Categoría: Energía

Compartimos este estudio realizado por CartoCrítica

¿Cuántos tipos de ductos para transportar hidrocarburos existen en México? ¿Cuántos son? ¿De qué longitud? ¿Están en las ciudades o bosques, cruzan ríos o cultivos? ¿Quién tiene conocimiento y autoridad sobre ellos? Además de tomas clandestinas, ¿hay fugas? ¿Cruzan por áreas naturales protegidas? ¿Qué ecosistemas afectan? ¿Son ductos públicos o privados? ¿Se respetan los derechos de vía? ¿Representan riesgos para la salud, los ecosistemas o los centros de población?

Todas estas dudas y más surgen cuando uno quiere saber sobre la infraestructura del transporte de hidrocarburos por ductos en el país. Las respuestas no están disponibles fácilmente, aún cuando son relevantes para quienes habitan o tienen propiedades en las zonas aledañas, para la protección civil y la conservación ambiental. Tras la reforma constitucional en materia energética y leyes secundarias, se ha dificultado aún más el acceso a estos datos.

Para responder a estas preguntas, CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll Stiftung elaboramos el presente estudio, a modo de una primera caracterización sobre los ductos para el transporte de hidrocarburos que existen en el país. En este esfuerzo se identificaron 6 mil 777 proyectos de ductos, cuya longitud es de 68 mil 843.15 kilómetros, equivalente a dar 1.7 veces la vuelta a la Tierra en el ecuador. El 94% son ductos terrestres, mientras que 3 mil 973.8 km están en el Golfo de México, frente a Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas; y 21.5 km están en el Océano Pacífico frente Baja California.

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Chiapas:

Introducción

El principal constructor de ductos a lo largo del país ha sido Petróleos Mexicanos (Pemex). Tiene ductos para la recolección del petróleo crudo y gas provenientes de los pozos de extracción, el transporte a las refinerías, petroquímicas y complejos procesadores de gas, y para la distribución de productos finales a las terminales de almacenamiento y consumidores finales. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es también una importante constructora de ductos para abastecer de gas a las plantas generadoras de energía eléctrica del país. También están los ductos de las comercializadoras de gas natural que atraviesan ciudades enteras, así como los construidos por y para el servicio de grandes usuarios industriales.

A diferencia de otras instalaciones industriales peligrosas, los ductos no están dentro de un complejo industrial con características de seguridad; por el contrario, se despliegan a lo largo y ancho de tierras propiedad de terceros, entre ciudades y carreteras, o en tierras agrícolas, ríos y parajes naturales, incluyendo propiedades privadas, núcleos agrarios, áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Por lo que, en caso de fuga de hidrocarburos, el riesgo de derrames, contaminación y explosiones es sumamente alto, con rangos que van desde los 20 metros para los ductos de diámetro pequeño, hasta más de 300 metros para los grandes ductos o de alta presión.

Las tuberías están normalmente enterradas; sin embargo, su construcción, supervisión y mantenimiento requiere de amplios derechos de vías libres y sin cobertura vegetal. El diámetro de los ductos puede variar desde una hasta 50 pulgadas o más, pero las excavaciones para la construcción, mantenimiento y franja de seguridad o derecho de vía, que puede ser de más de 10 metros de ancho, producen una intensa perturbación del suelo y el entorno. Numerosas invasiones se registran sin ningún control, se pueden encontrar viviendas, industria, comercio, escuelas, torres de alta tensión y hasta instalaciones militares sobre el derecho de vía de los ductos.

El acceso a la información pública en formatos abiertos sobre los ductos es inexistente. La infraestructura se encuentra sumida en la opacidad, escudada con el argumento de la seguridad nacional. La ubicación de los ductos, su antigüedad, bitácoras de mantenimiento, riesgos, fugas, incidentes y tomas clandestinas, entre muchas otras características, se mantienen resguardadas con recelo. Las autoridades responsables solo publican agregados estadísticos o infográficos ilustrados con mapas simplificados del país, incluso los datos sobre capacidad o longitud varían entre una publicación y otra. Este escenario dificulta la protección civil e imposibilita los estudios para cuantificar impactos y riesgos sociales o ambientales, entorpece la disponibilidad previa de información para consultas públicas y, sin duda, es un obstáculo para la participación ciudadana.

Marco regulatorio

El transporte por ductos puede ser sumamente complejo, para entenderlo, se puede catalogar por empresa, tipo de hidrocarburo, diámetro, función desempeñada, estado actual de operación, entre otros; el análisis por categorías arroja claridad sobre diversos aspectos. De manera esquemática, lo más sencillo es distinguir entre los ductos de recolección y los de transporte y distribución.

Los ductos de recolección permiten el acopio de hidrocarburos que se han extraído del subsuelo, se realiza mediante un sistema de líneas de descarga que van desde el cabezal de cada pozo en el yacimiento hasta las primeras baterías de separación o, en su caso, hasta los sistemas de transporte (NOM-027-SESH-2010). Estos ductos solo se encuentran en donde se extraen hidrocarburos del subsuelo, principalmente en aguas del Golfo de México, en Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. Según el marco regulatorio actual, solo pueden estar dentro de un Área Contractual o un Área de Asignación, ya que pertenecen a la fase de exploración y extracción de los hidrocarburos, por lo mismo, están regulados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (Artículo 38 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética).

Posteriormente, están los ductos de transporte y distribución. Estos son los que conducen los hidrocarburos en múltiples fases, entre estaciones o plantas para su compresión, bombeo, procesamiento, almacenamiento y finalmente distribución. Aquí se incluyen tanto los ductos nacionales como los de internación, es decir aquellos cuya capacidad está destinada a la importación de hidrocarburos. Estos se encuentran distribuidos a lo largo de prácticamente todas las entidades del país, aunque no necesariamente interconectados entre sí, pueden interconectarse con buques cisterna o ferrocarriles. Con la expansión del sistema de gasoductos propuesta por la Secretaría de Energía (Sener) en el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019 («Plan Quinquenal de Gasoductos»), al parecer solo en Nayarit no habría ductos de ningún tipo. La regulación de estos ductos está a cargo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética); aunque adicionalmente, los de transporte y distribución de gas natural, de carácter público, están integrados al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sintragas), cuyo gestor y administrador independiente es el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas). Integrar los ductos privados de gas natural al Sintragas es de carácter voluntario (Artículo 65 y 66 de la Ley de Hidrocarburos).

Para el crecimiento de la importación, exportación y uso del gas natural en México, la reforma energética del 2013 contempló establecer un nuevo arreglo institucional en el manejo de los gasoductos públicos existentes y aumentar la red de gasoductos del país. De este modo, la gestión y administración del Sistema Nacional de Gasoductos cambió drásticamente en enero del 2016, al pasar de manos de Pemex Logística al recientemente creado Cenagas, organismo descentralizado sectorizado a la Sener. A este, Pemex le transfirió tanto la infraestructura de gasoductos de transporte que poseía, como los contratos de ocupación superficial y derechos inmobiliarios que poseía.

Hallazgos en medio de la opacidad

Con el argumento de la seguridad nacional, Pemex, la Secretaría de Energía y demás autoridades en materia de energía e hidrocarburos niegan el acceso público a la información desagregada y en formatos abiertos sobre la infraestructura de ductos existente. Muy por el contrario, la recientemente creada Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos (enero de 2016) define en su artículo 23 que:

«La información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios […] será considerada información de Seguridad Nacional en términos de la Ley en la materia.»

Esto se traduce en que la información desagregada sobre la infraestructura de hidrocarburos es sistemáticamente negada por la autoridad responsable argumentando daños presentes, probables y específicos. Para ello, Pemex, CNH y Sener han clasificado como reservada toda información que permita detallar la ubicación y características de la infraestructura petrolera nacional. El entonces denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, 2014), determinó en la resolución a un recurso de revisión que:

«La divulgación de la ubicación y características de la infraestructura con que cuenta PEMEX ocasionaría una potencial amenaza y perjuicio a la seguridad nacional, además de causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de delitos, al proporcionar datos mediante los cuales puede obtenerse la ubicación geográfica exacta y características específicas de la red de ductos de PEMEX y sus organismos subsidiarios, así como de sus instalaciones y de los diversos tipos de productos transportados, mismos que podrían ser atacados con explosivos, vehículos e, incluso, ser objeto de acciones hostiles y delitos como el robo, la extorsión y demás hechos ilícitos.»

Esta secrecía en la información territorial de la infraestructura viene acompañada frente a la preponderancia territorial que las leyes le otorgan a la propia industria petrolera, al catalogarla como de utilidad pública (Artículo 28 de la Constitución), interés social y orden público (Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y Artículo 33 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética). Así, no obstante que la Ley de Hidrocarburos considera que las actividades de exploración y extracción «tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas» y, que para ello procederá «la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial» (Artículo 96, Ley de Hidrocarburos), resulta que como sociedad no podemos ni siquiera conocer dónde estas actividades se desarrollan, por ser información reservada. La exploración y extracción de hidrocarburos quedó restringida de las áreas naturales protegidas por la Ley de Hidrocarburos, más no así el transporte por ductos o la presencia de cualquier otra actividad petrolera.

Resulta difícil creer el argumento de la seguridad nacional, puesto que, al buscar en la multiplicidad de documentos oficiales existentes, se encuentra con que esta información ha sido publicada numerosas veces por fuentes oficiales, aunque de manera poco sistemática y en formatos cerrados.

De esta manera, consultando múltiples fuentes públicas, fue posible compilar este mapa -a pesar de la constante negativa de acceso a la información pública en formatos abiertos. Se consultaron las convocatorias para las licitaciones públicas de los gasoductos a cargo de CFE, disponibles públicamente en internet, que contienen trazos vectoriales georreferenciados, listados de coordenadas y planos topográficos que permiten determinar con absoluta precisión la ubicación, trazo, dimensiones y características de los gasoductos que se licitan. Estos son los mismos incluidos en el Plan Quinquenal de Gasoductos del que Sener niega las coordenadas o trazos específicos por atentar contra la seguridad nacional. De igual manera, se consultaron las bases para las licitaciones que celebra Pemex, que incluyen planos y mapas detallados sobre la ubicación de la infraestructura objeto de la licitación, así como de toda la infraestructura circundante. Además, se consultaron las Manifestaciones de Impacto Ambiental que toda obra de hidrocarburos debe cumplir conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA), en las que el promovente de la obra debe incluir mapas y coordenadas específicas del proyecto que piensa llevar a cabo, así como todas sus características e impactos ambientales previstos. Toda esta información es pública y está disponible en internet o en las delegaciones de Semarnat.

De modo que resulta contradictorio que, con el argumento de la seguridad nacional, la autoridad energética se niegue a transparentar, en el estándar de datos abiertos, la información que de facto ya es pública.

En Estados Unidos, es posible consultar públicamente el «Sistema Nacional de Mapas de Ductos» perteneciente a la Administración de ductos y materiales peligrosos, dependiente del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

En Canadá, la Asociación de Gasoductos de Canadá, que agrupa a las empresas del sector en el país, cuenta también con un mapa público en línea para conocer la localización y características de los ductos.

En México, no es posible contar con un mapa oficial sobre los ductos, por lo que CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll presentamos el siguiente mapa, que es una primera caracterización sobre esta infraestructura en el país.

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Mapa de ductos en PDF (alta resolución, 55M)

Comunicado de prensa del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y de la Tierra* – A 22 de junio 2017 – Leido ese día en el Parque Central de tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al concluirse la Marcha-Peregrinación a favor del Agua, la Vida y la Tierra

A los pueblos indígenas del mundo, México y Chiapas,

A los pueblos zoques de la Selva Lacandona, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Guadalajara y Boston (Estados Unidos),

A los organismos de defensa de los Derechos Humanos y organizaciones sociales,

A los medios de comunicación libre,

La reforma energética aprobada en 2013 junto a las 10 reformas constitucionales constituyen una seria amenaza de despojo de las tierras de los pueblos indígenas de México, en particular contra los pueblos zoques del norte de Chiapas. Por ello, nos hemos organizado en un movimiento indígena de resistencia y de defensa de la vida y la madre tierra para hacer frente a los proyectos extractivos que ponen en riesgo la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques.

Sobre nuestros territorios, la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno con un total de 70 mil hectáreas, de los cuales ya se encuentra en operación la Minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim; 1 ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; 1 proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; 1 geo-parque en el mismo Volcán con 2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago. En total más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos.

La amenaza más directa sobre nuestras tierras es la licitación que viene realizando desde agosto del 2016 la Secretaría de Energía (SENER) a través de la Licitación Pública Internacional conocida como la Ronda 2.2 para el concesionamiento de 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste, la cual se compone de 12 bloques, 2 de los cuales tienen impacto en el Estado de Chiapas. Un total de 84,500 hectáreas de tierras de 9 municipios del norte de Chiapas serían utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio zoque.

El bloque 10, afectaría 42 mil 600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan, con la finalidad de obtener aceite superligero y gas húmedo, mientras que el bloque 11, afectaría 41 mil 900 hectáreas de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero.

La instalación de 12 pozos petroleros en el territorio zoque de Chiapas provocaría graves daños ambientales, económicos y culturales como el uso excesivo de agua (se calcula que cada pozo requiere 20 millones de litros de agua); desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, aire y manantiales, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de la producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública.

La ronda 2.2 pone en riesgo un total de 16 arroyos y 4 manantiales de las comunidades zoques de Chapultenango, Ixtacomitán, Francisco León y Tecpatán. Por mencionar algunos serían los ríos Yomonó y Totopac en Tecpatán; el Movac y Susnubajk en Chapultenango; los ríos Tumbak y Magdalenas en Francisco León y el rio Blanco en Ixtacomitán, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para la agricultura y el equilibrio ambiental del territorio. Un riesgo fuerte son los tubos que atravesarían las tierras zoques que en caso de romperse generarían una contaminación de toda la red de mantos freáticos del subsuelo hasta por 60 kilómetros a la redonda.

Otro riesgo del proyecto de hidrocarburos es que cambiaría el uso de suelo del territorio ya que actualmente las tierras están dedicadas a la actividad agrícola y de conservación ambiental, por lo que al instalarse los pozos petroleros pasarían a uso industrial por parte de las empresas extractivas que dejarían tras de sí un paisaje desolador de tierras inservibles como ocurre en el ejido Nuevo Volcán Chichonal municipio de Juárez. Por eso, reiteramos que estos son: proyectos de muerte.

En las anteriores rondas de licitación otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (SENER) se cometieron una serie de irregularidades; por mencionar dos de ellas:

– En la ronda 1.3, el bloque conocido como Catedral fue concesionado al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, quien fue Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y fuerte impulsor de la reforma energética, siendo beneficiado ya que ahora puede adquirir bloques de extracción.

– En diciembre de 2015 se concesionaron 5 campos petroleros pertenecientes al quinto campo en los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya y Solosuchiapa; 3 de estos fueron asignados a una empresa canadiense, uno a una empresa mexicana que es sucursal de otra empresa canadiense y uno más a una empresa mexicana.

En el caso del territorio zoque, a partir del mes de septiembre de 2016 la SENER ha intentado llevar a cabo un proceso de consulta en las comunidades zoques, lo cual ha sido solo para aparentar que se lleva a cabo el proceso de consulta que exige la Ley Nacional de Hidrocarburos, porque en la realidad no se ha consultado a todas las comunidades afectadas; solo se consulta a los agentes rurales; las comunidades hablantes zoques no han tenido traductores en su propio lengua materna por lo que las supuestas consultas han sido engañosas y bajo presión a cambio de que algunos ejidos reciban proyectos como ampliación de caminos, puentes y drenaje, pero sabemos que solo son obras para que las empresas saquen mejor el petróleo.

En las supuestas consultas no se ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental, por tanto se ha violado el derecho a la información que tienen los pueblos indígenas.

Panorama Social

A partir de la Ronda 2.2 las comunidades afectadas han dispuesto a establecer un proceso de organización y articulación comunitaria frente al despojo del territorio que pretende hacer el proyecto del Estado Mexicano contra los pueblos indígenas de México.

Los megaproyectos extractivos representan muerte, por eso las comunidades zoques anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, el agua, la tierra y la vida, pero también para defender su derecho a la libre autodeterminación, por lo que mediante movilizaciones, foros, conferencias de prensa, asambleas comunitarias y auto-consultas se ha determinado dar voz a los pueblos zoques porque son más las afectadas por los proyectos extractivos.

Para tal efecto, en las comunidades de los municipios de Chapultenango, Francisco León, Tecpatán e Ixtacomitán se han levantado firmas en actas de asamblea que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio. Las actas con las que se cuenta, ya han sido entregadas a instancias federales, así como legislativas para que se den los cauces necesarios y se dé cumplimiento a las exigencias de las comunidades que defienden su territorio.

El día de hoy hacemos entrega al gobierno del Estado y damos a conocer en el marco de esta magna peregrinación del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra, las decisiones de las comunidades zoques, mismas que son:

1. Respeto al derecho de AUTOCONSULTA Y LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ZOQUES DE CHIAPAS.

2. Exigimos la cancelación definitiva de los bloques 10 y 11 de la licitación de la Ronda 2.2 que encabeza la SENER.

3. RECHAZO para otorgar el permiso para el proceso de licitación y por consiguiente del concesionamiento de los pozos de extracción de hidrocarburos que pertenecen a los bloque 10 y 11, debido a que solo dejan pobreza; la llegada de la delincuencia organizada detrás de las empresas que ganan las licitaciones; pero principalmente por el daño ambiental y la división comunitaria, porque también se confrontan los pueblos.

4. Exigimos la cancelación de las concesiones mineras, ampliación de presas y proyectos geotérmicos que se ubican en los municipios del Pueblo Zoque.

5. Declaración por parte del Pueblo Zoque como TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS, QUE ATENTAN CONTRA LOS RECURSOS NATURALES (HIDROCARBUROS, MINERÍA, PRESAS HIDROELÉCTRICAS, CENTRALES GEOTÉRMICAS).

Por lo acontecido, en el marco de esta magna peregrinación del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra estamos procediendo a hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales nacionales e internacionales por omisión ante la falta de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, así como por las faltas que se están cometiendo en el proceso consulta previa, libre e informada.

Hoy ante la opinión pública, nos declaramos en permanente defensa del territorio zoque de Chiapas, que muestra aquí, en la capital de Chiapas, el rostro de la dignidad, el rostro del Pueblo Zoque que defiende el presente y el futuro de nuestro Chiapas lleno de riquezas que han sido explotadas para el interés de unos cuantos.

Estamos aquí, los municipios del Pueblo Zoque que nos oponemos al proyecto de muerte que representa la Ronda 2.2 para extraer hidrocarburos de nuestra Madre Tierra; hemos caminado para que nuestra voz se levante y sea escuchada más allá de las fronteras de Chiapas, que sea la solidaridad de los pueblos la que nos permita defender la vida, el agua y la tierra por un Chiapas y un México mejor para las generaciones presentes y futuras.

NO A LOS HIDROCARBUROS

SI A LA VIDA

POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

MOVIMIENTO INDÍGENA DEL PUEBLO CREYENTE ZOQUE EN DEFENSA DE LA VIDA Y DE LA TIERRA

*El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y de la Tierra nació el 31 d emayo del 2017

Fotos: Otros Mundos A.C./Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

VIDEOS:

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(Reportaje de Avispa Media)

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(Reportaje de Pozol Colectivo)

Boletín de prensa del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR), el Centro de Lengua y Cultura Zoque (CLYCZ), el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad (CECOCISE) y la Asamblea estattal de organizaciones – Tuxtla Gutiérrez, a 6 de abril 2017

>> Escuchar y descargar el audio de la lectura del comunicado

A los organismos de Defensa de los Derechos Humanos,
A las organizaciones sociales,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,
Al pueblo de Chiapas y de México,

Contexto

A partir de la aprobación de la reforma energética en el 2013, se legaliza que, en el tema de hidrocarburos, empresas privadas nacionales e internacionales puedan participar en los diferentes procesos de la industria, por lo que han ocurrido diversas situaciones con las rondas otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (SENER), por mencionar dos de ellas:

– En la ronda 1.3, el bloque conocido como Catedral fue concesionado al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, quien fue Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y fue un fuerte impulsor de la reforma energética, siendo beneficiado por ella, ya que ahora puede adquirir bloques de extracción.

– En diciembre de 2015 se concesionaron 5 campos petroleros. Los municipios en los que se instalarán son: Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya y Solosuchiapa. 3 de estos campos fueron asignados a una empresa canadiense, uno a una empresa mexicana que es sucursal de otra empresa canadiense y uno a una empresa mexicana.

En agosto del 2016, la SENER dio a conocer el proceso de licitación que se denomina Ronda 2.2 para el concesionamiento de pozos de extracción de hidrocarburos en los estados costeros del Golfo de México, la cual se compone de 12 bloques, 2 de los cuales tienen impacto en el Estado de Chiapas.

El bloque 10 afectaría 42,600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan, con la finalidad de obtener aceite superligero y gas húmedo. Por otra parte, el bloque 11 afectaría 41,900 hectáreas de los municipios de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero. En total, están en riesgo por despojo y contaminación ambiental 84,500 hectáreas de territorio Zoque.

La superficie afectada en cada municipio indica una afectación que parte de lo demográfico hasta lo más importante para el desarrollo de los pueblos indígenas, el equilibrio ambiental del territorio.

En el mes de septiembre de 2016 se llevaron a cabo asambleas en Tecpatan, Francisco León, Pichucalco e Ixtacomitan con autoridades comunitarias, encabezadas por los presidentes municipales y la Secretaría de Energía (SENER), las cuales fueron anunciadas como informativas, pero es de resaltar que solo se han dado dichas asambleas en 4 de los 9 municipios involucrados de Chiapas, información dada a conocer por la SENER.

Durante el mes de octubre, por parte de la Secretaría de Energía, se visitaron comunidades del municipio de Tecpatan, Francisco León, Pichucalco e Ixtacomitan, para dar a conocer las características y condiciones del proceso de licitación. En términos de la SENER, asambleas informativas.

Se agendaron posteriores visitas a las comunidades de los municipios de Francisco León y Tecpatan, para dar continuidad, las cuales ya no se realizaron y siguen sin realizarse hasta el momento. Para el caso de Ixtacomitan, solo la comunidad de La Candelaria 2ª Sección está de acuerdo para «participar en el procedimiento de consulta a comunidades indígenas en relación al área contractual 11…” Y en caso contrario a las visitas que se han llevado a cabo en Tecpatan y Francisco León, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha acompañado el proceso.

Estos acontecimientos violentan el protocolo de consulta que se debe establecer para proyectos de estas características, lo cual está asentado en la misma Ley de Hidrocarburos e incluso en normas internacionales, pero además, no se presentó previamente al proceso de licitación la Manifestación de Impacto Ambiental ya que, los proyectos como la extracción de hidrocarburos para que sean viables requieren el cambio de uso de suelo del territorio en el que se instalarían, por lo que las 84,500 hectáreas que están en riesgo dejarían de estar destinadas a las actividades agropecuarias que sustentan la vida de los pueblos zoques y pasarían a un uso en el cuál las beneficiarias serían las empresas extractivas que dejarían tras de sí un paisaje desolador, por eso los denominamos: proyectos de muerte.

Panorama Social

A partir de que se da a conocer la Ronda 2.2, las comunidades que serían afectadas se han dispuesto a establecer un proceso de organización y articulación comunitaria frente al despojo del territorio que pretende hacer el gobierno federal, acompañado del gobierno estatal y de algunos de los gobiernos municipales de los pueblos zoques.

Los megaproyectos extractivos representan muerte, por eso las comunidades anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, pero también para defender su derecho a la autodeterminación, por lo que mediante movilizaciones, mítines, foros, conferencias de prensa, asambleas comunitarias y municipales, se ha determinado dar voz a los pueblos zoques porque son más las afectaciones que los beneficios de los proyectos de extracción de hidrocarburos (desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, agua y aire, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública).

Solo por citar uno de los más graves daños que se cometerían, además del excesivo uso de agua que se requiere para cada pozo (se calculan 20 millones de agua), en caso de que alguno de los tubos que atravesarían los mantos freáticos se rompiese, generaría una contaminación de toda la red de mantos freáticos del subsuelo hasta por 60 kms. a la redonda.

Para tal efecto, en el municipio de Chapultenango se han levantado cerca de 2,000 firmas en 22 actas de asamblea de comunidades del municipio que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio, así como lo ha hecho Francisco León en sus 7 ejidos que lo conforman y como lo están haciendo los municipios de Tecpatan e Ixtacomitan.

Las actas con las que se cuenta, ya han sido entregadas a instancias federales, así como legislativas para que se den los cauces necesarios y se dé cumplimiento a las exigencias de las comunidades que defienden su territorio:

• Ante la omisión para saber el sentir de los Pueblos Zoques, respeto al derecho de AUTOCONSULTA de las comunidades indígenas de los Pueblos Zoques
• RECHAZO para otorgar el permiso para el proceso de licitación y por consiguiente del concesionamiento de los pozos de extracción de hidrocarburos que pertenecen al bloque 10 y 11, debido a que solo dejan pobreza; la llegada de la delincuencia organizada detrás de las empresas que ganan las licitaciones; pero principalmente por el daño ambiental y la división comunitaria, porque también se confronta a los pueblos.
• Declaración por parte de los Pueblos Zoques como TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS, QUE ATENTAN CONTRA LOS RECURSOS NATURALES (HIDROCARBUROS, MINERÍA, PRESAS HIDROELÉCTRICAS, CENTRALES GEOTÉRMICAS).

Hacemos de su conocimiento que se hará entrega copia de las actas ya recopiladas al Gobierno del Estado y a las presidencias municipales.

Ante lo acontecido, manifestamos que para la Defensa del Territorio Zoque procederemos a hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales por la omisión ante la falta de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, así como por las faltas que se están cometiendo en el proceso de información y consulta.

En este marco, con la finalidad de intimidar a quienes se han dispuesto a la Defensa del Territorio Zoque y de garantizar que se lleve a cabo el proceso de licitación, la compañera Silvia Juárez Juárez que es Defensora del Territorio Zoque, fue detenida el pasado 21 de febrero y recluida en el Amate por los delitos fabricados de secuestro, daños y motín, ante lo cual, después de 35 días de estar recluida, fue liberada el pasado 28 de marzo debido a que hubo un desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado al considerar que no hay elementos que acrediten los delitos que se le imputan.

Pero sus Derechos Humanos como Defensora del Territorio siguen siendo violentados por las restricciones jurídicas y políticas que pesan sobre ella, ya que no se le permite regresar a su lugar de residencia y porque el Juez de Control (Lic. César Rodríguez Flores) considera que existen elementos para acreditar el delito de daños, por lo que aún está sujeta a proceso, siendo obligada a firmar cada 15 días.

Por si fuese poco, ante la campaña que ha desatado Armando Pastrana Jiménez, presidente municipal de Tecpatan, exigiendo que sea reaprehendida, ante las amenazas de riesgo a su integridad y ante el hostigamiento que existe en contra de las y los defensores del Territorio Zoque, Silvia Juárez, no puede regresar a su hogar con su familia y quienes cuentan con orden de aprehensión, no pueden desenvolver su vida en plena calma.

Es por lo anterior que seguimos exigiendo la Libertad incondicional de Silvia Juárez Juárez, ante los delitos que se le fabricaron, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de quienes, como Silvia, defienden el Territorio Zoque y exigimos que, al ser Defensores de Derechos Humanos y del Territorio Zoque, se tomen las medidas cautelares para garantizar la integridad física de Silvia y de todas y todos los que cuentan con órdenes de aprehensión.

¡POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO!
¡FUERA PROYECTOS DE MUERTE!
¡NO A LA REFORMA ENERGÉTICA!
¡NO A LOS HIDROCARBUROS!
¡CESE AL HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DE LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ZOQUE!

Foto: Conferencia de prensa del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR), el Centro de Lengua y Cultura Zoque (CLYCZ), el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad (CECOCISE) y la Asamblea estattal de organizaciones en Tuxtla Gutiérrez el 6 de abril 2017 (Otros Mundos A.C.)

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Más información:

El nuevo extractivismo en el norte de Chiapas

Tierras zoques de Chiapas: enclave de la defensa territorial