Categoría: Modelo extractivo

Petición: El gobierno de España debe eliminar el aceite de palma de la producción de biodiésel

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Artículo de la confederación de organizaciones ecologistas de España “Ecologistas en Acción” – A 13 de abril 2018

  • España se opone a apoyar una propuesta del Parlamento Europeo para dejar de utilizar el aceite de palma en el biodiésel.
  • Ecologistas en Acción, Salva la Selva y Transport and Environment (T&E) denuncian que el cultivo de la palma aceitera provoca enormes emisiones de CO2, desplaza a las poblaciones indígenas y destruye biodiversidad.
  • Salva la Selva lanza una petición en línea para exigir que el gobierno de España elimine el aceite de palma del biodiésel

>> Firma la petición lanzada por Salva La Selva <<

El Parlamento Europeo ha aprobado un borrador de Directiva de Renovables en el que, entre otras cosas, se llama a que el biodiésel de aceite de palma no se considere una energía renovable, lo que significaría su práctica desaparición del mercado de los biocombustibles. Este borrador se está discutiendo en el Consejo de Europa, donde se reúnen los representantes de los Estados miembros, y la Comisión Europea. Al contrario que otros países de la Unión, como Holanda o Portugal, el Estado español se ha posicionado claramente en contra de esta eliminación, según filtraciones a las que ha tenido acceso Ecologistas en Acción.

Y es que el aceite de palma no solo está en la mayoría de los alimentos procesados, también se mezcla en forma de biodiésel con el diésel convencional que consumimos en Europa. En concreto, casi la mitad del aceite. Al contrario que en los alimentos, los consumidores no podemos elegir consumirlo o no, ya que el biodiésel está siempre mezclado con el diésel convencional. Es el resultado de una medida de la Directiva de Energías Renovables vigente, que obliga al uso de energías renovables en el transporte. Y esto se consigue mayoritariamente mediante el uso de biocombustibles, entre ellos de biodiésel de aceite de palma.

El objetivo de la medida era disminuir las emisiones de CO2 en el sector del transporte. Pero, al contrario que se pensaba, los biocombustibles producen enormes cantidades de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), y son particularmente altas cuando provienen del aceite de palma.

Lo que ocurre es que la palma aceitera se cultiva en zonas de turberas y selvas de gran valor, principalmente en Indonesia y Malasia. La quema de amplias zonas de selva, y sobre todo el drenaje de turberas para su posterior cultivo, suponen la liberación una enorme cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. A esto hay que sumar emisiones que no continúan reteniendo las tierras deforestadas, además de las correspondientes al proceso de fabricación, transporte y quema del biodiésel. El resultado son emisiones GEI 3 veces mayores que las de la quema de combustibles fósiles.

Desgraciadamente, el impacto del cultivo de la palma aceitera no termina ahí. Este cultivo conlleva la destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción como el orangután. Por si fuera poco, se trata, en general, de grandes plantaciones que desplazan a los pequeños propietarios, que se ven obligados a abandonar su tierra. Ha llegado incluso a costar la vida a líderes de estas comunidades, como Hernán Bedoya.

Según Nuria Blázquez, responsable de biocombustibles de Ecologistas en Acción, “la posición española es contraria a los compromisos adquiridos en la Cumbre de París, además de ir en contra de los derechos humanos y la conservación de la biodiversidad”.

Klaus Schenk, portavoz de Salva la Selva, ha añadido: “La mayor parte del aceite de palma en España (1,2 millones de toneladas en 2017) se destina a la producción de biocombustibles. El gobierno español debe respaldar la protección de las selvas tropicales y eliminar el aceite de palma del biodiésel de las energías renovables. Por eso Salva la Selva invita a firmar esta petición para que el Gobierno español cambie de postura”.

>> Firma la petición lanzada por Salva La Selva <<

La petición lanzada por Salva la Selva es una carta en línea dirigida a: Álvaro Nadal, Ministro de Energía; Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura y Medio Ambiente; Román Escolano, Ministro de Economía; cc Miguel Arias Cañete, Comisario UE Clima y Energía; José Blanco López, Ponente UE DER

El gobierno español debe respaldar la protección de las selvas tropicales y eliminar el aceite de palma del biodiésel.

Estimados señores/as ministros:

La Unión Europea está decidiendo la nueva Directiva de Energías Renovables que estará vigente entre los años 2021 y 2030.

En el marco del proceso de renovación de la Directiva, el Parlamento Europeo decidió el 17 de enero 2018 con amplia mayoría eliminar el aceite de palma como materia prima renovable para la producción de biocombustibles (biodiésel e hidrobiodiésel).

La decisión se fundamenta en la tala masiva de las selvas tropicales para establecer las plantaciones de palma aceitera, la destrucción de la biodiversidad y el despojo a pequeños campesinos y pueblos indígenas de sus tierras ancestrales.

Estudios encargados por la propia UE certifican que el biodiésel de aceite de palma libera tres veces más emisiones de efecto de invernadero que el diesel fósil de petróleo.

En este contexto, estamos muy en desacuerdo con el intenso lobby que el gobierno español está llevando a cabo a favor del aceite de palma en el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Pedimos al gobierno Español que ayude a la protección de las últimas selvas tropicales y sus habitantes. Deben tomar en serio los nocivos efectos de la industria de aceite de palma y actuar en consecuencia respetando la bien fundada decisión del Parlamento Europeo de eliminar el aceite de palma del biodiésel.

Atentamente,

>> Firma la petición lanzada por Salva La Selva <<

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La empresa minera Industrias Peñoles ultiliza a la UNAM para limpiar su imagen

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Comunicado de la Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 2 de abril 2018

Industrias Peñoles utiliza a la UNAM
Universidades de Educación Superior al Servicio de las Mineras

A LA OPINIÓN PÚBLICA,

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM),

Bajo las condiciones actuales de nuestra sociedad, viviendo en el entramado de un modelo extractivista, resulta sumamente complicado discernir entre paliativos y actos de compromiso social: el caso específico de las “jornadas de salud” que ha emprendido la Secretaría de Salud de Zacatecas en conjunto con la Fundación UNAM, organizadas por la empresa Fresnillo PLC, subsidiaria de Industrias Peñoles, ponen en manifiesto las alianzas que existen entre dependencias gubernamentales, universidades “autónomas” y particulares, en donde bajo la lógica, o mejor dicho, la ilógica neoliberal, quien pone el dinero, se faculta para conducir resultados, decisiones y voluntades.

Ese es el caso del convenio citado entre la empresa Fresnillo PLC, subsidiaria de Industrias Peñoles, y la UNAM, para emprender “jornadas de salud” en municipios devastados por la actividad minera que dicha empresa lleva a cabo. La mina a tajo abierto de Fresnillo genera un daño multidimensional irreversible en Zacatecas, consistente en la contaminación de los mantos freáticos, el gasto desmesurado de agua en una región cuyos pobladores tienen escaso acceso a ella, la acidificación del agua, la diseminación aérea de contaminantes, el rompimiento de la trama social de las comunidades, su expulsión, las afectaciones irreversibles a la salud de los pobladores por exposición a metales pesados que provocan, entre otras enfermedades: partos prematuros, malformaciones congénitas, incremento en casos de cáncer, insuficiencia renal, daño hepático o en la piel.

Es sobre esta devastación socio ambiental que Fresnillo PLC, en 2016, tan sólo en la mina del municipio de Fresnillo produjo 596,963 toneladas de minerales (principalmente de plata con 3.8 millones de onzas), mismo que se tradujo en ventas por 382.7 millones de dólares para esta mina en ese año. Esta cantidad hace ver lo risible de las becas alimentarias que otorga, más aún si consideramos que a quien se los da, es a médicos con cinco años de formación en una universidad pública que desempeñan ahí labores profesionales con las que las empresas ganan el título de responsabilidad social.

Así, la principal universidad pública del país a través de la Fundación UNAM, ha emprendido más de una vez proyectos que utilizan al cuerpo académico de esta casa de estudio (estudiantes e investigadores), para el interés de grandes empresas privadas. En este caso, convirtiendo el servicio social en un servirse por parte de las empresas privadas, a la vez que también nutre la desinformación deliberada que forma parte sustantiva de las estrategias de las empresas mineras para facilitar los procesos actuales de despojo inherentes al extractivismo que sufre el país.

Es un hecho que las empresas dedicadas a este tipo de explotación del territorio se han infiltrado en varias instituciones educativas del país, tal como ha sucedido a través de la mentada Fundación UNAM, en la que empresas como la ExxonMobil o la minera Goldcorp son donantes desde hace varios años, así como sucede con Industrias Peñoles, a través de su filial Fresnillo PLC, con la cual desde hace tres años ha realizado el mentado convenio de vinculación.

Nosotros, como comunidades de afectados por el modelo extractivo que estas empresas sostienen, vemos con enorme preocupación el terrible riesgo de la pérdida de credibilidad y objetividad que corren las Universidades y los Centros de Investigación, al ser partícipes a través de sus fundaciones, de recibir financiamiento o realizar convenios de colaboración con los cuales las empresas privadas pretenden lavar la desastrosa realidad en la que operan. El seno de las Universidades no deben permitir perder el peso y poder en la dirección y rumbo del quehacer de las universidades, y menos de la UNAM que es considerada como la más importante del país, misma que, por ser pública, se debe a las necesidades del pueblo y no de los intereses privados.

Los pasantes en servicio social que pronto percibirán la causa de las enfermedades en la consulta, no deben ser utilizados para atenuar con medidas cosméticas los daños irreversibles de la minería, menos aún deben ser utilizados cuando el cometido de la enseñanza superior es ir a la raíz de los problemas y no, por el contrario, diluirla y disimularla. Lejos de constituirse como meros ejecutores de las encomiendas o exigencias privadas, desde donde difícilmente se distinguen y viven las necesidades y problemáticas reales, se debería promover que los estudiantes estén al servicio del interés comunitario.

Lamentamos también que la UNAM se preste a enviar a sus estudiantes a zonas de alto grado de conflictividad y violencia, misma que, por cierto, ha sido desatada tras el arribo de la actividad minera, cosa que no sucede con otros alumnos a quienes se les prohíbe realizar prácticas en áreas de alto riesgo.

Sabemos que la penetración de las instituciones públicas por parte del capital minero es una estrategia recurrente y central en el modelo de explotación y despojo que nos mata. Este mismo mecanismo lo vemos a todos los niveles y en distintas instituciones. Tal como sucede con el uso del fondo minero con el cual se financia equipo en universidades, hospitales y municipios de zonas mineras. Es sin duda, una vinculación perversa que coopta, debilita y pone sumisas tanto a las instituciones públicas como a la ciencia misma.

Es falso que el interés público pueda ser financiado por el capital privado a través de mecanismos supuestamente altruistas, y por el contrario, cada vez es mayor que en todo el mundo opere la ciencia sin conciencia. El interés lucrativo de empresas como Exxonmobil, Industrias Peñoles, minera Goldcorp, Torex Gold, entre muchas otras, siempre guiará el actuar de éstas. Por ello, lo que se está permitiendo al introducirlas en las universidades, no es desarrollo, sino subordinación, coerción y el atamiento de la capacidad crítica y de acción de éstas. Dejamos sobre la mesa la conducente necesidad de escudriñar sobre el papel que está jugando esta Institución de Educación Superior (IES) y valorar si lo que se está ganando como institución vale más que lo que se está perdiendo como sociedad.

Sabemos que hay mucha capacidad y determinación por parte de grupos que han acompañado y fortalecido las demandas sociales de los pueblos, desde los quehaceres sustantivos de la universidad (extensión, investigación y docencia), y lo han hecho desde una perspectiva de servir a la sociedad con una cultura de prevención calidad y mejora. Por ello, hacemos un llamado a esta comunidad (de la UNAM y de todas las universidades) para protegerla de este tipo de maniobras que, de forma subrepticia, pretenden subordinarla a intereses ajenos al bien común del país y a la integridad de nuestros territorios. Las IES en general deben reivindicar y fortalecer su camino de autonomía institucional al denunciar y ser críticos ante estas intromisiones.

POR UNA ACADEMIA CON CONCIENCIA
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: La mina Fresnillo del Grupo Peñoes en Zacatecas (Crédito: Miguel Ángel Núñez)

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VIDEO: Comunidades del Río Verde en Oaxaca adoptan nuevos reglamentos para proteger su territorio

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Del 13 al 15 de marzo del 2018, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) organizó las “Jornadas de Diálogos Interculturales por el Territorio” en las comunidades de Paso de la Reina, municipio de Santiago Jamiltepec, y San Lucas Atoyaquillo, municipio de Santiago Ixtayutla. Ambas comunidades, en resistencia contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina, presentaron sus nuevos reglamentos ejidales que sirven para proteger sus territorios de actividades extractivas. El COPUDEVER es miembro del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

Compartimos el reportaje video de La Coperacha, publicado el 27 de marzo 2018:

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Compartimos el reportaje escrito de Educa Oaxaca, publicado el 23 de marzo 2018:

Para llegar del ejido Paso de la Reyna a San Lucas Atoyaquillo, Oaxaca, se tiene que transitar poco más de tres horas de camino, pese a que las comunidades se encuentran a tan solo 92 kilómetros de distancia. Ambas en su orografía, como en sus aspectos culturales brillan por sus diferencias: la primera se encuentra a los pies de las montañas, la otra enclavada en ellas; una chatina y la otra mixteca; una de risa fácil, la otra más reservada. Sin embargo, el deseo por conservar su principal afluente: el Río Verde, las hermana en una lucha jurídico y social por la defensa del territorio.

Fue en 2006, cuando en la región se inició un proceso de organización territorial para enfrentar la imposición del Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina. Una central hidroeléctrica con una cortina de 155 metros de altura, que se ubicaría a tan solo un kilómetro arriba de Paso de la Reyna, y cuyo embalse inundaría más de 3 mil hectáreas de diversas comunidades, afectando así a cerca de 17 mil habitantes dedicados a la pesca y la agricultura, que tienen en el Río Verde su principal sustento. Una de estas comunidades es también San Lucas Atoyaquillo, municipio de Santiago Ixtayutla.

Los pasados 13 y 15 de marzo, en el marco de las Jornadas de Diálogos Interculturales por el Territorio que se realizaron para conmemorar el Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, cada comunidad presentó un reglamento interno en el que se establecen las disposiciones para la protección del territorio, sus bienes naturales y el fortalecimiento de su organización interna, esto de acuerdo al reconocimiento que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga hacia la autonomía de los pueblos indígenas sobre el control de sus territorios y sus recursos naturales existentes.

“En el 2010 nos propusimos elaborar nuestro reglamento pero no fue posible, hubo confusión en nuestras ideas… Hablar de nuestro ejido es muy complejo, somos tres comunidades y la idea ahí quedó. Formalmente retomamos este proceso en 2016, a través de una asamblea general y acordamos crear una comisión y ahora estamos viendo una victoria, un logro que nos propusimos“, señaló Crisanto Palacios Ruiz, ex Comisariado Ejidal de San Lucas, durante la presentación del documento a los integrantes de su comunidad y que también aglutinó a residentes de los anexos de Las Trojes y Corral de Piedra, en una calurosa tarde de compartencias.

Los reglamentos internos de los ejidos de San Lucas Atoyaquillo y Paso de la Reyna, que se entregaron en este acto a toda la población, son el resultado de dos años de trabajo, divididos en reuniones mensuales, donde se cuestionaron las necesidades y preocupaciones en torno al cuidado y protección del río, las plantas, los animales y el entorno comunitario, además de conocer los estatutos jurídicos nacionales e internaciones que respaldan sus derechos territoriales.

Estas actividades fueron asesoradas por las organizaciones civiles Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) y Tequio Jurídico, quienes además acompañaron el proceso de registro ante el Registro Agrario Nacional (RAN), órgano que valida el control de la tenencia de la tierra en el país.

Para Ana María García, del Área de Derechos Territoriales de EDUCA, estas actividades son el resultado de 10 años de trabajo comunitario, que ha permitido fortalecer la vida interna y en el proceso frenar el proyecto de la presa hidroeléctrica, y por ende la creación del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca en donde participan pueblos chatinos, mixtecos, afromexicanos, organizaciones y comunidades de municipios afectados por proyectos de presas.

Cabe destacar que para acompañar la presentación de los reglamentos se contó la participación del destacado abogado, asesor agrario y autor de 14 libros de historia, luchas agrarias y derechos indígenas, Francisco López Bárcenas, quien enfatizó que este documento servirá como instrumento para incorporar a las comunidades “algunos derechos que la Ley Agraria no contempla, como la libre determinación de los pueblos”, además de que se cuenta con la ventaja de hacerlo perfectible, pues cada ejido puede irlo modificando de acuerdo a sus necesidades específicas.

Ante ello, el Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Paso de la Reyna, Pedro González Robles, explicó que “el año pasado hubo personas que entraron a nuestro ejido para agarrar las congas y los camarones sin pedir permiso, por ello les llamamos la atención y les explicamos que en este ejido ya tenemos un reglamento y esta acción está prohibida”, señaló en asamblea comunitaria en donde centenares de pobladores se dieron cita para conocer, platear sus dudas, expresar sus testimonios y finalmente respaldar el Reglamento Interno del ejido Paso de la Reyna.

Posterior a este acto, pobladores de Paso de la Reyna y San Lucas Atoyaquillo, acompañados por una docena de comunidades, se reunieron la tarde del 14 de marzo, Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, a orillas del Río Verde para llevar a cabo una celebración de agradecimiento al afluente: al ser que brinda vida a sus pueblos, que permite alimentarse, crecer, divertirse y valorar a la naturaleza. Es así, como dos comunidades divididas por las montañas pero unidas por un río, se hermanan y suman experiencias a favor de la defensa de su territorio.

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La Zona Económica Especial de Lázaro Cardenas – La Unión

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Análisis del colectivo Geocomunes – Febrero 2018

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

Parte II: Territorialización del decreto de la ZEE de Lázaro Cardenas – La Unión

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Después de haber analizado en la parte 1 “Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes” qué son las ZEE, en qué fase están y por qué sus ubicaciones son estratégicas en la lógica del capital, es ahora importante detallar las características de cada una de las ZEE para las cuales se ha firmado el decreto y como se territorializa su posible despliegue (delimitación geográfica de la ZEE y de sus área de influencia, proyectos y empresas relacionadas, etc). En esta parte 2 empezamos con el análisis de la ZEE de Lázaro Cárdenas – La Unión que tiene su decreto firmado desde el 28 de septiembre de 2017.

Con 8,483 ha la ZEE de Lázaro Cárdenas – La Unión es la más pequeña de las 3 ZEE con decretos firmados. Esta ZEE se reparte entre los estados de Michocacán (alberga 70% de la ZEE con 5,900 ha en el municipio de Lázaro Cárdenas) y Guerrero (30 % de la ZEE con 2,543 ha en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca).

Por el momento existe una sección establecida de 547 ha a cargo del gobierno federal, ubicada en la Isla de la Palma. La Isla de La Palma fue adquirida en 1982 por el gobierno federal al ejido Zacatula y dotado en 1999 al gobierno de Michoacán junto con una franja de la isla del Cayacal. En 2003 con el Plan Estatal de Desarrollo se declaró el corredor industrial michoacano Lázaro Cárdenas-Morelia-Contepec y luego el congreso aprobó la desincorporación o expropriación de los primeros 183 ha en la isla. En 2007 la empresa estadounidense Kansas City Southern anunció su proyecto de terminal ferroviario de 80 ha dentro de la isla con una inversión de 80 millones de dólares. Y en 2015 el gobierno federal en el Plan Nacional de Infraestructura contempló una inversión de 1,315 millones de pesos para el desarrollo de un parque industrial en la isla, proyecto retomado luego en el Plan Nuevo Michoacán con la definición de las áreas (parques industriales, Recinto Fiscalizado Estratégico, patio ferroviario, etc). Sin embargo los planes del gobierno federal para la Isla de la Palma quedaron parados a razón del conflicto agrario existente con los ejidatarios que fueron expropiados sin haber tenido la indemnización de sus predios. Con la aprobación de la ZEE y la designación de la sección federal, el gobierno estatal transfiere las obligaciones jurídicas, administrativas y jurisdiccionales de la Isla de la Palma al gobierno federal para resolver el conflicto agrario y llevar a cabo el proyecto de parque industrial y de terminal ferroviaria.

El proyecto de ZEE está muy vinculado con el potencial para el movimiento de mercancías que permite el puerto de Lázaro Cárdenas. El puerto empezó a operar en los setentas para abastecer a la siderúrgica contigua al puerto. Desde 1994 la administración del puerto está a cargo de la empresa paraestatal Administración Portuaria Intergral de Lázaro Cardenas (API). Hoy en día, Lázaro Cárdenas es uno de los principales puertos industriales del país, colocándose en el tercer lugar en movimiento de carga, detrás de Dos Bocas y Manzanillo.

Es el puerto más profundo de México y el único que puede recibir porta-contenedores de 7ª generación (los más grandes actualmente). Estas ventajas han permitido desarrollar rutas comerciales con 141 puertos de 31 países, principalmente del Pacífico oriental. Actualmente el puerto representa el 28% de los movimientos por contenedores en el litoral mexicano del océano Pacífico. Junto con el puerto de Manzanillo representa la mitad de la carga total operada en éste litoral mexicano y el 95% de los contenedores que transitan por el mismo. Esas cifras permiten entender la gran importancia que tiene el puerto de Lázaro Cárdenas y su proyecto de ZEE, en el contexto de los posibles acuerdos bilaterales post TPP, para México en la lógica del capital.

Al respeto de los tipos de mercancías en las que está especializo el puerto de Lázaro Cárdenas, el granel mineral representa la principal línea de negocios en volumen de carga (52% del volumen de carga total en 2016). Eso se explica por la presencia dentro de las instalaciones del puerto de la empresa Arcelor Mittal, que importa hierro a la siderúrgica desde sus minas operandas en otros estados (Sonora y Colima) y exporta parte del mismo hacia Asia. Pero también por la presencia dentro del puerto de la empresa Fertinal que importa roca fosfórica desde Baja California para la elaboración de sus fertlizantes, sumada a la presencia de una terminal de carbón operada por la empresa Carbonser, que sirve para abastecer a la termoeléctrica de la CFE ubicada en Petacalco.

Después del granel mineral la carga de contenedores es el segundo tipo de mercancía más importante del puerto (26% de la carga total) y está enfocado principalmente en insumos para las industrias automotriz, manufacturera y química. Luego le siguen las mercancías de la actividad petrolera y sus derivados (11% de la carga total) debido a la presencia de una planta de PEMEX en el puerto que importa productos petroleros desde su refinería en el puerto de Salina Cruz. Esas cuatros empresas mencionadas representan la gran mayoría del mercado del puerto.

En el mercado nacional las principales zonas para el flujo de estas mercancías son el Valle de México (Ciudad de México y zonas industriales del Estado de México) y la zona del Bajío. Y en el mercado internacional el puerto importa mercancías principalmente de EEUU (35 % de las importaciones en 2014), Australia (18%), China (9%), Canadá (8%) y Corea del Sur (6%) y exporta mercancías hacia EEUU (40% de las exportaciones) y China (25 %).

(…)

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Más información:

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 2

Empresa minera detonará ZEE de Lázaro Cárdenas

 

Durango: Reprimen y golpean a defensores en resistencia contra la planta de cianuro de Chemours

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Comunicado urgente del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT), miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 9 de marzo 2018

Actualización a 12 de marzo: El sueldo de la brutal represión ejercida por el Estado es de 34 policías y 17 defensores heridos, y más de 40 defensores detenidos

  • El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT) protesta contra el Proyecto Chemours Laguna
  • La “Chemours Company” pretende fabricar 65,000 toneladas de cianuro en la Comarca Lagunera
  • Granaderos golpean y detienen a miembros del Frente Unido

El día de hoy 9 de marzo, en el contexto de una protesta convocada por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT) en contra del Proyecto “Chemours Laguna” que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año, granaderos estatales y municipales reprimieron, golpearon, balearon y detuvieron a miembros del Frente mientras ejercian su derecho a la protesta social pacífica constitucionalmente protegido.

Alrededor de las 5:00 hrs de la mañana más de 500 personas que respondieron al llamado del Frente Unido se presentaron en el Ejido de La Aurora, municipio de Gómez Palacio, Durango, para manifestar su preocupación y oposición al Proyecto “Chemours Laguna” así como su descontento hacia las autoridades municipales quienes, de manera ilegal, han facilitado todos los permisos a la transnacional química para poder producir cianuro de sodio, uno de los venenos más potentes del mundo que genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y cuya producción, en La Comarca Lagunera, podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.

Hacia las 10:00 hrs. aproximadamente, 200 granaderos estatales y del municipio de Gómez Palacio, Durango, arribaron al Ejido de La Aurora y reprimieron la protesta del Frente Unido. En ese contexto, fueron heridos Don Saturnino Hernandez de 80 años, Horacio Ramirez, el joven Luis Mario Carrillo entre otros; así mismo, fue detenido el compañero Avelino Rodríguez y un profesor cuyo nombre se desconoce.

Es importante señalar que durante la represión, los granaderos hicieron uso de armas de fuego hiriendo a uno de los manifestantes. Tenemos información de que en estos momentos, 14:30 hrs., diversas fuerzas de seguridad están buscando casa por casa a los miembros más visibles del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. La Red Mexicana de Afectados por la Minería responsabiliza de la represión así como de la seguridad de los compañeros heridos y detenidos a Jaime López, titular de la Dirección de Atención Ciudadana del gobierno municipal de Gómez Palacio así como a la presidenta municipal Leticia Herrera Ale y al gobernador del Estado José Rosas Aispuro.

La REMA y el Frente Unido exigen alto inmediato a la represión y la disposición absoluta de las autoridades municipales, estatales y federales vinculadas a la autorización ilegal del proyecto y a los hechos ocurridos el día de hoy para entablar un diálogo serio.

¡Alto a la represión de los defensores del territorio!

¡Fuera Chemours de Nuestro Territorio!

¡El Cianuro Mata!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Acción Colectiva Socioambiental

Familia Pasta de Conchos

Coordinadora Ciudadana de La Laguna

Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Sobenaría

Fotos: Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

>> Petición en Change: NO A LA REPRESIÓN POLICIAL EN GOMEZ PALACIO, DURANGO

 

Más lectura sobre la represión de este viernes:

Cianuro o policía, el dilema de un ejido en Durango (Reportaje de Pie de Página)

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Durango: Declaratoria del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio

Durango: el proyecto de planta de cianuro “Chemours Laguna” es ilegal

Nos solidarizamos con la lucha contra la planta de cianuro de Chemours en Durango

Los mitos del progreso minero: el Banco Interamericano de Desarrollo miente

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Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA), a 9 de marzo 2018

El 5 de marzo de este año en un panel de discusión organizado en Toronto, Canadá, por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo un llamado a “la responsabilidad social de las mineras en Latinoamérica”.

Como Red Mexicana de Afectados por la Minería queremos denunciar algunas declaraciones hechas dentro de este evento por miembros del BID y varios directivos de empresas mineras presentes en esta reunión. Consideramos que hay una gran tergiversación del discurso que presenta a la minería como una actividad sustentable, cuando, en los hechos, tenemos cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas por la actividad minera en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad, cada vez mayor, de pasivos ambientales irreversibles y de los cuales estas empresas no se hacen responsables.

Es una incongruencia terrible, que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando las compañías mineras -nacionales y extranjeras-, saquean a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros. Sin duda, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sustenta el modelo extractivo y neoliberal contra lo cual luchamos. Bajo sus siempre ambiguos conceptos de “desarrollo”, “inclusión social e igualdad” o “sostenibilidad ambiental”, este banco apuesta a la explotación minera como solución para el desarrollo en América Latina. Actuando como financiador de proyectos privados de despojo, con graves consecuencias sociales y ambientales, inversiones que muchas veces sirvieron para mejorar la imagen de las empresas mineras y permitir la aceptación de sus proyectos. Además, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del BID, que se dedica al financiamiento directo e indirecto de pequeñas y medianas empresas, ha financiado directamente algunos proyectos mineros, como por ejemplo, el préstamo de 5.7 millones de dólares que hicieron a la empresa Somin Compañía Minera de Sonora S.A.P.I. de C.V. para la extracción y el procesamiento de sulfato de sodio en Sonora. También la CII ha financiado varios proyectos de producción de energía muy controvertidos y rechazados localmente como los parques eólicos, Eólica del Sur o Eurus en el Istmo de tehuantepec en México o las hidroeléctricas Chixoy (Guatemala) o Revantazón (Costa Rica).

Respecto al análisis que hicieron los expositores del evento con relación a que “la minería puede y debe ser un agente de desarrollo inclusivo en Latinoamérica y el Caribe”, reiteramos que la minería, sin importar cuanto intenten adornar sus discursos, sólo es un agente de desarrollo para las finanzas de las empresas y de los actores políticos que las favorecen. Para los pueblos la minería es, y siempre será así, un agente de despojo, destrucción y muerte. Como señalamos líneas arriba, cientos de luchas a lo largo del continente, son la prueba contundente de ello.

En relación a la declaración de Paulo de Sa, asesor senior del BID, quien asevera que “es necesario territorializar la industria minera para darle el aspecto de desarrollo social”, reiteramos que la minería no genera ningún desarrollo social, sino todo lo contrario. Por citar un ejemplo entre tantos; en el municipio de Fresnillo en Zacatecas, opera la mina Fresnillo de Grupo Peñoles, la tercera mina de plata más grande del país que generó 318 millones de dólares en venta en 2015. Sin embargo, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 2015, el municipio de Fresnillo sigue siendo el municipio con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107 mil 088) en el estado y el segundo municipio con mayor pobreza extrema (11 mil 685), además de ser el municipio con los más altos índice de homicidios violentos y secuestros en todo el estado. Si analizamos los datos que propone CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la población vulnerable por carencia social (educación, salud y vivienda), aumentó más del 6 % (6.1 para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue “sólo” de 4%. Durante esos 5 años no se generó ningún desarrollo social en esos municipios, a pesar que concentran dos de las minas más grandes y con mayor ganancia a nivel nacional.

Por otra parte referente a la declaración de Daniel Kaufmann, presidente de NRGI (Natural Resource Governance Institute), quien dijo: “En el pasado los códigos mineros decían que la minería tenía prioridad sobre cualquier otra actividad”, recordarle que esas falsas ventajas, no sólo siguen vigentes en muchos países del continente, sino que se siguen promoviendo más, por ejemplo la ley minera mexicana en vigor, estipula en su artículo VI que “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. Del mismo modo, la recién aprobada Reforma Energética, da la misma categoría de actividad preferente a los hidrocarburos. Todo lo cual contraviene claramente los derechos de los pueblos indígenas y comunidades sobre su territorio.

En el contexto de este foro se mencionó también que la industria minera no alcanza la igualdad de género y que es necesario incorporar a más mujeres. Como si de verdad ayudara al proceso de empoderamiento de la mujer al aseverar que “ellas son muy buenas conductoras de camiones”, según expresó el directivo de Goldcorp. Por su parte, Eurídice González, directora de McEwen Mining en Sinaloa, México declaró que “Las mujeres tenemos que recorrer un largo camino para poder ser parte de la industria minera”.

Ante esta postura, consideramos que esta supuesta equidad de género manejada desde la industria minera, es sólo una máscara y una estrategia publicitaria. Las mujeres en las comunidades, no sólo no piden ser parte de la industria minera, sino además están al frente de las resistencias, por lo tanto, a gritos exigen que las mineras salgan, “que se larguen” de sus territorios, ya que son ellas quienes sufren, violenta y sistemáticamente, de manera directa en sus cuerpos y en sus vidas, los graves impactos del extractivismo minero.

Por otra parte, desde los movimientos sociales y la defensa territorial hemos documentado las múltiples afectaciones a la salud de las mujeres por esta industria, por ejemplo, en implicaciones sobre el embarazo (desde abortos y partos prematuros, hasta malformaciones). Así mismo se ha hecho evidente la criminalización y asesinatos por parte de gobiernos y empresas para las y los defensoras del territorio, como sucedió con nuestros compañeros Bety Cariño y Mariano Abarca, fundadores de REMA, o Berta Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en Honduras.

Y si hablamos del tipo de empleos que genera la minería, los mismos trabajadores en múltiples ocasiones han denunciado las precarias condiciones laborales en las que se encuentran muchos de ellos, así como la negligencia e irresponsabilidad de las empresas ante los accidentes ocurridos y el fallecimiento de mineros. Recordemos el caso de Pasta de Conchos, a 12 años de impunidad.

Desde REMA denunciamos y desmentimos los supuestos beneficios de la minería, que además de enriquecer a los insaciables capitales privados -mexicanos y extranjeros- son sinónimo de contaminación y degradación ambiental, fragmentación comunitaria, represión, despojo, saqueo, injusticia e impunidad.

¡La minería sustentable o socialmente responsable no existe!
¡La minería es agente de despojo, no de desarrollo
¡No a la Megaminería Contaminante!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Foto: La mina Fresnillo del Grupo Peñoes en Zacatecas (Crédito: Miguel Ángel Núñez)

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El informe El Carbón Rojo de Coahuila: Aquí se termina el silencio fue publicado en febrero del 2018 por la organización Familia Pasta de Conchos y la Fundación Heinrich Böll México y El Caribe, a 12 años de la explosión de gas que dejo a 65 mineros muertos en la mina de carbón Pasta de Conchos del Grupo México en el estado de Coahuila, México. Señala que la tragedia no fue causada por una caprichosa acumulación de gas, sino que se trató de un siniestro evitable ocasionado por un sistema de ventilación insuficiente y por las precarias condiciones de seguridad y mantenimiento en la mina.

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Autoría: Elvira Martínez Espinoza, Esmeralda Saldaña Saldaña,
Rodrigo Olvera Briseño, Jorge Omar Navarro Ballesteros y Cristina Auerbach
Coordinación editorial: Dolores Rojas Rubio y Jenny Zapata López
Corrección de estilo: Cecilia Navarro
Diseño gráfico y formación: Marilia Castillejos Meléndrez
Fotografía de cubierta: Miguel Sierra

INDICE:

PREFACIO
13 CAPÍTULO 01: La historia en rojo: el niño Bartolo. Del año 1900 a febrero del 2006
35 CAPÍTULO 02: El carbón rojo de Grupo México
59 CAPÍTULO 03: El corporativismo del carbón rojo en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana
67 CAPÍTULO 04: Continúa grave el minero muerto ayer
81 CAPÍTULO 05: El carbón rojo de los hermanos Moreira
95 CAPÍTULO 06: El carbón rojo de las subastas de la CFE
101 CAPÍTULO 07: Pasivo Ambiental: el carbón rojo de los poblados mineros
125 CONCLUSIONES
135 NOTAS

La historia en rojo: el niño Bartolo. Del año 1900 a febrero del 2006

La expresión carbón rojo se utiliza en la región carbonífera de Coahuila para designar la extracción de carbón mineral en minas en las que los empresarios no invierten en seguridad, para reducir sus costos de extracción al mínimo y, por ende, aumentar sus ganancias al máximo. Cuando en esta región dicen «esa mina saca carbón rojo», inmediatamente se entiende que los trabajadores están en grave peligro. No se trata únicamente de clasificar la formalidad o informalidad de los centros de trabajo; en esta región, la disputa es entre la vida y la muerte. Aquí las personas mueren. El carbón rojo cuenta la historia del costo humano y ambiental que ha traído y dejado la extracción del carbón.

En el año 1888 se firmó el primer Tratado oficial entre México y Japón. Como consecuencia, pocos años después (1897) dio inicio un gran flujo migratorio de japoneses que querían transmigrar a Estados Unidos, pero que lo harían desde México, por lo que se crearon en Japón tres compañías dedicadas a la contratación y transportación de trabajadores japoneses. En solo una década, llegaron 12 mil trabajadores, de los cuales 3,048 fueron destinados a las minas de carbón.1

La Jefatura Política del Norte del Distrito de Monclova informa al Juez Tercero Local de Múzquiz, con residencia en las Esperanzas, Coahuila, que el Ministro del Japón dijo que se publicó una noticia que los japoneses inmigrantes que últimamente han llegado a México procedentes de Japón para trabajar en las minas de carbón, lo hacen en condiciones insalubres, con sueldos muy pobres, mala alimentación, con vigilancia constante, siendo su estado peor que el de los esclavos, lo que motivó que se escaparan trescientos buscando refugio en los Estados Unidos, pidiendo el Ministro del Japón se investigue al respecto y se comunique el resultado a la Secretaría de Gobierno.2

Por supuesto no hay registro de que esta situación se investigara y se comunicara el resultado, como lo solicita el ministro del Japón. Incluso, en la región carbonífera, se refieren a los migrantes como los chinos –en un tono bastante despectivo- y aunque es posible que también migraran a las minas trabajadores de nacionalidad China, los registros que encontramos se refieren a ciudadanos japoneses.
Nací en 1926, y soy hijo de uno de esos japoneses que llegaron por miles para trabajar en las minas. Se casó aquí y nunca volvió al Japón. Pero mi papá no se metió a las minas, no quiso porque le daban mucho miedo. Él sembraba y vendía de su cosecha o lo que fuera para sobrevivir. Siempre vivimos aquí en Palaú, ahora soy bisabuelo. Y antes de venirme para esta casa viví aquí arriba, pegado a donde pusieron la Planta Lavadora.

Yo entré a las minas en 1934. Fui minero toda la vida. Mi mamá, y luego mi esposa, me hacían con el saco de arroz un calzón para la mina y me hacían un morral para llevar mi lonche. La empresa nos daba alpargatas para trabajar en la mina. Había dos tipos de alpargatas, las del carbonero y las de los supervisores, que eran mejores. En los bailes, los papás dejaban bailar a las hijas con los que traían alpargatas de supervisor. Pero como ninguna duraba mucho porque eran de ixtle y tela, las empresas tenían que dar muchas y entonces, los supervisores las vendían y nosotros nos conseguíamos un par para los bailes.

No nos pagaban con dinero. Nunca vimos nuestro salario. Se nos pagaba con comida en la tienda de la empresa. Yo ganaba 9 pesos diarios, pero no nos alcanzaba para comprar todo, solo harina, papas y frijol y siempre quedábamos a deber. Siempre le debíamos dinero a la empresa, y por eso no nos daban ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada, con eso se cobraban lo que debíamos.

El hospital era de la empresa. Ahí nos internaban cuando nos lesionábamos, pero no daban comida a los enfermos. Eso lo tenía que llevar la familia. No nos cobraban, pero no nos gustaba estar en el hospital. Si ve mi espalda, rodillas y brazos, puede ver que tengo pequeños trozos de carbón en las cicatrices. Aprendimos que si nos cortábamos, para detener el sangrado y poder seguir trabajando, nos poníamos polvo de carbón, por eso los viejos traemos carbón en el cuerpo.

Cuando llegó el sindicato minero, la contratación se volvió colectiva, y la tienda pasó a ser del sindicato. Ya nos pagaban con dinero, ganábamos más, pero no alcanzaba para comer y nos pasaba lo mismo. Cuando me descontaban lo que debía en la tienda, me quedaban 5 pesos. Y otra vez, con ese dinero íbamos a la tienda a comprar, pero a crédito. Algunos compañeros sacaban cajas de aceite o bultos de harina para revenderlos. Otros sembrábamos. Total, que los mineros del carbón teníamos más trabajos para poder sobrevivir. O con un martillo, nos rompíamos algún dedo de la mano. Con una fractura, la empresa nos indemnizaba y así íbamos construyendo nuestra casa.

No había otra forma de hacernos de una casa si no era con fracturas. Por eso, los mineros viejos tenemos las manos un poco o muy desfiguradas. Por supuesto no nos pensionábamos, no nos jubilábamos, no teníamos derecho más que a nuestro salario pagado en dinero y a los servicios de salud de la empresa. Nada más. Si dejabas de trabajar en la mina podías ir al hospital de la empresa, pero entonces, aunque cobraban poco por los servicios, tenías que pagar igual que las familias que no eran mineras. Cuando en 1972 llegó el Seguro Social, el sindicato nos decía que no aceptáramos que se nos inscribiera. Nos decían que perderíamos nuestros derechos ». Nosotros no entendíamos. Nadie nos explicaba. Pero, la llegada del IMSS fue algo muy bueno para nosotros. Yo estoy sentado en el porche de mi casa, en una mecedora, porque me jubilé. Porque tuve derecho a una pensión. Nunca conocí a Napoleón Gómez Sada, nunca supe que bajara a una mina de carbón. Tampoco vimos a su hijo, Napoleón Gómez Urrutia. Creo que la diferencia entre el papá y el hijo es que el hijo vive en Canadá. Y los nuevos sindicatos mineros son iguales, ven por sus viáticos, camionetas y cuotas, que obtienen por hacer como que nos representan.

Y tampoco, nunca entendí por qué el sindicato nos decía que perderíamos nuestros derechos en el imss, si en realidad, por primera vez, tendríamos derechos.3

(…)

Notas:

1. Palacios Héctor, México y la Cuenca del Pacífico, mayo – agosto de 2012. P. 116-121.
2. Archivo General del Estado de Coahuila, AGEC FSXX, C32, F8, E9, 13F, 15 de diciembre de 1906, Población Múzquiz, Coahuila.
3. Por temor a represalias de las empresas y de los sindicatos, el señor RY optó por el anonimato. Su hijo y su nieto son mineros y teme que ellos puedan sufrir las consecuencias por su testimonio.

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Informe: Extractivismo y resistencia comunitaria en Honduras

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Compartimos con tod@s la presente investigación sobre el extractivismo en Honduras, un proceso investigativo de las organizaciones Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y Jubileo Sur Américas (JS/A), que ha contado con el apoyo técnico del Transnational Institute (TNI).

El documento recopila información recabada en el año 2017, recoge las percepciones y experiencias de algunos actores comunitarios afectados por el modelo extractivo que impera en Honduras, un reflejo de las realidades del sur global.

Su realización ha sido una forma de aportar el legado de la compañera Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo del 2016, como resultado de sus luchas contra el modelo extractivo, capitalista, sexista y patriarcal.

A la memoria de Berta, a la memoria de los tantos mártires de la hermana nación Hondureña que con su lucha han dejado abierta la senda para la construcción de un mundo mejor.

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Presentación

El extractivismo, como etapa del modelo de desarrollo basado en la explotación de territorios vivos y acumulación económica por parte de capitales nacionales y actores transnacionales, es un tema amplio y profundo. Con la información acá presentada se busca propiciar y acompañar algunos debates sobre sus fuentes, financiamiento, actores involucrados e impactos en la vida de las comunidades de Honduras, que son quienes están día a día en defensa de los bienes comunes.

Elaborado por: Susy Nuñez, Fabricio Herrera y Martha Flores

Los casos presentados

El pueblo Lenca: Desde las luchas del COPINH, se presenta en particular el caso de la comunidad de Río Blanco, en el municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, afectada negativamente por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ejecutado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

El pueblo Garífuna: Se presenta la experiencia de OFRANEH, en la comunidad Garífuna de Guadalupe, en el municipio de Santa Fe, departamento de Colón, que enfrenta una lucha frente al despojo de sus territorios ancestrales por parte de las corporaciones de turismo.

El Aguán: Cuenta la experiencia de las organizaciones campesinas, en especial del Movimiento Campesino del Aguán y la comunidad campesina de la finca El Tumbador, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde las y los campesinos han sido víctimas de procesos continuos de asedio y criminalización por parte de terratenientes, las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia del Estado de Honduras.

El modelo depredador

El Estado de Honduras presenta como una de sus principales estrategias de desarrollo la profundización del modelo extractivo, lo cual se manifiesta en el hecho de que en su política pública priorice proyectos de explotación y acumulación de los bienes comunes de la naturaleza, que ocasionan la desaparición forzada de las estructuras organizativas y las diferentes manifestaciones de cultura y espiritualidad ancestral de los pueblos. Ello se hace evidente en la existencia de un conjunto de proyectos1 que cuentan con todo el respaldo y compromiso del Estado para su implementación, operación y funcionamiento: minerías, hidroeléctricas, monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), solo por mencionar algunas.

Este modelo, que constituye la representación hondureña del extractivismo que tiene lugar a nivel mundial, se caracteriza por la extracción de bienes naturales cuya propiedad es comunitaria, con el fin de generar acumulación económica en beneficio de terceros (generalmente inversores locales o extranjeros, empresas transnacionales, fondos de pensiones, etc.). En la mayoría de los casos, los productos extraídos constituyen materias primas o fuentes de energía para satisfacer las necesidades de consumo de las élites y del Norte Global. Sin embargo, los costos operativos son cubiertos en gran medida por el Estado, y según este, las personas y comunidades deben ceder el espacio tierra, agua, aire y vida para implementar estos proyectos, pues se consideran proyectos de interés público.

De esta manera, y reproduciendo un esquema de extracción global que se expresa localmente en distintos países (principalmente del Sur Global), en lugar de cumplir con su rol de garante de derechos de la población al agua, un ambiente sano y a la vida misma, el Estado ha actuado en función de los intereses de empresas (nacionales o transnacionales). Así, el respeto y la garantía de los derechos de las comunidades a sus territorios a través, por ejemplo, del respeto del consentimiento libre, previo e informado, es desconocido bajo el argumento del interés público que se alcanzaría con los distintos proyectos extractivos. El resultados es, entonces, la generación e intensificación de conflictos socioambientales debido a la presión (económica, social y militar) que se ejerce sobre las comunidades que históricamente defienden su territorio.

Asimismo, es importante resaltar el rol de instituciones financieras internacionales en el fomento y reproducción de este modelo. Nuevamente, usando el argumento de la promoción del desarrollo nacional y local, instituciones como el FMO2 (Banco de Desarrollo Holandés)3 financian proyectos extractivos que proveen materias primas y fuentes de energía al Norte Global, en muchos casos sin contar con el consentimiento de las comunidades locales, lo cual intensifica los conflictos socioambientales.4 Así, se constituye una cadena de extracción cuyos eslabones en el nivel internacional (instituciones financieras internacionales y empresas importadoras de materias primas), nacional (Gobierno, élites y empresas nacionales) y local (administraciones locales) coadyuvan en la generación de dichos conflictos, que al final perjudican directamente a las comunidades locales y a la naturaleza.

El caso de Honduras es un ejemplo palpable de cómo, mediante la imposición de los mecanismos de endeudamiento, control y de las estructuras militares en cada uno de los espacios de la gestión pública y privada, se amedrenta a los diversos y amplios sectores que emprenden una lucha por la defensa del territorio, de los bienes naturales y de los derechos ancestrales de las comunidades, en donde de forma siniestra se violentan los derechos humanos de su población y se imponen diversas manifestaciones de extractivismo.

De por sí, e históricamente reconocido, el Estado hondureño ha depositado en el sector militar la garantía de la obtención de ganancias de las empresas nacionales y transnacionales. Basadas en políticas de violencia de ocupación territorial y de extracción de los bienes naturales, han venido desplazando de sus propios territorios a comunidades enteras conformadas por campesinos, indígenas y afrodescendientes, para poder dar paso al gran capital, a la implementación de los agrocombustibles, la represa de las aguas y la narcoactividad, entre otras, y de lo que hoy se teme que son las “ciudades modelos”, que atentan contra todos los derechos fundamentales de la población hondureña, dejando en manos de los empresarios el destino de las y los ciudadanos.

Es importante recalcar que esta situación se agrava en el contexto del golpe militar orquestado en 2009 contra del Gobierno de José Manuel Zelaya, que, ya transcurridos casi ocho años, ha venido desbordando la criminalización de los sectores populares que luchan por la defensa de la tierra, de sus bienes, de su cultura, del acceso a los servicios básicos y, en definitiva, que luchan por la vida, en un contexto donde las garantías mínimas de respeto por la vida humana son inexistentes.

Tipos de proyectos extractivos en el país

Proyectos hidroeléctricos:

Son todos aquellos que tienen como fin la generación de energía eléctrica, utilizando la fuerza de las fuentes de agua, principalmente los ríos. Honduras tiene 19 cuencas hidrográficas conformadas por 45 ríos, lo cual equivale al 11 % de las 172 cuencas hidrográficas de la región centroamericana.5 Los ríos son concesionados a empresas privadas con financiamiento internacional,6 bajo la fórmula de “aguas nacionales”, para que se construya en ellos represas hidroeléctricas.

Proyectos turísticos:

Son aquellos en los que el Estado concesiona territorio, agua, biodiversidad y paisajes a inversores nacionales y extranjeros, para el uso y explotación de las llamadas ofertas turísticas: hotelería, entretenimiento, vivienda y turismo de aventura, entre otras. Estos proyectos ocasionan el despojo de todos los bienes comunes, que histórica y ancestralmente hacen parte de la vida de las comunidades, el desplazamiento de estas e incluso su expulsión, a través de diferentes mecanismos que se se describen en este documento.

Usualmente, estos proyectos concesionan segmentos de áreas protegidas y territorios indígenas o negros, contraviniendo el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que señala que los recursos existentes en tierras indígenas deberán protegerse, y que además los pueblos, cuando son consultados y aprueban la concesión, deben participar de la administración y conservación de estos recursos.7

Proyectos de monocultivos y monopolio agrario:

El monocultivo es uno de los principales agentes de daño por cambio de suelo y se considera una “de las principales causas en contribuir al cambio climático en Centroamérica”.8

En Honduras se promueve, patrocina e impone el monocultivo de la palma africana, que tiene un alto nivel de agotamiento de la fertilidad del suelo, en las tierras de cultivo del litoral atlántico, una de las zonas con mayor cantidad de tierras para la agricultura.9

Durante mucho tiempo, el Estado ha promovido el monocultivo masivo, sin medidas que consideren estos impactos a la fertilidad del suelo y sobre el ecosistema. Peor aún, ha promovido e incluso impuesto en gran medida la acumulación de la mayor cantidad de tierra para esos cultivos en pocas manos. Esta tendencia es especialmente visible en la zona del Valle del Aguán, pero se reitera en todos los lugares del país.10

Proyectos mineros:

El proceso de minería promovido actualmente es el de tajo abierto: descombra el lugar y escarba, sometiendo grandes cantidades de tierra subterránea a procesos de lixiviación. Es decir, se riega la tierra escombrada con agentes químicos que desprenden oro, plata y otros minerales (litio, uranio), lo mezclan con el agua y luego, nuevamente, lo separan del agua para ser juntado en una broza de la cual se recuperan los minerales. Este proceso (extracción y lixiviación) implica destruir todo ecosistema y capa orgánica en el área de explotación, ya que se escarba hasta 600 y 800 metros de profundidad o más.

También agotan las fuentes de aguas superficiales y subterráneas (acuíferos, pozos, lugares de descarga, ríos, riachuelos, arroyos, quebradas) y los ecosistemas que allí existen. Como consecuencia, se generan profundos daños (si no la extinción) sobre otras formas de producción, como la agricultura, la pesca, la ganadería (carne, lácteos y cuero) y la avicultura y, en consecuencia, las fuentes de sustento para las comunidades locales.11

“Ciudades modelo” o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE):

Son concesiones de territorio que tienen como objetivo habilitar y facilitar la explotación, principalmente industrial y financiera. Son como burbujas territoriales, casi Estados, pero separados de este. Los dueños de las concesionarias tienen casi control absoluto del territorio, imponen derecho, autoridades y estructura administrativa (PIB, presupuesto, sistema tributario, sistema de justicia, control de aire, tierra y mar, etc.).12

En las ZEDE, el Estado se reserva una presencia mínima de control electoral y fuerzas armadas, a tal punto que la Constitución misma resulta vigente ¨solo en lo que sea aplicable¨. El control real se reserva para el Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), creado por el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, mediante el Acuerdo Ejecutivo 003-2014 y elevado por el Congreso a nivel de Decreto Legislativo (DL-368-2013). El Comité está conformado por 22 personas, de las que solo tres son hondureñas (de la línea de grupos de poder liderada por el expresidente Ricardo Maduro Joest, integrante del CAMP), y el resto, extranjeras, que pertenecen a poderosos grupos neoliberales.13

Bonos REDD (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación), REDD+, Avafleght y otros mecanismos de valoración económica de la naturaleza para convertirla en mercancía:

Son diferentes propuestas que se presentan como formas de protección de los bienes comunes o recursos naturales a través de la delimitación de zonas “protegidas”, en las cuales se limita el acceso a las poblaciones nativas, al tiempo que se garantiza acceso a algunas empresas.14 15 Los pueblos indígenas, negros (Garífunas), y comunidades que se oponen a este tipo de proyectos argumentan que estos transforman la naturaleza en mercancía, a través de mecanismos de cuantificación de carbono.

En la práctica, estos proyectos han ocasionado despojo de territorios indígenas, Garífunas y campesinos, para concesionarlos a terceras personas que obtienen de ellos beneficios económicos.16

Notas

1. Políticas públicas: Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS), concesiones otorgadas por el Congreso Nacional y demás instrumentos del Estado como decretos y acuerdos del poder ejecutivo. Ver páginas: 1) Del Congreso Nacional, reportes de decretos anuales, allí identificar decretos de concesiones para generación de energía hidroeléctrica; 2) Página de las ZEDES ; 3) Páginas de la Secretaría de Estado, “Miambiente” ; 4) Página de Finanzas, “SEFIN” ; 5) INHGEOMIN

2. https://www.fmo.nl/about-fmo

3. Página del Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO)

4. Banktrack, página sobre el FMO

5. Programa Estado de la Nación (2011) Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. Un informe desde Centroamérica y para Centroamérica. San José, Costa Rica

6. Ver los contratos de generación de energía eléctrica entre la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) y las diferentes empresas receptoras de concesiones como las contenidas en el Decreto 159-2010. Este proceso es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica.

7. Conforme al artículo 18 de la Constitución de Honduras, los tratados y convenciones internacionales ratificadas por el país prevalecen sobre la ley hondureña. En consecuencia, se puede afirmar que las concesiones constituyen decretos legislativos que violan esos tratados y convenciones.

8. Programa Estado de la Nación (2011) Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. Un informe desde Centroamérica y para Centroamérica. San José, Costa Rica

9. Fabricio Herrera (2017) Cambio y Justicia Climática en Honduras. Tres estudios de caso: Masca, Sambo Creek, La Tigra. Fundación Friedrich Ebert, Instituto Hondureño de Derecho Ambiental, Organización Fraternal Negra y Fundación Amigos de la Tigra

10. Ibid.

11. Eduardo Chaparro Ávila (2009) Los procesos mineros y su vinculación con el uso del agua

12. Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobada mediante Decreto Legislativo N° 120-2013, el 5 de septiembre de 2013

13. Fernando García Rodríguez (2014) Las ciudades burbuja. Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ZEDE en Honduras. Análisis Político Jurídico e la Legislación de las ZEDE.

14. Ver más en: Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (2014) REDD: Una colección de conflictos, contradicciones y mentiras

15. Presentación de los Programas: ONUREDD y REDD+, el 29 de septiembre de 2015. Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Minas, Medioambiente.

16. “Somos un enclave del colonialismo ese hace 500 años, y la situación empeora cada vez más. Somos víctimas de un modelo energético completamente depredador que socava los derechos colectivos y viola constantemente los derechos humanos. El 30% el territorio nacional ha sido cedido a las trasnacionales…” Palabras Proféticas: “Nuestra vida pende de un hilo”. Última entrevista con Berta Cáceres, 6 de marzo. Ver también: COPINH (2016) “Cumbre de los Pueblos contra el Extractivismo”, 16 de noviembre

Los problemas económicos no se resuelven vulnerando a la población y a su territorio

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Comunicado del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Publicado el 21 de enero 2018 en El Sol de Cuautla

Resulta pertinente compartir con los lectores algunas precisiones en torno a ciertas afirmaciones vertidas recientemente sobre la minería a tajo abierto por metales. Es en esta tónica que queremos responder a la confusión creada al mezclar al movimiento social contra la minería a tajo abierto con el tema del crecimiento económico del estado. En efecto, se necesitan alternativas ante el estancamiento económico que atraviesa Morelos. Sin embargo, esa necesidad no anula en absoluto las implicaciones nocivas, previsibles, múltiples e irreversibles de iniciativas que hablan de una minería “sustentable” a todas luces inviable, como la de la minería a tajo abierto por metales.

Resulta ingenuo suponer que el estancamiento económico del estado de Morelos lo va a resolver la minería a tajo abierto por metales. Esa actividad, en curso en diversas regiones del país, ciertamente promueve el bienestar económico… pero solamente el de sus dueños e inversionistas. Las concesiones del subsuelo que obtienen esas empresas son otorgadas sin consulta alguna a las poblaciones afectables. A pesar de su gravedad y de encontrarse ampliamente documentados, los efectos nocivos sanitarios, ambientales, económicos, sociales y culturales se ocultan. El volumen y valor económico de los metales extraídos no tiene nada que ver con lo que esas empresas, nacionales y extranjeras, dejan en las comunidades y al país, no sólo en términos económicos, sino de afectaciones a los territorios donde operan.

A quienes denunciamos los peligros de la minería a tajo abierto por metales ahora se nos exige en la prensa, de paso, nada menos que plantear alternativas económicas para sacar al estado de Morelos de su estancamiento económico. Es claro que se han de buscar esas iniciativas y esa tarea compete no sólo a quienes denunciamos a la megaminería tóxica; no sólo eso: su búsqueda debe hacerse con el concurso de la población y no a sus espaldas, y menos a costa de ella, de su salud y de su territorio.

La denuncia de la megaminería tóxica es una responsabilidad ineludible y colocar como alternativa económica valedera a ese tipo de explotación minera no sólo forma parte central de las campañas de desinformación sistemática de las empresas dedicadas a esa actividad, sino que elude la realidad de esas afectaciones, y pasa por alto para quién es ese desarrollo económico y cuál puede ser su costo. Basta, por ejemplo, darse una vuelta al municipio de Eduardo Neri y visitar la comunidad de Carrizalillo, en el vecino estado de Guerrero, para constatar lo que implica este tipo de minería para los territorios y poblaciones afectados por dichas explotaciones, incluyendo la violencia hacia la población, su desplazamiento, el daño a la salud, la seguridad de las empresas encargada al narcotrtáfico y a bandas criminales. Quienes han vivido sus efectos no tienen acceso a los medios de comunicación ni pueden pagar campañas publicitarias.

Hay inocentadas que pueden resultar muy caras. Es decir, no resolvamos la apetencia económica de las empresas a costa de nuestra integridad territorial, económica, cultural, ambiental y sanitaria, y tampoco a costa de nuestra dignidad. Por si todavía no se ha entendido, nuestra lucha no es por perpetuar la miseria, ni la dependencia, ni la falta de alternativas económicas, al contrario: es para responder a una situación inmediata de peligro que pone en riesgo nuestros territorios mismos, que son la fuente de toda actividad económica valedera. No hay “crecimiento económico” alguno cuando se pierde el territorio y se pierde la dignidad.

Hay que enfatizar que incluso si se generan riquezas, eso de ninguna manera significa que se vayan a repartir, es decir, “generación” no es “distribución”. ¿Qué tipo de contrataciones va a generar la empresa canadiense? ¿A qué se le llama “sustentabilidad” y cómo se usa esa palabra para imponer proyectos inconsultos? ¿Cómo se hacen cargo las empresas de las externalidades negativas ambientales y del daño a la salud de sus trabajadores y de las poblaciones? Esas y otras muchas preguntas de corte ético no son planteadas, ni resueltas, y ello no es casual, porque las respuestas contravienen a los intereses empresariales.

Los daños a la salud no son inmediatos, y el sueldo de un trabajador minero no le alcanza para el tratamiento contra el cáncer ni la insuficiencia renal, ni siquiera de él, y menos de su familia. Si nos preocupa el crecimiento económico, para no ser ingenuos, hay que ver más allá del inmediatismo y de la desinformación deliberada.

Y si de alternativas económicas se trata, la alternativa es simple: empecemos por reactivar el campo mexicano en toda su dimensión, con apoyos y reestructuración basados en una visión de soberanía, y que los bienes naturales sigan siendo bienes naturales y no elementos de negocios, de despojo y de daños al ambiente y a la salud…

Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
Red Mexicana de Afectados por la Minería

Más información:

– Morelos: Alamos Gold reenfocará esfuerzos con Proyecto Esperanza en 2018

– Rechazamos los diferentes mecanismos empresariales y gubernamentales que impulsan la minería

– El libro “El oro o la Vida. Patrimonio cultural y megaminería: Un reto múltiple” (Paul Hersch Martínez)

– Video: Patrimonio Biocultural y Megaminería tóxica en México y el Mundo: Un Reto Múltiple

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Informe: Treinta años de transgénicos en México

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Este 15 de febrero, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) presentó su informe “Informe: Treinta años de transgénicos en México” en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México.

>> DESCARGAR EL INFORME <<

Autor: Daniel Sandoval Vásquez

Revisión: Ana de Ita

Formación: Eva Sandoval Vásquez

Contacto: ceccam@ceccam.org – 5661 1925 – 5661 5398

Introducción:

En este documento hemos intentado reunir, por primera vez, los resultados más destacados al hacer el trabajo de indagar cuál ha sido, hasta el momento, el avance de los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos en México, a través de la localización geográfica de los sitios donde diversas instituciones y empresas han solicitado al gobierno mexicano la liberación de este tipo de cultivos al ambiente, con o sin ninguna medida de control.

El archivo cartográfico que nos ha servido para mostrar esta panorámica de los OGM a nivel nacional, fue construido tomando como base información oficial de prácticamente tres décadas, razón por la cual, nombramos este documento Treinta años de transgénicos en México. Para ello, hemos hecho uso de diversos informes con los ensayos autorizados para la siembra de OGM que, según esos documentos, dieron inicio en nuestro país en el año de 1988. Además, organizamos y procesamos la información contenida en parte de los dictámenes y registros con las solicitudes, que han sido presentadas por las empresas de transgénicos a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), desde el año 2005, hasta agosto de 2017. Finalmente, complementamos la información con la revisión de un conjunto de comunicados, leyes, reglamentos, etc., que aportan al lector algunos aspectos básicos (términos, nombres de instituciones y sus funciones, entre otros) para permitir una mejor interpretación de los datos que aquí presentamos.

Esperamos que el contenido de este nuevo material se convierta en una aportación útil para la  discusión del tema, sobre todo, en un contexto donde algunos personajes del gobierno y los representantes de un grupo muy reducido de instituciones y empresas (principalmente extranjeras), pretenden continuar con la imposición de la producción y consumo de transgénicos en nuestro país, aún cuando las comunidades directamente afectadas, grupos de académicos y científicos a nivel nacional e internacional, etc., siguen fundamentando por qué es necesaria e incluso decisiva la oposición a este tipo de proyectos.

Situación general del avance territorial de los cultivos transgénicos en México:

Cuando internacionalmente las empresas e instituciones de transgénicos y sus promotores comenzaron a difundir su conocido discurso sobre los supuestos beneficios en la aplicación de la biotecnología, México fue uno de los primeros países donde dieron inicio las solicitudes para realizar ensayos experimentales con OGM.

En México, la historia de la “liberación” legal de transgénicos al ambiente comenzó cuando en 1988 la empresa Sinalopasta (en aquel entonces propiedad de la estadounidense Campbell’s) solicitó la autorización para la siembra experimental de tomate transgénico, la cual le fue autorizada ese mismo año.

El mapa 1 muestra la ubicación de esa primera solicitud de 1988 y los 356 sitios solicitados para la liberación de transgénicos que le han seguido hasta agosto de 2017. Este mapa une de forma general la ubicación de todos los permisos para el cultivo de transgénicos en el territorio mexicano.

Periodo 1988 al año 2004

A principios de los años noventa, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) fue la responsable de la bioseguridad y se apoyó en un grupo interdisciplinario de científico que constituyeron el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA), quienes definieron la política, con base en el “principio precautorio” y el establecimiento de la carga de la prueba a los productores de OGM y se elaboró la NOM 68 FITO (1994), antecedente de la NOM 056 FITO 1995, para el manejo de transgénicos [2].

En 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por seis secretarías de estado.

En 1993, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) solicitó la primera prueba de campo para maíz transgénico, a la que le siguieron otras del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT).

Todos estos ensayos se realizaron en una escala mínima, nunca mayor a una hectárea y tomando medidas estrictas de control. Entre 1996 y 1998, ante el crecimiento de solicitudes de experimentación en campo con maíz transgénico, el CNBA recomendó establecer una moratoria a su siembra, por ser país centro de origen y diversidad. La SAGARPA en 1999 puso en marcha una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz transgénico, que se mantuvo hasta el 2005. [3]

Entre 1998 y 2004, se otorgaron 317 permisos a 38 empresas, 3 institutos de investigación, universidades, etc. para 26 cultivos experimentales de OGM en 48 sitios, de 17 estados del país. La superficie total sumó 667,510 hectáreas, casi el 90% de ésta para algodón, en fase experimental o piloto.

[1]. La empresa Sinalopasta fue adquirida en el año 2012 por la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente.

[2]. Destaca que el 20 de diciembre de 1995, fue publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-056-FITO-1995 , aprobado el 7 de noviembre de 1996 y, que desde ese momento, comenzarían a defi nirse de forma más específi ca qué características tendrían las medidas de control o requisitos establecidos por el gobierno mexicano, para la importación y liberación al ambiente de transgénicos. En cuanto al marco institucional, en el año 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por titulares de la SAGARPA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

[3]. José Antonio, Serratos Hernández, “Bioseguridad y dispersión de maíz transgénico en México”, en Revista Ciencias  92-93, UNAM, octubre 2008- marzo 2009, México p. 133-134.

>> DESCARGAR EL INFORME <<

Más lecturas:

#AlertaMaíz: la supensión de la siembra de maíz transgénico en México se mantiene por ahora

Campeche: opositores a la soya transgénica denuncian el contubernio del poder judicial con Monsanto

Documental: “Monocultura: La expansión de los monocultivos en América latina”

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Documental. 2017
Duración: 35′
Idioma: Español
Producción: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México; Amigos de la Tierra Internacional (ATI); Red Latinoamericana Contra el Monocultivo de Árboles (RECOMA)
Guión y Realización: Aldo Santiago (periodista independiente) y Claudia Ramos (integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)
 
Les compartimos este documental disponible en nuestro canal Youtube, sobre la expansión de monocultivos de palma de aceite y piña en América Latina, realizado por Aldo Santiago, periodista mexicano independiente, y Claudia Ramos, integrante de la organización Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Muestra el avance de esta plaga en territorios de Colombia, Guatemala, Honduras y Costa Rica, donde la monocultura afecta los derechos colectivos de los pueblos a un medioambiente sano, a la salud y a la soberanía alimentaria.
 
“Este documental es una denuncia de los casos de violaciones a los derechos humanos, despojo de tierra, ocupaciones de territorios de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y negras, que genera la expansión de monocutivos alrededor de América latina”, explica Claudia Ramos. “Esperamos que sirva para darnos cuenta y actualizarnos con respecto a la lucha en contra de este despojo y en contra del sistema de agroexportación que impera en América central y en Colombia, el cual está basado en la comercialización de productos no básicos para la alimentación.”
 
En este material audiovisual de 35 minutos, hombres, mujeres, trabajadore/as, investigadore/as, defensores y defensoras de estos países nos cuentan cómo las empresas, entre las más conocidas la Reforestadora de Palmas del Petén, S.A. (REPSA, empresa de Guatemala a quien la compañía suiza Nestlé recién dejó de comprar aceite de palma) y Dinant (productora de palma aceite hondureña, propiedad de la familia Facussé), no solo invaden territorios y destruyen los bienes comunes naturales, sino que también impactan en la identidad cultural de las comunidades.
 
“Es un mundo que nos presentan, tenemos presentado una monocultura como la más importante, la única que podemos utilizar”, denuncia en el documental Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), quien lamenta que “en lugares donde habia antes grandes plantaciones de maiz, ahora hay grandes plantaciones de palma”. “Ahora no solamente es la familia Facussé quien impulsa los monocultivos de palama, sino también los pequeños productores, bajo la presión del gobierno que les dice que van a tener más recursos y mas ingresos”, explica la defensora cuya organización acompaña a comunidades afrodescendientes garífunas afectadas por la expansión de la palma entre otros megaproyectos.
 
Las imágenes del documental fueron grabadas durante el año 2014 en el marco de la gira de la “Caravana Climática por América latina”, un proyecto de documentación de resistencias contra megaproyectos y por la justicia ambiental que llevaron acabo periodistas independientes de México y América latina, entre los cuales Aldo Santiago, con vista a la Conferencia de las Partes del Convenio de la ONU sobre Cambio Climático (la COP 20) organizada en diciembre de ese año en Lima, Perú. Fueron complementadas con otras imágenes registradas en el 2016.
 
Les invitamos a compartir este material ampliamente y difundirlo en comunidades amenazadas o afectadas por la explansión de monocultivos u otros megaproyectos. “Las herramientas audiovisuales nos sirven para espejearnos”, comenta Aldo Santiago. “Permiten rescatar historias, contextos, procesos de la gente en distintos lugares para luego presentarlos en otro lugar donde se viven situaciones similares. Las personas que miran el video no necesariamente están viviendo la misma situación, pero el material audiovisual les permite preguntarse en qué momento están, a verse a sí mismos, sin que sea su propia historia.”
 
Más lectura:
 
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VIDEO: Comunidades de Alto Lucero y Actopan en Veracruz se declaran libres de minería

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Comunicado de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) – Xalapa, Veracruz, a 7 de febrero 2018

  • Asambleas agrarias y populares presentan citas por medio de las cuales se declaran como territorios libres de megaminería.
  • Manifiestan a autoridades estatales y federales la decision autónoma de no permitir actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y el medio ambiente.
  • Establecen que la libre autodeterminación se encuentra plenamente respaldada en el derecho agrario y los convenios internacionales firmados por México.

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Este miércoles 7 de febrero de 2018, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de Actas de Asamblea que constatan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como “pueblos libres de megaminería tóxica”. Representantes de la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica (UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida (PVUDV) – organizaciones que encabezan la defensa del territorio en estos municipios de la región central-costera de Veracruz – declararon que esta decisión se empata en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La entrega de las Actas a las dependencias del gobierno federal y estatal es para mantenerles al tanto sobre una decisión que hemos tomado, con plena libertad y autonomía, sobre nuestro territorio (…) para proteger la vida, la salud y el medio ambiente”, dijo Ascención Sánchez Vásquez, quien preside la UVPLMT. “Esperamos que nuestros gobernantes respeten la decisión que hemos tomado.”

La inconformidad de los pobladores de Alto Lucero y Actopan tiene su origen en la entrega, por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal, de veintiún concesiones mineras para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo. A partir de estas concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado, desde 2011, desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominados “La Paila” (antes “Caballo Blanco”) y “El Cobre”, respectivamente.

“Desafortunadamente, México cuenta con muchas experiencias sobre el terrible daño ambiental y social que provocan los megaproyectos por tajo a cielo abierto”, estableió Guillermo Rodríguez de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). “De no hacer nada, Veracruz corre el riesgo de presentar los daños permanentes asociados a la ambición desmedida de las mineras.”

Los representantes de la UVPLMT y PVUDV notificaron por medio de copias de sus Actas de Asamblea a la Presidencia de la República, Secretaría de Economía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a nivel federal. En Veracruz, notificaron a la Secretaría de Medio Ambiente y al Gobierno del Estado.