Categoría: Modelo extractivo

No, Carlos Slim no es un “ejemplo a seguir”, como lo pretende AMLO: REMA

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 12 de agosto de 2018

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro “Ingeniería es soberanía”, presentando ahí 25 “proyectos estratégicos” que impulsará durante su gobierno.

En ese mismo evento con los ingenieros y desarrolladores de proyectos de infraestructura, estuvo presente el millonario Carlos Slim, a quien AMLO se refirió como una persona “honesta”, como “modelo a seguir” y “un ejemplo para México y el mundo”.

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tenemos, con fundamento, otra perspectiva, pues individuos como éste, que se enriqueció con el patrimonio de los mexicanos al hacerse de una empresa pública con apoyo de Carlos Salinas (Telmex), que financia a ONGs como WWF mientras atenta con proyectos mineros contra Áreas Naturales Protegidas, como la del Alto Golfo Delta en Baja California; quien goza con grandes privilegios fiscales además de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como “presunto evasor” en 2017, y que se ha dedicado con método a saquear mediante el despojo y del desplazamiento forzado con sus proyectos de “desarrollo” extractivistas en territorios de las comunidades indígenas y campesinas de México, lo único que merecen es la cárcel.

Más que un ejemplo a seguir, Slim es un claro ejemplo de la capacidad de despojo y desalojo forzado, como sucede específicamente en el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, deshabitada y destruida literalmente con engaños a sus pobladores para nutrir la voracidad de la empresa minera Frisco, del señor Slim. Ese ejemplo de la capacidad de despojo no lo van a seguir los habitantes de Salaverna, quienes se encuentran hoy ya desplazados de su comunidad y luchando por sus derechos por la vía jurídica; y así, podríamos continuar mencionando un gran número de comunidades, pueblos y ciudadanos afectados en todo el país, ahí donde el ejemplar Slim mantiene “inversiones”, como el caso de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, donde se pretende a su vez desplazar a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y donde este supuesto adalid de la honestidad figura como socio mayoritario de la empresa española FCC, justamente una de las constructoras de dicho proyecto.

Es claro el cambio de discurso del hoy Presidente electo, quien en campaña electoral repetía que el grupo de empresarios al que pertenece Slim sólo se había visto favorecido en sus negocios por los gobiernos mexicanos neoliberales, y ahora, en franco cambio de rumbo, López Obrador nos lo pinta como un modelo a seguir y un ejemplo para México y el mundo.

¿Lo hemos de seguir entonces? ¿Hacia dónde? ¿Cómo puede ser un sujeto “ejemplar” para nuestro país aquel que detenta una riqueza insultante, fincada en un sistema económico de precariedad, explotación e impunidad? ¿Quién es ahora el interlocutor real del Presidente electo? ¿Con quién importa ahora quedar bien?

Para llegar a una economía nacionalista y que el Estado recobre la rectoría económica del desarrollo que AMLO plantea, necesitamos primero preguntarnos de qué “desarrollo” estamos hablando, y ese “desarrollo”, es para qué y para quién. Esas preguntas elementales, al parecer siguen sin ser formuladas por el Presidente electo y su equipo. Antes de continuar irreflexivamente en una senda suicida que nos tiene ya en una grave crisis social y ambiental, es imprescindible y urgente una justa distribución de la riqueza que TODOS los mexicanos contribuyen a generar, así como una relación sustentable con la naturaleza de la que formamos parte y que reconozca, respete y garantice los derechos humanos de las poblaciones asentadas en los territorios, lo que Slim y quienes como él piensan y actúan, están muy lejos de garantizar con sus proyectos de muerte.

Por ello, también nos pronunciamos en contra del fracking para la extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina y en Coahuila, y a favor del respeto irrestricto a la voluntad de las comunidades aledañas donde se pretende instalar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), así como a favor de todos aquellos que han luchado en las últimas dos décadas para evitar su construcción. Estamos también en contra de las mineras que extraen material pétreo de la zona contigua al lago de Texcoco para la construcción del no consensado, ni consultado NAICM.

Entre los “proyectos estratégicos” a impulsar por el gobierno de AMLO, están también los de desarrollo minero. ¿Y qué ha dicho AMLO al respecto? Tres afirmaciones básicas:

1. Que las mineras “cuiden el medio ambiente” en su actuar;

2. Que “se les pague mejor” a los trabajadores;

3. Que “se paguen más impuestos al Estado”.

Estas afirmaciones carecen de fundamento porque no son una opción para las poblaciones afectables, ni para el país. Los datos objetivos disponibles son contundentes: el Modelo Extractivo Minero actual es por su propia naturaleza esencialmente insustentable y no representa alternativa alguna de “desarrollo”: por el contrario, es un modelo estructurado esencialmente en procesos sistemáticos de desposesión y destrucción.

Desde la REMA exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras violatorias de los derechos de los pueblos y comunidades. Esas concesiones representan una grave e irreversible afectación al medio ambiente y la salud de los mexicanos. Las comunidades y pueblos no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando nuestros derechos. Lucharemos hasta conseguir nuestra plena autonomía.

Desde la REMA, la exaltación pública de este personaje por parte de AMLO nos preocupa, porque quiere decir que en el balance, empresarios como Slim y todo lo que representan siguen siendo más importantes que las poblaciones afectadas y afectables.

¡LA SOBERANÍA RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO!

¡NO AL FRACKING!

¡NO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS Y DE DESPOJO!

¡LOS DESPOJADORES NO SON NI SERÁN JAMÁS MODELO A SEGUIR!

ATENTAMENTE,

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

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Guatemala: Impacto del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres de la Costa Sur

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Artículo de Awex Mejia Cipriano y Elias Raymundo Raymundo, publicado en el informe “Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central” de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018

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1. Introducción

Hoy día, los grandes productores de la caña de azúcar, que se aglutinan en la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), se vanaglorian de las 283,898.85 hectáreas que tienen sembradas con este cultivo, que a nivel de América Latina y El Caribe, Guatemala es el segundo productor y a nivel mundial es el cuarto país exportador y el tercer productor por hectárea; que el cultivo de azúcar crea 425,000 empleos de forma directa e indirecta, de los cuales 32,000 son de cortadores de caña, de representar el 3% del PIB nacional y el 15.36% de las exportaciones totales de Guatemala, y que, además, la industria de la caña de azúcar utiliza el bagazo de la caña para la producción del 25% de la energía eléctrica en la época de zafra en el Sistema Nacional Interconectado -SNI-, y que es uno de los principales fabricantes de alcohol originario en Centro América. (PNUD, 2016).

En cambio, ocultan que su riqueza se basa en la explotación de la tierra y de la mano de obra, en el acaparamiento de las tierras, en la extinción de la biodiversidad, y en la extracción desmedida del agua. No dicen que la mayoría de trabajadores en las grandes plantaciones de caña de azúcar no poseen contratos escritos de trabajo, lo que impide determinar con claridad la temporalidad del contrato, la naturaleza del trabajo o las condiciones de pago, además de no contar con prestaciones de ley; tampoco dicen que la jornada laboral de los trabajadores temporales es de doce horas o más, iniciando a las cuatro o cinco de la mañana, dependiendo de la distancia a la que se encuentren del área de corte, lo que incide en la hora de regreso al descanso; y que las condiciones de alimentación, higiene y espacios para descanso son precarias y no son adecuadas para la reproducción digna de la vida. (PNUD, 2016).

En general, el 90% de los jornaleros gana un salario mensual por debajo del salario mínimo, el salario más bajo es devengado por las mujeres. El 94.7% de la población que trabaja en agricultura no cuenta con seguro social y es común el trabajo infantil, no hay espacios para la organización de los trabajadores y existe la ausencia del Estado en la inspección laboral de las fincas. (PNUD, 2016). Mucho menos se hace algo por garantizar las condiciones de vida digna para las mujeres. Se ha reportado que les pagan menos que a los hombres aunque hagan el mismo trabajo, les tratan de una forma humillante, no tienen ni tiempo para comer, y no les dan trabajo si no se acuestan con el encargado. (Castro, N. 2017).

Tampoco dicen que las enormes extensiones de monocultivo de caña de azúcar requieren grandes cantidades de agua, para lo cual la extraen del subsuelo construyendo profundos pozos industriales que dejan secos los pozos artesanales de las comunidades campesinas. Seguir visibilizando y denunciando el impacto del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres en la costa sur, es el objetivo de CEIBA al realizar este trabajo, con la finalidad de seguir posicionando las acciones y principales demandas desde la perspectiva de las mujeres.

2. Antecedentes y marco de conceptos

Se entiende por monocultivo a las grandes extensiones de terrenos cultivados con una sola especie, la cual puede ser de tipo agrícola, forestal, pecuario o hidrobiológico. Uno de los principales monocultivos en Guatemala hoy en día, es el de la caña de azúcar, alrededor del cual se ha desarrollado un proceso de concentración y acaparamiento de las tierras, toda una industria, infraestructura de servicios e institucionalidad para cumplir con el objetivo de colocarse en el mercado de exportación, sin importar las condiciones sociales y ambientales en el que se sustenta y el que provoca.

Pero la caña de azúcar como especie no es el problema. En la economía de muchas familias campesinas, la caña de azúcar es parte de su estrategia biodiversa: se usa como barrera viva para retener el suelo de la erosión y proteger el talud de las acequias, en los campos de frijol y de maíz, o asociado a los muchos otros cultivos en las parcelas campesinas; su jugo es extraído en los trapiches para elaborar la panela artesanal y la melcocha, es fuente de azúcar que endulza la bebida o para la elaboración de postres, y que se comercializa en ferias regionales. También se usa para la alimentación del ganado, y la población lo consume como jugo o como fruto.

Contrario a la economía campesina, la gran industria de la caña de azúcar ha convertido 278,880 ha en monocultivo (INE, 2015), mismos que son cultivados por aproximadamente 2,500 agricultores, y procesados y exportados como azúcar por los 12 ingenios existentes en Guatemala, concentrados en la región de la Costa Sur (Melgar, 2011). El empeño puesto en una economía basada en este producto se observa en el hecho de que en 1960 se estimaban 15,000 ha del cultivo, para el año 2000 se reportaban 180,000 hectáreas, y en el año 2010 llego a abarcar 230,000 hectáreas (CENCIGAÑA, 2014). Es decir, que en 55 años la superficie creció 18.6 veces.

En la imagen 2, puede apreciarse la franja de color verde limón, la cual es el área que se emplea para siembra de caña de azúcar en la Costa Sur de Guatemala (Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos y Santa Rosa), sin variedad de otros cultivos y con uso excesivo de agroquímicos. El impacto al territorio, entendiendo este como el conjunto de elementos, es decir; ríos, océanos, lagos, lagunas, suelos, aire, seres vivos (árboles, plantas, animales, humanos) y superficie terrestre con el cual interacciona y se interconecta el ser humano y su acción en el territorio; el impacto se traduce en pérdida de biodiversidad, excesivo uso del agua, contaminación particularmente la causada por el uso de agrotóxicos, la expropiación de forma ilegal de la tierra y la expulsión de la población utilizando la violencia.

El monocultivo de la caña de azúcar genera grandes impactos como el desgaste del suelo, la quema de los productos (el humo, que se propaga en todo el territorio, contamina el aire durante días), los vertederos inadecuados de residuos llegan a los ríos y estos llevan las aguas hacia zonas más bajas o hacia el mar, las extensiones de tierras en manos de pocas personas, en contraste con la escasa tierra permitida a la mayoría de la población, que en los mejores casos apenas tiene tierra para una vivienda. Además, los espacios laborales en las fincas tienden a ser desgastantes y enfermizos para trabajadores y trabajadoras, quienes carecen de falta de atención adecuada en salud, propiciando que se propaguen enfermedades como las gastrointestinales principalmente en la niñez.

3. Impacto de la caña de azúcar en las mujeres de comunidades de Champerico

El monocultivo de caña de azúcar es un cerco a las comunidades de Cuchuapán, la Gomera, Monte Cristo y el Triunfo, Comunidades de Champerico, Retalhuleu, en la costa sur de Guatemala. Dos ingenios se sitúan aledaños a dichas comunidades: Ingenio Magdalena e Ingenio El Pilar, los cuales trabajan para la producción, procesamiento y comercialización de azúcar a nivel nacional e internacional.

El Ingenio Magdalena, es uno de los mayores productores y exportadores de azúcar a nivel Centroamericano. La producción y comercialización del azúcar parece bien desde su perspectiva, sin embargo, el sistema de producción que emplean ha generado inconformidad en las comunidades aledañas, debido al cambio en el uso de la tierra, a la práctica irracional de productos químicos en los cultivos que contaminan y degradan las tierras y el agua, así como el uso excesivo de agua que demandan para la producción, llegando a desabastecer a las comunidades.

De modo que el monocultivo de la caña de azúcar ha generado impactos en la población de comunidades cercanas, en especial en las mujeres, pues son ellas, quienes se encargan, en la mayoría de los casos, de cuidar y velar por la siembra y producción de los huertos y parcelas integrales, situación que se deriva de que los hombres trabajan en los ingenios, fincas y dejan de atender su propia siembra y producción.En contraste con las grandes extensiones de monocultivo de caña de azúcar, las pequeñas parcelas y/o huertos campesinos en las comunidades son altamente diversificadas con alrededor de 25 especies entre hortalizas, frutales y plantas medicinales, y tienen el objetivo primario de producir para el consumo familiar, y sólo si hay excedentes los comercializan en la comunidad.

A la vez, contrario al manejo agroquímico del monocultivo de la caña de azúcar, los cultivos de las comunidades son cuidados con abonos, insecticidas y foliares orgánicos, elaborados a base de plantas locales, en un trabajo familiar. Como una forma de resistencia ante los monocultivos intensivos, colectivos de mujeres decidieron apostar desde hace varios años a la protección de la tierra y el cultivo de productos orgánicos. “Las plantas, hierbas y otros cultivos como el maíz y frijol, son importantes en la vida de la mujer, somos maíz y no podemos comer otro tipo de alimento que no sean los nuestros”, dijo María Santos.

Es constante la preocupación de las mujeres por la falta de agua, que se ha ido agudizando a causa de los ingenios, ya que no cuentan con suficiente agua para mantener sus cultivos y la poca que tienen está contaminada. Esto implica a las mujeres la búsqueda de medios para abastecer a la familia de alimentos nutritivos, viéndose obligadas a comprar hortalizas y verduras en el mercado local, movilizarse por varias horas, e invertir en el transporte sus escasos recursos económicos.

Esta situación las obliga a vender sus animales de patio para poder comprar alimentos que no tienen y requieren, incrementando su carga de trabajo por un rol culturalmente preestablecido, señalándolas a ellas como las principales responsables de abastecer de alimentos a la familia. Las mujeres de la Gomera, Monte Cristo, Cuchuapán y el Triunfo de Champerico, Retalhuleu, asegurán que los pozos se han secado o que es insuficiente el agua que tienen para abastecerse, debido a que los ingenios Magdalena y El Pilar emplean maquinarias para desviar los ríos hacia su producción, dejando una mínima parte para el uso de las comunidades cercanas.

Las mujeres relatan que en tiempos anteriores los pozos artesanales de agua no eran tan profundos, sin embargo, en la actualidad han tenido que escarbar más profundo para poder encontrar agua y en algunos casos no han encontrado agua, tan solo pozos secos. Así mismo, las mujeres manifiestan que esta situación les afecta en las actividades que realizan dentro del hogar. Son ellas las encargadas de velar porque la familia tenga acceso al agua para uso en la limpieza personal, lavar los alimentos y prepararlos, lavar ropa y trastos, así mismo velar porque se tenga agua para uso y consumo de los hijos, hijas y esposo.

Señalan que su problemática se ha ido agravando. Ahora, además de la escasez, la poca agua que tienen está contaminada por los químicos que esparcen en las fincas para  madurar su producción en horarios de la mañana y la ceniza que resulta como producto de la quema de caña, lo que ha generado principalmente enfermedades de la piel (ronchas y manchas) en mujeres, ya que son ellas las que más se exponen a espacios descubiertos, al ir al motor a moler nixtamal, al dejar a sus hijos e hijas a la escuela y cuando salen a trabajar a sus huertos o parcelas, actividades que realizan en horarios de la mañana, aprovechando su tiempo. Igualmente, el agua contaminada ha provocado enfermedades gastrointestinales en niñas y niños que tienden a ser los más vulnerables y que, a raíz de los patrones culturales impuestos, recae en las mujeres velar por su alivio y crear las condiciones necesarias para que se recuperen. Se ha incrementado también la presencia de moscas y zancudos, generando dengue y alimentos contaminados que en su mayoría son consumidos por mujeres embarazadas, niños y niñas, lo que impacta en su sistema inmunológico y puede ocasionar desnutrición principalmente en mujeres embarazadas.

Otros efectos del monocultivo de la caña de azúcar son los daños severos a los cultivos en las parcelas y/o huertos campesinos a causa del uso de madurativos aéreos, que son dispersados de 6 a 9 de la mañana sobre las extensas plantaciones de caña de azúcar, lo cual recae sobre los cultivos de las viviendas cercanas y ello genera que los frutos y verduras se maduren y caigan antes del punto natural de corte y cosecha, lo que ha ocasionado grandes pérdidas de cultivos, principalmente en ajonjolí, aguacate, pepino, papaya, mango y tomate, llevando a pérdidas cuantitativas. Una familia de la Gomera reportó pérdidas por hasta US $3,750.00 en un año por esta causa. Esto implica limitaciones para generar alimentos en el hogar y para comercializar.

Las mujeres de la localidad muestran su preocupación ya que empleaban la venta de frutas tropicales como un medio para generar ingresos familiares, sin embargo, la situación provoca en las familias mayor escala de pobreza, lo que implica para las mujeres, según sus relatos, el limitar de alimentos a su familia, y una carga más el tener que buscar otros medios para abastecer a su familia de alimentos nutritivos y a costos inalcanzables para sus ingresos, aunado a ello hay mujeres solteras y viudas que son las encargadas de velar por el acceso a alimentos de su familia y se ven más limitadas.

A esto se suman las consecuencias de la quema de la caña de azúcar, acción que se realiza en todas las épocas de la producción de la caña por motivo de la zafra o corte de la caña, y que dura alrededor de 4 a 6 meses. Contaminación de humo y ceniza es lo que al ambiente, a las mujeres y a la vida comunitaria significa el inicio de la época de la zafra en Champerico.

En Retalhuleu, se tiende a contaminar y generar basura en las carreteras, y a dañar las mismas por el paso constante de los camiones recolectores de caña. En plena carretera internacional los camiones trasladan, para su procesamiento, la caña cortada hacia los ingenios, lo que limita el paso del transporte público provocando tráfico a todas horas, limitando a las mujeres a movilizarse para realizar sus múltiples actividades y llevándolas a caminar largas horas por las distancias y generar un desgaste físico en ellas, extra al que se genera desde sus actividades cotidianas.

Ante esta situación vivida día a día, las mujeres de las comunidades posicionan la demanda sobre el goce de sus derechos y el acceso al agua en calidad y cantidad. Las mujeres aseguran que el agua es un bien de la comunidad, les permite vivir y convivir en armonía, producir sus propios alimentos con calidad. Manifiestan que como mujeres y principales afectadas, han llevado acciones a nivel de la zona, se han reunido con dirigentes de los ingenios para manifestarles de forma verbal los daños que la caña de azúcar y su proceso de producción está generando. Les han hecho ver las pérdidas cuantitativas por parte de los ingenios, y les han pedido hacerse responsable respecto al tema y retribuir esas pérdidas a la comunidad. Sin hacerse responsables, pero aparentando hacer algo por las comunidades, los propietarios de los ingenios están empleando como estrategia:

1) generar un “aporte” a la comunidad, como pasar maquinaria en las calles de terracería en la Gomera;

2) ofrecer láminas y jornadas médicas en Monte Cristo;

3) generar empleos en Cuchuapan y El Triunfo.

En su mayoría, las comunidades no han cedido a las regalías, más bien han posicionado su interés fundamental de acceso al agua y a comunidades libres de contaminación de químicos y residuos.A pesar de la doble jornada de trabajo que realizan como actividades cotidianas dentro de la casa, y trabajo no remunerado, las mujeres con mucha más frecuencia están participando en procesos de organización comunitaria, que les abren oportunidades de formación para adquirir habilidades productivas como el cultivo de sus huertos dentro del marco de las prácticas ancestrales de producción que les han sido muchas veces arrebatadas, además los espacios de organización y formación les permiten formarse, adquirir conocimientos y análisis de la realidad y de sus derechos para construir formas y herramientas para enfrentar a los propietarios del monocultivo y agroindustria de la caña de azúcar.

Los efectos lesivos del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres, las ha llevado a defender sus derechos y a participar constantemente en mesas de diálogo, talleres, foros y conferencias que les permitan manifestar y visibilizar el impacto que tienen los monocultivos en su vida y la de su comunidad, ante personalidades públicas como diputados, alcaldes y maestros, así mismo, a crear redes con entidades privadas en defensa del ambiente y de sus derechos.

En acompañamiento a dicho proceso, CEIBA Amigos de la Tierra Guatemala impulsa la implementación de huertos y parcelas integrales agroecológicas, a fin de contrarrestar las pérdidas de cosecha, y difundir el uso de foliares, abonos e insecticidas orgánicos en las diferentes comunidades, a fin de posicionar técnicas agroecológicas a menores costos y que nutren la tierra y les permita tener una producción amigable con el ambiente. Para hacer incidencia de forma más precisa, se promueve el análisis participativo de los impactos que generan los monocultivos con la población afectada, para sensibilizar y unir esfuerzos bajo los intereses de la colectividad. Se fortalece también la organización comunitaria, en defensa de sus derechos principalmente el acceso a tierras, el agua y zonas libres de monocultivo.

4. Conclusiones

  • El monocultivo de la caña de azúcar en Guatemala sigue creciendo, arrebatando grandes extensiones de tierra y despojando a la población de su territorio y profundizando el acaparamiento de tierras.
  • El sistema de producción y cosecha de la caña de azúcar ha generado impactos negativos principalmente en la vida de las mujeres, ocasionando el acceso limitado del agua, enfermedades gastrointestinales, daños materiales a techos de las viviendas y el daño a la producción de huertos y parcelas.
  • La población de las comunidades y las mujeres cuentan con una organización comunitaria, propia, están empoderadas, y han tomado la decisión de dialogar, de denunciar y de exigir sus derechos violentados por la práctica de los monocultivos y el apetito voraz por el dinero que tienen los propietarios del monocultivo y agroindustria de la caña de azúcar, y que insisten en mantener a la mujer en un rol pasivo, sumiso, sedentario, de encierro, sin oportunidades para el desarrollo de todo su potencial como persona humana.

5. Referencias

– Castro, N. 2017. Tener sed por culpa de la caña de azúcar. Disponible aquí.

– INE, I. N. 2015. Encuesta Agropecuaria Nacional 2014. Guatemala: Inkscape.

– PNUD. 2016. (Guatemala, 2016).

– CENGICAÑA (Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar).2012. El Cultivo de la Caña de Azúcar en Guatemala. Melgar, M.; Meneses, A.; Orozco, H.;Pérez, O.; y Espinosa, R. (eds.). Guatemala. 512 p.

– Melgar, M. 2011. Fuente: “Estrategias de investigación y desarrollo en la agroindustria azucarera de Guatemala”. Presentación en Power Point en el seminario para la constitución del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (CICTCAÑA). Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera del Senado de la República Mexicana. 16de noviembre 2011.

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Este reportaje fue realizado por la periodista Priscila Cárdenas, la fotografía, realización y edición del video es de Aarón Alcaraz, para Proyecto Puente y Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS – A 6 de agosto 2018 (Disponible en Proyecto Puente y Connectas)

El derrame tóxico en el Río Sonora, pudo haberse evitado. Así lo revela esta investigación que a cuatro años de la peor tragedia ambiental de México muestra cómo para sobrevivir los siete pueblos afectados solo consumen agua embotellada, mientras la siembra, que fuera una de sus actividades, quedó prácticamente aniquilada.

Omisiones de las autoridades tanto locales como federales, así como una multa ínfima, comparada contra el daño, han dejado bien librada a Buenavista del Cobre, responsable de desencadenar el desastre ambiental que aún no termina.

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Un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora, puesto en los techos y patios de las casas de siete poblados, parece la huella que quedó de la tragedia ambiental que el 6 de agosto de 2014 contaminó con 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos el Río Sonora. Una tragedia que Buenavista del Cobre, la mina más grande de México y la tercera más importante del mundo, pudo haber evitado.

Óscar Encinas Gámez, de 64 años, uno de los afectados, dejó de sembrar maíz y alfalfa al saber que la toxicidad del agua, provocada por un derrame en la mina Buenavista del Cobre, duraría más de 90 años. Como él, un total de 22 mil personas se vieron afectadas de manera directa, por la omisión de autoridades federales y locales, al no haber realizado las inspecciones de rutina en la minera.
 
Así lo revela esta investigación de Priscila Cárdenas para Proyecto Puente y Aristegui Noticias con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS, que demuestra cómo ninguna autoridad supervisó a la minera perteneciente a Grupo México durante los últimos 14 años. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solo revisó las instalaciones cuando el desastre ya había ocurrido. Su anterior visita había sido diez años atrás.
Desabasto de agua potable, mermas económicas y daños a la salud son algunas de las afectaciones de una tragedia que siguen padeciendo la mayoría de los habitantes cercanos a la zona, y que pudo prevenirse si las autoridades mexicanas hubieran hecho su trabajo.
 

En su momento, Grupo México, dueña de la minera, informó que el derrame fue ocasionado por el exceso de lluvias en la zona, pero la versión fue desmentida, al comprobarse que durante los días previos no hubo precipitaciones.

La realidad que se quería ocultar era que Buenavista del Cobre no cumplía con instalaciones adecuadas para el manejo de residuos peligrosos y las autoridades no lo sabían, pues tenían más de 14 años sin inspeccionarlos.

Datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información de la Profepa, revelan que de 2000 al 2018, funcionarios solo visitaron dos veces la mina: el 9 septiembre y el 1 diciembre de 2014, después de ocurrido el derrame.

En estas revisiones se detectaron 55 irregularidades plasmadas en cuatro expedientes, que en un total de 8.128 hojas confirman que la mina operaba con fallas, violando la ley e incumpliendo con regulaciones elementales.

Las autoridades mexicanas no hicieron públicos los hallazgos ni tampoco revelaron que se multó a la empresa con 22 millones 959 mil pesos, es decir, 2 millones de dólares al día de hoy. Un monto insignificante contra los multimillonarios beneficios económicos que produce la mina para sus accionistas, entre ellos Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país.

Luis Miguel Cano, abogado de la organización PODER, explicó que a la empresa le resultaba menos costoso pagar la multa que cumplir con las especificaciones mínimas para evitar el derrame. “Cualquiera podría preguntarse cómo es que una empresa que causó el peor desastre de la industria minera puede estar tan tranquila, seguir en operaciones… No le cuesta nada cuando a la gente de la región le costó todo. Hace sospechar de un sistema de impunidad, de un sistema que no funciona”.

En el expediente PFPA/32.2/2C.27.1/0078-14 se detalla que la mina no contaba con sistemas de detección para garantizar que los residuos tóxicos almacenados no fueran vertidos al exterior. “Cuando un derrame de sustancias peligrosas permanece sin ser atendido, puede causar daños constantes y crecientes al suelo, subsuelo, agua y a otros recursos naturales”, señalaba la notificación que ordenó la clausura temporal de las instalaciones.

Buenavista del Cobre no dio aviso inmediato a las autoridades cuando ocurrió el derrame, lo que provocó que mucha gente siguiera utilizando el agua para riego, para lavar, para bañarse e incluso para consumo.

“Del día del evento al momento en que se avisó vía telefónica habían transcurrido más de 25 horas (7 de agosto de 2014 a las 11 hrs.)”, detalla el informe.

En el documento también se puede observar que hubo negligencia, pues las instalaciones donde ocurrió el derrame aún estaban en construcción, lo que permitió la fuga de los químicos.

“Se nos acabó la tranquilidad porque empezaron a venir enfermedades de la piel, y al día de hoy mucha gente está saliendo con cáncer, son enfermedades que antes no se veían aquí en la zona del río”, recuerda María del Socorro Domínguez Valenzuela, una de las pobladoras de la comunidad de El Sauz. Fue así como de ordeñar vacas, sembrar chile verde y fabricar quesos algunos de los habitantes se familiarizaron con las cámaras, con la presencia de reporteros que empezaron a acudir a sus pueblos para comprobar cómo es vivir en una zona de desastre.

Sin embargo, en muchos aún persiste la sensación de abandono en la tragedia, al recordar que pese a la dimensión de la misma nunca se hizo presente el presidente de México Enrique Peña Nieto.

Profepa advirtió que la empresa debía mejorar las instalaciones para el manejo de residuos tóxicos, como se detalló en el expediente PFPA/3.2/2C.27.5/00003-14.

En el mismo reporte se explica que la mina no contaba con pozos de monitoreo de los procesos de lixiviación. Esto quiere decir que los químicos que se usaban para extraer el mineral no eran monitoreados ni tampoco había medidas para evitar que fauna silvestre ingresara a zonas donde estaban minerales como el sulfato de cobre acidulado. “No se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo”, apunta.

El expediente PFPA/3.2/2C.27.1/00018-14 resume que la compañía que Buenavista del Cobre contrató para el manejo de residuos peligrosos tampoco estaba autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con esta fórmula, concluye el informe, la minera obtuvo beneficios económicos al violar la normatividad de no dar un manejo adecuado de sus contaminantes.

En otro informe de Profepa, se habla sobre si la minera cumplía con la normatividad en materia de prevención y control de contaminación de la atmósfera. Este documento detalla que, además de carecer de Licencia Ambiental Única, Buenavista del Cobre no reportaba los resultados de las evaluaciones sobre emisión de gases y concluye que “las infracciones se consideran graves porque pueden provocar daños a la salud pública (..) además pueden generar desequilibrios ecológicos y provocar afectación de los recursos naturales o de la biodiversidad”.

Todos estos reportes se hicieron después de ocurrido el derrame tóxico.

Perdiendo la vida todos los días

Como si el termómetro no marcara 45 grados centígrados a la sombra, un hombre cruza caminando la plaza del municipio de Ures, cargando un garrafón de agua vacío en la mano. Su trayecto finaliza en un negocio que -con letras rojas y grandes- tiene escrito en la pared “elaborada bajo proceso de filtros de arena, carbón activado, suavizadores, ósmosis inversa y rayos ultravioleta“. Ya con el recipiente de 20 litros lleno -después de haber gastado 12 pesos por ello, casi un dólar- el hombre regresa a su casa, pero pronto deberá repetir el camino porque en Ures y en otros seis pueblos de Sonora, la gente utiliza agua purificada para todo.

Abrir la llave dejó de ser opción desde el fatídico 6 de agosto de 2014.

Ese día, la mina Buenavista del Cobre, la principal explotadora de este metal en México, derramó en el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos compuestos por metales pesados como níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio. Una contaminación que se esparció por el afluente que alimenta los municipios de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.

Además de perjudicar el ecosistema, la emergencia les marcó la vida a los pobladores. Quienes tenían vacas tuvieron que tirar la leche y cesaron en la fabricación de quesos y otros productos derivados, pues sus animales bebían del afluente contaminado. Para los agricultores, la toxicidad en el Río Sonora significó dejar de sembrar, pues el agua con la que regaban sus cosechas estaba contaminada.

La noticia ahuyentó a los visitantes que acostumbraban pasear por la zona los fines de semana dejando en la ruina a restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. Nadie quería arriesgarse.

El Gobierno de México ordenó cerrar los pozos, exhortó a la gente a no acercarse al río y anunció que implementaría un plan de emergencia para atender el caso. También responsabilizó a la empresa minera Buenavista del Cobre por lo sucedido y anunció que Grupo México sería multado y obligado a pagar económicamente por todos y cada uno de los daños ocasionados.

Sin embargo, a cuatro años de ocurrida esta catástrofe, el plan de remediación no revirtió el daño.

Grupo México destinó, desde el 15 de septiembre de 2014, dos mil millones de pesos a través del Fideicomiso Río Sonora. De acuerdo con el contrato el Gobierno Mexicano, mediante un comité técnico se encargó de administrar el dinero y también de vigilar que se cumpliera la limpieza del río, la instalación de 36 plantas potabilizadoras de agua e indemnización económica.

También hubo el compromiso con quienes presentaran afectaciones a la salud derivadas por la exposición por metales pesados, por lo que construirían una clínica enfocada exclusivamente a atender y vigilar estos casos.

Pero el dinero no alcanzó, las afectaciones al agua contaminada continúan, y ni siquiera existen plantas potabilizadoras que funcionen u hospitales de atención especializada.

“Las acciones no han servido de nada, de tantas plantas potabilizadoras de agua que iban a poner nomás pusieron una. Hoy compré seis galones de agua a la semana y no me alcanzan”, comentó Dolores Valenzuela, habitante de El Sauz, un ejido ubicado en el municipio de Ures.

Así como Dolores, los pobladores le reclaman al gobierno mexicano la mala administración del dinero del fideicomiso, pues se hizo sin transparencia y con el fin de favorecer a la empresa por encima de los pobladores.

No se instalaron las 36 plantas potabilizadoras. El hospital que supuestamente serviría para atender a los enfermos, hoy está abandonado y nunca fue inaugurado.

Julieta Lamberti, coordinadora de investigación estratégica de PODER, organización que impulsa la defensa legal de los habitantes afectados por la contaminación del Río Sonora, expone que las autoridades no han hecho nada para mejorar la situación de las personas y en contraste, la minera no ha tenido ninguna afectación económica. Al contrario. Sus números han ido en aumento.

“A la empresa no le significó costo o pérdida contaminar con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado el agua de 22 mil personas. A la empresa le salió más barato violar la Ley y pagar la multa, que hacer todo lo que necesita hacer para proteger el medio ambiente”, asegura Lamberti.

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Más información:

VIDEO: “Minas, Metales y Poderes”, reportaje sobre el ecocidio generado por Grupo México en Sonora

Agronegocio y mujeres rurales: El caso de los monocultivos de piña en Costa Rica

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Artículo de COECOCEIBA/Amigos de la Tierra Costa Rica, publicado en el informe “Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central” de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018

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1. Introducción

El conflicto territorial que implican los monocultivos en Costa Rica tiene un alcance profundo en la cotidianidad, principalmente de mujeres que son afectadas por el agronegocio. En un país enfocado en la apertura comercial, la firma de Tratados de Libre Comercio y de protección de inversiones; la expansión de los monocultivos ha sido el principal fenómeno que enfrentan las comunidades rurales actualmente y que pone de manifiesto que quienes cargan con las consecuencias tienen rostro femenino, pero ellas son también las que más le hacen frente y resisten a la expansión del agronegocio.

Para entender el agronegocio en Costa Rica, es necesario vincularlo con más de treinta año de política neoliberal de los últimos gobiernos. Con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos (2008), a la fecha se han detectado crecimientos de zonas cultivadas con palma aceitera, caña de azúcar, piña y banano, productos enfocados en la agroexportación y que no integran la dieta cotidiana de la población costarricense y que han venido a desplazar los granos básicos y atentar contra la producción campesina que desde los años ochenta viene quedando sin apoyo estatal y que ha sufrido golpes fuertes con el embate neoliberal de las décadas siguientes.

Se estima que existen alrededor de 250 mil hectáreas dedicadas al agronegocio, de los cuales 56 mil son dedicadas al cultivo de la Piña Gold o MD2, dependiente además de paquetes tecnológicos basados en agrotóxico como el Bromacil, Diuron, Endusolfan, Paraquat, Tiadimefon, Mocap, entre otros. En términos de 10 años (2007-2017) la importación de herbicidas se ha multiplicado 312% (1) y la cantidad de fuentes de agua para aprovechamiento humano contaminados por estos agrotóxicos aumenta. Sólo en 2017 se reportaron más de dos nacientes de agua para consumo humano contaminadas con Bromacil en la zona norte, en la comunidad de Veracruz en San Carlos de Alajuela. Impactando a más de 5000 personas que toman de esa fuente.

Sumado a lo anterior, las disparidades y la discriminación que viven las mujeres es una discusión que engloba muchos aspectos, como el acceso a los bienes, la economía del tiempo, el trabajo no remunerado, el desempleo, los salarios bajos, y la violencia sexual, entre otros. La situación que viven las mujeres en el campo es reflejo de algunos de estos sometimientos que sufren por condición de género y que, en muchos casos, coinciden con el modelo que impulsa el sistema industrial de alimentos.

Según el último Censo Agropecuario de Costa Rica (2) las mujeres poseen solamente el 8,1% del área cultivable del país, mientras que los hombres tienen más del 91.9%. De la misma forma, en términos de cantidad de fincas (títulos de propiedad) en el país existen 93.017 fincas. Un total de 80.972 tienen como condición jurídica la persona física (87%), el resto (13%) están en manos de empresas privadas. De las fincas que están a nombre de personas físicas, 68.374 (84,4%) están dirigidas por hombres y tan sólo 12.598 fincas (15,6%) son dirigidas por mujeres. Lo anterior nos habla de que las mujeres tienen menos acceso a títulos de propiedad. Si lo vemos en total de hectáreas de todas las fincas, las mujeres poseen solamente el 4,4% del área cultivable del país. Es decir, en promedio las mujeres tienen parcelas mucho más pequeñas en comparación con las extensiones en propiedad que tienen los hombres.

Siguiendo la tendencia de exclusión, la asistencia técnica por parte del Estado es otra de las áreas en las que se presentan disparidades. Éstas resaltan, si seguimos analizando e interpretando los datos arrojados por el Censo que las fincas dirigidas por mujeres productoras y que recibieron asistencia técnica por parte de algún ente estatal o privado, representan sólo el 2,7% del total; mientras que las dirigidas por hombres representan el 17,1%. No queda duda de la desprotección que viven las mujeres en términos de acceso a capacitación y apoyo técnico.

Estos datos son nacionales y no son específicos sobre el cultivo de la piña; pero reflejan la realidad existente en forma general, en términos de tendencia en el agronegocio. Hace falta una mayor profundización, más investigación y trabajo de campo para precisar la realidad de las mujeres.

2. El impacto del monocultivo de piña en la vida de las mujeres

La condición de la mujer respecto al monocultivo de la piña es invisible ante las instituciones públicas, pese a que existen reportes de cambios en la cotidianidad de la vida de las personas que son vecinas de plantaciones. Por ejemplo, en 2003 el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRETUNA), reportó por primera vez la presencia en el agua de agroquímicos utilizados en la producción y postcosecha de la piña para la agroexportación. El IRET concluyó que las aguas que abastecían a comunidades como Milano, Cairo, Luisiana y La Francia, no eran aptas para consumo humano por la presencia de estos agroquímicos. Esto ha cambiado totalmente la cotidianidad de las comunidades y en especial la de las mujeres. Desde hace 13 años un camión cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Aya) reparte agua potable a estas comunidades dos o tres veces a la semana.

El no poder utilizar el agua servida por las tuberías de la comunidad ha generado que se compliquen las labores cotidianas de cuidado (3), como la cocina, el baño, la limpieza o la crianza de los hijos. Lamentablemente estas labores de cuidado por lo general recaen solamente en las mujeres, por lo que podemos decir que estas condiciones de contaminación han tenido un impacto diferenciado en las mujeres, haciendo que se extiendan las jornadas de labores en el hogar, y complicando el trabajo por el acarreo de agua con cubetas que hacen que se emplee más esfuerzo en hacer estas tareas cotidianas. Esto también debería ser sujeto de investigación, ya que no se reportan estudios enfocados en los impactos con enfoque de género del monocultivo de la piña.

De igual forma, son las mujeres quienes han tenido mayor protagonismo dentro de las luchas en contra de este monocultivo. El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) es una organización compuesta en su mayoría por mujeres que tienen un liderazgo importante en la coordinación de las acciones y que además son las que primero se organizaron (antes que los hombres) para luchar contra la agroindustria contaminante. Además, han sido clave para buscar soluciones a los problemas de erosión, contaminación y acaparamiento de tierras que provocan las piñeras. El FRENASAPP es un espacio abierto de coordinación, que busca articular esfuerzos de las comunidades afectadas por la producción de piña. Su lucha es por la vida, por la defensa del derecho a un ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda adecuada y a la tierra, para garantizar los recursos naturales para las futuras generaciones.

La producción de piña a gran escala ha afectado los derechos, porque se ha envenenado la tierra y el agua, destruido la flora y la fauna, desplazado a los campesinos de sus tierras, y perjudicado gravemente la soberanía alimentaria, ya que en las tierras donde se sembraba alimentos ahora se siembra solo piña. Además, las condiciones de trabajo se dan irrespetando las garantías laborales, y no se les permite tan siquiera a las y los trabajadores la sindicalización para defender su derecho a un trabajo digno.

También en la gestión del agua potable son las mujeres las que han buscado soluciones a la contaminación. Acueductos comunales liderados por mujeres, como es el caso del acueducto de Milano, han sido de las organizaciones locales más activas en denunciar a las compañías que irrespetan la legislación ambiental. Incluso han sido mujeres, las representantes en el gobierno local, quienes han interpuesto las propuestas de moratorias municipales a la expansión piñera. Un ejemplo de ello es la regidora de la municipalidad de Guácimo, Erlinda Quesada.

Sumado a esto, la Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo de África (AMUDA), en la localidad de África de Guácimo en la provincia de Limón, Costa Rica, nace en el 2012 con el objetivo de fortalecer la organización comunal y para defender los recursos naturales. En Guácimo, han cultivado sus parcelas con el fin de rescatar la medicina tradicional vinculada al bosque húmedo. Esta asociación ha explorado alternativas económicas al monocultivo, insertando técnicas de agroecología y agroforestería a sus huertos y parcelas. Insistimos en que estos temas son muy poco explorados o investigados. Por su importancia para el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y el liderazgo de las mujeres en temas de conflictos socioambientales, debería de ser de interés para la academia y las mismas organizaciones sociales.

3. Salud comunitaria e investigación desde las mujeres

Las mujeres afectadas por la piña no se quedan de manos cruzadas ante la inacción de las autoridades estatales y las empresas contaminantes. Ahora, en 2018 le apuestan a la investigación con enfoque comunitario para conocer el estado de la salud en las comunidades rodeadas por el monocultivo.

La salud comunitaria es un enfoque que el FRENASAPP está desarrollando para encontrar, registrar y sistematizar aquellas afectaciones producto de la exposición a los agrotóxicos de la piña. Buscan demostrar que esta industria está envenenando su salud, para así denunciarlo a la luz pública para frenar su expansión. Esta investigación es liderada por investigadoras y dirigentes comunitarias que en conjunto están trabajando en una innovadora forma de hacer visible lo invisible. El veneno no se ve pero se pueden encontrar sus impactos en todos lados.

4. Conclusiones

Estas y otras propuestas elaboradas, sentidas y pensadas desde espacios de resistencia de las mujeres, representan un enriquecimiento a las distintas formas de defensa del territorio. A través de estas experiencias, las mujeres nos recuerdan, por un lado, que la lucha por la defensa del territorio está estrechamente ligada a la propia soberanía. En un contexto de acelerada masculinización del espacio, las mujeres sufren directamente y en mayor medida los impactos de las actividades extractivas como lo son los monocultivos.

Las mujeres históricamente buscan y recrean diferentes maneras de lucha y defensa del territorio, jugando papeles más activos, sus fuerzas para enfrentar un enemigo común que está promoviendo el despojo. Por otro lado, las mujeres en resistencia nos enseñan a comprender el territorio como un espacio integral, donde los impactos de las actividades extractivas alteran abruptamente el ciclo de reproducción de la vida, cuya difícil regeneración recae sobre las espaldas de las mujeres.

La defensa del territorio va más allá. Significa cuestionar un modelo de desarrollo occidental, capitalista, colonialista y patriarcal, que en su búsqueda de organizar la vida en torno a un pretendido crecimiento económico sin límites, ha declarado la guerra a la vida misma. Las mujeres se alzan así, protagonistas de la resistencia superando los obstáculos de una sociedad patriarcal, estas experiencias son una demostración de que las mujeres organizadas en la defensa de la tierra construyen un espacio de libertad desde el cual reivindican su derecho a defender la vida, a hablar con su propia voz, de movilizar, resistir y transformar.

Notas:

(1) PROCOMER

(2) Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo Agropecuario 2014

(3) Estas labores no deberían de recaer solamente en las mujeres del núcleo familiar, sino que deben de ser distribuidas con mayor justicia. Lamentablemente las dinámicas de género dentro de esta sociedad siguen siendo machistas y, por lo tanto, sujesionan a la mujer.

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Documental: “Monocultura: La expansión de los monocultivos en América latina”

Honduras: Las Mujeres en Resistencia ante la Imposición de Proyectos Hidroeléctricos en el Departamento de La Paz

El Salvador: Las mujeres defienden el agua y enfrentan a Coca Cola en el Municipio de Nejapa, San Salvador

Honduras: Las Mujeres en Resistencia ante la Imposición de Proyectos Hidroeléctricos en el Departamento de La Paz

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Artículo de Azalia Espinoza, Jazziel Baca y Martha Silva, publicado en el informe “Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central” de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018

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1. Introducción

Latinoamérica se ha convertido en el objetivo clave para que empresas transnacionales de los países llamados “Desarrollados” extraigan materias primas, pero estás son exportadas a Europa o Estados Unidos para ser procesadas en estos países y ser vendidas como producción propia, estableciendo así el modelo binomial de la modernidad, desarrollo y subdesarrollo, dos caras de una misma moneda. En el caso de Centroamérica,  esta moneda lleva resonando en los discursos de todo mandatario desde que se forjaron nuestras naciones en la segunda década del siglo XIX.

2. Antecedentes

Honduras es un país con una amplia riqueza en bienes naturales, biodiversidad y minerales valiosos. Sin embargo, la riqueza natural sólo lo disfruta un porcentaje muy reducido de la sociedad. Honduras tiene los niveles más altos de desigualdad de toda América Latina: cerca del 66 por ciento de la población vive en la pobreza, según datos oficiales de 2016. En zonas rurales, aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema con menos de US$1.90 al día.

En Honduras, bajo la premisa del “desarrollo”, entramos al engañoso modelo extractivista a partir de los años 1990, pero luego del golpe de Estado de 2009, toma un especial interés en la agenda de gobierno. En este mismo año se aprueba una nueva Ley General de Aguas, que permite la concesión de los recursos hídricos del país a manos privadas, inmediatamente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) convoca a un proceso de licitación para 47 proyectos (decreto No. 100-1293/2009), de los cuales 40 quedan a manos de empresas privadas extranjeras (1). Posteriormente, se aprueba la Ley General de Minería mediante decreto 238-201 que permite la masiva concesión de territorios para la instalación de empresas mineras metálicas y no metálicas) y reformas a la Ley de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables por medio de decreto de ley 138-2013 la concesión de ríos para la construcción de represas hidroeléctricas en el país.

Abriendo así una nueva etapa de explotación de los bienes comunes y despojo territorial inconsulto, manifestado en proyectos mineros, fotovoltaicos, eólicos e hidroeléctricos, que desde el 2010 han ido en un imparable crecimiento, sumando “más de 837 proyectos mineros potenciales, lo cual en términos territoriales significaría casi el 35% del territorio nacional. Además que hay 76 proyectos hidroeléctricos con estudio de factibilidad finalizado y/o contrato de operación aprobado en 14 de los 18 departamentos del país (Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Patuca, Santa Bárbara y Yoro)”.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ha mencionado que “una de las redes de corrupción más relevante, es la que tiene que ver con el concesionamiento de las Alianzas Público Privado, particularmente con la construcción de obras públicas, como carreteras, peajes, servicios públicos como la energía eléctrica a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Agregó que en la concesión de proyectos hidroeléctricos hay fuertes indicios para que la MACCIH haga un
trabajo de investigación porque es evidente que ha existido corrupción y eso se puede probar con las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público”.

En este sentido, las organizaciones ambientales, sociales e indígenas, se han sumado a la tarea de resistencia de estos proyectos, pero se ha pagado un alto precio, desde el 2009 han sido asesinados por proteger la tierra 123 activistas. En este contexto de persecución y asesinatos, se han unido para resistir varias organizaciones, entre ellas el Movimiento Indígena Independiente de la Paz-Honduras (MILPAH), que nace precisamente en el 2010 para defender a las comunidades lencas en el departamento de La Paz, integrado por hombres y mujeres indígenas. MILPAH ha estado bajo constante ataque por oponerse a la construcción de varias de las hidroeléctricas.

Sólo en 2015, cinco defensores ambientales de los derechos humanos en Santa Elena fueron asesinados, debido a su trabajo para llamar la atención y hacer valer sus derechos humanos en el contexto de las concesiones mineras e hidroeléctricas que afectan sus tierras ancestrales. Por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado a 12 miembros de MILPAH medidas cautelares. Por otro lado es necesario resaltar que la mayoría de los proyectos extractivistas se han ubicado en zonas rurales, en donde el 60% de la población de los 8 grupos étnicos de Honduras vive o sobrevive (2), por lo que son los pueblos indígenas y afrodecendientes los que sienten directamente la inequidad, despojo y represión que estos proyectos suelen generar en el ámbito social y ambiental como la deforestación y contaminación; o la falta de las fuentes de agua, en varios casos (3) ha sido demostrado con las construcciones de las Hidroeléctricas en esta etapa extrativista hondureña.

Sin embargo, hay un sector importante que la integran los pueblos originarios que resulta ser la oprimida entre los oprimidos: la mujer indígena y garífuna (heterosexual o gay), sobre sus hombros carga los impactos inmediatos de la escasez o cautiverio del agua producto de los proyectos hidroeléctricos, debido a los roles impuestos, ya que es ella las que se ha encargado históricamente de la reproducción social, como nos mencionan varias mujeres organizadas en los Consejos Indígenas y Juntas de Agua, afectadas por las hidroeléctricas en el departamento de La Paz.

3. La lucha que libran las mujeres

Las mujeres organizadas se enfrentan a múltiples opresiones, luchas y resistencias, ya que batallan en contra de la colonización capitalista, en contra del patriarcado que muchas veces comparte el espacio con las mismas organizaciones en las que se milita. El trabajo de la mujer ha quedado en el anonimato, siempre han estado allí aunque no las veamos.

El rol que históricamente la sociedad ha obligado cumplir a la mujer, es el de reproductora de la fuerza de trabajo. Este papel no es remunerado ni reconocido, además esta tarea convierte a la mujer en la principal usuaria del agua y cuando hay escasez es la que carga la responsabilidad de abastecer a la familia del vital líquido, como lo manifiesta María Lorenzo, integrante de MILPAH que
habita cerca de una de las hidroeléctricas:

“Me afectó porque yo vivo debajo de esa máquina (refiriéndose a la turbina de la hidroeléctrica). Cuando yo quise luchar por sacar el agua y fui a entrevistar a don Arnol, ¿qué me dijo don Arnol?. Se engavetó las solicitudes que yo le di… ‘Sí abuela, le vamos a poner el agua, usted no se preocupe’. Así quedó y nunca me puso el agua. ¿Y él cómo está? Está bebiendo buena agua y nosotros agua sucia, bebiendo agua lodosa, bañandonos con agua lodosa… Solicitudes ¿cuántas? Como tres le entregamos y las engavetó… No nos cumplió lo que dijo y cuando andaban sacando esa cosas (mediciones antes de la construcción), llegaron unos hombres a la casa… me dijo ‘aquí van pasar las líneas para que pase (la represa) y usted va a vivir en una buena casa, por otro lado para Granadilla’… Yo no soy de Granadilla, yo me muero aquí… Pero ustedes no (van a pasar)… ‘¿Y su esposo qué opina?’… No, ¡yo opino sola porque soy mujer!… Mire cuando se hace lodo no hayamos por dónde agarrar un poquito de agua limpia”… (Escuchar esta entrevista en Radio Mundo Real)

Gladis García (4) menciona que “la diferencia que he sentido en la comunidad es el impacto del agua, no hay agua, imagínese… (los niños) que tienen de cinco para abajo, ahorita con diarreas, fiebres, están padeciendo ahorita en San Francisco, hoy que venía en la mañana… Me preocupa con la demás gente que no tiene agua y está consumiendo el agua del río y esa agua está contaminada, usted sabe que todas las heces, animales muertos y basura, todo lo que es contaminación cae al río y a veces la gente tiene que beber de esa agua, lavar de esa agua, bañarse de esa agua y me parece que eso es que está contaminando ahorita a los niños que están padeciendo de enfermedades crónicas… Es zona seca, no hay pozos de agua limpia, nosotros la recibimos de otras comunidades de montañas altas”.

Proteger los bienes comunes como el agua se ha convertido en la agenda de las mujeres organizadas, por ser las principales afectadas, sin embargo, se ha pagado un alto precio, desde fuertes amenazas, pasando por agresiones psicológicas y físicas, con especial énfasis hacia la mujer indígena y garífuna organizada como el caso de Ana Miriam Romero (5), hasta muertes, en su mayoría de hombres pero también mujeres de organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Paula Gonzales (2013), Berta Cáceres (2016) o Lesbia Yaneth Urquia (2016), madre de tres hijos y militante activa del COPINH quien desde el 2009 se dio a conocer como férrea defensora de los bienes comunes oponiéndose a la construcción de la hidroeléctrica Aurora I en municipio de San José. Lesbia se encontraba inmersa en un contexto suspicaz, en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras, acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada”, los días 4 y 5 de Julio, en Marcala, La Paz.

Las mujeres organizadas en MILPAH han creado sus propios espacios de construcción, pero también han logrado mayor participación dentro de las estructuras de toma de decisión y dirección. Tal es el grado de participación que han obtenido, que en la comunidad Simpinula, la repartición de las tierras comunales se hace independientemente del género, cada hombre y mujer tiene su parcela por igual para trabajarla y la labor es colectiva. En este sentido la participación de las mujeres en la lucha ha sido fundamental, así lo expresó María Felicita López, dirigente de MILPAH; sin embargo, no se puede negar que las mujeres en diversos aspectos se enfrentan de una forma muy diferente pero contundente, con una crisis muy fuerte en todos los niveles tales como: el desempleo, el despojo, el fracaso del salario masculino, la violencia psicológica, amenazas e intimidación por fuerzas represoras del Estado, la discriminación, la criminalización de la lucha, violencia sexual y la violencia física sólo por considerarlas inferiores a los hombres, todo esto ha obligado a muchas mujeres a salir de la casa, tomar un segundo trabajo que se ha añadido al trabajo doméstico no pagado, así que ahora la jornada laboral de las mujeres es una jornada sin fin, esto como consecuencia del fracaso de las pocas políticas sociales del Estado hondureño y como resultado del machismo que impera en este país.

La construcción de las represas ha provocado o genera efectos negativos como: que el nivel de pobreza vaya en ascenso, que exista represión violenta de parte de los órganos de seguridad del estado y de las mismas empresas y de igual manera la criminalización de la protesta social, además que el índice de mujeres asesinadas por defender el medio ambiente cada año se eleva, que cada vez sean mayores los impactos en la salud como problemas respiratorios y oculares, debido al polvo producido durante su construcción, la contaminación de los recursos hídricos, y ha provocado impactos negativos en los medios de vida y alimentación del pueblo indígena Lenca.

4. Propuesta

En fusión con MILPAH y con miras a la búsqueda de una justicia social para las mujeres indígenas en la lucha; el Movimiento Madre Tierra/Amigos de la Tierra Honduras trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de incidencia política de las mujeres, tanto organizadas como no organizadas, a través de la formación permanente en temáticas de: negociación, derechos humanos y particularmente derechos de la mujer, el convenio 169 de la OIT e incidencia política, se promueve y apoya espacios de consulta libre previa e informada en donde se logre una inclusión significativa de la mujer, es decir; que ellas formen parte de la toma de decisiones en la organización, aplicación y beneficios de la misma.

Se hace sinergias con diferentes organizaciones sociales, (entre ellas organizaciones feministas) y con tomadores de decisiones, para construir políticas públicas que contribuyan a la protección del ambiente y al desmantelamiento de los proyectos hidroeléctricos. Como Movimiento Madre Tierra, se establecerá contacto directo con el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), para darle seguimiento a las denuncias de torturas en general y especialmente violaciones sexuales y otras violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres que están en la lucha, así como las mujeres en general, que ocurren debido a la negligencia existente por parte de la institucionalidad, particularmente de la municipalidad para atender los casos de esta naturaleza; la población se siente indignada y particularmente las mujeres porque la mayoría de los casos por no decir todos se quedan en la impunidad. Para realizar este trabajo se capacitará a un grupo de mujeres pertenecientes a los consejos comunitarios que tiene organizado MILPAH, para que sean ellas quienes documenten y hagan la remisión al CPTRT, así como a los entes del estado responsables de atender estos casos.

5. Conclusiones

En los últimos años, el gobierno de Honduras, de tendencia neoliberal, ha profundizado el modelo económico basado en la explotación sin reserva de los bienes naturales de los territorios, sobre todo de territorios indígenas dado su abundante riqueza natural. Al pretender la explotación de los recursos naturales para generar capital privado, el Estado entra en conflicto con las comunidades indígenas que se manifiestan en contra de los proyectos, a lo que el Estado responde con la militarización de las comunidades, la violación de derechos humanos, la criminalización de la protesta y el asesinato de activistas ambientales.

En este escenario de conflicto, la mujer indígena ha sido quién ha sufrido no solo por su condición de mujer en una sociedad patriarcal y machista, sino que también por su condición de mujer indígena que acarrea pobreza, rechazo y discriminación. La mujer indígena lenca sufre las consecuencias directas del despojo y la explotación de los territorios, al ser ésta la que abastece su hogar, por lo que cuando las comunidades se manifiestan en contra de los proyectos extractivos, las mujeres indígenas son las que llevan adelante la resistencia.

Notas:

(1) PBI (S/F) “Concesiones de ríos, represas hidroeléctricas y exclusión: el conflicto social a partir de las represas en los valles del norte de Santa Bárbara” Diponible aquí.

(2) PNUD (2012). “Informe sobre desarrollo humano, Honduras 2011, Reducir la inequidad: un desafío impostergable”, Página 179.

(3) Hidroeléctricas como Corral de Piedras, Los Encinos, Aurora I y II en La Paz o la represa Petacón en Reitoca, Francisco Morazán

(4) Vecina de San Francisco del municipio de Santa María, pertenece al Consejo indígena de su comunidad, es parte de MILPAH.

(5) Vecina de San Francisco del municipio de Santa María, pertenece al Consejo indígena de su comunidad, es parte de MILPAH.

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¿Qué es el extractivismo? Apuntes críticos para un debate necesario

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Artículo de Guido Pascual Galafassi y Lorena Natalia Rifo* publicado en La Izquierda Diario el 15 de julio 2018

Varios autores muy citados apelan al concepto de extractivismo como explicación de la sociedad latinoamericana actual. En función de las reflexiones, en este artículo se propone un análisis alternativo.

En las últimas décadas la discursividad sobre la problemática ambiental y territorial se ha visto inundada por el concepto “extractivismo”. Ha entrado en escena superando las disquisiciones previas que remitían fundamentalmente la problemática ambiental a desajustes de planificación, organización o hasta de conductas individuales para poner en el centro de la escena al modelo de desarrollo y sus injusticias geopolíticas o, por lo menos, a ciertos aspectos de dicho modelo como la fuente primordial a partir de donde poder entender la “crisis ambiental” del presente. Sin embargo, previo al concepto de extractivismo los pensamientos más lúcidos y críticos ya habían puesto sobre el tapete la centralidad del desarrollo, pero fueron voces escasas y casi solitarias.

En función de esto nos preguntamos cuál o cuáles son los conceptos más pertinentes para dar un debate dialéctico sobre el proceso de despojo, entendiéndolo como central en la confrontación con el pensamiento científico hegemónico orientado a profundizar la instrumentalización de la naturaleza a escalas cada vez más profundas. A su vez, en esta tarea indagamos qué tipo de importancia tiene, en el contexto actual, recuperar las nociones de capitalismo y lucha de clases y qué nociones o perspectivas podemos incorporar para complejizar este tipo de reflexiones.

Aproximación a la conceptualización extractivista

Varios autores muy citados apelan hoy al concepto de extractivismo como explicación de la sociedad latinoamericana actual. De este modo, al extractivismo debemos tanto la pobreza como las crisis económicas, así como el modelo democrático y de convivencia. Al mismo tiempo, el carácter autónomo del extractivismo, en el sentido que desde esta práctica puede explicarse tanto el patrón de desarrollo como el derrotero político y hasta la división internacional de trabajo, es ampliamente compartido por la bibliografía sobre el tema. Pero además aflora en muchos escritos su carácter novedoso, como nueva forma de producción que si bien puede guardar ciertos lazos con el pasado, asume todas sus características y fuerzas en este presente extractivista. Por otra parte, el carácter autónomo del extractivismo, junto a su novedad, se colige muy ajustadamente con una de las más ilustrativas definiciones de las últimas décadas como es aquella referida a la “sociedad del riesgo”.

En síntesis, el extractivismo, bajo un manto de novedad, se presenta como un modelo autónomo distinguido de otras variables que hasta el momento han sido utilizadas para explicar el sistema dominante. A su vez, al vincular el extractivismo con la globalización y la ruptura con lo local, eclipsa las antiguas teorizaciones sobre la división internacional del trabajo. En función de las reflexiones, y teniendo en cuenta la importancia del rol que ocupa la naturaleza y lo territorial en la constitución de este sistema, proponemos, a continuación, un análisis alternativo.

Un repaso histórico: extractivismo o acumulación

Para percibir y entender toda la complejidad del proceso de relación sociedad-naturaleza-territorio es necesario tomar el proceso extractivo en tanto integrante de un complejo entramado de relaciones, operaciones y procesos que adoptan las formaciones sociales en tanto estrategia de producción, distribución y reproducción de los recursos (naturales y humanos), los beneficios y el trabajo, tal como ya lo explicó Marx en El Capital. Por esto, resulta indispensable pensar al proceso extractivo (en tanto práctica), más que al extractivismo (en tanto fenómeno sustantivo), como una etapa del proceso total de la acumulación. Y como etapa, va sufriendo –al igual que el proceso de acumulación– cambios y transformaciones a lo largo del tiempo, pero siempre en relación con los principios básicos que implican tanto la explotación del trabajo como de la naturaleza (primera y segunda contradicción del capital).

Si el proceso de acumulación capitalista tiene ya casi cinco siglos de existencia es obvio esperar que el proceso extractivo se haya modificado ampliamente, atendiendo especialmente al dinámico ritmo de innovación tecnológica que caracteriza al capital. Sin embargo, esto de ninguna manera implica que con cada renovación se acceda a un nuevo (neo) proceso extractivo ni nuevo (neo) proceso de acumulación. La lógica capitalista que subyace no deja de asentarse en tanto estrategia de explotación y dominación, en la extracción de plusvalía y producción de desigualdad al separar medios de producción y fuerza de trabajo. Como vemos, la extracción (expropiación) no es un fenómeno exclusivo de las relaciones entre sociedad y naturaleza y claramente va adoptando una multiplicidad de formas y variantes tanto a lo largo del espacio como a través del paso del tiempo.

La articulación sociedad-naturaleza-territorio debe entenderse como mediación dialéctica. Es la mediación social la forma de articulación existente entre los mundos físico-biológicos y el mundo humano (que incluye dialécticamente al primero), y es irremediablemente mediación pues cada uno de ellos, si bien conforman la unidad diversa naturaleza-cultura/historia, se configura en base a premisas particulares y características singulares. Esta articulación sociedad-naturaleza-territorio y esta unidad dialéctica de la existencia implica siempre el aprovechamiento de la naturaleza por la sociedad más sus diversas formas de representarla y la consecuente construcción social de un territorio.

El ser humano en sociedad tiene, desde siempre, la capacidad de “trascender histórico-culturalmente” las leyes ecosistémicas, convirtiéndose así en sujeto que interactúa con la materia y el espacio, los piensa y los transforma. Esta transformación implica la valorización y utilización de esta materia, la representación y extracción de componentes de la naturaleza y los resignifica al introducirlos en su propio proceso de producción y reproducción en relación siempre a un régimen de acumulación predominante (material y simbólico); procesos que contienen al mismo tiempo la construcción de uno y múltiples territorios. Esta transformación permanente y creciente, implica necesariamente un proceso social, histórico y cultural de construcción del territorio a partir de un espacio dado naturalmente o ya previamente transformado, un territorio así, que se hace moldeando y remodelando el espacio natural en pos de su aprovechamiento.

Esta construcción y reconstrucción territorial se hace siempre sobre la base de la extracción de recursos de la naturaleza, extracción que es inherente al ser de lo humano sobre la tierra, pero que se enhebra en cada momento histórico y en cada espacio con determinados patrones de acumulación que son aquellos que definirán tipo e intensidad de esta extracción. Así, el proceso de extracción nunca es la variable independiente del proceso. Y esta construcción está mediada también por la conflictividad, dadas las relaciones antagónicas inherentes a toda sociedad de clases y que configuran un determinado proceso y modo de acumulación.

En cuanto al proceso socio-histórico regional, podemos confirmar que la historia del desarrollo de los países latinoamericanos ha sido definida primariamente por la ecuación capital–recursos naturales/territorio, por cuanto emergieron al mundo moderno con un papel predominante de dadores de materias primas, ya sea recursos minerales o agropecuarios. La cita de Cristóbal Colón en su Diario de Viajes no deja lugar a dudas: “Yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vide que algunos dellos traían un pedazuelo colgando en un agujero que tenían a la nariz, y por señas pude entender que yendo al Sur o volviendo la isla por el Sur, que estaba allí un Rey que tenía grandes vasos dello, y tenía muy mucho” (porque) “del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega a que echa las ánimas al Paraíso.” Es claro que el mismísimo “descubrimiento” y colonización llevaba en su impronta el objetivo de aprovecharse de los recursos materiales y humanos disponibles en las tierras más allá del Viejo Mundo para que sirvieran de incentivo y estímulo al proceso de acumulación capitalista de la Europa moderna naciente.

El hoy llamado extractivismo es en realidad intrínseco, cuanto menos, a la modernidad misma y muy especialmente al “nacimiento” de Latinoamérica y el resto de la periferia como resultado de la expansión europea moderna. Decimos “cuanto menos” dado que, y como afirmamos más arriba, el ser humano como especie se constituye cultural e históricamente a partir de su capacidad diferencial para la utilización de la naturaleza a través del proceso extracción-producción-consumo.

Es sin dudas en la modernidad cuando el usufructo de la naturaleza y el espacio se intensifican exponencialmente para ponerlo al servicio de la ganancia. Es que la territorialización capitalista es, por propia definición, sinónimo de instrumentalización diferencial del territorio que conlleva en sí mismo los mecanismos extractivistas. Extractivismo significa no solo extraer componentes de la naturaleza para el sostenimiento, sino una extracción asociada con el proceso de acumulación, ganancia y desigualdad de clases.

El extractivismo de la modernidad capitalista es consecuencia precisamente de la racionalidad instrumental que se constituye con la propia modernidad y no sólo en las últimas décadas neoliberales. Instrumentalidad, por cuanto la naturaleza pasa a ser primordialmente un objeto de usufructo en tanto instrumento esencial para la construcción del “confort” (ideario de felicidad según la razón subjetiva), en el sentido en el que ampliamente lo desarrollaron Theodor Adorno y Max Horkheimer a mediados del siglo XX.

Este extractivismo que responde a la maximización de las ganancias variará en su expresión y modo de articulación a medida que los procesos de producción económica y reproducción social y política vayan evolucionando, de manera que lo que ayer no era extraíble o transformable, hoy sí ya pueda serlo; y de lo que ayer no era una necesidad, hoy se erija como tal. Entonces, lo que ha variado en estas últimas décadas, además de las herramientas tecnológicas, fue una presencia complementaria en mayor o menor medida de algún proceso parcial de industrialización y la consolidación de un determinado tipo de consumo. De ahí que aquellos que la definen como extractivista (o neoextractivista) están de alguna manera soslayando la historia latinoamericana y de la propia modernidad, planteando como novedad un proceso que define a toda la trayectoria de “acumulación dependiente” del subcontinente americano.

En relación al concepto de neoextractivismo que algunas posiciones esgrimen como noción diferenciadora, vale recordar que desde una perspectiva dialéctica referir un momento en base al prefijo “neo” es por sí mismo obvio y evidente, por cuanto la dialéctica implica precisamente una dinámica cambiante. Por lo tanto, lo “neo” resultaría redundante, debido a que cada nuevo momento del proceso dialéctico implicaría un “neo”-momento. Solo desde miradas que fijan la realidad y la conciben más bien estática, asume el prefijo “neo” algún sentido por cuanto con él se refieren al cambio como una novedad. Claramente no es el caso si entendemos al proceso extractivo como un componente esencial del proceso de acumulación moderno, en donde el cambio y la novedad son unas de sus definiciones fundantes. Más que hablar de “neo” quizás sería más preciso definir como “ni todo nuevo, ni siempre igual”.

A su vez, la particular conjunción entre tecnología y territorio constituye un eje clave de la competencia internacional a la vez que pilar fundamental en el proceso de construcción de hegemonía. Las disputas internas al capital, disputas por el grado de participación en la distribución de los beneficios, se expresan cada vez más fuertemente tanto en el desarrollo tecnológico como en la carrera por la búsqueda y transformación de territorios, ya sea para la extracción de los recursos-insumos como para la construcción de mercados de consumo (de esos recursos extraídos y transformados). Esto viene generando relaciones desiguales entre los territorios y las naciones gestando situaciones diferenciales de desarrollo, subdesarrollo, dependencia, desigualdad y subordinación.

Si la propia acumulación originaria se basó en la apropiación por la fuerza (mediación violenta) de tierras y recursos para convertirlos en la matriz esencial de arranque del sistema capitalista de producción, su evolución posterior no estuvo tampoco ajena a esta ecuación expropiatoria (lo que hoy se denomina “extractivismo”). Esta acumulación, basada en la predación y la violencia sin disimulo, en un sector (clase social y territorio), mediada por la desposesión de otro adquiere entonces en la actualidad una evidente visibilidad, cuando el agotamiento de muchos recursos está llamando la atención incluso al propio capital. Vale aclarar que este proceso de crecimiento y desarrollo basado en la desposesión, el saqueo y el pillaje no es privativo del capitalismo, aunque el ritmo y la eficiencia del actual proceso de predación es inhallable en cualquier ejemplo del pasado. De diversas formas y expresiones se lo registra en reiteradas oportunidades en la historia de occidente.

Fue muy intensa la discusión sobre estos tópicos en las décadas previas a la instalación del neoliberalismo y nos remiten de alguna manera a las discusiones actuales sobre el desarrollo y el extractivismo. Las discusiones y reflexiones sobre la relación metrópoli-satélite, desarrollo-subdesarrollo, liberación-dependencia, civilización-formación social, etc., se centraban justamente en la discusión sobre la producción y distribución de los recursos, que incluye obviamente todo lo referido a la actividad extractiva, pues no hay producción sin extracción. Si el hoy llamado extractivismo no estaba presente como concepto tiene que ver, por un lado, con la todavía escasa sensibilidad ambiental de aquellos años, pero también, por otro lado, con la secuencia intelectual obvia que remite a la renovación permanente de las categorías y de su capacidad de interpelación de la realidad en dialéctica relación con los procesos sociopolíticos.

Sin embargo, esta renovación permanente no implica desconocer o no reconocer la existencia de un modo de acumulación particular. Por el contrario, lo ideal sería recuperar conocimientos y discusiones previas sobre su caracterización y profundizar en su análisis. Un ejemplo interesante es el aporte realizado por Silvia Federici en el libro titulado El calibán y la bruja sobre el rol de las mujeres como reproductoras de la fuerza de trabajo y sobre la necesidad del aniquilamiento de miles de mujeres consideradas “brujas” en el proceso constitutivo del capitalismo como sistema dominante. Por poner solo un ejemplo de todo el desarrollo que hace la autora, las mujeres al ser consideradas como máquinas de producción de nuevos trabajadores también son parte del proceso dialéctico acumulación-producción-extracción. Así, la innovación intelectual, dentro de los estudios dialécticos y complejos estructurados sobre la reflexión del modo de acumulación, es una tarea fundamental para continuar re-pensando en profundidad el mundo en el que vivimos.

En resumen, el extractivismo implica una mirada sobre lo emergente, cuando lo importante sigue siendo una perspectiva de raíz, de la fuente misma de los sucesos. Entonces, la recuperación del análisis del capitalismo como modo de acumulación y de la lucha de clases como conflicto social inherente, forma parte tanto de la disputa política como de la disputa epistemológica en el contexto actual. Para estas disputas no es suficiente elegir un tema de investigación/estudio/enseñanza de relevancia histórico-coyuntural; sino que también es clave el modo de analizar ese tema y los presupuestos que cada herramienta conlleva. Asimismo, son relevantes porque no quedan enclaustrados en los limitados espacios académicos, también influyen en la lucha diaria de numerosos movimientos sociales, en los que investigadores e investigadoras solemos participar.

Acumulación-producción-extracción como proceso dialéctico

Acumulación primitiva, reproducción ampliada y nuevos cercamientos representan una ecuación importante a la hora de entender la estrategia de apropiación de la naturaleza y construcción del territorio en la sociedad capitalista. Los nuevos cercamientos entonces implican la apropiación de aquellas porciones de territorio y espacios de vida aún no incorporados plenamente a la lógica del capital, reeditando así algunos de los procesos de la llamada acumulación primitiva que conviven de esta manera con los mecanismos predominantes de la reproducción ampliada.

Así, debemos considerar a la “segunda contradicción del capital” (como la denomina James O´Connor), o sea la contradicción capital-naturaleza (la primera sería la contradicción capital-trabajo) como aquel proceso que trata en tanto mercancía a la naturaleza y el espacio, de tal manera de poder incluirlos en su ecuación instrumental. La tendencia es al socavamiento de la propia base natural de sustentación del sistema productivo, dado que el capital no puede prever los costos de reproducción de la naturaleza en pos de una sustentabilidad real debido a que afectaría claramente la tasa de ganancia.

En este esquema de racionalidad instrumental, segunda contradicción y conjunción de procesos de acumulación, se vienen definiendo históricamente toda una serie diversa de recursos estratégicos que se relacionan dialécticamente: por un lado, aquellos que la dinámica global del capital define como recurso demandado en un momento histórico determinado y, por otro, aquellos que las condiciones ecológicas regionales determinan como aptos para ser producidos o extraídos en cada territorio.

Podemos hablar de un proceso extractivo que se va transformando en base a la innovación tecnológica permanente y a la propia dinámica de cambio del proceso de acumulación. En esta continuidad extractiva en función del proceso de acumulación, el caucho es un ejemplo histórico en la América Tropical, la plata en la América Andina y el quebracho en la América Subtropical. Más contemporáneo, la explotación de los hidrocarburos y de minerales no deja de generar conflictos socio-políticos y territoriales, donde entran en juego intereses geoestratégicos estadounidenses, capitales multinacionales de base europea y gobiernos con orientación popular-reformista o conservadora.

Sin ir más lejos, es importante no dejar pasar los importantes conflictos geopolíticos derivados por la posesión de los yacimientos de gas y petróleo en las recientes historias de Venezuela y Bolivia, más la llamada Guerra del Agua, también en Bolivia, o las más recientes disputas en torno a la potencial energía hidroeléctrica de los ríos patagónicos tanto como los cuestionamientos al avance de la frontera hidrocarburífera con el fracking en dicha región, los cuales muestran de forma elocuente lo central de esta cuestión. Primordial es también mencionar el proceso creciente de sojización de América del Sur, que arrasó con ecosistemas, agrosistemas y culturas, constituyéndose no sólo en la extracción de un recurso en base a su “oportunidad” en términos de su demanda por las naciones más industrializadas (alimento de ganado y biodiésel) sino que también en la aplicación de la tecnología más concentrada y asociada a fuertes niveles de dependencia.

Alienación socio-ecológica, “extractivismo” histórico e instrumentalización de la razón están en la base y las consecuencias de todos estos procesos de acumulación basados en la territorialización extractiva desde que el continente americano es “descubierto” por el capital europeo. Es así que la caracterización que hiciera Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina en la década del 70 sigue absolutamente vigente, poniendo en entredicho los supuestos “descubrimientos intelectuales” del extractivismo o neo-extractivismo.

“Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. (Hace cuatro siglos ya habían nacido dieciséis de las veinte ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad).”

En definitiva, la clave diferenciadora no está en pensar en extractivismo sino en acumulación, entendiéndolo como la articulación entre el despojo, o sea los mecanismos de la acumulación primitiva, y la reproducción ampliada del capital. El extractivismo es solo un instrumento para la acumulación capitalista y debe ser tratado conceptualmente como tal. El eje está en la lógica de acumulación. Para terminar con el extractivismo es necesario discutir todo el proceso complejo y dialéctico de la acumulación y sus diferentes facetas y solo en este entramado discutir la etapa extractiva del capital, por cuanto el proceso extractivista es parte de la totalidad y si bien tiene sus especificidades solo se explica en su sentido íntegro en función de esa totalidad.

*Los autores son miembros del Grupo de Estudio sobre Acumulación, Conflictos y Hegemonía (GEACH). Lorena Natalia Riffo es docente de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue y becaria doctoral del Conicet en el Instituto Patagónico de Humanidades y Ciencias Sociales en la misma universidad. Guido Pascual Galafassi es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, investigador independiente del Conicet y director de la Maestría en Desarrollo Territorial y Urbano en la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Avellaneda.

Más información:

LIBRO EN PDF: Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica

VIDEO: Conversatorio con Antonino García sobre el avance del extractivismo en Chiapas

[INFORME] Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina: Un análisis ecofeminista

Zacatecas Minero: la riqueza que empobrece

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Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 13 de julio 2018

Es conocido que el estado de Zacatecas es de suma importancia para el mercado minero nacional e internacional. En el año 2017 aportó el 19.31% del valor total de la producción nacional de minerales, convirtiéndose en el segundo estado con mayor aporte (SE, 2016). No es casualidad entonces que, igual de impactante resulten los datos más recientes sobre la situación del territorio zacatecano con relación a la minería.

En síntesis nos indican que una cuarta parte del territorio zacatecano (equivalente a 1,803,200 Ha.), ha sido entregado a través de 2,296 títulos de concesiones mineras (GEOCOMUNES, 2018). Hablamos de 206 proyectos de exploración de los cuales, 145 son de capital mexicano (34 de Peñoles, 12 de Frisco y 11 de Grupo México), 42 son de empresas canadienses (8 de Pan American Silver, 4 de Teck Cominco, 3 de Mag Silver Corp, 2 de Goldcorp y 2 de First Majestic), 10 estadounidenses (todas de la Golden Minerals Company) y, 6 británicas (2 de Río Tinto y 2 de Arian Silver Corporation), (GEOCOMUNES, 2018).

Además, hay 15 minas operando (3 a cielo abierto) y 3 más se encuentran próximas a iniciar operaciones y de todas ellas sin duda alguna, resalta la de la minera Peñasquito de la poderosa empresa canadiense Goldcorp, que ahí explota la mina de oro más grande de México y una de las tres más grandes de plata, junto a Saucito y Fresnillo PLC pertenecientes al Grupo Bal (GEOCOMUNES, 2018).

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la producción minera del estado a nivel nacional, a marzo del 2018, fue la siguiente:

  • Primer lugar en producción de plata, plomo y zinc,
  • Segundo lugar en producción de cobre y,
  • Tercer lugar en producción de oro.

No obstante esas cifras “alegres”, empresas y gobierno omiten que Zacatecas también tiene los primeros lugares en la cantidad de sustancias químicas, como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, que son utilizados durante los procesos de extracción de metales. Además se usan disolventes, gasolina y diésel en grandes cantidades, y ni que decir de la inmensa cantidad de agua que las empresas utilizan en varios de sus procesos de extracción. Esta mezcla entre tipo y cantidad de sustancias químicas, hidrocarburos y la ominosa cantidad de agua, ocasiona graves daños a la salud y al ambiente, a tal grado que envenenan para siempre las estructuras sociales, la identidad y cultura de los pueblos, la vida en sí misma, con el signifcado que cada pueblo le otorga, es irrecuperable la flora, la fauna, el aire, el agua, para que al final, sólo quede ya el despojo y el desplazamiento forzado.

Otro indicador que abruma es que, de acuerdo al centro de análisis e investigación Fundar (2018), que analizó datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el “poder” minero en el municipio de Mazapil no ha sido suficiente para sacar de la pobreza extrema a la población. Mazapil, como muchas otras comunidades que tienen en sus entrañas a las empresas mineras más poderosas del mundo, sigue siendo pobre. La paradoja de la “La Riqueza que Empobrece”.

De acuerdo a la Secretaría de Economía (SE), Mazapil produce aproximadamente 900,000 mil onzas anuales de oro, lo que significaría cerca de mil ochenta millones de dólares al año…. (1,080,000,000.00). Sin embargo, cómo señalamos líneas arriba, es el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema (12.9%) y aproximadamente el 63% de la población vive en pobreza, porque en realidad lo que sucede es que de las 130,000 toneladas de material, que mantiene una tasa de ganancia anualizada de 164%, sólo una parte insignificante del total de la utilidad bruta, les llega a los ejidatarios dueños de la tierra. Es decir, el 0.107% (Rodriguez, 2015). Por otra parte, si redondeamos el análisis, y ponemos en perspectiva que, el anterior e insignificante y supuesto “beneficio”, no se distribuye en la mayoría los habitantes que también están siendo afectados por las consecuencias socio-ecológicas de la operación minera.

La minería es exaltada por el gobierno y por las propias empresas, a través de un discurso que pondera el crecimiento económico, el progreso y desarrollo y la generación de empleo bien remunerado para los países, estados, los municipios, las localidades, los ejidos y los anexos, pero no causa impacto positivo sobre los indicadores económico y de marginalidad. ¿Cómo es posible que con la magnitud de los daños que ocasionan, estos no se vigilan ni se cuestionan? Entonces nos preguntamos: ¿Desarrollo para quién? ¿Progreso desde dónde?

Zacatecas, enclave de extracción para beneficio de las naciones colonizadoras en el entramado del sistema-mundo, ha sido históricamente un territorio subordinado para la apropiación de excedente social y natural y, en la actualidad, sigue siendo un espacio de recolonización por parte de corporaciones canadienses y oligarcas nacionales, de los cuales sobresalen Carlos Slim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alberto Bailleres (Grupo Bal), grupos de poder que siempre han sido los verdaderos favorecidos de la mercantilización de los bienes minerales.

Esta situación se traduce en la articulación de conflictos territoriales, donde confluyen la clase y el género, derivados de la violación a los derechos humanos, la destrucción de territorios, depredación de bienes naturales, debilitamiento de la organización local comunitaria, pérdida de identidad y la vida tradicional histórica con arraigo a la tierra, daños a la salud, contaminación al ambiente, exterminio de los mantos acuíferos y en suma, la invisibilización y negación de otras formas de vida, distintas a la impuesta por la tendencia dominante del capital.

Como Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac), hemos identificado severas conflictividades en los municipios siguientes: en Mazapil, en las localidades de Peñasquito, Salaverna y Camino Rojo y en Concepción del Oro; en la cabecera municipal de Chalchihuites, en las poblaciones de La Colorada y San José de Buenavista; Ojocaliente; Luis Moya, con la mina El Coronel; Noria de Ángeles, con la Minera Real de Ángeles. No obstante, consideramos son más los municipios que presentan situaciones similares, como Melchor Ocampo, El Salvador, Vetagrande, Sombrerete, Fresnillo, al igual que sucede con la ciudad de Zacatecas, la cual registra el 80% del total de su territorio concesionado.

Lamentablemente, el Modelo Extractivo Minero viene acompañado de otras calamidades de disputa socio territorial relacionadas con los megaproyectos. También ha comenzado el desarrollo de parques eólicos, tanto en Villa de Cos, como en la capital del estado; al igual que ya se pretende imponer una mega presa en Jiménez del Teúl, llamada “Milpillas”, para abastecer de agua el corredor industrial y minero que va desde Fresnillo y pasa por Calera, Zacatecas y Guadalupe, incluyendo a Grupo Modelo, filial de la gigante cervecera belga Anheuser-Busch InBev.

Como Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac) y desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), alertamos a las poblaciones que viven los embates del Modelo Extractivo, y alentamos a la organización social desde abajo, con las estructuras de gobernanza locales y, con la búsqueda de coincidencias para hacer frente a estos proyectos de muerte, a los cuales tenemos que enfrentar poniendo por encima de cualquier beneficio económico, la vida y la dignidad de los pueblos.

Firma:

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac)

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Más información:

En Zacatecas, conflictos por minería

Zacatecas: La comunidad de San José de Buenavista contra el despojo de la empresa minera First Majestic

La encrucijada ejidataria: El caso de San José Buenavista en Chalchihuites, Zacatecas

Zacatecas: defensores exigen la cancelación inmediata de las concesiones mineras otorgadas a First Majestic

Manual para descargar en PDF: “Hablemos de megaminería”

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Compartimos el manual “Hablemos de megaminería” publicado por la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (U.A.C.CH) que resiste a la megaminería en la provincia de Chubut, Argentina

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Prefacio

“Nuestra lucha se basa en la información y la difusión”, suelen decir los/las vecinos/as de Chubut, Argentina que resisten la instalación de emprendimientos mineros a gran escala, de extracción metalífera y de radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas. Gracias a los conocimientos sobre “megaminería” que supieron gestionar y compartir en asambleas y en diversas acciones de difusión pudieron posicionarse, organizarse y manifestarse de mil maneras para ponerle freno a la explotación de su territorio.

Este manual, elaborado por un grupo de vecinas/os asambleístas que se embarcó en la aventura de producir un recurso didáctico que compile los saberes sobre megaminería que se han acumulado y complejizado durante más de quince años de aprendizaje popular y colectivo, está inspirado en ese espíritu y en esa necesidad de seguir aprendiendo, de seguir enseñando, de seguir difundiendo y seguir construyendo resistencia popular a partir de fundamentos científicos e informaciones de fuentes comprobables y válidas.

Aunque para comprender debidamente en qué consiste este manual, de dónde viene y adónde va, necesitamos remontarnos brevemente a la historia de la lucha contra la megaminería en la provincia de Chubut.

En el año 2002 el pueblo de Esquel, ubicado en la cordillera chubutense, se vio conmovido por el arribo de una empresa minera transnacional que pretendía explotar oro y plata en las montañas cercanas a la ciudad, utilizando una metodología de extracción a gran escala muy diferente a la de la minería tradicional. En principio, las promociones de la empresa y de sus aliados políticos y mediáticos generaron expectativas de progreso económico y oportunidades laborales para la población.

Sin embargo, y afortunadamente, hubo vecinas y vecinos esquelenses que se preguntaron por los impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos que produciría dicha explotación. Así fue que se pusieron a investigar. Se contactaron con pobladores de otros lugares de nuestro país y de Latinoamérica que convivían con emprendimientos megamineros para conocer sus experiencias. También averiguaron cómo sería el proceso de extracción de los metales y su procesamiento posterior: qué y cuántos recursos utilizaban, cómo operaban, qué pasivos dejaban. Comprendieron entonces que este tipo de actividad, conocida como “megaminería”, conlleva graves secuelas socioambientales para los territorios en los que se instalan los yacimientos.

Y por si fuera poco descubrieron que las oportunidades de progreso con las que se promocionan las explotaciones, en poco tiempo se develan como falsas promesas. No se produce ningún derrame de riqueza: gracias a las ventajas impositivas del Código Minero vigente desde los años 90, los beneficios económicos son para las corporaciones extranjeras y las migajas que rinden no llegan a cubrir siquiera los costos de remediación. Y, además, la contaminación irreversible del ambiente, destruye las posibilidades de desarrollo regional de otras actividades económicas, verdaderamente productivas y sustentables. Lamentablemente, abundan los ejemplos, a lo largo del país y del mundo, para afirmar que la megaminería genera más pobreza en los sitios que explota.

Después de conocer todo esto, los/las vecinos/as de Esquel compartieron la información apelando a estrategias de educación popular y se organizaron para evitar la instalación del emprendimiento megaminero que pretendían imponerles. En 2003 se conquistó una consulta popular en la cual el 81% de la población se expresó por el “NO” a la explotación del Cordón Esquel, luego se promulgó la Ley Provincial 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro y, desde entonces, se han desplegado múltiples acciones legales, de difusión y movilización que se sostienen hasta la actualidad. La gesta del pueblo de Esquel y la experiencia del movimiento del “NO A LA MINA” han sido inspiradores para otros pueblos de Chubut, de Argentina, de Latinoamérica y del resto del mundo que resisten el extractivismo minero.

Y como en el territorio de Chubut existen enormes reservorios de metales y materiales radioactivos, resulta constante y creciente el asedio de las corporaciones mineras y sus operadores para habilitar la actividad extractiva que saquea y contamina. Debido a esto, han surgido numerosas asambleas y grupos de vecinos/as que luchan en contra de la instalación de la megaminería en diferentes localidades de la provincia. En 2012 hubo una fuerte embestida política y empresarial para impulsar la megaminería, la consecuente resistencia provincial dio origen a la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (U.A.C.CH). En este espacio asambleario horizontal y apartidario participan, se encuentran y comunican vecinas/os, pobladores rurales, pueblos originarios de Chubut, unidos/as a partir de la defensa del territorio, del agua, de la dignidad y de las oportunidades de verdadero desarrollo para las actuales y futuras generaciones.

Esperamos que este manual se transforme en una herramienta para construir conocimientos, para multiplicar conciencias, para cimentar poder popular basado en saberes independientes. Que sirva para que los/las ciudadanos/as y especialmente los/las jóvenes de nuestro pueblo puedan elegir su destino sin imposiciones, ni manipulaciones informativas de las corporaciones.

¡A estudiar y a difundir, que sólo el conocimiento nos hará libres!

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Fuente: Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Información relacionada:

Mensaje a AMLO: “Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México”

Día mundial contra la megaminería: Rechazamos el saqueo institucionalizado en México

 

[AUDIO] Colombia: “Hidroituango causó más desplazamientos forzados que la guerra en el cañon del río Cauca”

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Contexto: El 28 de abril, Hidroituango la represa más grande de Colombia, ubicada en el cañon del río Cauca, se desbordó debido a errores de planeación del grupo encargada del proyecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM). Presionada por el gobierno por poner en marcha esta represa cuya producción de energía (2.400 MW) iba a beneficiar a la minería, la empresa empezó a llenar el embalse de la presa en abril del presente año, antes de que la infraestructura esté lista y la población evacuada. Para ello, tapó dos de los tres túneles de desviación por el cual se evacuaba el río, pero un derrumbe de la montaña tapó el tercero, provocando el desbordamiento del cauce. En consecuencia, se inundaron dos pueblos ubicados agua arriba (Ituango y Sabanalarga), de los cuales unos 500 habitantes se encuentran en autoalbergues, desatendidos por las autoridades.

Otros cientos de habitantes dependientes de la pesca, el barequeo y la caza perdieron su fuente de trabajo y medio de subsistencia, ya que el río inundó gran parte del bosque que cubría el cañon. Los proyectos hidroelécticos tienen prohibido inundar importantes zonas de vegetación ya que esto provoca la muerte de especies y la asfixia del río; tienen la obligación de retirar la capa vegetal antes de llenar un embalse, una precaución que EPM se negó a tomar. Aguas abajo, la población sufrió una avalancha y huyeron 9.000 personas. La desinformación y falta de atención por parte de las autoridade es tal que la población sigue viviendo en la incertidumbre y el terror de sufrir una nueva avalancha en los próximos días, por lo que el Movimiento Ríos Vivos exige el desmantelamiento controlando de la represa Hidroituango.

El 19 de junio 2018, Isabel Zuleta, habitante del municipio de Ituango e integrante de Ríos Vivos Antioqua Colombia y de la Asociación de Mujeres defensoras del agua y la vida afectadas por el proyecto Hidroituango, participó por videollamada en el seminario mensual de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, para actualizarnos sobre la situación y las exigencias de la población. Les compartimos sus palabras:

>> Escuchar y descargar el audio completo de Isabel Zuleta (.mp3) <<

“Para nosotros, ahora la situación más grave es no saber cuál es el final. Hemos insistido en que necesitamos una fecha final de la emergencia: nos tienen que decir hasta cuándo va a seguir esta situación, porque no pueden dejar a la gente en unn angustia eterna. Hasta el momento, eso no ha sido claro, porque los organismos nacionales no saben qué fue lo que hizo EPM. Se le permitió a esta compañía hacer todo lo que quiso. No tuvo ningún mecanismo de control. Por ello no solo necesitamos una fecha final de la angustia, sino que necesitamos saber la verdad: qué fue lo que pasó.

Es muy grave que no se sepa lo que pasó, que no se tenga una fecha límite para la emergencia, y tercero que las comunidades agua arriba no estén atendidas. No hay ningún tipo de atención para las comunidades de Ituango y Sabanalarga ni para las que perdieron su trabajo en las comunidades de Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia y Peque.

La situación actual es terrible. Las personas están en autoalbergues aguas arriba: 120 personas en el coliseo del municipio de Ituango y 360 en las mismas oficinas de la presidencia municipal de Sabanalarga, sin alimentación ni ningún tipo de ayuda. Se han sostenido solo con la solidaridad de la sociedad civil. Además, toda la comunidad barequera y pescadora que tenía sus viviendas en los cascos urbanos o en las fincas y que no pueden hoy obtener su medio de subsistencia porque el río está inundado, también está en una crisis de mucha angustia y desazón porque su único medio de subsistencia era el barequeo y la pesca y en ciertos casos la caza en el bosque seco tropical y el bosque húmedo.

Aguas abajo también hay una grande preocupación por el tema de los albergues. La comida llega en descomposición. No hay entrega de ropa a pesar de que la avalancha se llevó decenas de viviendas y dejó a muchos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia Colombia sin ropa, sin nada. Y sin embargo lo único que entregaron las autoridades son unas colchonetas para estar en unos albergues con muchos problemas higiénicos porque hay muy pocos baños y muy poca salubridad. La gente se está enfermando por la falta de agua potable. Además la montaña se está movimiendo todo el tiempo, la gente tiene mucho miedo.

Hay un éxocdo masivo: huyeron 9.000 personas del municipio de Valdivia, especifícamente del corregimiento de Puerto Valdivia. Han huído más de 1.000 personas para Yarumal y Medellín. Lo que no hizo la guerra con más de 70 masacres lo está haciendo el proyecto Hidroituango: hay mucho más desplazamiento forzado causado por este proyecto hidroeléctrico que por la guerra.

El llamado a la solidaridad internacional se mantiene:

Ante la incertidumbre sobre el estado real de la presa, se debe desmantelar Hidroituango de manera controlada: hay que desmontar el muro poco a poco para que vaya retornando el río a su cauce. El río tiene memoria y va a retornar a su cauce si se le permite. Se debe desmantelar de manera controlada, siempre y cuando la gente esté evacuada. Este riesgo se debe asumir por un tiempo definido. Sabemos que el desmantelamiento es un riedgo muy grande también, pero no más grande que matener un riesgo eterno, sin saber y sin tener el control sobre qué pueda pasar y cuándo pueda pasar.

Aparte, hemos venido insistiendo en que nos tienen que decir para qué, para quién y a qué costo social y ambiental están generando energía en Hidroituango. El gobierno nos ha dicho que la energía de Hidroituango iba a ser destinada a la exportación, pero una de sus líneas de transmisión está para Cerro Matoso, que es una mina. Además, todo el territorio del río Cauca está concesionado por la empresa minera Continental Gold, por lo que no nos pueden decir que es energía limpia. Si es para la megaminería y la destrucción de la naturaleza, no es energía limpia.“

>> Escuchar y descargar el audio completo de Isabel Zuleta (.mp3) <<

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Más información sobre Hidroituango:

La cuenta Twitter de Afectados por Hidroituango Rios Vivos Antioquia: @RiosLibresAnt

La página web de Ríos Vivos Antioquia

Colombia: el movimiento Ríos Vivos exige el desmantelamiento controlado de la presa Hidroituango

Desde México nos solidarizamos con los defensores y las defensoras del Río Cauca en Antioquia, Colombia

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¡Felicidades al FPDS en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

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Comunicado de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 20 de junio 2018

¡Felicidades al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio

en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

Este 20 de junio, celebramos junto con ustedes su tercer año de resistencia al falso desarrollo que el gobierno chiapaneco y la industria minera quieren imponer en su territorio, a costa de su salud y violando sus derechos colectivos.

Les agradecemos a ustedes, mujeres y hombres quienes integran el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) desde el 20 de junio año 2015, por defender las hermosas tierras de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazadas por 21 concesiones mineras. De su digna lucha depende la salud de los ríos Cacaluta y Jalapa, del bosque de niebla de la Reserva de la Biófera del Triunfo y de los manglares de la Encrucijada. De su fuerza depende la sobrevivencia de los pescadores que necesitan ríos vivos para trabajar y la vida de los niños y las niñas que necesitan ríos limpios para no morir de cáncer.

Felicidades por su perseverancia y poderosa palabra que han permitido que la población de Acacoyagua se organice y protege ante el avance del modelo minero. Las actas de asamblea del ejido y de los bienes comunales de Acacoyagua en las que se prohiben las actividades mineras son un gran logro de su tercer año de lucha, del cual deben estar orgullosos.

El equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México les agradecemos por darnos la suerte de acompañarles en su lucha y aprender cada día más de su alegría y humildad. Muchos chiapanecos y chiapanecas fortalecen su lucha contra el despojo a su lado. Es el caso de todas las organizaciones y movimientos que conformamos el “Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas” y participamos en el Foro “Pueblos Vivos, Territorios Libres de Extractivismo” en abril del presente año en la casa ejidal de Acacoyagua.

Su generosidad ha permitido también a personas de otras geografías conocer su lucha y darse cuenta de la urgencia de dejar de depender de un modelo extractivo que despoja a los pueblos rurales del Sur Global para responder a las falsas necesidades de los habitantes del Norte Global. Fue así como jóvenes de universidades de Denver (Colorado) y Olympia (Washingon) pudieron convivir con ustedes durante unos momentos que tal vez cambiaron la vida de esos estudiantes.

Rechazamos todas las publicaciones y declaraciones difamantes que ustedes han sufrido por parte de los grupos que apoyan la industria minera en su región e intentan persuadir a la opinión pública que su labor en defensa de la vida es un crimen. La criminalización de su protesta es una estrategia que usa en vano la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. en su contra porque las mentiras son las únicas armas que le queda ante la permanencia de sus dos campamentos en resistencia. Gracias por mantener vivos estos dos campamentos, símbolo de su lucha, que logran impedir el paso de las maquinas de la empresa hacia la mina de titanio Casa Viejas.

Nos unimos a sus exigencias:

  • Información clara y oportuna sobre la situación de los proyectos de minería en los municipios de Acacoyagua y Escuintla;
  • Sanciones y clausuras definitivas de los proyectos mineros de la región;
  • No más licencias ni permisos a proyectos de exploración y explotación minera de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el municipio de Acacoyagua.

Gracias por seguir en pie de lucha, compañeros y compañeras, y por invitarnos a todos y todas a construir caminos libres de despojo y luchar a su lado.

¡Vida sí, Mina no!
¡Fuera la minería de Acocoyagua y Escuintla!
¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!

FIRMAMOS:

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO

Fotos: Marcha-Aniversario del FPDS el 20 de junio 2018 en Acacoyagua, Chiapas (Crédito: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)

Más información:

La página Facebook del FPDS

La Red Mexicana de Afectados por la Minería felicita al FPDS en el marco de su tercer aniversario

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión

En los medios:

Frente Popular en Defensa del Soconusco cumple tres años de lucha contra la minera en Acacoyagua y Escuintla (Chiapas Paralelo)

Escuintla y Acacoyagua cumplen tres años de resistencia contra la mineria (Debate Tu Espacio)

Chihuahua: Nuevo atentado minero contra la vida

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 7 de junio 2018

El pasado 4 de junio nuevamente despertamos con otro desastre minero, ahora en el municipio de Urique, Chihuahua, esta vez a cargo de la Minera Río Tinto, S.A. de C.V., la cual, de acuerdo al directorio del sector minero, se fundó en 1994 para extraer, producir y comercializar minerales metálicos y, desde el 2008, pertenece al grupo británico Río Tinto Pic, también de capitales australianos, que en conjunto forman la segunda más grande empresa minera diversificada a nivel mundial por sus trabajos en los sectores de hierro, aluminio, cobre, diamantes, energía y minerales.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) lamenta profundamente la pérdida de la vida de por lo menos tres trabajadores de la mina Río Tinto que hasta ahora han sido localizados e identificados tras el derrame de su presa de jales, al igual que nos sumamos con toda nuestra esperanza con quienes realizan la búsqueda de los desaparecidos, a quienes esperamos encuentren con vida.

Carlos Ayub Touché, chihuahuense, funge como representante de la empresa en México, quién, además de haber ostentado la presidencia de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, es un personaje igual de oculto y oscuro que su colega Germán Larrea, dueño de Grupo México (GM), una de las empresas más galardonadas por el gobierno mexicano, a pesar de las decenas de conflictos que tiene a lo largo y ancho de todo el país por incumplimientos, huelgas de trabajadores, desastres ambientales terribles, contaminación y daños a la salud, además de incluir a su larga lista, el asesinato de opositores y opositoras, tanto en este país como en otros, en donde GM tiene presencia.

No es la primera, ni será la última vez que REMA suba la voz en contra del Modelo Extractivo Minero. Este Modelo debe ser totalmente desechado como propuesta de “Progreso y Desarrollo” si en realidad deseamos un país que transite en armonía con la vida y una sociedad justa y no basada en negocios espurios y oscuros de quienes imponen una forma de trabajo que indigna por los niveles de destrucción que genera.

Los Slim, los Larrea, los Salinas Pliego, los Bailleres, los ahora Ayub Touché, así como las empresas extranjeras, con particular énfasis en los dueños y accionistas de las empresas canadienses, se han enriquecido gracias al despojo, el desplazamiento forzado de los pueblos y el saqueo de nuestros bienes naturales, de tal manera que su negocio es redondo, porque técnica y financieramente es imposible que puedan incorporar el costo de los DAÑOS que ocasionan a la salud, al ambiente, la naturaleza, a la cultura y a la comunalidad y la vida de los pueblos.

Estamos ciertos de que ahora, a esta trama de horror, se ha sumado ya el desgastado, negligente, tenue y demás tonterías de: “no contaminó y todo está controlado”, que suele acompañar el discurso de la “institucionalidad”, encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambient (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el gobierno del estado de Chihuahua y las demás instituciones federales serviles a los intereses de estos empresarios nefastos y de este modelo minero extractivo depredador. Anunciarán una supuesta “restitución de los daños”, con lo cual nuevamente la impunidad será la gran expresión de injusticia.

Abrazamos en solidaridad a todas y todos los familiares de quienes han perdido la vida por negligencia de la empresa y del gobierno municipal, estatal y federal.

Demandamos de forma inmediata se avise a la población de la zona sobre los peligros y riesgos que sufrirá, por el derrame de los jales tóxicos que van descendiendo por el río Tubares, que descarga sus aguas en el río Fuerte, el cual tiene tres presas en los municipios de Choix (Luís Donaldo Colosio) y el Fuerte (Miguel Hidalgo y Josefa Ortíz de Domínguez). Esas presas irrigan y abastecen de agua todo el norte de Sinaloa (valles del Fuerte, Carrizo).

¡Exigimos que la PROFEPA y la CONAGUA dejen de enviar información falsa para proteger los intereses de la empresa!

¡Exigimos el cierre irreversible de la mina de la empresa Río Tinto en Urique, Chihuahua, y medidas enérgicas de rendición de cuentas y control y reparación de los daños ya causados en la región!

¡Exigimos el impulso y apoyo a proyectos productivos respetuosos de la población y de la vida en Urique, chihuahua!

¡EXIGIMOS EL ENCARCELAMIENTO DE CARLOS AYUB TOUCHÉ!

¡FUERA MINERAS DEL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: El río Tubares se volvió blanco tras el derrame de la presa de jales de la mina Río Tinto que lo llenó de lixiviados – Debate.com.mx

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Colombia: el movimiento Ríos Vivos exige el desmantelamiento controlado de la presa Hidroituango

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Compartimos el comunicado del Movimiento Ríos Vivos – Valdivia, Antoquia, a 4 de junio 2018

“EL RÍO CAUCA EXIGE SU LIBERTAD: EL RÍO CAUCA LE HABLA A COLOMBIA”

#LiberenElRíoCauca
#DesmantelenHidroituangoYa
#EmergenciaEnHidroituango
#HidroituangoUnDesastre

La única opción ética y responsable en las actuales circunstancias generadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quien NUNCA controló realmente a EPM, es que dejen el río correr libremente, lo que implica un desmantelamiento controlado de las obras de Hidroituango antes de que la naturaleza lo haga, pues las montañas van a seguir desprendiéndose. En la zona sabemos que cuando inicia una grieta la montaña continúa desmoronándose, afectando a zonas distantes del hecho. El muro tiene filtraciones en distintas partes, en la casa de máquinas nadie sabe qué pasa y, como si fuera poco, no nos volvieron a hablar del túnel que generó la avalancha.

Por la desinformación y el riesgo que corremos ya se instaló un profundo miedo en la población que aumenta en la medida que pasa el tiempo, el éxodo es imparable. Como Movimiento de comunidades afectadas por Hidroituango desde siempre nos opusimos a esta obra, pedimos a gritos que no la realizaran. Hoy pedimos a gritos que la desmantelen de manera controlada y las razones son más que suficientes: nadie nos garantiza la vida e integridad física, la protección de nuestros bienes, nadie sabe cuánto tiempo tardará la situación de incertidumbre. ¿Cuándo nos devuelven la vida?

Y peor aún nadie sabe cuántos y quiénes somos pues los estudios sociales están peor que los técnicos, sólo que las manifestaciones sociales han sido impedidas por la violencia socio-política. Hace rato perdieron el control de la obra, recuperarlo les tardará en términos técnicos, sociales y ambientales mucho tiempo y miles de miles de millones de pesos que deberían ser para reparar los daños causados a las comunidades y para desmantelar el monstruo que crearon. ¡No boten más el dinero al río que sale de nuestros propios bolsillos!

El vertedero no es la solución y EPM lo sabe, así como no lo fue la cota 410 a pesar de la fiesta de algunos ciegos que no quieren ver la realidad o que no viven las afectaciones. La principal de ellas es la incertidumbre que no puede ser eterna, nadie podrá nunca acostumbrarse a sentir miedo constante y menos al hecho de que “el desarrollo” nos haya robado la forma de vida y tranquilidad en torno al río Cauca, el Patrón Mono.

EPM les mintió a las comunidades y al país al decir que con la famosa cota 410 desaparecía en gran medida el riesgo de avalancha como si la avalancha no se hubiese generado ya por factores distintos al muro dejando poblaciones aisladas, produciendo muertes por desconexión, miles de familias sin poder trabajar, sin sus viviendas, sin su vida, además del riesgo que nadie menciona aguas arriba causado por el aumento día a día del represamiento que deja a más y más familias en la calle; cerca de un mes sufriendo aguas arriba un represamiento arbitrario e ilegal como si sobre la cadena de nuestras montañas no hubiesen impuesto sus obras que al parecer nadie ve.

Ya es una costumbre que nos vendan la publicidad promovida por EPM a través de la mayoría de los medios de comunicación, que no están informando como lo requerimos las comunidades sino como lo prefiere la empresa. Hoy hacen una nueva venta para mantener embelesados a los medios con píldoras de distracción dejando de lado la gran responsabilidad de trasmitir la verdad que posibilite a las familias tomar las mejores decisiones sobre su vida, no una verdad amañada y orientada por EPM a su servicio. El asunto del vertedero no será nada distinto a un nuevo espectáculo por demás riesgoso ante la certeza de que está hecho a las carreras y de que no es la solución. Agradecemos a los medios de comunicación y especialmente a periodistas que se han atrevido a contar la verdad, a darle a las comunidades y a la institucionalidad igual tratamiento, igual tiempo e invitamos a los demás a que asuman su responsabilidad con la claridad y transparencia porque con la vida no se juega.

Señor Ministro de Minas y Energía: NINGÚN llenado prioritario, sufrimos la irresponsabilidad de un llenado arbitrario e ilegal. ¿O usted ya sabe por qué taparon con cemento los túneles antes de terminar la obra? ¿Cree que no sabían que el agua no cabía por un sólo túnel y por tanto se iba a represar? ¿Acaso no sabe que ya EPM había anunciado el llenado “rápido” a la ANLA?  No le mienta más al país por favor, no continúen tratando de salvar una empresa y un proyecto que pasó y sigue pasando por encima de las comunidades.

No necesitamos ser expertos para saber que este proyecto estaba condenado al fracaso. No necesitamos presumir sabiduría para entender que la arrogancia paisa nos impuso esta obra de destrucción, nos impuso el mal llamado desarrollo que hoy por fin sabemos lo que es. Desarrollo para Hidroituango es: no tener casa, ver las montañas caerse, ver los puentes inundados o destruidos, nuestros enseres y cultivos perdidos, no tener comida, estar enfermos, no dormir de la angustia, no escuchar a las guacamayas, a los pájaros y demás aves del bosque, estar sin peces, el desplazamiento forzado, los amigos y familiares que se fueron para Medellín y otras partes, el estar hacinados en carpas, el estar sin agua, el no ser escuchados, el estar sometidos a que decidan por nosotros todo hasta lo más básico.

No se requiere ser erudito para saber que la única manera de disminuir la presión que ejerce el agua represada sobre las montañas, la casa de máquinas, los túneles y el mismo muro es vaciar la represa pero no lo pueden hacer lentamente porque no tienen cómo. Por eso debe ser el desmantelamiento controlado la estrategia a seguir para restablecer el bienestar de las comunidades. Las palabras del presidente Santos y sus Ministros no sólo son engañosas en relación a las responsabilidades sino que nos hacen sentir que privilegian al proyecto Hidroituango por encima de la población. Hoy no hay opción: o es la represa o somos nosotros las comunidades, pero juntos no podemos cohabitar. ¡Los gobernantes deben elegir YA!

Desde el año 2012 después de una gran movilización expresamos nuestra preocupación por las múltiples fallas geológicas y el comportamiento del Cañón del Río Cauca que conocemos porque lo hemos habitado ancestralmente, la respuesta por parte de EPM fue que ellos eran los expertos y que tenían todo bajo control. Ahora se hace evidente que lo único que han hecho es jugar con nuestra vida, ponerla en riesgo, dejarnos sin medios de subsistencia y todo por la ambición desmedida.

Los antioqueños del Cañón del Río Cauca, occidente, norte y bajo Cauca nos sentimos ofendidos con un gobierno nacional que nos borra, que nos desaparece del paisaje pues sus visitas son a la obra no a la gente y con ello reproduce lo que siempre nos dijo EPM: que no existimos. Con un país que respalda a la empresa criminal que nos engañó, que no reconoció a miles de personas afectadas, que aún hoy después de la evidencia de las múltiples errores en sus estudios técnicos no pone en duda sus estudios sociales y continúa en la misma posición en relación a lo social. Y prueba de ello es que estamos durmiendo en la administración municipal y oficinas de EPM en Sabanalarga desde hace cerca de un mes y en el coliseo de Ituango sin comida, sin atención médica, sin posibilidades de seguir trabajando, sin nada mientras los alcaldes continúan diciendo que esto no es una emergencia. Miles de personas no han podido volver a trabajar al río Cauca, estas familias están en la pobreza y el gobierno nacional, departamental y local desatiende la gravedad de lo que ocurre aguas arriba del muro de la indolencia, de la indignación y ahora del muro de la pobreza y el aislamiento llamado Hidroituango.

También nos sentimos ofendidos con algunos sectores que rezan por la obra y no por nosotros, que están del lado de los poderosos y no de los humildes, que nos hacen sentir como si no fuéramos colombianos cuando se dice que Hidroituango es Colombia. ¿Y nosotros los afectados qué somos? ¿De dónde somos? ¿Ya nos desterraron? Con estas posiciones queda claro que es Hidroituago o somos nosotros las comunidades pero ambos no podemos coexistir. No somos esos paisas empresarios y destructores, somos antioqueños humildes y trabajadores que cuidamos de la naturaleza y que nunca pedimos este proyecto que hoy debería ser vergüenza nacional. Queremos decirle al país que no tenemos futuro con el gran daño que nos han hecho, que han destruido nuestro proyecto de vida, que en las actuales circunstancias de incertidumbre, de daño a la memoria, de irrespeto a los vivos y los muertos, el país tiene que repensarse, escuchar a la población, porque es evidente que los dirigentes actuales están actuando en nuestra contra.

Nuestra solicitud es concreta: liberen el río Cauca, devuelvan la tranquilidad a este territorio agobiado por las múltiples formas de violencia incluida la ambiental y reparen a todas y cada una de las familias que han afectado. De lo contrario, de continuar empecinados en imponernos este absurdo proyecto, reubiquen a toda la población, pero juntos, con los amigos y familiares, no dispersos como nos sacan hoy con un millón de pesos. Dennos otro Cañón, otro río Cauca, desde Santa Fe de Antioquia hasta la Mojana, porque todos estamos sufriendo las consecuencias de su proyecto y todos estamos en riesgo.

DAMOS UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LAS PERSONAS Y SECTORES QUE RUEGAN Y SE SOLIDARIZAN CON LAS COMUNIDADES AFECTADAS, SIN ELLOS HOY ESTARÍAMOS EN PEORES CONDICIONES.

¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

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Aparece nueva fisura en la montaña del proyecto de Hidroituango
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