Artículo publicado por Radio Canadá Internacional (RCI)  

Por Leonora Chapman, amlat@rcinet.ca, 26 febrero, 2019 

Mineras canadienses que operan en el extranjero serán juzgadas en Canadá. Esto, gracias a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad y de ciertas ONG. La demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses. No viene de los partidos políticos en Ottawa, no viene de la industria minera, no viene de los inversionistas. En la mayoría de los casos no viene tampoco de la prensa. 

– Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica

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Un reciente artículo publicado por el Globe and Mail llamó nuestra atención directamente por el título: “La gente se está muriendo a causa de nuestras mineras. Es hora de que las muertes se detengan.”

Allí se señala que la mayoría de nosotros no asociamos los negocios canadienses con ataques y asesinatos. Pero que entre 2000 y 2015, 44 personas murieron como resultado de la violencia que rodea a las mineras de propiedad canadiense en América Latina.

El Globe cita un estudio de 2016 llevado a cabo por Shin Imai, un profesor de la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York, y que destaca, entre otros, que manifestantes opositores a las minas en Guatemala habrían sido golpeados, arrestados, secuestrados y fusilados. Que las mujeres de las comunidades aledañas a las minas han sido violadas.

Estas atrocidades, señala el Globe, rara vez son titulares en Canadá. Las víctimas son pobres y viven en lejanos países en desarrollo. Pero eso está cambiando dice el Globe.

Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica.

¿Qué le dice a usted ese título del Globe and mail?

“Me alegro de alguna manera que por fin el Globe and Mail está empezando a informar más profundamente sobre este problema. Lo está tratando como un problema sistemático a través de la industria minera. Estoy muy de acuerdo”.

Russell dice que le sorprende que el Globe and Mail informe sobre esto. Porque con excepciones, la prensa en Canadá no ha estado reportando correctamente sobre la amplitud de los problemas que las mineras canadienses están causando en muchas partes del mundo.

El director de Rights Action conoce muy bien los casos de Honduras y Guatemala porque está trabajando desde hace años en esos países apoyando a las comunidades indígenas afectadas por media docena de mineras canadienses. Grahame recuerda que en los casos en donde ellos se involucraron hay personas asesinadas, golpeadas, encarceladas injustamente. “En un caso específico se vio la violación de 11 mujeres indígenas en Guatemala, cometidas por parte de la seguridad privada de la compañía Hudbay Minerals, el ejército y la policía guatemaltecos”.

En 2007, guardias de seguridad privados, soldados y policías quemaron 100 casas, dispararon y golpearon a miembros de la comunidad Lote 8, y violaron a 11 mujeres, como parte de un desalojo ilegal y forzado en nombre de las compañías canadienses de Hudbay Minerals. Pero hay que informar más en profundidad dice Grahame.

Por donde pasa la solución

“En un país como Guatemala, que conozco bien, el tema no es cambiar un poco el comportamiento de las mineras canadienses. El estado guatemalteco es un estado corrompido, es antidemocrático, es un gobierno y estado racista y explotador. Y las compañías canadienses con el apoyo del gobierno canadiense, están haciendo negocios “felizmente” con ellos”.

Para el profesor de la Universidad del Norte de Columbia Británica, en cada caso en que una minera canadiense operaba en Guatemala, se manifestaban la corrupción, represión, desalojos forzados, destrucción del medioambiente, represión y violencia. “Es muy sistemático y es muy difícil de cambiar todo esto cuando estamos reconociendo un gobierno antidemocrático”.

Pero ahora y por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están demandando a las empresas mineras canadienses a través de los tribunales canadienses, en lugar de confiar en el sistema de justicia local. Este es el punto central del informe del Globe and Mail analiza Grahame Russell y “en este sentido es correcto”.

Todo empezó con la minera Hudbay Minerals en 2010, con sede en Toronto. Russell conoce muy bien el caso porque estuvo involucrado desde los inicio. Luego se dio el caso con la minera Tahoe Resources, con sede en Vancouver, que opera una mina de plata en Guatemala. Rights Action está apoyando a la comunidad afectada en este caso. El tercer caso es el de Nevsun en Eritrea. Esos son los tres casos que se encuentran ante los tribunales canadienses que tratan de responsabilizar a las compañías canadienses en Canadá por las violaciones de los derechos humanos que se ha dado en Guatemala en el caso de Hudbay Minerals y Tahoe Resources, y en el caso de Nevsun en Eritrea.

En el caso de que alguna de estas tres compañías pierda el juicio, eso tendrá implicaciones muy importantes. Básicamente, significará que las operaciones de las mineras canadienses en muchos países de América Latina y África tendrán que ser realizadas manteniendo en el mismo estándar de derechos humanos que existe en Canadá, dice el Globe and Mail de Toronto.

Es en Canadá donde se tiene que hacer justicia

Los casos avanzan en Canadá, no solamente porque es muy difícil conseguir justicia en países como Guatemala, Honduras y Eritrea, dice Grahame Russell.

“Están avanzando en Canadá porque es aquí donde se toman las decisiones de fondo. Aquí es donde se debe hacer justicia porque son compañías de canadienses y estadounidenses, con inversionistas de ambos países, con el apoyo de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Aquí es donde se toman las decisiones de fondo, donde se implementa todo. Es aquí donde se tiene que hacer justicia. Porque aquí se encuentran los actores principales”.

Cada vez se habla más en Canadá de las consecuencias del trabajo de las mineras canadienses en países extranjeros ¿Cómo lo explica?

Se debe a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad, y de ciertas ONG en Canadá dice Grahame Russell. La exigencia, la energía, la demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses.

Las demandas vienen de las víctimas de esos países, cuyas quejas llegan a Canadá a través de las ONG en Canadá, de los grupos de solidaridad. Vienen de canadienses que trabajan en esos países donde operan esas mineras.

Esto y más en la entrevista de Radio Canadá Internacional con Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica. Rights Action es una ONG canadiense involucrada desde hace mucho tiempo en el desarrollo comunitario, el medio ambiente y el trabajo de derechos humanos en toda América Central.

Más información: 

A nueve años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero 

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Artículo publicado en Diario Co Latino sobre los impactos de la minería en El Salvador – A marzo 2019

El Salvador es un país agua dependiente, en gran porcentaje, de una sola cuenca hidrográfica: el río Lempa. De él se abastece buena parte de la población para el consumo y producción de energía eléctrica. Este río, aunque su mayor recorrido lo hace en territorio salvadoreño, nace en Chiquimula, Guatemala.

Recorre una parte de suelo hondureño y entra por el norte del país. En la cuenca alta, Santa Ana, es alimentado por el lago de Guija, un embalse natural en el que desemboca el río Ostúa, un río tributario al Lempa, afectado directamente por la actividad minera en Cerro Blanco. En conclusión, las actividades de la explotación minera guatemalteca están contaminando el río Lempa. 

Cidia Cortes, investigadora de la Universidad Luterana Salvadoreña, sostiene que en total Guatemala ha concedido 344 licencias de exploración y explotación minera, de las cuales siete están cercanas a El Salvador.

Una de estas es la mina Cerro Blanco que, actualmente, pretende explotar más de 20 kilómetros cuadrados de mina de oro y plata. Sin embargo, pareciera que “hasta la naturaleza está en contra de la mina”, expresa Cortes, pues está ubicada sobre una zona geotermal. Las estimaciones de producción de la empresa es que la mina ha de producir 952 mil onzas de oro y 3.14 millones de onzas de plata, durante nueve años de vida útil.

A simple vista parecen las estimaciones de una empresa visionaria, sin embargo la historia va más allá de las proyecciones actuales. Según información del Colectivo Madre Selva, fue en 2004 que la empresa Entre Mares S.A., subsidiaria de la empresa Goldcorp, presentó un Estudio Ambiental Inicial, mismo que fue rechazado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por inconsistencias de información.

Un año después, en conformidad al art. 20 de la Ley de Minería de Guatemala, la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental, que fue rechazado bajo el mismo argumento del anterior, agregando que, según la minera, no habrían impactos ambientales. Al poco tiempo, el entonces presidente Oscar Berger cambió de sección a la directora de la Unidad de Gestión encargada de recibir estos reportes.

En junio de 2007, la minera presentó el mismo estudio y fue aceptado por la nueva directora de la Unidad, la Dra. Eugenia Castro Modonessi. Madre Selva expresó el 23 de julio de ese año su oposición al proyecto, ya que a su criterio no reunía información necesaria para ser aprobado. Sin embargo, el 14 de agosto la empresa recibió el beneplácito gubernamental.

Más adelante el ministerio recibió fragmentado el proyecto Cerro Blanco en temas relativos al funcionamiento: tratamiento de aguas, dormitorios para los empleados, entre otros. Toda esta situación obligó a las organizaciones sociales y comunidades de Asunción Mita, municipio al que pertenece la concesión minera, en el departamento fronterizo de Jutiapa, a organizarse y manifestar resistencia al proyecto que ya se había echado a andar. 

Madre Selva en sus investigaciones reconoce que en 2012 el proyecto Cerro Blanco solicitó al Ministerio de Energía y Minas un cierre temporal de dos años, esto a causa de “fallas técnicas e inundaciones en el túnel”. Durante el proceso de preparación de la extracción, la empresa llegó hasta la reserva de agua geotermal que se ubica bajo el cerro.

Este líquido fluye a una temperatura entre 80 y 120 grados celsius. Contiene un alto nivel de arsénico y metales pesados. Para superar esta falla, la empresa adoptó un modelo de enfriamiento y drenaje de la misma. El agua es extraída de los túneles, vertida en pilas de enfriamiento, pasa a una planta de retención de arsénico y luego es vertida en el río Morán, un río de invierno, tributario del río Ostúa.

El arsénico no es el único metal que diversas investigaciones han encontrado en los sedimentos de los ríos Morán y el compartido Ostúa, tanto en la parte de Guatemala como en la de El Salvador. Según la investigación de Cortes, hay presencia también de plomo, cadmio y cromo, metales pesados que son nocivos para la salud humana y la vida de los ecosistemas de la zona.

En mediciones hechas por su equipo de trabajo se puede observar el nivel alarmante de contaminación. Lo ideal, señala, es que no hubiera presencia del metal, sin embargo hasta 5.9 ppm, unidad con que se mide la presencia de metales en sedimentos, son tolerables para el ser humano y la fauna marina. En el caso Morán, en 2014 se registraron 35.57 ppm y en 2018 143.13 ppm; un aumento del 400%. En el caso Ostúa Guatemala, de 16.34ppm se pasó a 125.23 ppm; un aumento de casi el 800%. En el caso Ostúa El Salvador, de 13.86 ppm a 49.82 ppm; un aumento del 360%.

La mina lleva más de 10 años de operar sin haber extracción una sola onza de oro o plata, pero si ha estado drenando cantidades enormes de agua termal con alto contenido de metales pesados tóxicos. Una de las enfermedades señaladas por Madre Selva, que despierta una alerta sanitaria, es el padecimiento a largo plazo de “hidroarsenicismo crónico”.

Este padecimiento se manifiesta a través de irritación intestinal que causa dolor estomacal, náuseas, vómitos y diarrea. La exposición prolongada al arsénico inorgánico causa patrones de lesiones cancerígenas en la piel. Síntomas que son resentidos desde hace algunos años por los pobladores que residen cerca de la mina, según informa Madre Selva.

La aldea Trapiche Vargas es vecina directa del proyecto minero. Son alrededor de 300 familias las que residen en el lugar. Viviana Palma y Elsa Ramírez convergen en una misma experiencia comunitaria: han sido espectadoras impotentes de la muerte de los ecosistemas que ofrecían sustento a los pobladores. Por un lado, Palma enumera las enfermedades visibles entre las personas del lugar: enfermedades de la piel, intoxicaciones, pérdida de la vista y el oído.

Para agravar la situación, el terreno fue dinamitado agrietando paredes y dejando inhabitables casas de bajareque. El personal de la mina prometió ayudar en la reparación, sin embargo en los casi 20 años de proyecto minero, sólo un trayecto de calle ha sido construido. A pesar de la consciencia que se ha ganado con los años, muchas personas resultan indiferentes a la lucha anti minera, pues esta es la única fuente de ingresos, en una zona donde con dificultad llegan los servicios básicos que un Estado debe propiciar para sus ciudadanos.

Han sido varias las organizaciones e instituciones que han conocido la problemática que trae consigo el proyecto minero. Una de ellas es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), pues cuenta con un informe, desde 2013, donde detalla recomendaciones especificas al Gobierno salvadoreño, mismo que es el responsable de tutelar o realizar las acciones para velar por la protección de los derechos de su población.

Guatemala también ya tiene ese expediente, según expresa Ana Guevara, procuradora adjunta de la PDDH. Fue de esa manera que se buscó un mecanismo, a través del mandato constitucional del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (PDH) para establecer un trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Este acuerdo se firmó el 12 de noviembre de 2018. El acercamiento inició cuando ambas instituciones de Derechos Humanos, impulsaron “acciones de fortalecimientos de capacidades al personal, en el tema exclusivamente de derechos humanos y empresas. Iba encaminada a establecer mecanismos de cooperación ya sea en el tema de promoción, en el tema de incidencia y también el seguimiento a casos que estuvieran vinculadas a violación de empresas”, dice Guevara.

Una posible violación es la contaminación de un río que no sólo abastece a comunidades de Asunción Mita, sino también la cuenca alta del río Lempa, es decir buena parte de El Salvador se ve afectado. Los mandatos constitucionales de ambos entes garantes de los Derechos Humanos sólo permite, dentro de su territorio, la emisión de condenas morales y si la acción es más grave, ésta debe notificarse a la unidad fiscal correspondiente.

Por tratarse de una problemática binacional, el camino a recorrer está marcado por la diplomacia internacional. En ese sentido, son los Estados los encargados de buscar establecer un tratado, de común acuerdo, sobre las aguas transfronterizas, así lo señala Luis González de la UNES. Agrega que hasta ahora ha existido una falta de voluntad política sobre todo desde el lado guatemalteco.

Hace seis años se iniciaron conversaciones pero quedaron estancadas. Esto debido a que el país vecino alega la figura de la “soberanía de cuenta”, aunque esta ya está desfasada pues hoy se habla de “cuenca compartida”, sostiene González. Hasta hoy, el único plan en marcha es sobre el trifinio, tal como sostienen los ambientalistas, puede servir como base ejemplar para resolver este caso.

Sin embargo, Julio González de Madre Selva, refuerza la idea que el Gobierno de Guatemala hace poco o nada respecto al tema. Recuerda que si se compara el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala es el país con más alto índice de percepción de corrupción, un dato respaldado por Datosmacro.com, y en ese sentido dice que “es una situación donde prevalecen los intereses económicos sobre los Derechos Humanos”.

Leocadio Juracán, diputado del Congreso de Guatemala, apoya esta idea pues expresa que “cuando el Estado debe ser garante de los derechos humanos, garante del bienestar de la población… tenemos un Estado que está desprotegiendo a sus ciudadanos”.

Juracán va más allá, pues desde su trabajo en el Congreso ha conocido de cerca el desarrollo de investigaciones sobre el otorgamiento de permisos mineros. En ese sentido, el pasado 7 de diciembre de 2018 fue citado el ministro de Ambiente, al Congreso guatemalteco, para dar explicaciones de los mismos, además de aclarar un proceso que se está llevando a cabo actualmente: la venta de derechos mineros en Cerro Blanco.

El legislador señala que cada vez más cobra fuerza una hipótesis que le resulta preocupante. Pareciera que la verdadera intención, de una mina que en casi 20 años de funcionamiento no ha producido nada, es buscar un vacío legal para demandar al Estado guatemalteco.

Esta hipótesis es apoyada por Julio González, quien agrega que la empresa interesada en la compra de la mina Cerro Blanco, es una “empresa jr.”, es decir que cuenta con un bajo capital, pero pretende comprar una “ganga”,que tiene oposición de la gente y demostrar que no funciona para así entablar una demanda millonaria contra el Estado, basados en los gastos de inversión incurridos.

Juracán sostiene que el Estado no tiene la solvencia económica para enfrentar una indemnización como esta, similar a la demandada por Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y que fue favorable para el país. Su preocupación, afirma, es que el Estado no se niegue a pagar, por el alto grado de corrupción e impunidad que se gesta dentro del mismo, señalado en investigaciones de la CICIG.

Las iniciativas son diversas del lado de Guatemala, pero no encuentran suficiente apoyo. El movimiento Winaq, al que pertenece Juracán, impulsa la idea de suspender durante dos años el trabajo minero y que sea el pueblo, en una consulta popular, quien elija si desea o no que se sigan explotando recursos minerales pesados. “No hemos encontrado, lamentablemente, respaldo para promover y avanzar en esta iniciativa”, dice Juracán, pues de los 158 diputados, al menos ⅔ responden a intereses de las grandes transnacionales.

Del lado de El Salvador, el trabajo de la PDDH y organizaciones sociales ha logrado al menos establecer una ruta de trabajo conjunto. Sin embargo, falta mucho por hacer. Cortes sugiere que una de las necesidades que deben tomarse enserio, es que el MARN de El Salvador monitoree los niveles de desechos que se vierten al río y llegan hasta el territorio nacional, es decir un control técnico científico. Además, Rodolfo Calles de Cripdes, señala que el Estado debe diseñar una estrategia más agresiva, para darle seguimiento al tema desde la vía diplomática.

Por el momento Cuevitas, Bendición de Dios, Arenal Pacheco, El Zorrillal, El Javiyal, Bonanza y La Portada son las comunidades más cercanas y afectadas. Estas necesitan, según ambientalistas, investigadores y DDHH, el acompañamiento del Estado, desde la diplomacia y desde el acompañamiento territorial, un desafío para el nuevo Gobierno. Un trabajo articulado para poder mantener una frase que reza la oración a la bandera salvadoreña: “Ríos majestuosos”, donde el papel de espectadores pasivos no llegue a obligar a que sea complementada por “Ríos majestuosos, con arsénico y sin oro”.

Foto: Muerte masiva de peces en Río Lempa, El Salvador (Crédito: El nuevo diario)

Más información: 

[INFORME] Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe 

Semillas nativas derrotan adversidad climática en El Salvador 

Pronunciamiento del 1er Encuentro Trinacional Salvemos el Rio Lempa

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería- Chiapas (REMA-Chiapas), el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) y Otros Mundos en solidaridad a la marcha-peregrinación en Solosuchiapa – a 27 de febrero de 2019  >>Descargar el comunicado en pdf<<

 

A la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas

A los compañeros y compañeras que luchan por la vida y el territorio

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, representada por el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) y Otros Mundos A.C. enviamos un saludo fraterno a la Gran Marcha-Peregrinación en Solosuchiapa, Chiapas por la Defensa de la Madre Tierra en Contra de la Minería.

Este 25 de febrero nos unimos a ustedes con fuerza para denunciar los proyectos de minería que lamentablemente se han impuesto en todos los continentes del mundo, en México y en Chiapas. El 14% de nuestro estado esta concesionado para la industria minera, esto significa que existen alrededor de 110 títulos de concesión a nombre de empresas para explotar, contaminar y devastar nuestra tierra, acabar con la vida de los animales, de los bosques y exterminar nuestros ríos. 

Desde la REMA-Chiapas alzamos la voz para gritar con ustedes que no queremos más proyectos de muerte en nuestro territorio. Hace más de 9 años fue asesinado nuestro compañero Mariano Abarca por defender el territorio de Chicomuselo, municipio invadido en ese entonces por la empresa Canadiense BlackFire para imponer la mina Caracol en el Ejido Grecia, antes de su asesinato Mariano fue perseguido, privado de su libertad y amenazado hasta acabar con su vida y lastimar para siempre a su familia. En los municipios de Acacoyagua y Escuintla, desde el 2015 hasta el 2018, las mineras Chinas y de EE.UU también han criminalizado, deslegitimado y amenazado la vida de los y las habitantes que se organizaron para cerrar los caminos a las empresas mineras.

Por este medio agradecemos su lucha compañeros y compañeras, porque ustedes impedirán que las mineras entren a su territorio y evitarán lo que ya nos pasó. En Acacoyagua las mineras nos engañaron, mintieron y finalmente nos dividieron. De los tres proyectos que se instalaron en la región, tan solo uno explotó 49,000 toneladas de titanio, los demás solo reportaron exploración (aunque sabemos que sacaron mucho material), en su conjunto contaminaron nuestros ríos, generaron enfermedades en la piel y en los ojos. Aunque en 2018 logramos la suspensión de actividades de la Mina Cristina, la Mina Bambú y la Mina Casas Viejas estas ya causaron daños irreversibles a las comunidades. 

Es para nosotros y nosotras lamentable que la amenaza de la minería exista en nuestros pueblos y que el gobierno considere que la minería significa desarrollo económico y empleo. Es atroz que el gobierno quiera solucionar las afectaciones de la minería emprendiendo el llamado “Fondo Minero”, que es un programa que propone repartir las ganancias de las mineras a los municipios. Desde la REMA decimos que aunque las empresas mineras nos repartan dinero: No lo queremos, porque la vida no se vende, nuestra tierra y la salud de nuestros hijos e hijas no tiene precio. También es lamentable que junto a las empresas quieran engañarnos asegurándonos que existe la “minería sustentable”, la “minería segura” o la “minería responsable”, porque eso no existe y no ha existido ninguna minera que no contamine, asesine o dañe la vida de las personas y al medio ambiente.

Compañeros y compañeras nos unimos a sus demandas. Es de nuestro conocimiento que en el municipio de Solusuchiapa, Chiapas, hay 5 concesiones mineras donde se registra oro, plata, plomo, cobre y cinc. Las cinco, nombrados como Lotes Santa Fe son de propiedad de la Minera Frisco del multimillonario Carlos Slim, lo que causa gran alerta pues la Minera Frisco ya ha afectado varios estados del país, en Chihuahua y recientemente se asocio con la gran minera Canadiense GoldCorp para continuar con el proyecto Mazapil en Zacatecas. Carlos Slim y sus mineras han despojado y enfermado a cientos de personas, por ejemplo con la Minera Grupo México que derramo 40 mil litros de ácido sulfúrico en el Río Sonora en 2014 y recientemente.

Nos unimos a ustedes en la resistencia al modelo extractivo minero.

¡No a la Mina!, ¡Si a la vida!

¡Agua para la Vida, No para las Empresas!

Firman:

Red Mexicana de Afectados por la Minería-REMA CHIAPAS:

Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS)

Otros Mundos A.C.

Foto: Marcha-peregrinación en Solosuchiapa, Chiapas. (Crédito: Pbro Marcelo Pérez Pérez)

>>Descargar el comunicado en pdf<<

Más información: 

Anuncian marcha en Solosuchiapa el 25 de febrero, para liberar la madre tierra de actividad minera 

Marcha-peregrinación exige salida de actividad minera en Solosuchiapa 

El Frente Popular en Defensa del Soconusco exige se declare al municipio de Acacoyagua “Territorio Libre de Minería”

Camapaña de solidaridad del Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil (MAB) – A 14 de febrero de 2019

¿Alguna vez te has imaginado perder tu casa de repente? ¿Y sus vecinos? Como en un diluvio, ver la escuela donde esbozó las primeras letras, la plaza donde dio el primer beso y el campo de fútbol donde constantemente despejaba sus sueños simplemente desaparecer del mapa? ¿Puedes imaginar perder tu familia y amigos? Desafortunadamente, esta experiencia ha sido vivida por millones de personas afectadas por presas en todo el mundo. 

La ruptura de tres represas de desechos en la ciudad de Brumadinho / MG, el pasado día 25 de enero, demuestra cómo las represas afectan de forma violenta a la vida de las personas y cómo el modelo de desarrollo brasileño privilegia a las corporaciones multinacionales en detrimento del desarrollo local y, el bienestar de su población.

El crimen de Vale SA, empresa responsable de Mina Corrigo de Frijol y las represas de mineral de hierro, dejó 157 muertos, 165 personas desaparecidas, entre trabajadores y residentes de Brumadinho, y 133 personas sin hogar. 

Las comunidades de Córrego do Feijão y Parque das Cachoeiras fueron las más afectadas, pero la contaminación por los residuos tóxicos presentes en el desecho causó daño a lo largo del Río Paraopeba y sigue en camino a toda la Cuenca del Río São Francisco. Como en 2015, cuando una represa similar de responsabilidad de Samarco (joint venture de Vale y BHP Billiton) se rompió en Mariana / MG, la empresa (Vale) sigue actuando para evitar el total diagnóstico de los daños causados, el reconocimiento e indemnización de las poblaciones y la responsabilidad de la empresa por los crímenes.

Desde el rompimiento en Brumadinho, así como lo hizo en Mariana, el MAB está presente en las comunidades junto a las familias afectadas, ofreciendo apoyo y orientación organizativa, con base en su experiencia de 27 años de actuación con poblaciones afectadas por represas en Brasil. Esas familias están en lucha para garantizar su derecho a la información, participación en los procesos de negociación y por una indemnización y reparación justa. La reconstrucción de sus vidas, así como la revitalización de todo el ecosistema contaminado, debe realizarse a partir del protagonismo de los afectados por las represas.  #SomosTodosAtingidos

¡Ayude al MAB a continuar actuando en el apoyo a las familias afectadas por presas! 

>>VISITA SU WEB AQUÍ<<

Más información:

¡Aguas para la vida, no para la muerte! !Fuera empresas mineras de Brasil! 

El Movimiento de los Afectados por Represas en Brasil (MAB) denuncia nuevo crimen de la minera Vale 

¡Ni en Acacoyagua, ni en Brasil! ¡Fuera la minería del mundo!

Comunicado del Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas- Movimiento Ríos Vivos Colombia – A 6 de febrero de 2019

Los errores técnicos, políticos y económicos de quienes han tomado decisiones sobre Hidroituango han puesto los ojos del mundo sobre la dramática que se vive en el Bajo Cauca antioqueño, cañón del río Cauca y cada vez sobre los efectos que se extienden a toda la geografía nacional.

El Bredunco o Río Cauca pasa por más de 180 municipios de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar, es el segundo Río más largo de Colombia y una de las principales arterías hídricas que genera bienestar y progreso para el país.

Por décadas los afectados por represas en Colombia hemos llamado la atención de que una intervención en la parte baja de cuenca afecta todas las dinámicas aguas arriba y viceversa, ahora los efectos y defectos de Hidroituango nos muestran ese dinamismo pero con una diversidad de hechos, tal vez fugaces, que resultan imperceptibles o tergiversados intencionalmente para que no se entienda que está pasando de fondo.

Una vez más hacemos el llamado a atender estructuralmente la situación que devela Hidroituango que es el único camino para neutralizar el riesgo que sufren comunidades aguas abajo y aguas arriba del embalse, a su vez, éste permitirá atender similares situaciones que han ocurrido con otras represas en el país pero que se han ocultado con sevicia.

Hidroituango es un proyecto lleno de desafíos y contradicciones que no ha podido ocultar sus errores pero a la vez nos puede permitir entender que un modelo energético mediado por el lucro, por la prisa de generar dividendos, por el orgullo de imponer la técnica sobre la racionalidad y de callar las voz de las comunidades que conocen las dinámicas de los territorios y de la vida, no le conviene a ningún país, no le conviene a Colombia y es necesario llevar a cabo una transición energética justa en la que podamos participar quienes vivimos en los territorios y hemos sido afectados por represas, minería, petróleo, gas, fracking y demás proyectos asociados de infraestructura. 

Hoy en el Bajo Cauca vuelve la sensación de incertidumbre de no saber qué hacer, para dónde correr, de no saber en realidad qué está pasando, de no tener información cierta y de vivir con desesperación, esa misma sensación que trae consigo el conflicto armado hace décadas, esa misma sensación de haber visto arrasadas las viviendas el pasado 12 de mayo cuando se vertieron 6.000 metros cúbicos por segundo, por omisiones e irregularidades de Hidroituango, esa misma sensación de hoy ver un caudal que se cercena y seca los sueños y posibilidad de alimentos derivados de la pesca.

Ahora bien, este drama se extiende a toda Colombia, todas y todos somos afectados y afectadas y por ello estamos llamados a transformar de fondo el origen de esta problemática. Recordemos algunos incidentes que deben llamar a la reflexión y acción:

1.      Desde el inicio de esta contingencia las Empresas  Públicas de Medellín (EPM) ha ocultado información no ha dicho lo que realmente ocurre con la represa, se anunció incluso que el Gobernador de Antioquia elevaría una demanda penal contra EPM por el uso de polígrafos con empleados.

 

2.      Se requirieron intensos debates en el congreso y concejo de Medellín, liderados por David Racero y Luz María Múnera respectivamente para que la opinión pública y los afectados pudiéramos tener mayor información. Fue así como se conoció que EPM había prometido 70 mil millones de pesos al consorcio constructor si lograban poner a funcionar Hidroituango a finales del 2018, según lo confesó Germán Alberto Orozco, gerente (e) de Relaciones Externas de EPM, en un informe remitido al congreso de la república en Audiencia Pública.

 

3.      Hoy diversas voces en Cali se han alzado en protesta que han llegado al Senado en vocería de Wilson Arias preocupados por el desabastecimiento de agua de la ciudad a partir de que se acordará vaciar el embalse Salvajina para atender la contingencia de Hidroituango.

 

4.      Los geólogos y demás técnicos que respetan la vida con convicción han llamado la atención sobre los aspectos técnicos que se han pasado por alto, y advirtieron sobre la descompresión de la montaña que hoy se evidencia con la aparición de cárcavas, huecos o con términos nada técnicos que ocultan la situación real. Estas voces sistemáticamente no han sido escuchadas.

 

5.      Las comunidades asentadas aguas abajo de la represa Salvajina en el Municipio de Suárez estuvieron en alerta viendo las riberas del Cauca inundadas dado que el cauce de las aguas había subido a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, estas denuncias en su momento no se han hecho públicas por el intenso conflicto que agobia hoy al Departamento del Cauca y resto de Colombia.

 

6.      Con desfortuna el día de ayer, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) manifestó que el cierre de la compuerta que faltaba les tomó por sorpresa, a nosotros nos toma por sorpresa que la Autoridad Ambiental no esté siendo notificada de maniobras que ponen en riesgo a más de 130 mil personas en Colombia.

A su vez el director manifestó, que esta irregularidad se sancionaría en el curso de dos meses después de ver qué efectos traería la decisión. Aquí queda claro que los llamados de prevención que han hecho los Ministerios no son compatibles con la actuación de la ANLA y viceversa.  

·       Por otra parte, los pasivos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales generados por otros proyectos para las comunidades y el país deben estar en la esfera de la toma de decisiones sobre Hidroituango y la transformación de la política energética en Colombia, recordemos por ejemplo:

·     El vertimiento de 500.000 metros cúbicos tóxicos de la represa Anchicayá por parte de Unión Fenosa, dueña en ese entonces de la EPSA, inundando con barro a más de 3000 familias por más de seis meses en el año 2001.

·       Las afectaciones a la actividad pesquera y agrícola con la represa El Quimbo en el Magdalena y la destrucción del puente de La Plata, Huila, que generó severos impactos económicos para la región.

·      La construcción de Hidrosogamoso cerca de la zona de mayor actividad sísmica en Colombia, las vías sustitutivas que comunican a Bucaramanga con Barrancabermeja, retrasan el desplazamiento por más de cuarenta minutos debido a la inestabilidad de los taludes de la vía. A pesar de ser evidente las fallas el INVIAS recibió esta obra, ¿quién asume los costos derivados del mayor tiempo de transporte de carga y pasajeros así como la reparación de la vía?

·       El secado del río Sogamoso por varias horas fruto de una maniobra de ISAGEN que terminó por no reconocer sus impactos reales.

·      La mortandad de peces sin un plan de contingencia que afectó la cuenca del río Sinú con la desviación del río en 1998. Los peces fueron sepultados con retroexcavadoras sin atender la crisis social y ambiental que esto generó.

·   La construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, centrales que han perforado las montañas para desviar las aguas y que han ocasionado la desaparición de ríos y quebradas, tal es el caso de 70 quebradas cercenadas con la construcción de hidroeléctricas en el río Amoyá en el Tolima o el secado de 25 quebradas con el trasvase del río Manso en Caldas.

Todos estos hechos compilan un historial que hace necesario evaluar el papel que han jugado las instituciones de control, identificar los vacíos en la legislación ambiental y determinar responsabilidades de funcionarios y gobernantes de turno, así como la determinación de una ruta que nos lleve a conformar una Comisión Nacional de Represas para la reparación histórica y toma de decisiones de nuevos proyectos hidroeléctricos.

Rechazamos enfáticamente quienes están usando está crisis para justificar nuevos proyectos, la experiencia y la información reportada por la UPME dan cuenta que la demanda de energía en el país, en el mayor escenario de crecimiento de la demanda, estaría cubierta hasta por lo menos el año 2030 sin Hidroituango ni Hidrosogamoso.

En medio de la crisis que nos agobia insistimos en los siguientes llamados que pueden conducir a la solución:

1.      A los CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA Y CONCEJALES DE MEDELLÍN a no desfallecer en la búsqueda de la verdad que conduzcan de fondo a encontrar rutas legislativas que atiendan de fondo la crisis del modelo energético actual en Colombia.

2.      A la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para que adelante un estudio detallado sobre los costos económicos de Hidroituango relacionados con la atención de la crisis: los costos invertidos por el gobierno nacional vía UNGRD, de la gobernación de Antioquia, de la empresa EPM, de los transportistas de carga y pasajeros que no han podido operar, de la elevación del costo de vida en los municipios afectados, de las pérdida de empleos  causa de vías destruidas, de la disminución de la productividad en la zona.

3.      Al GOBIERNO NACIONAL para que cumpla con los acuerdos establecidos con la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular – CACEP, donde se debe dar cumplimiento a los espacios de diálogo sobre la política minero energética entre otros, que permiten atender de fondo esta situación de crisis del país.

4.      A las ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA Y EL PAÍS para que se unan a nuestro llamado de movilización social por la defensa del río Cauca y vivir el duelo que genera su secado, así como los otros ríos y comunidades afectadas por este modelo minero energético.

Se conoce que la Gobernacción de Antioquia ha dado la directriz a los alcaldes de no autorizar movilizaciones sociales, el llamado que hace el Movimiento Ríos Vivos Colombia es que la Gobernación de Luis Pérez respalde el llamado que hacemos a las comunidades de todos los ríos del país y las ciudades a movilizarse, a vivir y expresar el duelo que genera ver el río Cauca seco y frente a la indignación que genera no contar con información suficiente y veraz.

¡Exigimos una política de afectados por represas, YA!

¡Exigimos el Desmantelamiento de Hidroituango, YA!

¡Exigimos constituir con premura la Comisión Nacional de Represas

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

 

 Firma

Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas- Movimiento Ríos Vivos

 Foto: Río Cauca seco (Crédito: El Universal)

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Comunicado del Movimiento Ríos Vivos Colombia al pueblo brasileño afectado por el rompimiento de represas de la minería en Bounadinho -Minas Gerais –  A 30 de enero de 2019

El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Movimiento Ríos Vivos- lamenta el rompimiento de las represas de desechos tóxicos de la minería de hierro que hace varios años realiza la empresa Vale en el Estado de minas Gerais. 

 Enviamos un abrazo energético, solidario y lleno de esperanza para las familias a quienes les arrebató la vida este crimen empresarial. Los ríos de América Latina son las venas por donde circula la esperanza y el progreso de los pueblos, saludamos por tanto con especial afecto a las comunidades pescadoras, agricultoras, campesinas y a todos los habitantes de la cuenca del río Paraopebas las cuales ven desaparecidos sus medios y formas de vida.

Este es un hecho con precedentes, en 2015 la ruptura de la represa de la Minera Samarco filial de la VALE, causó hechos similares que fueron avisados y pasados por alto, dejando en evidencia que los aspectos técnicos para evitar catástrofes similares no fueron atendidos o que los esfuerzos invertidos no fueron los necesarios.

Ahora bien, cientos de familias afectadas, tres años después de ese episodio, en el Río Doce siguen atención, sin el suministro constante de agua, señalados y estigmatizados por los causantes del daño. Esta historia no puede repetirse, debe atenderse a todas las personas afectadas del rompimiento de la represa de la minera Samarco y la de la Mina Feijão en Brumadinho, ambas con participación de la empresa VALE por lo que hacemos un llamado enfático a Fabio Schvartsman –directivo de la empresa- y a los accionistas e inversionistas de la VALE como Capital Research Global Investors, Capital International Investors, Standard Life Aberdeen PLC, entre otros, para que tomen las decisiones correctas ena tención a sus errores dejando a un lado su interés de generar utilidades al menor costo y priorizar la atención humanitaria y reparación integral de las víctimas. En el mismo sentido, solicitamos a todos los países y grupos inversionistas en la VALE que suspendan su inversión y hagan seguimiento detallado a esta empresa así como otras que podrían causar nuevos desastres ya que las organizaciones brasileñas han identificado hasta el momento posibilidad de ruptura en por lo menos 50 represas más.

Nuestra solidaridad también se extiende a los trabajadores de la empresa y sus familias, dado que el episodio involucró el arrasamiento del restaurante y otras instalaciones de la empresa en horas de almuerzo.

Observamos con preocupación que la empresa minera VALE ha establecido que su misión es “la transformación de los recursos naturales en prosperidad y desarrollo duradero”; los episodios repetidos de ruptura de las represas muestran que la prosperidad para las comunidades de la cuenca del Río Doce y Paraopeba se truncó y el tan anhelado desarrollo los dejó en condiciones indignas. Es necesario el replanteamiento interno de las actividades de la empresa y con urgencia medidas correctivas y reparadoras creadas en acuerdo con las comunidades afectadas e impartidas por las instituciones brasileras que beneficien a las familias afectadas y los trabajadores de la obra.

Estos nefastos episodios en Brasil se suman a los riesgos e incertidumbres que representan las grietas de la represa Yacyretá en Paraguay-Argentina, los errores técnicos en la construcción de Hidroituango que mantiene en alerta roja a todos los municipios del cauce bajo y Cañón del río Cauca, la construcción de Hidrosogamoso en la zona de mayor actividad sísmica en Colombia que ha involucrado deslizamientos permanentes en la vía que comunica a Bucaramanga con el magdalena medio incurriendo en mayores riesgos, tiempos y costos en el transporte de carga y pasajeros, los deslizamientos por erosión de las riberas del río Sinú por operación de la Hidroeléctrica Urrá I que mantienen en vilo a la comunidad del Playón y otras comunidades del Bajo Sinú, la inundación de la casa

de Máquinas en el Quimbo así como la imposición de proyectos que han optado por el asesinato de líderes y lideresas que buscaban justicia y garantías de permanencia en el territorio como el caso de Berta Cáceres en Honduras en defensa del río Blanco frente a los intereses de la empresa DESA, la hecatombe de comunidades indígenas para dar paso a la construcción de la represa Chixoy en Guatemala y otros casos de defensores de ríos que siguen en total impunidad, entre ellos resaltamos al compañero Noe Vasquez del MAPDER en México, Nilce de Souza por Belo Monte en Brasil y Miguel Ángel Pabón en Colombia .

Esta lista de impactos, externalidades y situaciones dramáticas muestran la inviabilidad y costos reales de los proyectos que deben llevar a reflexionar sobre el modelo minero energético que se intenta desarrollar e imponer sobre las voluntades y planes de vida local. Debemos construir alternativas frente a la innecesaria construcción de hidroeléctricas y grandes proyectos de minería metálica, desincentivando el consumo, despilfarro energético y fomentando el reciclaje que son los planteamientos que organizaciones sociales venimos construyendo en el marco de impulsar una transición energética justa.

Seguimos en atención del desarrollo de la tragedia en Brasil, que a la fecha suma más de 600 personas desaparecidas, al tiempo que les animamos a articularse, organizarse y avanzar en la defensa de sus derechos como comunidades afectadas por represas y les invitamos a no desfallecer en la tarea de rodear y fortalecer el Movimiento de Afectados por represas de Brasil – MAB.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

 Foto: Rïos Vivos Colombia

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