Categoría: Modelo extractivo

[PDF] La «integración de la biodiversidad» en las industrias extractivas: escondiendo la devastación y el acaparamiento de tierras

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Les compartimos esta compilación de artículos del boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) con motivo de la catorceava reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) que se realiza del 17 al 29 de noviembre en Sharm El-Sheikh, Egipto

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Introducción: Compensaciones de la biodiversidad: legalizando la destrucción

Propuestas para «integrar la biodiversidad en los sectores de energía y minería, infraestructura, manufactura y procesamiento» estarán en la agenda de la conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de la ONU, que se realizará en noviembre de 2018. Esta compilación de artículos del WRM destaca los numerosos peligros y amenazas que las propuestas de compensación de la biodiversidad representan para las poblaciones que dependen de los bosques así como para la propia biodiversidad, los bosques y el clima.

En noviembre de 2018, las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) celebrarán su 14º reunión para discutir, entre otros puntos, propuestas para la «integración de la biodiversidad en los sectores de energía y minería, infraestructura, manufactura y procesamiento».

El enfoque de la reunión no es una sorpresa. La realidad es que estos sectores de la industria son responsables de la destrucción a gran escala de la diversidad biológica; y las autoridades políticas, las ONG conservacionistas, las organizaciones multilaterales y financiadoras y las propias industrias están a la búsqueda de herramientas que oculten esta devastación. Numerosos anuncios, campañas de relaciones públicas e iniciativas de estos actores han comenzado a referirse a la biodiversidad (y a la naturaleza en general) como un ‘capital natural’.

También se refieren a las funciones y ciclos vitales y diversos de la naturaleza – tales como los espacios de vida de una red diversa de plantas y animales, el ciclo de nutrientes, la filtración del agua y el aire y la fertilidad del suelo-, como ‘servicios ecosistémicos’.

Siguiendo esta tendencia, según la Secretaria Ejecutiva del CDB, el actual modelo económico y de desarrollo mundial debe «tener en cuenta el capital natural y los servicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad». (1)

No se trata de palabras elegidas al azar. Como el WRM ha señalado en numerosas ocasiones, reducir las funciones y los ciclos interconectados de la naturaleza a conceptos afines al mercado sienta las bases para el uso de una pieza clave en la expansión del modelo económico destructivo: las compensaciones. Ya sea para la biodiversidad, el carbono u otro similar, los sistemas de compensación se han convertido en la luz verde para destructivas actividades industriales que enfrentan cada vez más oposición popular y obstáculos legales.

En el caso de las compensaciones por pérdida de biodiversidad, el requisito para permitir que se realicen actividades destructivas en lugares donde la regulación ambiental no lo permitiría es que la biodiversidad destruida en el sitio de interés para la empresa sea recreada o reemplazada en otro lugar. Se supone que la biodiversidad perdida tendría que ser ‘equivalente’ a la zona supuestamente protegida o (re)creada. Sin embargo, además del hecho de que no hay dos lugares realmente equivalentes, la ‘equivalencia’ fabricada en realidad silencia importantes contradicciones y cuestiones de poder, derechos territoriales, desigualdades y violencia (ver los artículos de esta compilación).

El CDB y el Banco Mundial: abriendo el camino para establecer la pérdida de biodiversidad Si bien el término ‘compensación por pérdida de biodiversidad’ no aparece en el documento borrador de las decisiones de la conferencia del CDB sobre la integración de la biodiversidad, el mecanismo se deja ver claramente en las propuestas para incorporar la biodiversidad después de 2020 en el ‘enfoque estratégico a largo plazo’ del CDB. (2)

Instituciones de las Naciones Unidas, tales como su Programa para el Medio Ambiente (PNUMA), han estado trabajando con las industrias de la minería y la energía para influir en la agenda de la conferencia del CDB de noviembre. El Centro de Seguimiento de la Conservaci.n Mundial del PNUMA, por ejemplo, organizó en octubre de 2017 una reunión en Londres cuyo anfitrión fue IPIECA, la asociación de la industria del petróleo y el gas, con el objetivo de brindar «una oportunidad para que la industria, las asociaciones comerciales, los inversores, los gobiernos y otros expertos hagan aportes importantes al proceso que conduce a la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2018». (3)

Un documento preparatorio de la Secretar.a del CDB, publicado en mayo de 2018, señala que «un gran número de países dependientes de la minería y ricos en diversidad biológica ya están aplicando políticas de compensación. Australia, por ejemplo, tiene políticas de ámbito tanto nacional como subnacional, así como herramientas de orientación y medición. Otros países tienen legislación o políticas que contribuyen a facilitar la compensación voluntaria.» (4)

Además, una nota de la Secretaría Ejecutiva del CDB de octubre de 2017, destaca el papel central de los bancos multilaterales, como el Banco Mundial, en el establecimiento de normas y salvaguardas, como un modelo a seguir. (5)

Como era de esperar, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, en 2012 cambió su Norma de desempeño 6. Cualquier empresa que desee acceder a un préstamo de la CFI para un proyecto que destruirá lo que la CFI considera ‘un hábitat crítico’, debe presentar un plan que establezca que la biodiversidad destruida se compensará en otro lugar. En consecuencia, los gobiernos, principalmente del Sur Global, están suavizando cada vez más sus leyes ambientales con la inclusión de disposiciones para compensar la pérdida de biodiversidad, siguiendo así las ‘normas’ establecidas por las instituciones financieras y sus aliados empresariales. Liberia y Mozambique, por ejemplo. El Banco Mundial ha estado financiando iniciativas en materia de políticas de biodiversidad en ambos países. En Liberia, consultores del Banco Mundial incluso elaboraron una hoja de ruta nacional de compensación por la pérdida de biodiversidad. En esta propuesta del Banco Mundial, tanto la minería como otros proyectos extractivos pueden ser autorizados en áreas protegidas o de alta biodiversidad con la única condición de que se pague una tarifa de compensación por pérdida de la biodiversidad, que luego será utilizada para mantener y administrar (otros) parques nacionales y áreas protegidas (ver más información sobre el caso de Liberia en los artículos de esta compilación).

Según una organización que apoya la hoja de ruta de compensación por la pérdida de biodiversidad en Mozambique, «lejos de ser una carga para las empresas privadas, esta nueva reglamentación puede acelerar el proceso de aprobación de nuevos proyectos al aclarar los procedimientos, abriendo un camino para que las empresas puedan cumplir con las normas nacionales e internacionales, a las que deben cada vez m.s rendirles cuentas». (6)

Es así que las empresas no solo pueden tener un acceso más rápido a las concesiones sino que además, las normas que alegan cumplir, de hecho han sido convertidas en mecanismos de mercado que permiten la destrucción, siempre y cuando exista la promesa de compensarla en algún otro lugar.

El Proyecto COMBO es otro claro ejemplo de cómo las normas del Banco Mundial influyen en las políticas a nivel mundial. Este proyecto, llevado a cabo por tres ONG conservacionistas internacionales, tiene como objetivo trabajar con los gobiernos, los promotores empresariales y la industria para expandir y mejorar la aplicación de las compensaciones por pérdida de biodiversidad en Guinea, Madagascar, Mozambique y Uganda. (7)

Es de suma urgencia detener las causas subyacentes de la pérdida y la degradación de la biodiversidad y los bosques. Sin embargo, el CDB y sus aliados, que buscan formas para que las empresas puedan continuar destruyendo la biodiversidad – o, en sus palabras, para incorporar la biodiversidad dentro de estos sectores -, están dirigiendo la política, los fondos y las discusiones hacia un camino peligroso. La idea de la compensación es fundamentalmente errónea. Al prometer compensar la destrucción de la biodiversidad causada por las empresas, ¡no hace nada por detener en primer lugar la destrucción causada!

Notas:

(1)Entrevista con la Secretaria Ejecutiva del CBD, Dra. Cristiana Paşca Palmer, septiembre de 2018, https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/more-needs-be-done-protect-biodiversity

(2) Ver, por ejemplo, CBD (2018): Integración de la diversidad biológica en el sector de la energía y la minería. 26 de mayo de 2018. https://www.cbd.int/doc/c/ff32/3675/2255ec92d46e9588f9576803/sbi-02-04-add3-es.pdf
http://www.ipieca.org/media/3671/unep-wcmc-cbd-mainstreaming-workshop-12oct-invite-v10.pdf

(3) Ver, por ejemplo, CBD (2018): Integración de la diversidad biológica en el sector de la energía y la minería. Párrafo 34. https://www.cbd.int/doc/c/ff32/3675/2255ec92d46e9588f9576803/sbi-02-04-add3-es.pdf

(4) Nota de la Secretaria Ejecutiva, CBD, 12 de octubre de 2017:»Las normas y salvaguardas, tales como las establecidas por bancos de desarrollo multilaterales y las directrices para el sector industrial han establecido una norma de alcance mundial, y es probable que otros bancos de desarrollo multilaterales, as. como otras instituciones, hagan lo mismo». https://www.cbd.int/doc/c/1b26/9aa3/9394b879144a3b38e701ae44/sbstta-21-05-es.pdf

(5) PROFOR, In Mozambique, government, conservationists and private sector come together to protect biodiversity, enero de 2018, https://www.profor.info/content/mozambique-government-conservationistsand-private-sector-come-together-protect-biodiversity

(6) The COMBO Project: Conservation, impact mitigation and biodiversity offsets in Africa, http://comboafrica.org/ El proyecto COMBO dice usar la ‘jerarquía de mitigación’, una herramienta que abarca una secuencia de cuatro acciones claves: ‘evitar’, ‘minimizar’, ‘restaurar’ y ‘compensar’. Si bien se supone que las compensaciones serían el último recurso para las empresas, terminan siendo la única opción cuando, por ejemplo, un proyecto minero necesita talar un bosque para poder funcionar.

RSPO: 14 años de fracaso en eliminar la violencia y la destrucción generadas por el sector del aceite de palma industrial

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Declaración de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) firmado por organizaciones no gubernamentales internacionales – A 12 de noviembre 2018

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Contactos:

Friends of the Earth International
Contact Person: Isaac Rojas (isaac@coecoceiba.org // isaac@foei.org), Phone: +50683383204

World Rainforest Movement
Contact Person: Elizabeth Díaz (lizzie@wrm.org.uy) Phone: +598 9272 5656

Durante sus 14 años de existencia, la RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible) no ha cumplido su promesa de «transformar» el sector de producción industrial de aceite de palma para que sea «sostenible». En realidad, la RSPO ha sido utilizada por la industria del aceite de palma para maquillar de verde la destrucción y las violaciones de los derechos humanos que han
cometido las empresas del sector palmícola. No solo eso sino que la industria utiliza a la RSPO para la expansión de sus negocios y ganancias así como para la destrucción de los bosques.

La RSPO se presenta públicamente con la consigna de «transformar el mercado para que el aceite de palma sostenible sea la norma». El aceite de palma se ha convertido en el aceite vegetal más barato disponible en el mercado mundial, por lo que resulta una fuerte opción entre el grupo que domina la membresía de la RSPO -los grandes compradores de aceite de palma. Ellos harán lo que sea para asegurar un flujo constante de aceite de palma barato. También saben que la clave del éxito para que una empresa palmícola produzca aceite de palma «barato» es un modelo específico de producción industrial con cada vez mayor eficiencia y productividad, lo que se logra:

(1) plantando a gran escala y en régimen de monocultivo, frecuentemente a través de la conversión de bosques tropicales biodiversos;

(2) usando plántulas de «alto rendimiento» que demandan grandes cantidades de agrotóxicos y agua en abundancia;

(3) exprimiendo al máximo la mano de obra barata de la mínima fuerza laboral posible, empleada en condiciones precarias para que los costos de la empresa se reduzcan al mínimo;

(4) beneficiándose de las importantes sumas de dinero inicial obtenidas de la madera tropical talada para dar lugar a las plantaciones, que luego utilizan para financiar el establecimiento de dichas plantaciones;

(5) acaparando a la fuerza la tierra que era de las comunidades locales o mediante otros acuerdos con los gobiernos (en especial favorables regímenes fiscales) para acceder a la tierra al menor costo posible.

Quienes viven en las tierras fértiles donde las empresas deciden aplicar este modelo de producción de aceite de palma industrial, pagan un precio muy alto. La violencia resulta intrínseca a este modelo:

– violencia y represión cuando las comunidades se resisten a que las empresas se apoderen de sus tierras, porque saben que una vez que sus tierras se conviertan en monocultivos de plantaciones de palma aceitera, sus medios de vida serán destruidos y sus tierras y bosques serán invadidos. En innumerables casos la deforestación causada por la expansión de esta industria ha desplazado comunidades o destruido los medios de vida de las comunidades donde las empresas violan los derechos consuetudinarios y toman el control de las tierras comunitarias;

– violencia sexual y hostigamiento contra las mujeres en las plantaciones y en las zonas aledañas, que a menudo permanece invisibilizada porque las mujeres no tienen la posibilidad de exigir que los perpetradores sean procesados;

– trabajo infantil y condiciones de trabajo precarias, que van de la mano con la violación de los derechos de los trabajadores. Las condiciones de trabajo pueden llegar a ser tan malas que equivalen a formas contemporáneas de esclavitud. Este modelo de trabajo expoliador les permite a las empresas no solamente obtener mayores ganancias económicas sino que el aceite de palma siga siendo un producto barato, y es por eso que ni ellas ni sus accionistas hacen nada para ponerle fin.

– exposición de trabajadores, comunidades enteras y bosques, ríos, fuentes de agua, tierras agrícolas y suelos a la aplicación excesiva de agrotóxicos;

– las comunidades rodeadas por plantaciones industriales de palma aceitera pierden su soberanía alimentaria cuando esas plantaciones ocupan las tierras en las que las comunidades cultivan sus alimentos.

La proclamada visión de la RSPO de transformar el sector industrial de la palma aceitera está condenada al fracaso porque los principios de certificación de la Mesa Redonda promueven este modelo estructural violento y destructivo. La RSPO tampoco aborda la forma en que la industria depende del control exclusivo de grandes superficies de tierras fértiles, así como el paradigma de crecimiento de la industria que exige una expansión continua del control empresarial sobre las tierras comunitarias y el acaparamiento violento de tierras. Ninguno de los ocho principios de certificación de la RSPO sugiere transformar la manera en que la industria depende del control exclusivo sobre vastas superficies de tierra o el paradigma de crecimiento inherente al modelo.

El uso industrial de aceites vegetales se ha duplicado en los últimos 15 años, y el aceite de palma es el más barato. Este aumento masivo del uso del aceite de palma explica en parte la actual expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera desde el año 2000 en adelante, especialmente en África y América Latina, además de las vastas zonas de plantaciones en Malasia e Indonesia, que también continúan expandiéndose.

Innumerables ejemplos muestran que las plantaciones industriales de palma aceitera continúan siendo sinónimo de violencia y destrucción para las comunidades y los bosques. Las experiencias de las comunidades en las nuevas fronteras de las plantaciones industriales de palma aceitera, como son los casos de Gabón, Nigeria, Camerún, Liberia, Sierra Leona, Perú, Honduras, Brasil, Colombia, Ecuador, son similares a las experiencias pasadas y actuales de las comunidades de Indonesia y Malasia.

La RSPO levanta una cortina de humo que invisibiliza esta violencia ante los consumidores y los financiadores. A menudo los gobiernos no toman medidas reglamentarias para detener la expansión de las plantaciones y el aumento de la demanda de aceite de palma, asumen que la RSPO ofrecerá una aparente sostenibilidad. Por ejemplo, en su propaganda pública, la RSPO afirma que apoya a más de 100.000 pequeños propietarios. Pero las ganancias obtenidas de la producción de aceite de palma siguen beneficiando desproporcionadamente a las empresas de palma aceitera: en 2016, el 88% de todo el aceite de palma certificado provino de plantaciones de empresas, y son también empresas quienes controlan el 99,6% de la producción.

La RSPO también aduce que el principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es clave entre sus propios Principios y Criterios. El derecho al CLPI implica, entre otras cosas, que si una comunidad niega el establecimiento de este tipo de monocultivo en su territorio, las operaciones no se pueden llevar a cabo. Sin embargo, la realidad revela que a pesar de esto, numerosos proyectos siguen adelante. Generalmente las concesiones ya están aseguradas antes de que la empresa llegue a las comunidades afectadas. En estas circunstancias, decir que el CLPI es fundamental para la RSPO, es francamente falso e irrespetuoso.

La RSPO también argumenta que cuando surgen conflictos con las empresas plantadoras, las comunidades siempre pueden hacer uso del mecanismo de reclamaciones de la RSPO. Sin embargo, el mecanismo es complejo y rara vez resuelve los problemas que enfrentan y quieren resolver las comunidades. Esto se hace particularmente evidente en relación con los conflictos de herencia de la tierra, donde el mecanismo perjudica a las comunidades. Permite a las empresas seguir explotando las tierras comunitarias hasta que los tribunales hayan adoptado una decisión. Este enfoque alienta a las empresas a mantener los conflictos contando con que los procesos judiciales se prolongan, a menudo durante décadas.

Otro argumento utilizado por la RSPO es que las plantaciones industriales de palma aceitera han sacado a millones de personas de la pobreza. Esa afirmación es ciertamente cuestionable, más aún si se considera que también hay un número importante de personas que han sido desplazadas en las últimas décadas con el fin de hacer espacio para las plantaciones. Comunidades indígenas, de hecho, han perdido sus tierras fértiles, bosques y fuentes de agua por las plantaciones de palma aceitera, que afectan sus alimentos, su cultura y sus economías locales.

La promesa de la RSPO de «transformación» se ha convertido en una poderosa herramienta de maquillaje verde para las empresas de la industria del aceite de palma. La RSPO le da a esta industria – que sigue siendo responsable del acaparamiento violento de tierras, la destrucción del medio ambiente, la contaminación por el uso excesivo de agrotóxicos y la destrucción de los
medios de vida de campesinos e indígenas – una imagen «sostenible». A los inversionistas y empresas parece que les alcanza con ser miembros de la RSPO para afirmar que son actores «responsables». Causa especial asombro este maquillaje verde, ya que ser miembro de la RSPO no da ninguna garantía. Recientemente, una empresa se convirtió en miembro de la RSPO aún después de que se descubriera que deforestó más de 27.000 hectáreas de bosques tropicales en Papua, Indonesia.

La certificación depende estructuralmente de los mismos contenidos políticos y legales que han dado lugar a la serie de problemas ambientales y de derechos comunitarios de la tierra, asociados con las plantaciones de palma aceitera. Estos problemas de gobernabilidad sistémica están insertos en el poder estatal y funcionan como parte del destructivo modelo económico. Por esta razón, los sistemas de certificación no pueden brindar una protección adecuada a los bosques, los derechos de las comunidades y la soberanía alimentaria, ni garantizar la sustentabilidad. Los gobiernos y los financiadores deben asumir la responsabilidad de frenar la destructiva expansión del aceite de palma, que viola los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Como pasos inmediatos, los gobiernos deben:

– establecer de inmediato una moratoria a la expansión de las plantaciones de palma aceitera y usar ese tiempo para arreglar los marcos de políticas;

– reducir drásticamente la demanda de aceite de palma: dejar de usarla en alimentos como en combustible;

– fortalecer y respetar los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para garantizar, entre otros derechos, la autodeterminación, el control territorial y los derechos a la tierra;

– promover la agroecología y el control de las comunidades sobre sus bosques, lo cual fortalece los ingresos locales, los medios de vida y sustento y la soberanía alimentaria, en lugar de promover el agronegocio.

FIRMAS:

Aalamaram-NGO
Acción Ecológica, Ecuador
ActionAid, France
AGAPAN
Amics arbres · Arbres amics
Amis de la Terre France
ARA
ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono)
Asociación Conservacionista YISKI, Costa Rica
Asociación Gaia El Salvador
Association CongoActif, Paris
Association Les Gens du Partage, Carrières-sous-Poissy
Association pour le développement des aires protégées, Swizterland
BASE IS
Bézu St Eloi
Boxberg OT Uhyst
Bread for all
Bruno Manser Fund
CADDE
CAE, Ecuador
Campaign to STOP GE Trees
CAP, Center for Advocacy Practices
Centar za životnu sredinu/ Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina
CESTA – FOE El Salvador
CETRI – Centre tricontinental
Climate Change Kenya
Coalición de Tendencia Clasista. (CTC-VZLA)
Colectivo de Investigación y Acompañmiento Comunitario
Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY, Madagascar
Community Forest Watch, Nigeria
Consumers Association of Penang
Corporate Europe Observatory
Cuttington University
Down to Earth Consult
El Campello
Environmental Resources Management and Social Issue Centre (ERMSIC), Cameroon
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria
FASE ES , Brazil
Fédération romande des consommateurs
FENEV, (Femmes Environnement nature Entrepreneuriat Vert).
Forum Ökologie & Papier, Germany
Friends of the Earth Ghana
Friends of the Earth International
GE Free NZ, New Zealand
Global Alliance against REDD
Global Justice Ecology Project
Global Info
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís , Peru
GRAIN
Green Development Advocates (GDA) , Cameroon
Greystones, Ireland
Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones
Grupo ETC
Grupo Guayubira, Uruguay
Instituto Mexicano de Gobernanza Medioambiental AC Instituto Mexicano de Gobernanza
Medioambiental AC
Integrated Program for the Development of the Pygmy People (PIDP), DRC
Justica Ambiental
Justicia Paz e Integridad de la Creacion. Costa Rica
Kempityari
Latin Ambiente, www.latinambiente.org
Les gens du partage
LOYOLA SCHOOL OF THEOLOGY, MANILA
Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Maiouri nature, Guyane
Mangrove Action Project
Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands
Movimento Amigos da Rua Gonçalo de Carvalho
Muyissi Environnement, Gabon
Nature-d-congo de la République du Congo
New Wind Association from Finland
NOAH-Friends of the Earth Denmark
Oakland Institute
OFRANEH, Honduras
Ole Siosiomaga Society Incorporated (OLSSI)
ONG OCEAN : Organisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature et sommes basés en
RD Congo.
OPIROMA, Brazil
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Paramo Guerrrero Zipaquira
PROYECTO GRAN SIMIO (GAP/PGS-España)
Quercus – ANCN, Portugal
Radd (Reseau des Acteurs du Développement Durable) , Cameroon
Rainforest Foundation UK
Rainforest Relief
ReAct – Alliances Transnationales
RECOMA – Red latinoamericana contra los monocultivos de árboles
Red de Coordinacion en Biodiversidad , Çosta Rica
REFEB-Cote d’Ivoire
Rettet den Regenwald, Alemania
ROBIN WOOD
Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia)
Salva la Selva, España
School of Democratic Economics, Indonesia
Serendipalm Company Limited
Sherpa , The Netherlands
SYNAPARCAM, Cameroon
The Corner House, UK
Towards Equitable Sustainable Holistic Development
TRAFFED KIVU ,RD.CONGO
UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
University of Sussex, UK
UTB , Colombia
Watch Indonesia!
WESSA
World Rainforest Movement
Youth Volunteers for the Environment Ghana

Carta al gobierno de California contra el Estándar de Bosque Tropical (EBT)

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Carta firmada por organizaciones de la sociedad civil – A 29 de octubre 2018

Mary Nichols

Presidenta de la Junta de Recursos del Aire de California

1001 I Street

Sacramento, CA 95814

Las organizaciones abajo firmantes instamos a la Junta de Recursos del Aire de California a que se rehúse a poner en consideración el Estándar de Bosque Tropical (EBT), que sentaría las bases para que el sistema de comercio de carbono de California acepte el uso de créditos de compensación de emisiones de carbono por Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques (REDD).

La preservación de los bosques tropicales es esencial para conservar la biodiversidad, proporcionar hogares, recursos culturales y medios de sustento a millones de personas y proteger el clima mundial. Pero el EBT propuesto por la Junta de Recursos del Aire de California es completamente desacertado, socavaría la integridad de las políticas climáticas de California y provocaría o perpetuaría violaciones de derechos humanos.

La compensación de emisiones de carbono perpetúa la contaminación

Abrirle las compuertas a la compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales alienta a los contaminadores a evitar reducir sus propias emisiones. En el mejor de los casos, la compensación genera una reducción de emisiones equivalente a cero. En el marco del sistema de comercio de carbono de California, daría lugar en realidad a un aumento de las emisiones industriales mucho mayor que el que permitiría la AB32, la histórica ley de California sobre el cambio climático.

Esto implicaría impactos significativos para la salud de las comunidades más expuestas de California –la mayoría de las cuales son de personas de color— que viven cerca de grandes emisores de gases de efecto invernadero (GEI). Cuando a las refinerías y a otras instalaciones se les permite continuar emitiendo gases de efecto invernadero, también emiten co-contaminantes nocivos tales como partículas en suspensión, óxido de nitrógeno y otros agentes cancerígenos. Por eso la compensación de emisiones perpetúa los focos neurálgicos de contaminación y el racismo ambiental, lo cual debería ser motivo de gran preocupación para la Junta de Recursos del Aire en cuanto ente regulador de la contaminación del aire.

La compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales implica riesgos para los Pueblos Indígenas y los derechos humanos

El Estándar de Bosque Tropical se creó como paso preliminar previo a permitir el uso de créditos de compensación de emisiones de carbono de REDD en el sistema de comercio de carbono de California. Los proyectos REDD tienen un historial conocido de contribuir a actividades ilegales, violencia, toma de decisiones forzada, acaparamientos de tierras y otras violaciones de los derechos humanos de muchos grupos indígenas y pueblos que dependen de los bosques en todo el mundo. En particular, estos impactos negativos suelen asociarse con jurisdicciones con sistemas de gobernanza débil, leyes de tenencia de la tierra poco claras e inestabilidad política, que son rasgos comunes a muchas de las jurisdicciones potencialmente socias de California en Brasil, Nigeria e Indonesia, entre otros lugares.

Aunque el EBT intenta resolver estas inquietudes, los proyectos REDD en el fondo generan divisiones entre los Pueblos Indígenas, en un contexto de intimidación, coacción y poderío económico enormemente desproporcionado ejercido por los gobiernos y las grandes empresas. Es prácticamente imposible que la Junta de Recursos del Aire monitoree los programas internacionales de compensación de emisiones de los bosques en jurisdicciones extranjeras para evitar que ocurran este tipo de  abusos y garantizar que se cumpla con las normas de derechos humanos del ETB.

Los proyectos de conservación de bosques tropicales no son aptos para el sistema de créditos de compensación de emisiones

Todos los sistemas de compensación de emisiones son muy problemáticos en general, pero hay varios problemas importantes que son particulares a los proyectos REDD que los hacen bastante inadecuados para compensar las emisiones industriales. Muchos de estos problemas se describen en la evaluación de impacto ambiental del EBT aunque no se los encara debidamente, como es el caso de los problemas de permanencia y no adicionalidad, entre otros. Dicho simplemente, la compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales permite determinado grado de daño permanente (la emisión de más gases de efecto invernadero provenientes de fuentes industriales) a cambio de una retención esperada de carbono incierta y transitoria.

Dado que se trata de problemas muy intrincados, ninguna jurisdicción del mundo acepta créditos REDD en su mercado de cumplimiento. Aceptar los créditos de compensación de emisiones de carbono de REDD no solo socavaría la integridad de la política climática de California, sino que violaría el requisito de la AB32 de que todas las reducciones de emisiones sean «reales, adicionales, cuantificables, permanentes, verificables y aplicables».

Por las razones antedichas instamos con vehemencia a la Junta de Recursos del Aire a que se rehúse a poner en consideración el EBT y rechace cualquier intento de aceptar créditos REDD en el sistema de comercio de carbono de California.

Atentamente,

FIRMAMOS:

Acción Ecológica, Ecuador
AfrosRD, Dominican Republic
All India Forum of Forest Movements, India
Amigos de la Tierra, Spain
Amigos de la Tierra Argentina
ARA, Germany
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Thailand
Associação 11 de Junho, Brazil
Association Nigérienne des Scouts de l’Environnement (ANSEN), Niger
Biofuelwatch, International
California Communities Against Toxics, United States
Censat Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
Center for Environment/Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina
Center for Sustainable Economy , United States
CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador
Colectivo Sumaj Kawsay- Equipo de Investigación Ecología Política del Sur, Argentina
Companhia de Jesus, Brazil
Escuela de Agroecología U Yits Ka’an, Mexico
Friends of the Earth Canada
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, United Kingdom
Friends of the Earth Finland
Friends of the Earth Ghana
Friends of the Earth International
Friends of the Earth Spain
Friends of the Earth U.S.
Global Forest Coalition, International
Green Delaware, United States
GroundWork, South Africa
Heinrich Boell Stiftung North America
Indian Social Action Forum – INSAF, India
Institute for Agriculture and Trade Policy, United States
Justiça Ambiental/Friends of the Earth Mozambique
Les Amis de la Terre – Togo
Local Clean Energy Alliance, United States
Milieudefensie- Friends of the Earth Netherlands
New York Climate Action Group, United States
NGO Forum on ADB, Philippines
No REDD in Africa Network (NRAN), Africa-wide
NOAH/Friends of the Earth Denmark
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra Mexico
Passionist Center for Justice Peace and Integrity of Creation (PC-JPIC), Philippines
Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Perú
Rainforest Action Network, United States
Rainforest Resource and Development Centre (RRDC), Nigeria
Re:Common, Italy
Seventh Generation Fund for Indigenous Peoples, United States
Social Development Integrated Centre (Social Action), Nigeria
Texas Drought Project, United States
The Corner House, United Kingdom
Third World Network, Malaysia
TierrActiva, Peru
WRM – World Rainforest Movement, Uruguay
Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC), Nigeria
cc:
Diane Takvorian
Dean Florez
Hector de la Torre
John Gioia
Dr. John Balmes
Dr. Alex Sherriffs
Assembly Member Eduardo Garcia
Katie Valenzuela Garcia
Senator Ricardo Lara
Mike Peterson
Phil Serna
Lisa Nava
Judy Mitchell
Sandra Berg
Daniel Sperling
Barbara Riordan
Ron Roberts
John Eisenhut
Richard Corey
Veronica Eady
Jason Gray
Catalina Hayes-Bautista
Saul Gomez
Alice Reynolds
Senate President Pro Tempore, Toni Atkins
Kip Lipper
Assembly Speaker, Anthony Rendon
Marie Liu
Carrie Cornwell
Assembly Member Eduardo Garcia
Assembly Member Autumn Burke
Assembly Member Jim Frazier
Senator Henry I. Stern
Senator Ben Hueso
Senator Nancy Skinner
CalEPA Secretary, Matthew Rodriquez
CalEPA EJ Officer, Yana Garcia
Attorney General’s Office EJ team, Arsenio Mataka

Sobre el mismo tema:

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Carta del Gobierno de Yucatan en apoyo al programa REDD de California

Más información:

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¿Qué tienen que ver los bosques con el cambio climático, los mercados de carbono y REDD+?

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REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras

Zacatecas: Policía Estatal amenaza y arremete violentamente contra compañera de la lucha contra la minería

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería/Mujeres (REMA/Mujeres) – A 16 de octubre 2018

El pasado 14 de octubre nuestra compañera Grecia Rodríguez, quien funge como enlace de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA) en Zacatecas, acudió a la Asamblea Ejidal del Potrero, Municipio de Jiménez de Teu, como asesora de los ejidatari@s en relación al «Proyecto Presa Milpillas»[1], caso que acompaña desde hace 5 meses desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac).

Esta Asamblea, que originalmente fue convocada en segunda convocatoria por el representante agrario de El Potrero, fue totalmente vulnerada por la Procuraduría Agraria quien, en contubernio con el Gobierno del Estado de Zacatecas pretenden imponer el proyecto de la Presa Milpillas, que, de realizarse, afectará a 19 ejidos, así como el acueducto proyectado pasará por 7 municipios usuarios de la cuenca del Río Atenco, quienes ya han manifestado su rechazo al proyecto.

Al acto de la asamblea llegaron 20 camionetas con 100 efectivos de la policía estatal, así como la presidenta municipal Victorina Espinosa Sánchez, el Delegado de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, El Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, con la intención de intimidar y controlar la Asamblea, así como para amedrentar a l@s ejidatari@s opositores y en consecuencia manipular la elección a favor del proyecto, tal como ocurrió, a pesar de transgredir totalmente la libre determinación de la asamblea ejidal y violar totalmente la ley agraria, la cual al parecer también desconoce el Procurador Agrario del estado.

En el momento en que nuestra compañera Grecia informaba, a las y los vecinos de El Potrero, sobre las violaciones que estaban sucediendo en el contexto de la Asamblea, Grecia fue rodeada y agredida por varios policías estatales, quienes la empujaron fuertemente y con coraje la lanzaron y apretaron contra la valla metálica colocada por la misma policía para controlar el acceso a la asamblea, a la cual incluso se negó la entrada a varios ejidatarios opositores al proyecto de la presa. El comandante del «operativo», del que desconocemos su nombre, también haciendo uso de la fuerza le arrebató su teléfono celular con el que estaba documentando los hechos, la golpeó y la amenazó con detenerla por usurpar identidad, por alebrestar a la gente y la acosó gritándole: «¿De dónde vienes? ¿De dónde? Por qué no respondes, por qué te trabas y te pones nerviosa?».

Así mismo otros policías sacaban a empujones a otra mujer que había estado en la Asamblea.

REMA/Mujeres condena enérgicamente este tipo de actos de violencia hacia nuestras compañeras, y responsabilizamos de manera directa al gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna por los actos de violencia, represión, intimidación y amenazas dirigidos hacia nuestra compañera Grecia por su labor como defensora de la vida y los derechos humanos; así mismo lo responsabilizamos de cualquier daño físico psicológico o de acoso que pueda volver a sufrir nuestra compañera a quien le damos todo nuestro apoyo y solidaridad.

Estaremos atent@s de las acciones que de forma directa o indirecta sucedan para con nuestra compañera y hacemos un llamado solidario a las organizaciones, movimientos y redes nacionales e internacionales a que difundan y condenen estos actos de violencia hacia mujeres defensoras del territorio que cada día son más comunes en nuestros países.

Estamos convencid@s que este tipo de actitudes, expresan y reproducen el modelo de violencia con el que empresas y gobiernos pretenden imponer una serie de megaproyectos, como es el caso de la Presa Milpillas, bajo el falaz discurso del «desarrollo», atentando contra una serie de derechos colectivos que impactan de manera directa en la vida orgánica de nuestros pueblos, ejidos y comunidades.

En este sentido, velaremos porque se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos que tenemos como mujeres y hombres a vivir una vida sin violencia, en especial los de nuestras compañeras que, con su labor de defensoras, contribuyen a la construcción de comunidades seguras, educativas, libres y espiritualmente satisfactorios en las cuales la vida puede desarrollarse.

[1] la presa Milpillas ocupará alrededor de 19 ejidos, en los municipios de Jiménez del Teul, Sombrerete y Fresnillo, en Zacatecas. Servirá abastecer en agua al corredor industrial Fresnillo Zacatecas-Calera-Morelos-Guadalupe, donde se encuentran las mineras Fresnillo plc y Madero, así como la empresa «Grupo Modelo» filial de la gigantesca cervecera belga Anheuser-Busch InBev, entre otras.

Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: OCMZac)

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Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) – A 15 de octubre 2018

«EL GOBERNADOR DE ZACATECAS, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA Y EL DELEGADO FEDERAL DE LA PROCURADURÍA AGRARIA, FRANCISCO GODOY CORTÉS REPRESORES Y VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS»

El día de ayer, en el Municipio de Jiménez del Teul en Zacatecas, en el contexto de una Asamblea Agraria del Ejido El Potrero en la que debían tomarse decisiones respecto a la imposición y establecimiento de la Presa Milpillas en su territorio, se presentaron 20 camionetas con más de cien elementos de la policía estatal quienes, en coordinación con el Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, la presidenta municipal Victorina Espinoza Sánchez, el Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, encabezaron acciones de coacción e intimidación hacia los ejidatarios trasgrediendo la autonomía de la Asamblea Ejidal.

Alrededor de las 11:00 horas del 14 de octubre, la policía cercó el Salón Ejidal en donde se desarrollaría la Asamblea para tomar el control del procedimiento agrario, con lo cual violentaron la vida interna del ejido, los derechos de los ejidatarios y la legislación agraria. Dos elementos de la policía del Estado se situaron en el acceso al Salón Ejidal para dar o negar el acceso y participación en la Asamblea a los ejidatarios; en este contexto, los operadores políticos del gobierno federal y del estado, encabezados por Francisco Godoy Cortés, Alfonso del Real y Luis Fernando Maldonado, definieron la forma en que la asamblea debería de desarrollarse, incidiendo, incluso, en la forma de votación. Durante los hechos, la policía del Estado intimidó, desalojó y golpeó a ciudadanas, ciudadanos y ejidatarios que reclamaron la intromisión de las autoridades en la vida autónoma del Ejido. Cuando algunos de los ejidatarios preguntaron por qué estaba ahí la policía, el secretario general de gobierno dijo que «por protocolo».

Con estos cobardes actos, utilizando la fuerza policial y las instituciones a su cargo para imponer el «progreso y desarrollo», ambos gobiernos, Federal y del Estado de Zacatecas, hacen evidente que la ley y el diálogo no son elementos que hayan incorporado a su práctica política. El mensaje de las autoridades a la población en Zacatecas es claro, quienes definan, en uso de su autonomía personal y colectiva, defender sus derechos, serán reprimidos.

Pese al claro mandato electoral del pasado 1° de julio, en este país es cada vez más común encontrase con gobernantes serviles a la iniciativa privada y a los desarrolladores de megaproyectos, como es el caso de la Presa Milpillas, quienes impulsan este tipo de proyectos con falsas promesas de «progreso y desarrollo» amparados en el discurso del bien nacional.

De igual modo, durante los hechos ocurridos en el Ejido El Potrero, el comandante a cargo del «protocolo», de quien desconocemos el nombre, arremetió con violencia física hacia nuestra compañera Grecia Rodríguez, del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac), cuya organización es integrante de la REMA, amenazándola con arrestarle y quitándole el teléfono con el que documentaba los hechos. Nuestra compañera Grecia se encontraba en el sitio como acompañante y asesora del grupo de ejidatarios a los que ha entregado información fidedigna sobre el proyecto de la Presa Milpillas con el propósito de contrarrestar la información manipulada, sesgada e incompleta con la cual los operadores del gobierno y las empresas constructoras han intentado ganar la aprobación de la Asamblea Ejidal y con ello imponer este proyecto que los despojará y desplazará de su territorio.

Desde la REMA señalamos como responsables directos de cada uno de los actos de violencia, represión y violación de los derechos colectivos y agrarios, pasados y futuros, en contra de las y los ejidatarios y habitantes del Ejido El Potrero que han salido a defender la vida y su territorio, al Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, así como a Alejandro Tello Cisterna, gobernador de Zacatecas.

La REMA se solidariza con las familias y ejidatarios que el día de ayer fueron reprimidos y golpeados y externamos que arroparemos con toda nuestra fuerza legal y política a nuestra compañera Grecia Rodríguez, a quien el gobierno busca criminalizar y perseguir, por acompañar a la población del Ejido El Potrero en su lucha para que su vida y derechos no desaparezcan bajo el agua.

NO AL PROYECTO PRESA MILPILLAS

RED MEXICANA DE LAS Y LOS AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

———————–

Comunicado del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – A 15 de octubre 2018

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncia y repudia la intervención policiaca y los actos ilegales que se llevan a cabo en el estado de Zacatecas para imponer la Presa Milpillas.

El domingo 14 de octubre hubo violación a derechos humanos, políticos y a la autonomía ejidal en El Potrero, uno de los 19 ejidos que serían afectados con la imposición del megaproyecto.

Más de 100 agentes de la Policía Estatal impusieron vallas para cercar el lugar de la Asamblea donde también estuvieron presentes funcionarios del gobierno del estado y del municipio. Buscaban intimidar y amedrentar para obtener un resultado favorable a sus pretensiones, aunque en ese intento pasaran por encima de la dignidad del pueblo y de la legalidad.

Denunciamos que fue un proceso lleno de anomalías; estos personajes sacaron ventaja de donde pudieron: no fue una votación abierta ni libre. La intervención policiaca así lo evidencia.

Denunciamos que la autonomía para tomar decisiones libremente del Ejido El Potrero fue avasallada y la Procuraduría Agraria Delegación Zacatecas, a través de su Delegado, Francisco Godoy Cortés, y demás funcionarios de dicha dependencia, se prestaron a los intereses del gobierno del estado, de la Comisión Nacional del Agua y del capital privado, pues no defendieron ni asesoraron conforme a derecho a los ejidatarios y a la asamblea ejidal.

Reiteramos que el acuerdo logrado para la ocupación previa del terreno a inundar, y que en un futuro se pretende expropiar, es a todas luces ilegal, por incumplir con lo estipulado en la Ley Agraria, además de que nunca se informó ni consultó a los afectados por el proyecto Milpillas.

Alertamos a la ciudadanía ante la información manipulada que está circulando la parte oficial que no menciona las ilegalidades y los actos violentos que cometieron para legitimar la construcción de la presa.

Reprobamos la actuación del gobierno encabezado por Alejandro Tello Cristerna, subordinado a los intereses capitalistas.

Manifestamos nuestro total respaldo al pueblo de El Potrero y del municipio de Jiménez de Teúl en su conjunto, así como al Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas.

Hacemos nuestras las consignas que levanta la digna resistencia de quienes luchan contra este megaproyecto: ¡No queremos presa! ¡No queremos dinero! ¡Queremos agua que es vida!

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: OCMZac)

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Encuentran glifosato y OGMs en muestras de harina de maíz de Maseca

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Comunicado de la Asociación de Consumidores Orgánicos – A 9 de octubre de 2018

Estudios de laboratorio sobre harinas de maíz blanco y amarillo de Maseca muestran que contienen residuos de glifosato. El glifosato fue clasificado como probable carcinógeno por la OMS.

 La Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO) reportó haber encontrado niveles altos del químico glifosato y de AMPA -su metabolito principal- en muestras de harina de maíz blanco y amarillo provenientes de diferentes partes de México.

El glifosato es el principal componente del herbicida Faena o Roundup de la compañía Monsanto (Bayer), cuyo uso aumentó significativamente a partir de la aparición de los cultivos transgénicos.

Es muy alarmante que se encuentre glifosato en las harinas para la producción de tortillas y otros productos alimenticios. En marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el cáncer, un órgano especializado de la Organización Mundial de la Salud trabajando con más de 17 expertos de once países, clasificó al glifosato de «probable carcinógeno».

Los resultados de las muestras de laboratorio de harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca muestran concentraciones de glifosato que van desde 5.14 hasta 17.59 microgramos de glifosato por cada kilo de harina. Asimismo, la presencia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) alcanza hasta 94.15% en una de las muestras, observando una clara correlación: a mayor porcentaje de OGM, mayor concentración de glifosato.

Las muestras fueron analizadas por los laboratorios del Health Reasearch Institute en Iowa, Estados Unidos, bajo el método de la FAO [1].

El glifosato se usa ampliamente en los campos agrícolas, pero su presencia es más intensa en los campos de monocultivos donde prevalecen los transgénicos. México es un país donde la producción de maíz transgénico está prohibida, con lo cual la presencia de altos índices de glifosato en maíz nos lleva a concluir que:

1. Maseca está importando maíz para la elaboración de harina para sus tortillas. Este maíz, que es importado principalmente desde Estados Unidos, se utiliza para alimento balanceado. En otras palabras, estamos importando el maíz que Estados Unidos utiliza para alimentar cerdos, y usándolo para elaborar las tortillas que consumimos.

Las secretarías de estado y órganos encargados de velar por la inocuidad y sanidad alimentaria y de la prevención de riesgos sanitarios (Sagarpa, Senasica y Cofepris) no respetan los derechos de las y los consumidores, tales como el derecho a la información o el derecho a la salud y a un ambiente sano al permitir la presencia de ingredientes transgénicos y herbicidas como el glifosato en los alimentos que son ampliamente consumidos en México.

2. México no está defendiendo efectivamente su cultivo principal, de subsistencia y soberanía, base de la dieta diaria de la población mexicana: el maíz.

3. Maseca está mezclando diferentes tipos de maíces en su harina, tal vez para reducir su costo de producción, pero esto a expensas de la calidad del producto final.

La ACO exige a Maseca -la principal productora de harina de maíz en México y principal exportadora hacia Centroamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo- que utilice maíces no transgénicos en la elaboración de sus harinas, y que transparente su proceso de nixtamalización.

Se hace un llamado a la población mexicana a que busque alternativas a Maseca en tortillerías locales, tianguis y mercados que usen maíces comprados a productores agroecológicos y que nixtamalicen. Además, se les pide que exijan a Maseca tortillas sanas, libres de agrotóxicos y elaboradas con maíz nixtamalizado.

Nota:

[1] Donde el glifosato residual es la suma de el peso del glifosato + 1.5 x y el peso de su metabolito AMPA.

Contactos:

Dra Mercedes López Martínez, 55 2529 4487
Mtra. Mariana Ortega Ramírez 775 128 8815

Más información:

Transgénico el 90% del maíz de las tortillas en México: académica de la UNAM

[VIDEO] La trampa de las «mini» represas hidroeléctricas

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El 19 de septiembre 2018, Otros Mundos A.C. organizó un conversatorio sobre la trampa de las «mini» represas hidroeléctricas en el Foro Cultural Independiente Kinoki, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el marco de su Seminario Permanente de la Sustentabilidad. «Se estima que hoy en día hay un total de 3,700 proyectos hidroeléctricos por encima de 1 MW de capacidad instalada en el mundo, de los cuales el 83% están planeados y el 17% en construcción», compartió Daniela del Bene, integrante del Proyecto EnvJustice de la Universidad Autónoma de Barcelona, invitada por Otros Mundos A.C.

«Más del 75% de estos proyectos son pequeños o medianos», agregó Daniela, quien analiza que el actual auge de las «mini» represas se debe a los incentivos financieros vertidos por los gobiernos y bancos de desarrollo a proyectos supuestamente «sustentables», «limpios» y necesarios para la llamada «transición energética».

Las regiones más impactadas por esta nueva tendencia son Centroamérica, la cordillera andina, los Balkanes y el sureste asiático. Los territorios donde proliferan las «minis» no son libres de graves daños sociambientales. No se trata necesariamente de proyectos pequeños ya que no existe ninguna reglamentación internacional que determine un tamaño límite para sus cortinas y algunas tienen una capacidad instalada de hasta 50 MW. Se acompañan de infraesturas imponentes tales como largos túneles que implican el uso de explosivos, la destrucción de montañas y la deforestación, y emiten altas cantidades de gas metano. «Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático -IPCC, por sus siglas en inglés-, sus emisiones son 10 veces mayores a lo que se ahorraría al dejar de quemar combustibles fósiles«, señaló Daniela del Bene.

La especialsta cuestionó la voluntad política de los gobiernos de proceder realmente a una «transición energética» a través de la multiplicación de las «mini» hidroeléctricas. Éstas ni han sustituido las grandes represas, cuyos impactos socioambientales han sido denunciado desde hace décadas, ni han revertido el aumento del consumo de las energías fósiles. A nivel global, el petróleo, el carbon y el gas siguen siendo las principales fuentes de energía y su consumo no deja de crecer. «La energía hidroeléctrica en general no está para nada sustituyendo los combustibles fósiles, sino que se está sumando a ellos», concluyó Daniela.

Si bien existen experiencias de uso comunitario de energía hidroeléctrica con mini centrales en países como España o Italia, a nivel global las «minis» siguen captadas por grandes empresas como Sinohydro, Hydropower, Odebrecht o Enel. Sea lo que sea el tamaño de la cortina de una represa, lo esencial es saber para qué y para quién sirve la energía que produce, cómo ésta se produce y si contribuye a la construcción de la soberanía energética de los pueblos.

¿La energía se produce para sostener el desarrollo capitalista y el modelo extractivo o para los pueblos? ¿Y cuales son las características de su producción ? Busquemos proyectos descentralizados, a pequeña escala, realizados en el respeto de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, para sostener modos de vida sustentables basados en un consumo consciente y moderado de la energía eléctrica.

Les invitamos a compartir este material entre el 6 y el 13 de octubre en el marco de la semana de movilización por la justicia energética de la federación Amigos de la Tierra Internacional, de la cual formamos parte. Estas fechas coinciden con la publicación por parte del IPCC de un informe histórico sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles pre-industriales en comparación con los impactos de un calentamiento global de 2ºC. Es probable que en este documento, los científicos «comuniquen los terribles riesgos e impactos que supone dejar que el aumento de la temperatura mundial promedio exceda 1,5 grados, a la vez que alertan que se necesitará un cambio sistémico drástico, de una magnitud nunca antes vista, para evitar este aumento de la temperatura», indica la federatión en su página web.

Comparta: #JusticiaClimática ¡No a la #EnergíaSucia! #SoberaníaEnergética

Más información:

Semana de Acción de Amigos de la Tierra Internacional para luchar por la justicia climática

Tenemos que exigir un nuevo sistema energético internacional que beneficie a los pueblos y el planeta

Expertos del IPCC recomiendan «cambios sin precedentes» para limitar el calentamiento global a 1,5ºC

Defensores y defensoras de Temacapulín responden a AMLO: #ZapotilloNoVa

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Boletín de prensa del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Colectivo de Abogadxs, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco Por el Agua, el Territorio y la Vida (UPOJAST) – A 4 de octubre del 2018

La continuación de la construcción del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León no corresponde en absoluto a la Cuarta Transformación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la Refundación del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro.

#ZapotilloNoVa

El proyecto Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León comenzó a promoverse desde el año 2005 y de manera ilegal en 2009 inició su construcción. Desde entonces -por 13 años- los gobiernos del PAN y del PRI lo han querido imponer a como dé lugar: violando derechos humanos, devastando la naturaleza, mintiendo sobre estudios técnicos, incumpliendo acuerdos y leyes, derrochando recursos públicos e implementado graves actos de corrupción, sin generar hasta el momento una sola gota de agua.

El pasado 1 de julio la mayoría de las y los mexicanos decidieron a través de las urnas dar una oportunidad al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asegura que su gobierno significará la Cuarta Transformación del país. En este mismo sentido, en Jalisco el nuevo Gobernador electo Enrique Alfaro, promete que su gobierno logrará la Refundación del estado, sin embargo la continuación de la construcción del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León no corresponde en absoluto a estos dos principios que supuestamente sustentarán el gobierno de López Obrador y de Alfaro.

Nuestras expectativas y exigencias hacia los nuevos gobiernos son altas. Por más de 13 años hemos impulsado la Revolución del Agua en nuestras comunidades y junto a otras luchas, organizaciones y especialistas hemos demostrado que el Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León es obsoleto, pues no resolverá el abasto del agua a lo largo del tiempo, ni respetará los ecosistemas y a las personas que en ellos habitan. Basta con recodar el reciente «Informe Técnico sobre alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa EL Zapotillo» elaborado en el Congreso de Jalisco y presentado el pasado 23 de agosto, el cual afirma que: «Consecuentemente, mientras no esté debidamente demostrado, deliberado y socializado que el bien mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones económicas hasta ahora realizadas, la obra no es justificable desde el punto de vista social, económico o ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y erogación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto».

Por lo que esperamos que la Cuarta Transformación de México y la Refundación de Jalisco transforme el modelo de manejo del agua en el país y en la entidad, hacia una Gestión Integral del Agua y el Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León NO ES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.

Esperamos que la Cuarta Transformación de México de AMLO y la Refundación de Jalisco de ALFARO, antes de realizar declaraciones tajantes como las efectuadas en días recientes sobre el futuro del Sistema Zapotillo primero escuchen y dialoguen con las comunidades, organizaciones, luchas y especialistas que por más de 13 años hemos defendido y trabajado por el agua en Jalisco, eso sí sería un gobierno distinto y no la continuación solo con cambio de partido MORENA en el gobierno federal y MOVIMIENTO CIUDADANO en Jalisco.

Hablar de la inversión realizada en el proyecto por parte de AMLO y ALFARO es importante, sin embargo el enfoque que debe predominar antes de tomar cualquier decisión es el de la CORRUPCIÓN, la Cuarta Transformación y la Refundación de Jalisco debe auditar de manera inmediata el proyecto antes de defender la inversión y de decidir de manera vertical su continuación.

Nos preocupan las contradicciones y vacíos técnicos y de conocimiento de las afectaciones integrales del proyecto en las posturas y declaraciones que los nuevos gobiernos están realizando en esta etapa de transición, debe demostrarse con un PERITAJE la viabilidad y seguridad que tendría el proyecto con una presa a 80 metros de altura de la cortina para las comunidades y por el grado de abandono de la obra y la falta de mantenimiento que alertó también la UNOPS-ONU debe primero comprobarse su estado actual y su grado de deterioro.

Hablar de Cuarta Transformación de México y de Refundación de Jalisco debe significar que la solución a este conflicto socio-ambiental provocado por el Sistema Zapotillo- Acueducto Zapotillo León (Presa Zapotillo, Acueducto y Presa Purgatorio) debe resolverse solo y junto a las comunidades, organizaciones y especialistas, por lo que esperamos podernos reunir de manera inmediata con el gobierno de López Obrador y Enrique Alfaro.

Seguiremos luchando contra este megaproyecto y por un nuevo modelo y política de gestión integral del agua para México y Jalisco, la Cuarta Transformación y la Refundación deben ser esa posibilidad por lo que exhortamos a los gobiernos electos de Obrador y Alfaro a que:

  • Antes de realizar declaraciones y tomar decisiones sobre el proyecto se construya la Agenda el Agua que México y Jalisco necesita junto y solo con las comunidades, organizaciones y especialistas.
  • Nos convoquen a discutir y revisar de manera integral y completa las afectaciones e impactos del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León.
  • Se realice un peritaje público al estado actual de la presa el Zapotillo en relación a su mantenimiento, viabilidad y seguridad.
  • Se realice un peritaje público sobre la viabilidad y seguridad para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de una presa a 80 metros de altura de cortina.
  • Se convoque a la realización de foros públicos para revisar de manera integral y completa las afectaciones e impactos del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León y buscar alternativas –que no sea la constricción de más presas- hacia un nuevo modelo de Gestión Integral del Agua.

Nuestra lucha es por el agua y la vida, queremos un río Verde libre, la cancelación del proyecto, su desmantelamiento, la restauración del río Verde y la reparación integral de los daños, esto es pues lo que esperamos de la Cuarta Transformación de AMLO y la Refundación de ALFARO.

ANTENTAMENTE,

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Colectivo de Abogadxs

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco Por el Agua, el Territorio y la Vida (UPOJAST)

#AmloZapotilloNoEsCuartaTransformación

#AlfaroZapotilloNoEsRefundación

Foto: Conferencia de prensa #ZapotilloNoVa en Guadalajara el 4 de octubre 2018 (ver el video aquí)

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Más información:

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9 problemas de la presa El Zapotillo, según el Comité Académico de la Gestión Integral del Agua de Jalisco

Senadores por Jalisco piden a AMLO se respete el agua del Río Verde para los jaliscienses

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Pueblos organizados de Chiapas y Puebla frenan, Ley en mano, 4 minas; nunca los consultaron

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Artículo de Sin Embargo/Chiapas Paralelo publicado el 1 de octubre 2018

La batalla que en 2015 emprendieron habitantes de comunidades de Chiapas y Puebla en contra de cuatro proyectos mineros concluyó con la suspensión de actividades de estas empresas.

En Chiapas, la Profepa sancionó a la minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Semarnat, además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

En Puebla, integrantes del pueblo Maseual (nahua) obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila. El Juzgado le ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones, llevar a cabo una consulta previa y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

Ciudad de México, 1 de octubre (ChiapasParalelo/SinEmbargo).– Comunidades de Chiapas y Puebla lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros a los que venían oponiéndose desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no ser consultados cuando se otorgaron las concesiones.

Este domingo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total las actividades del proyecto denominado: «Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales ubicado en el Ejido Nueva Francia», del municipio de Escuintla, Chiapas.

La Profepa decidió sancionar a la empresa minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

Desde 2015, habitantes de Nueva Francia se unieron al Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), que se mantiene en resistencia contra 21 concesiones mineras promovidas por el Gobierno estatal y federal en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

El Frente conformado por habitantes de los dos municipios afectados se comprometión a defender la tierra y proteger ecosistemas importantes para la biodiversidad chiapaneca como lo son: los ríos Cacaluta y Jalapa, el Bosque de Niebla de la Reserva de la Biósfera del Triunfo y los manglares de la Encrucijada.

Los habitantes desde hace tres años han demandado la presencia de la Profepa y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que verifique el impacto ambiental que ocasiona cada una de estas empresas en su territorio.

A tres años de protesta, la Profepa realizó una inspección el 14 de febrero del 2018 a Nueva Francia, en la que constató que el Proyecto no cuenta con autorización en materia de cambio de uso de suelo expedida. Además, observó la afectación de aproximadamente 5 mil 629 metros cuadrados.

«Se considera hubo remoción de suelo y vegetación de las especies Tepenahuaste, Laurel (Hormiguillo), Capulín (Prunus salicifolia), Chile Blanco, Castaño (Castanea sativa), Hormiguillo (Cordia alliodora) y Zacate insurgente», indicó el comunicado.

El Proyecto consta de una superficie de 3.3 hectáreas, dentro de las cuales se llevó a cabo la apertura de brechas o caminos de acceso, con una longitud aproximada de 804 metros y un ancho promedio de 7 metros.

EN PUEBLA AMPARAN A COMUNIDADES

Integrantes del pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que afectan principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan.

La sentencia, otorgada el pasado 26 de septiembre por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), en marzo del 2015 el pueblo Maseual interpuso una demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

Después de varios años de litigio, el pueblo maseual obtuvo una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía (SE): dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

En septiembre de 2014, tres mil indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía y encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio.

Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.

En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del pueblo Maseual.

Con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera «conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje».

Este fallo judicial, destacó Cemda, «deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y modificado, pues es imprescindible que se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y no se interfiera con con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados».

De acuerdo con datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera, en México operan un total de 345 mineras, de las cuales 21 son mexicanas.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

Más información:

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La política minera de AMLO, una continuidad incoherente

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de septiembre de 2018

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció a principios del presente mes que implementará medidas para «reducir» los efectos de la extracción minera. Estas medidas no son otra cosa que medidas cosméticas para paliar los efectos de la minería a tajo abierto por metales, lo que equivale a permitir que continúe una actividad que genera daños severos, múltiples e irreversibles ya documentados, incluso desde las etapas previas al inicio de las explotaciones.

Anunciar «remediaciones» que forman parte de la mentira sistemática que emplean las empresas para encubrir el despojo, gravar a esas empresas y destinar esos recursos fiscales a las comunidades a cambio de permitir las afectaciones y con ello legitimarlas, constituye más de lo mismo: una medida de continuidad que no sólo denota ignorancia y servilismo hacia intereses ajenos a la salud e integridad de nuestras comunidades y territorios, sino que mina el futuro y pone en entredicho el respeto elemental al mandato popular del pasado primero de julio.

Las palabras del Presidente electo no ayudan a enfrentar la grave situación que vive el país por el extractivismo minero que además ha causado desplazamientos de población, pobreza, migración y asesinatos. Con ello solo se operarían mecanismos con el fin de que unos raquíticos impuestos que pagan las empresas mineras se destinen a mitigar los graves e irreparables daños. [1]

 

México no está en venta. Nuestra integridad no está en venta. Exigimos sin titubeos ni falacias una posición digna y una política pública inequívoca de rechazo al modelo extractivo minero.

¡ALTO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

[1] «Desde 2014, se estableció que las empresas mineras tienen que pagar un impuesto por la extracción de minerales y que ese impuesto tiene que utilizarse para mitigar daños en comunidades mineras», declaró AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre 2018.

Foto: AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre en la Ciudad de México.

Más información:

Gobierno de AMLO implementará programa para reducir los efectos de la actividad minera en las comunidades

No, Carlos Slim no es un «ejemplo a seguir», como lo pretende AMLO: REMA

El Escaramujo 77: AMLO, ¿PROGRESISTA O DE IZQUIERDA?

Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

16-18 de noviembre: ¡Celebremos los 15 años del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos!

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EL MAPDER CUMPLE 15 AÑOS DEFENDIENDO RÍOS

REALIZARÁ SU ENCUENTRO NACIONAL DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE EN GUERRERO

Comunicado del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – A 17 de septiembre 2018

Al cumplir quince años de resistencia, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) realizará su treceavo encuentro nacional del 16 al 18 de noviembre del 2018 en la comunidad de Salsipuedes, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, en el Acapulco rural, estado de Guerrero.

Compartiremos experiencias y conocimientos desde las distintas comunidades, organizaciones y personas que integramos el MAPDER para fortalecer la resistencia nacional y brindar solidaridad al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).

Nos reuniremos en el lugar que nos vio nacer en el año 2003 en torno al CECOP, que defiende la cuenca del río Papagayo y resiste a una nuevaofensiva de persecución, encarcelamientos y asesinatos.

Los campesinos de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, han expresado contundentemente durante quince años su rechazo al Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, de la Comisión Federal de Electricidad, pero sus derechos siguen siendo pisoteados por las instancias de poder federal y del estado de Guerrero.

Enfrenta el MAPDER numerosas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de los pueblos al agravarse las amenazas de despojo de tierras y del desplazamiento forzado de poblaciones para la construcción de presas.

Delegaciones procedentes de las cuencas hídricas de Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Veracruz, Puebla, Valle de México, La Laguna, entre otras, reflexionaremos sobre la organización y el papel del MAPDER en los nuevos escenarios que enfrentaremos en los siguientes años, particularmente en materia de agua, proyectos de presas, energía y resistencia de los pueblos.

Comunidades afectadas exigimos la cancelación inmediata de los proyectos de presas La Parota en Guerrero, El Zapotillo en Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit, cuenca de La Antigua en Veracruz, al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en las cuencas de Chiapas, y nos solidarizamos con los pueblos que resisten la imposición de embalses en la Sierra Negra de Puebla y en Milpillas, Zacatecas.

Reclamamos la libertad de presos del CECOP, justicia a los asesinados y presentación con vida de Sergio Rivera Hernández, opositor del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala de Minera Autlán en Puebla.

Recuperaremos aprendizajes y logros que hemos tenido como movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos en nuestros primeros quince años de vida.

Con invitados internacionales festejaremos colectivamente la vida y el aniversario del MAPDER al grito de

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

Mayor información en el correo electrónico: encuentromapder15@gmail.com

Más información:

¿Uno más en la cuenta de muerte por defender la vida? ¡Exigimos la aparición con vida del defensor Sergio Rivera Hernández!

«La Revolución del agua»: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

#10AñosCompartiendo: Manualito para las radios en defensa de los ríos

 

 

Quintana Roo: Nueva fumigación con producto agrotóxico provoca mortandad de abejas

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Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 14 de septiembre 2018

  • El saldo preliminar es de 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados
  • La fumigación ocurrió el 10 de septiembre pasado, días después de la firma de un convenio para pagar parcialmente los daños provocados en agosto pasado
  • Lo ocurrido vuelve a poner en la agenda de discusión la no regularización de agroquímicos
  • En ese contexto, la SAGARPA entregó hoy paquetes de agroquímicos tóxicos a apicultores del municipio de José María Morelos, Quintana Roo

Más de 200 colmenas, en los Ejidos de San Felipe I, Nuevo Reforma y Kankabchen, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, fueron afectadas por una nueva fumigación en el plantío de chile habanero propiedad de un empresario de Yucatán, que el mes pasado provocó la muerte de cientos de miles de abejas y la pérdida de 357 colmenas en el Ejido Candelaria, en donde siguen muriendo las abejas por el impacto residual del tóxico.

Apicultores afectados informaron esta mañana a la sociedad Coopertiva U Lool Che y al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible-Península de Yucatán (CCMSS-PY) que, al revisar sus apiarios, encontraron el suelo tapizado de abejas.

El saldo preliminar, arroja -hasta el momento- 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados, pero la cifra podría aumentar. Los muestreos se realizan con apoyo de especialistas en la materia.

Los productores atribuyen lo ocurrido a que el empresario, originario de Yucatán, Pedro Pablo Erosa Manrique, volvió a fumigar su cultivo de chile habanero el 10 de septiembre pasado, días después de haber firmado un ventajoso convenio que lo compromete sólo a resarcir el daño parcial que ocasionó a los apicultores del Ejido Candelaria, el 13 de agosto pasado.

Erosa Manrique sólo pagará mil 300 pesos por colmena, cuando el precio real es de mil 700 pesos y sólo se hizo responsable de 250, de las 357 colmenas que afectó, lo que implica que pagará 281 mil pesos menos por el daño que provocó.

El convenio, que gozó del aval de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Quintana Roo (Sedarpe) y de la Fiscalía del estado, que coaccionaron a los apicultores para aceptar firmarlo, permite a Erosa Manrique seguir usando agroquímicos.

De acuerdo con el testimonio de Wilson Ayala Mex, del Ejido Candelaria, aunque verbalmente Pablo Erosa les aseguró que no usaría químicos tóxicos, les recomendó que «cerraran sus piqueras» cada vez que hubiera una nueva fumigación a cargo de su personal.

En ese contexto, autoridades locales y federales se han abstenido de regular el uso de agroquímicos y productos nocivos para la tierra, las abejas y, en general, la biodiversidad y, por el contrario, fomentan su utilización en detrimento de la salud humana y de los ecosistemas, con los impactos económicos que ello conlleva.

Como ejemplo, esta mañana, la Sagarpa entregó agroquímicos en plena cabecera municipal, como parte del Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 2018.

Los paquetes entregados contienen DAP, AMINA, PARAQUAT, FOLIAR y GLIFOSATO, este último, altamente cuestionado por contaminar la tierra, los cultivos, el polen de las plantas, cuyo polen es alimento de las abejas, y contaminando a su vez la miel que producen.

Incluso, se han denunciado casos en la Península de Yucatán, de mortandad de las abejas, a partir de la presencia y uso del Glifosato.

La Sedarpe también formó parte del evento, en donde se repartió a cada agricultor, un vale equivalente a mil 500 pesos, por hectárea, para canjearlo por estos agroquímicos.

Más información:

Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico