Más de 200 organizaciones denuncian demanda multimillonaria por empresa minera estadounidense contra Guatemala

Comunicado de Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo Minero (Movimiento M4) – A 25 de abril 2019

 

227 organizaciones y redes guatemaltecas e internacionales firmaron la carta que fue entregada hoy a instancias del gobierno guatemalteco y la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. En ella se denuncia la demanda de US$300 millones de dólares de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en contra del estado centroamericano por ser un intento descarado de socavar la voluntad de las comunidades afectadas por su proyecto así como la decisión de las cortes en Guatemala. La empresa presentó su demanda en diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

Miembros de la resistencia pacífica ‘La Puya’ presentaron la carta a representantes del gobierno durante una cita en el Congreso, incluyendo representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, además del Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.

Las organizaciones firmantes constatan que la demanda “representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala”. Señalando un aumento de presión sobre la Corte Constitucional por parte del Presidente Jimmy Morales por decisiones judiciales tomadas en torno a proyectos mineros, además de su intención de frenar investigaciones sobre corrupción en los altos niveles del gobierno.

“Nos preocupa que con esta demanda, KCA intenta presionar a las autoridades en Guatemala para lograr un arreglo y desestimar los múltiples problemas judiciales y la oposición social que le han prevenido operar su mina de oro Progreso VII Derivada. Esto sería otro claro ejemplo del ‘efecto escalofriante’ de las políticas regulatorias que tratados como el DR-CAFTA conllevan”, dijo Manuel Pérez-Rocha del Institute for Policy Studies de Washington D.C.

La suspensión de la mina de KCA fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia en Guatemala en el 2016 por falta de consulta previa con las comunidades indígenas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, al norte de la ciudad de Guatemala. Dicha suspensión sigue vigente, mientras que la decisión final de la Corte Constitucional está pendiente.

Sin embargo, aún y cuando la Suprema Corte ordenó la suspensión, la empresa siguió operando la mina. A consecuencia de ello, el propietario Daniel Kappes y el representante legal de la compañía también se encuentran bajo investigación penal en Guatemala por el delito de explotación ilegal de recursos naturales. Además, la empresa fue condenada por haber operado sin licencia de construcción.

“El proyecto de KCA está plagado de ilegalidades y aún así los dueños se sienten libres para entablar un arbitraje en contra de Guatemala. Este tipo de chantaje, el cual busca socavar las decisiones de la Corte, así como la resistencia pacífica y los derechos de las comunidades no se debería permitir. Desgraciadamente, ya hemos visto antes que se utilice este tipo de arbitraje por las mismas razones”, dijo Carla García Zendejas del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés).

En marzo de este año, la resistencia pacífica ‘La Puya’ celebró siete años de mantener un plantón las 24 horas al día, los 7 días de la semana afuera de la entrada de la mina. La oposición se ha centrado en los posibles impactos de la mina en el agua y el ecosistema de esta zona seca, la cual pone en perjuicio la salud pública y el ambiente. Por su lucha persistente, miembros de la resistencia han sufrido intimidaciones, amenazas y criminalización, además del intento de asesinato de un miembro del grupo en junio de 2012. Desde que KCA presentó su demanda surgieron preocupaciones por la militarización de la zona, además de nuevas amenazas y actos de intimidación en contra de miembros de la resistencia. El gobierno guatemalteco ha fichado a la resistencia pacífica ‘La Puya’ por estar en contra del desarrollo, acusando a las comunidades de ser las responsables de la demanda multimillonaria.

“La demanda de KCA es un ejemplo actual de colonialismo empresarial. Un miembro del elite de interés extranjero espera beneficiarse a costa del pueblo y del planeta empleando la violencia junto con maniobras legales y políticas”, comentó Laura Martin, Directora Ejecutiva de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada (PLAN por sus siglas en inglés).

Los representantes de PLAN también entregaron la carta a la empresa en sus oficinas en la ciudad de Reno en el estado de Nevada este miércoles.

En solidaridad con ‘La Puya’ y los residentes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, las 227 organizaciones hacen un llamado a KCA y al Gobierno guatemalteco para que se abstenga de intimidar a los jueces de la Corte Constitucional, y se permita no solo la independencia del proceso judicial, sino la toma de decisiones conforme a derecho. Al respecto, exigen que la empresa KCA desista de su demanda.

Ver una copia completa de la carta y la lista de adhesiones acá. 

To read the letter in english please click here.

Para más información:

  • Ellen Moore, Earthworks, emoore at earthworks.org, 202-887-1872×128
  • Laura Martin, PLAN, lmartin at planevada.org, 702-791-1965
  • Carla García Zendejas, CIEL, cgarcia at ciel.org, 202-374-2550
  • Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, manuel at ips-dc.org, 240-838-6623}

Más información: 

Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas? 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México 

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

Brumadinho 70 días después: Infinitas realidades de un mismo crimen

Reportaje publicado en  Agencia Latinoamerica y Caribeña de Comunicación (ALC) – A 23 de abril de 2019 

Rodrigo Zaim R.U.A/Christian Aid BRASIL-

Más de dos meses pasaron desde el 25 de enero. Hace más de dos meses que la vida de las personas de la región de Brumadinho (MG), se estacionó en el crimen cometido por la minera Vale do Rio Doce, de la represa Córrego do Feijão. Dos meses después del “alboroto” de la prensa tradicional y su cobertura cuantitativa: Número de muertos, desaparecidos, supervivientes, inversiones que cayeron, “dineros” perdidos.

  

De acuerdo con el informe de la SOS Mata Atlántica, divulgado en el último día 22 de marzo, el rompimiento colocó casi 13 millones de metros cúbicos de desechos de minería en el río Paraopeba, dejando el ecosistema local devastado, muerto.

Se detectó la concentración de hierro, manganeso, cromo y cobre, además del nivel de turbidez del agua sobrepasando los límites legales establecidos por el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama).

Alzira de Fátima, residente de la región cuenta que en los primeros días después de la ruptura, era posible ver pedazos de cuerpos humanos y muchos animales pasando por el curso del río. Ahora pregunta lo que será de ella, que cocinaba para los pescadores y se quedó sin ninguna renta. Al mostrar el cultivo de mandioca que tiene en el patio, pregunta: ¿Crees que puedo comer eso? No tengo el coraje… Está tan cerca de ese río contaminado. Debe estar contaminado también”.

En el caso del río Paraopeba, hay muchas personas cuyo sustento dependía de él. Pescadores, habitantes del lecho del río que vivían de la economía local generada por la pesca o plantaban su propio alimento, ahora aguardan los desdoblamientos.

Por medio de un Fondo de Respuesta Rápida de ACT Alianza, desde finales de abril el Foro Ecuménico ACT Brasil (FEACT), con la coordinación de KOINONIA, está actuando junto al Movimiento de Afectados por Represas (MAB), con apoyo psicosocial, distribución de agua y alimentos para familias afectadas.

Además, el trabajo también se dio en alianzas con el Ministerio Público (MPF), la sección local de Minas Gerais de la oficina del Defensor del Pueblo (DPU), la Iglesia Católica y el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC-MG).

Débora Matte es psicóloga de formación y actuó como orientadora y monitora de los equipos de atención psicosocial de la articulación MAB/FEACT – KOINONIA.

En cuanto a la naturaleza, Débora cuenta como se sintió al ver aquellos árboles de guayaba en el patio de una de las casas que fue a visitar durante el trabajo del grupo del apoyo psicosocial, “será que la gente no va a acabar comiendo esa guayaba en alguno tiempo? ¿Tiene una huerta llena de lechuga en el patio, ellas no van a nunca más poder tomar una hoja para colocar en el plato? “.

El MAB acompaña, denuncia y auxilia a las personas afectadas por el crimen en Brumadinho desde el 25 de enero, por medio de los equipos de voluntarios/as que se desplazaron a toda la cuenca del río Paraopeba y lo largo del río São Francisco, donde el lodo y la contaminación comienzan a llegar, dos meses después de la ruptura.

Desde enero, cerca de 760 familias están siendo acompañadas con apoyo psicosocial por medio de visitas a las casas; en el amparo a los habitantes en necesidades de emergencia, como para mantener la unidad de las comunidades y ayudar a la acción de los comités comunitarios locales; apoyo en asambleas para acceder a informaciones sobre desaparecidos, entre otras demandas específicas.

En la distribución de alimentos y agua potable fue posible alcanzar un número de 1390 familias atendidas, sumando las alianzas con las iglesias.

Considerando lo que sucedió en Mariana, es fundamental la presencia de organizaciones sociales, entre ellas las ecuménicas, para sumar y garantizar que la población no quede desamparada y vulnerable a los acuerdos propuestos por la Vale. La presencia de las Iglesias, del Movimiento de Afectados por Represas, Foro Ecuménico, entre otras, garantiza un equilibrio en la región y un apoyo para el protagonismo de las personas afectadas luchando por reparaciones y compensaciones.

Una de las conquistas fue la negociación junto a las comunidades y al Ministerio Público para indemnizaciones y medidas compensatorias por la Vale en el Tribunal de Justicia de Minas Gerais.

Después de la decisión judicial, Vale deberá pagar:

  • Para las personas del Municipio de Brumadinho, mensualmente por 12 meses – Un salario mínimo para cada adulto;
  • – Medio salario mínimo ( sm) para cada joven o adolescente;
  • – y 1/4 de salario mínimo para cada niño/niña.
  • Para las personas a lo largo del Paraopeba, que viven en un radio de 1 km, a cada lado del canal de río:
  • – Las mismas indemnizaciones provisionales decididas para Brumadinho: 1 s.m. por adulto, 1/2 s.m por joven o adolescente y 1/4 s.m. por niño, mensualmente por 12 meses.

Los crímenes como lo que ocurrió en Brumadinho no son aislados ya que la lista de impactos y amenazas provocadas por grandes empresas en relación al uso de bienes comunes no es pequeña en Brasil ni en otros países de América Latina. Mientras estos países sean tratados y legitimados como quintal de empresas como la Vale, crímenes como Brumadinho y Mariana, continuarán ocurriendo.

¿Y las vidas que quedan?

Débora y otros socios relataron que se hizo común en la región oír historias de niños dibujando cuerpos, sangre y helicópteros, en una señal clara de la experiencia vivida. La moradora Sara de Souza Silva cuenta sobre el trauma en sus hijos, que ya no pueden dormir solos.

“Para mí, Vale tenía que sacar todo el mundo de aquí. ¿Cómo los niños van a crecer con ese recuerdo? ¿Cómo va a quedar la cabeza de ellas en medio de ese fango? “. La región presenta escenarios distintos y complejos. En el centro de Brumadinho, la vida intenta mantener una normalidad, y las familias de la región de la Córrego do Feijão piensan en cómo seguir de aquí en adelante.

La relación con el gobierno local y la compañía Vale hace las cosas más difíciles, ya que ambos demostraron intereses mutuos en el debilitamiento de las negociaciones de mitigación. La población afectada está participando en comités (10 comités con una media de 100 familias cada uno) formados con la ayuda de la articulación del MAB/FEACT – KOINONIA desde la primera semana después del desastre.

Se comprobó que la minera responsable se infiltró con falsas víctimas en comités familiares, utilizó control digital ilegal, movilizó móviles donde había un trabajo del equipo psicosocial con niños y contrataron profesionales psicosociales. Ocasionando un flujo de voluntarios externos muy grande, con la propia comunidad relatando incomodidad con la situación.

La articulación MAB/FEACT – KOINONIA no sólo mejora la acción de coordinar las listas de familias atendidas y servicios de abogacía libre, pero también procura garantizar una contribución más sostenible a largo plazo, ya que con la experiencia adquirida en casos semejantes, la reconstitución y garantía de derechos puede tardar años.

Débora cuenta que se conocieron como “el personal de la casita”, pues se acabó estableciendo un círculo de confianza con la comunidad. “La gente acaba creando un vínculo con las personas. Las familias querían que la gente fuese en los velorios con ellas, se sentían seguras cuando veían al personal con nuestra camiseta. Llamaban a la gente a ir en las casas. Entonces ellos ven a la gente y ya saben que son personas con quienes ellos pueden conversar”.

Es necesario oír el dolor de las personas, y nosotros estamos allí para eso

Escuchar con empatía. Este es el verbo más utilizado por Débora cuando cuenta sobre el trabajo realizado por el equipo del apoyo psicosocial. Un dolor que no puede medirse, pero puede ser escuchado.

“Y cuando las operaciones terminen y la gente se olvide?, era una pregunta que Débora dice haber escuchado con frecuencia. No sólo ella, sino otras personas del equipo.

El apoyo psicosocial del MAB está allí para oír y dejar que aquellas personas sientan ese dolor. El momento es de dolor, y ellas necesitan sentir eso, estamos allí para sentir eso con ellos. Si no va a convertirse en un síntoma psíquico en algún momento después, no tiene como abrazar ese momento. Estamos allí para animar a la gente a hablar de sus dolores, ¿como ellos, como comunidad pueden organizarse para enfrentarlo juntos? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las demandas?

Incomoda aquel discurso que dice que la persona tiene que dar gracias a Dios porque no murió. Ella no murió, pero su vida está destruida. Perdió prima, tío, abuela, perro, la casa, la tierra. No es sólo dar “gracias a Dios”.

Nuestro papel es dar protagonismo a lo alcanzado. Porque normalmente son personas que no están acostumbradas a ser protagonistas. Es el mayor apoyo psicosocial que podemos colaborar con ellos. Hay muchas entidades que quieren colocar a esas personas en el papel de débiles. Y ese papel no favorece a la persona, ella necesita hablar y entender lo que está pasando.

La ciudad respira, despierta, duerme, almuerza y cena el crimen

El centro de operaciones de rescate está en la ciudad de Brumadinho. Entonces no tiene pausa, los helicópteros no paraban, usted estaba en la misa y los cuerpos sobrevolaban sobre usted; usted estaba hablando con las personas en la calle y pasabs otro cuerpo volando. Porque aunque estén en las bolsas, sabes lo que es. Y la gente está a la sombra de eso.

Otra cosa frecuente allí eran las sirenas. De madrugada, llovía, tocaba una sirena. Y nadie sabía el motivo de la sirena, no tiene ningún tipo de preparación para huir si otra cosa sucediera, no tiene entrenamiento de ruta de fuga, por otra parte, la otra minera vecina, de la MIB, continuó funcionando hasta que la justicia bloqueó su operación.

Hubo una noche que fui a conversar con un bombero, yo y un periodista, porque la gente escuchó un ruido extraño. Y la población allí, a la merced de las otras represas, de la falta de información. Es lo que me parece más cruel, la falta de información de Vale para con las personas.

Familias que perdieron cuatro, cinco personas. Es una situación que no tiene pausa. La vida de las personas hoy es la ruptura. Se detuvo el día 25. Todo el mundo conoce a alguien que murió. De dos a cinco velorios al día. El olor de la muerte está allí, aquel olor de pudrición.

Usted se lava el pelo y el pelo no se limpia

El agua que llega a la casa de la gente, nadie sabe de dónde viene. La Vale daba una noticia, pero de ahí nadie tenía confirmación de qué tipo de agua estaba siendo distribuida. Nadie veía el tal del camión abastecer.

No sabía si el agua era buena o mala, entonces el pedido era no beber ni cocinar, para eso sólo con agua mineral.

Yo me ensucié una parte de mi piel con el fango en uno de los días, y no salía. Me quedé tratando de sacar la mancha por más de 4 días. ¿Y quién vive allí? Eso está en el patio de su casa. Incluso tiene familia en el Córrego do Feijão que está viviendo sobre el lodo. Porque no quiso salir de allí, y es un derecho de ella. ¿Usted toma una familia entera y pone en un hotel, y después? El hotel es para una situación provisional. No es una cosa para que te quedes un mes, dos meses.

Las raíces de las personas fueron invadidas por el lodo, es el bien material e inmaterial

Para la Vale, quien es alcanzado es el agricultor. O las personas que perdieron un familiar o las que perdieron una casa. Pero hay alcanzados visibles y también los invisibles. Por ser una comunidad de interior, las personas viven mucho de subsistencia.

Prácticamente todas las casas tienen gallinas, huertas, frutas, y todo eso queda prohibido para el consumo. ¿Y cómo quedan esas familias y esos alimentos que son de ellas y ellas ya no pueden consumir? Porque eso es un tipo de renta que no es posible de ser comprobado.

Por ejemplo, un señor vino a buscar a la gente porque estaba teniendo problemas en el trabajo. El jefe estaba amenazándolo porque no estaba consiguiendo ir a trabajar por la falta de transporte.

Con el rompimiento de la represa, la carretera que conecta el Córrego do Feijão al centro de Brumadinho quedó prohibida. La gente tardaba dos horas en llegar al centro. Se quedaron aislados. No tenía autobuses, y no todo el mundo tiene coche.

Y tuvo una pelea en la justicia para que Vale suministrara transporte a la población. Siempre decimos a las personas que pueden exigir este tipo de cosas. Es un derecho de ellas. Porque en la cultura brasileña tiene una cosa que parece que la gente no conoce sus derechos. Entonces la persona se queda a merced.

Incluso explicarles que no necesitan un abogado, pueden contar con la defensa pública. Ellas pueden hacer una comisión, recurrir colectivamente, porque el colectivo tiene más fuerza que el individual. Y eso acaba protegiendo.

Foto: Rodrigo Zaim R.U.A/Christian Aid

Más información: 

[MAPA] ¡Esto no Vale! 

Solidaridad con las victimas de Brumadinho 

¡Aguas para la vida, no para la muerte! !Fuera empresas mineras de Brasil! 

El Movimiento de los Afectados por Represas en Brasil (MAB) denuncia nuevo crimen de la minera Vale

Invitación al primer Encuentro de Pueblos Afectados por el Modelo Extractivo

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), El Movimiento en Defensa de la Tierra y del Río Atenco, El Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas invitan al

Primer encuentro de Pueblos Afectados por el Modelo Extractivo en Zacatecas

 

 

 

De Zacatecas capital al ejido habrá traslado.

Link para registro: https://goo.gl/forms/ojOMsiFb6N0a9X9W2

Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

Compartimos el libro de Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en Inglés): 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias  >>Descargar el libro en Ingles<<  >>Descargar el libro en Francés<<

Se lanzó el libro “Promise, Divide, Intimidate and Coerce: 12 tactics palm oil companies use to grab community land” (Prometer, dividir, intimidar y coaccionar: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apropiarse de tierras comunitarias), una publicación conjunta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), GRAIN y una alianza de organizaciones comunitarias y locales unidas por su lucha contra las plantaciones industriales de palma aceitera en África central y occidental, entre ellas RADD, SEFE, Synaparcam de Camerún, Muyissi Environnement de Gabón, y ERA/Community Forest Watch de Nigeria. 

El objetivo del libro es apoyar a las comunidades que deseen fortalecer su resistencia y prepararse mejor para impedir que las empresas establezcan plantaciones industriales de palma aceitera en sus tierras.

Presentación: 

Dondequiera que operan, las empresas de plantaciones de palma aceitera utilizan tácticas muy similares para tratar de apoderarse de las tierras de las comunidades. Sabiendo que pueden contar con el apoyo de políticos y autoridades estatales de alto rango, las compañías suelen hacer promesas que no pretenden cumplir, tratan de silenciar y marginar a quienes se oponen a sus planes e intentan dividir a las comunidades.

Toda vez que sea necesario coaccionan, intimidan, acosan e incluso matan a quienes se oponen a sus actividades. Los aldeanos, especialmente en lugares remotos, a menudo piensan que esa violencia, intimidación y acaparamiento de tierras solo les ocurre a ellos. Los representantes de la comunidad pueden llegar a creer inicialmente las promesas de la empresa palmícola porque desconocen las experiencias de las comunidades de otros lugares.

Sin embargo, la realidad es que la violencia -particularmente contra las mujeres, y sumándose en este caso la violencia sexual- es una parte inseparable del modelo de plantaciones industriales, y que las tácticas que utilizan las empresas para apropiarse de tierras comunitarias se han perfeccionado a través de décadas de experiencia en todo el mundo.

La importancia de una comunidad unida

Este informe describe las principales tácticas utilizadas por las empresas para apoderarse de las tierras comunitarias. Toma en cuenta aspectos tales como:

  • ¿Cómo hacen las empresas para engañar a las comunidades de modo que éstas consientan en darles el control sobre sus tierras? -¿Por qué las falsas promesas hechas por las empresas sobre la generación de empleos locales o sobre la prestación de servicios de salud y educación son tan efectivas que logran convencer a las comunidades para que les permitan ingresar a sus tierras?
  • ¿Qué pueden hacer las comunidades para parar el robo de sus tierras y la destrucción de los manantiales, arroyos, ríos y bosques locales, así como de otros lugares que se ven afectados por las plantaciones?
  • ¿Qué pueden hacer las comunidades en situaciones donde la empresa ya se ha apoderado de sus tierras?
  • Y, ¿por qué los proyectos promovidos por algunas empresas y gobiernos en los que los campesinos cultivan palma aceitera bajo contrato para la empresa dan como resultado endeudamiento y pobreza para los agricultores participantes?

Este informe no es un manual paso a paso que si se sigue impedirá que una empresa establezca una plantación en tierras comunitarias. Sino que objetivo de este libro es apoyar a las comunidades que desean fortalecer su resistencia y prepararse mejor para impedir que las empresas establezcan plantaciones industriales de palma aceitera en sus tierras. Si una comunidad es consciente de las experiencias de otras comunidades en otros lugares, puede reconocer más fácilmente las tácticas de la empresa. Una comunidad puede entonces discutir diferentes respuestas con anticipación, de modo que cuando una forma de resistirse a los planes de la compañía fracasa, la comunidad puede perseverar e intentar de otra manera diferente, mientras se prepara para nuevas tácticas a las que la compañía podría recurrir.

>>Descargar el libro en Ingles<<  >>Descargar el libro en Francés<<

Más información:  

RSPO: 14 años de fracaso en eliminar la violencia y la destrucción generadas por el sector del aceite de palma industrial 

[AUDIO] Antonio Castellanos: «Ha habido deforestación» por siembra de palma africana en Chiapas 

Manual: 13 respuestas a 13 mentiras sobre los monocultivos de palma aceitera

Zacatecas: Acuden al Ejido de Atotonilco Gob de Zacatecas y empresa Camino Real para llevarse la maquinaria que de forma ilegal introdujeron al ejido

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas – A 4 abril de 2019 


REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE ZACATECAS Y LA EMPRESA CAMINO REAL S.A. DE C.V. ACUDEN AL EJIDO DE ATOTONILCO PARA LLEVARSE LA MAQUINARIA QUE DE FORMA ILEGAL INTRODUJERON AL EJIDO. LA POLICÍA ESTATAL ACUDE CON ELLOS. 

Hoy día 4 de abril, representantes del Gobierno Estatal, representantes de la empresa Materiales y Construcciones Camino Real S.A de C.V. acompañados por la Policía Estatal acudieron con un transporte para llevarse la maquinaria que tienen en el ejido. Pedimos a los medios de comunicación que estén atentos ante cualquier conato de violencia que el Gobierno del Estado pudiera realizar en contra de las personas que se encuentran en Atotonilco. Con dicho acto se comprueba la ilegalidad de las acciones del Gobierno del Estado y de la Empresa.

Cabe mencionar que en el ejido Atotonilco, donde el Gobierno Estatal pretendía construir la cortina de la Presa Milpillas, desde hace unos meses, la empresa Camino Real S.A de C.V. introdujo maquinaria al ejido de forma ilegal causando daños a la flora y fauna por tal motivo se interpuso una denuncia recibida el 11 de enero del 2019 en la oficialía de partes en la Delegación Zacatecas de la PROFEPA, misma que no se ha respondido por parte de la dependencia.

 

Además se presentó una ampliación de las quejas ante la Procuraduría Agraria Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a finales de octubre para denunciar dicha invasión y perjuicio, actualmente no se han respondido dichas denuncias.

El día 2 de abril, se presentó un comunicado con las pruebas de que no existen antecedentes registrales de permisos otorgados por los ejidos El Potrero, Atotonilco y Estancia de Guadalupe.

¡Ya basta de pisotear derechos humanos y colectivos!

¡No a la Presa Milpillas!

Firman

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas  y Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas – A 5 abril de 2019 

SACAN MAQUINARIA DEL EJIDO ATOTONILCO DONDE SE PRETENDÍA CONSTRUIR LA CORTINA DE LA PRESA MILPILLAS UN TRIUNFO PARA LA RESISTENCIA ZACATECANA EN CONTRA DEL MODELO EXTRACTIVO 

La organización regional en contra del proyecto de la Presa Milpillas obtiene un importante e inminente triunfo para la defensa del territorio y del río Atenco.

Por la mañana de 4 de abril, se informó sobre el arribo al ejido Atotonilco de representantes del Gobierno Estatal, y que su participación fue a través de la Policía Estatal que acompañó a la empresa Camino Real S.A de C.V. Empresa contratada a través de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente(SAMA) representante del Gobierno Estatal para retirar del ejido la maquinaria. Cabe mencionar que no se ha hecho público el contrato ni la licitación para los trabajos que realizó dicha empresa. Lo anterior con fundamento en que de los diversos contratos celebrados entre la SAMA y las empresas privadas en relación con la presa, disponibles en el sitio oficial de la misma dependencia, no existe contrato con la empresa en cuestión.

Festejamos con gran entusiasmo que se lleven las máquinas que se introdujeron de forma ilegal, es decir sin permiso de la Asamblea ejidal, por parte de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y la empresa Materiales y Construcciones Camino Real S. A. de C. V. lo que significa el reconocimiento del Gobierno del Estado y de la Empresa de que han actuado de forma ilegal y la muestra de que el pueblo organizado que exige sus derechos, asistido por el derecho puede hacer valido el principio de autodeterminación.

Ratificamos que la denuncia presentada el 11 de enero del 2019 en la oficialía de partes en la Delegación Zacatecas de la PROFEPA seguirá su curso, así cómo las quejas ante el Ministerio Público, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos que denuncian la invasión y perjuicio al ejido.

Reiteramos que el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco sigue fortaleciéndose y los ejidos de El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales así cómo las comunidades de las Bocas, Mezquite Blanco y Carretas dicen NO a la presa Milpillas.

Hoy más que nunca abrazamos la unidad de los pueblos que estamos resistiendo a este proyecto de muerte y le decimos al Gobierno del Estado que no permitiremos que vuelvan a invadir nuestro territorio. LA PRESA MILPILLAS NO PASARÁ

¡Ya basta de pisotear derechos humanos y colectivos!

¡No a la Presa Milpillas!

Firma

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

 

Más información: 

Zacatecas: Existen Alternativas al Proyecto Milpillas 

Zacatecas: Opositores a la presa Milpillas presentan queja ante Comisión Estatal de Derechos Humanos por violación a derechos agrarios y humanos  

Zacatecas: La policía interviene de manera violenta e ilegal en una asamblea sobre la presa Milpillas 

Zacatecas: Los engaños del gobierno en torno a la presa Milpillas

[MAPA] ¡Esto no Vale!

Mapa temático producido por el grupo de investigación ENVJUSTICE – EJAtlas del Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnología (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona 

>>Visita el mapa: ¡Esto no vale¡ Isso ñao Vale! Operaciones de Vale S.A y conflictos sociambientales<<

«¡Esto no Vale! Isso não Vale! Operaciones de Vale S.A. y conflictos socioambientales» un mapa temático de los conflictos socio-ambientales en el mundo causados por los proyectos mineros y de infraestructura de la empresa Vale S.A. Estos incluyen explotaciones mineras y represas de relaves como los que se rompieron en Mariana (2015) y Brumadinho (enero 2019) provocando la muerte a centenares de personas y dejando un panorama desolador de contaminación de tierras y ríos.

 

Este mapa fue coproducido por alrededor de treinta académico-activistas, investigadores independientes y activistas locales. Los autores de las fichas de los casos en EJAtlas se indican al final de cada ficha. Agradecemos a las organizaciones y colectivos que compartieron sus datos sobre los casos y que se movilizan y luchan todos los días en sus territorios, en los tribunales y en sus hogares. Un agradecimiento especial al Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens (MAB), Articulação Internacional da Atingidos e Atingidas pela Vale, Movimento Aguas de Gandarela, FASE, Jubileu Sul Brasil, Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) e o grupo de pesquisa de Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, Mining Watch Canada, JATAM Indonesia. 

El 25 de enero de 2019, un mar de lodo barrió edificios administrativos, el comedor de de la mina Córrego do Feijão y parte de la comunidad de Vila Ferteco en Brumadinho, Brasil, provocando el enterramiento y la muerte de más de 300 personas. Una tragedia humana y ambiental, inconmensurable y anunciada. Una vez más, la rotura de una represa de desechos en Minas Gerais, después del desastre de Mariana en 2015. Una vez más, la minera Vale estaba involucrada.

Esta compañía posee, en Brasil y en los demás países donde opera, una colección importante de casos de conflicto (la empresa opera en 27 países; en diez tiene oficinas, en catorze tiene proyectos activos y en tres países opera extracción de recursos naturales). Los conflictos se deben a violaciones de derechos humanos, procesos de licitación ambiental y compensaciones cuestionadas, multas ambientales no pagadas, daños irreversibles al medio ambiente y la destrucción de modos de vida de poblaciones indígenas y comunidades locales.  

>>Visita el mapa: ¡Esto no vale¡ Isso ñao Vale! Operaciones de Vale S.A y conflictos sociambientales<<

En el presente trabajo, con la contribución de investigadores y miembros de movimientos sociales de diferentes países, se han recopilado alrededor de 30 casos de conflictos ambientales donde la empresa Vale tiene sus operaciones. Éstos muestran cómo las negligencias, los descuidos y el terror vivido por la poblaciones afectadas por las tragedias de Brumadinho y Mariana, son sufridas y se repiten sistemáticamente dentro y fuera de Brasil. Esta muestra de casos incluye las voces de los que dicen: “No fue un accidente. Fue un crimen”.

Hace poco más de tres años, en Mariana, Brasil, la región de Río Doce fue completamente destruida por los desechos que bajaron de la represa del Fundão y que recorrieron más de 700 kilómetros hasta llegar al mar. Diecinueve personas murieron y decenas de familias perdieron sus casas por quedar completamente destruidas (Ver el mapa de las afectaciones de los accidentes de Brumadinho y Mariana).

Curiosamente, de Río Doce proviene el nombre originario de la Vale: Compañía Vale do Rio Doce (CVRD). En esta región del Estado de Minas Gerais, donde la empresa estatal CVRD surgió en 1942, es también la región donde ha crecido el miedo y la inseguridad debido a la instalación de numerosas represas. Otras poblaciones próximas, por ejemplo, a la Sierra de Gandarela y en Nova Lima, MG, también sufren los graves impactos en contra de la vida por los proyectos mineros y hoy en día, luchan contra la expansión de los proyectos de la Vale.

Este mapa ha sido creado gracias a la coordinación, investigación y trabajo gráfico del grupo de investigación EJAtlas en la Universitat Autónoma de Barcelona (Daniela Del Bene, Sara Mingorría, Grettel Navas, Lucrecia Wagner, Raquel Neyra, Max Stoisser), de Yannick Deniau del colectivo Geocomunes de Mexico y de Beatriz Saes de la Universidad Federal Fluminense. El texto aquí arriba es de Beatriz Saes.

>>Visita el mapa: ¡Esto no vale¡ Isso ñao Vale! Operaciones de Vale S.A y conflictos sociambientales<<

Más información: 

El Movimiento de los Afectados por Represas en Brasil (MAB) denuncia nuevo crimen de la minera Vale 

¡Ni en Acacoyagua, ni en Brasil! ¡Fuera la minería del mundo! 

¡Aguas para la vida, no para la muerte! !Fuera empresas mineras de Brasil! 

Solidaridad con las victimas de Brumadinho

[Artículo] México deja a Monsanto infestar con sustancias de alto riesgo: ONGs; todo es legal, dice empresa

Artículo publicado por Sin Embargo – Marzo 2019

Por Karen Castillo, México, marzo 25, 2019

El problema de regulación de los plaguicidas en México permite a transnacionales como Monsanto la venta de plaguicidas con ingredientes activos considerados como altamente peligrosos por la Red Internacional de Acción Contra los Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés), argumentan organizaciones civiles.

Marcas como Faena, Faena Forte, Harness y Harness extra de Monsanto son vendidas sin control y porque las reglas lo permiten, pese a que sus fórmulas contienen elementos como glifosato, acetoclor, clopirifos etil y alaclor, asociados con padecimientos endocrinos y también cancerígenos.  

El uso de los fertilizantes químicos tiene un lugar privilegiado en México. En 2017, el 69 por ciento del total de hectáreas sembradas en el país –15 millones 098 mil 297– hizo uso de este tipo de tecnología. La venta de productos químicos para el campo, incluidos los plaguicidas, se realiza bajo pocos controles estatales que son respetados por la empresas, pero que a su vez ignoran las recomendaciones internacionales sobre la toxicidad de cada una de los ingredientes activos, denuncian ambientalistas y científicos. La endeble regulación, que ha permitido el paso de 183 activos considerados como “altamente peligrosos” y otros 140 prohibidos en otros países, privilegia a las grandes empresas internacionales que tienen el oligopolio mundial de plaguicidas y semillas modificadas. De acuerdo con la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam), en el mundo cuatro empresas controlan el 75 por ciento del mercado mundial de plaguicidas: Dow Dupont, ChemChina, BASF y Bayer-Monsanto.

En México, Bayer- Monsanto tiene 456 productos inscritos en el Registro Sanitario de Plaguicidas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a pesar de que algunos de sus ingredientes activos –glifosato, acetoclor, clorpirifos etil, alaclor– se encuentran prohibidos en otros países al estar relacionados con padecimientos endocrinos y cancerígenos. 

Al respecto Rodrigo Ojeda, director Legal de Monsanto, dijo en entrevista con SinEmbargo que esta empresa opera respetando la regulación de cada país.

“Monsanto opera en los diferentes países con base a la regulación existente. La verdad es que sí, en ciertos países existe regulación específica en donde se establece o se manifiesta que no debe usarse un determinado agroquímico. Monsanto siempre es respetuoso de las leyes de esos países. En el caso de aquellos países en donde su análisis ha sido que ciertos plaguicidas no causan daño, nosotros conforme al marco jurídico seguimos presentando a las autoridades nuestros expedientes para la autorización de esos productos. Si aquí en México o en Estados Unidos las autoridades regulatorias determinan con su propio análisis de riesgo y la información científica que se les presenta es que el producto es viable para ser usado por los agricultores, nosotros procedemos hacia adelante”, explicó. 

EL CASO DEL GLIFOSATO

El glifosato actualmente es el herbicida más usado a nivel mundial. Fue creado por Monsanto bajo la marca Roundup y se ha comercializado desde la década de los 90 del siglo pasado.

De acuerdo con la Rapam, en México está sustancia activa cuenta con un total de 110 registros autorizados vigentes en cualquiera de sus usos. La mayoría de las formulaciones se destinan a cultivos de granos, hortalizas, frutas, caña de azúcar, café, entre otros. 

Su comercialización está autorizada para 45 empresas, entre ellas Monsanto, que cuenta con 21 registros con vigencia indeterminada que incluyen autorizaciones para el control de malezas en la agricultura, las áreas urbanas e industriales, el control de lirio acuático, en vías de comunicación, en jardinería y en productos destinados para exportación.

El activo forma parte de la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la PAN y del listado del grupo 2 de posibles cancerígenos de la Agencia Internacional para la Investigación para el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Un estudio realizado por la Red Internacional de Acción Contra los Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés) reveló que el glifosato es capaz de producir intoxicaciones agudas, daños en los riñones, hígado e intestino, cáncer, alteraciones endocrinas, disminución de fertilidad y daños en el feto, neurológicos, alteraciones hormonales y alteraciones del microbioma intestinal.

Por su parte, la empresa argumenta que el “glifosato inhibe una enzima que es esencial para el crecimiento de las plantas, pero que no se encuentra en los seres humanos, ni en los animales. Por tanto, su riesgo para la salud humana es realmente bajo”. Asimismo, niega que el plaguicida sea un producto cancerígeno e insiste en que existen más de 400 estudios científicos que así lo avalan. 

Para su defensa Monsanto retomó un estudio de 2015 realizado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés), en el que se descartó que el glifosato fuera carcinógeno en humanos, contraviniendo la decisión de la IACR tomada unos meses antes.

El estudio levantó una nueva controversia que llevó al Observatorio Europeo de las Corporaciones a realizar un análisis comparado de ambas investigaciones. Los resultados destacaron que la IARC había examinado sólo información pública y que había realizado reuniones abiertas a la participación de observadores que incluían a la industria y a organizaciones no gubernamentales. Por el contrario, la EFSA además de basar su investigación en información pública había retomado estudios financiados por la industria, proporcionados por un grupo de expertos encabezados por Monsanto.

EL JUICIO CONTRA EL GLIFOSATO

El pasado 10 de agosto, un juzgado de Estados Unidos ordenó a Monsanto el pago de 289 millones de dólares a Dwayne Johnson, quien padece un tipo de cáncer terminal: linfoma de no Hodking. El demandante alegó que el herbicida Roundup, que roció durante su trabajo como jardinero en el distrito escolar de benicia, era el causante de su enfermedad. 

María Colín, representante legal de Greenpeace, argumentó que estos casos son un primer referente jurídico de los posibles daños ocasionados por el glifosato que contravienen el discurso que hasta ahora sostiene la empresa.

“A nivel mundial lo que dicen las empresas es que hay demasiadas evidencias científicas como para decir que no se puede vincular afectaciones a la salud por parte del glifosato, esa es la manera en que ellas se conducen. La realidad es que los artículos científicos más recientes consideran que el glifosato también se puede ligar con linfoma de no Hodgkin, que es un tipo de leucemia en la sangre y con otras afectaciones a polinizadores. Y además se avala la evidencia de la IARC de que es un probable carcinogénico en humanos, aunque la evidencia comprueba el daño en animales. Los casos que se han judicializado están llegado a la conclusión de que empresas como Monsanto- Bayer han actuado maliciosamente ocultado información que ya tenían”, agregó.

OTROS PRODUCTOS DE MONSANTO

En el Registro Sanitario de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y LMR de la Cofepris, Monsanto tiene registrados 38 productos, 21 de ellos tiene como ingrediente activo al glifosato; cinco tienen como base alaclor (en uno de los casos combinado con atrazina) la sustancia activa de tres más es el acetoclor y otros dos tienen como base el clorpirifos etil.

Todas estas sustancias son consideradas como altamente peligrosas por la PAN y todas están prohibidos en por lo menos un país. Los datos de la Rapam atribuyen 48 prohibiciones al alaclor, 28 al acetoclor, dos al clorpirifos etil y una al glifosato. Por su parte, los datos de Greenpeace atribuye 6 cancelaciones al glifosato (Francia, Holanda, Sri Lanka. El Salvador, Dinamarca y Bélgica.

En el catálogo de productos herbicidas de protección de cultivos de Monsanto se encuentran diferentes marcas: Defensa, Faena, Faena Fuerte, Harness, Harness Xtra, Roundup y Rival. De este grupo por lo menos cuatro tienen altas concentraciones de glifosato (Faena, Roundup, Faena Forte y Rival).

Faena es la más conocida en todo México y de acuerdo con los datos ofrecidos por su representante legal este representa alrededor de un 23 por ciento del total de ventas de glifosato en el país. Para su adquisición existe una lista regional, sin embargo, su compra puede realizarse a través de plataformas digitales como Mercado Libre en la que tiene un costo desde 123 pesos.

Foto: Diego Simón Sánches Cuartoscuro

Más información: 

Encuentran glifosato y OGMs en muestras de harina de maíz de Maseca

[Artículo] Huachicoleo científico 

Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas?

Comunicado la Red Mexicana de Afectados y Afectados por la Minería (REMA)- A 6 de abril de 2019 >>Descargar el comunicado en pdf<<


El lunes 18 de marzo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, después de varios días en los que la incertidumbre del sector minero ponderó, a causa de las declaraciones que salieron desde la dirección de minas, en las que se anunció la revocación de concesiones mineras que presentaran irregularidades, finalmente, descartó la revocación de concesiones mineras, incorporando a su discurso la solicitud para que las empresas mineras canadienses cumplan con los mismos estándares que siguen en su país de origen.

“Lo único que pedimos es que actúen igual, como están obligados a hacerlo en Canadá. Que le paguen bien al minero, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen”, (AMLO conferencia de prensa matutina).

Nos impresiona que quien conduce este país tenga tanta ignorancia sobre un tema que lleva años generando serios problemas y gravísimos daños a la salud y al ambiente, un problema que se impone con sangre y ocasiona despojo y desplazamiento forzado, no sólo en México, sino en toda Latinoamérica y por supuesto, también en Canadá.

Los asesores que usted tenga, si es que los tiene, también deberían prepararse para que lo orientaran mejor y evitar que quede totalmente expuesto por el gran desconocimiento que deja ver con las palabras con las cuales, de “manera sencilla y simplista” expuso la temática minera.

Los daños, el despojo, el desplazamiento forzado están plenamente documentados en todo el mundo y, por si fuera poco, más allá de quienes desde la inversión protegen sus intereses, está claro que la minería no es un modelo de desarrollo para los pueblos, ni aquí ni en Canadá. En consecuencia, ¿De dónde saca usted Sr. presidente de México, que la minería en Canadá es un Modelo a seguir?

Canadá, a través de sus embajadas en el mundo, es quien pregona e impone leyes mineras a modo para que esta industria, inscrita en las bolsas de valores de Canadá, florezca a costa del saqueo y despojo que ocasiona en los países del mundo. De ese país también surge la retórica de la minería socialmente responsable, la “verde”, y la “sustentable”, todos criterios, que en la práctica no sólo son falsos, sino son una ofensa para quienes sufren las consecuencias de esta mal llamada industria de progreso y desarrollo.

Ese país igualmente es promovente de un marco 100% voluntario para las empresas mineras canadienses que operan en más de 100 países en el mundo, partiendo desde las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y de “Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos”, atiende a los estándares creados por las mismas empresas sobre “oro libre de violencia”, de buen manejo del cianuro, y ha instrumentalizado las universidades y académicos como un brazo de la política exterior de Canadá a través del Instituto Internacional de Canadá para Recursos y Desarrollo, y a partir de todo ello, construye un discurso lleno de barbaridades y retóricas que son un insulto cuando se les compara o contrasta con la verdadera dimensión de los daños que ocasiona. Ese país protege a sus empresas del no pago de dobles tributos fiscales, algo que, ya debería saberlo usted Sr. Presidente, está inscrito en los tratados comerciales.

Además, Canadá ha sido un fuerte promotor de los tratados y acuerdos para la protección de inversionistas extranjeras que les permite a las empresas mineras recurrir a tribunales supranacionales para demandar a los estados cuando hay medidas que afectan sus inversiones y ganancias y, por si fuera poco, llevan algunos años tratando de crear una figura denominada “Ombudsperson”, la cual demuestra que el gobierno canadiense no sabe qué hacer con la cantidad de quejas internas e internacionales que tienen por las terribles violaciones ocasionadas por las empresas mineras canadienses, de tal manera que, están en la antesala de abrir una oficina de atención, que será igual como muchas otras que hay en el mundo, no tendrá carácter vinculatorio para ni siquiera garantizar que se implementa sus posibles recomendaciones a las empresas o el estado, mucho menos servirá para meter a la cárcel a los dueños de esta industria que atenta contra la vida. Por lo tanto, estamos seguros será una oficina en donde se maquillarán, con respuestas laxas y débiles, la atención de casos y se sumará a las ya mencionadas estrategias de administración de conflictos. 

En 2017, Canadá ya tenía 63 minas metálicas en operación y la enorme cifra de más de 1,800 proyectos mineros en fases preliminares hasta 2018 (de acuerdo al Departamento de Recursos Naturales de Canadá), además de la descomunal cifra estimada de 10 mil minas abandonadas…sí…10 mil minas abandonadas, aunque vale la pena mencionar que ni siquiera en Canadá hay total exactitud sobre esta inmensa cifra, porque varias provincias, tal como sucede en México, no comparten la información como debería de ser.

El mayor desastre ambiental de la historia minera en Canadá ocurrió no hace muchos años, justo cuando le presumían al mundo que utilizaban la más alta tecnología del planeta. El 4 de agosto de 2014, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (propiedad de la empresa Imperial Metals), la cual arrojó 25 mil millones de litros de desechos tóxicos quedando destruida y para siempre, la quebrada Hazeltine y vertiéndose en el lago Quesnel, en el centro de la provincia de Columbia Británica, zona prioritaria para la reproducción de salmón e importante para los pueblos indígenas y las comunidades no indígenas que viven en la zona. Casi cinco años después, ni el gobierno provincial ni el gobierno federal ha aplicado ninguna sanción, multa o castigo a la empresa.

¿Otro ejemplo? La mina Gigante, que operó de 1948 a 2004 en el territorio noroeste de Canadá. Durante su proceso de explotación dejó un “producto secundario” altamente tóxico en cantidades absurdamente grandes: 237 mil toneladas de arsénico trióxido que mantienen congeladas y bajo tierra, lo cual es suficiente para acabar con toda la población del planeta. La empresa ya se marchó, así que es el estado canadiense, y en este caso, la población de Canadá con sus contribuciones, quienes deben pagar el mantenimiento de esta bomba de tiempo que supera $1 mil millones de dólares.

Tampoco es casualidad que, tal como sucede en México, en Canadá la legislación ambiental sea laxa y permisiva. En la provincia de Ontario, una jurisdicción principal para la minería en Canadá, no es obligatorio una revisión ambiental antes de construir una mina o iniciar actividades de exploración minera.

También las minas en Canadá operan protegidas a pesar de las resistencias y la oposición de la población; la mina Malartic (propiedad de Yamana Gold y de Agnico Eagle), una gran mina de oro a tajo abierto en medio de un centro urbano, tan sólo en el periodo que va del 2008 al 2015, ha cometido más de 171 violaciones a las leyes ambientales y más de 2,000 incumplimientos de las normas ambientales oficiales.

En Canadá las empresas que han dejado más de 10 mil minas abandonadas, en teoría legalmente están obligadas a hacer “remediaciones” en aquellos sitios que explotaron minerales, sin embargo, casi nunca realizan la remediación. Se estima que el costo de remediación para los miles de lugares contaminados por la minería, entre ellos sitios activos, suspendidos y abandonados, costaría arriba de $9.1 miles de millones de dólares canadienses, por lo tanto, sólo hacen pequeñas acciones que son toleradas por el estado y que están muy pero muy lejanas del costo real. Basta ver lo sucedido con la mina Tulsequah Chief, en el norte de la provincia de Columbia Británica, que ha generado drenaje ácido por décadas y contaminación con metales pesados en el río Tulsequah, fuente importante abasto para la pesca de salmón comercial y tradicional. A pesar de múltiples órdenes por el gobierno provincial para remediar este sitio y múltiples estudios pagados desde el presupuesto público, la contaminación persiste. El gobierno provincial no ha sido capaz, ni ha tenido la voluntad política, para asumir el problema, prefiriendo depender de las empresas. Sin embargo, las empresas involucradas han entrado en la bancarrota sin la capacidad económica para operar una planta para el tratamiento de aguas, lo cual sería necesario para atender la contaminación que este sitio genera permanentemente.

Ante la voracidad de la minería moderna y los métodos empleados para la extracción de recursos, la idea de “remediación” de las zonas explotadas, es una burla al intelecto humano, es algo que no hay forma de que pueda ser considerado serio, menos aun científicamente posible, sobre todo por los costos significativos que ello implicaría. Los programas de remediación y cierre son expresiones cosméticas.

En Canadá las empresas mineras tampoco respetan a las poblaciones afectadas por los proyectos mineros. Bajo el concepto legal de “libre entrada” las empresas prácticamente pueden explorar cualquier zona (tal como ocurre en México). Hasta ahora, es la organización y la movilización social en defensa del territorio lo único que ha logrado detener los proyectos mineros a lo largo de nuestro continente. Se puede citar la lucha ejemplar para la defensa del territorio de las hermanas y hermanos del pueblo indígena Tsilqot’in y pueblos vecinos, y su lucha para defender el lago ‘Tetzan Biny’ (traducido ‘el Lago de Peces’), en el oeste de Canadá quienes, tras 20 años de lucha, lograron detener un proyecto minero. No fue con la ley, como supone debe ser, sino con lucha, con resistencia, con ejercicio y defensa de los derechos desde los propios pueblos, construyendo unidad y peleando durante repetidos procesos de revisión ambiental, porque el estado canadiense, al igual que el mexicano, se basa en un marco legal y político colonialista que aún facilita el despojo y la destrucción ambiental.

Al igual que sucede en México, en Canadá las empresas aportan una miseria a la economía del país. Según una investigación, en 2018 de los pagos a gobiernos reportados por las empresas mineras canadienses, y debido a muchos mecanismos en Canadá para minimizar impuestos y regalías sobre las operaciones mineras, las autoridades canadienses recaudan un porcentaje del valor del mineral extraído mucho menor comparado con otros gobiernos en el mundo. No por nada nueve provincias y territorios de Canadá son dentro de las veinte jurisdicciones más atractivas para la inversión en la minería según el último informe del Fraser Institute

La Asociación Minera de Canadá destaca que el aporte de la minería al PIB en Canadá ha variado entre 2.7 a 4.5%, siendo 3.3% en 2017, lo cual incluye el procesamiento de minerales y la fabricación de productos secundarios. Considerando únicamente el valor de la extracción de minerales metálicos sería 1%. Además, es también falso que estas empresas generen tantos empleos aquí o en Canadá. En 2017, la extracción minera y servicios relacionados generó apenas el 0.7% del empleo total.

Cerramos diciendo que, hace apenas unos días se hizo público que el estado canadiense enfrenta la primera demanda sobre la responsabilidad que tiene por su diplomacia minera en contexto de conflicto y el aumento de peligro para las comunidades afectadas por la minería fuera de Canadá. 

Es una pena que las y los políticos de nuestro país sean porristas de quienes son los principales artífices de la depredación minera en el mundo. Canadá no es un ejemplo a seguir, es todo lo contrario, es de donde nace, se refresca y se impone el modelo mundial de extracción de minerales.

La responsabilidad del estado mexicano es proteger y resguardar a su gente, los bienes naturales y nuestro territorio. Para ello debe haber un compromiso con la vida y no con la muerte, ni menos con el dinero. En REMA le queremos decir que ello es posible Sr. presidente, países hermanos lo han logrado sin miedo, sin retóricas, lo han hecho tomando en cuenta la historia y el sufrimiento de la violencia generada por la minería, como lo demuestran las y los hermanos de la República de El Salvador, en donde un pueblo valiente hizo valer su derecho y su razón ante las y los legisladores hasta que estos establecieron la prohibición de los proyectos de muerte.

TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afetados por la Minería

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Más información: 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México 

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

[Boletín] ONGs conservacionistas: ¿Qué intereses protegen en realidad?

Boletín informativo del  Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) >>Descargar el boletín en pdf<<

Presentación:

ONGs conservacionistas: ¿Qué intereses protegen en realidad? Nuestra opinión Más allá de los bosques: ONGs conservacionistas se transforman en “empresas”  

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: Avispa Midia, the Mulokot Foundation Suriname, Rainforest Foundation UK, All India Forum of Forest Movements (AIFFM), The Oakland Institute e integrantes del secretariado del WRM. 

Si antes las organizaciones conservacionistas se dedicaban a recaudar dinero para crear áreas protegidas en bosques supuestamente amenazados de destrucción, hoy éstas forman una verdadera «industria» trasnacional que administra y controla áreas que van mucho más allá de los bosques.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) cree firmemente que no es posible separar al bosque de las comunidades que de él dependen. Esa visión se opone a la de las ONGs conservacionistas, que defienden una naturaleza sin gente, inspiradas en el modelo de parques nacionales creado en Estados Unidos. (1) Por eso la creación y expansión de áreas protegidas sin comunidades viene siendo una preocupación constante para el WRM.

Es un hecho que los proyectos destructivos, como los madereros, mineros o de agronegocios, ocasionan impactos terribles sobre los bosques y las comunidades. Sin embargo, los parques de conservación, cuando imponen restricciones a la ocupación humana, también expulsan comunidades y/o prohíben que éstas usen lo que consideran su casa, de donde obtienen casi todo lo que necesitan, con el argumento perverso de que son las comunidades las causantes de la destrucción del bosque. 

Las verdaderas fuerzas destructivas avanzaron sobre los bosques al mismo tiempo que las ONGs conservacionistas. Esas organizaciones fueron cruciales en la construcción de la idea neoliberal de que la naturaleza sólo se salvará si se le establece un precio, ya que brinda «servicios» por los cuales hay que pagarle a alguien. Así nació el llamado «ambientalismo de mercado».

Esto les gustó a las industrias contaminantes: ahora tienen permiso para seguir contaminando mientras que muestran una cara limpia. Pueden «compensar» parte de las emisiones que generan al quemar petróleo, gas y carbón mineral pagando para «proteger» un bosque o establecer una plantación de árboles. Y en lugar de reducir sus emisiones, que son la causa de los cambios del clima, hacen propaganda de sus «buenas acciones».

A la inversa de lo que el sentido común podría indicar, las ONGs conservacionistas están entre los mayores beneficiarios de la destrucción de los bosques: lograron obtener un fuerte acceso a esta nueva fuente de recursos de las industrias y los gobiernos de los países más contaminantes, protagonizando proyectos que perjudican a las comunidades que usan y protegen los bosques. 

Una clara demostración de esto es el papel de dichas ONGs en los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques) alrededor del mundo, entre ellas The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI), World Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS) y Wildlife Works Carbon (WWC). Según estas organizaciones, el mecanismo REDD+ no sólo respondería a la crisis climática sino que también beneficiaría a las comunidades en las zonas de los proyectos. Sin embargo, la visión dominante de los programas y los proyectos REDD+, promovidos por estas organizaciones, es que las comunidades son obstáculos y representan amenazas para los bosques, por lo que se les termina prohibiendo o restringiendo su acceso y uso. (2)

Indice

  • Nuestra opinión: Más allá de los bosques: ONGs conservacionistas se transforman en “empresas”….2
  • La industria de la conservación: ¿Un sector con fines de lucro?……………………………………………………6
  • Mujeres indígenas Baiga en India: “Nuestra historia debe ser escuchada”……………………………………11
  • El pueblo indígena Wayana en Surinam y las ONGs conservacionistas: Una historia de “amor verdadero”…………………………………………………………………………………………………………………………..15
  • Desplazamiento y despojo en Tanzania: Cómo la “conservación” está destruyendo a los Maasai……20
  • Guatemala: Conservación perpetúa el saqueo de los bosques…………………………………………………..25
  • El Costo humano de las áreas estrictamente protegidas en la Cuenca del Congo………………………..29

ALERTAS DE ACCIÓN

  • India: ¡Se necesita tu apoyo urgente! ¡Más de un millón de personas están bajo riesgo de despojo de sus tierras y bosques!……………………………………………………………………………………………………………34
  • Brasil: Apoye al Cacique Babau y su familia…………………………………………………………………………….34
  • Únete al llamado por un nuevo enfoque de conservación…………………………………………………………..34
  • India: ¡Alto a la política brutal de “disparar sin previo aviso”!………………………………………………………34
  • Campesinos camboyanos contra el grupo Bolloré……………………………………………………………………..35
  • Argentina: No a las semillas transgénicas!………………………………………………………………………………35

RECOMENDADOS

  • WWF financia guardias que han torturado y asesinado personas………………………………………………..35
  • India: La conservación desde la comunidad en medio del conflicto……………………………………………..35
  • La Gran Mentira de la Conservación (“The Big Conservation Lie”)………………………………………………36
  • “Naturaleza cercada. Pueblos indígenas, áreas protegidas y conservación de la biodiversidad”………36
  • Nuevos Desafíos y Estrategias en Defensa de la Tierra y el Territorio (“New Challenges and Strategies in Defense of Land and Territory”)……………………………………………………………………………36 

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Ciudadanos canadienses, no Ottawa ni la industria, logran que mineras canadienses vayan a juicio

Artículo publicado por Radio Canadá Internacional (RCI)  

Por Leonora Chapman, amlat@rcinet.ca, 26 febrero, 2019 

Mineras canadienses que operan en el extranjero serán juzgadas en Canadá. Esto, gracias a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad y de ciertas ONG. La demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses. No viene de los partidos políticos en Ottawa, no viene de la industria minera, no viene de los inversionistas. En la mayoría de los casos no viene tampoco de la prensa. 

– Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica

>>Escuche la entrevista<< 

Un reciente artículo publicado por el Globe and Mail llamó nuestra atención directamente por el título: “La gente se está muriendo a causa de nuestras mineras. Es hora de que las muertes se detengan.”

Allí se señala que la mayoría de nosotros no asociamos los negocios canadienses con ataques y asesinatos. Pero que entre 2000 y 2015, 44 personas murieron como resultado de la violencia que rodea a las mineras de propiedad canadiense en América Latina.

El Globe cita un estudio de 2016 llevado a cabo por Shin Imai, un profesor de la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York, y que destaca, entre otros, que manifestantes opositores a las minas en Guatemala habrían sido golpeados, arrestados, secuestrados y fusilados. Que las mujeres de las comunidades aledañas a las minas han sido violadas.

Estas atrocidades, señala el Globe, rara vez son titulares en Canadá. Las víctimas son pobres y viven en lejanos países en desarrollo. Pero eso está cambiando dice el Globe.

Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica.

¿Qué le dice a usted ese título del Globe and mail?

“Me alegro de alguna manera que por fin el Globe and Mail está empezando a informar más profundamente sobre este problema. Lo está tratando como un problema sistemático a través de la industria minera. Estoy muy de acuerdo”.

Russell dice que le sorprende que el Globe and Mail informe sobre esto. Porque con excepciones, la prensa en Canadá no ha estado reportando correctamente sobre la amplitud de los problemas que las mineras canadienses están causando en muchas partes del mundo.

El director de Rights Action conoce muy bien los casos de Honduras y Guatemala porque está trabajando desde hace años en esos países apoyando a las comunidades indígenas afectadas por media docena de mineras canadienses. Grahame recuerda que en los casos en donde ellos se involucraron hay personas asesinadas, golpeadas, encarceladas injustamente. “En un caso específico se vio la violación de 11 mujeres indígenas en Guatemala, cometidas por parte de la seguridad privada de la compañía Hudbay Minerals, el ejército y la policía guatemaltecos”.

En 2007, guardias de seguridad privados, soldados y policías quemaron 100 casas, dispararon y golpearon a miembros de la comunidad Lote 8, y violaron a 11 mujeres, como parte de un desalojo ilegal y forzado en nombre de las compañías canadienses de Hudbay Minerals. Pero hay que informar más en profundidad dice Grahame.

Por donde pasa la solución

“En un país como Guatemala, que conozco bien, el tema no es cambiar un poco el comportamiento de las mineras canadienses. El estado guatemalteco es un estado corrompido, es antidemocrático, es un gobierno y estado racista y explotador. Y las compañías canadienses con el apoyo del gobierno canadiense, están haciendo negocios “felizmente” con ellos”.

Para el profesor de la Universidad del Norte de Columbia Británica, en cada caso en que una minera canadiense operaba en Guatemala, se manifestaban la corrupción, represión, desalojos forzados, destrucción del medioambiente, represión y violencia. “Es muy sistemático y es muy difícil de cambiar todo esto cuando estamos reconociendo un gobierno antidemocrático”.

Pero ahora y por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están demandando a las empresas mineras canadienses a través de los tribunales canadienses, en lugar de confiar en el sistema de justicia local. Este es el punto central del informe del Globe and Mail analiza Grahame Russell y “en este sentido es correcto”.

Todo empezó con la minera Hudbay Minerals en 2010, con sede en Toronto. Russell conoce muy bien el caso porque estuvo involucrado desde los inicio. Luego se dio el caso con la minera Tahoe Resources, con sede en Vancouver, que opera una mina de plata en Guatemala. Rights Action está apoyando a la comunidad afectada en este caso. El tercer caso es el de Nevsun en Eritrea. Esos son los tres casos que se encuentran ante los tribunales canadienses que tratan de responsabilizar a las compañías canadienses en Canadá por las violaciones de los derechos humanos que se ha dado en Guatemala en el caso de Hudbay Minerals y Tahoe Resources, y en el caso de Nevsun en Eritrea.

En el caso de que alguna de estas tres compañías pierda el juicio, eso tendrá implicaciones muy importantes. Básicamente, significará que las operaciones de las mineras canadienses en muchos países de América Latina y África tendrán que ser realizadas manteniendo en el mismo estándar de derechos humanos que existe en Canadá, dice el Globe and Mail de Toronto.

Es en Canadá donde se tiene que hacer justicia

Los casos avanzan en Canadá, no solamente porque es muy difícil conseguir justicia en países como Guatemala, Honduras y Eritrea, dice Grahame Russell.

“Están avanzando en Canadá porque es aquí donde se toman las decisiones de fondo. Aquí es donde se debe hacer justicia porque son compañías de canadienses y estadounidenses, con inversionistas de ambos países, con el apoyo de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Aquí es donde se toman las decisiones de fondo, donde se implementa todo. Es aquí donde se tiene que hacer justicia. Porque aquí se encuentran los actores principales”.

Cada vez se habla más en Canadá de las consecuencias del trabajo de las mineras canadienses en países extranjeros ¿Cómo lo explica?

Se debe a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad, y de ciertas ONG en Canadá dice Grahame Russell. La exigencia, la energía, la demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses.

Las demandas vienen de las víctimas de esos países, cuyas quejas llegan a Canadá a través de las ONG en Canadá, de los grupos de solidaridad. Vienen de canadienses que trabajan en esos países donde operan esas mineras.

Esto y más en la entrevista de Radio Canadá Internacional con Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica. Rights Action es una ONG canadiense involucrada desde hace mucho tiempo en el desarrollo comunitario, el medio ambiente y el trabajo de derechos humanos en toda América Central.

Más información: 

A nueve años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero 

VIDEO: Exigimos indagar el papel de la Embajada de Canadá en el caso Mariano Abarca 

Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca

#14M Mujeres, Agua y Energía No son Mercancía

Comunicado de Otros Mundos Chiapas y Movimiento de Afectados por las Represas en Latino América (MAR) – A 14 de Marzo de 2019 >>Descargar el comunicado en pdf<<

14 de Marzo Día de Acción Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos

Este 14 de marzo celebramos junto con otras organizaciones y movimientos a la lucha la lucha por la defensa de los ríos, el agua y las comunidades y refrendamos nuestro compromiso de resistencia a los proyectos de muerte de las represas.

Es lamentable que hasta el día de hoy las grandes, medianas y mini represas para la producción de energía y las presas para el abastecimiento de agua continúe siendo parte del modelo de gestión de agua y de energía en América Latina y en México. A pesar de que la denuncia de las afectaciones por los proyectos de represas ha sido denunciada debidos a sus impactos a los causes de los ríos, a los ecosistemas y por ser causantes de la desaparición, desalojo y desplazamiento de miles de poblados estos proyectos y el asesinato de cientos de defensores y defensoras de los ríos siguen imponiéndose, con grandes inversiones de las bancas financieras y para beneficiar a grandes empresas.   

Hoy en día nos unimos a la exigencia de cancelar definitivamente los proyectos de muerte que han amenazado durante años a miles de habitantes, como El Zapotillo en Jalisco, Paso de la Reyna en Oaxaca y La Parota en Guerrero. Todos los proyectos han sido planeados y/o construidos con negligencia, inviabilidad ambiental, corrupción e impunidad. 

Junto con nuestros compañeros y compañeras del Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR) exigimos la cancelación de la represa Hidroituango, causante de la casi desaparición del río Cauca y por el que el Movimiento Rios Vivos Colombia ha luchado en los últimos años.

También nos comprometemos a la lucha contra el poder corporativo de las empresas para denunciar a la empresa minera Vale, causante de varios desastres naturales en los últimos años, el más reciente en Brumadinho en febrero de este año.

Por este medio refrendamos nuestro compromiso por la justicia a Berta Cáceres, a su familia y al Consejo Cívico de Organizaciones de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Exigimos cancelación definitiva del proyecto Agua Zarca y también pronunciamos: Faltan Los Atala.

Junto con el MAR llamamos a exigir un modelo energético y de gestión del agua alternativo, porque mientras se sigan planeando y desarrollando proyectos para movilizar al sistema capitalista, es decir para generar electricidad o brindar agua para la minería, las Zonas Económicas Especiales, los monocultivos, la industria del papel, etc., los proyectos seguirán siendo para la muerte y no para nuestro derecho al agua y a la energía. Aun cuando se plante que los proyectos de generación de energía serán “renovables”, como los eólicos, las hidroeléctricas o las celdas solares mientras sigan teniendo el objetivo de producción de energía para las ganancias de los empresarios seguirán siendo para la muerte.

Hoy en día es necesario formarnos, capacitarnos, analizar y discutir el modelo energético capitalista, requerimos reunirnos para soñar juntos y juntas un modelo energético distinto y prepararnos para contar con mejores estrategias para la defensa de nuestros ríos y territorio, sin menos muertes y por una mejor vida.

¡Aguas para la Vida, No para la Muerte!

¡Ni Presas, Ni presos!

¡Mujeres, Agua y Energía, NO son Mercancía!

Firman:

Otros Mundos Chiapas A.C.

Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR)

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Foto: Copuveder 

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#14M Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos

Comunicado del Grupo Chiapaneco en contra del Modelo Extractivo – A 14 de marzo de 2019  >>Descarga el comunicado en pdf<<

Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos

“Mujeres, Agua y Energía No son Mercancía”

El Grupo Chiapaneco en contra del Modelo Extractivo nos conformamos por organizaciones, comités y movimientos en Defensa de la Tierra y el Territorio por los proyectos de presas, minas, palma aceitera, Zonas Económicas Especiales (ZEE), entre otros proyectos extractivos. Este 14 de marzo nos unimos a las acciones mundiales que realizan muchas comunidades, pueblos y organizaciones contra los proyectos de represas de muerte y a favor de los ríos y el agua.  

Expresamos nuestra contundentemente solidaridad con las y los compañeros del Movimiento Ríos Vivos Colombia que luchan contra el proyecto Hidroituango, hidroeléctrica ligada al abastecimiento de energía para la minería, la cual a pesar de diversas irregularidades técnicas en su construcción e inviabilidad ambiental y energética, las autoridades y la empresa llenaron su embalse, generando en 2018 inundaciones por el taponeo de su túnel poniendo en riesgo a cientos de personas alrededor del río Cauca, quienes desde el año pasado tuvieron que ser desalojadas y desplazadas por la amenaza de su rompimiento y actualmente viven en calidad de damnificadas. Este 2019 el río Cauca ya presentó evidentes daños, al punto de secarse, esto causó la muerte de más de 60 mil peces y afectó la seguridad alimentaria de alrededor de 170 mil personas.

En enero de este año vivimos junto con las poblaciones de Brasil una profunda indignación, por segunda vez en 3 años la empresa Vale es culpable de otro catastrófico derrame de desechos tóxicos de minería, también en Minas Gerais. Tres presas que almacenaban alrededor de 12 millones de m2 de desechos de minería con metales pesados (como níquel, plomo, mercurio, cadmio y zinc) se rompieron y viajaron 7 km. hasta llegar al río Paraopeba de la ciudad de Brumandinho, esto causó alrededor de 130 desaparecidos y 183 muertes. Vale es la principal empresa en el mundo para la producción de hierro y níquel, la impunidad empresarial en América Latina y en el mundo entero le protege hasta el punto que no se ha hecho responsable por las muertes y la devastación ambiental que ha causado. Con este derrame ha destruido dos cuencas de agua en una misma región y causado cientos de muertes de personas y del ecosistema.

En México, a casi tres meses de iniciar el año amanecimos el 20 de febrero con la triste noticia del asesinato del compañero Samir Flores, quien luchaba contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) y era responsable de la radio comunitaria de Amilcingo, Morelos. Por este medio nos solidarizamos con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, quien desde hace más de 5 años se opone a este proyecto federal con intereses privados de Abengoa, Bonatti, Elecnor y Enagas. El Proyecto Integral Morelos contempla dos termoeléctricas que contaminarían el aire por la emisión de gases óxidos de nitrógeno que provocarían lluvia ácida y empobrecerán la tierra, constituye también un gasoducto que pasa por la zona volcánica y un acueducto, que tan solo con su construcción el ruido ha afectado a las comunidades aledañas pero de construirse captaría 60 millones de agua del río Cuautla, en este río también se desecharían agua con metales pesados de las termoeléctricas.

Tan solo con estos tres casos podemos demostrar hoy, una vez más, que los proyectos de generación de energía y producción de minerales que sostienen un sistema económico y político capitalista nos dañan, nos asesinan, nos destruyen. Tan solo en año y medio el río Cauca, el río Paraopeba y el río Cuautla se encuentran en riesgo de desaparecer, contaminados por desechos tóxicos y con amenaza de ser devastados. Ahora llevamos en la memoria el nombre de Samir y de Berta Cáceres, los cientos de desplazados y desalojados del río Cauca y los cientos de muertos por la minera Vale.

En todos los proyectos de muerte las mujeres, las niñas y los niños son mayormente afectados, el extractivismo alimenta el sistema patriarcal que incrementa el despojo de tierra de las mujeres, fomenta la exclusión de la mujer en la toma de decisiones sobre su territorio, produce daños a la salud y alimentación, genera violencia y mercantilización de los cuerpos de las mujeres.

Los gobiernos y las empresas continúan impulsando estos proyectos, grandes, medianos, chicos. Acá en Chiapas el año pasado también quisieron imponernos el proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo y a los compañeros y compañeras de Guatemala les asesinaron por oponerse a los proyectos Pojom 1 y Pojom 2 que amenaza al río Ixquisis. No encontramos desarrollo en estos proyectos, ningún beneficio, nada de vida en ellos, sino al contrario solo muerte.

Este 14 de marzo prendemos una vela por cada uno de los asesinados y asesinadas por este modelo energético capitalista, por los ríos Cauca, Paraopeba, Cuautla, Ixquisis, el río Verde, San Pedro, Chacté, Cuilco y Santo Domingo. También reconocemos el importante papel de las mujeres en la defensa del territorio y cantamos la consiga: Mujeres, agua y energía no son mercancía.

También festejamos y manifestamos nuestra alegría por la reciente liberación de los compañeros presos políticos Clemente Cabrera Benítez y Tomás Cruz Valeriano, integrantes del Consejo y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) detenidos por su resistencia al proyecto Hidroeléctrico La Parota. La resistencia y la organización dan frutos y gracias a ella son liberados/as y protegidos/as compañeros/as o es posible la cancelación de proyectos, como por ejemplo la reciente anulación de la hidroeléctrica Las Crucitas, ubicada en Nayarit.

Hoy 14 de marzo exigimos la cancelación de los proyectos energéticos de muerte en Chiapas y todo el mundo.

¡Fueras las empresas de nuestros territorios!

¡Fuera las hidroeléctricas, termoeléctricas y mineras de nuestros territorios!

¡Ni presas, Ni pres@s!

¡Mujeres, Agua y Energía No son Mercancía!

¡Viva los pueblos en resistencia!

Firman:

ZODEVITE – Movimiento Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio; Concejo Autónomo Regional de La Costa de Chiapas; Centro de Derechos Humanos «Digna Ochoa» A.C.; Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de Santo Niño de Atocha de Frontera Comalapa; FPDS – Frente Popular en defensa del Soconusco «20 de junio»; Red de Mujeres Zoques Construyendo Esperanza; Otros Mundos A.C;. REMA – Red Mexicana de Afectados Por la Minería; MAR – Movimiento de Afectados por Represas de América Latina; MOCRI CNPA MN; La Voz del Pueblo;  Las Abejas de Acteal; Movimiento Reddeldía de Los Montes Azules y Parteras Nichim Dios 

 

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Foto: Acción 14 de marzo (Crédito: Angie Vanessita, dcdesingtk)

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