[VIDEO] La trampa de las «mini» represas hidroeléctricas

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El 19 de septiembre 2018, Otros Mundos A.C. organizó un conversatorio sobre la trampa de las «mini» represas hidroeléctricas en el Foro Cultural Independiente Kinoki, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el marco de su Seminario Permanente de la Sustentabilidad. «Se estima que hoy en día hay un total de 3,700 proyectos hidroeléctricos por encima de 1 MW de capacidad instalada en el mundo, de los cuales el 83% están planeados y el 17% en construcción», compartió Daniela del Bene, integrante del Proyecto EnvJustice de la Universidad Autónoma de Barcelona, invitada por Otros Mundos A.C.

«Más del 75% de estos proyectos son pequeños o medianos», agregó Daniela, quien analiza que el actual auge de las «mini» represas se debe a los incentivos financieros vertidos por los gobiernos y bancos de desarrollo a proyectos supuestamente «sustentables», «limpios» y necesarios para la llamada «transición energética».

Las regiones más impactadas por esta nueva tendencia son Centroamérica, la cordillera andina, los Balkanes y el sureste asiático. Los territorios donde proliferan las «minis» no son libres de graves daños sociambientales. No se trata necesariamente de proyectos pequeños ya que no existe ninguna reglamentación internacional que determine un tamaño límite para sus cortinas y algunas tienen una capacidad instalada de hasta 50 MW. Se acompañan de infraesturas imponentes tales como largos túneles que implican el uso de explosivos, la destrucción de montañas y la deforestación, y emiten altas cantidades de gas metano. «Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático -IPCC, por sus siglas en inglés-, sus emisiones son 10 veces mayores a lo que se ahorraría al dejar de quemar combustibles fósiles«, señaló Daniela del Bene.

La especialsta cuestionó la voluntad política de los gobiernos de proceder realmente a una «transición energética» a través de la multiplicación de las «mini» hidroeléctricas. Éstas ni han sustituido las grandes represas, cuyos impactos socioambientales han sido denunciado desde hace décadas, ni han revertido el aumento del consumo de las energías fósiles. A nivel global, el petróleo, el carbon y el gas siguen siendo las principales fuentes de energía y su consumo no deja de crecer. «La energía hidroeléctrica en general no está para nada sustituyendo los combustibles fósiles, sino que se está sumando a ellos», concluyó Daniela.

Si bien existen experiencias de uso comunitario de energía hidroeléctrica con mini centrales en países como España o Italia, a nivel global las «minis» siguen captadas por grandes empresas como Sinohydro, Hydropower, Odebrecht o Enel. Sea lo que sea el tamaño de la cortina de una represa, lo esencial es saber para qué y para quién sirve la energía que produce, cómo ésta se produce y si contribuye a la construcción de la soberanía energética de los pueblos.

¿La energía se produce para sostener el desarrollo capitalista y el modelo extractivo o para los pueblos? ¿Y cuales son las características de su producción ? Busquemos proyectos descentralizados, a pequeña escala, realizados en el respeto de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, para sostener modos de vida sustentables basados en un consumo consciente y moderado de la energía eléctrica.

Les invitamos a compartir este material entre el 6 y el 13 de octubre en el marco de la semana de movilización por la justicia energética de la federación Amigos de la Tierra Internacional, de la cual formamos parte. Estas fechas coinciden con la publicación por parte del IPCC de un informe histórico sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles pre-industriales en comparación con los impactos de un calentamiento global de 2ºC. Es probable que en este documento, los científicos «comuniquen los terribles riesgos e impactos que supone dejar que el aumento de la temperatura mundial promedio exceda 1,5 grados, a la vez que alertan que se necesitará un cambio sistémico drástico, de una magnitud nunca antes vista, para evitar este aumento de la temperatura», indica la federatión en su página web.

Comparta: #JusticiaClimática ¡No a la #EnergíaSucia! #SoberaníaEnergética

Más información:

Semana de Acción de Amigos de la Tierra Internacional para luchar por la justicia climática

Tenemos que exigir un nuevo sistema energético internacional que beneficie a los pueblos y el planeta

Expertos del IPCC recomiendan «cambios sin precedentes» para limitar el calentamiento global a 1,5ºC

Defensores y defensoras de Temacapulín responden a AMLO: #ZapotilloNoVa

Boletín de prensa del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Colectivo de Abogadxs, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco Por el Agua, el Territorio y la Vida (UPOJAST) – A 4 de octubre del 2018

La continuación de la construcción del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León no corresponde en absoluto a la Cuarta Transformación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la Refundación del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro.

#ZapotilloNoVa

El proyecto Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León comenzó a promoverse desde el año 2005 y de manera ilegal en 2009 inició su construcción. Desde entonces -por 13 años- los gobiernos del PAN y del PRI lo han querido imponer a como dé lugar: violando derechos humanos, devastando la naturaleza, mintiendo sobre estudios técnicos, incumpliendo acuerdos y leyes, derrochando recursos públicos e implementado graves actos de corrupción, sin generar hasta el momento una sola gota de agua.

El pasado 1 de julio la mayoría de las y los mexicanos decidieron a través de las urnas dar una oportunidad al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asegura que su gobierno significará la Cuarta Transformación del país. En este mismo sentido, en Jalisco el nuevo Gobernador electo Enrique Alfaro, promete que su gobierno logrará la Refundación del estado, sin embargo la continuación de la construcción del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León no corresponde en absoluto a estos dos principios que supuestamente sustentarán el gobierno de López Obrador y de Alfaro.

Nuestras expectativas y exigencias hacia los nuevos gobiernos son altas. Por más de 13 años hemos impulsado la Revolución del Agua en nuestras comunidades y junto a otras luchas, organizaciones y especialistas hemos demostrado que el Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León es obsoleto, pues no resolverá el abasto del agua a lo largo del tiempo, ni respetará los ecosistemas y a las personas que en ellos habitan. Basta con recodar el reciente «Informe Técnico sobre alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa EL Zapotillo» elaborado en el Congreso de Jalisco y presentado el pasado 23 de agosto, el cual afirma que: «Consecuentemente, mientras no esté debidamente demostrado, deliberado y socializado que el bien mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones económicas hasta ahora realizadas, la obra no es justificable desde el punto de vista social, económico o ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y erogación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto».

Por lo que esperamos que la Cuarta Transformación de México y la Refundación de Jalisco transforme el modelo de manejo del agua en el país y en la entidad, hacia una Gestión Integral del Agua y el Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León NO ES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.

Esperamos que la Cuarta Transformación de México de AMLO y la Refundación de Jalisco de ALFARO, antes de realizar declaraciones tajantes como las efectuadas en días recientes sobre el futuro del Sistema Zapotillo primero escuchen y dialoguen con las comunidades, organizaciones, luchas y especialistas que por más de 13 años hemos defendido y trabajado por el agua en Jalisco, eso sí sería un gobierno distinto y no la continuación solo con cambio de partido MORENA en el gobierno federal y MOVIMIENTO CIUDADANO en Jalisco.

Hablar de la inversión realizada en el proyecto por parte de AMLO y ALFARO es importante, sin embargo el enfoque que debe predominar antes de tomar cualquier decisión es el de la CORRUPCIÓN, la Cuarta Transformación y la Refundación de Jalisco debe auditar de manera inmediata el proyecto antes de defender la inversión y de decidir de manera vertical su continuación.

Nos preocupan las contradicciones y vacíos técnicos y de conocimiento de las afectaciones integrales del proyecto en las posturas y declaraciones que los nuevos gobiernos están realizando en esta etapa de transición, debe demostrarse con un PERITAJE la viabilidad y seguridad que tendría el proyecto con una presa a 80 metros de altura de la cortina para las comunidades y por el grado de abandono de la obra y la falta de mantenimiento que alertó también la UNOPS-ONU debe primero comprobarse su estado actual y su grado de deterioro.

Hablar de Cuarta Transformación de México y de Refundación de Jalisco debe significar que la solución a este conflicto socio-ambiental provocado por el Sistema Zapotillo- Acueducto Zapotillo León (Presa Zapotillo, Acueducto y Presa Purgatorio) debe resolverse solo y junto a las comunidades, organizaciones y especialistas, por lo que esperamos podernos reunir de manera inmediata con el gobierno de López Obrador y Enrique Alfaro.

Seguiremos luchando contra este megaproyecto y por un nuevo modelo y política de gestión integral del agua para México y Jalisco, la Cuarta Transformación y la Refundación deben ser esa posibilidad por lo que exhortamos a los gobiernos electos de Obrador y Alfaro a que:

  • Antes de realizar declaraciones y tomar decisiones sobre el proyecto se construya la Agenda el Agua que México y Jalisco necesita junto y solo con las comunidades, organizaciones y especialistas.
  • Nos convoquen a discutir y revisar de manera integral y completa las afectaciones e impactos del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León.
  • Se realice un peritaje público al estado actual de la presa el Zapotillo en relación a su mantenimiento, viabilidad y seguridad.
  • Se realice un peritaje público sobre la viabilidad y seguridad para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de una presa a 80 metros de altura de cortina.
  • Se convoque a la realización de foros públicos para revisar de manera integral y completa las afectaciones e impactos del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León y buscar alternativas –que no sea la constricción de más presas- hacia un nuevo modelo de Gestión Integral del Agua.

Nuestra lucha es por el agua y la vida, queremos un río Verde libre, la cancelación del proyecto, su desmantelamiento, la restauración del río Verde y la reparación integral de los daños, esto es pues lo que esperamos de la Cuarta Transformación de AMLO y la Refundación de ALFARO.

ANTENTAMENTE,

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Colectivo de Abogadxs

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco Por el Agua, el Territorio y la Vida (UPOJAST)

#AmloZapotilloNoEsCuartaTransformación

#AlfaroZapotilloNoEsRefundación

Foto: Conferencia de prensa #ZapotilloNoVa en Guadalajara el 4 de octubre 2018 (ver el video aquí)

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Más información:

Exigen la cancelación del Zapotillo

9 problemas de la presa El Zapotillo, según el Comité Académico de la Gestión Integral del Agua de Jalisco

Senadores por Jalisco piden a AMLO se respete el agua del Río Verde para los jaliscienses

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Pueblos organizados de Chiapas y Puebla frenan, Ley en mano, 4 minas; nunca los consultaron

Artículo de Sin Embargo/Chiapas Paralelo publicado el 1 de octubre 2018

La batalla que en 2015 emprendieron habitantes de comunidades de Chiapas y Puebla en contra de cuatro proyectos mineros concluyó con la suspensión de actividades de estas empresas.

En Chiapas, la Profepa sancionó a la minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Semarnat, además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

En Puebla, integrantes del pueblo Maseual (nahua) obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila. El Juzgado le ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones, llevar a cabo una consulta previa y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

Ciudad de México, 1 de octubre (ChiapasParalelo/SinEmbargo).– Comunidades de Chiapas y Puebla lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros a los que venían oponiéndose desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no ser consultados cuando se otorgaron las concesiones.

Este domingo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total las actividades del proyecto denominado: «Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales ubicado en el Ejido Nueva Francia», del municipio de Escuintla, Chiapas.

La Profepa decidió sancionar a la empresa minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

Desde 2015, habitantes de Nueva Francia se unieron al Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), que se mantiene en resistencia contra 21 concesiones mineras promovidas por el Gobierno estatal y federal en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

El Frente conformado por habitantes de los dos municipios afectados se comprometión a defender la tierra y proteger ecosistemas importantes para la biodiversidad chiapaneca como lo son: los ríos Cacaluta y Jalapa, el Bosque de Niebla de la Reserva de la Biósfera del Triunfo y los manglares de la Encrucijada.

Los habitantes desde hace tres años han demandado la presencia de la Profepa y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que verifique el impacto ambiental que ocasiona cada una de estas empresas en su territorio.

A tres años de protesta, la Profepa realizó una inspección el 14 de febrero del 2018 a Nueva Francia, en la que constató que el Proyecto no cuenta con autorización en materia de cambio de uso de suelo expedida. Además, observó la afectación de aproximadamente 5 mil 629 metros cuadrados.

«Se considera hubo remoción de suelo y vegetación de las especies Tepenahuaste, Laurel (Hormiguillo), Capulín (Prunus salicifolia), Chile Blanco, Castaño (Castanea sativa), Hormiguillo (Cordia alliodora) y Zacate insurgente», indicó el comunicado.

El Proyecto consta de una superficie de 3.3 hectáreas, dentro de las cuales se llevó a cabo la apertura de brechas o caminos de acceso, con una longitud aproximada de 804 metros y un ancho promedio de 7 metros.

EN PUEBLA AMPARAN A COMUNIDADES

Integrantes del pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que afectan principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan.

La sentencia, otorgada el pasado 26 de septiembre por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), en marzo del 2015 el pueblo Maseual interpuso una demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

Después de varios años de litigio, el pueblo maseual obtuvo una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía (SE): dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

En septiembre de 2014, tres mil indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía y encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio.

Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.

En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del pueblo Maseual.

Con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera «conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje».

Este fallo judicial, destacó Cemda, «deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y modificado, pues es imprescindible que se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y no se interfiera con con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados».

De acuerdo con datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera, en México operan un total de 345 mineras, de las cuales 21 son mexicanas.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

Más información:

Amparan a comunidades del Pueblo Maseual de la Sierra Nororiental de Puebla en contra de concesiones mineras

¡Felicidades al FPDS en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión

La política minera de AMLO, una continuidad incoherente

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de septiembre de 2018

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció a principios del presente mes que implementará medidas para «reducir» los efectos de la extracción minera. Estas medidas no son otra cosa que medidas cosméticas para paliar los efectos de la minería a tajo abierto por metales, lo que equivale a permitir que continúe una actividad que genera daños severos, múltiples e irreversibles ya documentados, incluso desde las etapas previas al inicio de las explotaciones.

Anunciar «remediaciones» que forman parte de la mentira sistemática que emplean las empresas para encubrir el despojo, gravar a esas empresas y destinar esos recursos fiscales a las comunidades a cambio de permitir las afectaciones y con ello legitimarlas, constituye más de lo mismo: una medida de continuidad que no sólo denota ignorancia y servilismo hacia intereses ajenos a la salud e integridad de nuestras comunidades y territorios, sino que mina el futuro y pone en entredicho el respeto elemental al mandato popular del pasado primero de julio.

Las palabras del Presidente electo no ayudan a enfrentar la grave situación que vive el país por el extractivismo minero que además ha causado desplazamientos de población, pobreza, migración y asesinatos. Con ello solo se operarían mecanismos con el fin de que unos raquíticos impuestos que pagan las empresas mineras se destinen a mitigar los graves e irreparables daños. [1]

 

México no está en venta. Nuestra integridad no está en venta. Exigimos sin titubeos ni falacias una posición digna y una política pública inequívoca de rechazo al modelo extractivo minero.

¡ALTO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

[1] «Desde 2014, se estableció que las empresas mineras tienen que pagar un impuesto por la extracción de minerales y que ese impuesto tiene que utilizarse para mitigar daños en comunidades mineras», declaró AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre 2018.

Foto: AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre en la Ciudad de México.

Más información:

Gobierno de AMLO implementará programa para reducir los efectos de la actividad minera en las comunidades

No, Carlos Slim no es un «ejemplo a seguir», como lo pretende AMLO: REMA

El Escaramujo 77: AMLO, ¿PROGRESISTA O DE IZQUIERDA?

Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

16-18 de noviembre: ¡Celebremos los 15 años del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos!

EL MAPDER CUMPLE 15 AÑOS DEFENDIENDO RÍOS

REALIZARÁ SU ENCUENTRO NACIONAL DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE EN GUERRERO

Comunicado del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – A 17 de septiembre 2018

Al cumplir quince años de resistencia, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) realizará su treceavo encuentro nacional del 16 al 18 de noviembre del 2018 en la comunidad de Salsipuedes, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, en el Acapulco rural, estado de Guerrero.

Compartiremos experiencias y conocimientos desde las distintas comunidades, organizaciones y personas que integramos el MAPDER para fortalecer la resistencia nacional y brindar solidaridad al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).

Nos reuniremos en el lugar que nos vio nacer en el año 2003 en torno al CECOP, que defiende la cuenca del río Papagayo y resiste a una nuevaofensiva de persecución, encarcelamientos y asesinatos.

Los campesinos de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, han expresado contundentemente durante quince años su rechazo al Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, de la Comisión Federal de Electricidad, pero sus derechos siguen siendo pisoteados por las instancias de poder federal y del estado de Guerrero.

Enfrenta el MAPDER numerosas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de los pueblos al agravarse las amenazas de despojo de tierras y del desplazamiento forzado de poblaciones para la construcción de presas.

Delegaciones procedentes de las cuencas hídricas de Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Veracruz, Puebla, Valle de México, La Laguna, entre otras, reflexionaremos sobre la organización y el papel del MAPDER en los nuevos escenarios que enfrentaremos en los siguientes años, particularmente en materia de agua, proyectos de presas, energía y resistencia de los pueblos.

Comunidades afectadas exigimos la cancelación inmediata de los proyectos de presas La Parota en Guerrero, El Zapotillo en Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit, cuenca de La Antigua en Veracruz, al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en las cuencas de Chiapas, y nos solidarizamos con los pueblos que resisten la imposición de embalses en la Sierra Negra de Puebla y en Milpillas, Zacatecas.

Reclamamos la libertad de presos del CECOP, justicia a los asesinados y presentación con vida de Sergio Rivera Hernández, opositor del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala de Minera Autlán en Puebla.

Recuperaremos aprendizajes y logros que hemos tenido como movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos en nuestros primeros quince años de vida.

Con invitados internacionales festejaremos colectivamente la vida y el aniversario del MAPDER al grito de

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

Mayor información en el correo electrónico: encuentromapder15@gmail.com

Más información:

¿Uno más en la cuenta de muerte por defender la vida? ¡Exigimos la aparición con vida del defensor Sergio Rivera Hernández!

«La Revolución del agua»: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

#10AñosCompartiendo: Manualito para las radios en defensa de los ríos

 

 

Quintana Roo: Nueva fumigación con producto agrotóxico provoca mortandad de abejas

Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 14 de septiembre 2018

  • El saldo preliminar es de 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados
  • La fumigación ocurrió el 10 de septiembre pasado, días después de la firma de un convenio para pagar parcialmente los daños provocados en agosto pasado
  • Lo ocurrido vuelve a poner en la agenda de discusión la no regularización de agroquímicos
  • En ese contexto, la SAGARPA entregó hoy paquetes de agroquímicos tóxicos a apicultores del municipio de José María Morelos, Quintana Roo

Más de 200 colmenas, en los Ejidos de San Felipe I, Nuevo Reforma y Kankabchen, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, fueron afectadas por una nueva fumigación en el plantío de chile habanero propiedad de un empresario de Yucatán, que el mes pasado provocó la muerte de cientos de miles de abejas y la pérdida de 357 colmenas en el Ejido Candelaria, en donde siguen muriendo las abejas por el impacto residual del tóxico.

Apicultores afectados informaron esta mañana a la sociedad Coopertiva U Lool Che y al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible-Península de Yucatán (CCMSS-PY) que, al revisar sus apiarios, encontraron el suelo tapizado de abejas.

El saldo preliminar, arroja -hasta el momento- 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados, pero la cifra podría aumentar. Los muestreos se realizan con apoyo de especialistas en la materia.

Los productores atribuyen lo ocurrido a que el empresario, originario de Yucatán, Pedro Pablo Erosa Manrique, volvió a fumigar su cultivo de chile habanero el 10 de septiembre pasado, días después de haber firmado un ventajoso convenio que lo compromete sólo a resarcir el daño parcial que ocasionó a los apicultores del Ejido Candelaria, el 13 de agosto pasado.

Erosa Manrique sólo pagará mil 300 pesos por colmena, cuando el precio real es de mil 700 pesos y sólo se hizo responsable de 250, de las 357 colmenas que afectó, lo que implica que pagará 281 mil pesos menos por el daño que provocó.

El convenio, que gozó del aval de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Quintana Roo (Sedarpe) y de la Fiscalía del estado, que coaccionaron a los apicultores para aceptar firmarlo, permite a Erosa Manrique seguir usando agroquímicos.

De acuerdo con el testimonio de Wilson Ayala Mex, del Ejido Candelaria, aunque verbalmente Pablo Erosa les aseguró que no usaría químicos tóxicos, les recomendó que «cerraran sus piqueras» cada vez que hubiera una nueva fumigación a cargo de su personal.

En ese contexto, autoridades locales y federales se han abstenido de regular el uso de agroquímicos y productos nocivos para la tierra, las abejas y, en general, la biodiversidad y, por el contrario, fomentan su utilización en detrimento de la salud humana y de los ecosistemas, con los impactos económicos que ello conlleva.

Como ejemplo, esta mañana, la Sagarpa entregó agroquímicos en plena cabecera municipal, como parte del Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 2018.

Los paquetes entregados contienen DAP, AMINA, PARAQUAT, FOLIAR y GLIFOSATO, este último, altamente cuestionado por contaminar la tierra, los cultivos, el polen de las plantas, cuyo polen es alimento de las abejas, y contaminando a su vez la miel que producen.

Incluso, se han denunciado casos en la Península de Yucatán, de mortandad de las abejas, a partir de la presencia y uso del Glifosato.

La Sedarpe también formó parte del evento, en donde se repartió a cada agricultor, un vale equivalente a mil 500 pesos, por hectárea, para canjearlo por estos agroquímicos.

Más información:

Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico

Sierra Tarahumara: Minera canadiense incumple contrato y reprime

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 5 de septiembre 2018

En México y en Latinoamérica las mineras canadienses ya están acostumbradas a tener una actuación ilegal y de incumplimiento de contratos o convenios, entre muchas otras violaciones a las leyes y a los derechos humanos, porque se saben protegidas por las estructuras de gobierno, a tal grado que, aun en comunidades quienes erróneamente o con engaños han aceptado el ingreso de una empresa minera a su territorio, son reprimidas cuando éstas reclaman sus ilegalidades.

La minera Coeur Mexicana S.A. de C.V., de capital canadiense, firmó un contrato con los ejidatarios para la explotación de una mina de plata en el municipio de Guazapares, ubicado en la Sierra Tarahumara, que se caracteriza por ser la región más importante en producción de plata del estado norteño de Chihuahua. Sin embargo, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa canadiense, que es un común denominador de estas empresas, provocó que los ejidatarios exigieran justicia.

Desde el 20 de agosto los ejidatarios iniciaron su manifestación y plantón en el camino que da acceso a la mina, pero fue disuelta el 30 de agosto con el apoyo de 130 elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, quienes llegaron disparando al aire para intimidarlos, sin identificarse y sin presentar órdenes de aprehensión, detuvieron a dos ejidatarios, José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González, que ahora se reportan como desaparecidos.

Esta situación es reiterativa por parte de las empresas mineras canadienses, aunque no sólo estas, tanto en otras partes del país como en Latinoamérica, en donde incumplen muchas de las cláusulas de los convenios firmados, desde aspectos tan fundamentales como negarse a la contratación de mano de obra, no pagar derechos de paso, no realizar las obras sociales prometidas a las comunidades y otras serie de circunstancias que al final se traduce en la extracción del mineral y la devastación territorial, de la salud y comunitaria.

También incumplen resoluciones judiciales, violan normativas ambientales y prácticamente hacen inexistentes los derechos humanos de los pobladores locales y trabajadores, a quienes reprime e incluso asesina cuando se atreven a reclamar sus derechos, tal como ha sucedido ya en Guerrero con la empresa Torex Gold o en Chiapas con la Blackfire o en Oaxaca con la Fortuna Silver Mines, todas de capital canadiense.

La actividad minera está lejos de ser parte del progreso y desarrollo, toda vez que se ha vuelto la práctica que mayores asimetrías genera; destruye totalmente los bienes naturales y por ende el territorio de los pueblos a los que deja devastados con irreversibles daños a la salud y al ambiente; capitalizando el despojo tan pronto como les es posible, llegan a efectuar el desplazamiento a toda costa.

A las empresas y sus dueños, no les interesa si un pueblo se opone y resiste o por el contrario firma un convenio, pues en ambos casos habrá persecuciones, represión, criminalización y/o asesinatos. Es tan rapaz y tan impune el actuar de las empresas mineras y del mismo gobierno que violentan y violan todo el Estado de Derecho en su conjunto. Reconocemos que se trata de una batalla en donde el Estado actúa casi siempre del lado de las empresas y bajo los escudos justificativos de la modernidad, el progreso y el desarrollo, buscando de esa forma legitimar sus ilegitimas ganancias generadas por el saqueo de los pueblos.

Este caso que ahora sufren los ejidatarios del municipio de Guazapares, debe ser un serio llamado de atención y de alerta, para que las comunidades y ejidos de todo el país, eviten ser engañados y desechen cualquier relación con aquella empresa minera que ronde su territorio.

En contrasentido, los invitamos a organizarse para decretar el Territorio Libre de Minería. Es posible luchar y resistirse en contra este Modelo Extractivo que viola los derechos humanos y devasta territorios tal como sucede y se ha demostrado en varios estados del país.

REMA se solidariza con las y los ejidatarios de Guazapares quienes a pesar de lo ocurrido se mantienen resistiendo y sostendrán el bloqueo, el cual han anunciado que ahora será total.

Responsabilizamos a la empresa minera canadiense y al gobierno de Chihuahua por la seguridad de los ejidatarios y el regreso con vida de José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

Con disparos, agentes disuelven protesta contra minera en Chihuahua

Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca

Guerrero: ¡Alto a los actos criminales de la minera canadiense Torex Gold Resources!

Foto: la mina de plata de Coeur Mexicana en Guazapares (Crédito: Coeur Mining)

Zacatecas: Los engaños del gobierno en torno a la presa Milpillas

Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros De Zacatecas (OCMZac), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – A 28 de agosto de 2018

Análisis crítico del Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo, publicado en mayo 2015

Antes de iniciar surgen varios cuestionamientos:

¿Por qué si desde el año 2015 se publicó un Estudio de Factibilidad de más de 500 páginas, hasta ahora el Gobierno del Estado de Zacatecas busca «dialogar» con las y los ejidatarios? Además, dicho estudio tuvo un costo de más de 16 millones de pesos, y aun así le falta información básica y se basa en una suposición no comprobada y errónea, a saber, que la presa Milpillas permitirá frenar el abatimiento de los acuíferos de la región centro de Zacatecas.

Por otro lado, ¿por qué el Gobierno Estatal falsificó el Acta ejidal inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) con fecha del 19 de abril del 2018? Esta acta tiene como asunto: Someter a consideración de la Asamblea la anuencia para que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) realice trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y/o cualesquier otra autoridad de carácter federal, estatal o municipal, el cambio de uso de suelo respecto a aproximadamente 11 ha de tierras ejidales. E incluso la Delegación de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, el ombudsman de los campesinos encargado de asesorar y orientar a los sujetos agrarios y garante de la legalidad, solapa y se presta a este tipo de actos, incurriendo en delitos penados por las leyes mexicanas. Son muchos los atropellos y engaños que se han presentado en esta promesa de progreso y desarrollo.

El Estudio de Factibilidad enuncia cuatro áreas amenazadas y dedica centenares de páginas a describir y justificar los impactos de la presa y el acueducto sobre la fauna y flora en los ocho municipios afectados. Estos impactos no son despreciables. Por otra parte, falta información básica, por ejemplo: sobre la altura y anchura de la cortina, sobre el caudal del río Milpillas durante las diferentes temporadas, y sobre los impactos hidrológicos y sociales aguas abajo de la presa. De esta manera, el Estudio de Factibilidad no analiza algunos de los impactos socioambientales más importantes del proyecto. Estos tienen que ver con la extracción de docenas de millones de metros cúbicos de agua de una cuenca que ya sufre estrés hídrico, para transportarla a otras cuencas entre Fresnillo y la Zona Conurbada Zacatecas Guadalupe (ZCZG), donde el manejo del agua se caracteriza por la falta de contabilidad, ineficiencia, pérdidas y desigualdad. El Estudio afirma que la presa Milpillas aliviará la presión sobre los acuíferos en el corredor Fresnillo-ZCZG, pero no presentan los cálculos para respaldar esta afirmación. Resulta ser una falacia.

Dicen que el agua será sólo para el sector público urbano. Hay que desnudar que, aun siendo el caso, el proyecto sirve para entregar por completo las aguas subterráneas al gran capital. Es decir, las aguas de mejor calidad y las más accesibles en términos técnicos y económicos seguirán siendo explotadas por la cervecera (No olvidamos que Tello era el representante del Grupo Modelo para negociar con el Gobierno de Zacatecas, antes de que se incorporara en el equipo de Miguel Alonso Reyes). Y sirve también para abandonar el agua subterránea a los grandes agricultores. ¡Más del 90% de las agua subterráneas en la región centro del estado se consume en el sector agrícola!

La superficie afectada, dentro del ejido El Potrero, para la construcción de la presa es de 11 hectáreas aproximadamente. ¿Cómo pueden convivir el Megaproyecto de la presa Milpillas y la comunidad del Potrero? Si la superficie afectada es la zona de uso común del Ejido y el proyecto contempla claramente la afectación de asentamientos humanos, es decir la comunidad donde viven ejidatarias y ejidatarios, avecindadas y avecindados y la ciudadanía en general.

Además, como ya lo advertimos, no es sólo el ejido El Potrero el que debe de otorgar el permiso al Gobierno del Estado para el megaproyecto sino 19 ejidos. Dos de Jiménez del Teúl: Atotonilco y El Potrero; cuatro en Sombrerete: Estancia de Guadalupe, Corrales, Niño Artillero y Nuevo México; 11 ubicados en Fresnillo: La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia. Dos ejidos más están en la ruta del acueducto: Hacienda Nueva en Morelos y La Pimienta en Zacatecas.

Finalmente, al respecto de las declaraciones y acusaciones de Luís Fernando Maldonado, encargado de SAMA, sobre los mitos que se han creado en torno al proyecto Milpillas, queremos señalar lo siguiente. El riesgo de inundación es latente en todo proyecto de esta envergadura, no se puede desestimar esa posibilidad con sus argumentos tan débiles y la medida de la cortina, que ha generado dudas sobre si será de 87.5 m de altura o no. Del mismo modo, y como lo hemos señalado a través de un mapa donde se describe la trayectoria del acueducto, se corrobora que serán 19 los ejidos impactados y no sólo dos, El Potrero y Atotonilco son los afectados directamente por el embalse, pero los demás sufrirán daño por la construcción del conductor de agua.

También, sobre la escasez de agua río abajo y el argumento de que la presa retendrá sólo el 15 por ciento del flujo total de la cuenca, y que por eso los impactos ambientales serán mínimos, el investigador Darcy Tetreault de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señala al respecto: al extraer 42 millones de metro cúbicos al año (Mm3/año) del río Atenco denominado para el proyecto como Milpillas, incrementaría el estrés hídrico en la sub-cuenca Milpillas, sobre todo
aguas abajo de la presa. El proyecto implica un transvase entre cuencas, de la cuenca Bajo Santiago (específicamente la subcuenca Milpillas) a las cuencas en la región centro del estado: Alto Aguanaval y El Salado. Según el Programa Hídrico Estatal Visión 2030 Zacatecas, elaborado durante la primera parte del sexenio de Miguel Alonso Reyes, la zona hidrológico-administrativa Bajo Santiago sufre de un déficit de agua de 34 Mm3/año. El Estudio de Factibilidad para la presa Milpillas reconoce que aguas abajo de la presa, «habrá de modificar las condiciones hidrológicas, con menor disponibilidad de agua, destinada para el consumo humano y para el riego de terrazas fluviales a lo largo del cauce del río» (p. 237). Sin embargo, ¡no incluye un análisis de estos impactos!

Entonces ¿de quiénes son los mitos y los engaños, si en nombre del progreso se está mintiendo y agrediendo a comunidades y ejidos enteros? Engaño, corrupción, discriminación, ecocidio, despojo y el riesgo de desplazamiento forzado envuelven el megaproyecto Milpillas. Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, La Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos exigimos que Gobierno Federal y del Estado, así como SAMA y SEMARNART rindan cuentas por los crímenes cometidos y que se suspenda de inmediato el Proyecto. Del mismo modo, nos deslindamos de las acciones y/o declaraciones que hagan otras organizaciones sobre la problemática como la UNTA o el propio Ignacio Fraire.

¡No a los megaproyectos de muerte!
¡Ríos para la vida no para la muerte!

Atentamente,

Red de Afectados por la Minería
Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas

Más información:

Zacatecas: ejidatarios logran anular asamblea que pretendía imponer la presa Milpillas

Zacatecas: rechazan la presa Milpillas, destinada a transferir agua al corredor industrial Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe

Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico

Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 16 de agosto 2018

  • Fumigación con fipronil, un producto agrotóxico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, afectó a 335 colmenas en 18 apiarios ubicados en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, Quintana Roo
  • Daños económicos ascienden a más de dos millones de pesos
  • La cosecha de miel del segundo semestre del año se perdió

José María Morelos, Quintana Roo.- Más de 300 colmenas de abejas, de 18 apicultores en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, fueron afectadas por un empresario, quien aplicó un químico altamente tóxico para fumigar su terreno y sembrar chile habanero, lo cual provocó la muerte de cientos de miles de abejas en un radio de cuatro kilómetros de distancia.

Wilson Ayala Mex, uno de los apicultores afectados, no duda en ubicar la tragedia, como la muerte de abejas más numerosa de que se tenga memoria en la historia de los pobladores del Ejido Candelaria.

Desanimado y preocupado, explica que las repercusiones del desastre no se reducen a un tema ambiental. «Cada colmena tiene capacidad para brindar abrigo a 50 mil abejas y, su muerte, representa un golpe económico devastador, pues los volúmenes de miel para la cosecha más cercana, entre octubre y noviembre de este año, se han perdido y, con ello, los ingresos de familias mayas que viven de la producción mielera.»

Las pérdidas por las abejas, la cera y la miel, se estiman en un promedio de dos millones 300 mil pesos, de acuerdo con un cálculo preliminar elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – Península de Yucatán (CCMSS-PY), que junto con jóvenes de los ejidos de Candelaria I y II, echaron a andar la iniciativa «Desarrollo Inclusivo de la Apicultura en José María Morelos».

En el proyecto participan más de 30 jóvenes de nueve ejidos de dicho municipio, para fortalecer los medios de vida de las juventudes que ven en sus comunidades una oportunidad de crecimiento.

Los ocho jóvenes de Candelaria I y II, todos menores de 24 años, emprendieron su iniciativa con 28 colmenas que subieron a 30 en el primer semestre de 2018, y apenas el siete de agosto habían recibido una visita técnica para evaluar su desempeño, que fue calificado como exitoso, de acuerdo con María del Carmen Sánchez, asistente técnico de la iniciativa.

 

«Un día después de la visita, empleados de un empresario originario de Yucatán, identificado como Pablo Mendoza, hicieron una fumigación en un terreno para una plantación de chile habanero y utilizaron un químico llamado Regenet 4SC, cuyo efecto abarcó cuatro kilómetros y mató a miles de abejas de los apicultores», narró.

Los daños aún siguen cuantificándose, pero de manera preliminar, el Consejo Civil contabilizó -con ayuda de los apicultores afectados- entre 331 y 335 colmenas de abejas Apis melífera impactadas, sin poder determinar la afectación a las abejas silvestres, importantes polinizadores de la selva.

Wilson detalla que desde el miércoles ocho de agosto, algunos apicultores detectaron un comportamiento «inusual» en las abejas, que fue traduciéndose en una mortandad masiva en los días subsecuentes.

El viernes fueron a revisar otros apiarios, en donde encontraron el suelo tapizado de abejas muertas. Las pérdidas -dijo- fueron totales. «También se habló con el dueño del terreno, que al principio tuvo resistencias y se negaba a dar crédito de lo que pasó. Estaba muy renuente, hasta que él mismo vio. Se quedó impactado», expresó.

Los empleados del empresario de Yucatán dieron el nombre del químico usado para la fumigación. Se trata de fipronil, un químico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, altamente tóxico para las abejas. Este compuesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un plaguicida de Clase II.

Sin embargo, al ver la magnitud de lo sucedido, modificaron su versión inicial y aseguraron que se uso un químico orgánico.

Los apicultores intentaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público, en José María Morelos, pero la autoridad -inicialmente- les negó ese derecho, bajo dos argumentos.

Uno de ellos que la institución carece de competencia para intervenir en la muerte de animales; otro, que la muerte de abejas no es un delito. «Luego también nos dijeron que como el dueño fumigó en su terreno, pues que no hay delito», agregó Wilson.

El argumento es inexacto, toda vez que el Código Penal de Quintana Roo, posee un capítulo que versa sobre los Delitos en Materia de Apicultura y, en su artículo 147, fracción II, indica que incurren en ese delito, los que «destruyan colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas».

Finalmente, cuatro días después, la denuncia fue admitida. La autoridad ministerial tendrá que enviar personal a la zona impactada para recabar evidencias. Además, el viernes, uno de los jóvenes apicultores acudirá al ministerio público para programar la fecha en que se ampliarán las declaraciones. Las más de 300 colmenas afectadas y las cientos de miles de abejas muertas, debido a la fumigación con fipronil, cumplen con el tipo penal marcado.

Aurora Xolalpa, especialista en abejas, quien labora en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), está apoyando a los apicultores con la toma de varias muestras de abejas muertas.

Ayala Mex se llevó al menos 100 de ellas, para entregarlas a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como al comité estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.

(Foto: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible)

No, Carlos Slim no es un «ejemplo a seguir», como lo pretende AMLO: REMA

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 12 de agosto de 2018

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro «Ingeniería es soberanía», presentando ahí 25 «proyectos estratégicos» que impulsará durante su gobierno.

En ese mismo evento con los ingenieros y desarrolladores de proyectos de infraestructura, estuvo presente el millonario Carlos Slim, a quien AMLO se refirió como una persona «honesta», como «modelo a seguir» y «un ejemplo para México y el mundo».

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tenemos, con fundamento, otra perspectiva, pues individuos como éste, que se enriqueció con el patrimonio de los mexicanos al hacerse de una empresa pública con apoyo de Carlos Salinas (Telmex), que financia a ONGs como WWF mientras atenta con proyectos mineros contra Áreas Naturales Protegidas, como la del Alto Golfo Delta en Baja California; quien goza con grandes privilegios fiscales además de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como «presunto evasor» en 2017, y que se ha dedicado con método a saquear mediante el despojo y del desplazamiento forzado con sus proyectos de «desarrollo» extractivistas en territorios de las comunidades indígenas y campesinas de México, lo único que merecen es la cárcel.

Más que un ejemplo a seguir, Slim es un claro ejemplo de la capacidad de despojo y desalojo forzado, como sucede específicamente en el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, deshabitada y destruida literalmente con engaños a sus pobladores para nutrir la voracidad de la empresa minera Frisco, del señor Slim. Ese ejemplo de la capacidad de despojo no lo van a seguir los habitantes de Salaverna, quienes se encuentran hoy ya desplazados de su comunidad y luchando por sus derechos por la vía jurídica; y así, podríamos continuar mencionando un gran número de comunidades, pueblos y ciudadanos afectados en todo el país, ahí donde el ejemplar Slim mantiene «inversiones», como el caso de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, donde se pretende a su vez desplazar a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y donde este supuesto adalid de la honestidad figura como socio mayoritario de la empresa española FCC, justamente una de las constructoras de dicho proyecto.

Es claro el cambio de discurso del hoy Presidente electo, quien en campaña electoral repetía que el grupo de empresarios al que pertenece Slim sólo se había visto favorecido en sus negocios por los gobiernos mexicanos neoliberales, y ahora, en franco cambio de rumbo, López Obrador nos lo pinta como un modelo a seguir y un ejemplo para México y el mundo.

¿Lo hemos de seguir entonces? ¿Hacia dónde? ¿Cómo puede ser un sujeto «ejemplar» para nuestro país aquel que detenta una riqueza insultante, fincada en un sistema económico de precariedad, explotación e impunidad? ¿Quién es ahora el interlocutor real del Presidente electo? ¿Con quién importa ahora quedar bien?

Para llegar a una economía nacionalista y que el Estado recobre la rectoría económica del desarrollo que AMLO plantea, necesitamos primero preguntarnos de qué «desarrollo» estamos hablando, y ese «desarrollo», es para qué y para quién. Esas preguntas elementales, al parecer siguen sin ser formuladas por el Presidente electo y su equipo. Antes de continuar irreflexivamente en una senda suicida que nos tiene ya en una grave crisis social y ambiental, es imprescindible y urgente una justa distribución de la riqueza que TODOS los mexicanos contribuyen a generar, así como una relación sustentable con la naturaleza de la que formamos parte y que reconozca, respete y garantice los derechos humanos de las poblaciones asentadas en los territorios, lo que Slim y quienes como él piensan y actúan, están muy lejos de garantizar con sus proyectos de muerte.

Por ello, también nos pronunciamos en contra del fracking para la extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina y en Coahuila, y a favor del respeto irrestricto a la voluntad de las comunidades aledañas donde se pretende instalar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), así como a favor de todos aquellos que han luchado en las últimas dos décadas para evitar su construcción. Estamos también en contra de las mineras que extraen material pétreo de la zona contigua al lago de Texcoco para la construcción del no consensado, ni consultado NAICM.

Entre los «proyectos estratégicos» a impulsar por el gobierno de AMLO, están también los de desarrollo minero. ¿Y qué ha dicho AMLO al respecto? Tres afirmaciones básicas:

1. Que las mineras «cuiden el medio ambiente» en su actuar;

2. Que «se les pague mejor» a los trabajadores;

3. Que «se paguen más impuestos al Estado».

Estas afirmaciones carecen de fundamento porque no son una opción para las poblaciones afectables, ni para el país. Los datos objetivos disponibles son contundentes: el Modelo Extractivo Minero actual es por su propia naturaleza esencialmente insustentable y no representa alternativa alguna de «desarrollo»: por el contrario, es un modelo estructurado esencialmente en procesos sistemáticos de desposesión y destrucción.

Desde la REMA exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras violatorias de los derechos de los pueblos y comunidades. Esas concesiones representan una grave e irreversible afectación al medio ambiente y la salud de los mexicanos. Las comunidades y pueblos no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando nuestros derechos. Lucharemos hasta conseguir nuestra plena autonomía.

Desde la REMA, la exaltación pública de este personaje por parte de AMLO nos preocupa, porque quiere decir que en el balance, empresarios como Slim y todo lo que representan siguen siendo más importantes que las poblaciones afectadas y afectables.

¡LA SOBERANÍA RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO!

¡NO AL FRACKING!

¡NO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS Y DE DESPOJO!

¡LOS DESPOJADORES NO SON NI SERÁN JAMÁS MODELO A SEGUIR!

ATENTAMENTE,

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

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Foto: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Carlos Slim (Crédito: Jessica Espinosa / Notimex)

Guatemala: Impacto del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres de la Costa Sur

Artículo de Awex Mejia Cipriano y Elias Raymundo Raymundo, publicado en el informe «Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central» de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018

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1. Introducción

Hoy día, los grandes productores de la caña de azúcar, que se aglutinan en la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), se vanaglorian de las 283,898.85 hectáreas que tienen sembradas con este cultivo, que a nivel de América Latina y El Caribe, Guatemala es el segundo productor y a nivel mundial es el cuarto país exportador y el tercer productor por hectárea; que el cultivo de azúcar crea 425,000 empleos de forma directa e indirecta, de los cuales 32,000 son de cortadores de caña, de representar el 3% del PIB nacional y el 15.36% de las exportaciones totales de Guatemala, y que, además, la industria de la caña de azúcar utiliza el bagazo de la caña para la producción del 25% de la energía eléctrica en la época de zafra en el Sistema Nacional Interconectado -SNI-, y que es uno de los principales fabricantes de alcohol originario en Centro América. (PNUD, 2016).

En cambio, ocultan que su riqueza se basa en la explotación de la tierra y de la mano de obra, en el acaparamiento de las tierras, en la extinción de la biodiversidad, y en la extracción desmedida del agua. No dicen que la mayoría de trabajadores en las grandes plantaciones de caña de azúcar no poseen contratos escritos de trabajo, lo que impide determinar con claridad la temporalidad del contrato, la naturaleza del trabajo o las condiciones de pago, además de no contar con prestaciones de ley; tampoco dicen que la jornada laboral de los trabajadores temporales es de doce horas o más, iniciando a las cuatro o cinco de la mañana, dependiendo de la distancia a la que se encuentren del área de corte, lo que incide en la hora de regreso al descanso; y que las condiciones de alimentación, higiene y espacios para descanso son precarias y no son adecuadas para la reproducción digna de la vida. (PNUD, 2016).

En general, el 90% de los jornaleros gana un salario mensual por debajo del salario mínimo, el salario más bajo es devengado por las mujeres. El 94.7% de la población que trabaja en agricultura no cuenta con seguro social y es común el trabajo infantil, no hay espacios para la organización de los trabajadores y existe la ausencia del Estado en la inspección laboral de las fincas. (PNUD, 2016). Mucho menos se hace algo por garantizar las condiciones de vida digna para las mujeres. Se ha reportado que les pagan menos que a los hombres aunque hagan el mismo trabajo, les tratan de una forma humillante, no tienen ni tiempo para comer, y no les dan trabajo si no se acuestan con el encargado. (Castro, N. 2017).

Tampoco dicen que las enormes extensiones de monocultivo de caña de azúcar requieren grandes cantidades de agua, para lo cual la extraen del subsuelo construyendo profundos pozos industriales que dejan secos los pozos artesanales de las comunidades campesinas. Seguir visibilizando y denunciando el impacto del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres en la costa sur, es el objetivo de CEIBA al realizar este trabajo, con la finalidad de seguir posicionando las acciones y principales demandas desde la perspectiva de las mujeres.

2. Antecedentes y marco de conceptos

Se entiende por monocultivo a las grandes extensiones de terrenos cultivados con una sola especie, la cual puede ser de tipo agrícola, forestal, pecuario o hidrobiológico. Uno de los principales monocultivos en Guatemala hoy en día, es el de la caña de azúcar, alrededor del cual se ha desarrollado un proceso de concentración y acaparamiento de las tierras, toda una industria, infraestructura de servicios e institucionalidad para cumplir con el objetivo de colocarse en el mercado de exportación, sin importar las condiciones sociales y ambientales en el que se sustenta y el que provoca.

Pero la caña de azúcar como especie no es el problema. En la economía de muchas familias campesinas, la caña de azúcar es parte de su estrategia biodiversa: se usa como barrera viva para retener el suelo de la erosión y proteger el talud de las acequias, en los campos de frijol y de maíz, o asociado a los muchos otros cultivos en las parcelas campesinas; su jugo es extraído en los trapiches para elaborar la panela artesanal y la melcocha, es fuente de azúcar que endulza la bebida o para la elaboración de postres, y que se comercializa en ferias regionales. También se usa para la alimentación del ganado, y la población lo consume como jugo o como fruto.

Contrario a la economía campesina, la gran industria de la caña de azúcar ha convertido 278,880 ha en monocultivo (INE, 2015), mismos que son cultivados por aproximadamente 2,500 agricultores, y procesados y exportados como azúcar por los 12 ingenios existentes en Guatemala, concentrados en la región de la Costa Sur (Melgar, 2011). El empeño puesto en una economía basada en este producto se observa en el hecho de que en 1960 se estimaban 15,000 ha del cultivo, para el año 2000 se reportaban 180,000 hectáreas, y en el año 2010 llego a abarcar 230,000 hectáreas (CENCIGAÑA, 2014). Es decir, que en 55 años la superficie creció 18.6 veces.

En la imagen 2, puede apreciarse la franja de color verde limón, la cual es el área que se emplea para siembra de caña de azúcar en la Costa Sur de Guatemala (Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos y Santa Rosa), sin variedad de otros cultivos y con uso excesivo de agroquímicos. El impacto al territorio, entendiendo este como el conjunto de elementos, es decir; ríos, océanos, lagos, lagunas, suelos, aire, seres vivos (árboles, plantas, animales, humanos) y superficie terrestre con el cual interacciona y se interconecta el ser humano y su acción en el territorio; el impacto se traduce en pérdida de biodiversidad, excesivo uso del agua, contaminación particularmente la causada por el uso de agrotóxicos, la expropiación de forma ilegal de la tierra y la expulsión de la población utilizando la violencia.

El monocultivo de la caña de azúcar genera grandes impactos como el desgaste del suelo, la quema de los productos (el humo, que se propaga en todo el territorio, contamina el aire durante días), los vertederos inadecuados de residuos llegan a los ríos y estos llevan las aguas hacia zonas más bajas o hacia el mar, las extensiones de tierras en manos de pocas personas, en contraste con la escasa tierra permitida a la mayoría de la población, que en los mejores casos apenas tiene tierra para una vivienda. Además, los espacios laborales en las fincas tienden a ser desgastantes y enfermizos para trabajadores y trabajadoras, quienes carecen de falta de atención adecuada en salud, propiciando que se propaguen enfermedades como las gastrointestinales principalmente en la niñez.

3. Impacto de la caña de azúcar en las mujeres de comunidades de Champerico

El monocultivo de caña de azúcar es un cerco a las comunidades de Cuchuapán, la Gomera, Monte Cristo y el Triunfo, Comunidades de Champerico, Retalhuleu, en la costa sur de Guatemala. Dos ingenios se sitúan aledaños a dichas comunidades: Ingenio Magdalena e Ingenio El Pilar, los cuales trabajan para la producción, procesamiento y comercialización de azúcar a nivel nacional e internacional.

El Ingenio Magdalena, es uno de los mayores productores y exportadores de azúcar a nivel Centroamericano. La producción y comercialización del azúcar parece bien desde su perspectiva, sin embargo, el sistema de producción que emplean ha generado inconformidad en las comunidades aledañas, debido al cambio en el uso de la tierra, a la práctica irracional de productos químicos en los cultivos que contaminan y degradan las tierras y el agua, así como el uso excesivo de agua que demandan para la producción, llegando a desabastecer a las comunidades.

De modo que el monocultivo de la caña de azúcar ha generado impactos en la población de comunidades cercanas, en especial en las mujeres, pues son ellas, quienes se encargan, en la mayoría de los casos, de cuidar y velar por la siembra y producción de los huertos y parcelas integrales, situación que se deriva de que los hombres trabajan en los ingenios, fincas y dejan de atender su propia siembra y producción.En contraste con las grandes extensiones de monocultivo de caña de azúcar, las pequeñas parcelas y/o huertos campesinos en las comunidades son altamente diversificadas con alrededor de 25 especies entre hortalizas, frutales y plantas medicinales, y tienen el objetivo primario de producir para el consumo familiar, y sólo si hay excedentes los comercializan en la comunidad.

A la vez, contrario al manejo agroquímico del monocultivo de la caña de azúcar, los cultivos de las comunidades son cuidados con abonos, insecticidas y foliares orgánicos, elaborados a base de plantas locales, en un trabajo familiar. Como una forma de resistencia ante los monocultivos intensivos, colectivos de mujeres decidieron apostar desde hace varios años a la protección de la tierra y el cultivo de productos orgánicos. «Las plantas, hierbas y otros cultivos como el maíz y frijol, son importantes en la vida de la mujer, somos maíz y no podemos comer otro tipo de alimento que no sean los nuestros», dijo María Santos.

Es constante la preocupación de las mujeres por la falta de agua, que se ha ido agudizando a causa de los ingenios, ya que no cuentan con suficiente agua para mantener sus cultivos y la poca que tienen está contaminada. Esto implica a las mujeres la búsqueda de medios para abastecer a la familia de alimentos nutritivos, viéndose obligadas a comprar hortalizas y verduras en el mercado local, movilizarse por varias horas, e invertir en el transporte sus escasos recursos económicos.

Esta situación las obliga a vender sus animales de patio para poder comprar alimentos que no tienen y requieren, incrementando su carga de trabajo por un rol culturalmente preestablecido, señalándolas a ellas como las principales responsables de abastecer de alimentos a la familia. Las mujeres de la Gomera, Monte Cristo, Cuchuapán y el Triunfo de Champerico, Retalhuleu, asegurán que los pozos se han secado o que es insuficiente el agua que tienen para abastecerse, debido a que los ingenios Magdalena y El Pilar emplean maquinarias para desviar los ríos hacia su producción, dejando una mínima parte para el uso de las comunidades cercanas.

Las mujeres relatan que en tiempos anteriores los pozos artesanales de agua no eran tan profundos, sin embargo, en la actualidad han tenido que escarbar más profundo para poder encontrar agua y en algunos casos no han encontrado agua, tan solo pozos secos. Así mismo, las mujeres manifiestan que esta situación les afecta en las actividades que realizan dentro del hogar. Son ellas las encargadas de velar porque la familia tenga acceso al agua para uso en la limpieza personal, lavar los alimentos y prepararlos, lavar ropa y trastos, así mismo velar porque se tenga agua para uso y consumo de los hijos, hijas y esposo.

Señalan que su problemática se ha ido agravando. Ahora, además de la escasez, la poca agua que tienen está contaminada por los químicos que esparcen en las fincas para  madurar su producción en horarios de la mañana y la ceniza que resulta como producto de la quema de caña, lo que ha generado principalmente enfermedades de la piel (ronchas y manchas) en mujeres, ya que son ellas las que más se exponen a espacios descubiertos, al ir al motor a moler nixtamal, al dejar a sus hijos e hijas a la escuela y cuando salen a trabajar a sus huertos o parcelas, actividades que realizan en horarios de la mañana, aprovechando su tiempo. Igualmente, el agua contaminada ha provocado enfermedades gastrointestinales en niñas y niños que tienden a ser los más vulnerables y que, a raíz de los patrones culturales impuestos, recae en las mujeres velar por su alivio y crear las condiciones necesarias para que se recuperen. Se ha incrementado también la presencia de moscas y zancudos, generando dengue y alimentos contaminados que en su mayoría son consumidos por mujeres embarazadas, niños y niñas, lo que impacta en su sistema inmunológico y puede ocasionar desnutrición principalmente en mujeres embarazadas.

Otros efectos del monocultivo de la caña de azúcar son los daños severos a los cultivos en las parcelas y/o huertos campesinos a causa del uso de madurativos aéreos, que son dispersados de 6 a 9 de la mañana sobre las extensas plantaciones de caña de azúcar, lo cual recae sobre los cultivos de las viviendas cercanas y ello genera que los frutos y verduras se maduren y caigan antes del punto natural de corte y cosecha, lo que ha ocasionado grandes pérdidas de cultivos, principalmente en ajonjolí, aguacate, pepino, papaya, mango y tomate, llevando a pérdidas cuantitativas. Una familia de la Gomera reportó pérdidas por hasta US $3,750.00 en un año por esta causa. Esto implica limitaciones para generar alimentos en el hogar y para comercializar.

Las mujeres de la localidad muestran su preocupación ya que empleaban la venta de frutas tropicales como un medio para generar ingresos familiares, sin embargo, la situación provoca en las familias mayor escala de pobreza, lo que implica para las mujeres, según sus relatos, el limitar de alimentos a su familia, y una carga más el tener que buscar otros medios para abastecer a su familia de alimentos nutritivos y a costos inalcanzables para sus ingresos, aunado a ello hay mujeres solteras y viudas que son las encargadas de velar por el acceso a alimentos de su familia y se ven más limitadas.

A esto se suman las consecuencias de la quema de la caña de azúcar, acción que se realiza en todas las épocas de la producción de la caña por motivo de la zafra o corte de la caña, y que dura alrededor de 4 a 6 meses. Contaminación de humo y ceniza es lo que al ambiente, a las mujeres y a la vida comunitaria significa el inicio de la época de la zafra en Champerico.

En Retalhuleu, se tiende a contaminar y generar basura en las carreteras, y a dañar las mismas por el paso constante de los camiones recolectores de caña. En plena carretera internacional los camiones trasladan, para su procesamiento, la caña cortada hacia los ingenios, lo que limita el paso del transporte público provocando tráfico a todas horas, limitando a las mujeres a movilizarse para realizar sus múltiples actividades y llevándolas a caminar largas horas por las distancias y generar un desgaste físico en ellas, extra al que se genera desde sus actividades cotidianas.

Ante esta situación vivida día a día, las mujeres de las comunidades posicionan la demanda sobre el goce de sus derechos y el acceso al agua en calidad y cantidad. Las mujeres aseguran que el agua es un bien de la comunidad, les permite vivir y convivir en armonía, producir sus propios alimentos con calidad. Manifiestan que como mujeres y principales afectadas, han llevado acciones a nivel de la zona, se han reunido con dirigentes de los ingenios para manifestarles de forma verbal los daños que la caña de azúcar y su proceso de producción está generando. Les han hecho ver las pérdidas cuantitativas por parte de los ingenios, y les han pedido hacerse responsable respecto al tema y retribuir esas pérdidas a la comunidad. Sin hacerse responsables, pero aparentando hacer algo por las comunidades, los propietarios de los ingenios están empleando como estrategia:

1) generar un «aporte” a la comunidad, como pasar maquinaria en las calles de terracería en la Gomera;

2) ofrecer láminas y jornadas médicas en Monte Cristo;

3) generar empleos en Cuchuapan y El Triunfo.

En su mayoría, las comunidades no han cedido a las regalías, más bien han posicionado su interés fundamental de acceso al agua y a comunidades libres de contaminación de químicos y residuos.A pesar de la doble jornada de trabajo que realizan como actividades cotidianas dentro de la casa, y trabajo no remunerado, las mujeres con mucha más frecuencia están participando en procesos de organización comunitaria, que les abren oportunidades de formación para adquirir habilidades productivas como el cultivo de sus huertos dentro del marco de las prácticas ancestrales de producción que les han sido muchas veces arrebatadas, además los espacios de organización y formación les permiten formarse, adquirir conocimientos y análisis de la realidad y de sus derechos para construir formas y herramientas para enfrentar a los propietarios del monocultivo y agroindustria de la caña de azúcar.

Los efectos lesivos del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres, las ha llevado a defender sus derechos y a participar constantemente en mesas de diálogo, talleres, foros y conferencias que les permitan manifestar y visibilizar el impacto que tienen los monocultivos en su vida y la de su comunidad, ante personalidades públicas como diputados, alcaldes y maestros, así mismo, a crear redes con entidades privadas en defensa del ambiente y de sus derechos.

En acompañamiento a dicho proceso, CEIBA Amigos de la Tierra Guatemala impulsa la implementación de huertos y parcelas integrales agroecológicas, a fin de contrarrestar las pérdidas de cosecha, y difundir el uso de foliares, abonos e insecticidas orgánicos en las diferentes comunidades, a fin de posicionar técnicas agroecológicas a menores costos y que nutren la tierra y les permita tener una producción amigable con el ambiente. Para hacer incidencia de forma más precisa, se promueve el análisis participativo de los impactos que generan los monocultivos con la población afectada, para sensibilizar y unir esfuerzos bajo los intereses de la colectividad. Se fortalece también la organización comunitaria, en defensa de sus derechos principalmente el acceso a tierras, el agua y zonas libres de monocultivo.

4. Conclusiones

  • El monocultivo de la caña de azúcar en Guatemala sigue creciendo, arrebatando grandes extensiones de tierra y despojando a la población de su territorio y profundizando el acaparamiento de tierras.
  • El sistema de producción y cosecha de la caña de azúcar ha generado impactos negativos principalmente en la vida de las mujeres, ocasionando el acceso limitado del agua, enfermedades gastrointestinales, daños materiales a techos de las viviendas y el daño a la producción de huertos y parcelas.
  • La población de las comunidades y las mujeres cuentan con una organización comunitaria, propia, están empoderadas, y han tomado la decisión de dialogar, de denunciar y de exigir sus derechos violentados por la práctica de los monocultivos y el apetito voraz por el dinero que tienen los propietarios del monocultivo y agroindustria de la caña de azúcar, y que insisten en mantener a la mujer en un rol pasivo, sumiso, sedentario, de encierro, sin oportunidades para el desarrollo de todo su potencial como persona humana.

5. Referencias

– Castro, N. 2017. Tener sed por culpa de la caña de azúcar. Disponible aquí.

– INE, I. N. 2015. Encuesta Agropecuaria Nacional 2014. Guatemala: Inkscape.

– PNUD. 2016. (Guatemala, 2016).

– CENGICAÑA (Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar).2012. El Cultivo de la Caña de Azúcar en Guatemala. Melgar, M.; Meneses, A.; Orozco, H.;Pérez, O.; y Espinosa, R. (eds.). Guatemala. 512 p.

– Melgar, M. 2011. Fuente: «Estrategias de investigación y desarrollo en la agroindustria azucarera de Guatemala». Presentación en Power Point en el seminario para la constitución del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (CICTCAÑA). Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera del Senado de la República Mexicana. 16de noviembre 2011.

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Este reportaje fue realizado por la periodista Priscila Cárdenas, la fotografía, realización y edición del video es de Aarón Alcaraz, para Proyecto Puente y Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS – A 6 de agosto 2018 (Disponible en Proyecto Puente y Connectas)

El derrame tóxico en el Río Sonora, pudo haberse evitado. Así lo revela esta investigación que a cuatro años de la peor tragedia ambiental de México muestra cómo para sobrevivir los siete pueblos afectados solo consumen agua embotellada, mientras la siembra, que fuera una de sus actividades, quedó prácticamente aniquilada.

Omisiones de las autoridades tanto locales como federales, así como una multa ínfima, comparada contra el daño, han dejado bien librada a Buenavista del Cobre, responsable de desencadenar el desastre ambiental que aún no termina.

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Un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora, puesto en los techos y patios de las casas de siete poblados, parece la huella que quedó de la tragedia ambiental que el 6 de agosto de 2014 contaminó con 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos el Río Sonora. Una tragedia que Buenavista del Cobre, la mina más grande de México y la tercera más importante del mundo, pudo haber evitado.

Óscar Encinas Gámez, de 64 años, uno de los afectados, dejó de sembrar maíz y alfalfa al saber que la toxicidad del agua, provocada por un derrame en la mina Buenavista del Cobre, duraría más de 90 años. Como él, un total de 22 mil personas se vieron afectadas de manera directa, por la omisión de autoridades federales y locales, al no haber realizado las inspecciones de rutina en la minera.
 
Así lo revela esta investigación de Priscila Cárdenas para Proyecto Puente y Aristegui Noticias con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS, que demuestra cómo ninguna autoridad supervisó a la minera perteneciente a Grupo México durante los últimos 14 años. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solo revisó las instalaciones cuando el desastre ya había ocurrido. Su anterior visita había sido diez años atrás.
Desabasto de agua potable, mermas económicas y daños a la salud son algunas de las afectaciones de una tragedia que siguen padeciendo la mayoría de los habitantes cercanos a la zona, y que pudo prevenirse si las autoridades mexicanas hubieran hecho su trabajo.
 

En su momento, Grupo México, dueña de la minera, informó que el derrame fue ocasionado por el exceso de lluvias en la zona, pero la versión fue desmentida, al comprobarse que durante los días previos no hubo precipitaciones.

La realidad que se quería ocultar era que Buenavista del Cobre no cumplía con instalaciones adecuadas para el manejo de residuos peligrosos y las autoridades no lo sabían, pues tenían más de 14 años sin inspeccionarlos.

Datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información de la Profepa, revelan que de 2000 al 2018, funcionarios solo visitaron dos veces la mina: el 9 septiembre y el 1 diciembre de 2014, después de ocurrido el derrame.

En estas revisiones se detectaron 55 irregularidades plasmadas en cuatro expedientes, que en un total de 8.128 hojas confirman que la mina operaba con fallas, violando la ley e incumpliendo con regulaciones elementales.

Las autoridades mexicanas no hicieron públicos los hallazgos ni tampoco revelaron que se multó a la empresa con 22 millones 959 mil pesos, es decir, 2 millones de dólares al día de hoy. Un monto insignificante contra los multimillonarios beneficios económicos que produce la mina para sus accionistas, entre ellos Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país.

Luis Miguel Cano, abogado de la organización PODER, explicó que a la empresa le resultaba menos costoso pagar la multa que cumplir con las especificaciones mínimas para evitar el derrame. «Cualquiera podría preguntarse cómo es que una empresa que causó el peor desastre de la industria minera puede estar tan tranquila, seguir en operaciones… No le cuesta nada cuando a la gente de la región le costó todo. Hace sospechar de un sistema de impunidad, de un sistema que no funciona».

En el expediente PFPA/32.2/2C.27.1/0078-14 se detalla que la mina no contaba con sistemas de detección para garantizar que los residuos tóxicos almacenados no fueran vertidos al exterior. «Cuando un derrame de sustancias peligrosas permanece sin ser atendido, puede causar daños constantes y crecientes al suelo, subsuelo, agua y a otros recursos naturales», señalaba la notificación que ordenó la clausura temporal de las instalaciones.

Buenavista del Cobre no dio aviso inmediato a las autoridades cuando ocurrió el derrame, lo que provocó que mucha gente siguiera utilizando el agua para riego, para lavar, para bañarse e incluso para consumo.

«Del día del evento al momento en que se avisó vía telefónica habían transcurrido más de 25 horas (7 de agosto de 2014 a las 11 hrs.)», detalla el informe.

En el documento también se puede observar que hubo negligencia, pues las instalaciones donde ocurrió el derrame aún estaban en construcción, lo que permitió la fuga de los químicos.

«Se nos acabó la tranquilidad porque empezaron a venir enfermedades de la piel, y al día de hoy mucha gente está saliendo con cáncer, son enfermedades que antes no se veían aquí en la zona del río», recuerda María del Socorro Domínguez Valenzuela, una de las pobladoras de la comunidad de El Sauz. Fue así como de ordeñar vacas, sembrar chile verde y fabricar quesos algunos de los habitantes se familiarizaron con las cámaras, con la presencia de reporteros que empezaron a acudir a sus pueblos para comprobar cómo es vivir en una zona de desastre.

Sin embargo, en muchos aún persiste la sensación de abandono en la tragedia, al recordar que pese a la dimensión de la misma nunca se hizo presente el presidente de México Enrique Peña Nieto.

Profepa advirtió que la empresa debía mejorar las instalaciones para el manejo de residuos tóxicos, como se detalló en el expediente PFPA/3.2/2C.27.5/00003-14.

En el mismo reporte se explica que la mina no contaba con pozos de monitoreo de los procesos de lixiviación. Esto quiere decir que los químicos que se usaban para extraer el mineral no eran monitoreados ni tampoco había medidas para evitar que fauna silvestre ingresara a zonas donde estaban minerales como el sulfato de cobre acidulado. «No se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo», apunta.

El expediente PFPA/3.2/2C.27.1/00018-14 resume que la compañía que Buenavista del Cobre contrató para el manejo de residuos peligrosos tampoco estaba autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con esta fórmula, concluye el informe, la minera obtuvo beneficios económicos al violar la normatividad de no dar un manejo adecuado de sus contaminantes.

En otro informe de Profepa, se habla sobre si la minera cumplía con la normatividad en materia de prevención y control de contaminación de la atmósfera. Este documento detalla que, además de carecer de Licencia Ambiental Única, Buenavista del Cobre no reportaba los resultados de las evaluaciones sobre emisión de gases y concluye que «las infracciones se consideran graves porque pueden provocar daños a la salud pública (..) además pueden generar desequilibrios ecológicos y provocar afectación de los recursos naturales o de la biodiversidad».

Todos estos reportes se hicieron después de ocurrido el derrame tóxico.

Perdiendo la vida todos los días

Como si el termómetro no marcara 45 grados centígrados a la sombra, un hombre cruza caminando la plaza del municipio de Ures, cargando un garrafón de agua vacío en la mano. Su trayecto finaliza en un negocio que -con letras rojas y grandes- tiene escrito en la pared «elaborada bajo proceso de filtros de arena, carbón activado, suavizadores, ósmosis inversa y rayos ultravioleta«. Ya con el recipiente de 20 litros lleno -después de haber gastado 12 pesos por ello, casi un dólar- el hombre regresa a su casa, pero pronto deberá repetir el camino porque en Ures y en otros seis pueblos de Sonora, la gente utiliza agua purificada para todo.

Abrir la llave dejó de ser opción desde el fatídico 6 de agosto de 2014.

Ese día, la mina Buenavista del Cobre, la principal explotadora de este metal en México, derramó en el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos compuestos por metales pesados como níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio. Una contaminación que se esparció por el afluente que alimenta los municipios de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.

Además de perjudicar el ecosistema, la emergencia les marcó la vida a los pobladores. Quienes tenían vacas tuvieron que tirar la leche y cesaron en la fabricación de quesos y otros productos derivados, pues sus animales bebían del afluente contaminado. Para los agricultores, la toxicidad en el Río Sonora significó dejar de sembrar, pues el agua con la que regaban sus cosechas estaba contaminada.

La noticia ahuyentó a los visitantes que acostumbraban pasear por la zona los fines de semana dejando en la ruina a restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. Nadie quería arriesgarse.

El Gobierno de México ordenó cerrar los pozos, exhortó a la gente a no acercarse al río y anunció que implementaría un plan de emergencia para atender el caso. También responsabilizó a la empresa minera Buenavista del Cobre por lo sucedido y anunció que Grupo México sería multado y obligado a pagar económicamente por todos y cada uno de los daños ocasionados.

Sin embargo, a cuatro años de ocurrida esta catástrofe, el plan de remediación no revirtió el daño.

Grupo México destinó, desde el 15 de septiembre de 2014, dos mil millones de pesos a través del Fideicomiso Río Sonora. De acuerdo con el contrato el Gobierno Mexicano, mediante un comité técnico se encargó de administrar el dinero y también de vigilar que se cumpliera la limpieza del río, la instalación de 36 plantas potabilizadoras de agua e indemnización económica.

También hubo el compromiso con quienes presentaran afectaciones a la salud derivadas por la exposición por metales pesados, por lo que construirían una clínica enfocada exclusivamente a atender y vigilar estos casos.

Pero el dinero no alcanzó, las afectaciones al agua contaminada continúan, y ni siquiera existen plantas potabilizadoras que funcionen u hospitales de atención especializada.

«Las acciones no han servido de nada, de tantas plantas potabilizadoras de agua que iban a poner nomás pusieron una. Hoy compré seis galones de agua a la semana y no me alcanzan», comentó Dolores Valenzuela, habitante de El Sauz, un ejido ubicado en el municipio de Ures.

Así como Dolores, los pobladores le reclaman al gobierno mexicano la mala administración del dinero del fideicomiso, pues se hizo sin transparencia y con el fin de favorecer a la empresa por encima de los pobladores.

No se instalaron las 36 plantas potabilizadoras. El hospital que supuestamente serviría para atender a los enfermos, hoy está abandonado y nunca fue inaugurado.

Julieta Lamberti, coordinadora de investigación estratégica de PODER, organización que impulsa la defensa legal de los habitantes afectados por la contaminación del Río Sonora, expone que las autoridades no han hecho nada para mejorar la situación de las personas y en contraste, la minera no ha tenido ninguna afectación económica. Al contrario. Sus números han ido en aumento.

«A la empresa no le significó costo o pérdida contaminar con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado el agua de 22 mil personas. A la empresa le salió más barato violar la Ley y pagar la multa, que hacer todo lo que necesita hacer para proteger el medio ambiente», asegura Lamberti.

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VIDEO: «Minas, Metales y Poderes», reportaje sobre el ecocidio generado por Grupo México en Sonora