Categoría: Energía

CartoCrítica

La fracturación hidráulica o fracking para extracción de hidrocarburos ha sido ocupada por Pemex en México al menos desde hace doce años (2003). Sin embargo, la perforación y operación de estos pozos no ha quedado en manos de Pemex, ya que para ello ha contratado a grandes empresas petroleras como Halliburton, Schlumberger o Baker Hughes, empresas que ahora podrán participar en las licitaciones de la Ronda Uno para obtener directamente la concesión de estos campos de hidrocarburos.

Según la información que ha sido posible recopilar mediante la solicitud de información pública con número de folio 1857500000714 realizada a Pemex Exploración y Producción, al menos 924 pozos han sido perforados mediante esta técnica, esto en los estados de Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).

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No obstante, en el documento de la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) denominado “Proyecto Aceite Terciario del Golfo. Primera revisión y recomendaciones” (página 20) fechado en abril de 2010, se menciona específicamente que 1,323 pozos han sido fracturados mediante fracturamiento hidráulico tan solo en este activo y hasta el 2010; es decir 1,323 pozos con fracking tan solo en el Paleocanal de Chicontepec ubicado entre los estados de Veracruz y norte de Puebla, faltando el resto de las regiones donde de facto sabemos que ha habido fracking.

Esta discrepancia en la información sirve de muestra con respecto a la negativa constante del gobierno federal para transparentar información y datos referentes sobre la infraestructura petrolera del país, situación que deriva en un panorama de desinformación que en nada beneficia a la sociedad y mucho en cambio a las actividades petroleras con bajos o nulos estándares sociales y ambientales. La opacidad con respecto a la infraestructura petrolera se extiende por diversos temas, entre otros: la ubicación geográfica de pozos y ductos, las especificaciones técnicas mínimas de cada pozo, la delimitación de los campos de hidrocarburos, la ubicación de los linderos de las rondas cero y uno, entre otros. Esto claro, sin entrar a los temas financieros.

¿Cuáles y cuántos pozos de fracking conocemos actualmente?

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Alianza Mexicana contra Fracking

Vivir a metros de pozos fracturados es una pesadilla.
La Alianza Mexicana contra el Fracking recoge voces de personas afectadas por fracking en diferentes partes del mundo. Aquí John Fenton de Wyoming, EEUU, nos relata su experiencia y nos motiva a luchar contra el fracking.

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La Alianza Mexicana Contra el Fracking estrenó un video con Julieta Venegas, Lumi Cavazos y Rubén Albarrán para explicar qué es la fractura hidráulica o fracking, una práctica que afectara a indígenas de la Huasteca potosina, entre otras zonas. La campaña en Avaaz.org pide prohibir la práctica a diputados y senadores y cuentan ya con 20 mil firmas. Esta semana, en el barco de Greenpeace “Esperanza” que visita el Puerto de Veracruz, se estrenó el video. Vía Aristegui Noticias.

Alianza Mexicana contra el Fracking

Para mayor información:
nofrackingmexico.org
@NoFrackingMx

https://youtu.be/v1Yu_h_nc_Q

La Jornada de Veracruz

En el estado de Veracruz ya se realizan trabajos de fracturación hidráulica, sobre todo en la zona norte, de acuerdo con datos proporcionados por la Alianza Mexicana Contra el Fracking. Alejandra Jiménez, representante de esta organización ciudadana indicó que de los 940 pozos de fracturación hidráulica que existen en México, 349 se encuentran en Veracruz y, de éstos, 171 se ubican específicamente en el municipio de Papantla.

“No ha habido acceso a información (…), no nos han dicho las consecuencias, yo vivo en El Chote, una comunidad que está rodeada de pozos tradicionales y tuberías para transportar todo el hidrocarburo, y ya hay fracturación hidráulica”, explicó.

Indicó que el fracking se ha extendido ya por toda la entidad, y aunque se concentra en la zona norte, como Papantla, Poza Rica, Álamo y Castillo de Teayo, en la zona Sur, como Coatzacoalcos, también se han detectado ya.

Señaló que la cantidad de agua que se utiliza para el proceso de fracturación hidráulica y obtener el gas shale es abrumadora, lo peor es que aún no se sabe a dónde se ubican los pozos letrina, donde se entierra todo el líquido con químicos que queda de desecho. “Hay pozos letrina donde regresan desechos a profundidades de más de 5 kilómetros; a 3 kilómetros de donde vivo es pozo letrina y lo detectamos por la peste impresionante”, explicó. Además, estos líquidos contaminados se depositan en el río Tecolutla.

La representante de la Alianza Mexicana contra el Fracking afirmó que en la región del Totonacapan hay municipios donde carecen de agua y menores de edad dedican gran parte de su día para acarrear agua, mientras que para esta técnica se dispondrán con facilidad de millones de litros sin ningún empacho.

Indicó que a pesar de que todavía no se han realizado estudios sobre cuáles son las verdaderas consecuencias del fracking en materia sismológica, porque se ha dicho que sí aumenta la actividad sísmica, sí han hallado ciertos patrones interesantes. “Sí tenemos presencia de eventos sísmicos, en el puerto de Veracruz hubo un sismo hace aproximadamente nueve meses, cuando nunca había sucedido, tenemos en el Totonacapan forma aislada”, dijo.

Afirmó que tampoco se le ha dado tanta importancia por parte de las autoridades a los efectos que el fracking podría tener sobre la salud, pues es un tema al que se le debe de dar prioridad atención. “Estamos documentando que hay incidencia alta de cáncer en la región del Totonacapan, en específico en Poza Rica y de algunas comunidades de Papantla, como la Emiliano Zapata, también aumentan enfermedades del sistema respiratorio, alergias y todo ello relacionado con industria extractiva”, dijo Jiménez.

Expuso que con la extracción del gas shale a través de la técnica del fracking, se libera metano, que causa contaminación y efecto invernadero. La representante de la Alianza Mexicana contra el Fracking afirmó que esto implica una paradoja en sí.

Además la responsabilidad ambiental termina diluida entre todas las empresas que ahora tendrán acceso, porque no sólo será Petróleos Mexicanos, sino la empresa que es contratada por ellos y la que a su vez contratará esta segunda empresa y así sucesivamente.

Chihuahua vs fracking, la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Fundación Heinrich Böll convocan al foro donde especialistas, organizaciones y comunidades afectadas por la fractura hidráulica o fracking y por gasoductos informarán con datos científicos y experiencias sobre las consecuencias que esta práctica conlleva.

Transmisión via Livestream para que todes puedan beneficiarse de este esfuerzo.

Chihuahua vs Fracking celebrará foro binacional

Chihuahua, Chih.- Con el fin de debatir los temas relacionados con la práctica de explotación de pozos de “gas shale” y los efectos adversos en la ecología, la organización Chihuahua contra el Fracking celebrará el foro binacional “En defensa del desierto y del agua” mismo que contará con especialista de Estados Unidos y México.

El líder de la organización, Adrián Carrillo, señaló que este encuentro es en respuesta a los comentarios vertidos por Manuel Russek, Secretario de Economía, quien  dijo que aún no es prematuro hablar de fracking en Chihuahua, sin embargo la organización ha detectado una serie de transacciones y cambios en los registros públicos de la propiedad.

“Es más necesario hablarlo como un tema temprano antes de que se practique, porque una vez puesto en marcha es muy difícil que se detenga… como ya tenemos más de seis meses en llamado a debate y las autoridades no nos han hablado, nosotros haremos este foro binacional”, expresó.

Por lo anterior, exigieron al Secretario de Economía que se informe sobre las pláticas y negociaciones que existen con empresas de Odessa y Midland en Texas, sin embargo estos acuerdos están bajo confidencialidad.

Reiteró que en Chihuahua las exploraciones se han desarrollado en Coyame y Manuel Benavidez, sin embargo esta actividad aún no se pone en marcha.

Vía Movimiento M4

Equipo de Trabajo:
Pablo Bertinat, Eduardo D ́Elia,
Observatorio Petrolero Sur, Roberto Ochandio,
Maristella Svampa y Enrique Viale

Prefacio (fragmento)

Las advertencias sobre los riesgos e incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado, durante décadas desestimadas en nuestro país, actualmente ocupan un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales y políticos. Así, aquellos megaproyectos que antes eran aceptados sin discusión por la población, hoy comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Los daños sistemáticos en el ecosistema –en algunos casos irreversibles–, que afectan y amenazan cada vez más el desarrollo y la reproducción de la vida, han volcado el tablero.

 

Los debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas de las metrópolis hoy son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía del país. Así ha sucedido con la megaminería a cielo abierto en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. Asimismo, comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos socio-sanitarios, al desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, al avance del desmonte y la tendencia al monocultivo.

La extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta en este registro controversial, aún así posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo. Los cuestionamientos científicos, las resistencias y los graves conflictos que está suscitando la imposición del fracking en diversas regiones del planeta, más aún, el horizonte civilizatorio que implica la consolidación de una determinada matriz energética, hacen necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en nuestra sociedad.

Desde nuestra perspectiva, tres son los ejes esenciales en dicho debate colectivo. Uno, el eje que sostiene la necesidad de construir un enfoque integral y multidisciplinario; dos, el eje que defiende la pluralidad del saber científico y su independencia respecto de los diferentes poderes (económico, político, mediático, religioso); tres, el eje que conecta la discusión con la cuestión de la democracia y sus fronteras, esto es, que construye un abordaje complejo e interdisciplinario, en convergencia con una visión participativa de la democracia.

Así, el primer eje está vinculado a la multidisciplinariedad. Dada la complejidad del tema, así como el carácter controversial ya evocado, el debate sobre el fracking exige desarrollar un enfoque integral y multidisciplinario, que dé cuenta de las múltiples dimensiones que atraviesan la problemática, desde las más generales (la cuestión geopolítica, la cuestión de la matriz energética, la normativa especial que ésta genera, el rol de las empresas nacionales y las trasnacionales), pasando por aquellas estrictamente técnicas (si el fracking es una técnica segura o no; qué implicaciones puede tener en su carácter de técnica experimental, el impacto ambiental sobre el agua, sobre el territorio, sobre la salud de las personas y animales, sobre el cambio climático), hasta aquellas más políticas y sociales (qué sucede con las economías regionales; qué configuraciones urbanas y sociales aparecen asociadas a esta matriz, porqué se niega la participación de las poblaciones afectadas, qué cuestiones involucra la criminalización de las luchas, entre otros).

El segundo eje inserta esta discusión en un escenario de fuertes asimetrías de poder. Por un lado, es conocida la capacidad de lobby de las grandes corporaciones trasnacionales ligadas a la extracción de hidrocarburos, así como el lugar cada vez mayor que el fracking, de la mano de Estados Unidos, tiene en la agenda global. Por otro lado, hay que destacar el interés del gobierno argentino por identificar la explotación de hidrocarburos no convencionales con soberanía energética, en un contexto de fuerte déficit, lo cual lleva a descalificar o minimizar los diferentes argumentos que colocan el fracking en un campo de importantes riesgos e incertidumbres, negando así los impactos que este tipo de extracción pueda provocar en los ecosistemas y la salud de las poblaciones. A esto se suma que cualquier cuestionamiento sobre el fracking, conlleva también una discusión sobre la matriz energética, la cual en el caso argentino es fuertemente dependiente de los hidrocarburos. Y en este campo, antes que la apuesta por una transición en dirección hacia energías limpias y renovables, resulta claro que el gobierno nacional y los oficialismos provinciales han decidido profundizar la actual matriz energética, descalificando cualquier discusión o alternativa como “irrealista”, o producto de visiones “fundamentalistas”, ligadas a los movimientos y asambleas socioambientales y las organizaciones indígenas.

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Por Aroa de la Fuente López*
en Observatorio Petrolero Sur

La situación por la que atraviesa México es alarmante. Las más de 23 mil personas desaparecidas en el país entre 2007-2014, según cifras oficiales[1], nos hablan de un contexto de violencia e impunidad excepcional en el que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo indignante y doloroso que es, sólo representa la punta del iceberg. Rara vez se va a la raíz del problema, se señala al crimen organizado como el causante de las muertes, las desapariciones y los ataques. En este sentido, es necesario resaltar que la violencia que vive el país tiene raíces mucho más profundas en las cuales el Estado tiene una gran responsabilidad. Entre otras razones, por instrumentar políticas que priorizan los intereses privados y empresariales sobre los públicos, por la falta de espacios de participación, por la debilidad institucional inducida, y por la pobreza y la marginación en las que subsiste una gran parte de la población, en especial la indígena.

Las reformas estructurales aprobadas en 2013 y 2014 por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto vienen a sumarse a estas políticas y vaticinan que las causas profundas del malestar social existente se profundizarán y expandirán. Con ello se prevé un aumento de la conflictividad y la violencia, en particular de aquella ejercida por el Estado, ya sea a través de su propio actuar o por decidir mirar hacia otro lado cuando otros la ejercen.

Territorios en disputa

Una de las más importantes fuentes de la conflictividad que se vive en el país es la imposición de proyectos de desarrollo ante los cuales la población se declara en resistencia. El gobierno ha reaccionado haciendo oídos sordos a estas legítimas demandas sociales o, directamente, mediante acciones de criminalización, hostigamiento y represión que llega a esconder tras la cortina de la lucha contra el crimen organizado. Casos que reflejan esta situación se presentan a lo largo y ancho de México en todo tipo de proyectos: mineros, petroleros, turísticos, eólicos, de infraestructura hídrica, etc. Ejemplos de ello son las comunidades en lucha en el Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, en contra de mega parques eólicos;[2] la organización de frentes regionales en contra del uso de la fracturación hidráulica en Veracruz, San Luís Potosí, Puebla e Hidalgo (AAVV, 21/06/2015); y la resistencia a la construcción de un acueducto que afectará a cuatro estados del país y llevará agua para hacer posible la explotación de hidrocarburos de lutitas en Nuevo León.[3]

En un marco de extrema violencia, la reforma energética profundiza un modelo energético insostenible

Estos movimientos y frentes de resistencia han sido atacados repetidamente por las empresas y por el gobierno federal, así como por las autoridades estatales y municipales. Los casos más recientes son los ocurridos el 7 de junio, enmarcados en el contexto de elecciones de autoridades locales. La consigna abanderada por el Estado sobre el derecho al voto ha sido utilizada como justificación para reprimir a diversos colectivos, en un nuevo intento de hacerse con el control de los territorios. El primero de ellos fue el ataque con armas de fuego, por parte de grupos vinculados al presidente municipal de Juchitán, a integrantes de la Asamblea General Comunitaria de Álvaro Obregón (Oaxaca) -organización que forma parte del frente en defensa del territorio contra los proyectos eólicos del Itsmo. El segundo, la agresión a estudiantes de la Universidad Veracruzana que integran movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, y apoyan estrategias en contra del desarrollo de la fractura hidráulica (Centro Prodh, 05/06/2015). Por último, la brutal acción de la Policía Federal contra la población de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, que dejó un muerto y varios heridos, en un acto de represión contra los trabajadores de la educación que reclaman el esclarecimiento del paradero de los 42 normalistas que siguen desaparecidos,[4] así como la aplicación de justicia por los asesinatos cometidos (Tlachinollan, 08/06/2015).

Un marco para la fractura

Es en este contexto que se inserta la Reforma Energética de diciembre de 2013, que supuso la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la participación del sector privado en la industria de hidrocarburos. Esto implicó un cambio muy profundo a la operación de dicho sector, que desde 1938 estaba reservada al Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex). El principal argumento esgrimido por el gobierno para impulsar esta modificación fue la necesidad de revertir la caída en la producción de petróleo observada desde 2004, que pasó de 3.5 millones de barriles diarios (mmbd) a 2.5 mmbd en 2013 (Pemex, 2015 a). Igualmente, la reforma buscaba aumentar la extracción de gas para así reducir las importaciones, que en 2013 se situaron en 1.289 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) (Pemex, 2015 b). Para ello, sería necesario explotar los hidrocarburos no convencionales, especialmente aquellos que se encuentran en yacimientos de lutitas y requieren el uso de la fracturación hidráulica. Y, siempre según la opinión del gobierno, esto no podría hacerse sin el apoyo de las empresas petroleras privadas que cuentan con la experiencia, la tecnología y los recursos financieros. Por lo tanto, la reforma no sólo privatiza la industria, si no que profundiza un modelo energético insostenible, basado en combustibles fósiles, con la utilización de técnicas que suponen impactos sociales, ambientales y económicos negativos muy superiores a los ya graves causados por proyectos convencionales.[5]

A la reforma constitucional se sumó, en agosto de 2014, la aprobación de legislación energética que vino a sentar las bases bajo las cuales operará este nuevo modelo de industria. La sanción de nueve leyes y la modificación de doce existentes supusieron la creación de un marco regulatorio que favorece, facilita y acelera el desarrollo de los proyectos hidrocarburos y el uso de la fracturación hidráulica. Su simple aprobación supone violaciones graves a los derechos humanos y a las obligaciones del Estado de garantizarlos, establecidas en los tratados internacionales subscritos por México y en su propia constitución, que se verán agravadas con la implementación de la reforma.

El Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas, incluso si son pueblos indígenas
 La nueva Ley de Hidrocarburos da preferencia sobre el acceso y el uso del territorio a los proyectos de explotación de petróleo y gas. De manera contradictoria, a la vez que se privatiza la industria de hidrocarburos, ésta es declarada de utilidad pública, lo que implica que el Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas. Esta medida se puede aplicar, incluso, cuando se trate de proyectos que afecten a los pueblos indígenas, lo que vulnera sus derechos a la autodeterminación y al territorio, entre otros. Por lo tanto, existe una desprotección de los habitantes de las tierras ya que se les pretende forzar a permitir la actividad petrolera, sin importar las afectaciones que pueda suponerles a su vida y a las actividades que realizan. Por otro lado, la Ley indica que los gobiernos locales deben contribuir al desarrollo de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otros, para lo que tienen que garantizar y agilizar la entrega de las autorizaciones y permisos bajo su competencia. Es decir,también las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de permitir los proyectos, sin importar qué consecuencias tengan para sus territorios ni las políticas de desarrollo que se encuentren implementando en los mismos.

La Ley de los Órganos Reguladores en Materia Energética, en tanto, señala que los actos de los mismos sólo serán impugnables mediante amparo y no serán sujetos de suspensión, lo que tiene el objetivo de dar seguridad a las inversiones. Dado que son los órganos encargados de otorgar los permisos y contratos para la explotación de los hidrocarburos, la inclusión de esta disposición quiere decir que los proyectos no podrán ser detenidos hasta que haya una resolución judicial -lo que puede tardar años-, aunque conlleven violaciones a derechos humanos y degradación ambiental.

Otra de las disposiciones para asegurar el desarrollo de la actividad es la incluida en laLey de Ingresos sobre Hidrocarburos, con la creación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que alimenta un fondo estatal y municipal. El problema recae en el hecho de que las empresas estarán exentas de su pago cuando, por razones ajenas a su voluntad, no puedan operar en las áreas determinadas. De esta manera, se motiva a los gobiernos locales a que pongan en marcha medidas para que las compañías operen, lo que puede hacerse a costa de aquellas personas y comunidades que se oponen a los proyectos en defensa de sus derechos. Para ello, contarán con un mecanismo adicional: la Gendarmería, cuya creación se realizó tan sólo once días después de la aprobación de la legislación complementaria de la reforma energética (Fundar, 21/10/2014). Este cuerpo policial de élite, con más de 5 mil efectivos, tiene entre sus principales funciones actuar frente a quienes atenten contra los ciclos productivos y las fuentes de ingresos, es decir, las inversiones. De hecho, el mismo Secretario de Hacienda declaró a finales de 2014, en reuniones anuales convocadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que la Gendarmería será utilizada para proteger los proyectos energéticos. Incluso, se plantea crear una división especial dentro de este cuerpo para el sector minero (El Financiero, 14/04/2015).

En un país en el que la inseguridad crece cada día y donde hay miles de desaparecidos y asesinados, resulta aún más flagrante que se destinen recursos públicos a la protección de las empresas y no de la población. Además, dado el contexto de criminalización y represión de la protesta social y de los defensores de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, la Gendarmería se configura como un instrumento más para la imposición de proyectos.

 Muchos mundos

Lo expuesto hasta aquí, junto con otros cambios introducidos en la reforma tales como el debilitamiento de la regulación ambiental y la inclusión de la consulta previa como un mero trámite al no asegurar el derecho al consentimiento, plantea un panorama que se oscurece aún más ante la inminente intensificación del uso del fracking. Antes de la reforma, la fracturación hidráulica fue utilizada en, al menos, 20 campos en yacimientos de lutitas[6]. En todos los casos, esta actividad se realizó sin que la población fuera informada ni consultada al respecto. Con los cambios introducidos en la legislación en 2013 y 2014, las amenazas son aún mayores. La llegada de los gigantes petroleros, como Chevron, que tendrán a su favor una legislación para hacer y deshacer a su antojo, y un Estado a su servicio, plantea serios retos para la defensa del territorio en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luís Potosí y Oaxaca.

Sin embargo, la reforma viene acompañada de voces que se alzan cada vez más fuertes en contra del fracking, y de la multiplicación de poblaciones en lucha, que no sólo buscan detener esta actividad sino también plantear alternativas sustentables de vida comunitaria. No hay que olvidar que México es un país de resistencias, de construcción de alternativas y de luchas por una realidad diferente, que sigue en pie por un mundo en que quepan muchos mundos.

* Miembro de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Alianza Mexicana contra el Fracking ** Este artículo es una adelanto de la nueva edición de Fractura Expuesta

Notas

[1] En México existen serios cuestionamientos a la confiabilidad de estos datos, ya que las instituciones públicas no dan información sobre la metodología utilizada, lo que lleva incluso a que diferentes entidades del Estado cuenten con cifras discrepantes entre ellas. Diversos colectivos en el país denuncian que estas cifras son muy inferiores a la realidad de las desapariciones ocurridas (Revista Proceso, 12/02/2015 y La Jornada, 30/08/2014).

[2] Más información sobre este caso se encuentra aquí

[3] Para conocer más sobre este proyecto ver aquí

[4] Es importante señalar que hasta el momento sólo los restos de uno de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, Alexander Mora, han podido ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (BBC Mundo, 06/12/2014).

[5] Para más información ver Bravo, Elisabeth (2005)

[6] Para más información ver Solicitud pública de información número 1857500102714 a Pemex. Disponible aquí (pdf)

Fuentes consultadas:

AAVV (21/06/2015). Pronunciamiento por la Vida y en Resistencia Contra la Devastación Ambiental y el Exterminio de Nuestro Origen.

BBC Mundo (06/12/2014). México: “identifican” los restos de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Bravo, Elisabeth (2005). Impactos de la explotación petrolera en América Latina.

Centro Prodh (05/06/2015), Acción Urgente: Ataques y Agresiones a estudiantes de la Universidad Veracruzana.

El Financiero (14/04/2015), Crearán división especial en Gendarmería para minería.

Fundar (21/10/2014). Gendarmería debe proteger derechos de personas y no intereses empresariales.

La Jornada -Fernando Camacho Servín- (30/08/2014). Incoherentes, las cifras oficiales de desaparecidos: AI.

Pemex (2015 a), Producción de hidrocarburos líquidos.

— (2015 b), Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos.

Revista Proceso -Homero Campa- (12/02/2015). En este sexenio, 13 desaparecidos por día.

Tlachinollan (08/06/2015). Acción Urgente: Policía federal abre fuego en contra de población de Tlapa de Comonfort después de un operativo fallido.

nofrackingmexico.org

México, Distrito Federal, a 16 de julio de 2015 

• La Alianza Mexicana contra el Fracking afirma que las licitaciones de la Ronda 1 y el Plan Quinquenal de la Secretaría de Energía generarán atropellos a derechos humanos fundamentales de la población
• La Reforma Energética coloca a pueblos indígenas, así como a propietarios, ejidos y comunidades en desventaja frente a contratistas
• La Alianza reitera su oposición a métodos de extracción nocivos como la fractura hidráulica (fracking)

Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking manifestaron su rechazo al proceso de apertura de las licitaciones de la Ronda 1 y al Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019. “Como quien comete un ilícito, el evento se realizó a escondidas del escrutinio público: en la invitación no apareció la dirección del recinto donde se dieron cita representantes de la iniciativa privada, de las dependencias de gobierno reguladoras del sector y algunos invitados selectos de la sociedad civil y la prensa: La dirección fue proporcionada el mismo día del evento.” indicó Francisco Cravioto, investigador de Fundar e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Por su parte, Aroa de la Fuente, también investigadora de Fundar, señaló su preocupación por que Pemex se abstuvo de participar en este proceso. “Emilio Lozoya Austin aseveró que la ‘empresa productiva del Estado’ se encuentra descapitalizada y, por tanto, prefiere dejar que actores privados se repartan la riqueza de todas y todos los mexicanos”. “Paradójicamente, lo que se repartió fueron 14 áreas de licitación en aguas someras en las costas del sur de Veracruz, Tabasco y occidente de Campeche, precisamente el tipo de campos en los cuales Pemex es reconocido internacionalmente por su experiencia y por sus bajos costos de producción” señaló. Sin duda, “la ausencia de Pemex en estas licitaciones sienta un mal precedente que tendrá consecuencias para las finanzas públicas puesto que, en los últimos años, representaron alrededor de 35% de los ingresos del Estado.”

Las y los investigadores señalaron que ésta es apenas la primera fase de la Ronda 1 de entrega de licitaciones para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Faltan otras cuatro fases más para dar por concluida la Ronda 1: dos en el Golfo de México, una de recursos convencionales en tierra y otra de recursos no convencionales (campos que presentan riesgo de ser explotados con la técnica de la fractura hidráulica, intensiva en afectaciones a al territorio y a los seres vivos que lo habitan).

El dos de julio, la Secretaría de Energía publicó un Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 cuyo texto y documentos anexos puede ser consultado aquí. “Esta página contiene un ‘mapa interactivo’. En este mapa, se esboza un ambicioso proyecto transexenal de operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos que abarca 3 millones de hectáreas, equivalentes al 7.4% de la superficie terrestre del país.” señaló Manuel Llano, investigador asociado al proyecto www.cartocritica.org.mx. “A esto hay que sumar otras 11 millones de hectáreas ubicadas sobre las aguas del Golfo de México.” Afirmó que el mapa no es descargable en datos abiertos, en franca violación de la normatividad vigente y los compromisos que ha asumido la Sener en el marco del compromiso 22 de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Las y los integrantes de la Alianza señalaron que de acuerdo con el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, las actividades de exploración y extracción de los mismos son consideradas de utilidad pública, al servicio del interés social y orden público, así como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. “Esta es la razón por la cual los mapas son tan preocupantes. Porque sobre todos aquellos polígonos que serán entregados de aquí a 2019, la actividad que prevalecerá por encima de cualquier otra actividad económica es aquella que realice la industria de los hidrocarburos.” estableció Oscar Espino de la Red Unidos por los Derechos Humanos. “¿Qué implicaciones tiene esto en términos democráticos para la gente que vive en esos terrenos? Se vulnerarán sus derechos, incluyendo los derechos a la vida, la salud, el vivir en un medio ambiente sano, el derecho al agua e inclusive la propiedad. Para las poblaciones indígenas, habrá violaciones a los derechos al territorio, la autodeterminación y cultura.

“También se viola el derecho a participar en decisiones públicas. No hubo consulta para aprobar la Reforma Energética. Tampoco hubo consulta para licitar estos campos. La consulta proyectada por la Ley de Hidrocarburos no es más que un trámite realizado a posteriori de la entrega de permisos, sin plena información sobre el proyecto y sus afectaciones y que no tiene carácter vinculante sobre el Estado o el contratista privado; esto es, los proyectos proceden aunque las poblaciones indígenas nieguen su consentimiento” señaló Espino.

Tomando en cuenta lo anterior, “es sumamente preocupante que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Sener y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) hayan negado, tras múltiples solicitudes de información, entregar las coordenadas exactas de las áreas asignadas a Pemex en la Ronda 0 y aquellas que se otorgarán como parte de los contratos de la Ronda 1. Las y los ciudadanos que habitan en estos territorios tienen derecho a conocer si se encuentran amenazados por las profundas afectaciones de esta actividad. Las organizaciones de la Alianza hemos presentado dos amparos para revertir esta decisión” mencionó Aroa de la Fuente.

La Alianza Mexicana contra el Fracking reitera que continuará exigiendo al Estado mexicano la prohibición del fracking e informando y apoyando los procesos de defensa de las comunidades afectadas y potencialmente afectadas por esta amenaza que se cierne sobre sus territorios.

Contacto: Francisco Cravioto Lagos, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, francisco@fundar.org.mx  Tel. 5554-3001 ext. 143, 55 28 30 94 71.

Aroa de la Fuente López, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, aroa@fundar.org.mx; Tel. 5554-3001 ext. 118, 5528942814.

Nuevo estudio, con información oficial, muestra que al menos 924 pozos han utilizado la técnica de fractura hidráulica.
Se ha llevado a cabo sin información, consulta o consentimiento de comunidades afectadas.
No existe información sobre los estudios de impacto ambiental de estos proyectos, ni reglamentación específica que vigile esta práctica altamente contaminante y dañina para la salud.

nofrackingmexico.org

Un nuevo estudio de Cartocrítica elaborado a través de datos contenidos en una solicitud de información a Pemex revela que al menos 924 pozos han sido perforados desde 2003 mediante la técnica de fractura hidráulica, también conocida como fracking. Los estados donde esto viene ocurriendo son Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).

El fracking es un proceso altamente nocivo para el ser humano y el medio ambiente. Implica la inyección 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo, por pozo para extraer hidrocarburos de rocas de muy baja permeabilidad. El agua es mezclada con entre 650 y 990 sustancias químicas que pueden provocar múltiples daños a la salud de las personas (como cáncer y mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema nervioso). A lo largo de todo el proceso existe una alta probabilidad (una en veinte, de acuerdo a un estudio de la universidad de Cornell del estado de Nueva York) de fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo que llega a contaminar fuentes de agua, el suelo e, incluso, el aire. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos volúmenes desechados, puede provocar sismos. Adicionalmente, el fracking presenta significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen en forma alarmante al proceso de calentamiento global.

A pesar de todos los impactos que esta práctica genera, la población aledaña a estos proyectos no ha sido informada por autoridades de ningún tipo acerca de lo que se está realizando ni de sus implicaciones, mucho menos ha sido consultada ni han otorgado su consentimiento previo, libre e informado. En este sentido, las poblaciones desconocen qué productos químicos se están inyectando en el subsuelo ni cuál es el destino del agua residual que se produce por la fracturación de cada pozo. Igualmente, no existe información sobre los cuerpos de agua presentes en las zonas en que se aplica el fracking, cuál es el riesgo de contaminación y cuál es su estado actual. De esta manera y dada la experiencia de Estados Unidos donde hay documentación de que esta actividad ha contaminado más de 1,000 acuíferos, es muy probable que la población de estas zonas esté consumiendo agua altamente tóxica que afecta su salud.

Resulta particularmente preocupante que, cuando se trata de o una práctica prohibida en varios países y regiones del mundo por sus irreversibles impactos, en México no se esté generando información sobre sus potenciales impactos ambientales y sociales, ni se esté vigilando su desarrollo. Actualmente, se desconoce si estos proyectos han sido sujetos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), obligación establecida en la legislación. Esta situación se da cuando incluso funcionarios como Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) admiten que “sin duda esta industria, y particularmente el fracking, requieren una regulación estricta en materia de seguridad industrial y medio ambiente” y prometió en 2014 “antes de que termine el año, tendremos lista la regulación conforme a los mejores y más exigentes estándares internacionales para asegurar que el fracking y toda la explotación del shale se lleven conforme a mejores prácticas y cuidando el medio ambiente”[1]. Sin embargo, desde 2003 casi un millar de pozos ya han utilizado esta práctica sin regulación específica y sin que haya información sobre los estudios de impacto ambiental realizados.

Ante esta situación desde la Alianza Mexicana contra el Fracking reiteramos nuestra demanda de prohibición del uso de la fractura hidráulica en nuestro país por sus daños ambientales y sociales irreversibles y ampliamente documentados.

Actualidad RT

La lista de los efectos secundarios nocivos del ‘fracking’ se está ampliando con cada estudio científico sobre el tema, y los riesgos ambientales, de salud y de seguridad que representa esta técnica de extracción de gas siguen siendo un tema que divide a la sociedad estadounidense.

En un artículo publicado en el portal alternet.org el periodista Reynard Loki enumera ocho efectos secundarios del ‘fracking’ que la industria no quiere que sepamos.

1. Contaminación del agua

De acuerdo con el artículo, durante el proceso de fractura hidráulica, el gas metano y productos químicos tóxicos se filtran del pozo y contaminan las aguas subterráneas de la zona, que luego se utilizan para obtener el agua potable para las comunidades locales.

 

Así, ha habido más de 1.000 casos documentados de contaminación de las aguas cerca de las zonas del ‘fracking’, así como los casos de daño sensorial, respiratorio y neurológico causado por la ingestión de agua contaminada.

«Estamos quemando los muebles para calentar la casa», lamenta John H. Quigley, exsecretario del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Pensilvania. «Alejándose del carbón hacia el gas natural, estamos buscando un aire más limpio, pero estamos produciendo grandes cantidades de aguas residuales tóxicas con sales y materiales radiactivos», explica.

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2. Escasez del agua

Más del 90% del agua utilizada en el ‘fracking’ nunca regresa a la superficie, retirándose definitivamente del ciclo natural, lo cual es «una mala noticia para los estados afectados por la sequía o escasez de agua», reza el artículo.

La reorientación de los suministros de agua para la industria del ‘fracking’ no solo provoca el aumento de los precios del agua, sino también reduce la disponibilidad del líquido vital para el riego de los cultivos.

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3. Daño para los niños

El líquido residual del proceso de fractura hidráulica se deja en pozos a cielo abierto. Al evaporarse, libera los peligrosos compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera, contaminado el aire y provocando las lluvias ácidas y el ozono a nivel del suelo.

La exposición al aire contaminado en las zonas del ‘fracking’ puede conducir a una serie de problemas de salud, incluyendo asma, dolores de cabeza, presión arterial alta, anemia, ataques al corazón y cáncer.

También puede tener un efecto perjudicial sobre los sistemas inmunológico y reproductivo, así como sobre el desarrollo fetal e infantil, advierte alternet.org, citando un estudio del 2014 llevado a cabo por el Departamento de Medio Ambiente y Salud Laboral de Colorado, que reveló que las madres que viven cerca de sitios de ‘fracking’ son un 30% más propensas a tener bebés con defectos congénitos del corazón.

4. Gas mortal

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins descubrió que los hogares ubicados en zonas rurales cercanas a los sitios del ‘fracking’ tienen una concentración de radón un 39% más alta que los ubicados en zonas urbanas ‘no fracking’.

El radón, un gas radiactivo de origen natural, es la segunda causa de cáncer de pulmón en todo el mundo, después de fumar.

5. Arenas movedizas

El ‘fracking’ requiere el uso de arena fina o arena ‘frac’, lo que ha impulsado un auge de la extracción de arena de sílice en Minnesota y Wisconsin.

«El sílice puede dificultar la respiración y causar irritación respiratoria, tos, obstrucción de las vías respiratorias y un mal funcionamiento pulmonar», cita el autor del artículo, Reynard Loki, las palabras del Environmental Working Group (el Grupo de Trabajo Ambiental).

«La exposición crónica o prolongada puede conducir a la inflamación pulmonar, la bronquitis y el enfisema, así como provocar una enfermedad pulmonar grave conocida como ‘silicosis’, una forma de fibrosis pulmonar. La enfermedad pulmonar relacionada con el sílice es incurable y puede ser fatal; mata a cientos de trabajadores en EE.UU. cada año», añade el grupo.

6. Terremotos

El 20 de abril, el Servicio Geológico de EE.UU. publicó un informe muy esperado que confirmó lo que muchos científicos ya habían especulado durante mucho tiempo: que el proceso de ‘fracking’ provoca terremotos.

En concreto, durante los últimos siete años, las regiones geológicamente estables de EE.UU. han experimentado movimientos de fallas que no se han movido en millones de años. Además, los terremotos causados por el ‘fracking’ son difíciles o incluso imposibles de pronosticar.

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7. Impacto climático

Cuando hablamos del gas natural, se trata principalmente de metano, un gas de efecto invernadero muy potente que atrapa 86 veces más calor que el dióxido de carbono. Y debido a las fugas de metano durante el proceso de fracturación hidráulica, el ‘fracking’ puede ser peor que la quema de carbón.

«Incluso las pequeñas fugas en el sistema de producción y suministro de gas natural pueden tener un impacto climático suficiente para destripar todo el beneficio que trae el cambio de energía de carbón a la de gas», escribe Joe Romm, el editor fundador del blog ‘Climate Progress’, citado por alternet.org.

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8. Compra de favores políticos

Por último, uno de los efectos secundarios más dañinos del ‘fracking’ «no tiene que ver con la cantidad de productos químicos que fluyen hacia el suelo, sino más bien con la cantidad de dinero que fluye hacia el bolsillo de los políticos» que apoyan al ‘fracking’.

Según un informe de 2013 citado por el artículo de alternet.org, las contribuciones de los grupos comerciales y empresas relacionadas con el ‘fracking’ a los candidatos al Congreso que representaban a los estados y distritos con ‘fracking’ aumentaron más de un 230% entre los ciclos electorales de 2004 y 2012.

Este crecimiento es casi dos veces mayor que el de las contribuciones de la industria del ‘fracking’ a los candidatos de los distritos ‘no fracking’ durante el mismo periodo, señala el artículo.