Guerrero: ¡Alto a los actos criminales de la minera canadiense Torex Gold Resources!

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 29 de enero 2017

Pasando por alto el derecho de asociación sindical de los trabajadores de la mina “Media Luna” en el municipio de Cocula, Guerrero, la empresa canadiense Torex Gold Resources recurre a la acción de pistoleros de grupos delincuenciales para mantener sujetos a quienes trabajan en ella a un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) acorde con los intereses de dicha compañía.

Ahora, ante las acciones de defensa legítima de los trabajadores en paro ante la agresión de dicha gente armada al servicio de la empresa, los cuales asesinaron el pasado 24 de enero a Quintin Salgado Salgado, uno de los dirigentes obreros, un contingente de las policías estatal y ministerial y del ejército, luego de entrar con lujo de violencia en las comunidades de La Fundición y Real de Limón, ocuparon las instalaciones de la mina, amedrentando a los trabajadores y escalando la confrontación.

Este problema tiene un marco, y es el de la política federal y estatal actual de entrega de recursos y de apoyo irrestricto y servil a las empresas nacionales y extranjeras que imponen este tipo de explotaciones, afectando a los territoriosde manera irreversible en términos ambientales, sociales y sanitarios. Una vez intaladas, las empresas, como parte de la devastación múltiple que generan, colocan a sus trabajadores locales en condiciones de explotación intensiva violando sus derechos con apoyo gubernamental. Es importante señalar que lo anterior pone de nuevo en manifesto:

1. La clara articulación entre estas empresas y los grupos delincuenciales “pistoleros” a los que financian para su protección;

2. Que a solicitud de una empresa trasnacional, el estado envía a su ejército y a su policía para no poner en riesgo al proyecto con mayor inversión extranjera directa en el estado de Guerrero.

¡Alto a las agresiones y represalias contra los trabajadores en paro de la empresa canadiense Torex Gold Resources!

¡Alto a la complicidad y la acción violenta del gobierno federal y estatal en contra de los trabajadores mineros y las poblaciones!

¡Alto a la entrega del país a intereses ajenos a nuestra población y a la vida en nuestros territorios!

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Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

Análisis del colectivo Geocomunes – Enero 2018

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

Parte I: Territorialización de los decretos de ZEE de Lázaro Cardenas, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Salina Cruz

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Los 28 septiembre y 18 de diciembre del 2017, el presidente de la República Enrique Peña Nieto firmó los primeros decretos de Zonas Económicas Especiales (ZEE) para Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Progreso. La firma de estos decretos representa una avance en el desarrollo de este proyecto neoliberal al definir las áreas geográficas para la implantación de las poligonales de las tres primeras ZEE. Nos parece importante detallar cómo se territorializa la firma de esos decretos en las distintas regiones.

1 – ¿Qué son las Zonas Económicas Especiales (ZEE)?

Para el gobierno, las ZEE son un lugar o área con “un excepcional ambiente de negocios” en que las empresas privadas nacionales o extranjeras tienen la facultad de definir la organización de esa área a partir de sus intereses económicos. Áreas que “tienen ciertas ventajas tanto logísticas como naturales con potencial para convertirse en regiones altamente productivas”.

Una ZEE es definida como un área geográfica delimitada que tiene un régimen para el pago de impuestos especial y diferente a cualquier otra parte del país. Al interior de una ZEE se pueden realizar actividades de manufactura, agroindustria, transformación de materias primas, innovación y desarrollo científico y tecnológico, etc, por medio de clústers (o parques industriales) en los que se concentran un conjunto de empresas que funcionarán como las “maquiladoras” que sobreexplotan a l@s trabajador@s además de beneficiarse de las ventajas fiscales que la ZEE les ofrece.

ZEE: concentra los clústers o parques industriales que pueden ser dedicados a diferentes sectores (agroindustria, automotriz, textil, etc). Recibe las materias primas desde la zona de influencia y exporta los productos transformados por el medio de una infraestuctura de transporte masiva (ej: puerto).

Área de Influencia: son las poblaciones urbanas y rurales aledañas a la ZEE donde se desarrollan un conjunto de proyectos de infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarril) o energética (gasoductos, parques eólicos, hidroeléctricas) necesarios para abastecer las actividades de la ZEE.

Otros proyectos exctivos como la minería o la actividad petrolera que necesitan también este tipo de infraestructura para operar pueden ser favorecidos en el área de influencia.

Algunos elementos definidos por los decretos de las ZEE:

  • La poligonal de la ZEE con sus coordenadas geográficas y superficie total (artículo II).
  • Los municipios que conforman el área de influencia de las ZEE (artículo IV).
  • La modalidad de la ZEE (artículo II). Para los cinco decretos hasta la fecha, se definió la modalidad por secciones y la poligonal detallada de la primera sección a cargo de la autoridad federal y la lista de los inmuebles que la conforman (artículo III).
  • Las actividades de refinación de petróleo y procesamiento de gas natural no se desarrollarán dentro de las secciones (artículo VII) con la justificación de que ya “están siendo impulsadas a través de los instrumentos previstos en la reforma energética”.
  • Exclusión de las instalaciones de los distintos puertos de la poligonal y de los posibles inmuebles de las ZEE.
  • Precisiones sobre las ventajas fiscales dentro de la ZEE (IVA, ISR) de las cuales destacan:

          – el descuento del 100% del sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para empresas durante los primeros diez años y un descuento de 50% durante los siguientes cinco años.
          – la ausencia de Impuesto de Valor Agregado (IVA) para los productos introducidos en la ZEE o para los productos extraídos de la ZEE (ya no existirán impuestos sobre los recursos extraídos dentro de las ZEE y destinados a la exportación al extranjero).

La ley de ZEE aparece claramente como una nueva etapa en el desarrollo de un proyecto neoliberal que pasa por profundos cambios al marco legal. En las dos últimas décadas se han realizado varios cambios para “legalizar” el saqueo de los territorios y permitir la participación del sector privado en este proceso como son la ley minera (1992), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), la ley de bioseguridad (2005), la ley de inversión extranjera (2012), la ley de asociación pública-privada (2012) y la reforma energética (2016). Después de haber permitido la participación del sector privado y de empresas extranjeras en este saqueo, la ley de ZEE aparece ahora como el instrumento legal para favorecer la participación delsector privado por medio de las númerosas ventajas citadas previamente.

¿Dónde se ubican las ZEE y en qué fase están?

Existen actualmente 9 proyectos de ZEE en México todos localizados en la parte sur y sureste del país que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Primera etapa: Son las 5 ZEE que cuentan con los dictámenes aprobados desde junio 2017 y los decretos firmados. Los decretos de Lázaro Cárdenas (Michoacán y Guerrero), Coatzacoalcos (Veracruz) y Puerto Chiapas (Chiapas) fueron firmados en septiembre y los de Salina Cruz (Oaxaca) y Puerto Progreso (Yucatán) en diciembre de 2017.

Segunda etapa: Las ZEE de Puerto Dos Bocas (Tabasco) y Champotón (Camp eche) podrian tener sus dictámenes aprobadas antes del cierre del año 2017 (noviembre o diciembre). Estas dos ZEE conforman un corredor entre Tabasco y Campeche que se pretende dedicar principalmente a la extracción de hidrocarburos.

Tercera etapa: En una tercera etapa están previstas dos ZEE en Hidalgo y Puebla con especializaciones respectivamente en textil y autopartes. En el caso de Puebla se ha anunciado que la ZEE será la Ciudad Modelo de la automotriz Audi y para Hidalgo por el momento no está definida la ubicación precisa.

Según la versión oficial, la ubicación de las ZEE tiene por objetivo mejorar las condiciones económicas en los estados del sur del país, que siempre han sido los más marginados, y reducir las desigualdades existentes al nivel nacional en cuestión de pobreza y de ingreso per cápita. Sin embargo el mapa anterior permite vizualizar que existen otros intereses que influyen en la ubicación de las ZEE.

Como se puede observar en el mapa, en el contexto nacional la zona del sur-sureste del país es muy codiciada para la extracción de minerales e hidrocarburos mediante numerosas concesiones. También es una zona con una gran valor ambiental y altos niveles de biodiversidad que se ven amenazados por el conjunto de proyectos que estimulará el desarrollo de las ZEE (extactivos, energéticos, de transporte, etc) y que podría ser aprovechada y mercantilizada mediante proyectos dentro de las ZEE (biomasa, industria del papel, agroindustria, biopirateia, etc). Además las ZEE están relacionadas con corredores multimodales que consisten en infraestructura de transporte de mercancías (carreteras, vías férreas, puertos) o de energía (gasoductos) que permiten el saqueo de esos recursos.

En el contexto mesoaméricano el establecimiento de las ZEE permitiría reactivar ciertos proyectos de corredores que se trataron de llevar a cabo por medio del Plan Puebla Panamá ahora llamado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. En el mapa está muy claro como varias ZEE (Chipas, Veracruz y Puebla) están conectadas por la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), uno de los proyectos del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. El desarrollo de esas ZEE permitirá dar vida al famoso corredor atlántico que se intento impulsar por el medio del Plan Puebla Panamá. De la misma manera las ZEE de Coatzacoalcos y Salina Cruz pretenden reactivar el muy deseado corredor transístmico, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que se ha intentado desarrollar desde hace muchos años y sobre el cual hablaremos más adelante.

Además como se ve en el mapa, esos corredores y de manera general la ubicación de todas las ZEE coinciden con las principales rutas migratorias en México. Esos flujos migratorios ofrecen una mano de obra sobre explotable para las distintas maquiladoras previstas dentro de las ZEE. La superposición de las rutas migratorias y de las ZEE ofrece además una justificación para la militarización y el control socioterritorial de la zona sur del país.

A escala continental e internacional es interesante analizar el papel que tendrán las ZEE en el reacomodo géopolitico actual. En 1994 México, EEUU y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para estimular los intercambios de mercancías entre esos tres países. Por esta razón las relaciones comerciales actuales de México son muy dependientes del mercado estadounidense (representan 81% de las exportaciones y 47% de las importaciones totales de México en 2016). El TLCAN ha acelerado el proceso de industrialización en México para la exportación de productos manufacturados hacia EEUU (el sector manufacturero representó el 90% de las exportaciones total en 2016), principalmente en la zona del Bajío y en el norte del país por medio de maquiladoras. La implantación de las ZEE tiene por objetivo ampliar a la zona sur del país este modelo industrial explotador y subordinado a los intereses de las transnacionales.

Sin embargo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU el contexto géopolitico ha cambiado bastante. Existe una probabilidad de que se termine el TLCAN y que se abre la puerta a posible acuerdos bilaterales entre los tres países. También el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) fue cancelado por la decisión de EEUU al retirase del mismo a principios del año 2017, lo que incitó a los 11 países restantes a buscar otras alternativas. En este sentido se reunieron en marzo de 2017 con China y Corea del Sur para discutir las posibilidades de un nuevo pacto de libre comercio entre los países del pacifico o posibles acuerdos bilaterales. Frente a las medidas proteccionistas impulsadas por Trump existe ahora un reacomodo géopolitico para México y los demás países de la Alianza del Pacifico (Chile, Colombia y Perú) para orientarse hacia el mercado asiático en busqueda de nuevos acuerdos de libre comercio.

En este contexto no es casual que todas las ZEE de la primera y segunda etapa están ubicadas en puertos con vínculos hacia los dos océanos. Un tercio de la carga total en México se transporta actualmente por vía marítima y el objetivo es duplicar la capacidad de carga total de 260 a 520 millones de toneladas anuales, por medio de la ampliación de puertos y algunos proyectos de las ZEE relacionados.

Con la entrada en vigor de la reforma energética la presencia de cuatro ZEE en la zona del golfo (donde se concentran las principales reservas petroleras del país) resulta estratégica para la exportación de hidrocarburos hacia EEUU o la Unión Europea (con quién México está actualmente negociando un nuevo tratado de libre comercio). La nueva red de gasoductos actualmente en construcción por todo el país permitirá además mover el gas extraído en México (o importado de EEUU) bajo la técnica de fracking hacia las ZEE ubicadas en el litoral pacífico para su exportación hacia Centroamérica.

Además de los nuevos flujos comerciales que se pueden generar con centroamérica, las tres ZEE situadas en el litoral pacífico resultan estratégicas para desarrollar nuevas relaciones comerciales con el mercado asiático. Aún que México cuenta actualmente con 12 tratados de libre comercio con 44 países diferentes solo existe uno con un país asiático (Japón). Uno de los principales países asiáticos con quién México podría aumentar sus intercambios en un futuro cercano es China. Siendo la segunda fuente de importación y el tercer destino de exportaciones China es actualmente el segundo socio comercial de México, después de EEUU. Por esta razón ambos países han discutido las posibilidades de un tratado de libre comercio y varias empresas chinas se han mostrado interesadas por invertir en México sobre todo en el sector energético en el contexto de la reforma energética y de las ZEE. Las autoridades mexicanas hicieron también, en octubre del 2017, una gira asiática para promover oportunidades de inversión dentro de las ZEE con gobiernos y empresas de Singapur, Vietnam y Indonesia. En el caso de Singapur, IE Singapore una agencia de gobierno está interesada en competir para la administración de las ZEE de Coatzacoalcos y Lázaro Cardenas.

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El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 2

Crece la resistencia a la explotación de recursos naturales en México

Artículo publicado el 30 de diciembre del 2017 en la revista en línea Sputnik Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La resistencia a la “voracidad de las multinacionales” que extraen minerales y petróleo y explotan gigantescos proyectos hidroeléctricos, es una creciente batalla social de las comunidades originarias, dijo a Sputnik la dirigente de la asociación civil Otros Mundos, Claudia Ramos.

La resistencia contra la agudización del modelo extractivo es notable hace más de 10 años en estados del sur del país, como Chiapas [fronterizo con Guatemala], frente a la agresiva expansión de la minería de empresas canadienses, británicas y chinas”, dijo la activista.

Esos conflictos entre ambientalistas y empresas multinacionales dedicadas a explotar recursos no renovables, ocurren “más allá de la coyuntura electoral, porque el modelo extractivo amoral es un despojo con una lógica depredadora que no cambia en las ofertas políticas“, observó.

Según Ramos, hay por lo menos un centenar de concesiones mineras en Chiapas, y la cuarta parte de ellas se concentran en dos municipios, Escuintla y Acacoyagua, corazón de la histórica región del Soconusco que desde la época colonial conectó el centro de México con América Central a través del istmo de Tehuantepec.

Según los testimonios recogidos por Otros Mundos, que integra la red internacional Amigos de la Tierra, en el centro de los conflictos de las comunidades indígenas están los intereses de empresas extranjeras, como la china Honour Up Trading, o las canadienses Riverside Resources y Blackfire Exploration.

Esta última explota 360.000 toneladas anuales de barita (sulfato de bario), utilizada para los lodos que se inyectan en la construcción de pozos petroleros.

Estas compañías han demostrado su agresividad para defender las concesiones otorgadas por el Estado, según la activista.

Además, “muchas concesiones mineras en manos de particulares operan con testaferros de origen mexicano”, dijo.

El Observatorio de Conflictos Mineros detectó casi medio centenar de conflictos de pueblos originarios con empresas mineras trasnacionales, y unas 20 compañías de capital canadiense se destacan en casi la mitad de ellos.

Otros nombres de origen anglosajón, como British Gold, Millrock Resources, Mining Corporation o Radius Gold se han vuelto familiares para las comunidades indígenas que resisten agresiones por oponerse a las consecuencias de esos “megaproyectos”, indicó Ramos.

En la región costera del Pacífico sur mexicano, los ecologistas calculan que casi 1,6 millones de hectáreas son blanco de grandes proyectos extractivos que abarcan casi 15 por ciento de la superficie de Chiapas.

A contracorriente

El trabajo de Otros Mundos y varias organizaciones ecologistas se ha enfocado en la urgencia de producir investigaciones independientes sobre los grandes proyectos de explotación de recursos naturales de la exuberante naturaleza de la zona fronteriza con Centroamérica.

Entre las consecuencias de esos proyectos están, en primer lugar, que “las poblaciones son desplazadas sin consulta para construir represas y explotar el subsuelo”, dijo.

En segundo lugar, los proyectos ambientales llamados de Reducción de Emisiones por Desforestación y Degradación (REDD), “son fondos de los países desarrollados para que sus empresas reduzcan las emisiones” de gases de efecto invernadero y justificar así la explotación de riquezas naturales en suelos extranjeros, aseguró.

Pero el llamado “modelo de explotación extractivista” deviene en “otras formas de control del territorio, que acusa a las comunidades por realizar sus actividades agrícolas tradicionales”, afirmó Ramos.

Otras inversiones que comprometen el cambio climático que calienta el planeta, derriten los polos y aumentan desastres naturales por inundaciones y huracanes, “están relacionadas con la expansión de ganadería extensiva, el cultivo masivo de palma aceitera y plantíos maderables“, enumeró.

Esos proyectos son promovidos por los gobiernos que “expanden los monocultivos de exportación“, aseguró.

Frente a esa avalancha, las redes ciudadanas “buscamos clarificar otras formas de relacionarnos con los recursos naturales, resistir a la creación de grupos de poder que amedrentan a líderes comunitarios y criminalizan a quienes defienden su tierra y su forma de vida“, dijo la responsable de Otros Mundos.

En el norte de Chiapas, ante la promesa de explotación de una docena de pozos petroleros, “los pueblos de la etnia zoque se oponen al despojo de sus bienes naturales comunes”, sostuvo Ramos.

El fenómeno se extiende a otros estados del sur del país, como Guerrero y Oaxaca, con predominio de empobrecidas poblaciones indígenas, donde se concentran las etnias prehispánicas que viven en extrema pobreza.

Los grandes proyectos de desarrollo “siempre vienen acompañados de control social, que obliga a fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades en defensa de los territorios donde coexisten la milpa o el bosque”, dijo.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) vinculan al sur de México con el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

La vinculación de Otros Mundos con Centroamérica llevó a que uno de sus fundadores, el sociólogo Gustavo Castro Soto, fuera baleado en Honduras el año pasado y sobreviviera al mismo atentado en el que fue asesinada la líder ambientalista Berta Cáceres, por oponerse a un proyecto hidroeléctrico.

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El Acuerdo REDD+ entre California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión

> ENGLISH VERSION: REDD+ The carbon market and the California-Acre-Chiapas cooperation

Compartimos el informe de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) “El Acuerdo California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión” (Junio 2017) en el que participó Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Aborda el tema de la implementación del programa de Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación d los Bosques (REDD+) en el estado de Chiapas (México) como mecanismo de compensación de las emisiones de gases a efecto invernadero del estado de California (Estados Unidos) y de sus empresas.

Autora: Fabrina Furtado
Equipo de trabajo: Isaac Rojas (Amigos de la Tierra Internacional), Claudia Ramos (Otros Mundos – Amigos de la Tierra México), Gary Hughes y Jeff Conan (Amigos de la Tierra Estados Unidos), Lúcia Ortiz y Fernando Campos Costa (Amigos de la Tierra Brasil). Diseño: Nicolás Medina

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Introducción:

Desde la firma en 1997 del Protocolo de Kioto, que es un tratado complementario a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el mercado de carbono viene siendo promovido como uno de los principales instrumentos de enfrentamiento al cambio climático. La posibilidad de comprarle el derecho a emitir carbono más allá de la meta establecida por la CMNUCC, a otra parte cuyas emisiones son inferiores a esa meta, no solo ha demostrado la incapacidad de reducir emisiones y enfrentar el problema del clima, sino que ha tenido como resultado la generación de nuevos conflictos ambientales. Aunque cuestionados y deslegitimados, tanto el sistema de “topes y comercio” (Cap and Trade, en inglés), como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), instalaron la perspectiva de la comercialización y compensación (offset, en inglés) de emisiones, y llevaron a crear iniciativas como REDD+1 (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques), una propuesta de Pago por Servicios Ambientales (PSA). De esta manera, sigue prevaleciendo la idea de que los mecanismos, prácticas y lenguaje de la lógica mercantil y del sistema financiero, que son un traje a la medida de las empresas, deben seguir dominando las políticas y el pensamiento sobre el medio ambiente, el clima y la biodiversidad.

En este contexto, el gobierno de California viene buscando hacer una articulación entre su sistema de topes y comercio, mediante el cual comercializó el primer crédito de carbono en 2013, y otros programas subnacionales, así como insertar compensaciones sectoriales a nivel internacional, especialmente a través de REDD+. Sería el primer programa vinculante que permitiría la compra de créditos de carbono a partir de programas jurisdiccionales de REDD+ para compensar sus propias emisiones sectoriales. La propuesta de mecanismos de REDD+, que incluye inversiones públicas y privadas en manejo, conservación y aumento de la reserva de carbono forestal, permite remunerar a quienes mantienen sus bosques en pie, sin deforestar, con el fin de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la deforestación y la degradación forestal.

Al mismo tiempo, en 2010 en Acre, el estado amazónico brasileño conocido por la lucha de los trabajadores del caucho en la que fue asesinado el dirigente histórico Chico Mendes, se creó el Sistema de Incentivos a los Servicios Ambientales (SISA), con el objetivo de fomentar el mantenimiento y ampliación de la “oferta de servicios y productos ecosistémicos” en ese estado. El primero de los seis programas del SISA fue el Programa de Servicios Ambientales de Carbono (ISACarbono), considerado el programa jurisdiccional de REDD+ más avanzado en el mundo, con potencial de generar lecciones relevantes para otros regímenes de REDD+ y de PSA en el mundo.

En 2009 en el estado mexicano de Chiapas, que tiene una amplia historia de lucha que incluye al referente internacional Movimiento Zapatista, se comenzó a desarrollar un Programa de acción ante el Cambio Climático, cuya prioridad fue la implementación de un sistema jurisdiccional de REDD+.

El estado ya venía implementando programas de REDD+ en la Selva Lacandona, territorio en el que conviven grupos indígenas como los Choles, Tzeltales, Tzotziles, cuya posesión fue reconocida por decreto presidencial a los Maya Lacandones en 1978. La Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático del estado de Chiapas fue aprobada en 2010 incorporando acciones de REDD y la creación y uso de sistemas PSA, impulsados de manera “voluntaria” por organizaciones conservacionistas.

De esta manera, en noviembre de 2010, los gobiernos de California, Acre y Chiapas, firmaron un Memorando de entendimiento sobre Cooperación Ambiental (Memorandum of Understanding (MOU) on Environmental Cooperation) con el propósito de crear un sistema de créditos de carbono de REDD+ entre los tres estados, posibilitando así el financiamiento de REDD+ en Acre y en Chiapas y la compensación de emisiones en el estado de California.

Hasta el momento, la cooperación ha avanzado poco más allá de debates y publicaciones, debido a que el programa de comercialización de carbono de California todavía no permite que sus empresas compren créditos provenientes de iniciativas de reducción de emisiones en Chiapas y Acre con el objetivo de compensar sus propias emisiones.

Sin embargo, este proceso puede avanzar en 2017 junto a otras propuestas subnacionales, tanto en Brasil y México, como en China y otros países. Los errores del pasado se siguen cometiendo, ocultando e ignorando. Son muchas las lecciones que se pueden sacar de la cooperación California-Acre-Chiapas y de los impactos de REDD en estos estados, en su relación con los procesos internacionales y nacionales que avanzan en el sentido de lo que llamamos mercantilización y financierización de la naturaleza. Se trata de un proceso que viene siendo cuestionado por los grupos de Amigos de la Tierra Internacional en los tres países, y desde el Programa de Bosques y Biodiversidad, debido a su importancia en términos del establecimiento de un precedente para las políticas de clima y biodiversidad.

Los análisis contenidos aquí fueron elaborados a partir de investigaciones de fuentes secundarias, entrevistas con integrantes de organizaciones de los tres países y de los gobiernos de California y Acre, así como de actividades con dirigentes indígenas y campesinos. La primera parte de este informe aborda el memorando en sí, sus orígenes, objetivos y resultados, destacando los actores centrales en este proceso; la segunda, la política de California desde la perspectiva de las organizaciones sociales de EEUU; la tercera y cuarta, los impactos de las políticas y proyectos REDD en Acre y Chiapas respectivamente; y en la quinta, se comparten algunas reflexiones que esta cooperación tiene para enseñarnos, especialmente a partir de la idea de participación, de la incorporación de valores indígenas, tradicionales y de género, así como del papel de las grandes organizaciones conservacionistas; de la construcción e implementación de salvaguardas; y de algunos conceptos y prácticas fundantes como los de comunidad, deforestación evitada, servicios ambientales, y la idea del consenso respecto de las políticas sobre cambio climático. Por último, presentamos algunas recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones más impactadas por el cambio climático y la lógica fundante de REDD+ en el contexto de la cooperación California-Acre-Chiapas.

Foto: Extracción de madera, fruto del ‘manejo forestal sustentable” en el ancho de la carretera entre Rio Branco y Xapuri, Acre. (Crédito: Amigos da Terra Brasil)

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Artículo de Ivonne Yánez, integrante de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, publicado en el Boletín Nº234 – Noviembre 2017 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés)

“El fundamento del pensamiento crítico, entonces, está en la disconformidad
con el estado de cosas existentes y en la búsqueda de alternativas,
a partir de caracterizaciones de la situación presente, cuyas
causas pueden, evidentemente, ser buscadas en el pasado.” (1)
in memorian Hector Alimonda

La propuesta de incluir los bosques en las negociaciones sobre clima de la ONU cumplirá 10 años. Desde 2007, cuando se llevó a cabo la conferencia sobre clima en Bali, Indonesia, en el marco del avance del mecanismo REDD+ (2), el tema de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las comunidades locales, entre otros, ha sido un ir y venir de actores, guiones, escenarios, repartos, comedias, pero sobre todo han primado los efectos especiales y el arte del maquillaje.

LO BUENO

Hay que reconocer que el hecho de que en estos años se haya tratado de abordar el asunto de los derechos de los pueblos ante un problema tan grave como es el cambio climático es algo bueno. Quienes hemos levantado la voz desde hace veinte años, clamando por verdaderas soluciones al calentamiento global como la de dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo, apelamos siempre a los derechos de los pueblos en donde se los extraen, a los derechos de las comunidades en donde se han aplicado proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) u otros de compensación de carbono, o también a los derechos de la naturaleza.

Así, desde que se empezó a discutir el mecanismo REDD+ en las negociaciones sobre clima, muchas organizaciones sobre todo a nivel internacional presionaban para que se incluyera el término de derechos de los pueblos indígenas. Esta presión se encaminó eventualmente hacia la propuesta de “No Rights, no REDD+” (sin derechos no hay REDD+) en diciembre de 2008. Sin embargo, estas justas demandas tomaron otro curso en los años siguientes.

Un ejemplo es el del derecho al territorio que es un derecho colectivo que ha sido reivindicado por decenios, en particular el de la titulación de tierras y territorios. Si bien este último es un derecho ajeno a las prácticas consuetudinarias de demarcar y organizar sus territorios, ha sido necesario demandarlo ante la arremetida de los Estados.

En este contexto, el mecanismo REDD+ y los programas tipo REDD+ a nivel nacional, claramente están tergiversando este derecho esencial de los pueblos, puesto que para que el negocio del carbono funcione, a la propiedad colectiva se le debe dar un uso privado, pues en la transacción de créditos de carbono tiene que estar claro quién es el dueño de qué, en qué cantidad y, para este caso, en dónde y en qué extensión. Los compradores serán dueños de un título de propiedad sobre el carbono que se encuentra en una determinada –delimitada y titularizada- cantidad de tierra cubierta por bosques. La titulación de tierras entonces está siendo promovida y utilizada en este caso por los mercaderes de carbono para presentar ante los compradores una garantía de propiedad del carbono contenido.

Lo bueno de que los derechos humanos y de los pueblos hayan podido ser parte de la base de cualquier medida frente al cambio climático se corrompió.

LO MALO

Quienes han dominado las negociaciones sobre clima, desde actores corporativos, financieros hasta ONGs de la conservación y representantes gubernamentales hegemónicos, entienden y asumen el tema de los derechos de una manera totalmente diferente a la de los pueblos indígenas y otras comunidades locales. Los derechos humanos y de la naturaleza han sido sometidos al capital y a supuestos derechos empresariales y financieros. Los espacios de lobby y negociación empresarial que cooptan las cumbres sobre cambio climático han garantizado que los intereses corporativos primen por sobre el sentido común bajo el guion de que son los superhéroes salvadores del planeta. Así se establece un claro conflicto de derechos pues el dinero, como capital, ha pasado a ser sujeto de derechos, por encima del humano y de todas las formas de vida.

El Acuerdo de París, firmado en las negociaciones sobre clima de 2016, COP21, presenta una nueva escenografía pero con los mismos protagonistas. Entre otros inconvenientes, ratifica (Art. 5) la inclusión de los bosques “para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero”. Esto profundizará la pérdida de derechos de los pueblos a nivel local y, con la posibilidad de compensar las emisiones a través de proyectos tipo REDD+, se seguirá aumentando la extracción y quema de petróleo, gas y carbón y ahondará el problema del cambio climático. El Acuerdo de París, al mejor estilo de la Comedie-Française con su troupe permanente de actores, perenniza el reparto de cuotas de contaminación entre los más contaminantes y la posibilidad de hacer un negocio global, ya no solo con empresas sino también entre Estados.

Con el Acuerdo de París, la lógica de entregar los bosques para compensar contaminación se imprime con carácter planetario. Si bien REDD+ incluye plantaciones forestales, agricultura y suelos, es decir, cualquier vegetación o suelo que pueda contener carbono, pone la mira principalmente sobre los bosques de África, Asia y América Latina, que están en su mayor parte bajo sistemas de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y son, por esta misma razón, los mejor cuidados y los de mayor extensión.

REDD+ convierte a los pueblos indígenas y a la naturaleza en proveedores permanentes de servicios ambientales o ecosistémicos, por lo que podemos afirmar también que REDD+, no solamente contribuye a más pérdida de derechos de los pueblos y hace que empeore el cambio climático sino que, además, viola los derechos de la naturaleza, sometiéndola –como se hace con los pueblos- a procesos de esclavitud, servidumbre, y apropiación de sus obras, al convertir a sus ciclos biológicos, funciones, la recreación de la vida y ciclos reproductivos en un trabajo y mercancías que pueden ser compradas y vendidas.

LO FEO

Entre los objetivos de los promotores de REDD+ está el de tratar de disminuir las resistencias a la implementación de los proyectos en territorios indígenas, principalmente, y buscan convencer a las organizaciones para que el mecanismo REDD+ sea bien visto y aceptado.

Así, como un efecto especial cinematográfico, los derechos humanos y de los pueblos en las negociaciones sobre el clima se han ido esfumando o sufrieron metamorfosis. Derechos se convirtieron en estándares; derechos de las mujeres se transformaron en salvaguardas voluntarias; otros derechos se convirtieron en participación e involucramiento en el reporte y monitoreo; derechos colectivos y territoriales se convirtieron en gobernanza forestal; la protección y exigibilidad de derechos pasó a ser solo promoción o algo que se tomará en cuenta; derechos se convirtieron en establecer modelos operacionales para cumplir con las salvaguardas y consolidar los co-beneficios es decir “beneficios no-carbono” como señala la iniciativa  REDD+ Indígena que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) sostiene a nivel internacional (3).

En definitiva, la inclusión de los derechos humanos en REDD+ no es más que un maquillaje para que se vea bonito, para tratar de detener la rebelión de los pueblos y para ocultar la verdad detrás de estos proyectos.

Ante esto, se debe proteger el derecho a la resistencia, a decir NO a proyectos de compensación de carbono, a no ser desplazados, a no ver restringido el acceso y uso tradicional de sus territorios, o a no ser utilizados para que compañías petroleras o mineras puedan violar los derechos de otra comunidad en algún otro lugar del planeta, a no ser manipuladas por el mercado internacional para que la maquinaria siga funcionando.

EPÍLOGO

Para terminar, se debe acotar más el sentido al que nos referimos cuando decimos derechos.

Aun cuando sabemos que los derechos son inherentes a los sujetos -humanos y no humanos-, estos no son estáticos. Los derechos son un proceso: histórico, político, social y natural.  Son una cuestión de dignidad y van surgiendo como una reacción frente a la opresión, la discriminación, la pérdida del sustento de vida. Son un ideal a conquistar y no son donados por Naciones Unidas, ni menos por el Banco Mundial o las transnacionales de la conservación.

REDD+ asume que los derechos son una realidad ya conseguida, adjudicados por los operadores de este tipo de proyectos y los tergiversa al considerarlos una cuestión de gobernanza, burocracia o ingeniería institucional. También pervierte los derechos porque los “universaliza” en un marco de modernidad occidental capitalista; hoy los derechos por circunstancias históricas y políticas están embebidos de pluriversalidad cultural y natural.

Cuando se incluye el concepto de derechos en las negociaciones sobre el clima, como en el binomio REDD-derechos, se prioriza el beneficio del libre mercado y al mismo tiempo se anulan los contextos culturales y políticos de los pueblos en donde se desarrollan este tipo de programas y proyectos.

La propuesta de incluir los derechos en REDD+ debiera haber exigido el derecho a la real práctica de los derechos colectivos que se nutren de, según el mexicano Enrique Leff, los “derechos del ser cultural a la construcción de mundos de vida diversos”, de los “derechos a reinventar sus identidades culturales”, o de los “derechos para reconstruir mundos de vida y diseñar futuros posibles”. (4) REDD+ claramente impide el ejercicio de estos derechos.

(1) CLACSO. Pensamientos críticos contemporáneos: análisis desde Latinoamérica. Piedrahita C., Díaz A., Vommaro P. (comp.). Bogotá, 2015.

2) “Por ejemplo REDD+ aspira a cubrir 4.000 millones de hectáreas, es decir el 31 por ciento de la superficie de la tierra (no marina)”. Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. Presentación REDD+ COMO UN CASO DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. Lima, 2014.

(3) CBC-GIZ. REDD+ INDÍGENA EN EL PERÚ: Perspectivas, avances, negociaciones y desafíos desde la mirada de los actores involucrado. Pinto, V. Molero, M. (Eds). Lima, febrero 2014.

(4) Leff, Enrique. “Las relaciones de poder del conocimiento en el campo de la ecología política: una mirada desde el sur”. En: ECOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA. VOLUMEN I. Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. CLACSO. Héctor Alimonda [et al.] (Coords). Buenos Aires 2017.

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#AlertaMaíz: la supensión de la siembra de maíz transgénico en México se mantiene por ahora

Este viernes 24 de diciembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito decidieron que sí se mantiene en México la prohibición de la siembra de maíz transgénico a nivel nacional. Esta prohibición existe desde septiembre del 2013 gracias a los esfuerzos de la “Demanda Colectiva Maíz”. Se trata de un grupo de abogados, científicos, campesinos y defensores de derechos humanos quienes emprendieron una batalla legal contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cinco transnacionales -Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto-, que pudieron ganar al obtener la implementación de una Medida Precautoria.

“Se mantiene esta suspensión” y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito “remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estudie la constitucionalidad del Código Federal de Procedimiento Civil”, informó el abogado René Sánchez Galindo, de la “Demanda Colectiva Maíz”, al salir de la sesión.

Desde el 2013, la prohibición se enfrenta a los constantes intentos del gobierno federal y de las transnacionaes de revocarla.”Les llamamos a seguir de cerca esta resolución ya que sabemos que hay un embate muy fuerte de (des)información en torno a los transgénicos que tenemos que aplacar desde la sociedad dando información verídica en nuestros centros de trabajo, en universidades”, agregó la Demanda en un mesaje video difundido en las redes sociales.

Compartimos el boletín de prensa de la Demanda Colectiva Maíz previo a la sesión del Tribunal de este viernes – México, A 22 de noviembre 2017

Primer Boletín de prensa extraordinario

  • A votación la medida precautoria que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico en México
  • Futuro del maíz en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
  • Afectaciones irreversibles si se autoriza sembrar millones de hectáreas

Este viernes 24 de noviembre los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, decidirán si se conserva la medida cautelar que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico por más de 4 años en todo el país.

La suspensión judicial fue solicitada por un colectivo de científicos, campesinos y defensores de derechos humanos que en 2013 promovieron una demanda de acción colectiva. Hasta el momento la acción ha soportado 26 juicios de amparo y decenas de impugnaciones del gobierno federal y de la agroindustria en 17 tribunales federales.

 

Los ojos del mundo están puestos sobre México, nuestro país es centro de origen y diversificación constante del maíz. Hoy contamos con las reservas genéticas más importantes en el mundo, que se mantienen como resultado de una herencia milenaria de la interacción entre las comunidades humanas y los ecosistemas agrícolas.

México representa un escenario único en el que uno de los cultivos más importantes del mundo se siembra en diversos sistemas agroecológicos en algunas áreas, al tiempo que se plantan como monocultivos industriales masivos y sin transgénicos, en otros.

Para México el maíz constituye el 69% del sostenimiento de la alimentación de toda la población y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, el 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje el 75% de maíz amarillo mayormente importado.

Sin embargo, en el mundo el maíz como alimento apenas alcanza el 13%, mientras que como forraje alcanza el 56%. Puede decirse que en México el maíz es un alimento básico y corazón del cocina tradicional reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, mientras que el mundo lo utiliza como forraje.

Esta diferencia en la utilización del maíz, aunada al carácter de país de origen, representan la importancia de conservar nuestros maíces nativos y de evitar el riesgo de la siembra de maíces transgénicos en más de tres millones de hectáreas.

¿Se mantendrá la medida cautelar otorgada desde septiembre de 2013, por lo menos mientras el juicio principal se resuelve? o ¿se levantará la medida, provocando afectaciones irreversibles en la conservación, utilización e intercambio de maíces nativos y sus parientes silvestres, además de los riesgos para la salud?

Informes: René Sánchez Galindo, 55-5436-4248

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La minería canadiense trae muerte a México: asesinan a dos trabajadores de la mina Media Luna en Guerrero

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 20 de noviembre del 2017

Nuevamente el “progreso y desarrollo” minero derrama sangre del pueblo de Guerrero

“Dos muertos más a la concienca del Sr. Trudeau”

Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña fueron asesinados por luchar y defender los magros y deshilachados derechos laborales que todavía existen en México, esos derechos que las poderosas y corruptas multinacionales canadienses, entre muchas otras, se niegan a respetar e incluir de forma automática a las y los trabajadores que operan en sus minas. El asesinato de ambos se suma a una larga lista de compañeras y compañeros que han caído y que están relacionados con empresas mineras canadienses.

Ya desde el año pasado tuvimos un escenario parecido por parte de la empresa canadiense Goldcorp/Leagold, operadora del proyecto “Los Filos” en el vecino pueblo de Carrizalillo, quien pactó un acuerdo en lo oscuro con líderes sindicales y despidieron a cientos de trabajadores, para luego, sólo algunos de ellos, reasignarlos en otras áreas con contratos de tres meses, tiempo en el cual ocurrieron varios accidentes durante el ejercicio de las nuevas funciones de los trabajadores, accidentes que la empresa mantuvo en silencio.

Ahora la otra canadiense, la empresa Torex Gold Resources, que opera el proyecto denominado Media Luna, en el municipio de Cocula, en franca y abierta colusión con grupos de corporativos sumisos y obedientes a la empresa, se niega a respetar los derechos laborales más elementales para las y los trabajadores mineros, quienes ante la negativa de la empresa, instalaron un paro de labores que el día sábado 19 de noviembre fue violentado por un grupo de sicarios que abiertamente ha operado en la zona, siempre ayudando a defender los intereses de la empresa.

La mina Media Luna en Guerrero/Crédito: Forbes

Ya antes habían actuado también en contra el grupo de pescadores de la comunidad de Nuevo Balsas, por cierto, grupo que continúa siendo una deuda pendiente tanto para la empresa como para el gobierno del estado quienes continúan mintiéndoles y administrando el conflicto. Toda la semana se transcribieron notas sobre el asunto del paro laboral; se manifestaron sindicatos canadienses solicitando la intervención de su primer ministro; igualmente, hace unas semanas varios grupos de México estuvieron en Canadá, justo haciendo una serie de señalamientos y denuncias por las recurrentes y terribles violaciones a los derechos humanos, ambientales y laborales que realizan todas las empresas canadienses que operan en México, y en especial las que operan en el estado de Guerrero, mismos señalamientos que esquivó y continúa esquivando el Sr Trudeau, ese primer ministro del partido liberal que durante su campaña prometió meterlas en cintura; también en la semana se solidarizaron varias organizaciones sociales y sindicales quienes mostraron preocupación ante la potencial represión y desalojo que dejaba mirar el arribo de la gendarmería al sitio de conflicto, misma que “casualmente” el día del asesinato, saber dónde estaban.

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Hay otros involucrados en este asesinato, como el Sr. Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, quien desde que arribó a México el 7 de abril de 2015, ha mostrado su racismo hacia el pueblo mexicano y en especial al del estado de Guerrero. Otro responsable de esta tragedia es el gobernador del estado, el Sr. Astudillo, al cual de plano ni cómo ayudarlo, ya que, en su decadente mandato, es enormemente visible su falta de visión y compromiso social, es totalmente sumiso al gobierno canadiense y al gobierno federal y además, ha sido muy ignorante sobre la problemática real del estado. Ambos, al igual que varios de sus operadores políticos, se la pasan hablando del beneplácito que deberíamos tener en
Guerrero por la “enorme” cantidad de oro que hay bajo nuestros guaraches.

Por su parte, la Sra. Rosario Robles nos dice que hasta las gracias hay que darles porque invierten en nuestro país y sus bondades ya son parte del progreso financiero del estado y nacional a través del fondo minero. Los presidentes municipales -algunos empiezan a arrepentirse de
haber entregado permisos a estas empresas-, están atrapados en una espiral de violencia y de carencia financiera, que simplemente su mayor deseo es concluir su mandato para irse a la buenas curules de la tradicional ascendencia política, en donde el riesgo es menor, aunque cada vez el riesgo se les acerca más.

Y así, mientras el oro continúa trayendo “Progreso y Desarrollo” al estado, y las empresas chinas se saborean los bigotes por la entrega de territorio estatal a través de las Zonas Económicas Especiales, que significan la cereza del pastel en la entrega del territorio y los bienes naturales para las trasnacionales, mientras todo eso ocurre, cada día hay más pueblos despojados y desplazados en el “afamado cinturón dorado de Guerrero”, cada vez tenemos más estructuras de gobernanza atrapadas en las redes de las trasnacionales y del crimen organizado y, cada vez hay menos salidas para dialogar y establecer acuerdos sociales que nos den paz.

En efecto contrario, es natural que también cada vez tengamos más resistencias de necios y necias que continuaremos ejerciendo, defendiendo y exigiendo nuestros derechos, nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a la libre determinación.

Un abrazo fraterno a la familia de Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña. Nos sumamos a las demandas de justicia, esclarecimiento y castigo a los culpables materiales e intelectuales de estos lamentables sucesos. Víctor y Marcelino sólo querían un poco de respeto sobre sus derechos laborales. Ni eso permite el desarrollo y progreso minero.

¡FUERA MINERAS DE NUESTROS PUEBLOS!
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Video: Las minas canadienses que empobrecen a México
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VIDEO: Las minas canadienses que empobrecen a México

Compartimos el programa de Periodistas de a Pie difundido en la TV en línea Rompeviento el 2 de noviembre 2017

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Alberto Nájar, Periodistas de A Pie:

La explotación de minas representa el cuarto lugar en generación de riqueza para Canadá. Pero a México, donde compañías canadienses tienen presencia desde hace varios años, el negocio muestra su otra cara. Aquí, la minería provoca una serie de violaciones de derechos humanos que afecta sobre todo a comunidades indígenas, mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas. En la segunda semana de octubre de 2017, el Primer Ministro Canadiense Justin Trudeau estuvo en México, pero mientras el político se tomaba fotografías con senadoras y periodistas, una delegación de activistas mexicanos viajó a su país para contar lo que no se dijo en la visita oficial.

Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), uno de los asistentes, nos comparte parte de la historia:

Nos invitaron a tratar de hablar con el gobierno canadiense para expresar el descontento que hay dentro del movimiento de Derechos Humanos en México porque la visita del primer Ministro en México la leemos más en el sentido de venir a hacer negocios. Lo que denunciamos fue el comportamiento de la Embajada de Canadá en México y cómo opera para facilitar el negocioo de las empresas mineras en México. Creemos que el gobierno canadiense puede jugar un rol importante porque puede llamar a cuentas a las mineras canadienses que tienen su domicilio, cotizan y pagan impuestos en Canadá a partir de los recursos que generan en en nuestro país.

Parte de lo que fuimos a decir ahora en esta misión a Canadá es que las mineras canadienses están matando nuestros pueblos y cómo las mineras canadienses se comportan con las comunidades. No las ven como iguales. No llegan a negociar de tú a tú. LLegan a imponer condiciones y aprovechan el contexto de corrupción e impunidad que existe en nuestro país.

Alberto Nájar, Periodistas de A Pie:

En reunión, la contraparte canadiense se dijo avergonzada por lo que sucede en México, pero luego se justificaron: “Son las comunidades quienes demandan la instalación de compañías mineras”. Además, dijeron que parte de la riqueza y la prosperidad de Canadá tiene que ver con esta actividad. Y la respuesta fue: “Nada justifica que México ponga los mueros para el progreso de Canadá.” Uno de ellos es Mariano Abarca, asesinado por oponerse a la minera canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas.

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Hasta hoy el 70% de las concesiones mineras que ha otorgado el gobierno mexicano son para mineras canadienses. En 2014, implicó la presencia de 159 compañías que se beneficiaron con 20,600 millones de dólares.

Gustavo Lozano explica la realidad mexicana:

Lo que vemos son grandes cráteres que desparecen comunidades enteras, que desparecen el paisaje y que generan grandísimas contribuciones al cambio climático. En un contexto de calentamiento global, no es razonable. Nos preocupa muchísimo porque allá hay un juego macabro: las mineras dicen que van a remediar, las autoridades se lo creen y todo el mundo queda muy contento con la afectación a las comunidades y nuestros territorios.

El gobierno al día de hoy ha entregado en los últimos años alrededor de 25,500 concesiones mineras. El 13.5% del territorio nacional ha sido entregado a la explotación minera. El Estado Mexicano es corresponsable del fenómeno de violaciones a derechos humanos en relación con la industria minera en el país. Una minera, para poder operar, necesita alrededor de 26 perimisos distintos con diferentes autoridades, a todos los niveles.

¿Cómo funciona la política pública en materia de minería en México? Es una política pública que genera incentivos para que todo el mundo se alinee a los intereses de las mineras en contra de los intereses de las comunidades. Parece que los tratados de libre comercio están orientados a facilitar que estas mineras sigan generando riqeza a costa de nuestros territorios y nuestras comunidades. Nos parece inaceptable que el gobierno canadiense se lave las manos responsabilizando exclusivamente al gobierno mexicano o al Estado Mexicano de lo que ocurre en nuestro territorio sin que desarrolle e implimente mecanismos en Canadá para llamar la atención sobre sus empresas y sobre cómo se comportan en el extranjero.

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Durango: Declaratoria del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio

Pronunciamiento del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)– Ejido El Siete, Pueblo Nuevo, Durango, a 28 de octubre 2017

En el contexto del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio, con la presencia y participación de Don Raúl Vera, Obispo de Saltillo,, Coahuila y amigo de las comunidades, pueblos y organizaciones que integramos el FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO, nos hemos reunido para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra proyectos como el de Chemours Laguna que, desde la lógica del modelo extractivo, abonan al despojo y deteriorio de los bienes comunes naturales pues hemos podido constatar que dichos proyectos se imponen cada vez más con mayor impacto en nuestros territorios, generando una serie de injusticias y atentados a los derechos humanos, acaparamiento de tierras y destrucción de la naturaleza.

Durante esta jornada de intercambios y reflexión, las comunidades, organizaciones y las personalidades presentes coincidimos en que de múltiples formas, los procesos de extracción, producción y transporte de bienes comunes naturales, así como la evacuación de residuos afectan o excluyen -directa o indirectamente- a millones de personas, algunas de las cuales se organizan y protestan.

Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que estos proyectos de muerte se gestan en un contexto en el que el modelo de desarrollo imperante posibilita que las empresas se enriquezcan externalizando sus costes, aprovechando el clima de impunidad que genera la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos que contribuyen, por acción u omisión, al diseño e implementación de políticas que, lejos de representar los intereses de nuestras comunidades, legitiman los intereses privados, nacionales o extranjeros que buscan incrementar su riqueza desarrollando este tipo de proyectos que catalogamos como proyectos de muerte.

Así, empresas extranjeras como la Chemours Company buscan aprovecharse de la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, crisis que se materializa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación que sufren nuestros pueblos y comunidades.

La lucha contra el Proyecto Chemours Laguna y su pretensión de producir 70,000 toneladas de cianuro de sodio al año ha colocado al FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA como el primer frente de lucha y resistencia en contra del modelo extractivo minero de la región. No tememos denunciar y rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las empresas extractivas a su paso, nos oponemos a la división de las comunidades, al debilitamiento del tejido social y la militarización de nuestros territorios, al hostigamiento y atentados contra la integridad física y emocional de nuestros defensores de derechos humanos y luchadores sociales, a la criminalización de la protesta y a la coercion de la libertad de expresión; a la privatización de nuestros bienes comunes naturales, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a la generación de empleos precarios que generan el falso desarrollo, a las afectaciones a la salud y a la injerencia de las empresas extranjeras en las decisiones políticas y económicas de nuestros territorios.

De igual forma, consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existen proyectos “sustentables”, “éticos”, “socialmente responsables”, “ecológicos” o “limpios”, pues la extracción y privatización de nuestros bienes, aunque tenga el nombre de “minería verde” sigue generando afectaciones y muerte en nuestros territorios.

Por ello nos dirigimos a las autoridades responsables para:

1.Exigir que no seamos invisibilizados y se reconozca la existencia de nuestros pueblos, para que se garanticen nuestros derechos colectivos.

2.Exigir que se reconozca la labor de todas las mujeres compañeras de lucha, nos oponemos a invisibilizar su labor, cuando es evidente que son ellas las principales gestoras y promotoras de la defensa de la vida, además del trabajo cotidiano, de la reproducción, el cuidado y las trasmisoras de lo que somos como personas, familia y pueblo.

3.Exigir la salida inmediata de las empresas extranjeras y sus proveedoras de nuestros territorios.

4.Exigir la cancelación inmediata y permanente de cada una de las concesiones y permisos que han entregado tanto a las empresas mineras como a otras empresas relacionadas al modelo extractivo, de tal forma que estemos en mejores condiciones para dedicar nuestras fuerzas al mejoramiento de los procesos organizativos para la vida y no para luchar contra sus proyectos de muerte.

5.Exigir el cese a las modificaciones y adecuaciones -a favor de las empresas- de leyes, tratados y derechos constitucionales que cómo pueblos tenemos, al mismo tiempo les decimos que continuaremos defendiendo el respeto de nuestros derechos ya conquistados.

6.Exigir que se detengan de manera inmediata las campañas de estigmatización, persecución, hostigamiento, amenazas y señalamientos hacia cada uno de los procesos de resistencia que defienden su territorio.

7.Exigir el cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio. Exigimos las garantías de protección y respeto de la vida para nuestras compañeras y compañeros, quienes en defensa del territorio han sido amenazados, perseguidos y criminalizados.

8.Demandar el esclarecimiento los crímenes de cada uno de las y los compañeros que han sido asesinados por defender el territorio y los derechos de los pueblos.

9.Establecer de manera clara y contundente que no aceptamos la imposición de su idea de progreso y desarrollo basado en el extractivismo que, en contubernio con los políticos en turno y de manera violenta, quieren implementar en nuestros territorios. Nadie más que nosotros -las comunidades, ejidos y pueblos organizados-, seremos quienes decidiremos cómo queremos vivir.

Convocamos a todos los Pueblos y Organizaciones de la región a permanecer alertas y en guardia contra gobernantes y gente ajena a los territorios que sólo buscan generar discordia, divisiones y confusión para, posteriormente saquear nuestros bienes naturales.

Expresamos nuestra solidaridad con la lucha digna de los trabajadores de la educación, quienes de manera organizada pugnan por el respeto a los derechos laborales, por la mejora de las condiciones en el Tecnológico de Torreón y por la cancelación definitiva de todos los cobros en las insitituciones de educación pública.

Reafirmamos nuestro deseo de tener una vida digna, de que nuestra participación sea tomada en cuenta, queremos desarrollo, pero integral y no a cualquier costo. No venderemos ni reubicaremos el patrimonio de vida de nuestro pueblo, no seremos el vertedero de desechos, materiales y humanos de industrias irresponsables, no venderemos nuestra salud ni nuestro territorio, no aceptaremos proyectos que constituyan una amenaza para nuestras comunidades.

Aspiramos a la construcción de un modelo de sociedad basado en normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, la máxima realización de los derechos humanos y la reducción de la violencia, el final de las desigualdades de género, la sustentabilidad de las actividades económicas, una sociedad que mantenga una interacción con los minerales que obedezca a las necesidades humanas y no a los intereses de acumulación de riquezas.

En ese sentido, de manera contundente les decimos:

¡AISPURO, AISPURO NO QUEREMOS CIANURO, QUEREMOS AIRE PURO!
¡FUERA CHEMOURS DE NUESTRO PUEBLO!
¡FUERA CHEMOURS DE LA LAGUNA!
¡FUERA CHEMOURS DE MÉXICO!
¡EL CIANURO MATA!
POR TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS DE MUERTE

Firman:

FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO
ACCIÓN COLECTIVA
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
RED NORTE
COCOPO
PROYECTO CULTURAL REVUELTAS
CNTE
COLECTIVO SI A LA VIDA
COLECTIVO RICARDO FLORES MAGÓN
CEP- PARRAS A.C.
ALZANDO VOCES LAGUNA

Foto: Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio en El Siete, Pueblo Nuevo, Durango, el 28 de octubre 2017 – Crédito: Alejandro Ponce / La Jornada Baja California

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Campeche: opositores a la soya transgénica denuncian el contubernio del poder judicial con Monsanto

Boletín de prensa del colectivo MA OGM – Hopelchén, Campeche, A 23 de octubre 2017

Juez de Distrito de Campeche, encargado de vigilar la consulta sobre la soya transgénica, favorece los intereses de Monsanto

  • Después de un año y medio de consulta sobre soya transgénica, el Juez Segundo de Distrito de Campeche quiebra el proceso de consulta desde su raíz emitiendo un acuerdo a favor de Monsanto para que la consulta sobre soya transgénica se lleve a cabo sólo con 6 comunidades en lugar de las 34 que lo habían acordado previamente.
  • Mientras se atienden las preocupaciones de esta empresa, se ignora la siembra ilegal de soya transgénica en más de 23mil hectáreas del municipio de Hopelchén.

Protesta de los defensores de Campeche ante el Juzgado Segundo de Distrito  Foto: Robin Canul

El Juez Segundo de Distrito de Campeche, el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, cedió ante la presión de Monsanto Comercial S.A. de C.V. y decidió ignorar los derechos de los pueblos mayas para favorecer el supuesto derecho de Monsanto en la ejecución de las sentencias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo colectivos interpuestos por organizaciones de apicultores y autoridades de comunidades de los Chenes.

La trasnacional, de enorme poder económico y político en nuestro país y el mundo, envuelta en múltiples demandas legales por los efectos negativos provocados por sus productos y escándalos por corrupción, logró presionar al juez de distrito para que emitiera acuerdos (de fecha 19 y 20 de septiembre de 2017) en los juicios de amparo interpuestos por miembros de las comunidades mayas para dividirlas, ya que se han organizado para llevar a cabo el proceso de consulta sobre soya transgénica en Los Chenes de manera conjunta. El acuerdo del juez establece que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deben consultar únicamente a seis de 34 comunidades: SucTuc, Xmaben, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolonchén de Rejón. Este acuerdo del juez va en contra de todo el trabajo de un año y medio de las comunidades mayas de Hopelchén que están siendo consultadas sobre la liberación comercial de la soya transgénica de Monsanto y de los acuerdos de las comunidades de ir juntas en el proceso. Además ejerce presión indebida sobre las comunidades promoviendo división interna.

 

Los acuerdos del juez deben suspenderse porque se han interpuesto recursos de queja por los representantes de estas comunidades en contra de ellos, pero la CIBIOGEM y la CDI prestos a este acuerdo, realizaron visitas a las seis comunidades para llevar a cabo sesiones con cada comunidad. En las comunidades, los representantes y las autoridades les han informado que seguirán juntas como lo han establecido en los acuerdos iniciales del proceso de consulta porque ese es su derecho para que dicho procedimiento  sea culturalmente adecuada y acorde a su libre determinación.

Ninguno de los acuerdos anteriores del juez que obligan a la CIBIOGEM y la CDI a cumplir con los principios de buena fé y libertad se cumplieron por estas autoridades en ningún momento. Tampoco los acuerdos del juez de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) atendiera a las sesiones fue obedecido. Esto exhibe la influencia de Monsanto sobre las decisiones judiciales y la discriminación que sufren los pueblos originarios en nuestro país que de nuevo ven sus derechos colectivos violados a favor de los intereses de las empresas.

En las semanas y los meses anteriores, los miembros de las comunidades le habían solicitado al juez en diversas ocasiones obligar a la CIBIOGEM y la CDI a continuar la consulta reconociendo a sus autoridades y representantes pero el Juez Novelo Pérez los ignoró. También se le solicitó que obligara al SENASICA a impedir la siembra de soya transgénica en la zona, ya que el permiso para ello está suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo hizo caso omiso a esta solicitud. Así también se le solicitó que los obligará a respetar los acuerdos logrados y a continuar con las negociaciones en el proceso de consulta pero nunca lo llevo a cabo. Sin embargo, cuando Monsanto le pidió que dividiera la consulta, lo acató sin dudarlo y sin tomar en consideración toda la evidencia que consta en los expedientes sobre la voluntad de los pueblos mayas de Hopelchén e ignorando los derechos colectivos de las comunidades de Hopelchén, actuando con criterios regresivos en perjuicio de sus derechos humanos.

Este giro en la ejecución de las sentencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, las cuales ha presumido como acciones del poder judicial en defensa de los derechos colectivos de pueblos originarios, expone la falta de preparación de los tribunales federales y la discriminación con la que siguen actuando hacia los pueblos indígenas y en la interpretación y protección de sus derechos. Es lamentable el acuerdo del juez que obedece a una solicitud de Monsanto para proteger sus derechos como empresa y tercero interesado, soslayando el trabajo de un año y medio de acuerdos entre la CIBIOGEM, la CDI y las más de 34 comunidades mayas del municipio de Hopelchén y el derecho a la libre determinación de los pueblos de este municipio, el derecho de más de 20,000 personas.

Muchos pueblos originarios en México han optado por el uso de las vías legales y su continua lucha para poner en acción el estado de derecho a diferencia de otros actores en el país. Sin embargo, es evidente que las vías legales no tienen impacto en su realidad, dado que la discriminación continúa y otros deciden las políticas públicas para sus territorios ancestrales, su gente y sus pueblos. Las afectaciones continúan mientras la batalla legal se da en los tribunales. El 85% de la soya que se sembró este año en el municipio de Hopelchén es soya transgénica que es propiedad de Monsanto. La selva se destruye a marchas aceleradas por la tala ilegal, el despojo ilegal de tierras, la pérdida de cuerpos de agua temporales y la contaminación del manto freático de la península de Yucatán por cocteles de agroquímicos, incluyendo el glifosato, afectando la salud de todos sus pobladores. Los apicultores tuvieron afectaciones graves en el 80% de sus colonias esta y la temporada pasada, y la SAGARPA y demás instancias de gobierno se niegan a apoyarlos, mientras que sí dan apoyos a los productores de soya.

Sin embargo, desde el 2012 las comunidades indígenas de Hopelchén se mantienen sobre sus acuerdos y su unidad. Su organización ha crecido y hoy gozan de gran apoyo entre la población urbana y rural. La CIBIOGEM y la CDI y el gobierno federal son despreciados en las comunidades y gozan de poca confianza debido a la forma en la que se conducen con la gente. Con determinaciones como esta, el poder judicial federal exhibe impericia, promueve desigualdad y discriminación y denota un alarmante favorecimiento  hacia los intereses de grandes empresas en detrimento de los más desaventajados de este país.

Firman: Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes  / Greenpeace México / MA OGM Colectivo / Centro de Derecho Ambiental CEMDA

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Comunidades se oponen a 21 proyectos mineros en la Sierra Madre de Chiapas

Reportaje de Rodrigo Soberanes publicado en Mongabay Latam el 20 Octubre 2017 en la serie “Activistas amenazados”

  • Un grupo de campesinos defiende 51 000 hectáreas de la minería.
  • Las minas están ubicadas en una importante Reserva de la Biósfera del estado de Chiapas.
  • Opositores han sido amenazados de muerte y se han registrado enfrentamientos violentos en la región.

Los campesinos que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 000 habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

Opositores a la minería en el puente donde impiden el paso a los camiones mineros. Foto: Rodrigo Soberanés.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

En esa región de reserva existen 51 000 hectáreas que podrían ser afectadas por proyectos, ya aprobados por el gobierno de México, que promoverían la apertura de 21 minas para la extracción de titanio. De esas 21 concesiones, tres ya han sido activadas y son el motivo de un intenso enfrentamiento entre opositores a la minería y las empresas que extraen el mineral.

Hoy, en los puntos estratégicos donde se instalará la logística minera, se han ido montando campamentos de lugareños —campesinos en su mayoría— opositores a ese plan de desarrollo económico empresarial para la región.

El Triunfo abarca desde zonas altas hasta parajes costeros. Es una región de más de 119 000 hectáreas que fue decretada como Reserva de la Biósfera para proteger, según el gobierno, el bosque de niebla que es el más diverso del Norte y Centroamérica, y “el ciclo hidrológico de las cuencas y la selva tropical húmeda del Soconusco”.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Violeta Galicia, especialista en análisis de la minería en Chiapas, identificó anomalías graves sobre la actividad minera en general dentro de El Triunfo: dijo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) “se encuentra en una situación difícil”, porque las concesiones mineras han sido aprobadas por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano y, hasta el momento, “no existe una postura clara” de parte de esa institución —la CONANP— que se encarga de cuidar las áreas protegidas del país.

En su investigación “Cartografías del deseo en Chiapas: entre la conservación y el extractivismo”, Violeta Galicia narra que trabajadores de la Conanp reciben “presión” de funcionarios de las altas esferas de esa institución, que están “posiblemente coludidos con los intereses mineros”.

Y publica incluso, en el estudio, el testimonio de un trabajador de la CONANP que solicitó que su identidad se mantenga en reserva: “a nosotros como dependencia nos llega información de un proyecto y realizamos las observaciones. Decimos que no y mandamos la opinión a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces ellos nos regresan el oficio y nos dicen: ‘no te estamos preguntando tu opinión, te estamos avisando que se va a hacer el proyecto'”.

Mongabay Latam pidió la versión de la CONANP y hasta el momento la dependencia solo ha contestado que su respuesta está en trámite.

En opinión del delegado de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) en Chiapas, Amado Ríos, el permiso de exploración y explotación concedidos a El Puntal se dio para extraer en bruto la materia prima y llevarla a otro lado para obtener el titanio, con lo cual, la dependencia da por hecho que la mina Casas Viejas no contamina.

Galicia identificó que la minería en El Triunfo afectará la captación de agua y el drenaje hídrico natural, con lo cual cambiaría el flujo de las filtraciones “alterando la calidad del agua debido a una contaminación por sedimentos y residuos de la actividad minera”.

Reserva de la Biósfera El Triunfo. Foto: Marco Girón/ Ecosur.

Cuando los campesinos notaron la contaminación en sus ríos y detectaron varios tipos de enfermedades entre sus comunidades, crearon el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) para sacar la minería de El Triunfo y se integraron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), una organización que trabaja en todo México y que ha seguido de cerca las amenazas que rondan a ese movimiento de resistencia.

Cuando el pueblo se enfermó

Los pobladores inconformes tienen claro cuáles son los problemas de contaminación y salud que los afectan,  pero muy poca información sobre las empresas responsables. La organización Impunidad Cero —que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— documentó que no existe en el país un reglamento o norma con los criterios para otorgar las concesiones, y la SEMARNAT y la Secretaría de Economía no publican detalles de los proyectos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló en 2016 que “los expedientes de cada concesión solo pueden ser consultados por quien acredite interés jurídico o a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Por lo tanto, los pobladores tienen muy pocos nombres de las empresas que explotan recursos naturales en El Triunfo.

El Grupo Minero Male tiene una página web donde describe su misión en El Triunfo. “Queremos utilizar de manera sustentable el mineral que ahí existe. No haremos pozos, no dinamitaremos, no haremos túneles, no utilizaremos agua de enfriamiento, no haremos grandes movimientos de tierra”, señala la empresa.

También habla de los beneficios que entregarían a la región: “Generar empleos, programas de interés social, ofrecer a las nuevas generaciones otras oportunidades de trabajo, evitar la migración de la gente, evitando así peligros y pérdidas para las familias chiapanecas, impulsar el desarrollo económico y cultural de toda la región”, son las promesas que anuncia el Grupo Minero Male en su website.

Y son esos compromisos los que hace alrededor de 12 años transmitieron a los habitantes de Acacoyagua y que sirvieron para convencerlos, según recuerda Luís. “Nos dijeron cosas maravillosas, muy hermosas. Todos los ejidatarios quedamos impresionados de todo lo que nos iban a dar a cambio de que les diéramos el permiso de el paso”, contó el profesor.

Opositores a la minería marchan en Acacoyagua lanzando consignas. Foto: Rodrigo Soberanés.

Pero hoy, los lugareños que en un principio estuvieron de acuerdo, se oponen francamente al desarrollo de proyectos mineros en las inmediaciones de sus comunidades, argumentando que tanto su salud como el medio ambiente se han visto gravemente afectados.

En Acacoyagua abundan las versiones sobre mortandad de peces, proliferación de enfermedades en la piel y aumento en la incidencia de cáncer en la región.

En la casa de Luís, quizá la voz con más peso dentro del grupo por su capacidad de organización y decisión dentro del movimiento, se habla de un hecho que marcó los acontecimientos recientes. Se trata de la historia de un joven sordomudo llamado Filigonio León que cada día iba al río Cacaluta a nadar por las mañanas. El chico sufrió una enfermedad en los ojos que lo llevó hasta la ceguera.

En Ciudad de Guatemala, cuenta Luís, un oculista les dijo que la causa de la tragedia fue la exposición al agua contaminada y aunque no tienen pruebas científicas para probarlo, la comunidad culpó a la minería de eso y más.

“Desde ahí comenzó la inquietud y unos compañeros de Escuintla (municipio aledaño) se presentaron en la casa ejidal y coincidió con la llegada del representante minero del Puntal, hace dos años. Ellos dieron a conocer la situación y cuando les tocó participar, la gente dijo ‘no queremos nada de minería'”, contó el profesor en entrevista con Mongabay Latam.

Los pobladores de Acacoyagua reclaman por el “envenenamiento de sus aguas”. Foto: Rodrigo Soberanés.

Los expertos de la organización defensora de derechos humanos, Otros Mundos, detectaron enfermedades de la piel causadas por el agua potable, encontraron que el agua de los pozos tiene capas de grasa, que el contacto con el agua de los ríos causa comezón, resequedad, agrietamiento, ronchas y manchas en la piel. También enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos.

“Se ha observado un aumento de cáncer en el colon, el estómago, el hígado y los riñones. Datos del médico local, Juan Velázquez, afirman que la tasa de muerte por cáncer en el ejido Cacaos —en las inmediaciones de El Triunfo— subió del 7 % al 22 % entre el 2005 y el 2015”, informó Otros Mundos. Son datos que coinciden con la llegada de las mineras a El Triunfo.

De acuerdo con Impunidad Cero —organización que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— no hay aún investigaciones científicas que comprueben los problemas de contaminación y salud en la región. Por eso la investigadora Sandra Moreno Andrade, de la Universidad de Ciencias y Artes (en Chiapas), está buscando financiamientos para saldar este pendiente con la población afectada.

Mientras tanto, la población que se opone a las operaciones mineras en la reserva de biósfera ha elaborado una lista de exigencias que ayudaría a reducir la tensión: solicitan que se realice un estudio toxicológico para averiguar el vínculo entre la actividad minera y el aumento de los casos de cáncer; que se elaboren estudios geológicos para identificar los posibles niveles de radiación en las fallas de extracción de ilmenita; y que se desarrollen estudios de calidad del agua para reconocer los niveles de contaminación de los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María.

Bajo esas exigencias es que nació la oposición que comenzó hace dos años con marchas, mesas de trabajo entre la población y las autoridades, y visitas constantes al municipio. Fue así como lograron que las autoridades de Acacoyagua aceptaran firmar un documento en agosto de 2017 que declara a ese municipio libre de minería durante el actual periodo de la municipalidad, que termina en 2018.

Una copia de ese documento está cubierta con un plástico y cuelga de uno de los parantes de la carpa del campamento permanente ubicado en el ejido Jalapa. Solo eso. En la práctica no tiene otra utilidad porque la minería sigue.

Las amenazas

Las protestas comenzaron hace dos años y desde entonces han ido aumentando las tensiones en la zona. Acosos, rumores sobre “levantones” (secuestros) inminentes, órdenes de aprehensión por denuncias inexistentes, amenazas verbales de muerte y enfrentamientos han sido constatados por las tres organizaciones que trabajan con los opositores a la minería (Otros Mundos, REMA y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa).

El sábado 16 de septiembre se realizó una manifestación contra la minería. Participaron mujeres, hombres, un buen número de niños de cinco comunidades rurales y todos los barrios de Acacoyagua, que caminaron a pesar del calor y la humedad abrazantes de esa mañana.

La marcha ciudadana fue un suceso que suplió al tradicional desfile del Día de la Independencia en México, porque las autoridades municipales decidieron suspender el acto conmemorativo.

La manifestación contra la minería suplió al desfile de la Independencia en Acacoyagua. Foto: Rodrigo Soberanés.

Luís, profesor del pueblo y opositor a la minería, aseguró que la población de Acacoyagua está dividida a tal nivel, que hay una tensión sumamente fuerte que podría derivar en violencia y por eso —dijo— el municipio prefirió cancelar el evento cívico.

Después de la marcha, los niños volvieron a sus casas y algunos adultos se enfilaron hacia el campamento donde está la resistencia de los ciudadanos, al pie de la Sierra Madre, en el inicio de la Reserva de la biosfera El Triunfo.

El punto elegido para montar el campamento es estratégico, está en el cruce de dos caminos que son la vía de acceso para los empleados del Grupo Minero Male, quienes utilizan esa ruta para subir a realizar sus faenas de extracción de minerales. Lo que hacen, básicamente, es bloquear el ingreso a la mina Casas Viejas, situada dentro de la zona de reserva de la biósfera.

El campamento tiene lo básico: sillas, un fogón para cocinar y una lona que los protege de la lluvia. Así han permanecido desde hace dos años y, actualmente, la historia de este campamento está en su punto álgido. Saben que los recientes acontecimientos de violencia ocurridos en ese lugar entre ellos y pobladores de municipios aledaños, que según los campesinos actúan bajo consigna de los grupos mineros, pueden repetirse.

“Aquí hemos estado a punto de derramar sangre. No les permitimos el acceso, aquí vamos a estar hasta que veamos que ellos retiran toda su maquinaria y nos dejen vivir en paz como antes”, dijo el profesor Joselino, habitante de la ranchería Jalapa, donde está instalado el campamento.

Para defender sus comunidades y la Reserva de Biosfera El Triunfo, los miembros de la resistencia se organizan por turnos para no abandonar el lugar y conseguir vigilar la mina toda la semana, las 24 horas del día. La idea es impedir el paso de vehículos que sean propiedad del Grupo Minero Male.

Pese al recelo que tienen contra los periodistas por el trato informativo que han recibido de la prensa local, permitieron el acceso de Mongabay Latam a su campamento.

El campamento del Frente Popular para la Defensa del Soconusco, en la comunidad de Jalapa. Foto: Rodrigo Soberanés.

Al ingresar lo primero que pudimos ver es que duermen sobre la misma tierra pero que no pasan frío en las noches porque es una zona de intenso calor y humedad, aunque sí quedan expuestos a las picaduras de mosquitos. Reciben apoyo de otras organizaciones para comprar alimentos y comen tres veces al día.

“Nos organizamos por grupos, nos vamos turnando. Aquí dormimos, aquí es la cama donde dormimos”, contó mientras señalaba el suelo Gabriela Ordóñez Espinoza, habitante de la ranchería El Castaño, de Acacoyagua.

De acuerdo con la organización Otros Mundos, ya hay cuatro proyectos en Acacoyagua en fase de exploración y explotación de ilmenita, la piedra de la cual se extrae el titanio.

Los expertos de Otros Mundos han estudiado el caso durante dos años y han levantado varias observaciones sobre la forma de trabajo de los grupos empresariales que están en la región del Soconusco impulsando la minería. De acuerdo con esa organización, la mayor parte de las concesiones están a nombre de “prestanombres de empresas extranjeras”, entre ellas GTM Mineral, de China; y Honour Up Trading, de Estados Unidos, las cuales ya han hecho obras en la región.

Tanto Otros Mundos como los pobladores que se oponen a la minería, no se cansan de repetir que tanto la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo, así como la zona de amortiguamiento y la zona de influencia se verían afectadas con los proyectos mineros.

Gráfico realizado por Colectivo Geocomunes y Otros Mundos A.C. (ver el mapa en alta calidad)

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Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau, se ha presentado a la sociedad internacional como un demócrata, defensor de las libertades y los derechos humanos, e incluso ha declarado su compromiso con el cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, aunque hay que señalar lo ha hecho apoyado en una tenue postura que considera una interpretación dentro de los alcances que permita la constitución canadiense, lo cual no es cosa menor, menos aún si Canadá continua negándose a ratificar el convenio 169 de la OIT y respetar la auto-determinación de los
pueblos indígenas en la práctica.

Su visita a nuestro país ha sido anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas quienes están siendo severamente afectados principalmente por la actividad minera canadiense, hoy convertida en el inversionista extranjero minero más importante del mundo y para México, a tal grado que se estima del total de empresas mineras extranjeras que hay, el 65% se encuentran inscritas en Canadá. Específicamente para Canadá, México se volvió el segundo país más importante para las empresas mineras canadienses que operan en el mundo, después de los EE.UU., lo cual no es menor ya que del total de activos mineros canadienses que tiene a nivel mundial, el 11.3% se encuentran adscritos en México.

El poder ejercido por la minería canadiense en toda la región latinoamericana ha sido fomentado abiertamente y arbitrariamente por todo su cuerpo diplomático según su política de la “diplomacia económica” a través de las embajadas, quienes como buenos colonialistas, continúan ponderando el racismo y odio hacia los pueblos indígenas y campesinos cuando, por un lado fomentan la inversión para la minería, al mismo tiempo que emiten alertas a sus ciudadanos turistas que transitan en México para que se abstengan de visitar, por ejemplo; el estado de Guerrero -sitio de gran inversión de la
minería canadiense-, por la violencia y riesgos que se viven en esa zona.

Es una realidad el peso político y financiero de las empresas mineras y el gobierno canadiense en el tema minero, a tal grado que son participes influyentes en la promoción de reformas constitucionales, de leyes y de reglamentos del ramo para facilitar la llegada de inversiones, pero también para adelgazar u obviar, la restitución de daños, el pago de impuestos o de plano suprimir cualquier aspecto que afecte su relación de ganancias.

Esto en México ha generado una legislación inconstitucional y violatoria de derechos humanos, porque entre otros aspectos, se considera a la minería como actividad preferente por sobre cualquier otra susceptible de aprovechamiento, aunque está literalmente desarrollada por privados es considerada de utilidad pública, que sólo ha significado el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios y cuando estos últimos pretenden defender sus derechos, estos le son totalmente negados por las propias empresas de forma directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales o en total contubernio con diversos actores del gobierno mexicano.

Daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental, criminalización de la protesta social, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, persecución, detenciones arbitrarias y el asesinato de defensoras y defensores son la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder, su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia o de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de “oro libre de conflictos” que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial.

Para corroborar el despojo, saqueo, desplazamiento y violencia que viven los pueblos causados por empresas mineras canadienses, basta visitar las comunidades de Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, de Salaverna y Mazapil en Zacatecas, las de Sierra Norte en Puebla o Tetlama en Morelos, o La Sierrita de Galeana en Durango, además de Chicomuselo, Chiapas, lugar en donde fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense, hecho que fue avisado y monitoreado previamente a su asesinato por la propia embajada de Canadá en México.

Las violaciones de las empresas canadienses son constantes, repetitivas y siempre apuntan por lo menos en contra de los derechos humanos al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica por ejemplo; cuando una misma empresa (Goldcorp) muestra un patrón delictivo al comprar tierras de uso común de forma recurrente y cínica como lo hizo en Carrizalillo, Guerrero y, tres años después, en Mazapil, Zacatecas. Hoy, del total de los proyectos mineros en México, las empresas canadienses operan 65%, o más de 850
proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación.

Habrá que decirle al Sr. Justin Trudeau, que la inversión minera de su país lo único que nos garantiza es el despojo y el riesgo potencial de que miles y miles de comunidades y personas pierdan para siempre su cultura e identidad por la destrucción del territorio; garantiza también el ingreso del crimen organizado aunque sus empresas estén inscritas en el pomposo estándar de oro libre de conflictos, se garantiza también el incremento de la violencia, la represión y la criminalización de quienes defienden sus territorios y la vida.

En ese contexto, desde REMA al gobierno canadiense le exigimos detenga la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para que la inversión de privados canadienses acumulen riqueza por medio del despojo; exigimos también dejen de impulsar políticas y proyectos de leyes laxas para con el cumplimiento de la legalidad de dichas empresas mineras, entre ellas las conocidas como Responsabilidad Social Empresarial o marcos de códigos voluntarios, y no de exigencia y cumplimiento obligatorio; y en vez de ello urge se pondere la rendición de cuentas para detener las constantes atrocidades e ilegalidades en contra de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Por otra parte, más allá de las cuentas alegres que desde los sectores empresariales y gobernantes promulgan favor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), este solamente ha servido para legalizar el despojo, acumular más riqueza de los sectores ya enriquecidos, generar un desplazamiento paulatino tanto de los productos como de las economías locales, para crear una nueva de acumulación y control del capital, un
incremento de los procesos para desregular la propiedad de la tierra, de tal forma que diluyen la protección del interés y la utilidad pública y en cambio se valide el saqueo de privados. En resumen, el principal propósito del Tratado de Libre Comercio entre México, EE.UU. y Canadá ha sido desaparecer el campo y a los campesinos.

Para finalizar al Sr. Trudeau, queremos recordarle que hace más de un año (el 26 de abril del 2016), varias organizaciones le enviamos una carta a la cual le solicitábamos su amable atención, justo para revisar el contexto de las violaciones de las empresas canadienses, en México y Latinoamérica, aprovechando su recién ingreso como ministro, en el cual usted y su partido manifestó gestos de apoyo a los derechos humanos. No obstante, hasta la fecha no hemos tenido respuesta a la carta, ni tampoco hemos visto acciones concretas por proteger los derechos humanos.

LA INVERSIÓN MINERA CANADIENSE DESTRUYE NUESTRO PAÍS
LAS EMPRESAS MINERAS CANADIENSES VIOLAN
LOS DERECHOS HUMANOS
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

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