa políticas que favorecen a los empresarios y violentan derechos, en este caso el derecho a la consulta.

Los pueblos y comunidades indígenas son los principales protagonistas de esta historia de despojo y discriminación. Siguen estando en la mira del Estado, pero no para salvaguardar sus derechos, sino para seguir despojándolos de todo aquello que poseen y les pertenece. Minerales, viento, plantas medicinales, agua, y bosques, son algunos bienes comunes y colectivos que conservan los pueblos.

Esta política de despojo está generando algunas reflexiones en torno a la falta de aplicación del derecho a la consulta ante la proyección o construcción de parques eólicos, presas, carreteras, fraccionamientos, así como la explotación minera.

En el presente libro, el autor hace un recuento histórico de cómo los pueblos indígenas han ido perdiendo derechos agrarios en el transcurrir del tiempo con la creación o modificación de leyes. Así mismo, nos expone dónde está reconocido el derecho a la consulta en la legislación nacional e internacional, y cómo se ha tratado este derecho en los tribunales mexicanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El libro también menciona los requisitos y mecanismos mínimos que se deben contemplar para realizar una consulta como lo establecen los estándares internacionales, específicamente el convenio 169 de la OIT. También proporciona elementos y argumentos a los pueblos indígenas y comunidades de cómo deben ejercer y demandar este derecho.

Los derechos son para ejercerlos, cumplirlos y exigirlos, siempre y cuando existan los mecanismos adecuados y claros para su aplicación. Desafortunadamente, en México no existen estos mecanismos para el ejercicio pleno de este derecho, por consiguiente, al no existir las condiciones, se puede correr el riesgo que la realización de una consulta favorezca a las empresas y legitime los proyectos, pasando por encima de los derechos colectivos. Es por ello, que algunos pueblos indígenas están luchando por el reconocimiento del derecho a la auto-consulta comunitaria como parte de sus derechos.

En resumen, este documento es una herramienta de análisis y reflexión en torno al derecho a la consulta, que nos orienta sobre los alcances y limitaciones de la implementación de este derecho, nos expone ejemplos claros de cómo el derecho a la consulta ha sido instrumentado por el gobierno mexicano y por algunos movimientos indígenas desde principios de los años noventas, así como los resultados de las mismas. Nos explica la diferencia entre una consulta pública ambiental y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

Demandamos al Estado mexicano adherirse al Protocolo Facultativo del PIDESC

En el 20° aniversario de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos demandamos al Estado mexicano mostrar compromiso y congruencia y adherirse sin más demora al Protocolo Facultativo del PIDESC

(Junio 2013)

descA 20 años de haberse llevado a cabo la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena, Austria en junio de 1993, organizaciones civiles y sociales, redes, movimientos y defensoras y defensores de derechos humanos exigimos al Estado mexicano mostrar congruencia con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos subrayados entonces y reconocidos actualmente en el artículo 1° de nuestra Constitución Política, adhiriéndose sin más demora al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

En la conmemoración de Viena + 20 el movimiento global de derechos humanos hace balance sobre el cumplimiento de la Declaración y el Plan de Acción de Viena, concluyendo que los derechos humanos están en crisis. No sólo hay nuevos y múltiples desafíos que enfrentar tanto en países desarrollados como en desarrollo, también hay severos retrocesos en la realización de los derechos humanos de cientos de miles personas en diversos campos: ambiental, laboral, educativo, de salud, seguridad social, de vivienda, agua, tierra y territorio, alimentación, entre otros vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). La situación actual muestra que los Estados no han tomado seriamente los compromisos asumidos en Viena, ni las obligaciones jurídicamente vinculantes derivadas de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos que han suscrito.

El consenso gubernamental y social de Viena fue significativo porque enfatizó la primacía de los derechos humanos sobre cualquier otra responsabilidad de los Estados; puso de relieve la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de todos los derechos; reconoció la pobreza extrema como una violación a la dignidad humana; promovió el reconocimiento del derecho al desarrollo; impulsó la creación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y, entre otras cuestiones, recomendó acciones para garantizar el reconocimiento y la vigilancia de los DESC a nivel nacional, regional e internacional, alentando a seguir examinando protocolos facultativos del PIDESC.

En diciembre de 2008, quince años después de Viena, y 42 años más tarde de que se adoptara un mecanismo internacional de quejas sobre violaciones a derechos civiles y políticos, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo del PIDESC para que las personas o grupos de personas dentro de la jurisdicción de un Estado Parte puedan presentar al Comité de DESC de la ONU denuncias por violaciones a cualquiera de los derechos contenidos en el Pacto, y acceder por este medio a la justicia que no encuentran en sus propios países. Como han explicado recientemente Relatores Especiales y Expertos Independientes de las Naciones Unidas, la jurisprudencia que generará este mecanismo sentará precedentes para proveer una reparación adecuada a situaciones específicas, al tiempo que establecerá un significado concreto de las normas del PIDESC para facilitar su comprensión por parte de los servidores públicos y su cumplimiento por parte de las cortes nacionales, y contribuirá también a la prevención de violaciones de derechos humanos.

El Protocolo Facultativo del PIDESC está en vigor desde el pasado 5 de mayo y constituye el cierre de una brecha histórica en el plano teórico y jurídico, y la apertura de una oportunidad sin precedentes para que los Estados demuestren su verdadero compromiso con la integralidad de los derechos humanos. Así lo señalamos organizaciones y redes de la sociedad civil desde que el instrumento se abrió a firmas y ratificaciones en 2009 y el gobierno mexicano respondió que se encontraba realizando una serie de consultas dentro de la administración pública federal para tomar la decisión de convertirse en Estado Parte del mismo. Por nuestro lado, conformamos una alianza de más de un centenar de actores de la sociedad civil, organismos públicos autónomos, académicas(os), comunicadoras(es), promotoras(es) y defensoras(es) de derechos humanos e impulsamos la Campaña mexicana por la firma y ratificación del PF PIDESC.[1] Sumando esfuerzos recabamos y entregamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2011 y 2012, más de 19 mil firmas ciudadanas con un claro exhorto al Ejecutivo federal a que firmara el instrumento y lo enviara al Senado de la república para su ratificación.  No obstante, contrario a lo que se había anunciado desde la cancillería, el sexenio de Felipe Calderón concluyó sin que se diera este importante paso.

En mayo pasado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó a los Estados en el seno del Consejo de Derechos Humanos que “la salud, la educación, la vivienda y una administración de justicia imparcial no son productos a la venta de unos pocos, sino derechos de todas las personas sin discriminación” y señaló que “el contexto económico actual es un momento oportuno para que los Estados ratifiquen el Protocolo Facultativo”, subrayando que las políticas económicas deben siempre ser diseñadas para avanzar en la materialización de los DESC y promover una mayor igualdad, sustentabilidad y protección. Desde la Campaña mexicana hacemos eco a las palabras de la Alta Comisionada y sumamos nuestras voces a las de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas que igualmente han urgido a los gobiernos del mundo a ratificar este instrumento y unirse así al “club por la justicia social.”

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno federal actual a no desechar los resultados favorables a la firma del Protocolo Facultativo del PIDESC que se derivaron de más de tres años de consultas conducidas por la Cancillería con otras Secretarías de Estado y dependencias del gabinete económico y social; y reiteramos la exigencia de congruencia y compromiso con los derechos humanos para hacer accesible en nuestro país, en el menor plazo posible, este mecanismo internacional de justiciabilidad.

http://ratificapfpidescmex.org/  Contacto: Areli Sandoval Terán, Coordinación de la Campaña: ratificapfpidescmex@gmail.com

Lorena Cabnal: “Defender un territorio de la minería sin defender a las mujeres de la violencia sexual es una incoherencia”

“Defender un territorio de la minería sin defender a las mujeres de la violencia sexual es una incoherencia”

Lorena Cabnal, feminista comunitaria, portavoz del pueblo xinka de Guatemala.

LorenaLorena Cabnal se define como feminista comunitaria y representa a las mujeres maya-xinka. Creó la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa y relata la resistencias de su pueblo contra las multinacionales mineras y contra la violencia sexual.

Tamara de Gracia/ Diego Jiménez* . Bilbao/ A Coruña
Periódico DIAGONAL

Lorena Cabnal se autoidentifica como mujer maya-xinka, feminista comunitaria. En su cuerpo y en su sentir se cruzan distintas opresiones, a la vez que nacen rebeldías diversas. Fundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa (AMISMAXAJ), no elude la crítica cruda tanto del capitalismo y el colonialismo que somete a su pueblo, como del patriarcado que sigue arraigado en las comunidades.

Las mujeres organizadas son un pilar fundamental en la resistencia que el pueblo xinka ha levantado frente a la invasión por parte de las empresas mineras de unos territorios que han mantenido su autonomía desde hace siglos. En el seno de este movimiento -no siempre aceptado y comprendido por las autoridades tradicionales- no sólo se denuncia el despojo que implica para los pueblos el modelo de la globalización, sino que también se viene construyendo, desde la teoría y desde la práctica, un nuevo imaginario político y de lucha que se centra en el cuerpo de las mujeres como primer territorio a defender, pero también como el nudo que da coherencia a los procesos comunitarios.

Porque el Buen Vivir como paradigma alternativo a la globalización occidental, no puede surgir únicamente como respuesta al modelo capitalista y colonial, sino también como oposición al patriarcado, presente también en las sociedades indígenas contemporáneas.

¿Cómo definirías el momento actual para los pueblos indígenas?

Estamos en un momento histórico fundamental porque los pueblos indígenas estamos planteando alternativas frente a la crisis civilizatoria mundial, buscando formas de resistencia contra los efectos del capitalismo en su forma neoliberal: contra el colonialismo, el patriarcado y la globalización. Ahora otros pueblos en el mundo están mirando nuestras propuestas, como una forma de vida diferente que da pie a retomar el paradigma originario del Buen Vivir.

Creo que son procesos profundos de consciencia plena, de recordar cómo los pueblos en algún momento han tenido la posibilidad de armonizarse para la vida.

Hay otros pueblos que hoy se plantean la decadencia: el consumismo y la alienación los ha llevado a darse cuenta de que han tenido una prolongada irresponsabilidad en el uso de los elementos de la naturaleza. Y el planeta nos está pasado la factura con el calentamiento global. Hoy por hoy, la propuesta de los pueblos originarios y en especial de mujeres indígenas en el mundo están generando y revitalizando la propuesta, el movimiento, la acción y la vida. Cada vez se nos hace más necesario escribir nuestras experiencias para aportar a la construcción global de la propuesta y de acción.

¿Cuáles son entonces los retos en esta coyuntura?

Procesos tan importantes e históricos como el proceso de cambio en Bolivia nos hacen ver que hay posibilidades de articularse, para buscar el camino a la emancipación desde otras vías. Pero nos queda el reto de reconocer el horizonte de utopía, porque si nos quedamos pensando solo en que los procesos de elección popular nos dan la posibilidad de poner candidatos para llegar al poder y nos quedamos ahí, topamos con un nudo. Si el proceso de cambio no se reconoce como importante, pero transitorio para llegar a algo más, nos bloqueamos. Si la plurinacionalidad se institucionaliza y desde ahí se construye todo, vamos a tener patas cojas.

Otro reto imprescindible es la autocrítica que es necesario realizar para lograr visibilizar dentro de los movimientos indígenas y de los movimientos sociales del mundo que tenemos que resolver graves problemáticas internas. Estoy hablando de formas muy propias de manifestaciones patriarcales. En el movimiento indígena por ejemplo, no podemos negar la existencia del patriarcado y por lo tanto del machismo indígena, que no tiene nada que ver con el colonialismo occidental. Creo que no podemos hacer una lucha parcial, no es posible despatriarcalizarnos sin eliminar fundamentalismos étnicos y esencialismos que subyugan a las mujeres indígenas. Y sólo la institucionalidad no nos va a resolver la despatriarcalización.

¿Puedes ayudarnos a comprender la visión del territorio desde tu visión como mujer maya-xinka, feminista comunitaria?

No es lo mismo cuando dentro de un imaginario ciudadano se habla de territorio (la unión entre el espacio geográfico, las leyes y la población), que cuando lo definimos desde la cosmovisión indígena. Por ello hemos decidido volver a nombrar qué es para nosotras territorio, desde nuestro pensamiento.

Para nosotras territorio es un espacio para ser y para estar. Antes y ahora, en los tiempos y en relación con el cosmos. Todo esta tan integrado que está planteado desde el lugar desde donde construyes significados, desde el espacio en el construyes con las otras y con los otros, donde recreas relaciones y también conectas con el espacio, con el cosmos.

Tiene que ver con lo material, pero también con lo inmaterial. Transciende de lo concreto: incluye la subjetividad, las afectividades, los vínculos con la tierra. Es algo integral.

¿Y cuando hablan del concepto de territorio-cuerpo?

Esa es otra de las cosas que aportamos como feminista comunitarias, un concepto que  construimos en 2008. Lo que para nosotras comenzó como una consigna política se ha convertido en una categoría dentro del feminismo comunitario que tiene que ver con la defensa y recuperación del territorio cuerpo-tierra.

En 2008 se levanta toda la lucha contra la minería en la montaña [de Xalapán, territorio del pueblo xinka] y vimos que dentro del movimiento indígena nacional se plantea la defensa del territorio-tierra como algo integral. Después nos empezamos a dar cuenta de que con esta defensa del territorio-tierra pareciera que empieza a ensombrecerse la lucha histórica que mujeres y feministas hemos hecho para erradicar la violencia contra la mujeres. Entonces ahí nosotras nos planteamos dónde quedaba nuestro territorio-cuerpo dentro de esta integralidad cosmogónica de la que hablábamos. Necesitábamos enunciarla.

La defensa del territorio–tierra para que esté libre de minería está muy generalizada pero dentro de éste viven los cuerpos de mujeres que están viviendo opresiones y violencias. De ahí nace el planteamiento de recuperación y defensa del primer territorio que es el territorio-cuerpo. Nos negamos a hablar de armonización con la Madre Tierra si no existe una relación armónica entre las mujeres y los hombres. Planteamos que defender un territorio-tierra ancestral contra las 31 licencias de exploración y explotación de minería que están planteadas sin defender los cuerpos de las mujeres que están viviendo la violencia sexual, es una incoherencia cósmica y política.

Todas estas luchas va inevitablemente unidas a  la liberación de las personas pero también tienen un componente importante de sufrimiento. ¿Por qué que la haces, que quieres conseguir, que sueñas?

El Nuevo B’aktu’n es la entrada en una nueva era y necesitamos construir un nuevo horizonte de utopía,  porque este modelo ya caducó. El orden simbólico establecido no funciona.

Por ello reivindicamos las maneras plurales y creativas de aportar a esta construcción. Reivindicamos la alegría sin perder la indignación, la sanación como apuesta política, romper la lógica dicotómica de vernos en competencia política, la posibilidad de construir un mundo nuevo en el que valga la pena vivir y juntarnos con gente de otros lugares que también están viviendo los efectos de este modelo neoliberal de desarrollo, para crear un mundo donde sea posible seguir apostándole a la vida.
 
*Tamara de Gracia participa en la ONGD vasca Mugarik Gabe y Diego Jiménez, en la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI)

Primer Periódico Comunitario CRAC-PC

Primer Periódico Comunitario CRAC-PC

Editorial

comunitarioEste primer número de El Comunitari@, que hoy ponemos en manos de las comunidades, es resultado de varios intentos por contar con un medio de comunicación propio, de los pueblos, el equipo de compañeros del área de Comunicación Comunitaria, de manera conjunta con los Coordinadores Regionales, consejeros, responsables de las comisiones de salud, desarrollo, organización de mujeres y radiodifusoras de la CRAC-PC, celebramos este humilde logro y pedimos atentamente sus opiniones y sugerencias para seguir mejorando este medio.

Aspiramos a corto plazo mantener la publicación de este periódico por lo menos cada mes, y en la medida que se vaya consolidando con la participación de todas y todos, a mediano y largo plazo, tratar de que la publicación sea quincenal y luego semanal.

No dudamos que la publicación de El Comunitari@, es de gran importancia en la consolidación de nuestra Institución Comunitaria, que avanza en la construcción de un poder integral de los pueblos de carácter autonómico. Este trabajo realizado por un equipo de compañeros del área de Comunicación Comunitaria, muestra la confianza y la seguridad que tenemos en el proyecto que nos hemos trazado como pueblos, de construir alternativas para una mejor convivencia comunitaria, por un pueblo mejor; con identidad y dignidad.

Es importante destacar la trascendencia que implica que justamente en estos tiempos nuestra institución comunitaria eche a andar este nuevo proyecto de comunicación, debido a que en el mes de mayo se destaca las luchas históricas de los trabajadores (1 de mayo) y la resistencia de los pueblos originarios en contra del intervencionismo y colonialismo (5 de mayo), nos damos cuenta que la lucha sigue, pues los gobiernos en turno en nuestro país, no paran en su intención de quitarle sus derechos a los trabajadores como lo vemos ahora con la lucha magisterial y el despojo de los territorio de los pueblos originarios; los gobiernos en turno se empeñan en facilitar la entrada a capitalistas extranjeros para que despojen nuestras tierras y territorios, nuestros recursos naturales y nuestra fuerza de trabajo, como es el caso de las mineras y el proyecto de la reserva de la biosfera en la montaña alta y costa montaña.

Nacemos como proyecto de comunicación, pero nacemos con la fortaleza de ser parte de una gran institución como lo es la CRAC -PC.

Pretendemos que este medio sirva para informar, para denunciar, para formar conciencia y en definitiva, para coadyuvar en la construcción del poder del pueblo.

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Mano a Mano Guatemala: genocidio ayer e impunidad hoy

Mano a Mano Guatemala: genocidio ayer e impunidad hoy

RadioMundoReal

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monttEl juicio contra el ex general guatemalteco Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y su influencia en la actualidad de ese país formaron parte de esta nueva entrega del programa de análisis de Radio Mundo Real.

Desde Guatemala dialogamos en mesa redonda con Alejandra Castillo y Edwin Canil del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH).

Participa también moderando el programa Rosa Tomas, de la Convergencia Maya Waqib’ Kej y en la producción del espacio el integrante de CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala Óscar Gálvez.

Las raíces y causas de la dictadura militar, sus implicancias, la identificación de los pueblos mayas como “enemigo interno” al régimen y el manto de impunidad que aún se resiste a ser corrido formaron parte del programa.

Asimismo, cómo influyen estos casos de violaciones de DDHH en la actualidad violenta de Guatemala y los diversos conflictos territoriales que tienen lugar en el país.

Declaración final del Congreso Nacional de Paz, Bogotá

Declaración final del Congreso Nacional de Paz, Bogotá

Tras tres jornadas intensas de debates con participación masiva de representantes de comunidades y organizaciones sociales de toda Colombia, así como delegaciones internacionales, el Congreso Nacional de Paz emitió la siguiente declaración que ofrecemos en texto y audio.

Audio (RadioMundoReal): Una ruta social común (MP3 39 MB)

congreso pazConsiderando que la búsqueda de la paz con justicia social es un asunto que le concierne al conjunto de la sociedad colombiana, nos encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso para la Paz para mandatar en torno a una agenda, y el movimiento social, que requiere el país para encontrar una solución definitiva al conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo.

Seguimos sosteniendo que la paz no consiste únicamente en el silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no podrá consolidarse una sociedad en paz sin los cambios necesarios que ataquen de manera decidida las raíces del conflicto y sin revertir las acciones del Estado que vulneran los derechos de los pueblos. Las graves problemáticas que vive la mayoría del pueblo colombiano son factores que profundizan el conflicto, por esa razón avanzamos en delinear una agenda social de paz planteada en perspectiva de superar las condiciones de pobreza, desigualdad, marginalidad, impunidad y exclusión política que han caracterizado al régimen político imperante, a través de la lucha organizada. Esa agenda social de paz es expresión de los anhelos de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales que buscan una sociedad con una paz genuina basada en la plena garantía de los derechos humanos y la construcción de un país más equitativo.

Consideramos que no podrá construirse la paz sin el concurso de los sectores sociales populares que hemos padecido la guerra. Insistimos en que la salida al conflicto armado no le compete solamente al gobierno nacional y las insurgencias, pues los sectores populares también tenemos mucho que aportar en la construcción de paz. Si el cese del conflicto armado requiere de consolidar una sociedad democrática, es necesario empezar por democratizar la búsqueda de la paz.

Saludamos la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC-EP, es un espacio importante en el avance hacia la paz, sabemos que ésta es restringida porque no hay partición desde el movimiento popular, la agenda es limitada y no están todas las insurgencias. El movimiento popular es un sujeto real y sus opiniones tienen que hacer parte de las salidas al conflicto y de un acuerdo nacional. La paz no es una prerrogativa exclusiva de los armados, debe ser un propósito nacional que vincule a diversos sectores de la sociedad colombiana. Hacemos un llamado para que se instituyan caminos similares con el ELN y EPL para que avancen en nuevos escenarios de diálogo.

Para nosotros y nosotras la paz tiene que ver con cambios estructurales, por ello nuestra agenda contiene un programa que persigue el fin del conflicto, la construcción de políticas que generen justicia social, la defensa de los territorios, las salidas a la crisis humanitaria, la democratización del régimen político, la lucha contra la impunidad y la plena garantía de los derechos humanos. En ese orden, nuestra apuesta de paz pasa por:

Un nuevo modelo económico que redistribuya los ingresos y la riqueza, cuyo principal objetivo no sea la acumulación de capital sino el bien-estar de la población. Un modelo que no agreda los territorios y los ecosistemas, sino que parta de su protección, el respeto a la naturaleza y la afirmación de la diversidad social, cultural y ambiental. En suma, una nueva concepción de la economía que desmonte el neoliberalismo, la dependencia, la privatización, la mercantilización, la financiarización, el despojo y el autoritarismo.

La reinvención de la política, plantear nuevas formas de gobernabilidad, así como nuevas maneras de defensa de lo público, para concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado. Por lo tanto, mandatamos construir política desde los territorios para construir un nuevo Estado y una nueva forma de gobernar.

Es necesaria una transformación estructural del modelo de justicia imperante en nuestro país, caracterizado por legitimar un conjunto de medidas que le apuntan a garantizar el orden social y político impuesto. Como rechazo a este modelo de justicia hegemónico, represor y elitista, los pueblos que mandatamos paz para la vida digna concebimos urgente la construcción de un nuevo modelo de justicia que tenga como objetivo central la garantía integral de los derechos de los pueblos, partiendo de los mecanismos comunitarios y populares que existen y han existido, y proyectándose hacia las grandes decisiones judiciales que se toman en el país, un nuevo modelo de justicia que fortalezca el tejido social de las comunidades y responda a las necesidades concretas del pueblo Colombiano, expresadas en la agenda legislativa de país que proponemos como alternativa de vida digna y justicia social, así si podemos hablar de paz.

Seguiremos luchando por salud y educación públicas, universales, gratuitas, sin discriminaciones de ningún tipo, a partir de un enfoque de derechos que reemplace la mercantilización de la vida. La ley 100 de 1993 y las propuestas de reforma a la educación son factores de guerra contra la sociedad, especialmente contra los sectores populares. ¡Trabajo digno y sin distinción de género, economía que parta de lo regional, socialización de la riqueza y de los medios que permiten la producción, economía propia y soberanía, una educación amplia, gratuita y de calidad. El reconocimiento de la diversidad de pueblos que habitamos este territorio que pasa por reconocer la autonomía y dar la posibilidad de existencia a pueblos que han sido condenados al exterminio!

Consideramos que para llegar al fin del conflicto es necesario solucionar el problema histórico de la tierra y el territorio. Es inaplazable la formulación de figura jurídica y política que garantice el territorio y la territorialidad para el campesinado como base para una genuina política de reforma agraria integral. Es crucial una reforma tributaria que grave con impuestos altos a los grandes propietarios de la tierra. Consideramos que las Zonas de Reserva Campesina son una ganancia del movimiento campesino colombiano, consideramos fundamental defenderlas como instrumento de la lucha de las comunidades rurales. También creemos que es necesario generar otras figuras que solucionen los problemas del campo abarcando todo el territorio nacional y atacando la gran propiedad terrateniente para buscar una genuina redistribución de la tierra y la pervivencia en el territorio. Por lo anterior, no compartimos la sustracción de Zonas de Reserva Forestal para instaurar Zonas de Reserva Campesina. Es necesario seguir buscando el reconocimiento, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas y territorios colectivos afro.

Seguiremos luchando por la suspensión de las concesiones de territorios a empresas transnacionales. Seguiremos expulsando a esas compañías de nuestras regiones. Buscaremos derogar las normas que legalizan el despojo y que amenazan la vida y la permanencia en los territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradicada en su totalidad. Nos oponemos a toda forma de extranjerización de la tierra y cesión de baldíos de la nación a grandes inversionistas. Rechazamos la posible aprobación del derecho de superficie, el vuelo forestal y demás formas de privatización soterrada de la tierra y el territorio. Es necesario reformar el régimen de licencias ambientales con el fin de generar mecanismos jurídicos efectivos que protejan los ecosistemas. Las comunidades delimitaremos Zonas de Biodiversidad para proteger los territorios.

Proponemos una ley marco de hidrocarburos que reivindique elementos de soberanía nacional y redistribución de la renta petrolea y gasífera. Buscaremos que Ecopetrol vuelva a ser una empresa completamente pública y buscaremos instituir una empresa nacional minera pública. De igual manera defendemos el carácter público de los demás bienes comunes de carácter estratégico para la nación. Es necesario generar una política de pago de la deuda ambiental generada por la extracción de recursos.

Buscamos una cultura de la vida que propague una nueva ética de sobrevivencia y de convivencia, y que libere la re-creación de la sociedad. En ese gran propósito, será necesario consolidar un movimiento cultural que involucre el conjunto de acciones que promuevan la cultura de la vida, desde la educación, las comunicaciones, el arte, el deporte y la recreación.

Asumimos el comprimiso de establecer y fortalecer los lazos con los pueblos hermanos de nuestra américa y especialmente con movimiento sociales y populares que encaminan sus luchas por la autodeterminación, la soberanía y la construcción de la patria grande. Hablamos de CLOC-via campesina, Frente Darío Santillán, Coordinadora de Movimientos Populares de América (COMPA), Movimiento de los Sin Tierra y otros. Buscaremos interlocusión ante UNASUR, MERCOSUR, CELAC Y ALBA en camino de lograr acompañamiento efectivo para el proceso de paz en Colombia y para presentar nuestra agenda de país para la vida digna.

Finalmente, como Congreso para la paz planteamos que vivimos hoy una crisis humanitaria en nuestros territorios, como consecuencia de las lógicas extractivitas, represivas y excluyentes que el actual régimen ha establecido durante décadas, y que se agudiza por la existencia del conflicto armado. Esta crisis se manifiesta, entre otras, en la militarización de los territorios indígenas, campesinos, afro decendientes, y urbanos; en la sistemática violación a los derechos humanos y las infracciones al DIH; en la precariedad de la población carcelaria y en especial de los y las detenidas políticas que por su estado de sujeción se ven excluidos de todos sus derechos; en la criminalización de los sectores rurales; en la sistemática violencia sexual ejercida contra las mujeres y niñas, hombres y niños que genera no solo afecciones individuales sino afecciones colectivas que generan rupturas del tejido social y familiar.

En consecuencia, la construcción de esta agenda social el Congreso para la paz ratifica y propone como escenarios para la acción política:

1. Configurar espacios regionales y locales de diálogo (insurgencia, Gobierno, comunidades) para solucionar la crisis.

2. Promover y establecer una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis
humanitaria al tiempo que avanzamos en la exigencia de la libertad inmediata para lxs luchadores detenidxs (presas y presos políticos) arbitrariamente y le exigimos tanto al Estado como a las insurgencias el cese bilateral al fuego.

3. La Ruta Social Común para la Paz, en la que seguiremos participando de manera más activa y aunaremos esfuerzos para vincular otras organizaciones sociales y políticas que le apuestan hoy a la Paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos más claramente la participación de todas las regiones en ella. Además de ello debemos jalonar desde allí la construcción de una agenda de paz conjunta para el país, que contemple iniciativas como las constituyentes por la paz.

4. La construcción de un espacio multilateral de dialogo, donde juegue nuestra visión de paz, permita la participación directa y decisoria de sectores populares, sociales y democráticos. Lo nuevo de este escenario es que participaran los excluidos, los sin voz.

5. La construcción del movimiento social por la paz persiguiendo una gran confluencia democrática y popular por la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero, ya tenemos unos acumulados en cuanto a movilización y encuentro con otros, requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos retomar las experiencias que diversas comunidades han venido construyendo en la conformación de territorios de paz. Estos serían escenarios idóneos para desarrollar propuestas de diálogos regionales.

Dicho movimiento debe reunir a los diversos sectores sociales y políticos que coincidan en la necesidad de impulsar la movilización por una agenda social de paz y la pertinencia de la participación de los sectores populares en los procesos de paz. La unidad debe entenderse como principio permanente de ampliación de la agenda política del movimiento social por la paz y como la acción conjunta de diversas expresiones políticas y sociales. Este debe ser ante todo un agente de impulso de una agenda política por la superación del conflicto social y armado y por la erradicación de las condiciones que lo hacen posible. Por esa razón el movimiento por la paz cristaliza sus propósitos en la acción política y la movilización por una sociedad con justicia social y vida digna.

CONGRESO PARA LA PAZ
PUEBLOS CONSTRUYENDO PAZ PARA LA VIDA DIGNA

Cruzada Nacional contra el Hambre en México, burla y desperdicio

Cruzada Nacional contra el Hambre en México, burla y desperdicio

En México hay más de 37 millones de personas en pobreza extrema. El nuevo gobierno lanzó un ambicioso plan para combatirla que parece más un espectáculo de televisión.
Por David Ordaz. Hemisferio Zero.

hambreCiudad de México, MÉXICO// El evento fue anunciado como uno de los grandes retos para el gobierno actual. El sitio era emblemático: San Juan Chamula, un municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno de los más pobres del estado de Chiapas y de México entero. Ahí se firmaría el edicto presidencial de Enrique Peña Nieto llamado “Cruzada Nacional contra la Pobreza”.

A través de dicho plan, el gobierno federal y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezado por la controvertida Rosario Robles, buscaría establecer una diferencia con el modelo de atención social de los últimos sexenios.

En medio de miles de simpatizantes priístas que llegaron en camiones de la sede local ubicada a un lado de la alcaldía, Peña Nieto caminaba hacia el podio donde lo esperaban los 32 gobernadores del país y todo su gabinete. El Presidente llevaba en mente que se retomaría el Programa Nacional Solidaridad (Pronasol) instaurado en 1988 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y cuyo objetivo era dotar a la población de servicios de salud, educación y mejora de infraestructura, involucrando a las propias comunidades en los trabajos mediante programas de empleo temporal.

El Plan Nacional contra la Pobreza contempla alrededor de 97,000 millones de pesos del Presupuesto federal y arrancó con tres programas rectores: 1) La Cruzada Nacional contra el Hambre; 2) El Programa “65 y más”, y 3) Un seguro de vida para mujeres jefas de familia.

Dicho plan será reforzado con la creación del Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza que eliminará el sesgo asistencial y el uso electoral de los programas sociales transparentes que permitan su evaluación y la rendición de cuentas.

La estrategia del Gobierno actual involucra 65 programas sociales con recursos que, en el papel, beneficiará a 400 municipios de todo el país y que no solo implicaría el reparto de recursos, sino que reclutará a más de 25,000 promotores que se sumarán a los recursos humanos que aportarán las otras 18 dependencias federales involucradas en la Comisión Intersecretarial para la Cruzada: Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda, Educación, Salud, Defensa, Marina, Energía, Medio Ambiente, Trabajo, Turismo, Ganadería, Comunicaciones y Transportes y Trabajo, así como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz abarcan el 65% de los municipios considerados en la estrategia. Sin embargo, incluye también localidades urbanas donde se concentra una gran cantidad de mexicanos en esa condición.

Aunque los spots oficiales solo mencionan a 7 millones de pobres, el informe 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refiere que en México hay 21 millones de personas en pobreza extrema y especialistas como Julio Bolvinik ya hablaban desde 2009 de que el índice de pobres es de 75 millones y 37.5 millones de personas viven en pobreza extrema.

Tal y como sucede con todas las iniciativas de Enrique Peña Nieto, la preocupación principal de la actual administración sigue siendo la forma y no el fondo.

Resulta relevante que, en el Plan Nacional contra la Pobreza, las acciones planteadas sean la convocatoria a un concierto en el Auditorio Nacional para intercambiar entradas por un kilo de comida o que en el sitio de Facebook de la cruzada, por cada “like”, una empresa donara botellas de leche.

Otras de las ideas propuestas por la secretaria de Desarrollo Social son la de proyectar películas en los 400 municipios beneficiados, auspiciado por la cadena Cinépolis, o equipar a los niños con cámaras fotográficas para evidenciar los cambios “positivos” del programa.

En respuesta al lanzamiento de dicha cruzada, el subcomandante Marcos (que en 1994 encabezó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional -EZLN- contra el régimen de Salinas de Gortari), criticó la Cruzada contra el Hambre y la calificó como una “pésima coreografía, asegurando que ‘ya nadie les cree’”.

En un texto titulado “Alí Babá y sus 40 ladrones”, Marcos dijo no tener palabras para expresar el sentir zapatista acerca del programa e ilustró su respuesta con un dibujo “obsceno” de una mano con el dedo medio en alto, seguido de su firma.

Para la Cruzada Nacional contra la Pobreza, la Sedesol convocó a 19,000 organizaciones de la sociedad civil y hasta el momento se han sumado: PepsiCo, Kellogs, Nestlé, Fundación Merced, Un Kilo de Ayuda, Fundación FEMSA, Asociación Mexicana de Alimentos, Comedores Santa María, Fomento Social Banamex, Organismo de Nutrición Infantil, Centro de Apoyo al menor Trabajador de la Central de Abasto, Unidos por la Montaña, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, Proyecto Hambre, el Centro Nacional para el Desarrollo Integral, Integra Servicios Agropecuarios y Ayuda en Acción México, entre otras.

En el caso de PepsiCo, esa empresa trasnacional se unió a la campaña a través de un producto hecho a base de avena con el fin de “solucionar las necesidades nutricionales de los menores, las embarazadas y en lactancia”, que tendrá un “precio accesible y que “contribuirá a cubrir todas las necesidades diarias de nutrición de la población”. Curiosamente, la empresa de refrescos tiene como socia a Magdalena Robles, hermana de la titular de Sedesol.

Por su parte, Kellog´s (otra multinacional) atacará los problemas de alimentación y donará 50 millones de raciones a través de 1,000 millones de desayunos con cereales para algunas regiones de América Latina, incluido México hasta 2016.

Sobre la participación de empresas privadas en la Cruzada Nacional contra el Hambre, Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra los Conflictos de Interés, afirmó que “México ya tiene un problema enorme de obesidad que está agotando los presupuestos familiares y al sistema de salud, por lo que, incorporar a esas empresas que han provocado ese estado a una Campaña contra el Hambre, fácilmente podría empeorar esta situación”.

Por si esto fuera poco, en febrero pasado, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA) dio a conocer que en México se destruyen alrededor de 4.2 millones de toneladas de comida cada año, pues las empresas que destruyen los alimentos desconocen las ventajas fiscales como la deducción de impuestos a través de la donación que serviría para alimentar a 33 millones de personas.

Para empeorar el panorama, la AMBA informó que en 2012, se recuperaron solamente 128,000 toneladas de alimentos, que representan el 3% de todo lo que se desperdicia en México y que, para hacerlo, las empresas deben pasar por trámites burocráticos que terminan por hastiar a los posibles donantes al enfrentarse a detalles como: comprobar si los alimentos que ya perdieron su valor comercial y que tienen un margen de caducidad de al menos 30 días; dar aviso al SAT de la fecha límite en que éstos podrán ser donados; hacer paquetes con la mercancía en bancos de alimentos y contar con un listado de organizaciones, fundaciones y población necesitada, a las que convocan a recoger los productos, entre otros.

La Cruzada Nacional contra el Hambre seguirá siendo una de las apuestas fuertes para el Gobierno Federal aunque esté iniciando con el pie equivocado. Rosario Robles sigue entre los personajes menos populares para la ciudadanía y no genera la confianza suficiente para aquellos a quien supuestamente beneficiará esta estrategia.

Con objetivos como un concurso de fotografía, proyección de películas, entrega de despensas y un pesado año electoral que se aproxima en al menos 10 estados, parece que este Plan Nacional está más enfocado a fines electorales y de promoción del voto que a un beneficio real para la población más necesitada.

Congreso para la Paz: Pueblos Construyendo Paz para la Vida Digna

Congreso para la Paz: Pueblos Construyendo Paz para la Vida Digna

El congreso para la paz: Pueblos Construyendo Paz para la Vida Digna, se realizará entre el 19 y el 22 de abril de 2013, en la ciudad de Bogotá DC. – Colombia

Información: AQUÍ

congreso paz1. PRESENTACIÓN – JUSTIFICACIÓN: Colombia vive un conflicto social, político y armado de más de seis décadas. Las causas del conflicto siguen actualmente vigentes, pero también es claro que los costos humanos y económicos de medio siglo de guerra son muy altos para el país y para su gente.

En este contexto de una guerra impuesta, la paz, como una de las más urgentes aspiraciones democráticas de diversos sectores sociales en Colombia, hoy vuelve a ponerse al centro del debate político en el país. Diversos procesos, organizaciones sociales y políticas, a partir de su reiteración de la necesidad de una solución política al conflicto armado, han decidido articularse entorno a la construcción de una paz que valla más allá de la terminación de la guerra. Una paz con justicia social cuya construcción esté guiada por los pueblos y sus formas organizativas. Una paz que signifique respeto y garantías a los derechos humanos, económicos, laborales y ambientales con principios sociales basados en la justicia social y la equidad.

Bajo estas premisas, consideramos necesario la realización de un Congreso Para la Paz donde nos encontremos todos y todas quienes pretendamos por una propuesta de paz integral y vida digna; entendiendo la paz como i) un proceso colectivo y democrático; ii) construida desde las dinámicas locales, regionales y desde los pueblos de Colombia en coordinación y solidaridad internacionalista con los pueblos del Mundo; iii) una Paz más allá del cese del fuego y que implique la superación de las causas estructurales que dieron origen a los conflictos: (Concentración de la tierra a partir del despojo y el terror de la guerra; el monopolio de los medios de producción; la explotación laboral y la opresión social; el cierre de espacios políticos y el monopolio y concentración del poder gubernamental y administrativo del país excluyendo la participación democrática de la sociedad; un modelo de justicia basado en el populismo punitivo y pro-carcelario que criminaliza la pobreza e ilegaliza la acción legitima de los pueblos en sus reclamos de democracia, etc.).

Es por esto que si de discutir y construir rutas para la paz en Colombia se trata, esto implica un diálogo democrático entre las comunidades, las organizaciones políticas y sociales, las insurgencias, el Estado, los poderes económicos, las iglesias, la comunidad internacional y los pueblos del mundo interesados en el tema.

Para este propósito convocamos el Congreso para la paz como una propuesta de Paz Integral, para superar por la vía de la movilización y organización política y de los argumentos, los problemas esenciales que generaron los conflictos y que proponga caminos de organización y dignidad para nuestros pueblos. En este camino hemos avanzado en espacios como la Ruta Social Común para la Paz donde diversos sectores y organizaciones sociales encuentran una articulación importante de contribución a la construcción de la paz.

2. CARÁCTER: Congreso para la Paz es un proceso que debe involucrar diversos niveles de sensibilización, visibilización de propuestas y experiencias, encuentros regionales y nacionales. Es de carácter deliberativo y decisorio en cuanto la construcción legislativa común para mandatar. El congreso para la paz es un proceso amplio, representativo y movilizador.

3.  OBJETIVO GENERAL: Consolidar y posicionar  una propuesta colectiva de paz y de país desde la articulación de visiones, apuestas e iniciativas sociales locales, regionales y nacionales que aporte en la construcción de paz integral para Colombia y en la generación de iniciativas y mandatos concretos para el momento que vive el país,  lo que requerimos para avanzar hacia un país en paz. Esto sin alejarnos de los conflictos que agreden la vida y los derechos de los pueblos en el resto del mundo.

    1. 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

    ¥ – Recoger, articular, construir y movilizar una agenda social
    ¥ – Contribuir a fortalecer un movimiento social para la paz
    ¥ – Aportar a la incidencia en los distintos escenarios nacionales e internacionales sobre el tema de la paz
    ¥ – Generar movilización social por la paz

Río Blanco: La lucha legitima del Pueblo Lenca y la arrogancia de los grandes capitales para el saqueo y la privatización

Río Blanco: La lucha legitima del Pueblo Lenca y la arrogancia de los grandes capitales para el saqueo y la privatización.

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH

copinhDesde hace varios años las comunidades que conforman este sector de Río Blanco,  organizadas al COPINH, han venido denunciando la amenaza que representa el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca,  la concesión  del río  fue otorgada  por parte del Congreso Nacional con el aval de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA, en septiembre del 2010 a la Empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima DESA, ahora con la participación de la trasnacional  de capital Chino SINOHYDRO, inicialmente otorgada   por  un  periodo de  20 años,  todo  en el reciente  marco del Golpe de Estado, durante el cual se favorecieron de manera ilegal, corrupta y desde el poder factico muchas empresas hidroeléctricas.  La concesión del Río Gualcarque, se sumó a un paquete de  46 concesiones más.

Toda esta entrega de Bienes Comunes de la Naturaleza fue de manera inconsulta e irrespetuosa, violentando, en el caso de los Pueblos Originarios, el Derecho a la Consulta Plena, Libre e Informada, el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales del Mundo, la Declaración de la ONU Sobre Pueblos Indígena, títulos antiguos y al derecho ancestral al territorio, sus culturas y espiritualidad, patrimonios económicos y comunitarios.

Actualmente las comunidades organizadas al COPINH, libran un lucha sin tregua ante la intensificación  de las presiones de las empresas nacionales e internacionales por apropiarse de mucha riqueza, más el favoritismo servil de los distintos poderes del Estado, que con el avance del modelo de los Estados al servicio trasnacional agudiza los conflictos sociales, amenazas y agresividad, incluso directamente en los territorios, avanza la militarización, el paramilitarismo, sicariato y  el estado de impunidad  en todos los casos de represión y violación de derechos humanos, como también crece la  vulnerabilidad para las luchadoras y luchadores indígenas y sociales.

Comunidades en resistencia pacífica y legitima son las que pertenecen a este sector de Río Blanco, que en respuesta a su exigencia ha recibido graves amenazas, discriminación, violación a sus derechos individuales y colectivos, militarización; Pese a que las comunidades han realizado Cabildos Abiertos, Asambleas Indígenas, manifestaciones públicas en la ciudad de La Esperanza y en Tegucigalpa, denuncias en la Fiscalía de Etnias, denuncias a la SERNA y realización  de inspecciones ambientales junto con la misma, así como denuncias al Congreso Nacional por otorgar estas concesiones, no se ha respetado la decisión  que es el rechazo total y reiterado a este proyecto que privatiza el sagrado Río Gualcarque, el territorio y energía, que significa además daños ambientales, desplazamiento de población, daños al patrimonio cultural y económico, militarización de la zona y amenazas contra varios miembros de las comunidades y del COPINH como ya lo han hecho los empresarios, sus guardias de seguridad, empleados y sicarios.

Esta situación ha sido agravada por la presión redoblada de las empresas, y además porque están entendiendo que la disposición de las comunidades es continuar en la defensa de los ríos, los territorios, su cultura, su espiritualidad, autonomía,   a través de la tomas de carretera en las inmediaciones del plantel del proyecto, del fortalecimiento del proceso organizativo, control territorial y de toma de decisiones de las comunidades, labor comunicacional, procedimientos por la vía judicial y otras acciones legitimas. Actualmente la acción más fuerte es la que desarrolla en este momento y que ha sido a partir del 1 de abril, 2 semanas constantes de lucha, donde participan a diario no menos de 300 habitantes Lencas de este sector, la decisión es continuar y que sea permanentemente discutidas las propuestas  y tomar las mejores decisiones todo bajo un proceso asambleario indígena.

copinhLa demanda clara del Pueblo Lenca es el retiro del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, donde tiene intereses puestos DESA, SINOHYDRO, el Banco FICOHSA, y COPRECA, en estos proyectos hay contribuciones del BCIE y del Banco Mundial.

Esta acción de defensa territorial no es aislada,  es parte del proceso que mantiene el COPINH en defensa de los derechos del Pueblo Lenca, de su autonomía, de los ríos, cultura, y de nuestra propia existencia como Pueblo Indígena, ya que a los señores capitalistas y racistas no les importa ni comprenden la profundidad, la complejidad, la relación, los significados de la existencia de todas formas de vida, de la Madre Tierra, del equilibrio y  de nuestras cosmovisiones y propios conceptos de desarrollo, muy distintos al de las corporaciones y de la oligarquía.

La lucha en el Sector de Río Blanco, la cual ha sido de muchos años, ha sido y es fundamental en la defensa territorial y los derechos históricos, enfrentar el poder oligarca, banquero y trasnacional más las fuerzas represivas no ha desanimado a las comunidades, y les hace elevar y consolidar  su consciencia de la dimensión de lo que enfrentan y definir nuevas estrategias que hagan sostenible y más profunda los procesos emancipatorios. Hay que destacar que la valoración colectiva y participativa realizada este domingo 14 de abril del presente años, por parte de  las comunidades sobre esta etapa de resistencia es positiva y de logros, como ser la alta participación de las mujeres, el que al empresa solo este trabajando entre un 30 y 40 %, que hayan sabido enfrentan la hostilidad y el desalojo, paro de maquinaria, capacidad organizativa y de respuesta, que con la decisión de muchas  Asambleas Indígenas se mantenga la toma de carreteras,  entre otros igualmente importantes;  pero también se plantea la reflexión, que es clave elevar  aún más  la articulación, la denuncia publica ante el cerco mediático oligarca, la coordinación y la extensión de la rebeldía ante estos proyectos de muerte y de dominación, hoy podemos decir que se ha avanzado en estos puntos, y que se prevé nuevas acciones bajo un plan de lucha.

Sabemos que las empresas y trasnacional se mueven a altas esferas y presionan a las autoridades centrales, que la indiferencia, complicidad y avasallamiento del gobierno de Honduras es hasta humillante e indigno.

También, destacamos que la postura de las comunidades, pese a todo ofrecimiento corrupto y manipulador ha sido de mucha fuerza, dignidad y claridad ante los distintos tipos de maniobras. Por ello como COPINH en general, tenemos el convencimiento de  apostarle a estas causas por la soberanía, liberación, vida y descolonización, caminando a la Refundación de Honduras. Llamamos a la solidaridad y a arreciar las luchas sociales, creando y construyendo  desde abajo los proyectos de vida ante las distintas formas de opresión y violencia.

Somos hijas e hijos de Lempira, seguimos con la inspiración de su ejemplo, tenemos memoria, tenemos dignidad, tenemos riqueza, somos de la Madre tierra, somos del Agua, tenemos vida, consciencia y capacidad, existimos y luchamos con rebeldía.

Dado en Río Blanco, Intibucá, a los 15 días del mes de abril del 2013.

Coordinación General de COPINH
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH

Intibucá; copinh@copinh.org; copinhonduras.blogspot.com

Firma por la Libertad del Preso Político Alberto Patishtán

Preso Político Alberto Patishtán pide apoyo a sociedad civil

Firma aquí: http://www.avaaz.org/es/petition/Preso_Politico_Alberto_Patishtan_pide_apoyo_a_sociedad_civil_1/

Por qué es importante

patishtánEste mes un Tribunal en México decidirá si el preso político Alberto Patishtán sale libre o se quedará 48 años mas en la cárcel.

Patishtán es profesor, indígena tsotsil, quien estaba muy activo políticamente en su comunidad cuando fue detenido el 19 de junio de 2000 y sentenciado injustamente a 60 años de prisión. En la cárcel ha seguido luchando por la justicia organizando a los presos para que exijan condiciones humanas en las cárceles de México. El gobierno mexicano ha tratado de frenar su lucha mandándole a una cárcel de máxima seguridad donde ha sufrido diferentes formas de tortura. Gracias a la intervención de la sociedad civil después de año regresó a un cárcel cerca de su familia. Le otorgaron el Premio jCanan Lum reconociendo su lucha por la “transformación social de manera pacífica”. Su pueblo hasta la fecha sigue exigiendo la libertad de Patishtán.

Patishtán sufre de un tumor cerebral por lo cual está perdiendo la visión. Le operaron hace medio año, pero dentro de la cárcel no existe las condiciones suficientes para su recuperación.

Patishtán no se ha rendido y sigue luchando. Su caso llegó a la Suprema Corte en México donde uno de los jueces dijo públicamente que Alberto Patishtán es inocente y debería ser liberado inmediatamente. Desafortunadamente la Suprema Corte mando el caso a otro tribunal donde decidirán en este mes si puede salir libre. En general el sistema judicial en México es discriminatorio, Patisthán es indígena y por eso el apoyo público es importante.

Alberto actualmente hace jornadas de ayuno en la cárcel y llama a la sociedad civil a pronunciarse pidiendo su libertad para finalmente lograr la justicia.

¡Firma y comparte esta petición con todo el mundo!

LAS ABEJAS CELEBRAN EL DIA DE LA MUJER

LAS ABEJAS CELEBRAN EL DIA DE LA MUJER

Centenas de mujeres Abejas, acompañado por sus esposos, y unos internacionales marcharon de Yabteclum hasta Acteal, una marcha de mas de 3 horas

Organización de la Sociedad Civil las Abejas
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas, México

8 de marzo de 2013
Al Ejército Mexicano

actealAquí les venimos a decir:
A nosotras las mujeres nos afecta la presencia de los militares en nuestras tierras, porque desde la llegada del ejército en nuestras comunidades violaron y embarazaron a compañeras de comunidades no abejas , faltan el respeto y nos persiguen cuando caminamos solas, por el solo hecho de ser mujer.

El día de la masacre nos robaron muchas cosas, fuimos despojadas de nuestras casas. Nosotras las mujeres no tenemos miedo, por eso decimos al gobierno que no es justicia lo que está haciendo ahora, trata de comprar nuestra dignidad.

Ante el regreso de los paramilitares nos causa mucho enojo, tristeza y dolor porque murieron nuestros familiares, estamos viviendo con amenazas frecuentes; sin embargo, no tememos, al contrario nos da más valentía para seguir.

Como sobrevivientes no olvidamos lo que paso y seguimos en pie, aquí estamos para demostrarles que no tenemos miedo, aunque el gobierno no nos tome en cuenta, seguimos aquí, no nos cansaremos de exigir justicia.

El gobierno no da un alto ante el regreso de los paramilitares, y les decimos a los gobiernos que las mujeres nos levantamos para exigir justicia.

¡¡Fuera ejército de nuestras comunidades!!
¡¡Fuera ejercito de Chiapas!!
¡¡Queremos Paz y no la guerra!!

Atentamente

Las Mujeres de la Sociedad Civil las Abejas

Fotos y más información: espoirchiapas

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