Sierra Norte de Puebla: El Subsecretario de Minería avala proyecto minero repudiado por comunidades indígenas

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Ciudad de México, 18 de diciembre 2018

  • Da respaldo a pesar de que el proyecto minero sería realizado sobre concesiones que violaron derechos, y por las cuales, está demandada judicialmente la Secretaría de Economía.

El pasado 9 de diciembre, el recién nombrado Subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, se presentó en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, para expresar su respaldo abierto y explícito al proyecto minero de oro y plata a cielo abierto que la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, pretende realizar sobre dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía le otorgó sobre dicho municipio.

Ello a pesar del rechazo público de diversas comunidades al proyecto, y a pesar de que las concesiones sobre las cuales pretende implementarse, fueron otorgadas violando derechos de pueblos indígenas y de ejidos del municipio. El Subsecretario soslaya incluso que existe un Juicio de Amparo interpuesto por la Comunidad Nahua de Tecoltemi, en contra de las referidas concesiones, en donde la Secretaría de Economía, que él representa, es la demandada.

El apoyo de Luis Francisco Quiroga se dio durante su asistencia a la 9ª Junta Informativa del proyecto minero Ixtaca, organizada por la empresa. En ella, el representante de la Secretaría de Economía, acompañado por integrantes de su equipo, elogió a la minera y su proyecto, afirmando que «los ojos de la minería mexicana están puestos en Ixtaca, que aquí está pasando algo que será el ejemplo de cómo se hace la minería en el resto del país», llamando «voces disidentes» a quienes defienden sus derechos y al territorio de la devastación y los daños que causa la minería a cielo abierto[1].

El día de ayer, entregamos una carta a la Secretaria de Economía, Lic. Graciela Márquez Colín, en la que manifestamos nuestro rechazo y condena por la presencia y declaraciones del Subsecretario en un evento de la empresa. En ella, y ahora también, preguntamos a la Titular de la Secretaría de Economía, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si acaso el proceder del Subsecretario es la muestra de la política con que el nuevo Gobierno Federal se conducirá en materia de minería, a pesar de la innegable conflictividad social existente en el país debido a la imposición de concesiones y de proyectos mineros; si acaso pretende dar continuidad al modelo extractivo minero impuesto por los sexenios pasados, y que sólo ha generado división, violencia, despojo y depredación de los recursos del territorio.

El Gobierno Federal tiene ahora una oportunidad única para demostrar que cumplirá con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, que no se conducirá con las mismas prácticas violatorias, y que por tanto, pondrá la vida y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y agrarias, por encima de los intereses de las empresas.

FIRMAN:

Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhuac

Consejo Tiyat Tlali

Fundar Centro de Análisis e Investigación

Red Mexicana de Afectados por la Minería

Contacto:

– consejotiyattlali@gmail.com  Cel. (044) 2331045534 y (044) 2225488060

– Diana Amador. Coordinadora de Comunicación Fundar:  dianaa@fundar.org.mx

[1] Lo dicho por el Subsecretario puede constatarse en el siguiente video que fue tomado durante la reunión:

{YOUTUBE}N8LNmajLKOs{/YOUTUBE}

Más información:

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

Los conflictos y controversias de la minería de Canadá en América Latina (que van en contra de su imagen progresista)

 

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 13 de diciembre 2018

Foto: Adelfo Regino Montes, Director General del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

Adelfo Regino Montes, originario del pueblo Mixe del estado de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), fue Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca y Secretario Técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (2010-2016), asesor también de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2016-2017), y asesor de distintas asociaciones y grupos indígenas como: Autoridades Mixes del Estado de Oaxaca, Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible y de Comuneros Ayuuk por la Agricultura Sostenible, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, integrante de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA), del Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Red Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, además de ser asesor del EZLN en los momentos álgidos del levantamiento de estos en Chiapas.

La experiencia curricular del Lic. Adelfo, es notoria y sin duda creemos fue significativa a la hora de su designación al frente del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Instituto que, por cierto, está lejos de atender las reales necesidades de los pueblos originarios, toda vez que nuevamente queda por debajo y a expensas de lo que determinen las Secretarías de estado. Al margen de ello, no deja de sorprendernos que el Lic. Adelfo, no explote al máximo su experiencia curricular, y sin todavía dar a conocer públicamente un planteamiento serio al respecto de los pueblos originarios, ya empieza a mostrar la clásica visión del capitalista minero, al pretender mejorar el reparto del Fondo Minero y compensar los terribles daños que los pueblos originarios, campesinos y equiparables están viviendo a causa de la actividad extractiva minera.

Es lamentable sea de esa manera como arranque lo que parece será el proyecto político minero para los pueblos originarios. Señala la implementación de un censo que le orientará el cómo repartir de la mejor manera los recursos económicos del Fondo Minero el cual, por cierto, sólo ha servido para lavar el pago de impuestos de las empresas, ha servido para sustituir las labores del estado y ahora sean las empresas quienes invierten en obra pública en los pueblos, pueblos que por cierto son destruidos, al mismo tiempo que los daños son maquillados con obras de oropel. Ha servido también para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se enriquezca de forma descarada y absurda, pero, sobre todo, ha servido para esconder la verdadera cara de la devastación que está detrás del mito de progreso y desarrollo minero.

También lo vemos muy animado y empujando el discurso de su jefe, el Presidente de la República, ponderando que ahora todo será a través de consultas como dirimirán su destino los pueblos, lo cual nos deja un amargo sabor de boca porque, lo único que constata esa propuesta, es la ignorancia que tienen sobre los efectos sociales y ambientales que genera el Modelo Extractivo Minero, a tal grado que en verdad creen se resolverá a través de absurdas consultas, aunque estas tengan los más altos estándares internacionales. ¿Por qué consultarle a un pueblo si está de acuerdo en que un megaproyecto le cambie la vida de forma negativa para siempre? La consulta no es un derecho, es una herramienta. Lo que es un Derecho, es el Derecho a la Vida.

La errónea política del que contamina paga debe de desaparecer, para transitar y actuar con mecanismos efectivos para la rendición de cuentas, que deriven en el encarcelamiento de los dueños de las empresas quienes, además de vivir a costa del despojo de nuestros bienes naturales, se dan el lujo de destruir todos los modos de vida de pueblos enteros sin que haya consecuencias al respecto. Igual de importante, es llevar a la rendición de cuentas a todos los funcionarios de gobierno quienes, utilizando las Secretarías de estado, trabajan en contubernio con las empresas, que los usan para ocultar todas las arbitrariedades y violaciones que ocasionan.

Lic. Adelfo, el dinero minero no rescata ni un sólo milímetro de los Derechos Violados de los Pueblos Originarios, tampoco repara los daños permanentes e irreversibles a la salud de la población, de la tierra, de los bienes naturales, ni del territorio, menos aún sirven para resarcir la ruptura y desaparición identitaria, cultural, lingüística, patrimonial que, si bien usted los menciona en los medios como fundamentales para los pueblos, es claro que no tiene una idea suficiente sobre lo que pasa en una comunidad que convive con una empresa minera. Darles más o menos dinero a los pueblos afectados por empresas mineras, es continuar con el proyecto de aniquilamiento, despojo y desplazamiento forzado que el Modelo Extractivo Minero ha impuesto en toda Latinoamérica, que lo ha impuesto a partir de estados desnacionalizados con leyes que ignoran las graves consecuencias que ocasiona la minería y, sobre todo que, bajo una visión mercantilista, creen que el dinero resuelve el fondo del problema.

Le proponemos que mejor impulse un censo para obtener toda información que los anteriores gobiernos han ocultado o en su acción de omisión no han generado. Por ejemplo; hacer el inventario de los destrozos integrales e interregionales generados por las empresas mineras, evaluar los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, estimar el volumen de los pasivos ambientales y sociales que nos están dejando como herencia en este país; que sirva para difundir las gravísimas violaciones a los derechos humanos, además de identificar los lazos de corrupción que existen entre funcionarios del gobierno, empresas y el crimen organizado. Un censo que aclare el saqueo de bienes minerales que las empresas no reportan en México, entre muchos otros ítems, que serían de gran utilidad y suficientes para llevar a la cárcel a los empresarios mineros.

Si estas líneas que le expresamos le hacen cambiar el rumbo de su plan, bienvenido sea. Por el contrario, si insisten en ponderar el mismo modo capitalista como lo fueron las tres administraciones anteriores, pronto se darán cuenta que la 4ta Transformación no será positiva, sino regresiva.

FIRMA:
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

Fondo de concesiones mineras, a revisión por el Instituto de Pueblos Indígenas

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desmiente categóricamente las afirmaciones de la REMA

El INPI toma la voz en la presentación de la agenda en temas de representación y participación política de los pueblos originarios de México

La Ley Minera propuesta por MORENA favorece el saqueo de los bienes naturales de los pueblos

Mensaje a AMLO: «Por un México y un Veracruz libres de minería tóxica»

Carta de Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida, Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica y La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – A 2 de diciembre 2018

Al Presidente de la República Mexicana, C. Andrés Manuel López Obrador
Al Gobernador del Estado de Veracruz, C. Cuitláhuac García Jiménez
A la Secretaria de Economía, C. Graciela Márquez Colín
A la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Josefa González Blanco
A la opinión pública,

Una de las consecuencias más terribles del modelo económico neoliberal, a lo largo de los últimos 30 años, es la proliferación de proyectos mineros a gran escala que destruyen ecosistemas y violan los derechos de comunidades rurales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Como lo mencionó el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador en su discurso inaugural, es necesario que el gobierno de este país deje de estar al servicio del saqueo.

Desafortunadamente, el Estado de Veracruz también es víctima de esta tendencia de saqueo en sus pueblos, ríos y ecosistemas. Desde 2005, particularmente los municipios de Alto Lucero y Actopan se vieron afectados por la imposición de múltiples polígonos de concesión para la realización de actividades de exploración, explotación y beneficio minero. En la actualidad, estas concesiones se concentran en dos proyectos de explotación: La Paila, antes Caballo Blanco –a cargo de la empresa canadiense Candelaria Mining Corp.—, y El Cobre –a cargo de Azúcar Minerals Ltd., empresa canadiense sucesora de Almadex Minerals Ltd., del mismo país de origen—.

Estos proyectos mineros ponen en riesgo la viabilidad de ecosistemas únicos en el mundo, producto del contacto entre el Eje Neovolcánico Transversal y el Golfo de México. Asimismo, generan una situación de violación potencial y actual de derechos humanos de los habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, quienes enfrentan ya invasiones a sus predios para la realización de barrenos exploratorios y que, de desarrollarse las explotaciones mineras, podrían enfrentar desplazamiento forzado, graves daños al abasto de agua, a la salud y a la viabilidad de las actividades económicas de las cuáles dependen para su subsistencia.

Ante este panorama, solicitamos al gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que, en el ámbito de sus competencias, revoquen todos los permisos otorgados para la realización de actividades mineras; que impidan el otorgamiento de permisos adicionales; y que declaren a la entidad veracruzana libre de proyectos de minería tóxica.

Asimismo, al Presidente López Obrador y a los legisladores del Congreso de la Unión se les solicita que se haga una revisión pública del marco normativo que permite el saqueo minero que ha dado lugar a más de 120 conflictos sociales a lo largo y ancho del país. Exigimos que, en la revisión de este marco normativo, participen activamente las comunidades afectadas por estos proyectos, así como la academia y la sociedad civil que han puesto en tela de juicio el modelo extractivo de saqueo y acumulación mineros. Es urgente que los gobiernos que recién inauguran sus mandatos se comprometan a promover el desarrollo local y sostenible de sus poblaciones. Como dijo el López Obrador: «Por el bien de México, primero los pobres».

¡Queremos frijoles, queremos pescado!

¡Fuera mineras de nuestro estado!

#VIDAoMINA

Atte,

Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida
Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental

Información relacionada:

VIDEO: Comunidades de Alto Lucero y Actopan en Veracruz se declaran libres de minería

 

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[AUDIO] El Tren Maya destruirá el último pulmón del sureste mexicano

En su participación en el último seminario de Otros Mundos A.C. en Kinoki, León Enrique Ávila, profesor en la Universidad Intercultural de Chiapas (Chiapas), expuso su punto de vista sobre la ampliación del «Tren Maya» en la Península de Yucatán. Se trata de uno de los 10 «proyectos prioritarios» de la administración entrante, que l@s Mexicanos están invitad@s a aprobar o rechazar en la Consulta Ciudadana Nacional de los 24 y 25 de noviembre.

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO EN MP3 <<

«Hay que reconocer que de Palenque a Merida y Valladolid ya hay líneas del Tren Maya que se crearon bajo el Porfiriato. Pero entre Cancun, Tulum, Sian Ka’an, Bacalar, Calakmul y Escárcega, es una línea totalmente nueva, que implica una destrucción significativa de selvas en México.

La propuesta del Tren Maya es que atraviese la reserva de Calakmul justo por el medio, al lado de la carretera. Van a partir a la mitad esta reserva que es el último pulmón que tenemos. Ya la reserva de la biósfera de los Montes Azules en la Selva Lacandona ha sido deforestada para siembra  de maíz. La otra reserva de la región que se verá afectada es Sian Ka’an. El tren tiene que pasar justo por el medio de esta reserva.

Los impactos serán fuertísimos. Simplemente al romper la reserva a parte de la carretera con otro tren, los animales van a tener un problema de conectividad y de traslado, los jaguares van a empezar a tener endemismos. Si simplemente con la ampliación de la carretera se dañó un lugar emblemático de murciélagos que se encuentran hoy despistados alrededor de la carretera, ¡imagínense el impacto que va a tener un tren! Estamos condenando a partir en dos la selva maya, imponiéndole una línea divisoria y condenándola a su extinción. El venado, el jaguar y todo lo que todavía queda por allá se perderá.

El 70% de las especies vegetales en el mundo ya están en peligro [según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN]. Entonces lo peor que podría hacer México ante esta conyuntura de colapso sería apoyar este tipo de propuestas que llevan al ecocidio y al exterminio de la vida.

El problema no solo son las vías del ferrocarril que van a implicar tirar miles de arboles. El otro problema es el desarrollo económico asociado al ferrocarril y es lo que no vemos. Es un gran proyecto inmobiliario que incluye resorts, shoppings, lotes residenciales, hoteles de gran calado, y reordenamientos territoriales.

La obra no la hace la Secretaria de Comunicaciones y Transportes con el objetivo de comunicar a los mexicanos y ofrecerles a los pueblitos la manera de sacar sus mercancías. La obra la hace el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), para que los 15 millones de turistas estadounidenses que visitan Cancun al año puedan moverse. Es una mentira que los mexicanos vamos a poder viajar con este Tren Maya y que nos va a alcanzar: va a estar en dólares. Va a ser como ir a hospedarse en esos hoteles de 5 estrellas de Cancun, Cozumel o Playa del Carmen.

Entre Escarcega y Calakmul, el nuevo trazo del Tren Maya destruiría miles de hectáreas de la Selva Maya

Las comunidades indígenas que son las supuestas beneficiarias del Tren Maya, no se van a beneficiar. No las están tomando en cuenta en la toma de decisiones, no las están involucrando en la participación. En esta consulta, menos las están tomando en cuenta en los proyectos empresariales asociados al Tren. Este es el problema de fondo: ¿Para quién es el proyecto? Para unos cuantos.

Hablan de un tren turístico y de un tren de carga también. ¿Qué va a transportar? ¿Petróleo? Campeche es el principal productor de petróleo en México. ¿O aceite de palma y soya? Hay monocultivos que están acabando con la selva como la palma de aceite  y la soya. Tiene que ver el Tren Maya con las nuevas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que están proyectadas en la Península de Yucatán, especialmente en Ciudad del Carmen.

El Tren Maya ha sido fuertemente apoyado por gobernadores de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el caso de Chiapas, uno de sus grandes impulsores es el gobernador Manuel Velasco, quien fue evocado en la prensa como el posible coordinador del Tren Maya. Y lo que actualmente criticamos es una inversion de alrededor de 150 mil millones, dos veces y medio el presupuesto del estado de Chiapas.

Debemos tener claro que estamos luchando por la selva, por la vida, y por el último pulmón del sureste mexicano. Si siguen avanzando los monocultivos de palma y de soya o la minería, la sobrevivencia no solo de las especies animales sino también del ser humano está en riesgo. Estos megaproyectos generan un impresionante impacto a la naturaleza que no es tan fácil mitigar con la reforestación. En el caso del proyecto «Sembrando Vida» [que prevé sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en 19 estados de la República, incluyendo los impactados por el Tren Maya], no es lo mismo sembrar canela que sembrar especies de árboles en base a la biodiversidad de la selva. No estaríamos componiendo la selva sino descomponiendola cambiando su composición florística.

La historia nos dice que los antiguos mayas tuvieron que dejar sus grandes ciudades por estrés ecológico. Algunos autores hablan de sequías prolongadas que los obligaron a migrar. Si me pueden asegurar que este proyecto no llevará al colapso del agua, de la vida y la ecología, entonces les doy mi voto para el Tren Maya.«

Foto: León Enrique Ávila en el seminario de Otros Mundos A.C. del 20 de noviembre 2018 en el Foro Cultural Independiente Kinoki

Más información:

Consulta sobre Tren Maya no llegó a los pueblos, comunidades y ejidos que impactará en Chiapas

Video: Indígenas de Chiapas rechazan el Tren Maya

Instantáneas de la consulta en el sureste de México

PDF: Elementos de Evaluación Ambiental Estratégica para el Proyecto Tren Maya

La Ley Minera propuesta por MORENA favorece el saqueo de los bienes naturales de los pueblos

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 23 de noviembre 2018

Foto: La mina de oro a cielo abierto Los Filos en Carrizalillo, Guerrero

Anda muy activa la bancada de MORENA realizando iniciativas de ley. Lamentablemente es muy visible el alineamiento de estas para optimizar el proceso para el saqueo de los bienes naturales de los pueblos por parte de las insaciables empresas privadas. Se alinea el hecho que será a través de la implementación de consultas manipuladas, como continuará la venta del «progreso y desarrollo de la Cuarta Transformación», al mismo tiempo que aceleran el paso para la incorporación de Evaluaciones de Impacto Social (EIS), como un complemento a otras similares que, por cierto, llevan años demostrando su ineficiencia, como sucede con las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

Por otra parte, consideramos lamentable el contenido mostrando, tanto en las iniciativas para la Ley de Desarrollo Agrario, como en la Ley Minera, ambas recientemente presentadas y en las que rápidamente se observa tienen un claro perfil de regulación administrativa. Por lo tanto, carentes de procedimientos para la rendición de cuentas. Tampoco dan espacio para la atención de las problemáticas de fondo, así como revelan el poco conocimiento que tienen los legisladores sobre la temática, además de mostrar una notoria falta de información respecto al proceder violatorio y sistemático de las empresas y de las dependencias gubernamentales, ignorando el despojo y el desplazamiento forzado como centro de la problemática. No sobra señalar que la iniciativa de reforma a la ley minera es la afirmación de lo determinado por el presidente electo en su Plan de Nación 2018-2024.

La iniciativa de la senadora Angélica García Arrieta, adiciona 8 artículos a la Ley Minera (http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-20-1/assets/documentos/Inic_MORENA_Ley_Minera_201118.pdf), y en ninguno hace énfasis a la urgente necesidad de asumir medidas que resuelvan la política de despojo, destrucción e impunidad ocasionada por el modelo extractivo depredador en todo el país. Refrenda la continuidad de la misma política permisiva y promocional que tenemos actualmente, y sólo plantea actos administrativos de regulación que, para el poder actual de los capitales privados no serán ningún problema atender, porque mucho de lo propuesto ya se ha venido legislando en otras partes del mundo.

En REMA consideramos un despropósito pretender que el Servicio Geológico Mexicano realice «Estudios de Impacto Social» y que la Secretaría de Economía declare «zonas inviables de explotación o en conflicto social negativo», cuando está plenamente documentado que los impactos de la mega minería tóxica son múltiples, estructurales e irreversibles; terribles impactos ambientales, sanitarios, económicos, productivos, culturales, entre otros, que han sido ocultos por instancias gubernamentales fieles e incondicionales operadores de los intereses empresariales. El «conflicto social negativo» a que se alude en la iniciativa, constituye en sí mismo un elemento determinante de tipo estructural del extractivismo y, en ese contexto, todo México es una «zona inviable de explotación» en los términos del extractivismo minero actual.

La iniciativa también plantea «atender los principios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones que se pretendan desarrollar», y aquí radica uno de sus puntos críticos, porque es a través del mito del «progreso y desarrollo» que ofertan, con lo cual nuevamente se traza una política gubernamental de corte colonialista, por lo tanto, es previsible que el nuevo gobierno no desarticulará la política de despojo y destrucción que, a través del Modelo Extractivo, está impuesta en México y en todo el mundo. En contrasentido, sería deseable que la premisa del desarrollo que nos ofertan, deba interiorizar en todas sus letras que; «los pueblos y las comunidades no somos recursos ni depósitos de recursos», somos sujetos sociales en emancipación, no semi-ciudadanos sumisos, ignorantes, carentes de criterio y requeridos siempre de recetas ajenas e impuestas. Los pueblos y comunidades no estamos esperando a funcionarios y dependencias o incluso a empresas para que «nos desarrollen». Los pueblos y comunidades tenemos referentes propios de cómo vivir, referentes que, por cierto, además de haber sido negados e invisibilizados, porque desde hace siglos se nos ve como inferiores e incapaces de dirimir y definir nuestras propias vías de vida, tampoco están inscritos en los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos, porque tampoco ahí se nos ha considerado.

La Ley Minera actual es la más retrógrada de todas las leyes mexicanas que tenemos, y por ello en REMA nos parece inconcebible que para lograr «la cuarta transformación del país», la iniciativa refrende la política que prioriza el pago de los daños obligando «a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano sustentable», y no aborde con toda la fuerza que se requiere, la atención de los daños a la salud y al ambiente, muchos de ellos irreversibles. Es totalmente errónea la praxis que con dinero se puede resolver la depredación y muerte que genera el extractivismo minero actual. Invisibilizar un referente básico como el principio precautorio o el del bien común, aun presentes en nuestra Constitución, es una señal preocupante.

Si quienes dicen promueven la Cuarta Transformación de México, en verdad quieren hacerlo a través de la participación de los pueblos, ¿qué les parece si a todas las resistencias que vivimos las desgracias mineras, nos envían un guiño que nos anime a creer que este gobierno será diferente en fondo y forma y, para empezar, antes de hacer más y más alineamientos a favor de las empresas, mejor «CANCELAN TODAS LAS CONCESIONES QUE HAN SIDO ENTREGADAS DE FORMA ILEGAL E IRRESPONSABLE»… MÁS O MENOS SON 26 MIL.

En REMA discutimos arduamente que el tamaño de la problemática que enfrentamos no puede continuar siendo soslayada, menos aún por este nuevo gobierno que tiene condiciones históricas para reencontramos con lo que somos como nación, y no con lo que quieren que seamos.

NO MÁS INICIATIVAS AJENAS E IMPUESTAS

NUESTRA PATRIA Y NUESTRA DIGNIDAD NO ESTÁN EN VENTA

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

Actualización:

Iniciativas de Ley Minera y de Afores, sin respaldo de Morena: Monreal

Asesor de AMLO pide revisar Ley Minera propuesta por Morena

Más información:

La política minera de AMLO, una continuidad incoherente

Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

Los problemas económicos no se resuelven vulnerando a la población y a su territorio

Declaración del 13º Encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Declaración del 13º Encuentro Nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – Bienes comunales indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Guerrero, a 18 de noviembre de 2018

Las organizaciones participantes en el XIII Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos convocados para celebrar nuestra lucha y resistencia en Salsipuedes, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero, lugar donde dio inicio nuestro movimiento hace 15 años, damos a conocer parte de nuestro análisis y postura ante la coyuntura política nacional:

Vivimos un momento de gran efervescencia y cambio político. En menos de 15 días tomará posesión un nuevo gobierno. Existe una esperanza de cambio en los 32 millones de mexicanos que rechazaron el régimen que imperó por más de 80 años de imposición, autoritarismo, corrupción e impunidad. Con el ascenso de la derecha en América Latina comprendemos la importancia de un nuevo gobierno progresista en el continente. Sin embargo, para los movimientos que nos oponemos al extractivismo y al modelo energético imperante en nuestro país eso no significa un cambio a favor de nuestras demandas. Tenemos claro que sólo la organización y articulación de movimientos sociales podrá hacer valer la determinación de los pueblos en sus territorios.

Desde el MAPDER afirmamos que continuaremos en la defensa de pueblos y ríos ante el embate de esta nueva fase del capitalismo. El modelo energético vigente favorece a empresas privadas, despojando a la naturaleza y a sus pueblos de sus condiciones de vida, sin sancionarlas por los impactos negativos que generan. Consecuentes con nuestra historia de lucha, informamos al nuevo gobierno que no aceptaremos la imposición de proyectos de presas e hidroeléctricas, así como otros modelos extractivos que han llevado al enfrentamiento, a la represión y a la criminalización de quienes por muchos años hemos defendido nuestras tierras, el agua, los derechos de los pueblos y los territorios.

Desde hace más de 30 años se ha venido adecuando la legislación para favorecer la inversión privada en detrimento de la naturaleza y nuestros derechos. La reciente iniciativa presentada por senadores de Morena denominada Ley de Desarrollo Agrario, que pretende abrogar la Ley Agraria, va en ese mismo sentido. Se trata de la ley que dejó pendiente el gobierno peñista y da continuidad a la reforma salinista al Artículo 27 que en 1992 abrió el campo mexicano al capital privado, nacional y extranjero. Si pretenden que ese sea el cambio, pronto van a chocar con el pueblo que los eligió.

Es inaceptable que la consulta entendida desde el Convenio 169 de la OIT esté simplificándose y banalizándose en el marco de una discusión más amplia que involucra a otros sectores de la sociedad sobre temas de «interés público». Se invisibiliza el derecho de pueblos y comunidades campesinas e indígenas a la autodeterminación. Cualquier proyecto de nación tiene la obligación de respetar los modos de vida de quienes habitan los territorios.

Denunciamos la profundización del modelo neoliberal con proyectos para facilitar el control del territorio por gran capital, como lo son las Zonas Económicas Especiales que el nuevo gobierno pretende seguir impulsando.

Como movimiento nos preocupa la situación de violencia que están viviendo los miembros y familias de los simpatizantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota. Durante el encuentro escuchamos testimonios que dan cuenta del continuo hostigamiento y represión del que han sido objeto compañeras y compañeros por parte del gobierno del estado de Guerrero a través de la policía estatal y ministerial. Esta violencia ha tenido consecuencias directas a mujeres y niños, dejándolas viudas y huérfanos, así como el encarcelamiento injusto de 19 compañeros que hasta ahora se encuentran en el penal de Las Cruces, Guerrero. Resultado de esa violencia son los hechos del 12 de noviembre pasado contra el patrimonio familiar de Marco Antonio Suástegui.

Ante esta situación el MAPDER exige:

  • Investigación pronta e imparcial por la quema de las motos acuáticas, modo de vida, del líder social Marco Antonio Suástegui y sanción a los responsables.
  • Que el Gobierno del estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes brinde las medidas de protección a Marco Antonio Suástegui y a su familia, dado que su vida corre peligro, y cese el hostigamiento y las agresiones contra su persona y los miembros del CECOP.
  • LIBERTAD A LOS 19 PRESOS POLÍTICOS del CECOP y del compañero Gonzalo Molina, de la CRAC Policía Comunitaria de Tixtla, preso en el penal de Chilpancingo.
  • Que se haga justicia a los compañeros asesinados el 7 de enero de 2018 en la comunidad de la Concepción, Municipio de Guerrero: Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crecenciano Everardo, Feliciano Ascencio y Celerino Hernández, asesinado el 15 de noviembre del 2014.
  • Salida de la policía estatal del poblado de la Concepción y que cese la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del movimiento.
  • Cancelación de todas las órdenes de aprehensión de los miembros del CECOP y de la policía comunitaria de Cacahuatepec.
  • Justicia por el asesinato de los defensores del territorio en Sierra Norte de Puebla, Antonio Esteban y Manuel Gaspar, así como la aparición con vida del defensor Sergio Rivera.
  • Cancelación definitiva de los proyectos de las presas: La Parota, Guerrero; Las Cruces, Nayarit; El Zapotillo y El Purgatorio en Jalisco, Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, en la cuenca del Ajajalpan en Puebla; Paso de la Reyna, Oaxaca; Usos Múltiples Xalapa y El Naranjal, en Veracruz; Milpillas, Zacatecas; Rápidos Santo Domingo; mini hidroeléctricas en los ríos Chespal y Cuilco, Chiapas; y las hidroeléctricas en el río Bobos-Nautla, Veracruz.
  • Desmantelamiento inmediato de la presa El Zapotillo y auditoría al proyecto. Restauración de la cuenca del río Verde.
  • Reparación integral de los daños causados por la construcción de las presas El Zapotillo y Arcediano en Jalisco y del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en Sierra de Zongolica.
  • Exigimos a los tres órdenes de gobierno revertir políticas de privatización del agua. Al gobierno Federal exigimos la eliminación de los decretos de levantamiento de vedas y la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas privadas.
  • Respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios y a sus sitios sagrados.
  • Externamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas por el huracán Willa en la costa norte del estado de Nayarit y el sur de Sinaloa, por lo que demandamos: la atención inmediata a los 180 mil damnificados por las inundaciones causadas por dicho meteoro.
  • Exigimos al gobierno de Honduras justicia por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y protección al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a la familia de la compañera Berta y a Gustavo Castro.
  • Al gobierno de Colombia le exigimos verdad ante lo sucedido con la hidroeléctrica Hidroituango; asimismo que se libere el Río Cauca y se haga el desmantelamiento de la presa. en Antioquía, Colombia.
  • Alto a la criminalización de los defensores del territorio.
  • Exigimos a los gobiernos de México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala, que garanticen el respeto de los derechos humanos de todas las personas que forman parte de las Caravanas del Éxodo Migrante que en este momento atraviesan el territorio mexicano. Por el derecho a migrar con dignidad: ningún ser humano es ilegal.
  • Reconocemos la importancia de fortalecer la unidad entre los movimientos en defensa del territorio, y con otros sectores de la sociedad y de América Latina. En este sentido nos abrimos al diálogo en cada una de las regiones donde tenemos trabajo y convocamos a otras luchas a fortalecer la organización.

¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS

Más información:

Memoria auditiva del 13º Encuentro del MAPDER

EL MAPDER EXIGE ALTO A LA AGRESIÓN CONTRA EL CECOP Y MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI

Carta de los presos políticos del CECOP al MAPDER en su 15° Aniversario, desde el Cereso de Acapulco

[PDF] La «integración de la biodiversidad» en las industrias extractivas: escondiendo la devastación y el acaparamiento de tierras

Les compartimos esta compilación de artículos del boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) con motivo de la catorceava reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) que se realiza del 17 al 29 de noviembre en Sharm El-Sheikh, Egipto

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Introducción: Compensaciones de la biodiversidad: legalizando la destrucción

Propuestas para «integrar la biodiversidad en los sectores de energía y minería, infraestructura, manufactura y procesamiento» estarán en la agenda de la conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de la ONU, que se realizará en noviembre de 2018. Esta compilación de artículos del WRM destaca los numerosos peligros y amenazas que las propuestas de compensación de la biodiversidad representan para las poblaciones que dependen de los bosques así como para la propia biodiversidad, los bosques y el clima.

En noviembre de 2018, las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) celebrarán su 14º reunión para discutir, entre otros puntos, propuestas para la «integración de la biodiversidad en los sectores de energía y minería, infraestructura, manufactura y procesamiento».

El enfoque de la reunión no es una sorpresa. La realidad es que estos sectores de la industria son responsables de la destrucción a gran escala de la diversidad biológica; y las autoridades políticas, las ONG conservacionistas, las organizaciones multilaterales y financiadoras y las propias industrias están a la búsqueda de herramientas que oculten esta devastación. Numerosos anuncios, campañas de relaciones públicas e iniciativas de estos actores han comenzado a referirse a la biodiversidad (y a la naturaleza en general) como un ‘capital natural’.

También se refieren a las funciones y ciclos vitales y diversos de la naturaleza – tales como los espacios de vida de una red diversa de plantas y animales, el ciclo de nutrientes, la filtración del agua y el aire y la fertilidad del suelo-, como ‘servicios ecosistémicos’.

Siguiendo esta tendencia, según la Secretaria Ejecutiva del CDB, el actual modelo económico y de desarrollo mundial debe «tener en cuenta el capital natural y los servicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad». (1)

No se trata de palabras elegidas al azar. Como el WRM ha señalado en numerosas ocasiones, reducir las funciones y los ciclos interconectados de la naturaleza a conceptos afines al mercado sienta las bases para el uso de una pieza clave en la expansión del modelo económico destructivo: las compensaciones. Ya sea para la biodiversidad, el carbono u otro similar, los sistemas de compensación se han convertido en la luz verde para destructivas actividades industriales que enfrentan cada vez más oposición popular y obstáculos legales.

En el caso de las compensaciones por pérdida de biodiversidad, el requisito para permitir que se realicen actividades destructivas en lugares donde la regulación ambiental no lo permitiría es que la biodiversidad destruida en el sitio de interés para la empresa sea recreada o reemplazada en otro lugar. Se supone que la biodiversidad perdida tendría que ser ‘equivalente’ a la zona supuestamente protegida o (re)creada. Sin embargo, además del hecho de que no hay dos lugares realmente equivalentes, la ‘equivalencia’ fabricada en realidad silencia importantes contradicciones y cuestiones de poder, derechos territoriales, desigualdades y violencia (ver los artículos de esta compilación).

El CDB y el Banco Mundial: abriendo el camino para establecer la pérdida de biodiversidad Si bien el término ‘compensación por pérdida de biodiversidad’ no aparece en el documento borrador de las decisiones de la conferencia del CDB sobre la integración de la biodiversidad, el mecanismo se deja ver claramente en las propuestas para incorporar la biodiversidad después de 2020 en el ‘enfoque estratégico a largo plazo’ del CDB. (2)

Instituciones de las Naciones Unidas, tales como su Programa para el Medio Ambiente (PNUMA), han estado trabajando con las industrias de la minería y la energía para influir en la agenda de la conferencia del CDB de noviembre. El Centro de Seguimiento de la Conservaci.n Mundial del PNUMA, por ejemplo, organizó en octubre de 2017 una reunión en Londres cuyo anfitrión fue IPIECA, la asociación de la industria del petróleo y el gas, con el objetivo de brindar «una oportunidad para que la industria, las asociaciones comerciales, los inversores, los gobiernos y otros expertos hagan aportes importantes al proceso que conduce a la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2018». (3)

Un documento preparatorio de la Secretar.a del CDB, publicado en mayo de 2018, señala que «un gran número de países dependientes de la minería y ricos en diversidad biológica ya están aplicando políticas de compensación. Australia, por ejemplo, tiene políticas de ámbito tanto nacional como subnacional, así como herramientas de orientación y medición. Otros países tienen legislación o políticas que contribuyen a facilitar la compensación voluntaria.» (4)

Además, una nota de la Secretaría Ejecutiva del CDB de octubre de 2017, destaca el papel central de los bancos multilaterales, como el Banco Mundial, en el establecimiento de normas y salvaguardas, como un modelo a seguir. (5)

Como era de esperar, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, en 2012 cambió su Norma de desempeño 6. Cualquier empresa que desee acceder a un préstamo de la CFI para un proyecto que destruirá lo que la CFI considera ‘un hábitat crítico’, debe presentar un plan que establezca que la biodiversidad destruida se compensará en otro lugar. En consecuencia, los gobiernos, principalmente del Sur Global, están suavizando cada vez más sus leyes ambientales con la inclusión de disposiciones para compensar la pérdida de biodiversidad, siguiendo así las ‘normas’ establecidas por las instituciones financieras y sus aliados empresariales. Liberia y Mozambique, por ejemplo. El Banco Mundial ha estado financiando iniciativas en materia de políticas de biodiversidad en ambos países. En Liberia, consultores del Banco Mundial incluso elaboraron una hoja de ruta nacional de compensación por la pérdida de biodiversidad. En esta propuesta del Banco Mundial, tanto la minería como otros proyectos extractivos pueden ser autorizados en áreas protegidas o de alta biodiversidad con la única condición de que se pague una tarifa de compensación por pérdida de la biodiversidad, que luego será utilizada para mantener y administrar (otros) parques nacionales y áreas protegidas (ver más información sobre el caso de Liberia en los artículos de esta compilación).

Según una organización que apoya la hoja de ruta de compensación por la pérdida de biodiversidad en Mozambique, «lejos de ser una carga para las empresas privadas, esta nueva reglamentación puede acelerar el proceso de aprobación de nuevos proyectos al aclarar los procedimientos, abriendo un camino para que las empresas puedan cumplir con las normas nacionales e internacionales, a las que deben cada vez m.s rendirles cuentas». (6)

Es así que las empresas no solo pueden tener un acceso más rápido a las concesiones sino que además, las normas que alegan cumplir, de hecho han sido convertidas en mecanismos de mercado que permiten la destrucción, siempre y cuando exista la promesa de compensarla en algún otro lugar.

El Proyecto COMBO es otro claro ejemplo de cómo las normas del Banco Mundial influyen en las políticas a nivel mundial. Este proyecto, llevado a cabo por tres ONG conservacionistas internacionales, tiene como objetivo trabajar con los gobiernos, los promotores empresariales y la industria para expandir y mejorar la aplicación de las compensaciones por pérdida de biodiversidad en Guinea, Madagascar, Mozambique y Uganda. (7)

Es de suma urgencia detener las causas subyacentes de la pérdida y la degradación de la biodiversidad y los bosques. Sin embargo, el CDB y sus aliados, que buscan formas para que las empresas puedan continuar destruyendo la biodiversidad – o, en sus palabras, para incorporar la biodiversidad dentro de estos sectores -, están dirigiendo la política, los fondos y las discusiones hacia un camino peligroso. La idea de la compensación es fundamentalmente errónea. Al prometer compensar la destrucción de la biodiversidad causada por las empresas, ¡no hace nada por detener en primer lugar la destrucción causada!

Notas:

(1)Entrevista con la Secretaria Ejecutiva del CBD, Dra. Cristiana Paşca Palmer, septiembre de 2018, https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/more-needs-be-done-protect-biodiversity

(2) Ver, por ejemplo, CBD (2018): Integración de la diversidad biológica en el sector de la energía y la minería. 26 de mayo de 2018. https://www.cbd.int/doc/c/ff32/3675/2255ec92d46e9588f9576803/sbi-02-04-add3-es.pdf
http://www.ipieca.org/media/3671/unep-wcmc-cbd-mainstreaming-workshop-12oct-invite-v10.pdf

(3) Ver, por ejemplo, CBD (2018): Integración de la diversidad biológica en el sector de la energía y la minería. Párrafo 34. https://www.cbd.int/doc/c/ff32/3675/2255ec92d46e9588f9576803/sbi-02-04-add3-es.pdf

(4) Nota de la Secretaria Ejecutiva, CBD, 12 de octubre de 2017:»Las normas y salvaguardas, tales como las establecidas por bancos de desarrollo multilaterales y las directrices para el sector industrial han establecido una norma de alcance mundial, y es probable que otros bancos de desarrollo multilaterales, as. como otras instituciones, hagan lo mismo». https://www.cbd.int/doc/c/1b26/9aa3/9394b879144a3b38e701ae44/sbstta-21-05-es.pdf

(5) PROFOR, In Mozambique, government, conservationists and private sector come together to protect biodiversity, enero de 2018, https://www.profor.info/content/mozambique-government-conservationistsand-private-sector-come-together-protect-biodiversity

(6) The COMBO Project: Conservation, impact mitigation and biodiversity offsets in Africa, http://comboafrica.org/ El proyecto COMBO dice usar la ‘jerarquía de mitigación’, una herramienta que abarca una secuencia de cuatro acciones claves: ‘evitar’, ‘minimizar’, ‘restaurar’ y ‘compensar’. Si bien se supone que las compensaciones serían el último recurso para las empresas, terminan siendo la única opción cuando, por ejemplo, un proyecto minero necesita talar un bosque para poder funcionar.

RSPO: 14 años de fracaso en eliminar la violencia y la destrucción generadas por el sector del aceite de palma industrial

Declaración de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) firmado por organizaciones no gubernamentales internacionales – A 12 de noviembre 2018

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Contactos:

Friends of the Earth International
Contact Person: Isaac Rojas (isaac@coecoceiba.org // isaac@foei.org), Phone: +50683383204

World Rainforest Movement
Contact Person: Elizabeth Díaz (lizzie@wrm.org.uy) Phone: +598 9272 5656

Durante sus 14 años de existencia, la RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible) no ha cumplido su promesa de «transformar» el sector de producción industrial de aceite de palma para que sea «sostenible». En realidad, la RSPO ha sido utilizada por la industria del aceite de palma para maquillar de verde la destrucción y las violaciones de los derechos humanos que han
cometido las empresas del sector palmícola. No solo eso sino que la industria utiliza a la RSPO para la expansión de sus negocios y ganancias así como para la destrucción de los bosques.

La RSPO se presenta públicamente con la consigna de «transformar el mercado para que el aceite de palma sostenible sea la norma». El aceite de palma se ha convertido en el aceite vegetal más barato disponible en el mercado mundial, por lo que resulta una fuerte opción entre el grupo que domina la membresía de la RSPO -los grandes compradores de aceite de palma. Ellos harán lo que sea para asegurar un flujo constante de aceite de palma barato. También saben que la clave del éxito para que una empresa palmícola produzca aceite de palma «barato» es un modelo específico de producción industrial con cada vez mayor eficiencia y productividad, lo que se logra:

(1) plantando a gran escala y en régimen de monocultivo, frecuentemente a través de la conversión de bosques tropicales biodiversos;

(2) usando plántulas de «alto rendimiento» que demandan grandes cantidades de agrotóxicos y agua en abundancia;

(3) exprimiendo al máximo la mano de obra barata de la mínima fuerza laboral posible, empleada en condiciones precarias para que los costos de la empresa se reduzcan al mínimo;

(4) beneficiándose de las importantes sumas de dinero inicial obtenidas de la madera tropical talada para dar lugar a las plantaciones, que luego utilizan para financiar el establecimiento de dichas plantaciones;

(5) acaparando a la fuerza la tierra que era de las comunidades locales o mediante otros acuerdos con los gobiernos (en especial favorables regímenes fiscales) para acceder a la tierra al menor costo posible.

Quienes viven en las tierras fértiles donde las empresas deciden aplicar este modelo de producción de aceite de palma industrial, pagan un precio muy alto. La violencia resulta intrínseca a este modelo:

– violencia y represión cuando las comunidades se resisten a que las empresas se apoderen de sus tierras, porque saben que una vez que sus tierras se conviertan en monocultivos de plantaciones de palma aceitera, sus medios de vida serán destruidos y sus tierras y bosques serán invadidos. En innumerables casos la deforestación causada por la expansión de esta industria ha desplazado comunidades o destruido los medios de vida de las comunidades donde las empresas violan los derechos consuetudinarios y toman el control de las tierras comunitarias;

– violencia sexual y hostigamiento contra las mujeres en las plantaciones y en las zonas aledañas, que a menudo permanece invisibilizada porque las mujeres no tienen la posibilidad de exigir que los perpetradores sean procesados;

– trabajo infantil y condiciones de trabajo precarias, que van de la mano con la violación de los derechos de los trabajadores. Las condiciones de trabajo pueden llegar a ser tan malas que equivalen a formas contemporáneas de esclavitud. Este modelo de trabajo expoliador les permite a las empresas no solamente obtener mayores ganancias económicas sino que el aceite de palma siga siendo un producto barato, y es por eso que ni ellas ni sus accionistas hacen nada para ponerle fin.

– exposición de trabajadores, comunidades enteras y bosques, ríos, fuentes de agua, tierras agrícolas y suelos a la aplicación excesiva de agrotóxicos;

– las comunidades rodeadas por plantaciones industriales de palma aceitera pierden su soberanía alimentaria cuando esas plantaciones ocupan las tierras en las que las comunidades cultivan sus alimentos.

La proclamada visión de la RSPO de transformar el sector industrial de la palma aceitera está condenada al fracaso porque los principios de certificación de la Mesa Redonda promueven este modelo estructural violento y destructivo. La RSPO tampoco aborda la forma en que la industria depende del control exclusivo de grandes superficies de tierras fértiles, así como el paradigma de crecimiento de la industria que exige una expansión continua del control empresarial sobre las tierras comunitarias y el acaparamiento violento de tierras. Ninguno de los ocho principios de certificación de la RSPO sugiere transformar la manera en que la industria depende del control exclusivo sobre vastas superficies de tierra o el paradigma de crecimiento inherente al modelo.

El uso industrial de aceites vegetales se ha duplicado en los últimos 15 años, y el aceite de palma es el más barato. Este aumento masivo del uso del aceite de palma explica en parte la actual expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera desde el año 2000 en adelante, especialmente en África y América Latina, además de las vastas zonas de plantaciones en Malasia e Indonesia, que también continúan expandiéndose.

Innumerables ejemplos muestran que las plantaciones industriales de palma aceitera continúan siendo sinónimo de violencia y destrucción para las comunidades y los bosques. Las experiencias de las comunidades en las nuevas fronteras de las plantaciones industriales de palma aceitera, como son los casos de Gabón, Nigeria, Camerún, Liberia, Sierra Leona, Perú, Honduras, Brasil, Colombia, Ecuador, son similares a las experiencias pasadas y actuales de las comunidades de Indonesia y Malasia.

La RSPO levanta una cortina de humo que invisibiliza esta violencia ante los consumidores y los financiadores. A menudo los gobiernos no toman medidas reglamentarias para detener la expansión de las plantaciones y el aumento de la demanda de aceite de palma, asumen que la RSPO ofrecerá una aparente sostenibilidad. Por ejemplo, en su propaganda pública, la RSPO afirma que apoya a más de 100.000 pequeños propietarios. Pero las ganancias obtenidas de la producción de aceite de palma siguen beneficiando desproporcionadamente a las empresas de palma aceitera: en 2016, el 88% de todo el aceite de palma certificado provino de plantaciones de empresas, y son también empresas quienes controlan el 99,6% de la producción.

La RSPO también aduce que el principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es clave entre sus propios Principios y Criterios. El derecho al CLPI implica, entre otras cosas, que si una comunidad niega el establecimiento de este tipo de monocultivo en su territorio, las operaciones no se pueden llevar a cabo. Sin embargo, la realidad revela que a pesar de esto, numerosos proyectos siguen adelante. Generalmente las concesiones ya están aseguradas antes de que la empresa llegue a las comunidades afectadas. En estas circunstancias, decir que el CLPI es fundamental para la RSPO, es francamente falso e irrespetuoso.

La RSPO también argumenta que cuando surgen conflictos con las empresas plantadoras, las comunidades siempre pueden hacer uso del mecanismo de reclamaciones de la RSPO. Sin embargo, el mecanismo es complejo y rara vez resuelve los problemas que enfrentan y quieren resolver las comunidades. Esto se hace particularmente evidente en relación con los conflictos de herencia de la tierra, donde el mecanismo perjudica a las comunidades. Permite a las empresas seguir explotando las tierras comunitarias hasta que los tribunales hayan adoptado una decisión. Este enfoque alienta a las empresas a mantener los conflictos contando con que los procesos judiciales se prolongan, a menudo durante décadas.

Otro argumento utilizado por la RSPO es que las plantaciones industriales de palma aceitera han sacado a millones de personas de la pobreza. Esa afirmación es ciertamente cuestionable, más aún si se considera que también hay un número importante de personas que han sido desplazadas en las últimas décadas con el fin de hacer espacio para las plantaciones. Comunidades indígenas, de hecho, han perdido sus tierras fértiles, bosques y fuentes de agua por las plantaciones de palma aceitera, que afectan sus alimentos, su cultura y sus economías locales.

La promesa de la RSPO de «transformación» se ha convertido en una poderosa herramienta de maquillaje verde para las empresas de la industria del aceite de palma. La RSPO le da a esta industria – que sigue siendo responsable del acaparamiento violento de tierras, la destrucción del medio ambiente, la contaminación por el uso excesivo de agrotóxicos y la destrucción de los
medios de vida de campesinos e indígenas – una imagen «sostenible». A los inversionistas y empresas parece que les alcanza con ser miembros de la RSPO para afirmar que son actores «responsables». Causa especial asombro este maquillaje verde, ya que ser miembro de la RSPO no da ninguna garantía. Recientemente, una empresa se convirtió en miembro de la RSPO aún después de que se descubriera que deforestó más de 27.000 hectáreas de bosques tropicales en Papua, Indonesia.

La certificación depende estructuralmente de los mismos contenidos políticos y legales que han dado lugar a la serie de problemas ambientales y de derechos comunitarios de la tierra, asociados con las plantaciones de palma aceitera. Estos problemas de gobernabilidad sistémica están insertos en el poder estatal y funcionan como parte del destructivo modelo económico. Por esta razón, los sistemas de certificación no pueden brindar una protección adecuada a los bosques, los derechos de las comunidades y la soberanía alimentaria, ni garantizar la sustentabilidad. Los gobiernos y los financiadores deben asumir la responsabilidad de frenar la destructiva expansión del aceite de palma, que viola los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Como pasos inmediatos, los gobiernos deben:

– establecer de inmediato una moratoria a la expansión de las plantaciones de palma aceitera y usar ese tiempo para arreglar los marcos de políticas;

– reducir drásticamente la demanda de aceite de palma: dejar de usarla en alimentos como en combustible;

– fortalecer y respetar los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para garantizar, entre otros derechos, la autodeterminación, el control territorial y los derechos a la tierra;

– promover la agroecología y el control de las comunidades sobre sus bosques, lo cual fortalece los ingresos locales, los medios de vida y sustento y la soberanía alimentaria, en lugar de promover el agronegocio.

FIRMAS:

Aalamaram-NGO
Acción Ecológica, Ecuador
ActionAid, France
AGAPAN
Amics arbres · Arbres amics
Amis de la Terre France
ARA
ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono)
Asociación Conservacionista YISKI, Costa Rica
Asociación Gaia El Salvador
Association CongoActif, Paris
Association Les Gens du Partage, Carrières-sous-Poissy
Association pour le développement des aires protégées, Swizterland
BASE IS
Bézu St Eloi
Boxberg OT Uhyst
Bread for all
Bruno Manser Fund
CADDE
CAE, Ecuador
Campaign to STOP GE Trees
CAP, Center for Advocacy Practices
Centar za životnu sredinu/ Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina
CESTA – FOE El Salvador
CETRI – Centre tricontinental
Climate Change Kenya
Coalición de Tendencia Clasista. (CTC-VZLA)
Colectivo de Investigación y Acompañmiento Comunitario
Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY, Madagascar
Community Forest Watch, Nigeria
Consumers Association of Penang
Corporate Europe Observatory
Cuttington University
Down to Earth Consult
El Campello
Environmental Resources Management and Social Issue Centre (ERMSIC), Cameroon
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria
FASE ES , Brazil
Fédération romande des consommateurs
FENEV, (Femmes Environnement nature Entrepreneuriat Vert).
Forum Ökologie & Papier, Germany
Friends of the Earth Ghana
Friends of the Earth International
GE Free NZ, New Zealand
Global Alliance against REDD
Global Justice Ecology Project
Global Info
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís , Peru
GRAIN
Green Development Advocates (GDA) , Cameroon
Greystones, Ireland
Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones
Grupo ETC
Grupo Guayubira, Uruguay
Instituto Mexicano de Gobernanza Medioambiental AC Instituto Mexicano de Gobernanza
Medioambiental AC
Integrated Program for the Development of the Pygmy People (PIDP), DRC
Justica Ambiental
Justicia Paz e Integridad de la Creacion. Costa Rica
Kempityari
Latin Ambiente, www.latinambiente.org
Les gens du partage
LOYOLA SCHOOL OF THEOLOGY, MANILA
Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Maiouri nature, Guyane
Mangrove Action Project
Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands
Movimento Amigos da Rua Gonçalo de Carvalho
Muyissi Environnement, Gabon
Nature-d-congo de la République du Congo
New Wind Association from Finland
NOAH-Friends of the Earth Denmark
Oakland Institute
OFRANEH, Honduras
Ole Siosiomaga Society Incorporated (OLSSI)
ONG OCEAN : Organisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature et sommes basés en
RD Congo.
OPIROMA, Brazil
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Paramo Guerrrero Zipaquira
PROYECTO GRAN SIMIO (GAP/PGS-España)
Quercus – ANCN, Portugal
Radd (Reseau des Acteurs du Développement Durable) , Cameroon
Rainforest Foundation UK
Rainforest Relief
ReAct – Alliances Transnationales
RECOMA – Red latinoamericana contra los monocultivos de árboles
Red de Coordinacion en Biodiversidad , Çosta Rica
REFEB-Cote d’Ivoire
Rettet den Regenwald, Alemania
ROBIN WOOD
Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia)
Salva la Selva, España
School of Democratic Economics, Indonesia
Serendipalm Company Limited
Sherpa , The Netherlands
SYNAPARCAM, Cameroon
The Corner House, UK
Towards Equitable Sustainable Holistic Development
TRAFFED KIVU ,RD.CONGO
UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
University of Sussex, UK
UTB , Colombia
Watch Indonesia!
WESSA
World Rainforest Movement
Youth Volunteers for the Environment Ghana

Carta al gobierno de California contra el Estándar de Bosque Tropical (EBT)

Carta firmada por organizaciones de la sociedad civil – A 29 de octubre 2018

Mary Nichols

Presidenta de la Junta de Recursos del Aire de California

1001 I Street

Sacramento, CA 95814

Las organizaciones abajo firmantes instamos a la Junta de Recursos del Aire de California a que se rehúse a poner en consideración el Estándar de Bosque Tropical (EBT), que sentaría las bases para que el sistema de comercio de carbono de California acepte el uso de créditos de compensación de emisiones de carbono por Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques (REDD).

La preservación de los bosques tropicales es esencial para conservar la biodiversidad, proporcionar hogares, recursos culturales y medios de sustento a millones de personas y proteger el clima mundial. Pero el EBT propuesto por la Junta de Recursos del Aire de California es completamente desacertado, socavaría la integridad de las políticas climáticas de California y provocaría o perpetuaría violaciones de derechos humanos.

La compensación de emisiones de carbono perpetúa la contaminación

Abrirle las compuertas a la compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales alienta a los contaminadores a evitar reducir sus propias emisiones. En el mejor de los casos, la compensación genera una reducción de emisiones equivalente a cero. En el marco del sistema de comercio de carbono de California, daría lugar en realidad a un aumento de las emisiones industriales mucho mayor que el que permitiría la AB32, la histórica ley de California sobre el cambio climático.

Esto implicaría impactos significativos para la salud de las comunidades más expuestas de California –la mayoría de las cuales son de personas de color— que viven cerca de grandes emisores de gases de efecto invernadero (GEI). Cuando a las refinerías y a otras instalaciones se les permite continuar emitiendo gases de efecto invernadero, también emiten co-contaminantes nocivos tales como partículas en suspensión, óxido de nitrógeno y otros agentes cancerígenos. Por eso la compensación de emisiones perpetúa los focos neurálgicos de contaminación y el racismo ambiental, lo cual debería ser motivo de gran preocupación para la Junta de Recursos del Aire en cuanto ente regulador de la contaminación del aire.

La compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales implica riesgos para los Pueblos Indígenas y los derechos humanos

El Estándar de Bosque Tropical se creó como paso preliminar previo a permitir el uso de créditos de compensación de emisiones de carbono de REDD en el sistema de comercio de carbono de California. Los proyectos REDD tienen un historial conocido de contribuir a actividades ilegales, violencia, toma de decisiones forzada, acaparamientos de tierras y otras violaciones de los derechos humanos de muchos grupos indígenas y pueblos que dependen de los bosques en todo el mundo. En particular, estos impactos negativos suelen asociarse con jurisdicciones con sistemas de gobernanza débil, leyes de tenencia de la tierra poco claras e inestabilidad política, que son rasgos comunes a muchas de las jurisdicciones potencialmente socias de California en Brasil, Nigeria e Indonesia, entre otros lugares.

Aunque el EBT intenta resolver estas inquietudes, los proyectos REDD en el fondo generan divisiones entre los Pueblos Indígenas, en un contexto de intimidación, coacción y poderío económico enormemente desproporcionado ejercido por los gobiernos y las grandes empresas. Es prácticamente imposible que la Junta de Recursos del Aire monitoree los programas internacionales de compensación de emisiones de los bosques en jurisdicciones extranjeras para evitar que ocurran este tipo de  abusos y garantizar que se cumpla con las normas de derechos humanos del ETB.

Los proyectos de conservación de bosques tropicales no son aptos para el sistema de créditos de compensación de emisiones

Todos los sistemas de compensación de emisiones son muy problemáticos en general, pero hay varios problemas importantes que son particulares a los proyectos REDD que los hacen bastante inadecuados para compensar las emisiones industriales. Muchos de estos problemas se describen en la evaluación de impacto ambiental del EBT aunque no se los encara debidamente, como es el caso de los problemas de permanencia y no adicionalidad, entre otros. Dicho simplemente, la compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales permite determinado grado de daño permanente (la emisión de más gases de efecto invernadero provenientes de fuentes industriales) a cambio de una retención esperada de carbono incierta y transitoria.

Dado que se trata de problemas muy intrincados, ninguna jurisdicción del mundo acepta créditos REDD en su mercado de cumplimiento. Aceptar los créditos de compensación de emisiones de carbono de REDD no solo socavaría la integridad de la política climática de California, sino que violaría el requisito de la AB32 de que todas las reducciones de emisiones sean «reales, adicionales, cuantificables, permanentes, verificables y aplicables».

Por las razones antedichas instamos con vehemencia a la Junta de Recursos del Aire a que se rehúse a poner en consideración el EBT y rechace cualquier intento de aceptar créditos REDD en el sistema de comercio de carbono de California.

Atentamente,

FIRMAMOS:

Acción Ecológica, Ecuador
AfrosRD, Dominican Republic
All India Forum of Forest Movements, India
Amigos de la Tierra, Spain
Amigos de la Tierra Argentina
ARA, Germany
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Thailand
Associação 11 de Junho, Brazil
Association Nigérienne des Scouts de l’Environnement (ANSEN), Niger
Biofuelwatch, International
California Communities Against Toxics, United States
Censat Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
Center for Environment/Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina
Center for Sustainable Economy , United States
CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador
Colectivo Sumaj Kawsay- Equipo de Investigación Ecología Política del Sur, Argentina
Companhia de Jesus, Brazil
Escuela de Agroecología
U Yits Ka’an, Mexico
Friends of the Earth Canada
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, United Kingdom
Friends of the Earth Finland
Friends of the Earth Ghana
Friends of the Earth International
Friends of the Earth Spain
Friends of the Earth U.S.
Global Forest Coalition, International
Green Delaware, United States
GroundWork, South Africa
Heinrich Boell Stiftung North America
Indian Social Action Forum – INSAF, India
Institute for Agriculture and Trade Policy, United States
Justiça Ambiental/Friends of the Earth Mozambique
Les Amis de la Terre – Togo
Local Clean Energy Alliance, United States
Milieudefensie- Friends of the Earth Netherlands
New York Climate Action Group, United States
NGO Forum on ADB, Philippines
No REDD in Africa Network (NRAN), Africa-wide
NOAH/Friends of the Earth Denmark
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra Mexico
Passionist Center for Justice Peace and Integrity of Creation (PC-JPIC), Philippines
Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Perú
Rainforest Action Network, United States
Rainforest Resource and Development Centre (RRDC), Nigeria
Re:Common, Italy
Seventh Generation Fund for Indigenous Peoples, United States
Social Development Integrated Centre (Social Action), Nigeria
Texas Drought Project, United States
The Corner House, United Kingdom
Third World Network, Malaysia
TierrActiva, Peru
WRM – World Rainforest Movement, Uruguay
Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC), Nigeria
cc:
Diane Takvorian
Dean Florez
Hector de la Torre
John Gioia
Dr. John Balmes
Dr. Alex Sherriffs
Assembly Member Eduardo Garcia
Katie Valenzuela Garcia
Senator Ricardo Lara
Mike Peterson
Phil Serna
Lisa Nava
Judy Mitchell
Sandra Berg
Daniel Sperling
Barbara Riordan
Ron Roberts
John Eisenhut
Richard Corey
Veronica Eady
Jason Gray
Catalina Hayes-Bautista
Saul Gomez
Alice Reynolds
Senate President Pro Tempore, Toni Atkins
Kip Lipper
Assembly Speaker, Anthony Rendon
Marie Liu
Carrie Cornwell
Assembly Member Eduardo Garcia
Assembly Member Autumn Burke
Assembly Member Jim Frazier
Senator Henry I. Stern
Senator Ben Hueso
Senator Nancy Skinner
CalEPA Secretary, Matthew Rodriquez
CalEPA EJ Officer, Yana Garcia
Attorney General’s Office EJ team, Arsenio Mataka

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Zacatecas: Policía Estatal amenaza y arremete violentamente contra compañera de la lucha contra la minería

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería/Mujeres (REMA/Mujeres) – A 16 de octubre 2018

El pasado 14 de octubre nuestra compañera Grecia Rodríguez, quien funge como enlace de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA) en Zacatecas, acudió a la Asamblea Ejidal del Potrero, Municipio de Jiménez de Teu, como asesora de los ejidatari@s en relación al «Proyecto Presa Milpillas»[1], caso que acompaña desde hace 5 meses desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac).

Esta Asamblea, que originalmente fue convocada en segunda convocatoria por el representante agrario de El Potrero, fue totalmente vulnerada por la Procuraduría Agraria quien, en contubernio con el Gobierno del Estado de Zacatecas pretenden imponer el proyecto de la Presa Milpillas, que, de realizarse, afectará a 19 ejidos, así como el acueducto proyectado pasará por 7 municipios usuarios de la cuenca del Río Atenco, quienes ya han manifestado su rechazo al proyecto.

Al acto de la asamblea llegaron 20 camionetas con 100 efectivos de la policía estatal, así como la presidenta municipal Victorina Espinosa Sánchez, el Delegado de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, El Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, con la intención de intimidar y controlar la Asamblea, así como para amedrentar a l@s ejidatari@s opositores y en consecuencia manipular la elección a favor del proyecto, tal como ocurrió, a pesar de transgredir totalmente la libre determinación de la asamblea ejidal y violar totalmente la ley agraria, la cual al parecer también desconoce el Procurador Agrario del estado.

En el momento en que nuestra compañera Grecia informaba, a las y los vecinos de El Potrero, sobre las violaciones que estaban sucediendo en el contexto de la Asamblea, Grecia fue rodeada y agredida por varios policías estatales, quienes la empujaron fuertemente y con coraje la lanzaron y apretaron contra la valla metálica colocada por la misma policía para controlar el acceso a la asamblea, a la cual incluso se negó la entrada a varios ejidatarios opositores al proyecto de la presa. El comandante del «operativo», del que desconocemos su nombre, también haciendo uso de la fuerza le arrebató su teléfono celular con el que estaba documentando los hechos, la golpeó y la amenazó con detenerla por usurpar identidad, por alebrestar a la gente y la acosó gritándole: «¿De dónde vienes? ¿De dónde? Por qué no respondes, por qué te trabas y te pones nerviosa?».

Así mismo otros policías sacaban a empujones a otra mujer que había estado en la Asamblea.

REMA/Mujeres condena enérgicamente este tipo de actos de violencia hacia nuestras compañeras, y responsabilizamos de manera directa al gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna por los actos de violencia, represión, intimidación y amenazas dirigidos hacia nuestra compañera Grecia por su labor como defensora de la vida y los derechos humanos; así mismo lo responsabilizamos de cualquier daño físico psicológico o de acoso que pueda volver a sufrir nuestra compañera a quien le damos todo nuestro apoyo y solidaridad.

Estaremos atent@s de las acciones que de forma directa o indirecta sucedan para con nuestra compañera y hacemos un llamado solidario a las organizaciones, movimientos y redes nacionales e internacionales a que difundan y condenen estos actos de violencia hacia mujeres defensoras del territorio que cada día son más comunes en nuestros países.

Estamos convencid@s que este tipo de actitudes, expresan y reproducen el modelo de violencia con el que empresas y gobiernos pretenden imponer una serie de megaproyectos, como es el caso de la Presa Milpillas, bajo el falaz discurso del «desarrollo», atentando contra una serie de derechos colectivos que impactan de manera directa en la vida orgánica de nuestros pueblos, ejidos y comunidades.

En este sentido, velaremos porque se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos que tenemos como mujeres y hombres a vivir una vida sin violencia, en especial los de nuestras compañeras que, con su labor de defensoras, contribuyen a la construcción de comunidades seguras, educativas, libres y espiritualmente satisfactorios en las cuales la vida puede desarrollarse.

[1] la presa Milpillas ocupará alrededor de 19 ejidos, en los municipios de Jiménez del Teul, Sombrerete y Fresnillo, en Zacatecas. Servirá abastecer en agua al corredor industrial Fresnillo Zacatecas-Calera-Morelos-Guadalupe, donde se encuentran las mineras Fresnillo plc y Madero, así como la empresa «Grupo Modelo» filial de la gigantesca cervecera belga Anheuser-Busch InBev, entre otras.

Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: OCMZac)

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Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) – A 15 de octubre 2018

«EL GOBERNADOR DE ZACATECAS, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA Y EL DELEGADO FEDERAL DE LA PROCURADURÍA AGRARIA, FRANCISCO GODOY CORTÉS REPRESORES Y VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS»

El día de ayer, en el Municipio de Jiménez del Teul en Zacatecas, en el contexto de una Asamblea Agraria del Ejido El Potrero en la que debían tomarse decisiones respecto a la imposición y establecimiento de la Presa Milpillas en su territorio, se presentaron 20 camionetas con más de cien elementos de la policía estatal quienes, en coordinación con el Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, la presidenta municipal Victorina Espinoza Sánchez, el Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, encabezaron acciones de coacción e intimidación hacia los ejidatarios trasgrediendo la autonomía de la Asamblea Ejidal.

Alrededor de las 11:00 horas del 14 de octubre, la policía cercó el Salón Ejidal en donde se desarrollaría la Asamblea para tomar el control del procedimiento agrario, con lo cual violentaron la vida interna del ejido, los derechos de los ejidatarios y la legislación agraria. Dos elementos de la policía del Estado se situaron en el acceso al Salón Ejidal para dar o negar el acceso y participación en la Asamblea a los ejidatarios; en este contexto, los operadores políticos del gobierno federal y del estado, encabezados por Francisco Godoy Cortés, Alfonso del Real y Luis Fernando Maldonado, definieron la forma en que la asamblea debería de desarrollarse, incidiendo, incluso, en la forma de votación. Durante los hechos, la policía del Estado intimidó, desalojó y golpeó a ciudadanas, ciudadanos y ejidatarios que reclamaron la intromisión de las autoridades en la vida autónoma del Ejido. Cuando algunos de los ejidatarios preguntaron por qué estaba ahí la policía, el secretario general de gobierno dijo que «por protocolo».

Con estos cobardes actos, utilizando la fuerza policial y las instituciones a su cargo para imponer el «progreso y desarrollo», ambos gobiernos, Federal y del Estado de Zacatecas, hacen evidente que la ley y el diálogo no son elementos que hayan incorporado a su práctica política. El mensaje de las autoridades a la población en Zacatecas es claro, quienes definan, en uso de su autonomía personal y colectiva, defender sus derechos, serán reprimidos.

Pese al claro mandato electoral del pasado 1° de julio, en este país es cada vez más común encontrase con gobernantes serviles a la iniciativa privada y a los desarrolladores de megaproyectos, como es el caso de la Presa Milpillas, quienes impulsan este tipo de proyectos con falsas promesas de «progreso y desarrollo» amparados en el discurso del bien nacional.

De igual modo, durante los hechos ocurridos en el Ejido El Potrero, el comandante a cargo del «protocolo», de quien desconocemos el nombre, arremetió con violencia física hacia nuestra compañera Grecia Rodríguez, del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac), cuya organización es integrante de la REMA, amenazándola con arrestarle y quitándole el teléfono con el que documentaba los hechos. Nuestra compañera Grecia se encontraba en el sitio como acompañante y asesora del grupo de ejidatarios a los que ha entregado información fidedigna sobre el proyecto de la Presa Milpillas con el propósito de contrarrestar la información manipulada, sesgada e incompleta con la cual los operadores del gobierno y las empresas constructoras han intentado ganar la aprobación de la Asamblea Ejidal y con ello imponer este proyecto que los despojará y desplazará de su territorio.

Desde la REMA señalamos como responsables directos de cada uno de los actos de violencia, represión y violación de los derechos colectivos y agrarios, pasados y futuros, en contra de las y los ejidatarios y habitantes del Ejido El Potrero que han salido a defender la vida y su territorio, al Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, así como a Alejandro Tello Cisterna, gobernador de Zacatecas.

La REMA se solidariza con las familias y ejidatarios que el día de ayer fueron reprimidos y golpeados y externamos que arroparemos con toda nuestra fuerza legal y política a nuestra compañera Grecia Rodríguez, a quien el gobierno busca criminalizar y perseguir, por acompañar a la población del Ejido El Potrero en su lucha para que su vida y derechos no desaparezcan bajo el agua.

NO AL PROYECTO PRESA MILPILLAS

RED MEXICANA DE LAS Y LOS AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

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Comunicado del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – A 15 de octubre 2018

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncia y repudia la intervención policiaca y los actos ilegales que se llevan a cabo en el estado de Zacatecas para imponer la Presa Milpillas.

El domingo 14 de octubre hubo violación a derechos humanos, políticos y a la autonomía ejidal en El Potrero, uno de los 19 ejidos que serían afectados con la imposición del megaproyecto.

Más de 100 agentes de la Policía Estatal impusieron vallas para cercar el lugar de la Asamblea donde también estuvieron presentes funcionarios del gobierno del estado y del municipio. Buscaban intimidar y amedrentar para obtener un resultado favorable a sus pretensiones, aunque en ese intento pasaran por encima de la dignidad del pueblo y de la legalidad.

Denunciamos que fue un proceso lleno de anomalías; estos personajes sacaron ventaja de donde pudieron: no fue una votación abierta ni libre. La intervención policiaca así lo evidencia.

Denunciamos que la autonomía para tomar decisiones libremente del Ejido El Potrero fue avasallada y la Procuraduría Agraria Delegación Zacatecas, a través de su Delegado, Francisco Godoy Cortés, y demás funcionarios de dicha dependencia, se prestaron a los intereses del gobierno del estado, de la Comisión Nacional del Agua y del capital privado, pues no defendieron ni asesoraron conforme a derecho a los ejidatarios y a la asamblea ejidal.

Reiteramos que el acuerdo logrado para la ocupación previa del terreno a inundar, y que en un futuro se pretende expropiar, es a todas luces ilegal, por incumplir con lo estipulado en la Ley Agraria, además de que nunca se informó ni consultó a los afectados por el proyecto Milpillas.

Alertamos a la ciudadanía ante la información manipulada que está circulando la parte oficial que no menciona las ilegalidades y los actos violentos que cometieron para legitimar la construcción de la presa.

Reprobamos la actuación del gobierno encabezado por Alejandro Tello Cristerna, subordinado a los intereses capitalistas.

Manifestamos nuestro total respaldo al pueblo de El Potrero y del municipio de Jiménez de Teúl en su conjunto, así como al Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas.

Hacemos nuestras las consignas que levanta la digna resistencia de quienes luchan contra este megaproyecto: ¡No queremos presa! ¡No queremos dinero! ¡Queremos agua que es vida!

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: OCMZac)

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Encuentran glifosato y OGMs en muestras de harina de maíz de Maseca

Comunicado de la Asociación de Consumidores Orgánicos – A 9 de octubre de 2018

Estudios de laboratorio sobre harinas de maíz blanco y amarillo de Maseca muestran que contienen residuos de glifosato. El glifosato fue clasificado como probable carcinógeno por la OMS.

 La Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO) reportó haber encontrado niveles altos del químico glifosato y de AMPA -su metabolito principal- en muestras de harina de maíz blanco y amarillo provenientes de diferentes partes de México.

El glifosato es el principal componente del herbicida Faena o Roundup de la compañía Monsanto (Bayer), cuyo uso aumentó significativamente a partir de la aparición de los cultivos transgénicos.

Es muy alarmante que se encuentre glifosato en las harinas para la producción de tortillas y otros productos alimenticios. En marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el cáncer, un órgano especializado de la Organización Mundial de la Salud trabajando con más de 17 expertos de once países, clasificó al glifosato de «probable carcinógeno».

Los resultados de las muestras de laboratorio de harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca muestran concentraciones de glifosato que van desde 5.14 hasta 17.59 microgramos de glifosato por cada kilo de harina. Asimismo, la presencia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) alcanza hasta 94.15% en una de las muestras, observando una clara correlación: a mayor porcentaje de OGM, mayor concentración de glifosato.

Las muestras fueron analizadas por los laboratorios del Health Reasearch Institute en Iowa, Estados Unidos, bajo el método de la FAO [1].

El glifosato se usa ampliamente en los campos agrícolas, pero su presencia es más intensa en los campos de monocultivos donde prevalecen los transgénicos. México es un país donde la producción de maíz transgénico está prohibida, con lo cual la presencia de altos índices de glifosato en maíz nos lleva a concluir que:

1. Maseca está importando maíz para la elaboración de harina para sus tortillas. Este maíz, que es importado principalmente desde Estados Unidos, se utiliza para alimento balanceado. En otras palabras, estamos importando el maíz que Estados Unidos utiliza para alimentar cerdos, y usándolo para elaborar las tortillas que consumimos.

Las secretarías de estado y órganos encargados de velar por la inocuidad y sanidad alimentaria y de la prevención de riesgos sanitarios (Sagarpa, Senasica y Cofepris) no respetan los derechos de las y los consumidores, tales como el derecho a la información o el derecho a la salud y a un ambiente sano al permitir la presencia de ingredientes transgénicos y herbicidas como el glifosato en los alimentos que son ampliamente consumidos en México.

2. México no está defendiendo efectivamente su cultivo principal, de subsistencia y soberanía, base de la dieta diaria de la población mexicana: el maíz.

3. Maseca está mezclando diferentes tipos de maíces en su harina, tal vez para reducir su costo de producción, pero esto a expensas de la calidad del producto final.

La ACO exige a Maseca -la principal productora de harina de maíz en México y principal exportadora hacia Centroamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo- que utilice maíces no transgénicos en la elaboración de sus harinas, y que transparente su proceso de nixtamalización.

Se hace un llamado a la población mexicana a que busque alternativas a Maseca en tortillerías locales, tianguis y mercados que usen maíces comprados a productores agroecológicos y que nixtamalicen. Además, se les pide que exijan a Maseca tortillas sanas, libres de agrotóxicos y elaboradas con maíz nixtamalizado.

Nota:

[1] Donde el glifosato residual es la suma de el peso del glifosato + 1.5 x y el peso de su metabolito AMPA.

Contactos:

Dra Mercedes López Martínez, 55 2529 4487
Mtra. Mariana Ortega Ramírez 775 128 8815

Más información:

Transgénico el 90% del maíz de las tortillas en México: académica de la UNAM