Categoría: Modelo extractivo

Camapaña de solidaridad del Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil (MAB) – A 14 de febrero de 2019

¿Alguna vez te has imaginado perder tu casa de repente? ¿Y sus vecinos? Como en un diluvio, ver la escuela donde esbozó las primeras letras, la plaza donde dio el primer beso y el campo de fútbol donde constantemente despejaba sus sueños simplemente desaparecer del mapa? ¿Puedes imaginar perder tu familia y amigos? Desafortunadamente, esta experiencia ha sido vivida por millones de personas afectadas por presas en todo el mundo. 

La ruptura de tres represas de desechos en la ciudad de Brumadinho / MG, el pasado día 25 de enero, demuestra cómo las represas afectan de forma violenta a la vida de las personas y cómo el modelo de desarrollo brasileño privilegia a las corporaciones multinacionales en detrimento del desarrollo local y, el bienestar de su población.

El crimen de Vale SA, empresa responsable de Mina Corrigo de Frijol y las represas de mineral de hierro, dejó 157 muertos, 165 personas desaparecidas, entre trabajadores y residentes de Brumadinho, y 133 personas sin hogar. 

Las comunidades de Córrego do Feijão y Parque das Cachoeiras fueron las más afectadas, pero la contaminación por los residuos tóxicos presentes en el desecho causó daño a lo largo del Río Paraopeba y sigue en camino a toda la Cuenca del Río São Francisco. Como en 2015, cuando una represa similar de responsabilidad de Samarco (joint venture de Vale y BHP Billiton) se rompió en Mariana / MG, la empresa (Vale) sigue actuando para evitar el total diagnóstico de los daños causados, el reconocimiento e indemnización de las poblaciones y la responsabilidad de la empresa por los crímenes.

Desde el rompimiento en Brumadinho, así como lo hizo en Mariana, el MAB está presente en las comunidades junto a las familias afectadas, ofreciendo apoyo y orientación organizativa, con base en su experiencia de 27 años de actuación con poblaciones afectadas por represas en Brasil. Esas familias están en lucha para garantizar su derecho a la información, participación en los procesos de negociación y por una indemnización y reparación justa. La reconstrucción de sus vidas, así como la revitalización de todo el ecosistema contaminado, debe realizarse a partir del protagonismo de los afectados por las represas.  #SomosTodosAtingidos

¡Ayude al MAB a continuar actuando en el apoyo a las familias afectadas por presas! 

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Más información:

¡Aguas para la vida, no para la muerte! !Fuera empresas mineras de Brasil! 

El Movimiento de los Afectados por Represas en Brasil (MAB) denuncia nuevo crimen de la minera Vale 

¡Ni en Acacoyagua, ni en Brasil! ¡Fuera la minería del mundo!

Comunicado del Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas- Movimiento Ríos Vivos Colombia – A 6 de febrero de 2019

Los errores técnicos, políticos y económicos de quienes han tomado decisiones sobre Hidroituango han puesto los ojos del mundo sobre la dramática que se vive en el Bajo Cauca antioqueño, cañón del río Cauca y cada vez sobre los efectos que se extienden a toda la geografía nacional.

El Bredunco o Río Cauca pasa por más de 180 municipios de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar, es el segundo Río más largo de Colombia y una de las principales arterías hídricas que genera bienestar y progreso para el país.

Por décadas los afectados por represas en Colombia hemos llamado la atención de que una intervención en la parte baja de cuenca afecta todas las dinámicas aguas arriba y viceversa, ahora los efectos y defectos de Hidroituango nos muestran ese dinamismo pero con una diversidad de hechos, tal vez fugaces, que resultan imperceptibles o tergiversados intencionalmente para que no se entienda que está pasando de fondo.

Una vez más hacemos el llamado a atender estructuralmente la situación que devela Hidroituango que es el único camino para neutralizar el riesgo que sufren comunidades aguas abajo y aguas arriba del embalse, a su vez, éste permitirá atender similares situaciones que han ocurrido con otras represas en el país pero que se han ocultado con sevicia.

Hidroituango es un proyecto lleno de desafíos y contradicciones que no ha podido ocultar sus errores pero a la vez nos puede permitir entender que un modelo energético mediado por el lucro, por la prisa de generar dividendos, por el orgullo de imponer la técnica sobre la racionalidad y de callar las voz de las comunidades que conocen las dinámicas de los territorios y de la vida, no le conviene a ningún país, no le conviene a Colombia y es necesario llevar a cabo una transición energética justa en la que podamos participar quienes vivimos en los territorios y hemos sido afectados por represas, minería, petróleo, gas, fracking y demás proyectos asociados de infraestructura. 

Hoy en el Bajo Cauca vuelve la sensación de incertidumbre de no saber qué hacer, para dónde correr, de no saber en realidad qué está pasando, de no tener información cierta y de vivir con desesperación, esa misma sensación que trae consigo el conflicto armado hace décadas, esa misma sensación de haber visto arrasadas las viviendas el pasado 12 de mayo cuando se vertieron 6.000 metros cúbicos por segundo, por omisiones e irregularidades de Hidroituango, esa misma sensación de hoy ver un caudal que se cercena y seca los sueños y posibilidad de alimentos derivados de la pesca.

Ahora bien, este drama se extiende a toda Colombia, todas y todos somos afectados y afectadas y por ello estamos llamados a transformar de fondo el origen de esta problemática. Recordemos algunos incidentes que deben llamar a la reflexión y acción:

1.      Desde el inicio de esta contingencia las Empresas  Públicas de Medellín (EPM) ha ocultado información no ha dicho lo que realmente ocurre con la represa, se anunció incluso que el Gobernador de Antioquia elevaría una demanda penal contra EPM por el uso de polígrafos con empleados.

 

2.      Se requirieron intensos debates en el congreso y concejo de Medellín, liderados por David Racero y Luz María Múnera respectivamente para que la opinión pública y los afectados pudiéramos tener mayor información. Fue así como se conoció que EPM había prometido 70 mil millones de pesos al consorcio constructor si lograban poner a funcionar Hidroituango a finales del 2018, según lo confesó Germán Alberto Orozco, gerente (e) de Relaciones Externas de EPM, en un informe remitido al congreso de la república en Audiencia Pública.

 

3.      Hoy diversas voces en Cali se han alzado en protesta que han llegado al Senado en vocería de Wilson Arias preocupados por el desabastecimiento de agua de la ciudad a partir de que se acordará vaciar el embalse Salvajina para atender la contingencia de Hidroituango.

 

4.      Los geólogos y demás técnicos que respetan la vida con convicción han llamado la atención sobre los aspectos técnicos que se han pasado por alto, y advirtieron sobre la descompresión de la montaña que hoy se evidencia con la aparición de cárcavas, huecos o con términos nada técnicos que ocultan la situación real. Estas voces sistemáticamente no han sido escuchadas.

 

5.      Las comunidades asentadas aguas abajo de la represa Salvajina en el Municipio de Suárez estuvieron en alerta viendo las riberas del Cauca inundadas dado que el cauce de las aguas había subido a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, estas denuncias en su momento no se han hecho públicas por el intenso conflicto que agobia hoy al Departamento del Cauca y resto de Colombia.

 

6.      Con desfortuna el día de ayer, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) manifestó que el cierre de la compuerta que faltaba les tomó por sorpresa, a nosotros nos toma por sorpresa que la Autoridad Ambiental no esté siendo notificada de maniobras que ponen en riesgo a más de 130 mil personas en Colombia.

A su vez el director manifestó, que esta irregularidad se sancionaría en el curso de dos meses después de ver qué efectos traería la decisión. Aquí queda claro que los llamados de prevención que han hecho los Ministerios no son compatibles con la actuación de la ANLA y viceversa.  

·       Por otra parte, los pasivos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales generados por otros proyectos para las comunidades y el país deben estar en la esfera de la toma de decisiones sobre Hidroituango y la transformación de la política energética en Colombia, recordemos por ejemplo:

·     El vertimiento de 500.000 metros cúbicos tóxicos de la represa Anchicayá por parte de Unión Fenosa, dueña en ese entonces de la EPSA, inundando con barro a más de 3000 familias por más de seis meses en el año 2001.

·       Las afectaciones a la actividad pesquera y agrícola con la represa El Quimbo en el Magdalena y la destrucción del puente de La Plata, Huila, que generó severos impactos económicos para la región.

·      La construcción de Hidrosogamoso cerca de la zona de mayor actividad sísmica en Colombia, las vías sustitutivas que comunican a Bucaramanga con Barrancabermeja, retrasan el desplazamiento por más de cuarenta minutos debido a la inestabilidad de los taludes de la vía. A pesar de ser evidente las fallas el INVIAS recibió esta obra, ¿quién asume los costos derivados del mayor tiempo de transporte de carga y pasajeros así como la reparación de la vía?

·       El secado del río Sogamoso por varias horas fruto de una maniobra de ISAGEN que terminó por no reconocer sus impactos reales.

·      La mortandad de peces sin un plan de contingencia que afectó la cuenca del río Sinú con la desviación del río en 1998. Los peces fueron sepultados con retroexcavadoras sin atender la crisis social y ambiental que esto generó.

·   La construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, centrales que han perforado las montañas para desviar las aguas y que han ocasionado la desaparición de ríos y quebradas, tal es el caso de 70 quebradas cercenadas con la construcción de hidroeléctricas en el río Amoyá en el Tolima o el secado de 25 quebradas con el trasvase del río Manso en Caldas.

Todos estos hechos compilan un historial que hace necesario evaluar el papel que han jugado las instituciones de control, identificar los vacíos en la legislación ambiental y determinar responsabilidades de funcionarios y gobernantes de turno, así como la determinación de una ruta que nos lleve a conformar una Comisión Nacional de Represas para la reparación histórica y toma de decisiones de nuevos proyectos hidroeléctricos.

Rechazamos enfáticamente quienes están usando está crisis para justificar nuevos proyectos, la experiencia y la información reportada por la UPME dan cuenta que la demanda de energía en el país, en el mayor escenario de crecimiento de la demanda, estaría cubierta hasta por lo menos el año 2030 sin Hidroituango ni Hidrosogamoso.

En medio de la crisis que nos agobia insistimos en los siguientes llamados que pueden conducir a la solución:

1.      A los CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA Y CONCEJALES DE MEDELLÍN a no desfallecer en la búsqueda de la verdad que conduzcan de fondo a encontrar rutas legislativas que atiendan de fondo la crisis del modelo energético actual en Colombia.

2.      A la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para que adelante un estudio detallado sobre los costos económicos de Hidroituango relacionados con la atención de la crisis: los costos invertidos por el gobierno nacional vía UNGRD, de la gobernación de Antioquia, de la empresa EPM, de los transportistas de carga y pasajeros que no han podido operar, de la elevación del costo de vida en los municipios afectados, de las pérdida de empleos  causa de vías destruidas, de la disminución de la productividad en la zona.

3.      Al GOBIERNO NACIONAL para que cumpla con los acuerdos establecidos con la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular – CACEP, donde se debe dar cumplimiento a los espacios de diálogo sobre la política minero energética entre otros, que permiten atender de fondo esta situación de crisis del país.

4.      A las ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA Y EL PAÍS para que se unan a nuestro llamado de movilización social por la defensa del río Cauca y vivir el duelo que genera su secado, así como los otros ríos y comunidades afectadas por este modelo minero energético.

Se conoce que la Gobernacción de Antioquia ha dado la directriz a los alcaldes de no autorizar movilizaciones sociales, el llamado que hace el Movimiento Ríos Vivos Colombia es que la Gobernación de Luis Pérez respalde el llamado que hacemos a las comunidades de todos los ríos del país y las ciudades a movilizarse, a vivir y expresar el duelo que genera ver el río Cauca seco y frente a la indignación que genera no contar con información suficiente y veraz.

¡Exigimos una política de afectados por represas, YA!

¡Exigimos el Desmantelamiento de Hidroituango, YA!

¡Exigimos constituir con premura la Comisión Nacional de Represas

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

 

 Firma

Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas- Movimiento Ríos Vivos

 Foto: Río Cauca seco (Crédito: El Universal)

Más información:

El Río Cauca se debe liberar y a las comunidades escuchar 

El Movimiento Ríos Vivos Colombia llama a resistir a la «dictadura minero-energética» 

[AUDIO] Colombia: «Hidroituango causó más desplazamientos forzados que la guerra en el cañon del río Cauca» 

Comunicado del Movimiento Ríos Vivos Colombia al pueblo brasileño afectado por el rompimiento de represas de la minería en Bounadinho -Minas Gerais –  A 30 de enero de 2019

El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Movimiento Ríos Vivos- lamenta el rompimiento de las represas de desechos tóxicos de la minería de hierro que hace varios años realiza la empresa Vale en el Estado de minas Gerais. 

 Enviamos un abrazo energético, solidario y lleno de esperanza para las familias a quienes les arrebató la vida este crimen empresarial. Los ríos de América Latina son las venas por donde circula la esperanza y el progreso de los pueblos, saludamos por tanto con especial afecto a las comunidades pescadoras, agricultoras, campesinas y a todos los habitantes de la cuenca del río Paraopebas las cuales ven desaparecidos sus medios y formas de vida.

Este es un hecho con precedentes, en 2015 la ruptura de la represa de la Minera Samarco filial de la VALE, causó hechos similares que fueron avisados y pasados por alto, dejando en evidencia que los aspectos técnicos para evitar catástrofes similares no fueron atendidos o que los esfuerzos invertidos no fueron los necesarios.

Ahora bien, cientos de familias afectadas, tres años después de ese episodio, en el Río Doce siguen atención, sin el suministro constante de agua, señalados y estigmatizados por los causantes del daño. Esta historia no puede repetirse, debe atenderse a todas las personas afectadas del rompimiento de la represa de la minera Samarco y la de la Mina Feijão en Brumadinho, ambas con participación de la empresa VALE por lo que hacemos un llamado enfático a Fabio Schvartsman –directivo de la empresa- y a los accionistas e inversionistas de la VALE como Capital Research Global Investors, Capital International Investors, Standard Life Aberdeen PLC, entre otros, para que tomen las decisiones correctas ena tención a sus errores dejando a un lado su interés de generar utilidades al menor costo y priorizar la atención humanitaria y reparación integral de las víctimas. En el mismo sentido, solicitamos a todos los países y grupos inversionistas en la VALE que suspendan su inversión y hagan seguimiento detallado a esta empresa así como otras que podrían causar nuevos desastres ya que las organizaciones brasileñas han identificado hasta el momento posibilidad de ruptura en por lo menos 50 represas más.

Nuestra solidaridad también se extiende a los trabajadores de la empresa y sus familias, dado que el episodio involucró el arrasamiento del restaurante y otras instalaciones de la empresa en horas de almuerzo.

Observamos con preocupación que la empresa minera VALE ha establecido que su misión es “la transformación de los recursos naturales en prosperidad y desarrollo duradero”; los episodios repetidos de ruptura de las represas muestran que la prosperidad para las comunidades de la cuenca del Río Doce y Paraopeba se truncó y el tan anhelado desarrollo los dejó en condiciones indignas. Es necesario el replanteamiento interno de las actividades de la empresa y con urgencia medidas correctivas y reparadoras creadas en acuerdo con las comunidades afectadas e impartidas por las instituciones brasileras que beneficien a las familias afectadas y los trabajadores de la obra.

Estos nefastos episodios en Brasil se suman a los riesgos e incertidumbres que representan las grietas de la represa Yacyretá en Paraguay-Argentina, los errores técnicos en la construcción de Hidroituango que mantiene en alerta roja a todos los municipios del cauce bajo y Cañón del río Cauca, la construcción de Hidrosogamoso en la zona de mayor actividad sísmica en Colombia que ha involucrado deslizamientos permanentes en la vía que comunica a Bucaramanga con el magdalena medio incurriendo en mayores riesgos, tiempos y costos en el transporte de carga y pasajeros, los deslizamientos por erosión de las riberas del río Sinú por operación de la Hidroeléctrica Urrá I que mantienen en vilo a la comunidad del Playón y otras comunidades del Bajo Sinú, la inundación de la casa

de Máquinas en el Quimbo así como la imposición de proyectos que han optado por el asesinato de líderes y lideresas que buscaban justicia y garantías de permanencia en el territorio como el caso de Berta Cáceres en Honduras en defensa del río Blanco frente a los intereses de la empresa DESA, la hecatombe de comunidades indígenas para dar paso a la construcción de la represa Chixoy en Guatemala y otros casos de defensores de ríos que siguen en total impunidad, entre ellos resaltamos al compañero Noe Vasquez del MAPDER en México, Nilce de Souza por Belo Monte en Brasil y Miguel Ángel Pabón en Colombia .

Esta lista de impactos, externalidades y situaciones dramáticas muestran la inviabilidad y costos reales de los proyectos que deben llevar a reflexionar sobre el modelo minero energético que se intenta desarrollar e imponer sobre las voluntades y planes de vida local. Debemos construir alternativas frente a la innecesaria construcción de hidroeléctricas y grandes proyectos de minería metálica, desincentivando el consumo, despilfarro energético y fomentando el reciclaje que son los planteamientos que organizaciones sociales venimos construyendo en el marco de impulsar una transición energética justa.

Seguimos en atención del desarrollo de la tragedia en Brasil, que a la fecha suma más de 600 personas desaparecidas, al tiempo que les animamos a articularse, organizarse y avanzar en la defensa de sus derechos como comunidades afectadas por represas y les invitamos a no desfallecer en la tarea de rodear y fortalecer el Movimiento de Afectados por represas de Brasil – MAB.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

 Foto: Rïos Vivos Colombia

Más información:

Comunidado del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) – A 26 de enero de 2018

Este 25 de enero será marcado por el rompimiento de tres represas de desechos de mineral de la Mina Córrego do Feijão, que forma parte del Complejo Paraopeba. La represa, de responsabilidad de la empresa Vale está ubicada en el municipio de Brumadinho, en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Se estima que 14 millones de m³ de desechos fueron despejados en el río Paraopeba, uno de los principales afluentes del Río São Francisco, uno de los ríos más importantes del país. Las autoridades informan que unas 150 personas están desaparecidas. Las evidencias de otro crimen socioambiental de incalculables dimensiones nos agreden nuevamente. El poder público no escuchó a las comunidades y actuó a favor del poder corporativo para flexibilizar las licencias ambientales de ampliación del complejo de represas en diciembre de 2018.

Desde el MAB entendemos que se trata de un crimen continuado por la Vale contra el pueblo brasileño. Se cumplen poco más de tres años del crimen de Samarco con la ruptura de la represa de Fundão, en Mariana, donde ninguna casa fue construída, no sabemos el número de personas afectadas, no tenemos estudios fuertes sobre los impactos en la salud, las mujeres no son reconocidas como afectadas, entre otras tantas violaciones ambientales y de derechos de los afectados. El poder judicial hasta hoy no responsabilizó a ninguno de los directores de las empresas involucradas en el crimen y no aseguró la reparación integral de las familias. Por el contrario, ha actuado en la selectividad punitiva, criminalizando la manifestación de las familias, los movimientos populares y las organizaciones de la sociedad civil.

Es importante destacar que la compañía Vale S.A ya fue una empresa del pueblo brasileño, pero en los años 90 fue privatizada. Lo que vemos actualmente es una gran empresa que actúa para mantener las tasas de ganancia de sus accionistas, sin ningún compromiso con la vida humana y el medio ambiente.

Una vez más estas grandes empresas con la connivencia de los gobiernos demuestran sus prioridad por el lucro en detrimento de la calidad de vida de la población. No hay desarrollo regional, hay destrucción de vidas y contaminación de los ríos y de la naturaleza.

El MAB convoca al pueblo brasileño, por el espíritu de solidaridad y justicia social que nos mueve, a apoyar a las familias afectadas por el rompimiento de la represa de Brumadinho. Ya estamos en la región y estamos mobilizando a muchos afectados y afectadas de todo Brasil en esta tarea de solidaridad y apoyo a las víctimas, junto a tantos otros afectados y afectadas de la cuenca del río Doce y litoral de Espírito Santo ya se han voluntariado al deber de compañerismo.

Seguimos luchando por justicia en Mariana, en Brumadinho, en la cuenca del Río Doce, en el litoral capixaba y en defensa del San Francisco.
Exigimos justicia en este nuevo crimen, y que la muerte de personas, de animales, de los ríos y del medio ambiente no queden una vez más impunes.

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

Firma:

Movimiento de los Afectados por Represas (MAB)

Foto: Movimiento de los Afectados por Represas (MAB)

Más información:

Los crímenes de la Empresa Minera Vale  

Lo que el barro se llevó

Bento Rodrigues, un año después de la mayor catastrofe ambiental de Brasil 

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas (REMA-CHIAPAS), el Frente Popular por Defensa del Soconusco (FPDS) y Otros Mundos A.C. – A 26 de enero de 2019  >>Descargar el comunicado en pdf<<

A Andrés Manuel López Obrador,

Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos,

Rutilio Escandón Cadenas,  

Gobernador del Estado de Chiapas.

C.P. Elmer Campos,

Presidente Municipal del Acacoyagua. 

¡Ni en Acacoyagua ni en Brasil!

¡Fuera las empresas mineras del mundo!

Este 26 de enero del 2018 el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) exigimos mediante una solicitud que ha recolectado 1796 firmas que el H. Ayuntamiento no otorgue ningún permiso de uso y factibilidad del suelo para la actividad minera en el municipio de Acacoyagua.  Mujeres, niños y niñas nos organizamos para denunciar que somos testigas y testigos de los impactos a la salud, alimentación y medio ambiente de la minería a la tierra y a nuestros cuerpos, pues desde el 2012, los proyectos de explotación de Titanio, proyectos llamados “sustentables” por las empresas y el gobierno de Chiapas, han contaminado el ambiente, deforestado nuestros bosques, dañado nuestros mantos acuíferos, nuestros ríos Cacalita, Chocolate y Cintalapa  de los que  bebemos agua  directamente, afectando nuestra salud física y emocional.

Esta solicitud la entregamos en medio de una gran preocupación por la política de Bienestar y Desarrollo del  nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador de la cual la minería y el Fondo Minero forman parte. Creemos que es necesario que la sociedad y los gobiernos entendamos el riesgo que viviríamos si se fomenta aún más las políticas del modelo extractivo minero. 

Desde el 2015 somos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo (M4), en estos espacios confluimos organizaciones que vivimos la amenaza y/o la destrucción de la minería en nuestros territorios, compartimos experiencias sobre las políticas que benefician o promueven la minería en nuestros países y la forma en la que se aplica el modelo minero en América Latina. Por lo tanto, podemos  afirmar que no conocemos ningún proyecto de minería sustentable, ninguno que no dañe a la tierra, el agua y la salud, tampoco existe alguna experiencia donde las empresas hayan mitigado los impactos de la minería a su cierre. Nos parece ingenuo y tramposo creer que la actividad minera nos brindará desarrollo y ganancias económicas sin contaminar ni impactar al medio ambiente y a nuestra salud.

 El FPDS no creemos en las empresas mineras, porque sabemos que el poder de corrupción, impunidad y capacidad para acabar con nuestras comunidades y la salud ambiental, física y psicológica está sostenido por los acuerdos con las grandes bancas internacionales, los tratados comerciales y las autoridades nacionales, estatales y locales. El caso Brumandhino, en Minas Gerais, Brasil es una muestra clara sobre los asesinatos y crímenes socioambientales que comenten las empresas mineras en todo el mundo.En México, no olvidamos a las víctimas del ecocidio provocado por el Grupo México en agosto de 2014 en los ríos Bacanochi y Sonora, cutos riberos siguen sufriendo graves problemas de salud  debido a la alta cantidad de sulfato de cobre derramado en sus aguas. 

Es por esta razón que rechazamos totalmente la idea de considerar siquiera un Fondo Minero para mitigar los daños de las empresas: NO queremos empresas mineras en nuestros territorios, aunque el capitalismo les llame sustentables.

A través de este pronunciamiento expresamos nuestra indignación por los asesinatos que ha cometido la empresa Vale derramando los desechos de la presa de jales de sus mineras a comunidades y a los ríos de Brasil. Cabe mencionar que en la región de Minas Gerais donde sucedió el derrame de Brumadinho, existen 50 represas en riesgo de ser colapsadas. Hace apenas tres años, el mismo Grupo Vale fue responsable de otro derrame minero en Mariana, también en la región de Minas Gerais. Nos solidarizamos con los familiares de las 60 personas que han muerto en la tragedia de Brumadinho y de las 292 personas que se encuentran actualmente desaparecidas.

¡NO A LA MINA! ¡SÍ A LA VIDA!

FIRMAN

Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas (REMA CHIAPAS);

Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS);

Otros Mundos A.C.

Foto: AJ+ Español – Rescatistas buscan sobrevivientes en Brumadinho, Minas, Brasil.

>>Descargar el comunicado en pdf<<

Más información:

El Frente Popular en Defensa del Soconusco exige se declare al municipio de Acacoyagua “Territorio Libre de Minería”  

Los Crímenes de la Empresa Minera Vale

[VIDEOS] Informe Río Sonora: La omisión que quitó vida a miles  

Movimiento de los Afectados por Represas denuncia nuevo crimen de la minera Vale 

 Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco, Otros Mundos A.C y la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 24 de enero de 2019 (Descargar el comunicado en PDF)

Acacoyagua, Chiapas, México 

A 24 de enero 2019 

Al gobernador del estado de Chiapas, Rutilo Escandón Cadenas,

Al presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador,

A los medios de comunicación,

A la sociedad civil de Chiapas y México,

Hoy, jueves 24 de enero 2019, quienes conformamos el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS) nos reunimos con el presidente municipal de Acacoyagua, C.P. Elmer Campos, la Sindica María del Carmen Tzusuki Antonio y cuatro Regidores, para entregarles una solicitud en la que les pedimos se comprometan a frenar la minería en este municipio. Les solicitamos convoquen a una asamblea de cabildo abierto en donde el H. Ayuntamiento establezca un acta de “Territorio Libre de Minería” y lo publique en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.

Somos habitantes, en su mayoría campesinos y campesinas, de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazados por 21 concesiones mineras. El municipio de Acacoyagua en sí solo está invadido por 13 concesiones, para la explotación de ilmenita, cobre, titanio, plomo y barita. Además de la amenaza de proyectos de dos mini hidroeléctricas y una planta de geotermia.

Ya hemos visto cómo la minería afecta nuestro territorio y nuestros derechos colectivos, a raíz de las actividades de explotación del Grupo Male S.A de C.V. en los ejidos de Libertad y María Esther, y de los trabajos de exploración del Grupo El Puntal S.A. de C.V. en los Ejidos de Cacaos, Satélite Morelia y Magnolia, además de las labores de la Trituradora “Pataste”. 

Hemos denunciado en varias ocasiones los múltiples actos de intimidación, ataques, compra de conciencia e intentos de división comunitaria a los cuales recurren estas empresas para imponer sus proyectos. También sufrimos daños a la salud y al medioambiente: irritaciones en la piel, los ojos y las vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales, deforestación y contaminación del aire. Hasta el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, escuchó cómo la minería contamina a los ríos Cacaluta, Chocolate y Cintalapa que nos abastecen de agua. Aquí vivimos principalmente del cultivo de mangos, arroz, cacao, frijol, café, maíz, ajonjolí, rambutan, entre otros, y no queremos que nuestra tierra siga perdiendo productividad a causa de la minería.

En nombre de nuestro derecho a una vida digna y de todos l@s Chiapanec@s a un medio ambiento sano, no dejaremos que la minería siga avanzando en nuestra tan bella región. Las montañas de la reserva del Triunfo y los manglares de la Encrucijada son de tod@s y para tod@s es importante cuidar estos ecosistemas de los cuales dependemos para seguir viviendo en buena salud.

Necesitamos que el H. Ayuntamiento se una a nuestra digna lucha ya que es su obligación otorgar el permiso de uso y factibilidad de suelo, es decir quien tiene el poder de decidir si la tierra se entrega o no a la mineras. En apego a lo establecido por los artículos 1º y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atendiendo al Principio de Precaución, solicitamos:

Primero.- Se comprometa a no autorizar ninguna solicitud de permiso de uso y factibilidad para minería de ningún tipo, “a tajo o a cielo abierto” o “subterránea”.

Segundo.- Se comprometa a actuar en caso de que alguna empresa minera ponga en operación la fase de exploración o explotación.

Tercero.- Respete la decisión del Ejido Acacoyagua, de los Bienes Comunales de Acacoyagua y del Ejido 15 de Septiembre de no permitir que los camiones de carga y la maquinaria de los mineros dañen sus caminos ejidales y municipales.

Cuarto. Se comprometa a dar aviso de inmediato tanto a la población como a grupos organizados y a los representantes agrarios que le compete, en caso de que algún empresario, directivo o promovente del ramo minero se presente ante su envergadura para establecer diálogo, pedir información, hacer trámites o solicitar el permiso correspondiente.

 •  Requerimos el siguiente procedimiento:

– Convoque a una asamblea de cabildo abierto, en donde esté presente la ciudadanía que vive en Acacoyagua, con el propósito de analizar, discutir y refrendar los hechos en un acta en la cual el Municipio sea declarado como “Territorio Libre de Minería”. 

– Se comprometa a realizar todas las gestiones que le corresponden en un máximo de dos meses a partir de la asamblea de cabildo abierto, incluyendo que el acta sea publicada en el POF del estado de Chiapas.

– Exhorte a los H. Ayuntamientos de los Municipios “Escuintla”, “Acapetahua” con quienes colindamos a que se pronuncien en el mismo sentido y se declaren también como “Territorios Libres de Minería”

– Solicitamos que explore los mecanismos legales conducentes para elaborar o, en su caso, modificar un ordenamiento ecológico territorial municipal, mediante el cual determine la protección de todo el territorio municipal de actividades extractivas que nos pongan en riesgo (minería, hidroeléctricas y geotermia)

Llamamos a los medios de comunicación y a la sociedad civil en general a respaldar nuestra digna lucha por la vida y el territorio y estar al pendiente de cualquier acto de criminalización que podamos sufrimos por oponernos al extractivismo minero y del modelo energético  en el Soconusco.

FIRMA:

El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS)

APOYA:

Otros Mundos A.C.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Foto: Reunión del FPDS con el Ayuntamiento de Acacoyagua el 24 de enero 2019 (Crédito: FPDS)

>> Descargar el comunicado en PDF

Más información:

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo! 

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión 

En la prensa: 

Activistas piden declarar a Acacoyagua libre de minería  

Habitantes de Acacoyagua piden sea declarado territorio libre de minería 

Exigen pobladores de Acacoyagua parar las concesiones de minería 

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 21 de enero 2019

«Un área de gobierno estratégica infiltrada y confiscada hoy por la megaminería tóxica»

Desde hace meses en REMA hemos venido denunciando y advirtiendo manifestaciones preocupantes actuales de subordinación gubernamental a los intereses de la megaminería tóxica en el país. En ese mismo sentido, y en plena concordancia con lo señalado recientemente por Juan Carlos Ruiz Guadalajara el pasado 7 de enero en La Jornada, en torno a las perspectivas que se perfilan respecto a la política federal en el campo de la minería ahora mismo y para los próximos años, denunciamos hechos concretos que indican la continuidad de la política permisiva e irresponsable que ha sido llevada a cabo en los últimos treinta años en México, de entrega de bienes naturales y de soberanía a favor del saqueo y la generación de daño irreversible a diverso nivel, en términos ambientales, de salud, económicos y culturales, entre otros. Nos referimos en particular al sistema de minería a tajo abierto por metales, una de las modalidades más tóxicas de extracción de minerales en todo el mundo.

En este rubro, la nueva gestión de gobierno federal no implica novedad alguna. Ha colocado como funcionarios en áreas estratégicas de la Secretaría de Economía a operadores directos o indirectos de las propias empresas, propiciando así la continuidad del modelo extractivo que a cambio de expoliar bienes naturales del país y de romper la trama social de las comunidades, deja una estela de desolación y muerte. Con este tipo de medidas muy lejos nos encontramos de una transformación como la anunciada por el gobierno del presidente López Obrador, y muy lejos también del respeto a la voluntad y el verdadero bienestar de las comunidades y de sus territorios, pues sigue avanzando la degradación de nuestros territorios, gestionada por los personeros de las empresas ya colocados en el gobierno actual.

Coincidimos con Ruiz Guadalajara al señalar de manera específica a la actual secretaria de economía, Graciela Márquez, quien en su corta gestión ya ha demostrado un desprecio absoluto por las luchas en defensa de la integridad de los territorios y una clara alineación con los intereses depredadores de las empresas, al designar como subsecretario de minería a Francisco Quiroga, ex funcionario de Zedillo y de Fox y ex empleado de empresas mineras con claros antecedentes de abusos a diverso nivel. Quiroga funciona ya como franco agente de empresas como la Almaden Minerals anunciando en la Sierra Norte de Puebla el apoyo de AMLO a esas iniciativas.

Como también señala Ruiz Guadalajara, otra prueba del servilismo de esta nueva camada de políticos empresariales para con el capital privado, el empresario minero Armando Guadiola, por cierto senador por Morena y anterior militante priísta, es otro de los operadores de las mineras que ya actuó para bloquear la iniciativa de la senadora Angélica García -por cierto de la cual REMA también fijo su posición-, que pugnaba por declarar zonas inviables de explotación por impacto social negativo. El mismo Guadiola ha anunciado que la próxima titular de la Dirección General de Minas será a su vez Laura Díaz Nieves, experta en la defensa legal de las empresas mineras canadienses y quien ha sido incluso integrante de una de ellas, la Goldplay Exploration.

¿Es que el presidente López Obrador no sabe quiénes son estos cuatro personajes y sus compromisos? ¿O lo sabe?

La presencia de estos cuatro operadores de la megaminería tóxica denota el grado de infiltración del actual gobierno federal por intereses ajenos a las comunidades. Estas posiciones estratégicas otorgadas a la megaminería tóxica al interior de la gestión gubernamental encabezada por López Obrador nada bueno auguran, ni para el bien común del país ni para la legitimidad del gobierno federal.

¿Dónde están y cuáles son y puéden ser los proyectos de las propias comunidades? Eesa debe ser hoy por hoy la materia prioritaria de la Secretaría de Economía.

¡Exigimos una política federal de apoyo categórica a la integridad de los pueblos y sus territorios!

¡Exigimos un ejercicio de gobierno que no se humille ni subordine ante los intereses de las empresas de megaminería tóxica!

¡NINGUNA PROSPECCIÓN, CONCESIÓN, EXPLORACIÓN NI EXPLOTACIÓN MINERA DEBE AUTORIZARSE AL MARGEN DE LA VOLUNTAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES!

¡CANCELACIÓN DEFINITIVA DE TODAS LAS CONCESIONES MINERAS EN MÉXICO!

¡FUERA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DE TODO EL GOBIERNO FEDERAL A LOS OPERADORES DE LAS EMPRESAS DE MEGAMINERÍA TÓXICA Y DE TODOS LOS MEGAPROYECTOS!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

Foto: Francisco Quiroga, subsecretario de minería

Más información:

¿Quién es Francisco Quiroga? Actual Subsecretario de Minería

Sierra Norte de Puebla: El Subsecretario de Minería avala proyecto minero repudiado por comunidades indígenas

AMLO y el ganso de los huevos de oro

 

 

 

Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de diciembre 2018

LIC. ADELFO REGINO MONTES,

En REMA leímos con atención su repuesta a nuestro comunicado del 13 de diciembre 2018. De su respuesta apreciamos la importancia en la cual hace pública su postura y «reitera su firme convicción de llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar a los pueblos indígenas su derecho fundamental a sus tierras, territorios y recursos naturales», porque tomando en cuenta la legitimidad con la cual ingresan a tomar las riendas del mando en este sexenio, muchas y muchos no esperaremos menos de ninguno de los funcionarios del nuevo gobierno, porque en términos concretos es su obligación.

Sin embargo, no compartimos algunas de sus apreciaciones cuando usted señala: «es necesario enfatizar que en la Constitución Política Federal, en el Convenio número 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas, la consulta y el consentimiento no están previstos como una herramienta estatal, sino como un derecho fundamental de los pueblos indígenas”, porque son varios pueblos originarios en Latinoamérica que realizan álgidos debates sobre los cambios constitucionales que citan la importancia de los pueblos originarios y sin embargo, a través del uso de la consulta, han sufrido la imposición del modelo extractivo. También revisan y cuestionan el pero real que en verdad tienen tanto el convenio como la declaratoria, para los cuales mencionan por lo menos los siguientes argumentos: 1. El hecho de que exista un marco normativo sobre los derechos humanos y de los pueblos originarios, no significa que estén bien hechos ni que tengan efectos vinculantes de forma directa, porque si así fuera, nada de lo que ocurre actualmente con el modelo extractivo sucedería. 2. Tampoco se garantiza que los gobiernos hagan cabal cumplimiento de su uso, porque desde hace años, no se respeta los derechos reconocidos en la constitución, el convenio y la declaratoria. Por el contrario, hoy son utilizadas para manipular el marco ético y de buena fe que dichos documentos refrendan, para pasar encima de la historia de los pueblos originarios. Para REMA son temas para el debate, porque recurrentemente usan esos argumentos para imponer los megaproyectos.

Por otro lado, cuando nos plantea que «el Instituto tiene el mandato de ser el órgano técnico para el ejercicio de este derecho, por lo que será garante que se cumplan los más altos estándares internacionales», por supuesto que lo sabemos, pero hay contrastes que ponemos a su consideración por ejemplo; ¿cómo fue que aplicaron los «más altos estándares» cuando implementaron los “Foros de Consulta sobre la Ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”? ¿En qué posición de respeto y credibilidad por la lucha de los derechos de los pueblos originarios lo ponen a usted, las ocurrencias folclóricas de los rituales para imponer el tren maya? ¿Los más altos estándares internacionales para realizar consultas a los pueblos cuando se aplicarán?, porque nos queda claro que en el tren maya, por lo menos lo previo como derecho ya fue vulnerado.

En REMA no actuamos con dolo como nos lo hace saber a través de un twitter, hacemos planteamientos críticos y denuncias sobre un modelo que genera despojo y desplazamiento forzado, el cual no podemos permitir siga protegiéndose con actuaciones vagas, sumisas o por desconocimiento. De este nuevo gobierno no queremos titubeos, sino decisiones firmes que refuercen y refrenden el respeto de los derechos de los pueblos originarios, porque ya los gobiernos anteriores fueron fiel referente de la sumisión, la impunidad, y la violación de derechos. En ese contexto, desde nuestro nacimiento trabajamos, entre otras cosas, por desmitificar el «progreso y desarrollo» del modelo minero y de aquellos personeros que desde el gobierno y desde las empresas lo pretenden perpetuar. Con ello no decimos que a usted lo tenemos en esa categoría, pues no tenemos más argumentos para que ello suceda en estos momentos, pero es nuestro deber exigirle trabaje bien y a mil por hora no porque sea necesario para REMA, sino para los pueblos que en estos momentos ya les han sido vulnerados sus derechos, como los cientos de comunidades de Oaxaca con concesiones mineras.

Coincidimos con usted; en estos momentos álgidos del modelo extractivo, es prioritario luchar por garantizar que los pueblos originarios ejerzan el pleno disfrute de su derecho fundamental a sus tierras, territorios y bienes naturales, a lo cual sumaríamos también el derecho a su cultura, a mantener y fortalecer sus procesos identitarios y no folclorizarlos, y dar total certidumbre y garantía a su libre determinación.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS/AS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA