Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería Rema (REMA) – A 12 de junio 2019 >>Descargar comunicado<<


Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

Resumen ejecutivo del Informe «El Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional»

Análisis De Casos: Las Demandas De Empresas Mineras Contra Países Latinoamericanos

El andamiaje jurídico internacional de tratados de libre comercio y de inversión vigente, organizado, por más irracional que nos parezca, por las propias estructuras legislativas de las naciones para proteger los intereses empresariales, han llegado al iracundo punto de agredir y vulnerar a los Estados Nacionales, permitiendo que las empresas mineras -y otras extractivas- de capitales nacionales y extranjeros, tengan espacio para entablar arbitrajes supranacionales (demandas privadas en tribunales integrados por abogados corporativos que protegen los derechos de inversionistas que han sido definidos durante las firmas de los tratados de libre comercio) contra los gobiernos, cuando éstos últimos toman medidas en defensa de sus territorios ante los potenciales o ya generados daños relacionados con proyectos de la megaminería tóxica. En otras palabras, en su iracunda carrera por implantar sus proyectos de despojo y cuando estos se ven impedidos, las empresas reclaman la afectación real o potencial de sus intereses, lo cual incluye reclamos y exigibilidad de “indemnizaciones” por montos financieros descomunales quienes además, han creado toda una red de empresas “prestamistas” que financian a las empresas durante sus demandas, lo cual no solamente es totalmente ajeno a la materia de reclamo, sino que les permite a las empresas sin financiamiento tener condiciones de establecer juicios de mediano y largo plazo totalmente especulativos.

Es importante destacar que, durante las últimas décadas, pero sobre todo durante la más reciente, las empresas mineras han presentado decenas de demandas contra países latinoamericanos alegando la afectación y reducción del valor de sus inversiones. Estas son llevadas a los tribunales supranacionales de arbitraje, a quienes les han exigido indemnización por sentencias en contra de cortes de justicia, por ajustes en políticas públicas que determinan les perjudican, así como aquellas comunidades que al ser afectadas por los proyectos mineros se organizan y resisten de forma activa la defensa de sus territorios y bienes naturales.

En ese contexto, son evidentes los niveles de locura alcanzados por las directrices y políticas relacionadas al progreso y desarrollo minero, porque han decidido de forma firme que su prioridad es el dinero y no la vida, lo cual implica la invisibilidad total de las afectaciones generadas en las poblaciones locales, el despojo de la tierra y la salud comunitaria, menos aun les importa contaminar al ambiente en su conjunto, así como tampoco afectar dinamitar los procesos relacionados con la comunalidad, la cual está íntimamente relacionada con el pleno ejercicio de la libre determinación y toda la gama de expresiones particulares de vida que persisten en los territorios.

Los arbitrajes supranacionales representan un acoso adicional al que ya ejercen cotidianamente las empresas en los territorios. Para las empresas mineras transnacionales, los proyectos extractivos son una gran oportunidad para, de forma casi azarosa, como ocurre en un casino o casa de apuestas, para ganar extravagantes e indignantes fortunas, aun incluso, sin haber invertido un solo peso de inversión en el terreno. Es así tal cual comienzan las apuestas en un juego en donde las cartas están claramente marcadas a su favor.

En el informe “El Casino del Extractivismo”, se examinan 38 casos presentados por empresas mineras transnacionales contra gobiernos latinoamericanos, quienes han acudido al mecanismo de “Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados” (SCIE), también conocido como ISDS (por sus siglas en inglés). La mayoría de estos casos los presentaron empresas canadienses, representando con ello la desproporcionada participación del financiamiento canadiense en la industria minera internacional; aunque también participan empresas estadounidenses, del Reino Unido, sudafricanas, suizas, francesas, holandesas, chilenas, australianas y de la India. Es importante señalar que, aunque las empresas no siempre salen victoriosas de los procesos de arbitraje, resalta el bajo nivel de riesgo al que se enfrentan al apostar en casos multimillonarios, además de la disponibilidad de financiación por terceros y la utilización de reglas y normas sesgadas a su favor, lo que les incentiva a realizar la presentación de demandas cada vez más exorbitantes.

El informe documenta y desnuda la voracidad empresarial, la sumisión legislativa y la gran asimetría inmersa en la firma de los tratados comerciales internacionales, en donde las empresas quedan por encima de las naciones. Es doblemente preocupante saber que, a pesar de la gran complejidad que enfrentamos los pueblos en las diversas luchas que se gestan a lo largo del continente, todavía el capitalismo y la globalización son capaces de desangrar aun más a los estados/nación, el territorio y los bienes naturales con pagos de compensación.

El progreso y desarrollo minero, goza del contubernio y la protección gubernamental en todos sus niveles, se legitima desde una falsa procuración de justicia trasnacional y financiera, accesa a créditos con lo que protege su capital propio, tiene un marco de regulación totalmente alineado a sus intereses, se desentiende de los impactos y daños que ocasiona al ambiente y a la salud comunitaria, y, por si fuera poco, desarrollan estrategias de gestión gubernamental política y financiera con prácticamente cero transparencia, sin olvidar la gran cantidad de caso en los cuales actúan en colaboración con grupos armados “legales e ilegales”.

La política y los políticos son ineficientes para servir a la sociedad y a la naturaleza, por lo tanto, es necesario reflexionar a partir de la revisión de estos esfuerzos de información útiles para establecer nuevas posiciones que hagan contrapeso a la hegemonía impuesta por los capitales y sus proyectos trasnacionales, tal como sucedió en la república de El Salvador, cuando realizó la histórica prohibición de la minería metálica en el país.

Esperamos que éste informe sirva de motivación para que las comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarias/os interesados por un país para sus habitantes y no para los negocios, redoblen sus esfuerzos en el movimiento global en contra de los tratados internacionales de libre comercio y de inversión y las leyes relacionadas, y los contratos que amenazan con despojar a las comunidades afectadas por la minería y a los pueblos, no sólo de sus territorios, tierra y agua, sino también de su soberanía y libre determinación.

En México el llamado T-MEC debe de ser consultado con toda la sociedad antes de ser ratificado a toda prisa por el Senado Mexicano. Este trabajo pone de relieve la urgente necesidad de desmontar el aparato jurídico impuesto que en nuestro país y en América Latina opera a favor del despojo

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería


>>Descargar el resumen ejecutivo<<

Más información: 

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional

Invitación a la presentación del Informe: El Casino del Extractivismo 

Invitación a la presentación del Informe: El Casino del Extractivismo

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EE.UU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EE.UU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH), invitan cordialmente a la presentación del informe:

«El Casino del Extractivismo: Las Empresas Mineras apuestan con la vida y la soberanía de los pueblos de América Latina usando el arbitraje supranacional»

 

Miércoles 12 de junio del 2019, de 4 a 6 pm Museo Nacional de las Culturas del Mundo Moneda 13, Centro Histórico Delegación Cuauhtémoc, CDMX 

Cuando los proyectos mineros son frenados por resistencias comunitarias, medidas de protección ambiental o de la salud, las empresas mineras transnacionales recurren a tribunales supranacionales de arbitraje, para entablar demandas multimillonarias en contra de los Estados de América Latina. MÉXICO NO ES LA EXCEPCIÓN. De unas 30 demandas en contra de México en tribunales supranacionales, actualmente enfrenta dos casos presentados por empresas mineras; uno en proceso y otro notificado con carta de intención que, en conjunto, significan un reclamo que supera los $4 MIL MILLONES DE DÓLARES.

Les invitamos a la presentación del INFORME, así como esperamos su participación durante este CONVERSATORIO, en el que reflexionaremos sobre estos procesos con los cuales las empresas pasan sobre la soberanía de los pueblos bajo estos costosos y abusivos juegos de azar.

Ponentes:

•Manuel Pérez-Rocha Loyo y Jen Moore, afiliados al Instituto de Estudios Políticos y co-autores del informe

•Grecia Rodríguez Navarro, Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y REMA.

•Moderador: Dr. Paul Hersch Martínez, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales y REMA

El informe será presentado con el auspicio de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EE.UU.), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EE.UU.) y Alerta Minera Canadá.

[Audio] Minera Cales y Morteros del Grijalva SA de CV, responsable de daños ambientales al Cañon del Sumidero y causante de enfermedades graves en la población

Compartimos la siguiente nota radiofónica producida por el Colectivo Boca de Polen, sobre lo expuesto en el conversatorio: «SALVEMOS EL CAÑÓN DEL SUMIDERO Análisis de la problemática de la calera Cahuaré», el pasado martes 4 de junio del presente año.  

 

>>Escuchar audio<<

El movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero, señala a la empresa calera como causante de enfermedades cancerígenas. La CNDH destaca las omisiones en las que incurrieron funcionarios públicos al permitir que la empresa minera continúe en operaciones. De acuerdo con información de la asociación civil Otros Mundos Chiapas, el parque nacional El Cañon del Sumidero enfrenta graves problemas ambientales por las actividades extractivas de la minera Cales y Morteros del Grijalva, empresa que extrae desde hace 54 años piedra caliza las 24 horas al día, los 365 días al año. La operación de esta empresa, también afecta la salud y vida de la población ubicados en la Ribiera Cahuaré, donde los habitantes están expuestos día y noche a las emisiones contaminantes de la mina.

En conferencia de prensa realizada el 4 de junio, Alejandra Aldama Pérez, integrante del movimiento ciudadano Salvemos El Cañón del Sumidero afirmó que la maquinaria que utiliza la empresa es la misma con la que empezaron, que es obsoleta, emiten contaminantes a la atmósfera y es ruidosa; además, que los desechos industriales va a dar al rio Grijalva, las emisiones que salen por chimeneas causan impacto a la vegetación y a las casas de los habitantes.

La ingeniera industrial Claribel Pérez Anaya e integrante también del Movimiento asegura que la contaminación causa desde enfermedades infecciosas respiratorias agudas hasta cáncer; detalla que la empresa utiliza la piedra caliza y un combustible, la cual al coserse emana por las chimeneas metales livianos, los cuales se combinan con otros químicos y dan como resultado lluvia ácida; residuos tóxicos expuestos a los seres humanos que causan dermatitis, anosmia, sinusitis, asma, cáncer bronco pulmonar y nasal, además de las enfermedades broco aspiratorias y pulmonares, Claribel resaltó que muchos estudios dicen que estos metales son conocidos por su carácter cancerígeno.

Cabe destacar que el movimiento ciudadano Salvemos al Cañón del Sumidero logró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, emitiera el 24 de mayo, la recomendación 12-2019 dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales y al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. En la recomendación del a CNDH destaca las omisiones en las que incurrieron funcionarios públicos al permitir que la empresa minera continúe realizando operaciones a pesar de que las actividades que desarrolla son absolutamente incompatibles con el régimen de protección de un parque nacional.

Por la red de comunicadores boca de polen, Vladimir Contreras Escamilla

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Más información: 

Martes 4 de junio, 6 pm, Conversatorio «SALVEMOS EL CAÑÓN DEL SUMIDERO Análisis de la problemática de la calera Cahuaré»

Nueva alerta sobre las enfermedades respiratorias en la población de Cahuaré, contaminada por la mina Cales y Morteros 

Cañón del Sumidero: a pesar de la clausura temporal, la mina Cales y Morteros sigue excavando 

EL ESCARAMUJO 48: Cañón del Sumidero: el pueblo de Ribera Cahuaré enfermo a causa de la mina Cales y Morteros 

Chiapas: Denuncian degradación del parque nacional El Cañón del Sumidero

Discursos “verdes” y deforestación

Compartimos el siguiente boletín publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) 

Mientras la destrucción de territorios de bosques continúa, más promesas y programas se llevan a cabo en nombre de “enfrentar la deforestación y el cambio climático”. Este boletín pone de manifiesto, entre otras cosas, cómo la deforestación se oculta bajo discursos “verdes” y propagandas llamativas. 

Mientras que, por un lado, en todo el mundo, las comunidades que dependen de los bosques siguen sufriendo aún mayores amenazas y la destrucción de sus territorios, por otro lado se hacen y llevan a cabo más promesas, acuerdos, proyectos y programas en nombre de “enfrentar la deforestación y el cambio climático”. Empresas multinacionales, gobiernos, bancos multilaterales, organismos de las Naciones Unidas (ONU), ONG conservacionistas y sus patrocinadores financieros siguen afirmando que ellos, los mismos actores que de hecho impulsan las causas directas y subyacentes de la deforestación, pueden ser “la solución”.

Este boletín recopila siete artículos de diferentes partes del mundo que muestran cómo los procesos de deforestación suelen ocultarse bajo discursos “verdes” y vistosa propaganda. Algunos autores también nos recuerdan que las comunidades de los bosques, a pesar de ser criminalizadas y con frecuencia convenientemente culpadas por la deforestación y desalojadas de sus territorios, continúan resistiendo esta destrucción así como las soluciones falsas que se les imponen aún cuando son quienes se encargan del cuidado de sus bosques, culturas y vidas.

Un artículo de Indonesia advierte que si bien los impactos devastadores de la crisis climática ya están afectando gravemente a miles de comunidades pesqueras, un mecanismo de compensación llamado “Carbono Azul”, promovido por las Naciones Unidas como una “solución” a la crisis, está transformando los territorios costeros en activos negociables. Si bien el daño a los manglares se debe al desarrollo de hoteles, granjas camaroneras industriales, la expansión de plantaciones de palma aceitera y la minería masiva, el Carbono Azul tiene como objetivo maquillar de verde la creciente y devastadora destrucción de éstos y otros actores contaminantes.

Desde Mozambique, un artículo describe los peligros de los crecientes fondos fiduciarios para la conservación, como el caso de BIOFUND. Este fondo fue creado para financiar el sistema de áreas protegidas de Mozambique, con el apoyo del Banco Mundial, organismos de cooperación internacional y ONGs conservacionistas. Su objetivo es captar grandes contribuciones, incluyendo los ingresos generados por proyectos de compensación de la biodiversidad del país, y especular con ese dinero en los mercados financieros.

Otro artículo muestra cómo, a pesar de las promesas del gobierno de Malasia en cuanto a mantener una cobertura forestal del 50 por ciento en el país, desde la década de 1990 se han destinado al menos 3,4 millones de hectáreas de zonas mayormente de bosques para el establecimiento de monocultivos, en especial plantaciones forestales para la obtención de madera y plantaciones de palma aceitera. La ambición del 50 por ciento parece basarse en estadísticas que consideran a los monocultivos como parte de la “cubierta forestal” nacional.

Otro artículo expone cómo el Fondo Verde para el Clima, que tiene el objetivo de ayudar a los países del Sur global a responder al cambio climático, aprobó recientemente por primera vez en la Amazonia brasileña el llamado pago REDD+ basado en “resultados”. También advierte que la Corporación Financiera Internacional, la agencia de financiamiento del Banco Mundial, se prepara para solicitar fondos para subvencionar proyectos REDD+ del sector privado, que indefectiblemente entrarán en conflicto con las comunidades que dependen de los bosques.

Desde la India, un artículo denuncia los nuevos intentos del gobierno, en colaboración con empresas y ONG conservacionistas, de apropiarse de los bosques y desalojar a las comunidades que dependen de ellos. Después de múltiples intentos, una reciente propuesta de enmienda de la Ley sobre los bosques de la India, de la época colonial, en los hechos vendría a poner fin a la Ley de los Derechos sobre los Bosques, una ley fundamental que reconoce numerosos derechos de los Adivasis (pueblos indígenas) y otras comunidades tradicionales que habitan en los bosques. Las enmiendas suponen la criminalización de todos los usos posibles de los bosques por parte de las comunidades (a menos que los funcionarios forestales lo permitan), y crean una nueva categoría jurídica llamada “bosques de producción”, que habilita la privatización a gran escala.

El caso de la comunidad Wimbí en Ecuador señala los perjudiciales efectos de la expansión de las plantaciones de palma aceitera, que va de la mano del tráfico de tierras y las plantaciones forestales para la obtención de madera. Además de la destrucción de los bosques y del suelo de la zona, para los miembros de las comunidades, la pérdida de sus lugares de cultivo es un elemento más de presión que los lleva a buscar trabajo asalariado en otros lugares, incluso en la empresa palmícola que los desalojó. Pero los residentes de Wimbí no han dejado de luchar por sus tierras y sus medios de vida.

Por último, el artículo final revela la horrorosa violencia y abusos llevados a cabo por el modelo de conservación que busca “preservar una naturaleza sin gente”. Informes de las organizaciones Rainforest Foundation UK y Buzzfeed News han revelado la crueldad perpetuada para con los pueblos indígenas que viven dentro y alrededor de las áreas protegidas apoyadas por el WWF. Este es definitivamente un grave problema de violación de los derechos humanos así como de intervención colonial en bosques tropicales. Demasiado a menudo las organizaciones conservacionistas están en el centro de estos graves abusos.

Leer boletín completo

Más información: 

Indonesia: el destino de las aldeas pesqueras en la crisis climática y el fracaso del «Carbono Azul» 

[Artículo] Estudios demuestran que parques eólicos aumentan temperaturas en zonas donde son instalados 

[Artículo]Escasez de agua y alimentos: comunidades mayas muestran los efectos de la palma africana en Chiapas 

Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

Indonesia: el destino de las aldeas pesqueras en la crisis climática y el fracaso del «Carbono Azul»

Compartimos el artículo del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en Ingles) 


El llamado ‘Carbono Azul’ surgió como un nuevo mecanismo de compensación a través de la absorción de carbono que realizan los manglares y otros territorios costeros. Sin embargo, organizaciones de Indonesia advierten que esta iniciativa es una estrategia para transformar los territorios costeros y marinos en activos negociables en el mercado. 

Sugeng Haryanto, un pescador de 57 años de la costa de Jepara, en Java Central, empuja su bote hacia el muelle todas las semanas. Durante el último mes, Sugeng no ha podido salir a pescar. Las fuertes olas y vientos fueron la razón principal de que Sugeng mantuviera su barco y su equipo de pesca amarrados en el puerto. No quería arriesgarse a perder la vida, como le pasó a algunos de sus amigos.

Actualmente, las comunidades pesqueras en Indonesia enfrentan problemas vinculados directamente al clima que resultan difíciles de entender. Desde la reducción del período de pesca hasta desastres naturales que suceden cada año en mayor número en los territorios costeros de Indonesia. Esos territorios abarcan bosques de mangles, praderas de hierbas marinas y marismas (un tipo de humedal) de agua salada. Debido a todas estas dificultades, los pescadores en Indonesia solo pueden salir al mar 150 días al año. Esto significa que los otros 215 días deben abstenerse de cualquier actividad pesquera.

Las comunidades pesqueras indonesias sufren directamente los dañinos efectos de la crisis climática. A lo largo de los últimos cinco años, al menos 737 aldeas costeras sufrieron deslizamientos de tierra, 2.651 quedaron inundadas, 307 se vieron afectadas por inundaciones repentinas, 1.484 confrontaron maremotos, mientras que 1.422 sufrieron los efectos de tornados. Asimismo, otras 790 aldeas costeras fueron golpeadas por terremotos, 6 por un tsunami y otras 54 se vieron afectadas por una erupción volcánica. (1)

Cada año, el destino de millones de pescadores se pone sobre la mesa de negociaciones sobre el clima de la ONU. Lamentablemente, estas negociaciones han perdido el rumbo ya que no abordan los problemas verdaderos y subyacentes de esta crisis.

Pero no se trata solamente de que hoy en día los barcos de pesca quedan anclados por períodos cada vez más largos, sino de que el futuro de los pescadores para mantener sus medios de subsistencia y el control sobre sus territorios está ligado a la amenaza de esta crisis multidimensional y a las llamadas soluciones que la acompañan.

 

Cuando el carbono se vuelve azul

Una de las reacciones de la ONU a esta crisis multidimensional es una iniciativa denominada Carbono Azul. También conocida como REDD Azul, fue introducida por el PNUMA y otros organismos de la ONU en 2009. A lo largo de numerosas reuniones internacionales, el PNUMA reafirmó la importancia de introducir un nuevo mecanismo de compensación de carbono por el cual las emisiones de carbono puedan ser compensadas por la absorción de carbono que realizan los ecosistemas costeros. Según sus defensores, los territorios costeros ricos en plantas, tales como los manglares, las praderas de hierbas marinas y las marismas de agua salada (un tipo de humedal), absorben y almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono. (2)

Una publicación de 2009 de varios organismos de la ONU titulada “Carbono Azul: el rol de los océanos saludables en fijar el carbono” (Blue Carbon: the Role of Healthy Oceans in Binding Carbon) afirma que la protección, el manejo y la restauración de los ecosistemas marinos aumentarán su capacidad de absorción de carbono a casi el 10 por ciento de la reducción de emisiones globales requerida. (3)

La investigación sobre la iniciativa Carbono Azul realizada por la Agencia de Investigación y Desarrollo Marítimo y Pesquero de Indonesia (Balitbang KP) afirma que los lechos de las praderas marinas tienen el potencial de absorber alrededor de 4,88 toneladas de carbono por hectárea por año. En total, las praderas de hierbas marinas en Indonesia podrían almacenar 16,11 millones de toneladas de carbono por año. Y, en total, los manglares de Indonesia podrían almacenar 122,22 millones de toneladas de carbono por año.

Hasta la fecha, la iniciativa Carbono Azul es promovida sistemáticamente en las reuniones internacionales, así como en las cumbres anuales de la ONU sobre el clima. Durante la Conferencia Nuestro Océano, celebrada en Bali en 2018, el gobierno de Indonesia alentó los proyectos de conservación marina y el Carbono Azul, con el objetivo de incluir en dichos mecanismos 20 millones de hectáreas para 2020. En 2018, la zona establecida para la conservación marina alcanzó 19,14 millones de hectáreas.

La organización indonesia KIARA (Coalición Popular para la Justicia en la Pesca) destaca que hasta el momento, la conservación marina no se ha implementado como una actividad democrática, que se origine a partir del conocimiento y la sabiduría de las comunidades marítimas de Indonesia, sino como una actividad verticalista, impuesta por el estado. Como resultado, la gente de las comunidades costeras se convierte en víctima de lo que, desde su perspectiva, equivale a proyectos ecofascistas.

¿Intercambio de carbono? Plantando árboles de mangle

El fondo Livelihoods Fund, que cuenta con el apoyo de empresas privadas, invierte desde 2011 en proyectos de compensación alrededor del mundo, vinculados a las cadenas de suministro de sus inversores. Tres de estos proyectos se encuentran en territorios de manglares: uno en Indonesia, uno en India y otro en Senegal. En su página web, Livelihoods Fund dice que actualmente se han plantado 18 millones de árboles en Indonesia, 16 millones en la India y 79 millones en Senegal. (4)

Los proyectos tienen una duración de 20 años y los inversionistas (empresas privadas) recibirán créditos de carbono a partir de los árboles de mangle plantados por las comunidades costeras. En base a esto, estas industrias pueden continuar sus negocios de la manera habitual (y seguir con las mismas emisiones) al tiempo que afirman haber reducido sus emisiones de carbono.

Los inversionistas de Livelihoods Fund son: la empresa del agronegocio Danone; la multinacional francesa Schneider Electric; el grupo bancario francés Credit Agricole; el fabricante francés de artículos de lujo Hermès International; el grupo de viajes francés Voyageurs du Monde; la empresa francesa de servicios postales La Poste Group; la compañía fabricante de neumáticos Michelin; la compañía de fragancias y sabores Firmenich; la entidad financiera pública francesa Caisse des dépôts et consignations y la empresa alemana de software y tecnología SAP.

Repitiendo los fracasos de REDD+

La iniciativa Carbono Azul se inventó como una versión del mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal) para territorios costeros y de manglares. Durante casi 15 años se ha promovido REDD+ como una solución a la deforestación en los bosques tropicales. Pero la deforestación continúa. Lamentablemente, REDD+ es un mecanismo orientado a los negocios, que es la causa de una serie de problemas. Como en otros lugares, los proyectos REDD+ en Indonesia han causado varios conflictos.

Un ejemplo de ello es un proyecto REDD+ en la aldea Henda, en Borneo, Indonesia, organizado por el PNUD y financiado por el gobierno noruego. Una investigación reveló que este proyecto ha causado conflictos a la interna de la comunidad como consecuencia de la falta de transparencia y el manejo discriminatorio de los fondos de REDD+ en el ámbito de la aldea. Una de las razones del conflicto tuvo su origen en el programa de empoderamiento vinculado al proyecto REDD+, que no involucraba a todas las comunidades, lo que inevitablemente generó recelos entre los aldeanos. (4)

Otro proyecto REDD+ en la aldea de Mantangai Hulu causó además conflictos con los donantes y el gobierno. Este proyecto REDD+ fue organizado por la Asociación de Bosques y Clima de Kalimantan (KFCP) y fue financiado por el gobierno australiano. La comunidad de la aldea de Mantangai Hulu cedió sus 120.000 hectáreas de bosque a KFCP para un proyecto piloto REDD+. Cuando se hizo evidente que el proyecto era más beneficioso para los facilitadores locales, el gobierno y los donantes, la comunidad organizó la resistencia al proyecto. La distribución de los fondos de REDD+ tampoco fue transparente y no dio participación a la comunidad. (5)

El fracaso de REDD+ en detener la deforestación y su rol en causar numerosos conflictos con las comunidades y a la interna de ellas, debería servir de lección a los líderes mundiales, quienes deberían tener más cuidado en las respuestas que dan a la crisis climática. Al mismo tiempo, las comunidades marítimas de Indonesia reclaman la adopción de medidas para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, las políticas propuestas tienden a ser meros parches, ofreciendo soluciones falsas con objetivos de reducción de emisiones que son insuficientes y dependientes de mecanismos de compensación.

Las negociaciones y las posibles soluciones para enfrentar la crisis climática deben poner su mirada en el conocimiento y las necesidades de las comunidades. No más falsas soluciones como el Carbono Azul o similares, que de hecho aumentan la carga de las finanzas del Estado, incrementando la deuda externa. La deuda también abre las puertas a una mayor corrupción. Estos mecanismos de compensación, propuestos por el Banco Mundial, siempre se basaron en préstamos. Sin embargo, en 2018, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia rechazó el sistema de préstamo. No obstante, y lamentablemente, el mecanismo implementado todavía se basa en la inversión extranjera y el comercio de carbono, lo que viene generando los mismos problemas que el mecanismo propuesto por el Banco Mundial.

La mercantilización de una crisis

KIARA considera que la iniciativa Blue Carbon es un pretexto para convertir los territorios costeros y marinos en activos negociables. Hay al menos tres razones por las que la Iniciativa Carbono Azul no es la solución a la crisis climática.

En primer lugar, los proyectos de Carbono Azul contabilizan el carbono almacenado de tal manera que se beneficia solo a algunas personas o a un grupo en particular, pero excluye a muchos en la comunidad que se ven perjudicados por los proyectos Carbono Azul, porque ya no pueden usar los manglares o las praderas marinas como lo hacían antes. Mientras tanto, se ignora la existencia y el papel que juegan las comunidades costeras en el mantenimiento de los ecosistemas costeros, con el uso que hacen de los manglares para la obtención de hierbas medicinales, ingredientes cosméticos y como fuente de alimentos.

En segundo lugar, se argumenta que una de las causas de la crisis climática es la destrucción de los manglares por su mal manejo. En Indonesia, el daño a los manglares y los ecosistemas costeros se debe a modelos de emprendimientos extractivos y de explotación tales como la ocupación de zonas costeras con hoteles, apartamentos o zonas de recreación, granjas industriales camaroneras, la expansión de plantaciones de palma aceitera en la costa y la minería costera masiva. El Centro de Datos e Información de KIARA señala que en Indonesia, en 2018, se ocuparon como mínimo 42 zonas costeras para tales fines.

En tercer lugar, el Carbono Azul no puede cambiar la forma de actuar de las empresas responsables de grandes cantidades de emisiones de carbono, ya que se trata simplemente de un mecanismo de compensación de las emisiones de carbono.

Los territorios costeros tienen características únicas y son muy vulnerables. Las costas son un zona de transición entre la tierra y el mar. La presión, tanto natural como humana, es muy evidente. La iniciativa Carbono Azul les da la oportunidad a las élites de empeñar los bienes naturales y enriquecerse en nombre del cambio climático.

Mientras tanto, debido a su vulnerabilidad, tanto los territorios como las comunidades de las zonas costeras seguirán viéndose perjudicados por los emprendimientos realizados en esas áreas, por el agravamiento de los efectos del cambio climático y por las falsas soluciones promovidas en las negociaciones de la ONU sobre el clima.

En la próxima década habrá que adoptar decisiones cruciales que influirán en la forma en que las comunidades de pescadores de Indonesia se verán afectadas por la multidimensional crisis climática. En lugar de glorificar el pasado del archipiélago sería prudente que el gobierno se centrara primero en reducir los efectos de la crisis climática en los pescadores artesanales y, al mismo tiempo, salvar al mundo costero y marítimo indonesio de quedar atrapado en el comercio de carbono.

¡No vendan nuestro mar en nombre del comercio de carbono!

¡Nuestro Mar, Nuestra Identidad, Somos el Mar!

Susan Herawati

Secretaria General de la Coalición Popular para la Justicia en la Pesca

(KIARA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)

Referencias:

  • (1) Centro indonesio de información y datos, 2019
  • (2) Por más información sobre el Carbono Azul, ver WRM “‘Carbono Azul’ y ‘REDD Azul’: transformando los territorios marino-costeros en mercadería”, 2014
  • (3) Pueden acceder a la publicación (en inglés) aqui
  • (4) Ver su página web
  • (5) Anggraeni, Nur. (2013). Melestarikan Tradisi, Meningkatkan Kesejahteraan: Pandangan Tentang Dampak Program REDD+ di Kalimantan Tengah. Master Thesis UGM
  • (6) Firnaherera, Vice Admira. (2013). Konflik Pengelolaan REDD+: Studi Kasus di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Master Thesis UGM y Hidayah, Nur Putri. (2013). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Kalumpang Kedamangan mantangai dalam Mendukung Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+). Master Thesis UGM.

 

[Vídeo animado] Extractivismo en América Latina

Compartimos este vídeo animado sobre el extractivismo en América Latina producido por la Fundación Rosa Luxemburg Andina, a través del Movimiento M4

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Si te preguntas qué es el extractivismo y por qué tantas personas se movilizan en su contra, en este video te contamos cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y sus efectos actuales.

Este ha sido pensado como un material pedagógico para aportar en los debates y espacios de formación de organizaciones sociales y público intesado, para lo que hemos procurado ubicar el papel del extractivismo como parte del sistema capitalista mundial, a la vez moderno y colonial.

Recomendamos complementarlo con debates sobre la realidad de nuestros espacios en relación con el extractivismo y con otros materiales que aporten a la formación y el pensamiento crítico.

Algunos materiales sugeridos: Folleto Alternativas al Desarrollo https://www.rosalux.org.ec/producto/f… Presentación multimedia El extractivismo http://rosalux.org.ec/pdfs/EXTRACTIVI… Presentación multimedia Espejismos http://rosalux.org.ec/pdfs/EXTRACTIVI… Presentación multimedia Horizontes http://rosalux.org.ec/pdfs/EXTRACTIVI… Libro Más allá del desarrollo https://www.rosalux.org.ec/producto/m… Libro Alternativas al capitalismo / colonialismo del siglo XXI https://www.rosalux.org.ec/producto/a… Killaricoha: Una radionovela sobre la minería a cielo abierto https://www.rosalux.org.ec/killaricoh… El cuento de la economía verde https://www.rosalux.org.ec/el-cuento-… 8 mitos de la economía verde https://www.rosalux.org.ec/8-mitos-de…

[Artículo] Estudios demuestran que parques eólicos aumentan temperaturas en zonas donde son instalados

Compartimos la siguiente nota publicada en AvispaMidia – Mayo 2019 

Por Eugenia López, 21 de mayo 2019 

Las energías llamadas renovables han tenido mucho éxito esos últimos años. Los parques eólicos están brotando alrededor del planeta, tanto en la tierra como en los mares. Según el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas en ingles), el desarrollo de energía eólica a nivel mundial ha aumentado de manera estable desde 2014, con más de 50 GW de nueva capacidad instalada cada año.

¿Estas energías que nos venden como capaces de resolver todos los problemas realmente son sin impacto sobre el medio ambiente? Es la pregunta que se hicieron varios equipos de científicos.

Un grupo francés encabezado por Robert Vautard, especialista en simulaciones climáticas en el Laboratorio de ciencias climáticas y del medioambiente (LSCE por sus siglas en francés), ha estado comparando simulaciones hasta 2020, realizadas sin y con el efecto de aerogeneradores.

Ver la investigación: Rastros obscuros de la energía limpia en Oaxaca, México

Según la investigación publicada en 2014, cerca de los parques eólicos se registra un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en la noche: en este momento, las turbinas eólicas mueven la atmósfera más que durante el día, lo que calienta el aire y, por lo tanto, limita el enfriamiento nocturno del suelo.

El equipo científico también notó una disminución de las precipitaciones que puede alcanzar el 5% (unos 0,15 mm al día) en ciertas regiones.

Sin embargo, el equipo de investigación considera que es necesario producir nuevos estudios con otros modelos y diferentes escenarios de desarrollo de la producción de energía eólica para determinar con precisión cuáles serán las consecuencias de un despliegue aún más masivo de energía eólica. Una cuestión clave será evaluar los efectos de la duplicación o el triplismo de la cuantidad de eólicos estudiados aquí, ya que es lo que se puede prever en los próximos cuarenta años.

En otra investigación, científicos de la Universidad estadounidense de Harvard calcularon que alimentar la totalidad de los Estados Unidos con energía eólica aumentaría la temperatura del suelo de 0.54 ° C en la parte del país cubierta con turbinas eólicas, y de 0.24 ° C en el resto del país, según un estudio publicado el jueves 4 de octubre de 2018 en la revista científica Joule. Por la noche, el calentamiento incluso podría llegar a 1,5 ° C. Estos resultados son confirmados por estudios previos que informan aumentos de temperaturas cerca de los parques eólicos y por observaciones satelitales. 

Para David Keith, profesor de ingeniería en Harvard, los aerogeneradores les ganan a otras tecnologías “pero eso no significa que sus impactos sean insignificantes”. El científico pudo determinar que, durante un primer siglo de operación, el efecto de calentamiento debido a los aerogeneradores sería más importante que el efecto de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según los investigadores de Harvard, aunque sea diez veces menos que en el caso de los parques eólicos, la presencia de parques solares también aumenta localmente las temperaturas en el suelo.


Foto: Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Hasta el 2019 existen 22 parques eólicos. Credito: Renata Bessi

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Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático

Pueblos organizados de Chiapas nos declaramos en resistencia ante el modelo energético capitalista 

[Artículo]Escasez de agua y alimentos: comunidades mayas muestran los efectos de la palma africana en Chiapas

Compartimos la siguiente investigación publicada en  la Revista Mongabay a través de Animal Político 

Mientras el monocultivo se expande en el norte de la Selva Lacandona, comunidades indígenas denuncian la escasez de agua, de alimentos y de tierras para los cultivos de autoconsumo.

En Chiapas hay 64 000 hectáreas sembradas que representan el 70 % del total de las plantaciones de palma en México. 


por Rodrigo Soberanes en 5 febrero 2019 

Cuenta un comunero del pueblo Maya Chol que vio desaparecer la pequeña laguna que tanto atesoraba su familia. Quedaba junto a la casa de sus padres y para Federico Méndez era un paraíso protegido por la espesura de la Selva Lacandona en México. Recuerda el comunero que el problema comenzó el día que llegó la palma africana a su municipio, llamado Salto de Agua, entonces los cultivos empezaron a cercar poco a poco ese rincón idílico de la familia Méndez y de pronto fueron testigos de cómo bajaba el nivel del agua mientras las palmeras ganaban altura.

“A 30 metros establecieron una plantación de cinco hectáreas de palma africana. A partir de los cinco años se acabó el agua”, narra el comunero Chol, Federico Méndez. 

Del “enamoramiento” al desamor. El boom de la palma africana en Chiapas duró poco: el agua hace falta y los beneficios económicos no son los que les prometieron. El el sureste del país, hay sed y hambre por el monocultivo. 

Hoy esas palmeras miden más de 15 metros y la laguna está seca. Federico se pregunta entonces si valió la pena, sobre todo cuando le cuentan que en los últimos cuatro años el precio del fruto de la palma ha caído.

Esta es una de las tantas historias que cuentan los habitantes de la comunidad La Concordia y que se repiten una y otra vez en la región indígena conocida como Tulijá, al norte de la Selva Lacandona, en el sureste de México. El agua hace falta y los beneficios económicos de la palma africana no son los que les prometieron, tampoco los que esperaban.

Esto se ha traducido en una escasez de alimentos en muchas comunidades, incluso hay un investigador mexicano que ha utilizado el término “hambruna” para describir la situación de la población de Tulijá —que abarca siete municipios y alberga a 4800 habitantes— compuesta por etnias mayas Tseltal y Chol casi en su totalidad. 

El inicio

La palma africana se instaló masivamente en el norte de la Selva Lacandona allá por 1994, cuando estalló la rebelión indígena zapatista. Esto hizo que muchos propietarios huyeran raudos de la zona abandonando sus tierras, que aparecieran nuevos actores para apropiarse de esos territorios y que producto de la repartición de los terrenos se formaran nuevos ejidos o tierras comunales.

“Del 94 para acá invadieron muchos ranchos la gente por esta región y otros rancheros comenzaron a vender sus tierras. El gobierno comenzó a comprar para darle a la gente vía fideicomiso y vía subsidio”, cuenta Feliciano Arcos, habitante de la comunidad de Las Vegas, en Salto de Agua.

Así es como recuerda Arcos el inicio de un cambio radical en la vida de su región. “Así se formaron los ejidos por toda esta carretera. Pasaron años y comenzó a llegar la Secretaría del Campo de Chiapas para decir que es bueno trabajar con la palma”, agregó el campesino. 

A partir de 1995, el paisaje en aquella región selvática comenzó a transformarse. Federico Méndez lo vivió cuando vio desaparecer su pequeña laguna.

Los cultivos de autoconsumo fueron disminuyendo y la agricultura industrial apareció en la zona como una promesa de cambio para las familias de las comunidades indígenas.

Para entender el nuevo escenario de Chiapas en los noventa, hay que mirar el contexto actual. En México existen hoy nueve plantas procesadoras del fruto de la palma africana: ocho de ellas están en Chiapas y, de este grupo, dos en la región norte de la Selva Lacandona. 

Bárbara Linares, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, un centro público de investigación científica mexicano, ha seguido de cerca el caso de Tulijá y explica así los efectos de la palma africana en las comunidades: “Es una región que históricamente ha vivido del autoconsumo y desde la llegada de la palma africana y la mecanización del cultivo, el medio ambiente, el uso del territorio y el tejido social han sufrido cambios drásticos”.

Al inicio, cuenta la experta, se establecieron viveros extensos y las empresas palmicultoras les dieron trabajo a las mujeres, niños y hombres. El panorama era novedoso y el futuro lucía prometedor para las comunidades del Valle de Tulijá. El éxito lo medían entonces por el flujo de dinero.

Pero también se podía empezar a constatar el crecimiento del negocio de la palma con las miles de hectáreas de selva que iban desapareciendo año tras año. Feliciano Arcos da fe de ello.

Arcos recuerda que el comentario de una empresa de la zona era: si trabajas la palma, te va a mejorar la vida. Fue así como miles de familias entraron en una dinámica de industria y mercado, y comenzaron a depender del dinero para poder adquirir sus alimentos.  

Pero cuentan los comuneros a los que Mongabay Latam entrevistó para este reportaje, que no entendían entonces el daño que le estaban causando a la tierra. Dicen que nadie se lo explicó. Estaban contentos porque tenían un buen trabajo. Ahora, como sus ingresos han disminuido, producto de la caída del precio de la palma, muchos han optado por migrar hacia Estados Unidos.

La entrevista a Federico Méndez —habitante del ejido Arroyo Encantado, del municipio Salto de Agua— se realizó en un paraje del ejido Santa María que antes de la siembra de palma africana conservaba superficies pantanosas en ambos lados de la famosa carretera de la Ruta Maya.

Ahora el suelo es duro, las mesas y sillas están cubiertas de una capa de polvo, y en los parajes aledaños se observa una intensa actividad de jornaleros que cosechan los racimos del fruto de la palma y lo acarrean a orillas de carretera. Allí se detienen los camiones para recoger la carga y llevarla a los centros de acopio.

Mongabay Latam realizó varios intentos por contactar a las autoridades ambientales competentes —Secretaría del Medio Ambiente de Chiapas y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno nacional— pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta alguna. En esa búsqueda, una fuente de la dependencia de Chiapas señaló que por tratarse de administraciones que recién han asumido sus cargos, no tienen conocimiento suficiente ni “interés” por tratar este tema con los medios de comunicación.

Los problemas denunciados por algunas de las comunidades indígenas de Chiapas guardan relación con los resultados de algunas investigaciones. De acuerdo con una de la Universidad Autónoma de Chiapas, publicada en 2012, «la expansión de este cultivo acentúa las desigualdades sociales, degrada los recursos naturales, utiliza mucha energía fósil, impulsa la concentración de la tierra, debilita los sistemas locales de provisión de alimentos y reduce los márgenes del valor generado en la cadena agroalimentaria para los pequeños productores». 

El enamoramiento

La Secretaría de Agricultura del Gobierno de México señala que el país tiene sembradas 90 118 hectáreas. Eso reportan las cifras hasta el 2016. Pero con esa superficie solo se cubre el 61 % de la demanda nacional de aceite de palma —aceite comestible y biodiesel— y el resto se tiene comprar de otros países como Guatemala, Colombia y Costa Rica, principalmente.

El gobierno mexicano no está dispuesto a seguir importando y por eso se ha trazado una meta ambiciosa: incrementar en un 50 % la producción de palma aceitera de cara al 2030.

La Secretaría del Campo de Chiapas estima que en ese Estado hay unas 64 000 hectáreas sembradas, lo que representa alrededor del 70 % de toda la palma que posee hoy México. 

Por eso el potencial de Chiapas ocupa un lugar central en la Planeación Agrícola Nacional de México 2017—2030. En este documento, el Estado de Chiapas es considerado estratégico porque se busca incrementar sus plantaciones hasta alcanzar 1 219 000 hectáreas sembradas.

Pero para alcanzar esta meta necesitan disponer de las tierras del sector rural. Por eso el enamoramiento, como le llaman los investigadores a la etapa de convencimiento, es fundamental.

Las autoridades y empresas que introdujeron el cultivo de la palma africana se encargaron desde el inicio de sembrar la promesa de una mejora económica. Algunos comuneros recuerdan que les hablaron de jugosos pagos puntuales cada quincena.

Ahí fueron convenciendo a la gente diciendo que iban a vender cada 15 días y cuando les llegaron a ofrecer les daban apoyo para sembrar y limpiar sus predios. Fue simplemente para convencer a la gente. Luego dejó de existir eso”, contó Federico Méndez. 

El profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, León Enrique Ávila, con amplia trayectoria en el estudio del fenómeno social de la palma africana en la región, identificó «al enamoramiento» como uno de los pasos utilizados por las empresas procesadoras dentro de su estrategia de convencimiento.

Para Ávila es una etapa en la que las partes interesadas se introducen en las comunidades para convencer a las personas de que se muden a la actividad agroindustrial.

Feliciano Arcos, comunero originario de la comunidad Las Vegas, en el municipio Salto de Agua, cuenta que las empresas les ofrecieron un panorama en el que los comuneros recibirían todos los insumos necesarios y, después de dos años de la siembra, comenzarían a cosechar y vender su producto cada quincena, recibiendo una paga sustancial.

“Fue simplemente para convencer a la gente. Luego dejó de existir eso. Pero mucha gente se convenció y comenzaron a sembrar desde dos o tres hectáreas”, recuerda Arcos.

En un reportaje publicado por Mongabay Latam en 2018 sobre la expansión de la palma aceitera en la región sur de la Selva Lacandona, el entonces director de Producción Hortofrutícola y Agroindustrial, Onorato Olarte, dijo que las plantaciones de este cultivo no afectan terrenos selváticos debido a que utilizan potreros u otros predios ya deforestados. 

“La estrategia de fomento a la palmicultura está basada en la no tala de selva para apertura de nuevas plantaciones”, afirmó la entrevista.

Sin embargo, Antonio Castellanos, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en el estudio de la palma africana en Chiapas, explicó en una entrevista a un medio local que la introducción de la palma en esta región mexicana no ha sido bien regulado.

“El gobierno afirma eso pero el proceso de crecimiento ha sido poco regulado. Ha habido varios tipos de cambio de suelo hacia la palma, incluyendo en selvas y acahuales (predios con selvas jóvenes). Pero también ha habido deforestación. El problema ha sido una regulación escasa en ese sentido”, declaró el especialista al medio mexicano. 

El desamor

En la “etapa de enamoramiento” no se le dijo a la población que el precio de su producto depende de la cifra que arroje la Bolsa de Rotterdam sobre el precio de la tonelada de aceite de palma.

“En ciertos momentos de enamoramiento tiene el precio muy alto y eso va encantando a los productores, pero como todo ciclo económico, duran dos o tres años. De 2014 a la fecha bajó el precio dramáticamente y eso ocasionó que existiera hasta hambre en la región”, señaló León Enrique Ávila.

A los productores tampoco les dijeron que los insumos que les estaban otorgando, se descontarían de sus pagos, por lo tanto, si las noticias desde Rotterdam no eran buenas, podría ocurrir que esos pagos quincenales se hicieran humo.

“La empresa les da fertilizantes, herramientas, muchas cosas pero la empresa lo va descontando a la hora que llegan los productores a pesarlo directamente a la fábrica”, dijo Ávila.

Una de las empresas con mayor presencia en esa región de Chiapas es Palma Tica de México. Según la organización Otros Mundos, el mecanismo de esta extractora para obtener materia prima consiste en ofrecerle las plantas a los productores a crédito y bajo la condición de que el productor solo entregue su producto a esa empresa.

Mongabay Latam contactó a Palma Tica para tener su versión frente a las denuncias de las comunidades maya de Chiapas, pero a pesar que señalaron que responderían por correo a nuestra solicitud de entrevista, hasta el cierre de este artículo no hubo comunicación alguna. 

Ávila, con años de recorrido en la región, compara la dinámica de la palma establecida entre industriales y productores con la de las “tiendas de raya” de mediados del siglo pasado, cuando los campesinos estaban a merced de sus patrones y no tenían otra salida que comprar sus alimentos en las mismas tiendas que estos administraban. Si en algún momento al obrero o campesino no le alcanzaba el dinero, entonces la «tienda de raya» le brindaba un crédito que lo ataba por muchos años.

En este caso —explicó el especialista— es una “tienda de raya” que opera en terreno con representantes de los gobiernos y las empresas.

“Les garantizan los suministros y así los van fregando. ¿Cómo llega la palma a una comunidad? Es toda una negociación, la intersección del gobierno y las presidencias municipales, que se han convertido en promotoras de este modelo en muchas zonas, y son los que hablan directamente sobre las grandes ventajas de sembrar palma”, explica el experto. 

El académico señala que en la región existen hoy movimientos que se resisten a la proliferación de la palma africana y uno de ellos es liderado por la iglesia católica, en concreto, por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que ha jugado un papel importante en la pacificación de las regiones indígenas de Chiapas desde 1994.

“La teología india, impulsada por la iglesia católica en la zona, que permite procesos de reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza”, señala Ávila.

El hermano religioso Joaquín Mnich, misionero de la Parroquia de Salto de Agua, es una de las personas que hacen el trabajo al que se refiere el investigador. Según Mnich, “hay comunidades que cambiaron el cultivo de maíz y frijol por la siembra de la palma africana y, de esta manera, faltan actividades propias de la producción de sus alimentos para el autoconsumo y eso hace a la vez que estos productos sean más caros”.

Mnich sostiene que la gente de las comunidades maya no entienden las consecuencias de la actividad que están desarrollando. “Lo que sí se sabe y está comprobado es que la palma destruye la madre tierra y para recuperarla es muy tardado y lento”, dijo el religioso.

Feliciano Arcos se pregunta: “¿Qué va a comer la gente que destinó sus tierras al cultivo de la palma?”. El comunero se refiere a las personas que disfrutaron de algunos años de bonanza y que hoy ven cómo sus ingresos han disminuido sacrificando, en el camino, las bondades de sus tierras.

A más de 20 años del inicio de la siembra en la región, el balance por la llegada masiva del cultivo de la palma africana comienza a ser negativo, como lo señalan algunas investigaciones, porque no está dando los resultados prometidos.

Un estudio sobre la palma africana en Chiapas y los escenarios en el uso del suelo, elaborado por la investigadora alemana Birgit Wiedersatz en el 2012, identificó por ejemplo que el cultivo de la palma aceitera es “la mayor causa de deforestación” en esa región de México, porque abarca enormes extensiones. También señaló la experta que la palma ocasiona “la degradación y erosión del suelo”.

En el estudio de Wiedersatz, Salto de Agua fue colocado dentro de una zona productiva de palma africana que en el 2010 abarcaba 2200 kilómetros cuadrados y que se proyectaba a crecer en un 5 % anual. Con este pronóstico —basado en un modelo científico que estudia el cambio climático y el comportamiento de los cultivos en la región— se calculó que en el 2020 el crecimiento de la palma africana afectaría “el estado de la soberanía alimentaria del maíz”, reduciéndolo a un nivel muy bajo y generando un impacto en los ecosistemas forestales y la selva húmeda primaria.

Es un panorama que en el terreno ya se comienza a vivir. “Ahorita tienen la misma vida los que sí [sembraron palma] y los que no la sembraron, pero los que no, tienen reserva, tienen donde sembrar, tener leña. Los que sí, están comprando leña y alimentos. Cuando ya no lo va a poder trabajar, a ver qué van a hacer. El suelo ya se desechó, la humedad la aprovechó la palma”, dijo Arcos.

Los que no sembraron —dijo el comunero Méndez— son en su mayoría las personas mayores que viven en ejidos antiguos, es decir, los que ya estaban antes de la revuelta de 1994, y tienen su subsistencia asegurada por medio de sus propias cosechas. El dinero no es vital.

En cambio, los que sí sembraron, son personas más jóvenes que, de acuerdo con el estudio de Otros Mundos, entraron en “la llamada reconversión productiva que implica eliminar la soberanía alimentaria”.

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Vídeo: Mongabay Latam.

Fotos: Rodrigo Soberanes y Moises Zuñiga

  • Foto 1: En los paisajes de la llamada Ruta Maya se ven con frecuencia a trabajadores acopiando sus cosechas de coco de palma africana. 
  • Foto 2: El fruto de la palma de aceite es acopiado en un predio del municipio de Salto de Agua, en la orilla de una carretera.
  • Foto 3: Federico Méndez y Feliciano arcos caminan en la carretera mostrando señalando los predios donde se cultiva la palma africana.
  • Foto 4: Muchos parajes de la ruta maya donde había suelo pantanoso ahora hay palma africana.
  • Foto 5: Las poblaciones del ejido Boca Chajul conviven con la palma africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
  • Foto 6: Pobladores de Salto de Agua aprovechan todas las superficies posibles para sembrar palma africana, incluso al lado de sus casas.


Más información: 

Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias 

[AUDIO] Antonio Castellanos: «Ha habido deforestación» por siembra de palma africana en Chiapas 

La palma africana avanza en la selva de México

EL ESCARAMUJO 01: LA PALMA AFRICANA EN MÉXICO (I y II) 

[Artículo y vídeo] El precio ambiental de la fiebre del litio en Argentina, Bolivia y Chile

Compartimos este artículo publicado Mongabay en a través de Movimiento M4 

Concentrado en cantidades ingentes en la salmuera de los salares de Bolivia, Chile y Argentina, el litio se ha convertido en la gran estrella de la megaminería mundial.

La explotación masiva amenaza con transformar definitivamente parajes desérticos donde las lluvias no superan los 200 mm anuales. La escasez de agua se presenta entonces como uno de los principales problemas ambientales que destacan los expertos.  

Copaisa, el segundo salar más grande de Bolivia y el quinto del mundo en extensión, encierra en sus 2218 kilómetros cuadrados un lago del mismo nombre. Es una fotografía bellísima pero al mismo tiempo una metáfora del conflicto hídrico que atraviesa desde hace un tiempo el Altiplano de Bolivia, Chile y Argentina. Este espacio conocido como el “Triángulo del Litio” se ha convertido en uno de los blancos para la extracción de un mineral que es componente básico para almacenar energía en las baterías que alimentan vehículos, teléfonos, plantas solares y otros artilugios.

Los pueblos indígenas han sabido desde siempre cultivar y extraer de la costra salina las cantidades necesarias de agua para sus cultivos y ganado. Pero desde que el litio se volvió indispensable para las baterías acumuladoras de energía, el interés en los salares cambió radicalmente. El auge universal de la telefonía celular y otros aparatos electrónicos semejantes, junto al incalculable margen de expansión debido a la decidida apuesta por los vehículos eléctricos en los países del norte desarrollado, se unieron para desatar “la fiebre del litio”.

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La megaminería

Marcelo Sticco, hidrogeólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires explica que para explotar el litio “se hacen pozos en la superficie y se bombea salmuera desde las profundidades hacia el exterior. Después se vuelca lo extraído en piletas construidas sobre el mismo salar y se deja que el sol vaya evaporando el agua para que solo queden las sales”.

Uyuni es el depósito más grande del mundo en contenido de litio como recurso y en él “hay una cantidad de salmuera que nos permitiría la explotación durante 200 o 300 años”, dice el ingeniero Juan Carlos Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB), la empresa estatal que el Gobierno de ese país creó para centralizar la explotación del mineral. En 2011, mucho antes de la creación de YLB, el mismo Gobierno de Bolivia había elevado a la Unesco el pedido para que Uyuni fuese incorporado a la lista de Patrimonios de la Humanidad. Hoy la idea ha sido dejada en un segundo plano.

De los tres países, Bolivia es el que lleva más retraso en la explotación. A cambio de este avance a paso lento, los ecosistemas de los salares se mantienen más o menos intactos, aunque no exentos de riesgos.

 

Chile es el caso contrario. El salar de Atacama, segundo más grande del mundo tras el de Uyuni, lleva más de dos décadas de explotación intensiva y los efectos de veinte años de megaminería ya son visibles a simple vista. “Atacama vive una agonía socioambiental”, sostiene Bárbara Jerez, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso en diálogo con Mongabay Latam: “Se están arrasando humedales, bofedales, ojitos de agua. Se ha roto el equilibrio hídrico del territorio y con ello también se está arruinando la economía local de los indígenas”. El Comité de Minería No Metálica de Chile ha establecido que la capacidad de recarga hídrica del salar es de 6682 litros/segundo. La descarga de las empresas es, sin embargo, de 8802 litros/segundo.

Argentina, por su parte, se encuentra en un punto intermedio. La explotación del litio lleva 21 años en el pequeño Salar del Hombre Muerto, donde la empresa FMC Lithium ya ha sido varias veces denunciada por contaminación de las aguas. En cambio, es más o menos reciente en Salinas Grandes y el complejo Olaroz-Cauchari y actualmente existen más de 60 solicitudes de permisos de prospección, de los cuales 28 ya están en proceso.

Los salares de los tres países comparten el mismo problema: “no hay líneas de base para hacer las valoraciones ni capacidad para efectuar controles efectivos”, dice la abogada argentina Pía Marchegiani, directora de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). 

Una especie de esponja que chupa agua embebida en sales  

Marcelo Sticco, investigador de la Universidad de Buenos Aires, señala que el modelo general es igual en todas las cuencas del triángulo. Explica que ellas son como una olla rellena de materiales arenosos que funciona como una especie de esponja en las profundidades del salar. Allí se va acomodando la poca agua que ingresa al sistema. Mientras tanto, en los bordes y en franjas de pocos kilómetros se acumula el agua dulce que equilibra el líquido que entra y sale del sistema en forma natural y permite la existencia de vida en la zona. El movimiento de esos volúmenes de agua dulce está totalmente influenciado por lo que ocurre en el centro del salar.

“La explotación a través de pozos”, indica Sticco, “forma los llamados ‘conos de depresión’, embudos que cambian el gradiente hídrico. Si naturalmente el agua dulce se moviliza progresiva y horizontalmente, los conos transforman el lugar en algo así como en un tobogán y el agua se introduce casi de manera vertical. De este modo deja de estacionarse en los bordes del salar y ya no está disponible para la población, el ganado o la flora”.

En el fuero oficial, sin embargo, las opiniones difieren. “Uyuni tiene 10 000 km2 y nuestra área de intervención es de 40 km2, menos del 1 %. Además, el agua que ingresa al salar a través del río Grande supera en mucho la cantidad que evaporamos en nuestro proceso”, asegura el ingeniero Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB).

Pero el agua no solo se pierde a través del bombeo de salmuera. La evaporación en piletas requiere de dos millones de litros de salmuera por cada tonelada de litio producida y deben utilizarse grandes cantidades de agua dulce para los procesos finales de obtención del carbonato de litio.

“Hoy, los grandes actores económicos quieren invertir en litio”, analiza la doctora Marchegiani, “esto ocurre ahora mismo, pero simultáneamente se están buscando otras fórmulas para almacenar energía más baratas y fáciles de obtener”. El hidrógeno, el sodio, el silicio son algunos de los competidores. Treinta o cuarenta años de demanda masiva es el plazo máximo que la mayoría de los investigadores le dan a esta nueva “Fiebre del Oro”. Algunos incluso lo acortan por debajo de los veinte, un tiempo demasiado corto para estudiar a fondo los efectos posibles sobre ecosistemas desérticos, en los que las lluvias no superan los 200 mm anuales. Las empresas y los gobiernos se ven así empujados a acelerar los procesos sin detenerse en exceso a pensar qué puede ocurrir después, cuando la ola haya pasado.

Gira por Europa controvierte el discurso “Verde” de Empresas Hidroeléctricas

Boletín de Movimiento Ríos Vivios Colombia- a 18 de mayo de 2019 

 Dos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Colombia, Rubiela Avellaneda del Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí y Juan Pablo Soler de las Comunidades sembradoras de territorios, aguas y autonomía de Antioquia – Comunidades SETAA, junto a Defensores de DDHH, ambientalistas, líderes y activistas de Europa y Latino América se encuentra realizando una gira por Europa de gran importancia para la visibilización de los conflictos ambientales y sociales asociados a la construcción de grandes hidroeléctricas. 

Esta Gira se realiza a propósito del Congreso Mundial de Represas en París, al que movimientos y organizaciones ambientalistas Europeas han controvertido por presentar las Hidroeléctricas como un una opción “Verde” que aporta a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de igual manera desde Colombia el Movimiento Ríos Vivos exalta la importancia de crear una Comisión Nacional de Represas y así ir también en la búsqueda para la transición energética justa de y para los pueblos.

Cabe anotar que esta gira que realizan los delegados del Movimiento Ríos Vivos, hace parte de la IX jornada nacional en defensa de los territorios que por novena vez adelanta el Movimiento a nivel nacional e internacional. En el caso de las giras internacionales se han tejido redes de solidaridad y reconocimiento con organizaciones Europeas que se han interesado en las luchas de los diversos procesos de defensa de los ríos existentes en Colombia y que están aglutinados en el Movimiento Ríos Vivos Colombia.

La agenda incluyó también una visita a Berlín donde se desarrolló la Conferencia: La Energía Hidroeléctrica, El Cambio Climático y Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, evento organizado por Misereor, Fastenopfer y Contra Corriente, el pasado 9 de abril de 2019.

En Italia, se realizará una Feria de la Desobediencia que organiza Yaku – Onlus, la Red En Defensa y otras organizaciones italianas. A realizarse entre el 29 de mayo y 2 de junio en la ciudad de Trento, al norte de ese país.

El 24 de mayo, en el Cedla de la Universidad de Amsterdam se participará en el conversatorio sobre «Los retos de los defensores de la Naturaleza» convocado entre varias organizaciones de holandesas, entre ellas, Milieudefense, Cedla, UICN-NL, y NACLAS.

Imagen: CENSAT Agua Vida

Más información: 

Nota en CENSAT Agua Vida 

Nota: Las falsas promesas de la Hidroelectricidad

Nota: MOVIMIENTO RÍOS VIVOS COLOMBIA DENUNCIA EN PARÍS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES POR REPRESAS HIDROELÉCTRICAS 

Nota: Las represas hidroeléctricas, la cara oscura del desarrollo

Una docena de maneras de resistir a la minería

Compartimos estos interesantes datos sobre como resistir a la minería publicados en  el portal Medium, a través del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (Movimiento M4


Por Guadalupe Rodríguez, 2 de mayo 

Cualquier persona u organización que se sienta afectada por un proyecto minero en el aspecto social, ambiental o económico está totalmente legitimada para negarse a aceptarlo y para resistirse a la imposición del mismo.

A continuación, algunas formas en las que comunidades alrededor del mundo afrontan los problemas que les supone la minería y que otras comunidades pueden imitar. 

1- No aceptar la idea impuesta de que todo es un bien de mercado y que todo es susceptible de ser comprado y vendido.

2- Esto implica una crítica profunda y total del modelo económico capitalista neoliberal y la necesidad de un cambio profundo de modelo, por otro centrado en un modo de vida mucho más sencillo, menos material, y más acorde y respetuoso con la naturaleza.

3- Para ello, las personas o comunidades afectadas pueden organizarse en diferentes niveles y analizar la situación que enfrentan, así como cuestionar la gestión política, la competencia técnica y/o la veracidad de las informaciones que se les proporcionan.

4- Mirar más allá: cuando nos dicen que un determinado proyecto minero es de «interés general» y que por eso va a ser priorizado por sobre todas las cosas. ¿Quién establece las prioridades? Muy posible que no responda realmente a tal interés general, sino mucho a los intereses privados de empresas mineras y arreglos extraoficiales con los políticos de turno.

5- Poner en evidencia el modelo de desarrollo basado en el crecimiento sin fin, pro-extractivista, hambriento de recursos mineros y dependiente de la minería; y denunciar el rol de los países del norte global como los de Europa y las consecuencias que implican las políticas basadas en su Estrategia Europea de Materias Primas.

6- Fomentar e incidir en el cumplimiento e implementación de las políticas y normativas internacionales, europeas y nacionales que obligan la gestión de residuos, el reciclaje y la recuperación de materias primas, no solo en los países industrializados, sino en todas partes.

7- Generar un debate público amplio y exhaustivo sobre la minería y sus consecuencias sociales y ambientales. Campañas para informar de los impactos de la minería en la sociedad y compartir las preocupaciones al respecto son cada vez más numerosas y visibles.

8- A mayores, promover campañas de incidencia y solidaridad con las personas afectadas por proyectos extractivos, difundiendo ampliamente sus denuncias, así como formar un lobby ciudadano, que actualmente está en clara desventaja con los lobbies de la industria minero-extractiva en cuanto a atención mediática, respuesta política, presencia pública.

9- Aprender y enriquecernos de la experiencia de resistencia, lucha y dignidad de otros pueblos, de países de América Latina, Asia o África que tengan una larga trayectoria en esta temática. De allí precisamente llegan interesantes propuestas como la de otorgar derechos propios a la naturaleza (recogida en la Constitución ecuatoriana de 2008); o iniciativas para dejar los recursos extractivos bajo tierra. Esta propuesta se inspira en la iniciativa Yasuni, que en su caso propone dejar intocadas bajo tierra las reservas de petróleo de un área de alto valor de conservación. Puede estudiarse su aplicación a otras áreas y otros recursos extractivos como los mineros.

10- Estudiar casos judiciales que han llevado a empresas transnacionales a juicio, por los desastres causados en países diferentes a aquellos en los que tienen sus sedes. La denuncia a la petrolera estadounidense Chevron por los derrames ocasionados en Ecuador, o a la petrolera holandesa Shell por los derrames ocasionados en Nigeria, constituyen importantes precedentes, puesto que estas empresas fueron condenadas por la contaminación que dejaron atrás.

11- Analizar opciones y formas de decrecimiento, una corriente política, social, económica y ecológica emergente en Europa. También hay grupos que estudian y trabajan en la exigencia del reconocimiento de una deuda ecológica con los países del Sur global.

12- Recordar que resistir da frutos. Muchas comunidades locales logran defender sus territorios e impedir que la maldición de estar asentadas sobre o cerca de recursos estratégicos signifique su destrucción.

Tenemos que seguir estudiando y denunciando públicamente cada caso para detener el extractivismo y el modelo energético concomitante como modelo de desarrollo impuesto, insustentable y destructivo del medio ambiente, asociado a graves violaciones de los derechos humanos y del derecho a la participación de las comunidades afectadas.


Ilustraciones: Portal Medium

Más información: 

[Manual] Hablemos de megaminería 

[MAPA] ¡Esto no Vale!

El Movimiento de Afectados por las Represas en Latinoamérica (MAR) apoyamos la lucha en defensa del agua y contra la presa Milpillas en Zacatecas

Comunicado del Movimiento de Afectados por las Represas en Latinoamérica (MAR) -A 14 de mayo de 2019 

 

El MOVIMIENTO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS EN LATINOAMÉRICA (MAR) APOYAMOS LA LUCHA EN DEFENSA DEL AGUA Y CONTRA LA PRESA MILPILLAS EN ZACATECAS Y EXIGIMOS RESPETO A LOS Y LAS HABITANTES EN RESISTENCIA AL PROYECTO.

En el Movimiento de Afectados por las Represas en Latinoamérica (MAR) hemos sido informados e informadas sobre los acontecimientos de violencia, criminalización y acoso que se han venido registrando en las últimas semanas por parte del gobierno de Estatal en relación al proyecto Presa Milpillas en Zacatecas, México, para con las defensoras y defensores del territorio y en especial del Río Atenco. 

Desde el año pasado diversos ejidos afectados han llevado a cabo acciones legales y políticas para defenderse de la amenaza de la presa Milpillas, sin embargo el gobierno del estado de Zacatecas ha actuado sistemáticamente con varias estrategias de coacción, soborno y represión contra las personas, además de intervenir ilegalmente contra los procesos de toma de decisiones en lugar de respetar la elección que han tomado los y las habitantes por el proyecto: su decisión y derecho a decir NO a la presa Milpillas. Recientemente también se criminalizó a las mujeres defensoras, acusándolas de secuestro a autoridades estatales a través de un medio de comunicación local, solo por haber ejercido su derecho a prohibir el paso a personas que intentaron ofrecer supuesto “beneficios” a cambio de aceptar el proyecto. Las amenazas se han dirigido especialmente contra las compañeras Eugenia Grecia Rodríguez Navarro y Sandra Miranda, así como a un grupo de mujeres ejidatarias de Atotonilco. Puntualizamos que iniciar procesos de criminalización contras las personas defensoras del territorio es grave y pone en peligro su integridad física y psicológica. Exigimos al gobierno de México, respeto a sus derechos y garantías para su protección.

El Movimiento de Afectados por la Represas de Latinoamérica, conformado por organizaciones y movimientos de 13 países apoyamos la lucha de los y las compañeras y exigimos junto con ellos y ellas la cancelación definitiva del proyecto, así como llamamos a vigilar y proteger los derechos de las personas afectadas por la amenaza de la presa Milpillas.

La presa Milpillas es un proyecto planeado para construir una cortina de 80 metros de altura para el almacenamiento de agua y abastecimiento mediante un acueducto que transportaría 41 millones de agua durante todo el año con un costo energético altísimo. En su recorrido por el acueducto a la ciudad de Zacatecas se encuentran tres mineras del Grupo Peñoles y de Fresnillo PLC por lo que esto pone en riesgo de explotación a la cuenca y la calidad de vida en la región. Recientemente se anunció un Fondo de Agua para Zacatecas que tiene intención de apoyar a la Presa Milpillas, es lamentable que los aliados de dicho fondo sean compañías como Grupo Modelo y FEMSA (productora de la Coca-Cola), empresas causantes de la devastación ambiental y la destrucción de mantos acuíferos en México y en diversos países del América Latina.

Nos oponemos a continuar perpetrando un modelo económico impuesto por las empresas y los gobiernos, basado en la explotación y privatización del agua, exigimos agua para la vida, no para la minería ni para las empresas.

¡Agua y energía No son Mercancía!

¡Vida Sí, Mina No!


Imagen: Proyección de la Presa Milpillas, CONAGUA

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