La vida o el mineral: los cuatro ciclos del despojo minero en México

Les compartimos la Presentación en .PDF del nuevo libro de Francisco López Bárcenas: La Vida o el Mineral: los cuatro ciclos del despojo minero (Akal/Inter Pares, 2017)

Descargar la Presentación del libro

Ver el programa de Rompeviento.TV “Vivir del negocio minero”,

con Francisco López Bárcenas:

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Extracto de la Presentación de La Vida o el Mineral:

En México, la minería es una industria floreciente, tan solo superada por la petrolera, la automotriz y las remesas de los migrantes. Su incidencia en la economía comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre nuestro país, Estados Unidos de América y Canadá, dos hechos fundamentales en el futuro de la industria minera; el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación y la inversión extranjera en este sector económico para facilitarla, mientras el segundo marcó sus nuevas pautas, que no se reducen a la legislación, pues incluyen el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, los usos del suelo, el agua necesaria para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro. De esta manera se construyeron las vías por las cuales la globalización se instaló en nuestro país.

El resultado de estas modificaciones, junto a las políticas acordes con ellas es que, en 2010, 28.58% del territorio mexicano (el equivalente a 51.76% de la propiedad social y una superficie mayor a la dedicada a la producción de alimentos) se encontraba concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas de capital transnacional, y en gran número canadienses, pero también australianas, norteamericanas, peruanas, rusas, sudafricanas, brasileñas, chinas y chilenas. Esas empresas en su mayoría se dedican a la extracción de oro, plata, cobre y zinc, aunque la tendencia es que en los años siguientes migrarán a explotar otros minerales de importancia estratégica para la industria tecnológica, como el berilio, el indio y las tierras raras, importantes para la elaboración de diversos productos, entre ellos computadoras, celulares y cabezas de misiles. De esa manera se configuró la participación subordinada de nuestro país en la economía mundial.

Una característica de la minería que se practica actualmente es que la mayoría de los proyectos se han instalado o se están instalando en lugares que hace años albergaron proyectos similares y fueron abandonados porque el mineral se agotó. Pero esa es una verdad a medias; se agotó el que se encontraba en vetas, no así el desparramado alrededor de ellas y, al agotarse las vetas, adquirió una importancia económica singular. Sólo que su apropiación no puede realizarse como años atrás, con la técnica de socavón, para lo cual se construían túneles donde se introducían los trabajadores y la maquinaria; como no hay vetas sino mineral esparcido en forma de polvo por todas partes, ahora tiene que hacerse a cielo abierto, demoliendo cerros completos y afectando pueblos enteros para llegar al mineral; usando grandes cantidades de agua y químicos para separar el mineral de otras materias —mediante el proceso de lixiviación—, generando problemas de salud entre los habitantes de los pueblos aledaños y contaminando gravemente el medio ambiente.

A las actividades extractivas de las empresas mineras y sus efectos se oponen los campesinos, porque destruyen las tierras donde viven y obtienen sus alimentos, contaminan los ríos y mantos acuíferos; los pueblos indígenas las rechazan porque destruyen sus territorios, sus lugares sagrados y sus formas de vida, y la sociedad en general lo hace porque sabe que indebidamente se apropian de los recursos naturales que pertenecen a todos los mexicanos, sin que esto genere algún beneficio al país, pues lo que pagan por los derechos de uso de cada hectárea concesionada es simbólico —entre cinco y ciento diez pesos, según veremos más adelante— y ningún impuesto por la exportación del mineral. Además de despojar al país de sus recursos, las actividades de esas empresas transforman negativamente las expectativas de vida de los mexicanos y, en la mayoría de los casos, truncan sus posibilidades de desarrollo de acuerdo con sus propias aspiraciones. De esta manera, se configura una lucha entre el capital y los dueños del mineral o perjudicados por esos procesos de acumulación capitalista, cuyo principal atributo es la desposesión de los bienes naturales de sus legítimos dueños.

En medio de estos actores se coloca el Estado mexicano que, en lugar de defender los intereses del país y sus habitantes, discursivamente se asume imparcial y aparentemente trata de conciliar los intereses en pugna. Decimos aparentemente porque —según se documenta en esta investigación—, con las reformas constitucionales y legales a las que nos referiremos y que analizaremos a profundidad en el capítulo correspondiente, también se transformó la estructura del Estado, despojándolo de su facultad para crear instrumentos que procuren el bien público, hasta convertirlo en administrador de los intereses del capital transnacional, función que realiza aplicando los instrumentos que las instituciones y leyes le permiten (a través de las políticas mineras), que siempre están cargados hacia los primeros. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que el Estado mexicano ha dejado de ser un Estado nacional para convertirse —como propone Joachim Hirsch— en un Estado de competencia.

Cómo sucedió esto es un fenómeno que también se analiza en este trabajo. Hemos dicho que la minería a cielo abierto trunca posibilidades de desarrollo para los habitantes en las regiones donde se instala. Aquí la minería engarza con el desarrollo rural, aunque de manera un tanto fuera de lo común, ya que normalmente los estudios de esta naturaleza se enfocan a analizar procesos que potencian el desarrollo rural, pero en este caso es al contrario, pues se estudia un proceso que afecta el bienestar de la gente del campo, lo cual podría dar pie para afirmar que se trata de un tema de “antidesarrollo” rural, si por desarrollo rural se entienden los procesos que buscan el mejoramiento y bienestar de la población del campo, a través del impulso de actividades económicas que lo permitan y, al mismo tiempo, aseguren la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Eso es lo que hace importante el estudio del tema, pues muestra cómo en nombre del desarrollo del país se puede perjudicar a sectores concretos de su sociedad.

Lo anterior hace de la actividad minera un tema que merece ser analizado para comprender sus implicaciones económicas, políticas,
sociales y culturales en nuestro país, y saber si realmente contribuye al desarrollo rural o, por el contrario, lo frena. Así, el objetivo general que nos proponemos en este trabajo es analizar los procesos de explotación minera en México, poniendo énfasis en ubicar los intereses que se encuentran detrás de ellos, la forma en que se expresan y la participación del Estado, para lo cual analizamos la actuación de sus instituciones, el contenido de las leyes que regulan la materia y las políticas elaboradas desde el gobierno para llevarlas a cabo. De la misma manera, esta investigación busca comprender la reacción de los campesinos, los pueblos indígenas y de amplios sectores de la sociedad en general que se sienten afectados por la actividad minera.

El estudio abarca un periodo que va de la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al año 2015, tiempo que coincide con los últimos periodos de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los dos primeros del Partido Acción Nacional (PAN) y la recuperación de la presidencia de la república por el primero. Éste es el periodo de estudio; para explicarlo, también recurrimos a la historia de la minería y, en algunos casos, salimos de él para explicar fenómenos que ya han tenido efectos en años posteriores. En la presente investigación sostenemos que desde la época colonial hasta nuestros días, la actividad minera no ha podido desligarse de factores económicos ajenos al país, que son los que han marcado su derrotero, en el primer caso como economía colonial, en los dos siguientes como un colonialismo moderno y, en el último, como colonialismo global, como afirma Santiago Castro-Gómez en su obra El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, que sucede en América Latina.

De esa manera, en el trabajo se reconocen cuatro ciclos de explotación minera en México:

– el primero va de la llegada de los españoles hasta la consolidación de la república —varias décadas después del decreto de independencia de México—;

– el segundo abarca todo el Porfiriato y las primeras décadas posteriores a la Revolución mexicana;

– el tercero se compone de los años de la “mexicanización”, como algunos autores lo denominan;

– el último sería el de la globalización, que comienza con las políticas de apertura comercial y se afianza con la reforma al artículo 27 constitucional, que permitió modificar el marco jurídico y las políticas mineras, así como la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Canadá y nuestro país.

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“La Revolución del agua”: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

Compartimos este nuevo corto documental realizado por Mario Marlo de “Somos El Medio”

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Texto de Mario Marlo:

Desde hace doce años, los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicadas en los altos de Jalisco luchan por salvar sus pueblos que están en riesgo de quedar inundados a causa de la construcción de la presa El Zapotillo.

A pesar de existir un fallo emitido en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde ordena que la cortina de la presa no pase de los 80 metros, los tres niveles de gobierno (estatal, municipal y federal) no lo están respetando y los intentos de terminar la obra a 105 metros continúan.

El proyecto que comenzó a promoverse en el año 2005 y su construcción en el año 2009, es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato. Tiene la intención de abastecer de agua a las ciudades de León, Guanajuato, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la región de los Altos de Jalisco sin considerar el impacto social y ambiental de la zona.

En diversas ocasiones, los pobladores y las organizaciones que los acompañan han denunciado los incrementos al costo del Proyecto Presa El Zapotillo–Acueducto Zapotillo León que a la fecha asciende a 20 millones 856 millones de pesos, 49% más de su costo inicial. 43 millones de pesos en la construcción, servicios de vigilancia del predio Talicoyunque donde se pretende reubicar a la población afectada por la presa y 90 millones de pesos pagados a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por la realización de un estudio hidrológico del río Verde.

El pasado 29 de junio de este año, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó el Informe final del estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Proyecto Jalisco Sostenible, Cuenca del Río Verde, por el que pagó 90 millones de pesos del erario público y con el que se apoyó para determinar que su gobierno acataría el escenario número cinco planteado por la UNOPS, una cortina a 105 lo que inundaria los tres poblados en resistencia.

Gabriel Espinoza, líder del movimiento contra la presa El Zapotillo, denunció que el evento fue un fraude para Jalisco y para México al igual que los estudios de la UNOPS.- “No aportan ninguna novedad para el estudio y la Gestión Integral del agua, solo se basan en la oferta y la demanda del agua y la privatización.” Explicó que el Gobernador no tiene la facultad para reubicarlos ni para sacarlos, por lo que seguirán con los amparos a nivel federal e internacional y la resistencia civil pacífica.

Más información:

Página Facebook “Temaca No Está Solo”

Pronunciamiento: “¡Unidos vayamos por una gestión integral del agua”

[AUDIO] 19 y 20 de agosto: Foro “El extractivismo o la vida” en Ixtepec, Oaxaca

Nota y Audio de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Convocamos al Foro “El Extractivismo o la Vida” los 19 y 20 de agosto 2017, de 9 a 6 PM en el Salón Sandunga, Ciudad de Ixtepec, Oaxaca

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO DE LA CONVOCATORIA <<

Los 19 y 20 de agosto, la Ciudad de Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, será la sede del Foro “El extractivismo o la vida”, convocado por varias asociaciones que pertenecen a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y organizaciones del Istmo.

El Foro está dirigido a los pueblos de la región y todas las personas preocupadas por las afectaciones de los megaproyectos extractivos en los territorios.

Habrá ponencias y reflexiones sobre las consecuencias de la actual implementación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sur-sureste de México, entre las cuales la ZEE del Corredor Industrial Inter-Océanico en el Istmo de Tehuantepec. Están relacionadas con la multiplicación de gasoductos y de proyectos mineros, hidroeléctricos o eólicos, entre otros.

Ruben Valencia, del Comité organizativo del Foro, explica qué es el extractivismo y cómo se manifiesta en los territorios:

Nosotros coincidimos con algunos pensadores y organizaciones que el extractivismo no es solo un modelo económico sino un tipo de sociedad, de cultura, basada en la apropiación y el robo. Es ya una mentalidad que nos quieren imponer de avaricia, de individualidad, ya que todo lo mercantiliza, desde el parto hasta lo que comemos. Se ha manifestado de diferentes formas, la más evidente es la minería a cielo abierto, pero también están los gasoductos, las presas hidroeléctricas o la energía eólica, entre otras. Es ya una forma de explotación que no tiene el mínimo proceso de recuperación de su impacto al medio ambiente, mucho menos a la vida de las personas. En el caso de las minas, tenemos información que después de su explotación los lugares donde se instalan quedan convertidos en pueblos fantasmas, si no se mueren por cáncer o por el narcotráfico, huyen de sus tierras abandonando sus sueños, a sus muertos, se fragmenta su identidad.

¿Qué tiene que ver ese extractivismo con la implementación de las Zonas Economicas Especiales?

Estos megaproyectos, por su impacto negativo, han tenido mucha resistencia en diferentes estados y comunidades. Por ello el gobierno con la asesoría de los grandes consorcios internacionales diseñaron a nivel mundial zonas especiales o zonas francas para darles todas las garantías para saquear nuestros “recursos naturales”. Sus planes de las ZEE tienen un objetivo integral: eximir de impuestos a las empresas que operen, garantizar la seguridad de sus inversiones reprimiendo la protesta social y poner a las autoridades municipales y comunales al servicio de estos empresarios. Es por ello que nosotros decimos que las resistencias deben juntarse y construir una estrategia integral. Para eso es el foro. Algunas organizaciones que convocamos a este foro, nos adherimos a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), para que en conjunto construyamos una estrategia para mejor defendernos de estas aves de rapiña que son las multinacionales, nacionales y extranjeras.

CONVOCATORIA:

Más información:

VIDEO: Alberto Arroyo habla de los tratados de libre comercio y las Zonas Económicas Especiales en Oaxaca

Oaxaca: Declaratoria del Foro “Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente”

Zonas Económicas Especiales: negocios por 35 mil millones de dólares

>> Escuchar más spots audios de invitación al Foro <<

>> Escuchar y descargar la Canción de Ixtepec por la Vida y contra la Mina: “Ndani Gueza” <<

>> Consultar el Programa del Foro <<

Defensores y defensoras de la costa de Chiapas exigen el cese de la minería ante el Gobernador

Les compartimos estas nota de prensa e imágenes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), publicada en la página Facebook del FPDS.

ACACOYAGUA, CHIAPAS, 10 DE AGOSTO 2017 (FPDS) – Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.

A las 3.30 horas de la tarde, dos integrantes del FPDS entregamos en mano propia un oficio al gobernador durante el evento que organizó dentro de la Unidad Deportiva de Acacoyagua. En dicho documento, le señalamos que “en los últimos meses hemos recibido amenazas de muerte, desprestigios en medios de comunicación, ataques verbales, señalamientos, por parte de los mineros y empresarios mineros” por exigir la cancelación de las 21 concesiones existentes en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

Le recordamos que el pasado 4 de agosto, “los mineros se manifestaron frente al Palacio Municipal de Acacoyagua generando un clima de violencia y de ataques en nuestra contra, sin que las autoridades hicieran algo al respecto para evitar un posible enfrentamiento”.

Además, denunciamos que “el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Elí Matías, no cumple con sus funciones ya que nunca nos ha atendido con todo el cabildo“. Por fin, exigimos “la cancelación de los permisos y concesiones mineros en la región costa de Chiapas y en particular en los municipios de Acacoyagua y Escuintla; la suspensión de toda actividad minera en la región costa de Chiapas, toda vez que pone en riesgo nuestra vida, la salud y el medio ambiente; y que se garantice la integridad física, emocional y psicológica de quienes estamos defendiendo la vida”.

Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando “No a la minería”, “Fuera mineros de Acacoyagua”, con pancartas que decían “Sí a la Vida, No a la Mina”, “La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece”, “Nuestra sierra es verde y verde la queremos” y “El agua vale más que el oro”.

Nuestra acción de protesta llamó la atención del gobernador quien se acercó a nosotros para escuchar nuestras exigencias.

¡Ya es tiempo que las autoridades del municipio de Acacoyagua y del estado de Chiapas actúen para que cese el despojo minero en el Soconusco!

¡Sí a la vida! ¡No a la mina!

Firmamos: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS)

El oficio que el FPDS entregó al Goberador:

Contexto:

Opositores a la minería en la costa de Chiapas sufrieron dos agresiones en una semana

Defensores mayas en lucha contra Monsanto denuncian al gobierno mexicano por hostigar e intentar dividirlos

Comunicado del colectivo MA OGM y varias organizaciones sociales de México – Ciudad de México, a 8 de agosto del 2017

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Representantes indígenas denuncian a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por intentar dividirlos para realizar consulta indígena

  • Presentan ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia de la estrategia de división y hostigamiento, “Nos mantendremos unidos, no nos callarán”, afirman;
  • Las dependencias buscan dividir opiniones y frenar participación de las comunidades en consulta indígena sobre la soya transgénica en Campeche;
  • Mientras tanto continúa la deforestación y destrucción de la Selva Maya.

Representantes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que participan en el proceso de consulta indígena ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la siembra de soya transgénica en Campeche, presentaron documentos en las oficinas de la CNDH y ante diversas Instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México para denunciar el clima de hostigamiento y la estrategia de división implementadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con el fin de desgastar y desarticular el proceso organizativo de las comunidades en este proceso.

Angélica Ek Canché, Feliciano Ucán Poot y Luis Canul Vela de los municipios de Hopelchén y Tenabo acudieron a las oficinas de la CNDH con la boca tapada con una cruz en señal de protesta por los intentos de silenciar su opinión. Antes de ingresar a las oficinas a entregar las evidencias las partes se retiraron al grito de “No nos callarán”.

En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los representantes mayas, así como las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de consulta, cuestionan los intereses de la CIBIOGEM y la CDI de acercarse a las autoridades ejidales de Bolonchén de Rejón, Tenabo y otras varias para incentivar procesos de consulta por comunidad y la organización de asambleas ejidales para la elección de nuevos representantes desconociendo los acuerdos de que las comunidades van juntas en el proceso de consulta y a los representantes nombrados.

Según algunas autoridades ejidales y comunales, esta campaña liderada por CIBIOGEM y CDI busca dividir y desarticular a las comunidades y ha llegado hasta los últimos rincones del municipio de Hopelchén, en donde el abogado Marco Ramírez de CIBIOGEM ha ido a prometer a autoridades ejidales diferentes beneficios a cambio de que se separen de la consulta en conjunto.

El domingo 8 de julio de 2017 se convocó a una asamblea de ejidatarios en Bolonchén en donde Marco Ramírez de CIBIOGEM comentó sobre la conveniencia de que esta comunidad se separe del proceso de consulta en el municipio. El 23 de julio de 2017, el mismo funcionario acudió a una Asamblea ejidal en Tenabo a invitar a los ejidatarios a nombrar siete representantes de la consulta, desconociendo a los actuales representantes nombrados en el proceso y acusándolos de engañar a los miembros de su comunidad.

Naayeli Ramírez, asesora legal de las comunidades en el proceso de consulta, declaró que “las autoridades están atentando contra el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades mayas, e interviniendo para desincentivar la organización de los pueblos en este proceso de consulta.” Estas acciones van en contra de los acuerdos tomados en el proceso de consulta indígena del 25 y 26 de marzo de 2017 -en donde las comunidades acordaron con CIBIOGEM y CDI ir juntas como una sola unidad en este proceso– y en contra del principio de buena fe establecido en la ley para toda consulta indígena.

La última sesión de la consulta en Hopelchén (27 de mayo de 2017) se levantó a propuesta de la funcionaria de CIBIOGEM, Sol Ortiz, porque no hubo las condiciones de seguridad y orden necesarios para llevarla a cabo. Alrededor de 100 acarreados de Iturbide y el municipio de Campeche interrumpieron la sesión constantemente e insultaron a los representantes. Esta no es la primera vez que personas de fuera invaden las sesiones de consulta; en la sesión del 25 de marzo de 2017 aventaron objetos a los representantes y ninguna autoridad tomó medidas al respecto. La falta de orden, seguridad y libertad ha permeado las sesiones de consulta indígena.

Durante las últimas sesiones, esta funcionaria federal calló, intimidó e insultó a varios de los representantes de las comunidades y sus asesores. Por esta razón, el 28 de mayo de 2017 en Tenabo, los representantes de las comunidades confrontaron
duramente a la CIBIOGEM y a la CDI y los acusaron de contradecirse, de tratar de inmiscuirse en el ámbito de autoridad de sus pueblos y de insultarlos. En el acta de ese día consta que los representantes se sintieron insultados por los comentarios de la funcionaria. Uno de los representantes le reclamó al representante de la CDI su falta de lealtad y de apoyo a las comunidades mayas.

También reclamaron a los representantes de la CNDH su falta de imparcialidad ya que durante la sesión, la funcionaria de la CNDH le dio consejo legal a CIBIOGEM y CDI sin que todos pudieran escuchar. La sesión se levantó sin que se pudieran lograr acuerdos sustantivos porque la representante de CIBIOGEM, Sol Ortiz, insistió en no reconocer la voluntad de los pueblos de Tenabo de ir juntos en la consulta. Desde ese día, las intimidaciones, amenazas y la difamación a líderes de las comunidades y asesores en el proceso de consulta han escalado poniendo en riesgo la integridad de los que participan en la consulta y el proceso mismo.

Según los representantes de las diferentes comunidades en Campeche que están siendo consultadas, el comportamiento de la CIBIOGEM y CDI evidencia que las autoridades federales no buscan un diálogo sino proteger los intereses de las empresas comercializadoras de Organismos Genéticamente Modificados como Monsanto.

El clima de hostilidad y hostigamiento que se ha ido incrementando en la región desde que comunidades mayas han intentado defender el territorio en contra de organismos genéticamente modificadas y otros monocultivos se da mientras que la deforestación y afectación a los recursos naturales de su territorio ancestral continúa sin que las autoridades ante las que se han denunciado estos hechos (PROFEPA, PGR, SENASICA y CONAGUA) hayan tomado acciones para investigar estos sucesos, sancionar y reparar los daños.

Firman:

MA OGM
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
SERAPAZ-Servicio y Asesoría para la Paz
Centro Prodh
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
EDUCE-Educación Cultura y Ecología A.C.
Muuch Kambal A.C.

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Foto: MA OGM

Ductos, ¿por dónde circulan los hidrocarburos en México?

Compartimos este estudio realizado por CartoCrítica

¿Cuántos tipos de ductos para transportar hidrocarburos existen en México? ¿Cuántos son? ¿De qué longitud? ¿Están en las ciudades o bosques, cruzan ríos o cultivos? ¿Quién tiene conocimiento y autoridad sobre ellos? Además de tomas clandestinas, ¿hay fugas? ¿Cruzan por áreas naturales protegidas? ¿Qué ecosistemas afectan? ¿Son ductos públicos o privados? ¿Se respetan los derechos de vía? ¿Representan riesgos para la salud, los ecosistemas o los centros de población?

Todas estas dudas y más surgen cuando uno quiere saber sobre la infraestructura del transporte de hidrocarburos por ductos en el país. Las respuestas no están disponibles fácilmente, aún cuando son relevantes para quienes habitan o tienen propiedades en las zonas aledañas, para la protección civil y la conservación ambiental. Tras la reforma constitucional en materia energética y leyes secundarias, se ha dificultado aún más el acceso a estos datos.

Para responder a estas preguntas, CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll Stiftung elaboramos el presente estudio, a modo de una primera caracterización sobre los ductos para el transporte de hidrocarburos que existen en el país. En este esfuerzo se identificaron 6 mil 777 proyectos de ductos, cuya longitud es de 68 mil 843.15 kilómetros, equivalente a dar 1.7 veces la vuelta a la Tierra en el ecuador. El 94% son ductos terrestres, mientras que 3 mil 973.8 km están en el Golfo de México, frente a Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas; y 21.5 km están en el Océano Pacífico frente Baja California.

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Mapa de ductos en PDF (baja resolución, 4Mb)

Mapa de ductos en PDF (alta resolución, 55M)

Chiapas:

Introducción

El principal constructor de ductos a lo largo del país ha sido Petróleos Mexicanos (Pemex). Tiene ductos para la recolección del petróleo crudo y gas provenientes de los pozos de extracción, el transporte a las refinerías, petroquímicas y complejos procesadores de gas, y para la distribución de productos finales a las terminales de almacenamiento y consumidores finales. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es también una importante constructora de ductos para abastecer de gas a las plantas generadoras de energía eléctrica del país. También están los ductos de las comercializadoras de gas natural que atraviesan ciudades enteras, así como los construidos por y para el servicio de grandes usuarios industriales.

A diferencia de otras instalaciones industriales peligrosas, los ductos no están dentro de un complejo industrial con características de seguridad; por el contrario, se despliegan a lo largo y ancho de tierras propiedad de terceros, entre ciudades y carreteras, o en tierras agrícolas, ríos y parajes naturales, incluyendo propiedades privadas, núcleos agrarios, áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Por lo que, en caso de fuga de hidrocarburos, el riesgo de derrames, contaminación y explosiones es sumamente alto, con rangos que van desde los 20 metros para los ductos de diámetro pequeño, hasta más de 300 metros para los grandes ductos o de alta presión.

Las tuberías están normalmente enterradas; sin embargo, su construcción, supervisión y mantenimiento requiere de amplios derechos de vías libres y sin cobertura vegetal. El diámetro de los ductos puede variar desde una hasta 50 pulgadas o más, pero las excavaciones para la construcción, mantenimiento y franja de seguridad o derecho de vía, que puede ser de más de 10 metros de ancho, producen una intensa perturbación del suelo y el entorno. Numerosas invasiones se registran sin ningún control, se pueden encontrar viviendas, industria, comercio, escuelas, torres de alta tensión y hasta instalaciones militares sobre el derecho de vía de los ductos.

El acceso a la información pública en formatos abiertos sobre los ductos es inexistente. La infraestructura se encuentra sumida en la opacidad, escudada con el argumento de la seguridad nacional. La ubicación de los ductos, su antigüedad, bitácoras de mantenimiento, riesgos, fugas, incidentes y tomas clandestinas, entre muchas otras características, se mantienen resguardadas con recelo. Las autoridades responsables solo publican agregados estadísticos o infográficos ilustrados con mapas simplificados del país, incluso los datos sobre capacidad o longitud varían entre una publicación y otra. Este escenario dificulta la protección civil e imposibilita los estudios para cuantificar impactos y riesgos sociales o ambientales, entorpece la disponibilidad previa de información para consultas públicas y, sin duda, es un obstáculo para la participación ciudadana.

Marco regulatorio

El transporte por ductos puede ser sumamente complejo, para entenderlo, se puede catalogar por empresa, tipo de hidrocarburo, diámetro, función desempeñada, estado actual de operación, entre otros; el análisis por categorías arroja claridad sobre diversos aspectos. De manera esquemática, lo más sencillo es distinguir entre los ductos de recolección y los de transporte y distribución.

Los ductos de recolección permiten el acopio de hidrocarburos que se han extraído del subsuelo, se realiza mediante un sistema de líneas de descarga que van desde el cabezal de cada pozo en el yacimiento hasta las primeras baterías de separación o, en su caso, hasta los sistemas de transporte (NOM-027-SESH-2010). Estos ductos solo se encuentran en donde se extraen hidrocarburos del subsuelo, principalmente en aguas del Golfo de México, en Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. Según el marco regulatorio actual, solo pueden estar dentro de un Área Contractual o un Área de Asignación, ya que pertenecen a la fase de exploración y extracción de los hidrocarburos, por lo mismo, están regulados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (Artículo 38 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética).

Posteriormente, están los ductos de transporte y distribución. Estos son los que conducen los hidrocarburos en múltiples fases, entre estaciones o plantas para su compresión, bombeo, procesamiento, almacenamiento y finalmente distribución. Aquí se incluyen tanto los ductos nacionales como los de internación, es decir aquellos cuya capacidad está destinada a la importación de hidrocarburos. Estos se encuentran distribuidos a lo largo de prácticamente todas las entidades del país, aunque no necesariamente interconectados entre sí, pueden interconectarse con buques cisterna o ferrocarriles. Con la expansión del sistema de gasoductos propuesta por la Secretaría de Energía (Sener) en el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019 (“Plan Quinquenal de Gasoductos”), al parecer solo en Nayarit no habría ductos de ningún tipo. La regulación de estos ductos está a cargo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética); aunque adicionalmente, los de transporte y distribución de gas natural, de carácter público, están integrados al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sintragas), cuyo gestor y administrador independiente es el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas). Integrar los ductos privados de gas natural al Sintragas es de carácter voluntario (Artículo 65 y 66 de la Ley de Hidrocarburos).

Para el crecimiento de la importación, exportación y uso del gas natural en México, la reforma energética del 2013 contempló establecer un nuevo arreglo institucional en el manejo de los gasoductos públicos existentes y aumentar la red de gasoductos del país. De este modo, la gestión y administración del Sistema Nacional de Gasoductos cambió drásticamente en enero del 2016, al pasar de manos de Pemex Logística al recientemente creado Cenagas, organismo descentralizado sectorizado a la Sener. A este, Pemex le transfirió tanto la infraestructura de gasoductos de transporte que poseía, como los contratos de ocupación superficial y derechos inmobiliarios que poseía.

Hallazgos en medio de la opacidad

Con el argumento de la seguridad nacional, Pemex, la Secretaría de Energía y demás autoridades en materia de energía e hidrocarburos niegan el acceso público a la información desagregada y en formatos abiertos sobre la infraestructura de ductos existente. Muy por el contrario, la recientemente creada Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos (enero de 2016) define en su artículo 23 que:

“La información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios […] será considerada información de Seguridad Nacional en términos de la Ley en la materia.”

Esto se traduce en que la información desagregada sobre la infraestructura de hidrocarburos es sistemáticamente negada por la autoridad responsable argumentando daños presentes, probables y específicos. Para ello, Pemex, CNH y Sener han clasificado como reservada toda información que permita detallar la ubicación y características de la infraestructura petrolera nacional. El entonces denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, 2014), determinó en la resolución a un recurso de revisión que:

La divulgación de la ubicación y características de la infraestructura con que cuenta PEMEX ocasionaría una potencial amenaza y perjuicio a la seguridad nacional, además de causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de delitos, al proporcionar datos mediante los cuales puede obtenerse la ubicación geográfica exacta y características específicas de la red de ductos de PEMEX y sus organismos subsidiarios, así como de sus instalaciones y de los diversos tipos de productos transportados, mismos que podrían ser atacados con explosivos, vehículos e, incluso, ser objeto de acciones hostiles y delitos como el robo, la extorsión y demás hechos ilícitos.”

Esta secrecía en la información territorial de la infraestructura viene acompañada frente a la preponderancia territorial que las leyes le otorgan a la propia industria petrolera, al catalogarla como de utilidad pública (Artículo 28 de la Constitución), interés social y orden público (Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y Artículo 33 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética). Así, no obstante que la Ley de Hidrocarburos considera que las actividades de exploración y extracción “tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas” y, que para ello procederá “la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial” (Artículo 96, Ley de Hidrocarburos), resulta que como sociedad no podemos ni siquiera conocer dónde estas actividades se desarrollan, por ser información reservada. La exploración y extracción de hidrocarburos quedó restringida de las áreas naturales protegidas por la Ley de Hidrocarburos, más no así el transporte por ductos o la presencia de cualquier otra actividad petrolera.

Resulta difícil creer el argumento de la seguridad nacional, puesto que, al buscar en la multiplicidad de documentos oficiales existentes, se encuentra con que esta información ha sido publicada numerosas veces por fuentes oficiales, aunque de manera poco sistemática y en formatos cerrados.

De esta manera, consultando múltiples fuentes públicas, fue posible compilar este mapa -a pesar de la constante negativa de acceso a la información pública en formatos abiertos. Se consultaron las convocatorias para las licitaciones públicas de los gasoductos a cargo de CFE, disponibles públicamente en internet, que contienen trazos vectoriales georreferenciados, listados de coordenadas y planos topográficos que permiten determinar con absoluta precisión la ubicación, trazo, dimensiones y características de los gasoductos que se licitan. Estos son los mismos incluidos en el Plan Quinquenal de Gasoductos del que Sener niega las coordenadas o trazos específicos por atentar contra la seguridad nacional. De igual manera, se consultaron las bases para las licitaciones que celebra Pemex, que incluyen planos y mapas detallados sobre la ubicación de la infraestructura objeto de la licitación, así como de toda la infraestructura circundante. Además, se consultaron las Manifestaciones de Impacto Ambiental que toda obra de hidrocarburos debe cumplir conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA), en las que el promovente de la obra debe incluir mapas y coordenadas específicas del proyecto que piensa llevar a cabo, así como todas sus características e impactos ambientales previstos. Toda esta información es pública y está disponible en internet o en las delegaciones de Semarnat.

De modo que resulta contradictorio que, con el argumento de la seguridad nacional, la autoridad energética se niegue a transparentar, en el estándar de datos abiertos, la información que de facto ya es pública.

En Estados Unidos, es posible consultar públicamente el “Sistema Nacional de Mapas de Ductos” perteneciente a la Administración de ductos y materiales peligrosos, dependiente del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

En Canadá, la Asociación de Gasoductos de Canadá, que agrupa a las empresas del sector en el país, cuenta también con un mapa público en línea para conocer la localización y características de los ductos.

En México, no es posible contar con un mapa oficial sobre los ductos, por lo que CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll presentamos el siguiente mapa, que es una primera caracterización sobre esta infraestructura en el país.

>> DESCARGAR EL MAPA <<

Mapa de ductos en PDF (baja resolución, 4Mb)

Mapa de ductos en PDF (alta resolución, 55M)

Mapa interactivo de concesiones mineras en México

Compartimos este trabajo realizado por Romeo LopCam, de la Agencia SubVersiones

Datos obtenidos del Sistema de Administración Minera (SIAM) de la Secretaría de Economía.
Recuperados el 19 de julio de 2017. Diseño: Agencia SubVersiones / Romeo LopCam.

>> IR AL MAPA <<

>> DESCARGAR: Mapa estático (PNG) + Cartografía minera (Shapefile) + Concesiones mineras (CSV) <<

Instruciones:

Puedes alejar o acercar el mapa, así como buscar lugares, haciendo click en los botones localizados en el extremo inferior izquierdo del mismo, o bien, utilizando la rueda de desplazamiento del ratón.

Al pasar el puntero sobre cada una de las áreas concesionadas, se muestran datos como el titular de la concesión, el municipio en donde se localiza, el nombre del lote, la superficie en hectáreas y el número de título. Éste último es muy útil si se quiere descargar la tarjeta del Registro Público de Minería en la página del Sistema de Administración Minera (SIAM), que contiene otros datos relevantes.

Finalmente, con los menús dinámicos de la barra lateral derecha se puede filtrar la información que se presenta en el mapa, de acuerdo al estado, municipio o titular.

Texto, por Romeo LopCam:

Si bien la existencia de una concesión minera no implica necesariamente la de una mina, la vigencia de las mismas es de hasta 50 años, por lo que estas pueden ser guardadas en los despachos de empresarios y especuladores en espera de tiempos más propicios. Mientras tanto, la gente que tiene sus casas y tierras de cultivo sobre las áreas concesionadas, puede estar viviendo y trabajando sobre ellas sin saber que en determinado momento podría ser víctima de intentos de despojo, contaminación y otros daños ambientales.

El Artículo 6 de la Ley Minera dice a la letra:

“La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.”

Es importante que las comunidades sepan que mucha de la información sobre concesiones mineras es pública, aunque por lo general es presentada en formatos inteligibles solo para quienes cuentan con ciertos conocimientos técnicos o legales. El presente mapa interactivo pretende hacer más transparente dicha información, con el objeto de que las personas afectadas tomen las acciones que crean pertinentes en caso de que su territorio esté siendo cedido por el Estado a la industria del extractivismo minero.

Algunas empresas que aparecen como titulares son filiales de grupos más grandes, tal es el caso de Minerales Monclova, quepertenece a Altos Hornos de México; Las Encinas, que pertenece a la transnacional acerera Ternium; y Exploraciones Mineras Parreña, que pertenece a Industrias Peñoles. Los nombres de estas últimas no suelen aparecer en los registros.

Algo similar sucede con individuos que tienen concesionadas grandes extensiones de terreno. Por ejemplo, Jorge Jiménez Arana, en realidad es el representante legal de Blackfire Exploration México, que en 2009 fue señalada como autora del asesinato del activista Mariano Abarca Roblero, en Chicomosuelo, Chiapas. La mina Payback, proyecto contra el que se manifestaba, fue clausurada en diciembre de ese mismo año por infringir las normas ambientales.

Jorge Jiménez Arana declaró a El Universal en 2014 que la titularidad que mantenía sobre las concesiones era temporal y reconoció que esto se daba así, en razón de que la empresa que representa tuvo “un problema con el gobierno de Chiapas en 2009”. Sin embargo, hoy día aparece en la cartografía minera como la persona física con más superficie asignada.

Por otra parte, una vez obtenidos, los títulos de las concesiones mineras se pueden transferir sin mucha dificultad, lo que ocasiona que exista todo un mercado irregular en el que muchos particulares especulan con los mismos. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el número de concesiones a favor de estos rebasó el 60%. Jenaro Garza Guerra, quien se desempeñó como perito minero entre 1999 y 2007, es un caso paradigmático.

Finalmente, cabe señalar que alguna información puede estar incompleta, como fruto de errores en su manipulación por parte de los funcionarios del Sistema de Administración Minera (SIAM), aunque tanto en la base de datos como en el archivo cartográfico, estos son poco frecuentes. Salvo por la normalización de las abreviaturas de algunos estados de la república, en este trabajo ambos se utilizaron sin mayores cambios.

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Nos solidarizamos con la lucha contra la planta de cianuro de Chemours en Durango

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la que forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, a 29 de julio 2017

Contexto: En junio 2017, celebramos la cancelación del “Proyecto San Luis” de la empresa The Chemours Company, que consistía en instalar una planta de cianuro de sodio en el municipio de San Luís de la Paz en Guanajuato. Ahora, Chemours pretender instalar su planta en el ejido El Siete, Pueblo Nuevo, municipio de Gómez Palacio, Durango. El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y la REMA organizaron una reunión informativa allí este 29 de julio para alertar a la población sobre el peligro que representa el proyecto para la salud humana y el medioambiente.

Al Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio,

En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) nos mantenemos atentos a la valiente lucha por la defensa de su territorio que ustedes, ciudadanas y ciudadanos de la Comarca Lagunera, han emprendido contra la multinacional The Chemours Company quien pretende instalar una planta de producción de Cianuro de Sodio en el Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, Gómez Palacio, Durango.

Es muy sabido que el Cianuro de Sodio es uno de los venenos más potentes del mundo pues genera daños irreversibles a la salud y el medio ambiente en el corto y largo plazo. Así mismo, es uno de los químicos que más utilizan las empresas mineras durante los procesos de lixiviación de metales “preciosos” extraídos con la técnica “a cielo abierto”, técnica que se utiliza en proyectos de muerte para los pueblos de México y del mundo entero.

Las comunidades, ejidos, pueblos y organizaciones que integramos la REMA, somos testigos de cómo estas empresas de capital privado (nacional e extranjero) son capaces de alinear y corromper a las autoridades para facilitar los procedimientos y así obtener los permisos necesarios para implantarse en nuestros territorios y, al hacerlo, saquean y destruyen nuestros bienes naturales, refuerzan la cultura de impunidad que debilita, aún más, nuestro de por sí vergonzoso “Estado de Derecho” al generar despojo, desplazamientos forzados, criminalización de la protesta así como enfermedades, contaminación y muerte en nuestros pueblos que resisten de forma pacífica y desde la defensa de nuestros derechos, los embates de empresas relacionadas con el modelo extractivo minero.

Del mismo modo, hemos vivido en carne propia los terribles daños y afectaciones a nuestra salud y al medioambiente que las industrias consumidoras del Cianuro de Sodio de la Chemours Company han ocasionado en todo el territorio nacional.

 

Por todo ello y desde nuestra experiencia, les hacemos un llamado para que NO PERMITAN que sus autoridades locales generen escenarios que favorezcan a estas empresas, NO SE DEJEN ENGAÑAR por estudios técnicos carentes de profesionalismo científico.

A las autoridades responsables, les decimos ¡YA BASTA! de actuar de forma simulada, ambigua y vacilante, sin ética ni voluntad política para impedir que estas empresas, altamente contaminantes y peligrosas, se instalen en México, afecten nuestra salud y destruyan nuestros bienes naturales, sin sufrir algún tipo de consecuencia por ello.

La población del Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, ya ha hecho público su manifiesto de ¡NO! al proyecto de muerte “Laguna” de la empresa The Chemours Company. (ver abajo)

REMA se solidariza con la lucha de La Laguna, con la gente del Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, de tal manera que estamos listos para sumar fuerzas en esta lucha que han emprendido para evitar que este proyecto de muerte se imponga.

¡EL CIANURO MATA!

FUERA “THE CHEMOURS COMPANY” DEL EJIDO EL SIETE, PUEBLO NUEVO

FUERA “THE CHEMOURS COMPANY” DE LA LAGUNA

FUERA “THE CHEMOURS COMPANY” DE MÉXICO

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y MEGAPROYECTOS

Fraternalmente…

LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

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Comunicado del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el TerritorioEjido El Siete, Pueblo Nuevo, Durango 29 de julio 2017

Para la sociedad en general,

El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, integrado por las comunidades del Ejido Martha, Ejido Poanas, Ejido Morillo, Ejido La Aurora, Ejido Britinham, Ejido San Ramiro, Ejido Numancia, Ejido El Cuatro, Ejido Las Américas, Ejido Santa Cruz, Ejido Las Playas, Ejido Noé, Ejido Las Lechuzas, Abisinia, El Volado, Pueblo Nuevo El Siete, San Roque, La Torreña, Ejido Transporte, Ejido Seis de Octubre, Ejido Veintidos de febrero, y Ejido Maravasco, nos oponemos firmemente a la instalación de la planta productora de Cianuro de Sodio de la Chemours Company y a todos los proyectos asociados realizados por terceros como la Terminal de Materias Primas, el Gasoducto y la Planta de Cogeneración.

Somos conscientes de que el Cianuro de Sodio es uno de los venenos más letales del mundo, que puede provocar un accidente de dimensiones trágicas y que de instalarse la planta habrá consecuencias muy graves e irreversibles para nuestras comunidades. Queremos invitar a nuestros compañeros ciudadanos a que NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR cuando vienen a tratar de convencernos con dádivas, argumentando que no será tóxico para nuestros bienes naturales.

No necesitamos hacer regalos para que la gente se informe y conozca la verdad, nuestra vida está primero y vamos a luchar por cuidarla. Las comunidades aceptamos las fuentes de trabajo que NO ATENTEN CONTRA NUESTRA VIDA Y DIGNIDAD, NO NOS INTERESA EL “EMPLEO” QUE VIENEN A “OFRECERNOS” ya que de instalarse en nuestro territorio, comprometen el futuro de nuestros niños.

Nuestros intereses han sido ignorados por las autoridades responsables quienes no han escuchado nuestra voz, por ello les decimos que nuestro mensaje es claro:

– QUEREMOS UNA VIDA DIGNA, QUEREMOS SER ESCUCHADOS, PARTICIPAR Y SER TOMADOS EN CUENTA;

– QUEREMOS DESARROLLO, PERO INTEGRAL Y NO A CUALQUIER COSTO;

– NO QUEREMOS DESARROLLO QUE GENERE VÍCTIMAS, NO VAMOS A VENDER EL PATRIMONIO DE VIDA DE NUESTRO PUEBLO POR UNOS CENTAVOS, NO SEREMOS EL VERTEDERO DE DESECHOS, MATERIALES Y HUMANOS DE INDUSTRIAS IRRESPONSABLES, NO VENDEREMOS NUESTRA SALUD NI NUESTRO TERRITORIO, NO QUEREMOS QUE EL DESARROLLO SEA UNA AMENAZA PARA NUESTRAS COMUNIDADES.

A las autoridades les decimos claramente que NO NOS ENGAÑAN cuando vienen a prometer mejoras para nuestras comunidades pues sabemos claramente que no las hacen pensando en nuestras necesidades. HAGAN SU TRABAJO DE MANERA ÉTICA Y RESPONSABLE, SEAN HONESTOS CON EL PUEBLO, VEAN POR NUESTROS INTERESES Y NO POR LOS DE ESTAS EMPRESAS DE MUERTE.

Terminantemente, les decimos:

¡AISPURO, AISPURO NO QUEREMOS CIANURO!

¡QUEREMOS A CHEMOURS FUERA DE NUESTRO PUEBLO,

FUERA DE LA LAGUNA Y FUERA DE NUESTRO AMADO MÉXICO!

¡EL CIANURO MATA!

Foto: Multimedios – Edición Laguna

VIDEO: Alberto Arroyo habla de los tratados de libre comercio y las Zonas Económicas Especiales en Oaxaca

Compartimos este video realizado por Ojo de Agua Comunicación durante el Foro “Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente”, organizado en la ciudad de Oaxaca de Juárez en junio 2017

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El Dr. Alberto Arroyo Picard es investigador de la UAM-Iztapalapa.

Legalmente, los Tratados de Libre Comercio (TLC) internacionales son Ley Suprema pero no están por encima de la Constitución. Pero en los hechos, sí lo están, porque uno de los derechos que adquieren los capitalistas extranjeros cuando vienen a invertir en un país que ha firmado uno de esos tratados, como es el caso de México, es que cualquier conflicto en torno a sus intereses no se dirime en tribunales de nuestro país, sino en tribunales especiales de arbitraje, ni siquiera por jueces. Se resuelve en un espacio que creó el Banco Mundial: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a la Inversión (CIADI). Tiene mecanismos para hacer valer las sentencias. Esto es lo que hace que en los hechos, los tratados internacionales están por encima de nuestra Constitución.

Ni siquiera es un juez que resuelve el caso, sino un arbitro. Lo único que va a hacer es agarrar el TLC y decir: “A ver, ¿quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo con el Tratado?” No se está preguntando si es justo o no, ni si es legal o no. Lo único que está diciendo es: “Tú firmaste, entonces tengo que ver si estás cumpliendo con lo que se firmó”.

Es en este marco de los tratados de libre comercio firmados por México que quieren traer inversiones extranjeras en las Zonas Económicas Espeiales (ZEE), con el argumento de traer desarrollo. Para nosotros, no es desarrollo, es perdida de derechos, de nuestro territorio y de nuestra soberanía. El problema es que los proyectos de muerte que traen las inversiones adquieren un significado aún más grave cuando se implementan dentro del marco legal de un tratado de libre comercio que les hace más peligrosos y más difíciles de romper.

En realidad, los tratados de libre comercio son mucho más que comercio. ¿Qué derechos tienen los inversionistas que ahora quieren invertir en las ZEE?

          1- El “Trato de Nación más favorecida”: si invierto en tu país, me tienes que tratar como el mejor de tus amigos. (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, Parte V: “Inversión, Servicios y Asuntos relacionados”, Capitulo XI: “Inversión”, Articulo 1103: “Trato de nación mas favorecida”).

La inversión puede ser prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, aún cuando yo no he invertido ni un solo dólar todavía, la concesión que me fue otorgada ya es considerada como una inversión. Y por tanto, si me la quieren quitar, puedo demandar a los que me la quitaron, en el marco del TLCAN, no en el marco de la ley.

El “Trato de Nación más favorecida” está impidiendo todos los procesos de integración en América latina en términos de acuerdos más complementarios y de apoyo mutuo, como se intenta en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) por ejemplo, que propone una forma de integración sin competencia salvaje entre los países, basada en la complementación entre países hermanos.

          2- La ausencia de “requisitos de desempeño”: no se le puede exigir ningun requisito al inversionista extranjero. (TLCAN, Parte V: “Inversión, Servicios y Asuntos relacionados”, Capitulo XI: “Inversión”, Articulo 1106: “Requisitos de desempeño”).

Esos “requisitos de desempeño” son: la obligación que tiene el inversionista de cuidar el medio ambiente, de pagar buenos salarios, de comprar sus insumos dentro del país en lugar de importarlos, etc. Se trata de pedir al inversionista que viene a hacer negocios aquí, que deje algo en el país: que contrate mano de obra de la localidad, que la capacite, etc. Ahora, no existen esos “requisitos de desempeño” y el que viene a invertir puede hacer lo que se le da la gana, sin tener ningun tipo de obligación.

          3 – El derecho del inversionista a ser compensado ante cualquier medida gubernamental que tenga por resultado disminuir sus ganancias: el inversionista puede impugnar cualquier cambio legislativo que signifique la disminución de sus derechos previstos en el TLCAN. Una política pública, cualquier cosa que decida el gobierno del país receptor de la inversión, que tenga por resultado la disminución de la ganancia soñada por el inversionista, se puede considerar como una expropiación, por la que el gobierno debe pagar.

          4- El derecho a que ninguna empresa pública represente una competencia desleal para el inversionista. Consiste en someter a las empresas públicas a criterios del mercado, como si fueran empresas privadas cuyo único objetivo fuera ganar dinero y no garantizar derechos.

          5 – La protección aún después de que se rompiera el tratado. La idea es que la amortización de una inversión lleva muchos años para que el inversionista recupere lo que invertió. Si se rompe el Tratado, éste tendrá una vigencia hasta que el inversionista recupere su inversión.

Todos esos derechos que adquieren los inversionistas en el marco de los TLC están en los hechos por encima de los Derechos Humanos, y en este sentido son ilegales. La legislación internacional dice que los Derechos Humanos deben estar por encima de cualquier otro derecho. Pero como tenemos enormes dificultades para hacer valer los Derechos Humanos en tribunales, y como a cambio los inversionistas tienen tribunales muy efectivos para hacer valer sus propios derechos, los Derechos Humanos se convierten en derechos de papel, y los otros en derechos reales.

Las ZEE son políticas públicas para atraer inversión extranjera. Una vez que esa inversión extranjera se instala, tiene todos estos derechos. Este es el tamaño del problema. Si se instalan las ZEE, la situación se vuelve mucho más complicada. Ya se trata de una lucha internacional y no solo una lucha local o nacional.

Pero donde los inversionistas han tenido su Talón de Aquiles es cuando se topan con nosotro/as, con la gente en los territorios, en la defensa de nuestra Tierra. Todo inversionista, por más derechos que tenga, cuando llega a un territorio donde la resistencia le impide instalarse, prefiere irse porque no hay negocio. Así hemos derrotado mineras y proyectos eólicos.

El TLC más ambicioso que se ha tenido, fue el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y fue derrotado por los movimientos sociales y no entró en vigor. Más recientemente, se trató de firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y por ahora está congelado. Entonces se pueden parar.

Más lectura sobre los TLCs:

El TLCAN y la minería en México: un acuerdo trilateral para el despojo

Justicia privatizada. Los tribunales de arbitraje al servicio de las empresas transnacionales

El fracaso de la política neoliberal circunscrita a los Tratados de Libre Comercio

Millones de razones para decir no al ALCA

Más lectura sobre las ZEE:

Zonas Económicas Especiales: negocios por 35 mil millones de dólares

Oaxaca: Declaratoria del Foro “Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente”

Megaproyectos, militarización y control socio-territorial en la zona transfronteriza México-Guatemala

CONVOCATORIA:

Día mundial contra la megaminería: Rechazamos el saqueo institucionalizado en México

Pronunciamiento de organizaciones civiles mexicanas en el Día Mundial contra la Megaminería, firmado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 22 de julio del 2017

VIDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGAMINERÍA

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A las y los mexicanos,

A las y los afectados por megaproyectos,

Al Gobierno de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray,

En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero antes de que esto sucediera se modificó la Constitución Mexicana y diversas leyes para dar entrada a las disposiciones de los acuerdos neoliberales. Es necesario señalar que en 1983 se publicó un decreto constitucional que modificó los fundamentos de la economía estatal.

Posteriormente, durante 1992 y 1993, bajo la rúbrica de Carlos Salinas de Gortari, se publicaron entre otros, cuatro decretos de reforma constitucional que modificaron la estructura y configuración estatal del México posrevolucionario, y que prácticamente terminaron con los contenidos sociales de la Constitución Política. En estos cinco decretos de reforma constitucional se otorgó mayor seguridad jurídica a la propiedad, se terminó con el reparto agrario y se distorsionó el origen de la reforma agraria, con lo cual se suprimieron los apoyos al campo, se individualizó la educación, se transformaron las relaciones con las iglesias, se otorgó autonomía al banco central y se permitió privatizar los ferrocarriles. Sin duda, se trata de cinco decretos con un fuerte contenido neoliberal.

Como puede observarse, las reglas económicas y sociales del neoliberalismo han sido impuestas en la Carta Magna. Si bien los temas sociales se encuentran todavía en el contenido constitucional, éstos son tratados de forma distinta al planteamiento de 1917 y al que conceptúa un Estado de bienestar. Después de las reformas, las normas constitucionales en materia económica y social responden a los planteamientos neoliberales que se basan en un proyecto de dominación excluyente y conservador.

Entre esas reformas del Neoliberalismo Salinista tenemos:

– La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1ro de diciembre de 1992. Fue hecha en función del TLCAN al igual que la Ley Minera, para otorgar las concesiones necesarias que requería el acuerdo comercial. Esto fue el primer paso privatizador.

– La Ley Minera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. En su Artículo 6to dice:

“Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.”

La actividad minera utiliza grandes volúmenes de agua, a la que la Ley de Aguas Nacionales correspondía otorgando concesiones de uso y destino de toda el agua que puedan necesitar o desechar.

Hoy, después de 23 años de la promulgación de estas leyes, podemos documentar en el tema de minería las graves afectaciones que provoca al medio ambiente y a la salud humana, y la complicidad de las autoridades para cumplir con los compromisos comerciales de permitir el saqueo institucionalizado a costa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los mexicanos.

Otras consecuencias de la pérdida del control político social han y continúan ocasionando la contaminación de aguas por vertidos tóxicos con afectaciones gravísimas a la salud, como se ha visto en el caso del Río Santiago en El Salto, Jalisco, el Río Sonora, el Río Lajitas en Guanajuato, son solo algunos de tantos ejemplos drásticos del modelo económico neoliberal que protege a las empresas antes que a las y los mexicanos.

En el mismo tenor esta la disputa por la tierra y el territorio por la construcción de trasvases y represas que destruyen pueblos enteros y desplazan a su población.

El acceso universal a los servicios básicos de agua y saneamiento han sido una exigencia social y un imperativo moral asumidos tradicionalmente por los poderes públicos, con un grado u otro de eficacia. Sin embargo, en las últimas décadas, el modelo neoliberal imperante ha llevado al Banco Mundial, y demás instituciones económico-financieras (Fondo Monetario Internacional, Bancos Regionales, Agencias de Cooperación, etc.), a promover políticas para la desregulación de leyes que faciliten la privatización de los servicios públicos para convertirlos en simples negocios.

En este contexto, los derechos humanos y la ciudadanía han estado en juego, por lo tanto, el agua ha dejado de ser un derecho de acceso universal, y en consecuencia las y los ciudadanos pasan a ser simples clientes, agravándose la vulnerabilidad de las personas más pobres.

La visión neoliberal protege y alienta como alternativa de progreso al “libre mercado”, al tiempo que denosta la función pública, como ineficiente, opaca y burocrática. Las políticas desreguladoras privatizadoras se presentan como alternativas de modernidad, flexibilidad, eficiencia y racionalidad, con lo cual mitifican las virtudes del libre mercado.

Desde esta visión neoliberal, garantizar el acceso universal a servicios básicos de interés general, como los del agua y saneamiento, sanidad o educación, tradicionalmente asumidos como derechos humanos, llega a considerarse un atentado inaceptable contra el libre mercado. El Estado se ha retirado y ha cedido que tales servicios sean gestionados como simples servicios económicos, accesibles a quienes puedan pagarlos. Lo que continúa acrecentando la crisis que es generalizada.

México se enfrenta a severos retos en materia ecológica, como la conservación de sus recursos naturales, minados por la deforestación y el avance de la frontera agrícola que ha cedido terreno a las trasnacionales en el manejo de transgénicos, así como también carecemos de un eficiente manejo tanto de los desechos tóxicos como de residuos sólidos, incluyendo el pésimo control de las aguas contaminadas y de las emisiones atmosféricas.

La entrega del territorio a privados es desmesurada, y para ejemplificarlo basta señalar la entrega de concesiones mineras que, a pesar de los inconsistentes datos de la Secretaría de Economía, de acuerdo al programa de desarrollo minero 2013-2018, tenemos un saldo de 28 mil 807 títulos de concesión minera vigentes por un área total de 61.8 millones de hectáreas, que significa aproximadamente el 31% de la superficie del país entregada a privados. De las concesiones que han entrado en procesos de exploración y de explotación minera, ni siquiera hay protocolos de actuación que nos permita cuantificar y saber las terribles afectaciones ambientales generadas a nivel subterráneo y superficial, que inevitablemente han perjudicado ecosistemas completos, que además continúan afectándose de forma paulatina por cientos de kilómetros a la redonda.

El TLCAN ha promovido y consolidado un monopolio empresarial minero, en donde las empresas extranjeras están bien representadas por mineras canadienses en el 80% de los casos, mismas que son impulsadas y protegidas por el cuerpo diplomático canadiense desde las diferentes embajadas de Canadá en Latinoamérica, con lo cual se refrenda un saqueo institucionalizado.

Ante el cúmulo de agravantes que ha ocasionado el TLCAN y el modelo económico neoliberal, le decimos al gobierno de Peña Nieto y a Luis Videgaray que después de 23 años de saqueo institucionalizado ininterrumpido, de corrupción, de incapacidad, no tienen la legitimidad para renegociar el TLCAN. Por lo tanto:

1. Nos oponemos rotundamente a que sigan entregando el territorio nacional, con acuerdos de libre comercio que únicamente protegen a empresas de capital privado trasnacional o nacional, quienes además del saqueo desmedido están contaminando de manera irreversible nuestros ecosistemas, resquebrajan y vulneran el bienestar de poblaciones enteras, y en vez del sonado progreso y desarrollo que falsamente ponderan, han precarizado más la vida.

2. Rechazamos continúen con la aplicación de políticas y tratados que atentan cada vez más la soberanía.

3. Antes de cualquier posible negociación con países del extranjero, primero se debe establecer un diálogo nacional para con las comunidades que ya han sido impactadas por la minería y otros megaproyectos, con el propósito de atender los terribles daños que les han ocasionado.

4. Exigimos se respete totalmente las decisiones derivadas de los procesos de libre determinación que han emprendido cientos de comunidades, en las que enfáticamente han manifestado declarar sus territorios libres de minería.

5. Las empresas que han saqueado el territorio nacional y nuestros bienes naturales tienen que ser sometidas de forma inmediata a la rendición de cuentas, que significa que los dueños y directivos se vayan a la cárcel; que el sistema de salud vuelque de forma suficiente y pronta todos los esfuerzos médicos y financieros para que las y los afectados por lo menos encuentren atención medica de calidad; que se elabore un protocolo participativo en el cual se dirima y resuelva el verdadero costo de daños que deben pagar las empresas mineras por los daños a la salud comunitaria, al ambiente y a cada una de las actividades productivas, que también implica los miles de empleos que dicha actividad ha desaparecido.

6. Exigimos que el gobierno canadiense deje de presionar al gobierno mexicano y a los gobiernos de Latinoamérica imponiendo su proyecto de muerte.

7. Nosotros continuaremos en la lucha de la conformación por un tribunal internacional que sancione penalmente tanto a las empresas como a los actores políticos y a las autoridades cómplices por obviar y pactar daños a la salud comunitaria, la contaminación de aguas, y daños al medio ambiente.

8. Nos solidarizamos y unimos a todas las luchas y procesos en resistencia que en México, Latinoamérica y en el resto del Mundo se enfrentan a los megaproyectos del modelo extractivo tales como presas, extracción de hidrocarburos y gas de esquisto (mediante la fracturación hidráulica o fracking), oleoductos, siembra de transgénicos, gasoductos, subestaciones eléctricas y parques eólicos. Nos manifestamos en contra de la imposición de Zonas Económicas Especiales (ZEE), por ser proyectos de destrucción, de acumulación de riquezas y de despojo colectivo.

9. Seguiremos participando en los procesos comunitarios apoyados en el derecho colectivo, el principio precautorio aprobado en la cumbre climática de Rio de Janeiro de 1992 ratificado por México, y el principio pro-persona porque estamos ciertos que la prevención es la fuerza de la organización social, campesina e indígena.

10. Exigimos que se prohíba totalmente la minería tóxica en México y sigamos los pasos de países como la República de El Salvador que ha dado muestra de que se puede vivir sin esta actividad depredadora.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA!
¡FUERA MINERAS!

Firmamos:

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
ORAWORLDMANDALA
Centro de investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo (CECCAM)
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA)
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP A.C.)
Acción Colectiva Socioambiental
Bios Iguana A.C.
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Colectivo de Abogados de Jalisco
Consejo Tiyat Tlalli de Puebla
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[LIBRO EN PDF] Los Plaguicidas Altamente Peligrosos en México

Compartimos este informe publicado por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, A. C. (RAPAM) en julio 2017, coordinado y editado por Fernando Bejarano González, director de la RAPAM

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Introducción

Por Fernando Bejarano

Este libro es un informe sobre el contexto internacional y el panorama nacional de los llamados plaguicidas altamente peligrosos. Los plaguicidas son un concepto genérico que incluye a las sustancias tóxicas que se denominan insecticidas cuando se busca controlar insectos, fungicidas cuando se trata de hongos, o herbicidas en el caso de plantas indeseables, entre los usos más generalizados. En este informe nos referimos a los plaguicidas de síntesis química que debido a sus características particulares de peligrosidad pueden provocar daños a la salud y el medio ambiente, a corto o largo plazo, por lo que algunos forman parte de convenios ambientales internacionales y un gran número de ellos están prohibidos en otros países, aunque se autorizan en México.

Se analizan en una primera parte las condiciones internacionales en las que surgen los plaguicidas altamente peligrosos. Este es un nuevo tema normativo construido con base en la discusión técnica y política en el ámbito de las Naciones Unidas, en el llamado Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel Internacional – SAICM, por su sigla en inglés- que es un marco de referencia voluntario para políticas públicas sobre la gestión de los productos químicos, incluidos los plaguicidas, a lo largo de su ciclo de vida. En este proceso de discusión entran en juego intereses sociales contradictorios, entre los gobiernos, la industria química y los organismos de la sociedad civil.

Después de analizar el contexto internacional, el informe presenta las características generales del mercado nacional de los plaguicidas, las organizaciones empresariales que lo conforman, el marco y procedimiento regulatorio que autoriza su comercialización y las autoridades que intervienen en el mismo.

Se comparan los plaguicidas autorizados en México con la lista de plaguicidas altamente peligrosos elaborada por la Red Internacional de Plaguicidas (PAN internacional). Se identifican las empresas que cuentan con el mayor número de autorizaciones para la comercialización de plaguicidas altamente peligrosos, poniendo de relieve las que son corporaciones transnacionales y las empresas formuladoras nacionales con vínculos internacionales. Por último, se reflexiona sobre las perspectivas distintas en torno a la posible prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos, según los intereses sociales en conflicto, considerando la debilidad del marco regulatorio nacional; se enfatiza la necesidad de impulsar alternativas agroecológicas y se presenta la lista de los plaguicidas autorizados en México y prohibidos en otros países.

En la segunda parte del libro, diversos especialistas examinan con mayor detalle los temas relacionados con el uso de plaguicidas altamente peligrosos y las violaciones a los derechos humanos, las evidencias de los efectos en la salud y el medio ambiente asociados a la exposición al glifosato, uno de los herbicidas más vendidos en el mundo, y los impactos de los plaguicidas en las abejas, haciendo hincapié en la importancia de la protección de estos polinizadores.

Con el fin de profundizar en las condiciones de uso agrícola de los plaguicidas altamente peligrosos en México, se invitó a un conjunto de investigadores de las principales universidades del país y de organismos no gubernamentales para que colaboraran con capítulos breves, donde se presentan las características generales de su área de estudio, los plaguicidas más usados, y los daños a la salud y el medio ambiente que han documentado. Es así que se presentan los resultados de investigaciones realizadas en el Valle de Culiacán, y norte de Sinaloa, en el Valle del Yaqui en Sonora, en la principal zona de floricultura del Estado de México, el Bajío en Guanajuato, en Campeche, Yucatán y los Altos de Chiapas. En este panorama nacional se muestra cómo plaguicidas altamente peligrosos están siendo usados tanto en la agricultura intensiva de exportación, como en la destinada al consumo nacional; por empresas que alimentan las cadenas agroindustriales y también por pequeños productores, incluso en comunidades indígenas.

Este informe concluye con recomendaciones para el cambio de las políticas gubernamentales en México que han permitido que entren al mercado plaguicidas que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma relevante la biodiversidad y contaminar el medio ambiente.

La protección de los derechos humanos debe ser parte central de este cambio y para ello anexamos las recomendaciones de la Relatora especial del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas en su informe sobre los plaguicidas, que debe ser un documento de consulta en esta discusión. Se propone brindar un apoyo decidido a las alternativas agroecológicas que permitan reducir y eliminar el uso de los plaguicidas altamente peligrosos, y sumarse a un esfuerzo regional e internacional impulsado por movimientos sociales, grupos no gubernamentales y también por una nueva generación de científicos no comprometidos con los intereses de sectores que se benefician económicamente con la producción y venta de estos agrotóxicos.

La lista de los ingredientes activos de los plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México y la de los que están prohibidos o no autorizados en otros países se incluyen en los anexos al final de este libro. Estas listas pueden ser usadas por organizaciones de la sociedad civil y por autoridades en los estados, municipios y comunidades, para compararlas con los plaguicidas utilizados en sus territorios. Esta información puede discutirse en talleres y foros con el fin de tomar conciencia de la peligrosidad de estas sustancias y adoptar medidas para evitar su uso y promover, por un lado, la sustitución por alternativas agroecológicas en el campo, y por otro, nuevas estrategias de control de vectores y plagas en la ciudad.

(…)

Cabe advertir que este primer panorama nacional de la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en México debe problematizarse teórica y políticamente con mayor profundidad. Esta es una tarea compleja que requiere una reflexión colectiva frente al reto de desarrollar un pensamiento crítico de carácter multi e interdisciplinario que contribuya al desarrollo de una ciencia al servicio del bien común, en diálogo con otros saberes y sujetos sociales que buscan alternativas a la profunda crisis capitalista civilizatoria por la que atraviesan México y el mundo.

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Día mundial contra la megaminería: Conferencia de prensa el 21 de julio en la Ciudad de México

Compartimos esta convocatoria de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual formamos parte, con motivo del Día Mundial contra la mega minería celebrado cada 22 de julio

CONFERENCIA DE PRENSA “DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGA MINERÍA”

VIERNES 21 DE JULIO, 10 AM

Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

 

Una vez más desde el 2009, en diferentes ciudades y comunidades del mundo, nos manifestamos frente a la contaminación y el saqueo que produce la megaminería y denunciamos a corporaciones y gobiernos como los únicos responsables. Esta lucha lleva décadas y aún quedan mucho trabajo para lograr la concientización de las sociedades para comprender que esta lucha nos afecta a tod@s y compromete seriamente a las generaciones futuras. Mientras más indiferentes se ubiquen los pueblos frente a este gran problema, más comprometida y en riesgo está la vida en el planeta. Asistimos a una etapa feroz del capitalismo imponiendo su modelo extractivo en un planeta finito.

A partir de los años 90’s se modificaron las leyes en casi toda América para dar paso a este tipo de extracción de minerales preciosos y facilitar la obtención de concesiones a empresas trasnacionales, principalmente canadienses. Negocios de unos cuantos que solo dejan a su paso un terrible saldo de destrucción permanente e irreversible del patrimonio ambiental, histórico y cultural.

Los pasivos ambientales, la destrucción de territorio, la división de las comunidades, la pérdida de soberanía e independencia, así como los abusos jurídicos, son parte del enorme precio que pagan nuestros países por permitir este tipo de minería, misma que resulta increíblemente barata para las corporaciones mineras, pues generan un mínimo de empleos y los costos de producción del metal precioso son muy bajos.

Este tipo de proyectos mineros depende de una red internacional de corrupción que permite la compra de voluntades políticas, de jueces, de poblaciones en situaciones de miseria e incluso de gobiernos enteros. Cualquier procedimiento jurídico que sigan las comunidades para defender sus territorios de la amenaza de la minería a cielo abierto se ve rebasado por la imposición abusiva y hasta ilegal que los poderes fácticos hacen de dichos negocios depredadores, mismos que se presentan como ofertas de progreso y desarrollo.

Ante el entreguismo gubernamental en Tratados de libre comercio que favorecen el despojo del territorio nacional, convocamos a rueda de prensa para informar nuestra posición ante el panorama que se avecina.

Convocantes:

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

ORAWORLDMANDALA

Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)

Centro de Estudios para el Cambio en el Campo (CECCAM)

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA)

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C. (PIAP)

Bios Iguana A.C.

Acción Colectiva