Zacatecas: Policía Estatal amenaza y arremete violentamente contra compañera de la lucha contra la minería

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería/Mujeres (REMA/Mujeres) – A 16 de octubre 2018

El pasado 14 de octubre nuestra compañera Grecia Rodríguez, quien funge como enlace de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA) en Zacatecas, acudió a la Asamblea Ejidal del Potrero, Municipio de Jiménez de Teu, como asesora de los ejidatari@s en relación al “Proyecto Presa Milpillas”[1], caso que acompaña desde hace 5 meses desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac).

Esta Asamblea, que originalmente fue convocada en segunda convocatoria por el representante agrario de El Potrero, fue totalmente vulnerada por la Procuraduría Agraria quien, en contubernio con el Gobierno del Estado de Zacatecas pretenden imponer el proyecto de la Presa Milpillas, que, de realizarse, afectará a 19 ejidos, así como el acueducto proyectado pasará por 7 municipios usuarios de la cuenca del Río Atenco, quienes ya han manifestado su rechazo al proyecto.

Al acto de la asamblea llegaron 20 camionetas con 100 efectivos de la policía estatal, así como la presidenta municipal Victorina Espinosa Sánchez, el Delegado de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, El Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, con la intención de intimidar y controlar la Asamblea, así como para amedrentar a l@s ejidatari@s opositores y en consecuencia manipular la elección a favor del proyecto, tal como ocurrió, a pesar de transgredir totalmente la libre determinación de la asamblea ejidal y violar totalmente la ley agraria, la cual al parecer también desconoce el Procurador Agrario del estado.

En el momento en que nuestra compañera Grecia informaba, a las y los vecinos de El Potrero, sobre las violaciones que estaban sucediendo en el contexto de la Asamblea, Grecia fue rodeada y agredida por varios policías estatales, quienes la empujaron fuertemente y con coraje la lanzaron y apretaron contra la valla metálica colocada por la misma policía para controlar el acceso a la asamblea, a la cual incluso se negó la entrada a varios ejidatarios opositores al proyecto de la presa. El comandante del “operativo”, del que desconocemos su nombre, también haciendo uso de la fuerza le arrebató su teléfono celular con el que estaba documentando los hechos, la golpeó y la amenazó con detenerla por usurpar identidad, por alebrestar a la gente y la acosó gritándole: “¿De dónde vienes? ¿De dónde? Por qué no respondes, por qué te trabas y te pones nerviosa?”.

Así mismo otros policías sacaban a empujones a otra mujer que había estado en la Asamblea.

REMA/Mujeres condena enérgicamente este tipo de actos de violencia hacia nuestras compañeras, y responsabilizamos de manera directa al gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna por los actos de violencia, represión, intimidación y amenazas dirigidos hacia nuestra compañera Grecia por su labor como defensora de la vida y los derechos humanos; así mismo lo responsabilizamos de cualquier daño físico psicológico o de acoso que pueda volver a sufrir nuestra compañera a quien le damos todo nuestro apoyo y solidaridad.

Estaremos atent@s de las acciones que de forma directa o indirecta sucedan para con nuestra compañera y hacemos un llamado solidario a las organizaciones, movimientos y redes nacionales e internacionales a que difundan y condenen estos actos de violencia hacia mujeres defensoras del territorio que cada día son más comunes en nuestros países.

Estamos convencid@s que este tipo de actitudes, expresan y reproducen el modelo de violencia con el que empresas y gobiernos pretenden imponer una serie de megaproyectos, como es el caso de la Presa Milpillas, bajo el falaz discurso del “desarrollo”, atentando contra una serie de derechos colectivos que impactan de manera directa en la vida orgánica de nuestros pueblos, ejidos y comunidades.

En este sentido, velaremos porque se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos que tenemos como mujeres y hombres a vivir una vida sin violencia, en especial los de nuestras compañeras que, con su labor de defensoras, contribuyen a la construcción de comunidades seguras, educativas, libres y espiritualmente satisfactorios en las cuales la vida puede desarrollarse.

[1] la presa Milpillas ocupará alrededor de 19 ejidos, en los municipios de Jiménez del Teul, Sombrerete y Fresnillo, en Zacatecas. Servirá abastecer en agua al corredor industrial Fresnillo Zacatecas-Calera-Morelos-Guadalupe, donde se encuentran las mineras Fresnillo plc y Madero, así como la empresa “Grupo Modelo” filial de la gigantesca cervecera belga Anheuser-Busch InBev, entre otras.

Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: OCMZac)

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Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) – A 15 de octubre 2018

“EL GOBERNADOR DE ZACATECAS, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA Y EL DELEGADO FEDERAL DE LA PROCURADURÍA AGRARIA, FRANCISCO GODOY CORTÉS REPRESORES Y VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS”

El día de ayer, en el Municipio de Jiménez del Teul en Zacatecas, en el contexto de una Asamblea Agraria del Ejido El Potrero en la que debían tomarse decisiones respecto a la imposición y establecimiento de la Presa Milpillas en su territorio, se presentaron 20 camionetas con más de cien elementos de la policía estatal quienes, en coordinación con el Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, la presidenta municipal Victorina Espinoza Sánchez, el Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, encabezaron acciones de coacción e intimidación hacia los ejidatarios trasgrediendo la autonomía de la Asamblea Ejidal.

Alrededor de las 11:00 horas del 14 de octubre, la policía cercó el Salón Ejidal en donde se desarrollaría la Asamblea para tomar el control del procedimiento agrario, con lo cual violentaron la vida interna del ejido, los derechos de los ejidatarios y la legislación agraria. Dos elementos de la policía del Estado se situaron en el acceso al Salón Ejidal para dar o negar el acceso y participación en la Asamblea a los ejidatarios; en este contexto, los operadores políticos del gobierno federal y del estado, encabezados por Francisco Godoy Cortés, Alfonso del Real y Luis Fernando Maldonado, definieron la forma en que la asamblea debería de desarrollarse, incidiendo, incluso, en la forma de votación. Durante los hechos, la policía del Estado intimidó, desalojó y golpeó a ciudadanas, ciudadanos y ejidatarios que reclamaron la intromisión de las autoridades en la vida autónoma del Ejido. Cuando algunos de los ejidatarios preguntaron por qué estaba ahí la policía, el secretario general de gobierno dijo que “por protocolo”.

Con estos cobardes actos, utilizando la fuerza policial y las instituciones a su cargo para imponer el “progreso y desarrollo”, ambos gobiernos, Federal y del Estado de Zacatecas, hacen evidente que la ley y el diálogo no son elementos que hayan incorporado a su práctica política. El mensaje de las autoridades a la población en Zacatecas es claro, quienes definan, en uso de su autonomía personal y colectiva, defender sus derechos, serán reprimidos.

Pese al claro mandato electoral del pasado 1° de julio, en este país es cada vez más común encontrase con gobernantes serviles a la iniciativa privada y a los desarrolladores de megaproyectos, como es el caso de la Presa Milpillas, quienes impulsan este tipo de proyectos con falsas promesas de “progreso y desarrollo” amparados en el discurso del bien nacional.

De igual modo, durante los hechos ocurridos en el Ejido El Potrero, el comandante a cargo del “protocolo”, de quien desconocemos el nombre, arremetió con violencia física hacia nuestra compañera Grecia Rodríguez, del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac), cuya organización es integrante de la REMA, amenazándola con arrestarle y quitándole el teléfono con el que documentaba los hechos. Nuestra compañera Grecia se encontraba en el sitio como acompañante y asesora del grupo de ejidatarios a los que ha entregado información fidedigna sobre el proyecto de la Presa Milpillas con el propósito de contrarrestar la información manipulada, sesgada e incompleta con la cual los operadores del gobierno y las empresas constructoras han intentado ganar la aprobación de la Asamblea Ejidal y con ello imponer este proyecto que los despojará y desplazará de su territorio.

Desde la REMA señalamos como responsables directos de cada uno de los actos de violencia, represión y violación de los derechos colectivos y agrarios, pasados y futuros, en contra de las y los ejidatarios y habitantes del Ejido El Potrero que han salido a defender la vida y su territorio, al Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, así como a Alejandro Tello Cisterna, gobernador de Zacatecas.

La REMA se solidariza con las familias y ejidatarios que el día de ayer fueron reprimidos y golpeados y externamos que arroparemos con toda nuestra fuerza legal y política a nuestra compañera Grecia Rodríguez, a quien el gobierno busca criminalizar y perseguir, por acompañar a la población del Ejido El Potrero en su lucha para que su vida y derechos no desaparezcan bajo el agua.

NO AL PROYECTO PRESA MILPILLAS

RED MEXICANA DE LAS Y LOS AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

———————–

Comunicado del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – A 15 de octubre 2018

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncia y repudia la intervención policiaca y los actos ilegales que se llevan a cabo en el estado de Zacatecas para imponer la Presa Milpillas.

El domingo 14 de octubre hubo violación a derechos humanos, políticos y a la autonomía ejidal en El Potrero, uno de los 19 ejidos que serían afectados con la imposición del megaproyecto.

Más de 100 agentes de la Policía Estatal impusieron vallas para cercar el lugar de la Asamblea donde también estuvieron presentes funcionarios del gobierno del estado y del municipio. Buscaban intimidar y amedrentar para obtener un resultado favorable a sus pretensiones, aunque en ese intento pasaran por encima de la dignidad del pueblo y de la legalidad.

Denunciamos que fue un proceso lleno de anomalías; estos personajes sacaron ventaja de donde pudieron: no fue una votación abierta ni libre. La intervención policiaca así lo evidencia.

Denunciamos que la autonomía para tomar decisiones libremente del Ejido El Potrero fue avasallada y la Procuraduría Agraria Delegación Zacatecas, a través de su Delegado, Francisco Godoy Cortés, y demás funcionarios de dicha dependencia, se prestaron a los intereses del gobierno del estado, de la Comisión Nacional del Agua y del capital privado, pues no defendieron ni asesoraron conforme a derecho a los ejidatarios y a la asamblea ejidal.

Reiteramos que el acuerdo logrado para la ocupación previa del terreno a inundar, y que en un futuro se pretende expropiar, es a todas luces ilegal, por incumplir con lo estipulado en la Ley Agraria, además de que nunca se informó ni consultó a los afectados por el proyecto Milpillas.

Alertamos a la ciudadanía ante la información manipulada que está circulando la parte oficial que no menciona las ilegalidades y los actos violentos que cometieron para legitimar la construcción de la presa.

Reprobamos la actuación del gobierno encabezado por Alejandro Tello Cristerna, subordinado a los intereses capitalistas.

Manifestamos nuestro total respaldo al pueblo de El Potrero y del municipio de Jiménez de Teúl en su conjunto, así como al Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas.

Hacemos nuestras las consignas que levanta la digna resistencia de quienes luchan contra este megaproyecto: ¡No queremos presa! ¡No queremos dinero! ¡Queremos agua que es vida!

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: OCMZac)

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Encuentran glifosato y OGMs en muestras de harina de maíz de Maseca

Comunicado de la Asociación de Consumidores Orgánicos – A 9 de octubre de 2018

Estudios de laboratorio sobre harinas de maíz blanco y amarillo de Maseca muestran que contienen residuos de glifosato. El glifosato fue clasificado como probable carcinógeno por la OMS.

 La Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO) reportó haber encontrado niveles altos del químico glifosato y de AMPA -su metabolito principal- en muestras de harina de maíz blanco y amarillo provenientes de diferentes partes de México.

El glifosato es el principal componente del herbicida Faena o Roundup de la compañía Monsanto (Bayer), cuyo uso aumentó significativamente a partir de la aparición de los cultivos transgénicos.

Es muy alarmante que se encuentre glifosato en las harinas para la producción de tortillas y otros productos alimenticios. En marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el cáncer, un órgano especializado de la Organización Mundial de la Salud trabajando con más de 17 expertos de once países, clasificó al glifosato de “probable carcinógeno”.

Los resultados de las muestras de laboratorio de harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca muestran concentraciones de glifosato que van desde 5.14 hasta 17.59 microgramos de glifosato por cada kilo de harina. Asimismo, la presencia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) alcanza hasta 94.15% en una de las muestras, observando una clara correlación: a mayor porcentaje de OGM, mayor concentración de glifosato.

Las muestras fueron analizadas por los laboratorios del Health Reasearch Institute en Iowa, Estados Unidos, bajo el método de la FAO [1].

El glifosato se usa ampliamente en los campos agrícolas, pero su presencia es más intensa en los campos de monocultivos donde prevalecen los transgénicos. México es un país donde la producción de maíz transgénico está prohibida, con lo cual la presencia de altos índices de glifosato en maíz nos lleva a concluir que:

1. Maseca está importando maíz para la elaboración de harina para sus tortillas. Este maíz, que es importado principalmente desde Estados Unidos, se utiliza para alimento balanceado. En otras palabras, estamos importando el maíz que Estados Unidos utiliza para alimentar cerdos, y usándolo para elaborar las tortillas que consumimos.

Las secretarías de estado y órganos encargados de velar por la inocuidad y sanidad alimentaria y de la prevención de riesgos sanitarios (Sagarpa, Senasica y Cofepris) no respetan los derechos de las y los consumidores, tales como el derecho a la información o el derecho a la salud y a un ambiente sano al permitir la presencia de ingredientes transgénicos y herbicidas como el glifosato en los alimentos que son ampliamente consumidos en México.

2. México no está defendiendo efectivamente su cultivo principal, de subsistencia y soberanía, base de la dieta diaria de la población mexicana: el maíz.

3. Maseca está mezclando diferentes tipos de maíces en su harina, tal vez para reducir su costo de producción, pero esto a expensas de la calidad del producto final.

La ACO exige a Maseca -la principal productora de harina de maíz en México y principal exportadora hacia Centroamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo- que utilice maíces no transgénicos en la elaboración de sus harinas, y que transparente su proceso de nixtamalización.

Se hace un llamado a la población mexicana a que busque alternativas a Maseca en tortillerías locales, tianguis y mercados que usen maíces comprados a productores agroecológicos y que nixtamalicen. Además, se les pide que exijan a Maseca tortillas sanas, libres de agrotóxicos y elaboradas con maíz nixtamalizado.

Nota:

[1] Donde el glifosato residual es la suma de el peso del glifosato + 1.5 x y el peso de su metabolito AMPA.

Contactos:

Dra Mercedes López Martínez, 55 2529 4487
Mtra. Mariana Ortega Ramírez 775 128 8815

Más información:

Transgénico el 90% del maíz de las tortillas en México: académica de la UNAM

[VIDEO] La trampa de las “mini” represas hidroeléctricas

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El 19 de septiembre 2018, Otros Mundos A.C. organizó un conversatorio sobre la trampa de las “mini” represas hidroeléctricas en el Foro Cultural Independiente Kinoki, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el marco de su Seminario Permanente de la Sustentabilidad. “Se estima que hoy en día hay un total de 3,700 proyectos hidroeléctricos por encima de 1 MW de capacidad instalada en el mundo, de los cuales el 83% están planeados y el 17% en construcción”, compartió Daniela del Bene, integrante del Proyecto EnvJustice de la Universidad Autónoma de Barcelona, invitada por Otros Mundos A.C.

“Más del 75% de estos proyectos son pequeños o medianos”, agregó Daniela, quien analiza que el actual auge de las “mini” represas se debe a los incentivos financieros vertidos por los gobiernos y bancos de desarrollo a proyectos supuestamente “sustentables”, “limpios” y necesarios para la llamada “transición energética”.

Las regiones más impactadas por esta nueva tendencia son Centroamérica, la cordillera andina, los Balkanes y el sureste asiático. Los territorios donde proliferan las “minis” no son libres de graves daños sociambientales. No se trata necesariamente de proyectos pequeños ya que no existe ninguna reglamentación internacional que determine un tamaño límite para sus cortinas y algunas tienen una capacidad instalada de hasta 50 MW. Se acompañan de infraesturas imponentes tales como largos túneles que implican el uso de explosivos, la destrucción de montañas y la deforestación, y emiten altas cantidades de gas metano. “Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático -IPCC, por sus siglas en inglés-, sus emisiones son 10 veces mayores a lo que se ahorraría al dejar de quemar combustibles fósiles“, señaló Daniela del Bene.

La especialsta cuestionó la voluntad política de los gobiernos de proceder realmente a una “transición energética” a través de la multiplicación de las “mini” hidroeléctricas. Éstas ni han sustituido las grandes represas, cuyos impactos socioambientales han sido denunciado desde hace décadas, ni han revertido el aumento del consumo de las energías fósiles. A nivel global, el petróleo, el carbon y el gas siguen siendo las principales fuentes de energía y su consumo no deja de crecer. “La energía hidroeléctrica en general no está para nada sustituyendo los combustibles fósiles, sino que se está sumando a ellos”, concluyó Daniela.

Si bien existen experiencias de uso comunitario de energía hidroeléctrica con mini centrales en países como España o Italia, a nivel global las “minis” siguen captadas por grandes empresas como Sinohydro, Hydropower, Odebrecht o Enel. Sea lo que sea el tamaño de la cortina de una represa, lo esencial es saber para qué y para quién sirve la energía que produce, cómo ésta se produce y si contribuye a la construcción de la soberanía energética de los pueblos.

¿La energía se produce para sostener el desarrollo capitalista y el modelo extractivo o para los pueblos? ¿Y cuales son las características de su producción ? Busquemos proyectos descentralizados, a pequeña escala, realizados en el respeto de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, para sostener modos de vida sustentables basados en un consumo consciente y moderado de la energía eléctrica.

Les invitamos a compartir este material entre el 6 y el 13 de octubre en el marco de la semana de movilización por la justicia energética de la federación Amigos de la Tierra Internacional, de la cual formamos parte. Estas fechas coinciden con la publicación por parte del IPCC de un informe histórico sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles pre-industriales en comparación con los impactos de un calentamiento global de 2ºC. Es probable que en este documento, los científicos “comuniquen los terribles riesgos e impactos que supone dejar que el aumento de la temperatura mundial promedio exceda 1,5 grados, a la vez que alertan que se necesitará un cambio sistémico drástico, de una magnitud nunca antes vista, para evitar este aumento de la temperatura”, indica la federatión en su página web.

Comparta: #JusticiaClimática ¡No a la #EnergíaSucia! #SoberaníaEnergética

Más información:

Semana de Acción de Amigos de la Tierra Internacional para luchar por la justicia climática

Tenemos que exigir un nuevo sistema energético internacional que beneficie a los pueblos y el planeta

Expertos del IPCC recomiendan “cambios sin precedentes” para limitar el calentamiento global a 1,5ºC

Defensores y defensoras de Temacapulín responden a AMLO: #ZapotilloNoVa

Boletín de prensa del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Colectivo de Abogadxs, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco Por el Agua, el Territorio y la Vida (UPOJAST) – A 4 de octubre del 2018

La continuación de la construcción del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León no corresponde en absoluto a la Cuarta Transformación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la Refundación del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro.

#ZapotilloNoVa

El proyecto Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León comenzó a promoverse desde el año 2005 y de manera ilegal en 2009 inició su construcción. Desde entonces -por 13 años- los gobiernos del PAN y del PRI lo han querido imponer a como dé lugar: violando derechos humanos, devastando la naturaleza, mintiendo sobre estudios técnicos, incumpliendo acuerdos y leyes, derrochando recursos públicos e implementado graves actos de corrupción, sin generar hasta el momento una sola gota de agua.

El pasado 1 de julio la mayoría de las y los mexicanos decidieron a través de las urnas dar una oportunidad al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asegura que su gobierno significará la Cuarta Transformación del país. En este mismo sentido, en Jalisco el nuevo Gobernador electo Enrique Alfaro, promete que su gobierno logrará la Refundación del estado, sin embargo la continuación de la construcción del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León no corresponde en absoluto a estos dos principios que supuestamente sustentarán el gobierno de López Obrador y de Alfaro.

Nuestras expectativas y exigencias hacia los nuevos gobiernos son altas. Por más de 13 años hemos impulsado la Revolución del Agua en nuestras comunidades y junto a otras luchas, organizaciones y especialistas hemos demostrado que el Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León es obsoleto, pues no resolverá el abasto del agua a lo largo del tiempo, ni respetará los ecosistemas y a las personas que en ellos habitan. Basta con recodar el reciente “Informe Técnico sobre alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa EL Zapotillo” elaborado en el Congreso de Jalisco y presentado el pasado 23 de agosto, el cual afirma que: “Consecuentemente, mientras no esté debidamente demostrado, deliberado y socializado que el bien mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones económicas hasta ahora realizadas, la obra no es justificable desde el punto de vista social, económico o ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y erogación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto”.

Por lo que esperamos que la Cuarta Transformación de México y la Refundación de Jalisco transforme el modelo de manejo del agua en el país y en la entidad, hacia una Gestión Integral del Agua y el Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León NO ES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.

Esperamos que la Cuarta Transformación de México de AMLO y la Refundación de Jalisco de ALFARO, antes de realizar declaraciones tajantes como las efectuadas en días recientes sobre el futuro del Sistema Zapotillo primero escuchen y dialoguen con las comunidades, organizaciones, luchas y especialistas que por más de 13 años hemos defendido y trabajado por el agua en Jalisco, eso sí sería un gobierno distinto y no la continuación solo con cambio de partido MORENA en el gobierno federal y MOVIMIENTO CIUDADANO en Jalisco.

Hablar de la inversión realizada en el proyecto por parte de AMLO y ALFARO es importante, sin embargo el enfoque que debe predominar antes de tomar cualquier decisión es el de la CORRUPCIÓN, la Cuarta Transformación y la Refundación de Jalisco debe auditar de manera inmediata el proyecto antes de defender la inversión y de decidir de manera vertical su continuación.

Nos preocupan las contradicciones y vacíos técnicos y de conocimiento de las afectaciones integrales del proyecto en las posturas y declaraciones que los nuevos gobiernos están realizando en esta etapa de transición, debe demostrarse con un PERITAJE la viabilidad y seguridad que tendría el proyecto con una presa a 80 metros de altura de la cortina para las comunidades y por el grado de abandono de la obra y la falta de mantenimiento que alertó también la UNOPS-ONU debe primero comprobarse su estado actual y su grado de deterioro.

Hablar de Cuarta Transformación de México y de Refundación de Jalisco debe significar que la solución a este conflicto socio-ambiental provocado por el Sistema Zapotillo- Acueducto Zapotillo León (Presa Zapotillo, Acueducto y Presa Purgatorio) debe resolverse solo y junto a las comunidades, organizaciones y especialistas, por lo que esperamos podernos reunir de manera inmediata con el gobierno de López Obrador y Enrique Alfaro.

Seguiremos luchando contra este megaproyecto y por un nuevo modelo y política de gestión integral del agua para México y Jalisco, la Cuarta Transformación y la Refundación deben ser esa posibilidad por lo que exhortamos a los gobiernos electos de Obrador y Alfaro a que:

  • Antes de realizar declaraciones y tomar decisiones sobre el proyecto se construya la Agenda el Agua que México y Jalisco necesita junto y solo con las comunidades, organizaciones y especialistas.
  • Nos convoquen a discutir y revisar de manera integral y completa las afectaciones e impactos del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León.
  • Se realice un peritaje público al estado actual de la presa el Zapotillo en relación a su mantenimiento, viabilidad y seguridad.
  • Se realice un peritaje público sobre la viabilidad y seguridad para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de una presa a 80 metros de altura de cortina.
  • Se convoque a la realización de foros públicos para revisar de manera integral y completa las afectaciones e impactos del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León y buscar alternativas –que no sea la constricción de más presas- hacia un nuevo modelo de Gestión Integral del Agua.

Nuestra lucha es por el agua y la vida, queremos un río Verde libre, la cancelación del proyecto, su desmantelamiento, la restauración del río Verde y la reparación integral de los daños, esto es pues lo que esperamos de la Cuarta Transformación de AMLO y la Refundación de ALFARO.

ANTENTAMENTE,

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Colectivo de Abogadxs

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco Por el Agua, el Territorio y la Vida (UPOJAST)

#AmloZapotilloNoEsCuartaTransformación

#AlfaroZapotilloNoEsRefundación

Foto: Conferencia de prensa #ZapotilloNoVa en Guadalajara el 4 de octubre 2018 (ver el video aquí)

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Pueblos organizados de Chiapas y Puebla frenan, Ley en mano, 4 minas; nunca los consultaron

Artículo de Sin Embargo/Chiapas Paralelo publicado el 1 de octubre 2018

La batalla que en 2015 emprendieron habitantes de comunidades de Chiapas y Puebla en contra de cuatro proyectos mineros concluyó con la suspensión de actividades de estas empresas.

En Chiapas, la Profepa sancionó a la minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Semarnat, además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

En Puebla, integrantes del pueblo Maseual (nahua) obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila. El Juzgado le ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones, llevar a cabo una consulta previa y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

Ciudad de México, 1 de octubre (ChiapasParalelo/SinEmbargo).– Comunidades de Chiapas y Puebla lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros a los que venían oponiéndose desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no ser consultados cuando se otorgaron las concesiones.

Este domingo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total las actividades del proyecto denominado: “Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales ubicado en el Ejido Nueva Francia”, del municipio de Escuintla, Chiapas.

La Profepa decidió sancionar a la empresa minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

Desde 2015, habitantes de Nueva Francia se unieron al Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), que se mantiene en resistencia contra 21 concesiones mineras promovidas por el Gobierno estatal y federal en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

El Frente conformado por habitantes de los dos municipios afectados se comprometión a defender la tierra y proteger ecosistemas importantes para la biodiversidad chiapaneca como lo son: los ríos Cacaluta y Jalapa, el Bosque de Niebla de la Reserva de la Biósfera del Triunfo y los manglares de la Encrucijada.

Los habitantes desde hace tres años han demandado la presencia de la Profepa y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que verifique el impacto ambiental que ocasiona cada una de estas empresas en su territorio.

A tres años de protesta, la Profepa realizó una inspección el 14 de febrero del 2018 a Nueva Francia, en la que constató que el Proyecto no cuenta con autorización en materia de cambio de uso de suelo expedida. Además, observó la afectación de aproximadamente 5 mil 629 metros cuadrados.

“Se considera hubo remoción de suelo y vegetación de las especies Tepenahuaste, Laurel (Hormiguillo), Capulín (Prunus salicifolia), Chile Blanco, Castaño (Castanea sativa), Hormiguillo (Cordia alliodora) y Zacate insurgente”, indicó el comunicado.

El Proyecto consta de una superficie de 3.3 hectáreas, dentro de las cuales se llevó a cabo la apertura de brechas o caminos de acceso, con una longitud aproximada de 804 metros y un ancho promedio de 7 metros.

EN PUEBLA AMPARAN A COMUNIDADES

Integrantes del pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que afectan principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan.

La sentencia, otorgada el pasado 26 de septiembre por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), en marzo del 2015 el pueblo Maseual interpuso una demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

Después de varios años de litigio, el pueblo maseual obtuvo una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía (SE): dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

En septiembre de 2014, tres mil indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía y encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio.

Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.

En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del pueblo Maseual.

Con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera “conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje”.

Este fallo judicial, destacó Cemda, “deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y modificado, pues es imprescindible que se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y no se interfiera con con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados”.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera, en México operan un total de 345 mineras, de las cuales 21 son mexicanas.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

Más información:

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La política minera de AMLO, una continuidad incoherente

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de septiembre de 2018

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció a principios del presente mes que implementará medidas para “reducir” los efectos de la extracción minera. Estas medidas no son otra cosa que medidas cosméticas para paliar los efectos de la minería a tajo abierto por metales, lo que equivale a permitir que continúe una actividad que genera daños severos, múltiples e irreversibles ya documentados, incluso desde las etapas previas al inicio de las explotaciones.

Anunciar “remediaciones” que forman parte de la mentira sistemática que emplean las empresas para encubrir el despojo, gravar a esas empresas y destinar esos recursos fiscales a las comunidades a cambio de permitir las afectaciones y con ello legitimarlas, constituye más de lo mismo: una medida de continuidad que no sólo denota ignorancia y servilismo hacia intereses ajenos a la salud e integridad de nuestras comunidades y territorios, sino que mina el futuro y pone en entredicho el respeto elemental al mandato popular del pasado primero de julio.

Las palabras del Presidente electo no ayudan a enfrentar la grave situación que vive el país por el extractivismo minero que además ha causado desplazamientos de población, pobreza, migración y asesinatos. Con ello solo se operarían mecanismos con el fin de que unos raquíticos impuestos que pagan las empresas mineras se destinen a mitigar los graves e irreparables daños. [1]

 

México no está en venta. Nuestra integridad no está en venta. Exigimos sin titubeos ni falacias una posición digna y una política pública inequívoca de rechazo al modelo extractivo minero.

¡ALTO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

[1] “Desde 2014, se estableció que las empresas mineras tienen que pagar un impuesto por la extracción de minerales y que ese impuesto tiene que utilizarse para mitigar daños en comunidades mineras”, declaró AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre 2018.

Foto: AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre en la Ciudad de México.

Más información:

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Mensaje a AMLO: “Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México”

16-18 de noviembre: ¡Celebremos los 15 años del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos!

EL MAPDER CUMPLE 15 AÑOS DEFENDIENDO RÍOS

REALIZARÁ SU ENCUENTRO NACIONAL DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE EN GUERRERO

Comunicado del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – A 17 de septiembre 2018

Al cumplir quince años de resistencia, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) realizará su treceavo encuentro nacional del 16 al 18 de noviembre del 2018 en la comunidad de Salsipuedes, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, en el Acapulco rural, estado de Guerrero.

Compartiremos experiencias y conocimientos desde las distintas comunidades, organizaciones y personas que integramos el MAPDER para fortalecer la resistencia nacional y brindar solidaridad al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).

Nos reuniremos en el lugar que nos vio nacer en el año 2003 en torno al CECOP, que defiende la cuenca del río Papagayo y resiste a una nuevaofensiva de persecución, encarcelamientos y asesinatos.

Los campesinos de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, han expresado contundentemente durante quince años su rechazo al Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, de la Comisión Federal de Electricidad, pero sus derechos siguen siendo pisoteados por las instancias de poder federal y del estado de Guerrero.

Enfrenta el MAPDER numerosas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de los pueblos al agravarse las amenazas de despojo de tierras y del desplazamiento forzado de poblaciones para la construcción de presas.

Delegaciones procedentes de las cuencas hídricas de Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Veracruz, Puebla, Valle de México, La Laguna, entre otras, reflexionaremos sobre la organización y el papel del MAPDER en los nuevos escenarios que enfrentaremos en los siguientes años, particularmente en materia de agua, proyectos de presas, energía y resistencia de los pueblos.

Comunidades afectadas exigimos la cancelación inmediata de los proyectos de presas La Parota en Guerrero, El Zapotillo en Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit, cuenca de La Antigua en Veracruz, al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en las cuencas de Chiapas, y nos solidarizamos con los pueblos que resisten la imposición de embalses en la Sierra Negra de Puebla y en Milpillas, Zacatecas.

Reclamamos la libertad de presos del CECOP, justicia a los asesinados y presentación con vida de Sergio Rivera Hernández, opositor del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala de Minera Autlán en Puebla.

Recuperaremos aprendizajes y logros que hemos tenido como movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos en nuestros primeros quince años de vida.

Con invitados internacionales festejaremos colectivamente la vida y el aniversario del MAPDER al grito de

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

Mayor información en el correo electrónico: encuentromapder15@gmail.com

Más información:

¿Uno más en la cuenta de muerte por defender la vida? ¡Exigimos la aparición con vida del defensor Sergio Rivera Hernández!

“La Revolución del agua”: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

#10AñosCompartiendo: Manualito para las radios en defensa de los ríos

 

 

Quintana Roo: Nueva fumigación con producto agrotóxico provoca mortandad de abejas

Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 14 de septiembre 2018

  • El saldo preliminar es de 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados
  • La fumigación ocurrió el 10 de septiembre pasado, días después de la firma de un convenio para pagar parcialmente los daños provocados en agosto pasado
  • Lo ocurrido vuelve a poner en la agenda de discusión la no regularización de agroquímicos
  • En ese contexto, la SAGARPA entregó hoy paquetes de agroquímicos tóxicos a apicultores del municipio de José María Morelos, Quintana Roo

Más de 200 colmenas, en los Ejidos de San Felipe I, Nuevo Reforma y Kankabchen, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, fueron afectadas por una nueva fumigación en el plantío de chile habanero propiedad de un empresario de Yucatán, que el mes pasado provocó la muerte de cientos de miles de abejas y la pérdida de 357 colmenas en el Ejido Candelaria, en donde siguen muriendo las abejas por el impacto residual del tóxico.

Apicultores afectados informaron esta mañana a la sociedad Coopertiva U Lool Che y al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible-Península de Yucatán (CCMSS-PY) que, al revisar sus apiarios, encontraron el suelo tapizado de abejas.

El saldo preliminar, arroja -hasta el momento- 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados, pero la cifra podría aumentar. Los muestreos se realizan con apoyo de especialistas en la materia.

Los productores atribuyen lo ocurrido a que el empresario, originario de Yucatán, Pedro Pablo Erosa Manrique, volvió a fumigar su cultivo de chile habanero el 10 de septiembre pasado, días después de haber firmado un ventajoso convenio que lo compromete sólo a resarcir el daño parcial que ocasionó a los apicultores del Ejido Candelaria, el 13 de agosto pasado.

Erosa Manrique sólo pagará mil 300 pesos por colmena, cuando el precio real es de mil 700 pesos y sólo se hizo responsable de 250, de las 357 colmenas que afectó, lo que implica que pagará 281 mil pesos menos por el daño que provocó.

El convenio, que gozó del aval de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Quintana Roo (Sedarpe) y de la Fiscalía del estado, que coaccionaron a los apicultores para aceptar firmarlo, permite a Erosa Manrique seguir usando agroquímicos.

De acuerdo con el testimonio de Wilson Ayala Mex, del Ejido Candelaria, aunque verbalmente Pablo Erosa les aseguró que no usaría químicos tóxicos, les recomendó que “cerraran sus piqueras” cada vez que hubiera una nueva fumigación a cargo de su personal.

En ese contexto, autoridades locales y federales se han abstenido de regular el uso de agroquímicos y productos nocivos para la tierra, las abejas y, en general, la biodiversidad y, por el contrario, fomentan su utilización en detrimento de la salud humana y de los ecosistemas, con los impactos económicos que ello conlleva.

Como ejemplo, esta mañana, la Sagarpa entregó agroquímicos en plena cabecera municipal, como parte del Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 2018.

Los paquetes entregados contienen DAP, AMINA, PARAQUAT, FOLIAR y GLIFOSATO, este último, altamente cuestionado por contaminar la tierra, los cultivos, el polen de las plantas, cuyo polen es alimento de las abejas, y contaminando a su vez la miel que producen.

Incluso, se han denunciado casos en la Península de Yucatán, de mortandad de las abejas, a partir de la presencia y uso del Glifosato.

La Sedarpe también formó parte del evento, en donde se repartió a cada agricultor, un vale equivalente a mil 500 pesos, por hectárea, para canjearlo por estos agroquímicos.

Más información:

Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico

Sierra Tarahumara: Minera canadiense incumple contrato y reprime

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 5 de septiembre 2018

En México y en Latinoamérica las mineras canadienses ya están acostumbradas a tener una actuación ilegal y de incumplimiento de contratos o convenios, entre muchas otras violaciones a las leyes y a los derechos humanos, porque se saben protegidas por las estructuras de gobierno, a tal grado que, aun en comunidades quienes erróneamente o con engaños han aceptado el ingreso de una empresa minera a su territorio, son reprimidas cuando éstas reclaman sus ilegalidades.

La minera Coeur Mexicana S.A. de C.V., de capital canadiense, firmó un contrato con los ejidatarios para la explotación de una mina de plata en el municipio de Guazapares, ubicado en la Sierra Tarahumara, que se caracteriza por ser la región más importante en producción de plata del estado norteño de Chihuahua. Sin embargo, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa canadiense, que es un común denominador de estas empresas, provocó que los ejidatarios exigieran justicia.

Desde el 20 de agosto los ejidatarios iniciaron su manifestación y plantón en el camino que da acceso a la mina, pero fue disuelta el 30 de agosto con el apoyo de 130 elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, quienes llegaron disparando al aire para intimidarlos, sin identificarse y sin presentar órdenes de aprehensión, detuvieron a dos ejidatarios, José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González, que ahora se reportan como desaparecidos.

Esta situación es reiterativa por parte de las empresas mineras canadienses, aunque no sólo estas, tanto en otras partes del país como en Latinoamérica, en donde incumplen muchas de las cláusulas de los convenios firmados, desde aspectos tan fundamentales como negarse a la contratación de mano de obra, no pagar derechos de paso, no realizar las obras sociales prometidas a las comunidades y otras serie de circunstancias que al final se traduce en la extracción del mineral y la devastación territorial, de la salud y comunitaria.

También incumplen resoluciones judiciales, violan normativas ambientales y prácticamente hacen inexistentes los derechos humanos de los pobladores locales y trabajadores, a quienes reprime e incluso asesina cuando se atreven a reclamar sus derechos, tal como ha sucedido ya en Guerrero con la empresa Torex Gold o en Chiapas con la Blackfire o en Oaxaca con la Fortuna Silver Mines, todas de capital canadiense.

La actividad minera está lejos de ser parte del progreso y desarrollo, toda vez que se ha vuelto la práctica que mayores asimetrías genera; destruye totalmente los bienes naturales y por ende el territorio de los pueblos a los que deja devastados con irreversibles daños a la salud y al ambiente; capitalizando el despojo tan pronto como les es posible, llegan a efectuar el desplazamiento a toda costa.

A las empresas y sus dueños, no les interesa si un pueblo se opone y resiste o por el contrario firma un convenio, pues en ambos casos habrá persecuciones, represión, criminalización y/o asesinatos. Es tan rapaz y tan impune el actuar de las empresas mineras y del mismo gobierno que violentan y violan todo el Estado de Derecho en su conjunto. Reconocemos que se trata de una batalla en donde el Estado actúa casi siempre del lado de las empresas y bajo los escudos justificativos de la modernidad, el progreso y el desarrollo, buscando de esa forma legitimar sus ilegitimas ganancias generadas por el saqueo de los pueblos.

Este caso que ahora sufren los ejidatarios del municipio de Guazapares, debe ser un serio llamado de atención y de alerta, para que las comunidades y ejidos de todo el país, eviten ser engañados y desechen cualquier relación con aquella empresa minera que ronde su territorio.

En contrasentido, los invitamos a organizarse para decretar el Territorio Libre de Minería. Es posible luchar y resistirse en contra este Modelo Extractivo que viola los derechos humanos y devasta territorios tal como sucede y se ha demostrado en varios estados del país.

REMA se solidariza con las y los ejidatarios de Guazapares quienes a pesar de lo ocurrido se mantienen resistiendo y sostendrán el bloqueo, el cual han anunciado que ahora será total.

Responsabilizamos a la empresa minera canadiense y al gobierno de Chihuahua por la seguridad de los ejidatarios y el regreso con vida de José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

Con disparos, agentes disuelven protesta contra minera en Chihuahua

Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca

Guerrero: ¡Alto a los actos criminales de la minera canadiense Torex Gold Resources!

Foto: la mina de plata de Coeur Mexicana en Guazapares (Crédito: Coeur Mining)

Zacatecas: Los engaños del gobierno en torno a la presa Milpillas

Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros De Zacatecas (OCMZac), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – A 28 de agosto de 2018

Análisis crítico del Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo, publicado en mayo 2015

Antes de iniciar surgen varios cuestionamientos:

¿Por qué si desde el año 2015 se publicó un Estudio de Factibilidad de más de 500 páginas, hasta ahora el Gobierno del Estado de Zacatecas busca “dialogar” con las y los ejidatarios? Además, dicho estudio tuvo un costo de más de 16 millones de pesos, y aun así le falta información básica y se basa en una suposición no comprobada y errónea, a saber, que la presa Milpillas permitirá frenar el abatimiento de los acuíferos de la región centro de Zacatecas.

Por otro lado, ¿por qué el Gobierno Estatal falsificó el Acta ejidal inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) con fecha del 19 de abril del 2018? Esta acta tiene como asunto: Someter a consideración de la Asamblea la anuencia para que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) realice trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y/o cualesquier otra autoridad de carácter federal, estatal o municipal, el cambio de uso de suelo respecto a aproximadamente 11 ha de tierras ejidales. E incluso la Delegación de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, el ombudsman de los campesinos encargado de asesorar y orientar a los sujetos agrarios y garante de la legalidad, solapa y se presta a este tipo de actos, incurriendo en delitos penados por las leyes mexicanas. Son muchos los atropellos y engaños que se han presentado en esta promesa de progreso y desarrollo.

El Estudio de Factibilidad enuncia cuatro áreas amenazadas y dedica centenares de páginas a describir y justificar los impactos de la presa y el acueducto sobre la fauna y flora en los ocho municipios afectados. Estos impactos no son despreciables. Por otra parte, falta información básica, por ejemplo: sobre la altura y anchura de la cortina, sobre el caudal del río Milpillas durante las diferentes temporadas, y sobre los impactos hidrológicos y sociales aguas abajo de la presa. De esta manera, el Estudio de Factibilidad no analiza algunos de los impactos socioambientales más importantes del proyecto. Estos tienen que ver con la extracción de docenas de millones de metros cúbicos de agua de una cuenca que ya sufre estrés hídrico, para transportarla a otras cuencas entre Fresnillo y la Zona Conurbada Zacatecas Guadalupe (ZCZG), donde el manejo del agua se caracteriza por la falta de contabilidad, ineficiencia, pérdidas y desigualdad. El Estudio afirma que la presa Milpillas aliviará la presión sobre los acuíferos en el corredor Fresnillo-ZCZG, pero no presentan los cálculos para respaldar esta afirmación. Resulta ser una falacia.

Dicen que el agua será sólo para el sector público urbano. Hay que desnudar que, aun siendo el caso, el proyecto sirve para entregar por completo las aguas subterráneas al gran capital. Es decir, las aguas de mejor calidad y las más accesibles en términos técnicos y económicos seguirán siendo explotadas por la cervecera (No olvidamos que Tello era el representante del Grupo Modelo para negociar con el Gobierno de Zacatecas, antes de que se incorporara en el equipo de Miguel Alonso Reyes). Y sirve también para abandonar el agua subterránea a los grandes agricultores. ¡Más del 90% de las agua subterráneas en la región centro del estado se consume en el sector agrícola!

La superficie afectada, dentro del ejido El Potrero, para la construcción de la presa es de 11 hectáreas aproximadamente. ¿Cómo pueden convivir el Megaproyecto de la presa Milpillas y la comunidad del Potrero? Si la superficie afectada es la zona de uso común del Ejido y el proyecto contempla claramente la afectación de asentamientos humanos, es decir la comunidad donde viven ejidatarias y ejidatarios, avecindadas y avecindados y la ciudadanía en general.

Además, como ya lo advertimos, no es sólo el ejido El Potrero el que debe de otorgar el permiso al Gobierno del Estado para el megaproyecto sino 19 ejidos. Dos de Jiménez del Teúl: Atotonilco y El Potrero; cuatro en Sombrerete: Estancia de Guadalupe, Corrales, Niño Artillero y Nuevo México; 11 ubicados en Fresnillo: La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia. Dos ejidos más están en la ruta del acueducto: Hacienda Nueva en Morelos y La Pimienta en Zacatecas.

Finalmente, al respecto de las declaraciones y acusaciones de Luís Fernando Maldonado, encargado de SAMA, sobre los mitos que se han creado en torno al proyecto Milpillas, queremos señalar lo siguiente. El riesgo de inundación es latente en todo proyecto de esta envergadura, no se puede desestimar esa posibilidad con sus argumentos tan débiles y la medida de la cortina, que ha generado dudas sobre si será de 87.5 m de altura o no. Del mismo modo, y como lo hemos señalado a través de un mapa donde se describe la trayectoria del acueducto, se corrobora que serán 19 los ejidos impactados y no sólo dos, El Potrero y Atotonilco son los afectados directamente por el embalse, pero los demás sufrirán daño por la construcción del conductor de agua.

También, sobre la escasez de agua río abajo y el argumento de que la presa retendrá sólo el 15 por ciento del flujo total de la cuenca, y que por eso los impactos ambientales serán mínimos, el investigador Darcy Tetreault de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señala al respecto: al extraer 42 millones de metro cúbicos al año (Mm3/año) del río Atenco denominado para el proyecto como Milpillas, incrementaría el estrés hídrico en la sub-cuenca Milpillas, sobre todo
aguas abajo de la presa. El proyecto implica un transvase entre cuencas, de la cuenca Bajo Santiago (específicamente la subcuenca Milpillas) a las cuencas en la región centro del estado: Alto Aguanaval y El Salado. Según el Programa Hídrico Estatal Visión 2030 Zacatecas, elaborado durante la primera parte del sexenio de Miguel Alonso Reyes, la zona hidrológico-administrativa Bajo Santiago sufre de un déficit de agua de 34 Mm3/año. El Estudio de Factibilidad para la presa Milpillas reconoce que aguas abajo de la presa, “habrá de modificar las condiciones hidrológicas, con menor disponibilidad de agua, destinada para el consumo humano y para el riego de terrazas fluviales a lo largo del cauce del río” (p. 237). Sin embargo, ¡no incluye un análisis de estos impactos!

Entonces ¿de quiénes son los mitos y los engaños, si en nombre del progreso se está mintiendo y agrediendo a comunidades y ejidos enteros? Engaño, corrupción, discriminación, ecocidio, despojo y el riesgo de desplazamiento forzado envuelven el megaproyecto Milpillas. Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, La Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos exigimos que Gobierno Federal y del Estado, así como SAMA y SEMARNART rindan cuentas por los crímenes cometidos y que se suspenda de inmediato el Proyecto. Del mismo modo, nos deslindamos de las acciones y/o declaraciones que hagan otras organizaciones sobre la problemática como la UNTA o el propio Ignacio Fraire.

¡No a los megaproyectos de muerte!
¡Ríos para la vida no para la muerte!

Atentamente,

Red de Afectados por la Minería
Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas

Más información:

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Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico

Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 16 de agosto 2018

  • Fumigación con fipronil, un producto agrotóxico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, afectó a 335 colmenas en 18 apiarios ubicados en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, Quintana Roo
  • Daños económicos ascienden a más de dos millones de pesos
  • La cosecha de miel del segundo semestre del año se perdió

José María Morelos, Quintana Roo.- Más de 300 colmenas de abejas, de 18 apicultores en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, fueron afectadas por un empresario, quien aplicó un químico altamente tóxico para fumigar su terreno y sembrar chile habanero, lo cual provocó la muerte de cientos de miles de abejas en un radio de cuatro kilómetros de distancia.

Wilson Ayala Mex, uno de los apicultores afectados, no duda en ubicar la tragedia, como la muerte de abejas más numerosa de que se tenga memoria en la historia de los pobladores del Ejido Candelaria.

Desanimado y preocupado, explica que las repercusiones del desastre no se reducen a un tema ambiental. “Cada colmena tiene capacidad para brindar abrigo a 50 mil abejas y, su muerte, representa un golpe económico devastador, pues los volúmenes de miel para la cosecha más cercana, entre octubre y noviembre de este año, se han perdido y, con ello, los ingresos de familias mayas que viven de la producción mielera.”

Las pérdidas por las abejas, la cera y la miel, se estiman en un promedio de dos millones 300 mil pesos, de acuerdo con un cálculo preliminar elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – Península de Yucatán (CCMSS-PY), que junto con jóvenes de los ejidos de Candelaria I y II, echaron a andar la iniciativa “Desarrollo Inclusivo de la Apicultura en José María Morelos”.

En el proyecto participan más de 30 jóvenes de nueve ejidos de dicho municipio, para fortalecer los medios de vida de las juventudes que ven en sus comunidades una oportunidad de crecimiento.

Los ocho jóvenes de Candelaria I y II, todos menores de 24 años, emprendieron su iniciativa con 28 colmenas que subieron a 30 en el primer semestre de 2018, y apenas el siete de agosto habían recibido una visita técnica para evaluar su desempeño, que fue calificado como exitoso, de acuerdo con María del Carmen Sánchez, asistente técnico de la iniciativa.

 

“Un día después de la visita, empleados de un empresario originario de Yucatán, identificado como Pablo Mendoza, hicieron una fumigación en un terreno para una plantación de chile habanero y utilizaron un químico llamado Regenet 4SC, cuyo efecto abarcó cuatro kilómetros y mató a miles de abejas de los apicultores”, narró.

Los daños aún siguen cuantificándose, pero de manera preliminar, el Consejo Civil contabilizó -con ayuda de los apicultores afectados- entre 331 y 335 colmenas de abejas Apis melífera impactadas, sin poder determinar la afectación a las abejas silvestres, importantes polinizadores de la selva.

Wilson detalla que desde el miércoles ocho de agosto, algunos apicultores detectaron un comportamiento “inusual” en las abejas, que fue traduciéndose en una mortandad masiva en los días subsecuentes.

El viernes fueron a revisar otros apiarios, en donde encontraron el suelo tapizado de abejas muertas. Las pérdidas -dijo- fueron totales. “También se habló con el dueño del terreno, que al principio tuvo resistencias y se negaba a dar crédito de lo que pasó. Estaba muy renuente, hasta que él mismo vio. Se quedó impactado”, expresó.

Los empleados del empresario de Yucatán dieron el nombre del químico usado para la fumigación. Se trata de fipronil, un químico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, altamente tóxico para las abejas. Este compuesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un plaguicida de Clase II.

Sin embargo, al ver la magnitud de lo sucedido, modificaron su versión inicial y aseguraron que se uso un químico orgánico.

Los apicultores intentaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público, en José María Morelos, pero la autoridad -inicialmente- les negó ese derecho, bajo dos argumentos.

Uno de ellos que la institución carece de competencia para intervenir en la muerte de animales; otro, que la muerte de abejas no es un delito. “Luego también nos dijeron que como el dueño fumigó en su terreno, pues que no hay delito”, agregó Wilson.

El argumento es inexacto, toda vez que el Código Penal de Quintana Roo, posee un capítulo que versa sobre los Delitos en Materia de Apicultura y, en su artículo 147, fracción II, indica que incurren en ese delito, los que “destruyan colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas”.

Finalmente, cuatro días después, la denuncia fue admitida. La autoridad ministerial tendrá que enviar personal a la zona impactada para recabar evidencias. Además, el viernes, uno de los jóvenes apicultores acudirá al ministerio público para programar la fecha en que se ampliarán las declaraciones. Las más de 300 colmenas afectadas y las cientos de miles de abejas muertas, debido a la fumigación con fipronil, cumplen con el tipo penal marcado.

Aurora Xolalpa, especialista en abejas, quien labora en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), está apoyando a los apicultores con la toma de varias muestras de abejas muertas.

Ayala Mex se llevó al menos 100 de ellas, para entregarlas a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como al comité estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.

(Foto: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible)