Rechazo a los árboles transgénicos mientras se celebra la Conferencia Internacional de Biotecnología de los Árboles

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) – A 21 de junio 2019

Una campaña global evidencia el rechazo mundial a los árboles transgénicos mientras se celebra la Conferencia Internacional de Biotecnología de los Árboles en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Los peligros sociales y ecológicos de los árboles transgénicos provocan indignación mundial

Raleigh, Carolina del Norte (E.U.A.)–La Campaña Global para DETENER los árboles transgénicos ha llegado a Raleigh, Carolina del Norte (Estados Unidos), mientras se celebra la la Conferencia Internacional de Biotecnología de los Árboles organizada por la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO). De este modo se visibiliza la oposición global a la investigación y desarrollo de árboles transgénicos. La Campaña incluye la participación de organizaciones de cuatro continentes.

“Hace 20 años que en todo el mundo la gente ha organizado protestas en los seis continentes para exigir un rechazo total a los árboles transgénicos”, declaró Anne Petermann, Coordinadora de la Campaña y Directora Ejecutiva de Global Justice Ecology Project. “Genetistas, agricultores, silvicultores, ecologistas, agrónomos y otros expertos se han pronunciado en contra de los árboles transgénicos. Ha habido activistas que cortaron árboles transgénicos de pruebas de campo en varios países. Solo entre 2015 y 2017, casi medio millón de personas firmaron o enviaron cartas en todo el mundo pidiendo el rechazo total a los árboles transgénicos. Además, las Naciones Unidas advierten sobre los peligros de los árboles transgénicos [2] y el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) no permite que sean certificados [3]. No es posible ignorar esta creciente ola de oposición”.

En una carta abierta en la que se denuncia la propuesta de legalizar los árboles transgénicos en Brasil [4], firmada por cientos de organizaciones y entregada a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), se afirma que “existen serias incertidumbres en cuanto a los posibles impactos ambientales y socioeconómicos de los árboles genéticamente modificados. Ya ha habido efectos inesperados en los cultivos alimentarios GM, por ejemplo la proliferación de malezas resistentes a los herbicidas, la aparición de plagas secundarias que diezman las cosechas, alteraciones de la fertilidad tales como tasas más elevadas de cruza de especies, así como un aumento de los caracteres alergénicos. Debido a que los árboles tienen un ciclo de vida largo y a menudo complejo, y a su interacción con la biodiversidad, es prácticamente imposible predecir los resultados e impactos de los árboles transgénicos”.

Durante una reunión internacional de organizaciones, redes, comunidades y expertos contra las plantaciones industriales de árboles y contra los árboles transgénicos, celebrada en Porto Alegre, Brasil [5], a principios de este año, Lizzie Díaz del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) destacó los motivos para la resistencia continuada contra los árboles transgénicos en Brasil, “Los árboles transgénicos implicarían un aumento del uso de agrotóxicos así como del consumo de agua. La manipulación genética de los árboles solo beneficia a las industrias de las plantaciones y de la celulosa y papel. Para las comunidades que viven dentro y cerca de las plantaciones de árboles, los árboles transgénicos significan una intensificación de los ya conocidos impactos negativos sobre la tierra, el agua, la biodiversidad, los medios de vida y las culturas”.

La creciente oposición a los árboles transgénicos ha llevado a los investigadores y a las empresas a buscar nuevas estrategias para obtener aprobación pública, incluso pregonando que los árboles transgénicos son beneficiosos para el medio ambiente. El problema de la “aceptación social” de los árboles transgénicos será planteado en la conferencia.

“La oposición a los árboles transgénicos obligó a las industrias de la madera y la biotecnología a inventar nuevas ideas para promover sus árboles transgénicos”, declaró la Dra. Rachel Smolker, Co-Directora de Biofuelwatch y coautora (junto con Petermann) de un reciente documento sobre castaños americanos transgénicos. “Están utilizando una versión transgénica del castaño americano como “árbol de prueba” para intentar convencer al público de que la ingeniería genética puede mejorar la salud de los bosques. Pero el hecho es que esta tecnología es muy incipiente y no ha sido cabalmente probada. Los castaños americanos pueden vivir más de dos siglos. No hay forma de predecir los impactos a largo plazo que tendrán estos árboles en los bosques, la biodiversidad o la salud humana. El hecho adicional de que esta investigación ha contado con una amplia participación y apoyo financiero por parte de compañías como ArborGen y Monsanto, que pueden beneficiarse, solo agrava nuestra preocupación”. [6]

“Investigadores e industria temen la oposición pública a los árboles transgénicos por una buena razón”, declaró Brenda Jo McManama, de la Red Ambiental Indígena (Indigenous Environmental Network). “La IEN trabaja con la nación Cherokee en Carolina del Norte, y en 2015 fuimos co-anfitriones de una acción de los Pueblos Indígenas contra los árboles transgénicos”. “Los Pueblos Indígenas, no solo en Estados Unidos sino en muchos países, no quieren en sus tierras árboles transgénicos que presentan riesgos y que no están probados”.

El Director de Investigación de la Coalición Rural, el Doctor Al Anderson-Lazo, indicó que “la Coalición Ruralcree que es importante que la comunidad científica y los gobiernos trabajen mano a mano con los agricultores, ganaderos, naciones indígenas y comunidades rurales para investir su conocimiento colectivo en entender los riegos ecológicos y económicos de introducir árboles transgénicos. Nuestras comunidades ya están enfrentándose a los impactos masivos de especies invasoras como la sabina colorada de Virginia y los altos costes de su combate en las granjas”. La Coalición Rural recibirá informes de la conferencia IUFRO y la difundirá entre sus miembros.

Los eventos contra los árboles transgénicos planeados en el marco de la Conferencia de Biotecnología Forestal 2019 a celebrarse en Raleigh, son una continuidad de las protestas realizadas contra la Conferencia de Biotecnología Forestal 2013 en Asheville, NC (Estados Unidos) y la Conferencia de Biotecnología Forestal 2017 en Concepción, Chile ( Información Chile, 2017 ) . Originalmente, la Conferencia de Biotecnología Forestal 2019 estaba proyectada para celebrarse en Curitiba, Brasil, donde hay un poderoso movimiento contra las plantaciones industriales de árboles y contra los árboles transgénicos. Después de las protestas en Chile, en marzo de este año se canceló esa sede y el evento se trasladó a Raleigh. Los coordinadores de la conferencia de 2019 provienen de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Chile.

Contacto:

– Steve Taylor [English] Global Justice Ecology Project +1.314.210.1322 <steve@globaljusticeecology.org>

– Lizzie Díaz [Español / Português] Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales+598.9937.5508 <lizzie@wrm.org.uy>

– Lucio Cuenca B. [Español] Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) <cuenca.lucio@gmail.com> +56 9 92402706

Por entrevistas:

– Dr. Rachel Smolker – Biofuelwatch

– Brenda Jo McManama – Indigenous Environmental Network

– Anne Petermann – Global Justice Ecology Project

– Lizzie Díaz – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

– Lucio Cuenca B. OLCA / Chile

Más información:

NOTAS A LOS EDITORES

Discursos “verdes” y deforestación

[Artículo]Escasez de agua y alimentos: comunidades mayas muestran los efectos de la palma africana en Chiapas

Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

[Artículo] Empresas mineras quieren explotar el fondo de los océanos

Compartimos el siguiente artículo publicado por Avispa Midia – Junio 2019


Por Eugenia López- 7 de junio 2019

Si bien los minerales siempre han sido necesarios en los diversos avances tecnológicos, sus nuevos usos – particularmente en las industrias digitales y automotriz – crean una demanda cada vez mayor a nivel mundial.

Aunque las reservas son extensas, la explotación masiva conduce inevitablemente a un fenómeno de rarefacción y a una alza de los precios en el mercado global – además de un número creciente de conflictos sociales en varias regiones del planeta. Como consecuencia y para abastecerse, industriales y Estados miran hacia áreas vírgenes de minería entre los que se encuentran los fondos marinos.

Océanos: abundancia en minerales

Depósitos de minerales se encuentran en todos los océanos, a profundidades que van desde unos cientos hasta varios miles de metros. De entre todos los recursos minerales submarinos existentes, los más importantes, debido a su potencial económico e industrial, son los yacimientos de minerales polimetálicos: nódulos de manganeso, costras de ferromanganeso ricas en cobalto y sulfuros hidrotermales polimetálicos . Estos depósitos se distribuyen a lo largo de todos los fondos oceánicos.

Esa mineralización profunda contiene metales muy codiciados: cobalto, hierro, manganeso, platino, níquel, oro, plata, titanio, cobre, mercurio, tierras raras, etc. Sus concentraciones tienden a ser mucho más altas que en los depósitos terrestres y las áreas que podrían ser explotadas bajo los océanos son más extensas ya que los mares y océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra.

Así lo demuestra un informe realizado por los investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS por sus siglas en francés) y del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer) el cual estima “el peso total de los nódulos en el área de Clarion-Clipperton, el más rico en el Pacífico (15% de la superficie del océano pacífico), a 34 mil millones de toneladas: 6,000 veces más talio, tres veces más cobalto y más manganeso y níquel que todos los recursos que se encuentran fuera de los océanos”.

Según el mismo informe, a diferencia de las minas terrestres, no sería necesario cavar túneles para acceder a los recursos submarinos ya que “los recursos minerales marinos accesibles se encuentran en la superficie del fondo marino”.

Sabiendo que la mayor parte de los fondos marinos permanecen aún inexplorados, no cabe duda de que los recursos en metales estratégicos que albergan son inmensos.

Los mares y océanos están reglamentados

Mientras las actividades de prospección pueden realizarse sin permiso, el acceso a los recursos minerales marinos para su exploración y explotación no es libre, sino que está reglamentado por una serie de normas que varían según su ubicación.

En base a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar de 1982, los mares están divididos en cuatro categorías:

El ‘Mar Territorial’ es el área hasta las 12 millas náuticas sobre el cual un país tiene derecho de soberanía sobre el espacio aéreo, el agua, suelo y subsuelo marino;

La ‘Zona Económica Exclusiva’ (ZEE) se encuentra entre las 12 y 200 millas. Un país tiene soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos o no (minerales y recursos energéticos) en sus aguas, suelo y subsuelo marino;

La ‘Plataforma Continental’ puede extenderse hasta las 350 millas. Dentro de esta zona un país tiene derechos para explorar y explotar recursos naturales del suelo y subsuelo marino, sin embargo, incluye pagos o contribuciones previas a favor de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas (AIFM, o ISA por su siglas en ingles).

El resto de los fondos marinos constituyen ‘La Zona’, que es considerada “patrimonio común de la humanidad”. Su exploración o explotación requiere la aprobación de la AIFM.

Imágenes: Máquina para extraer minerales operada por la empresa canadiense Nautilus Minerals en los mares de Papúa Nueva Guinea. Diagrama sintético de formación de los diferentes depósitos polimetálicos submarinos

[Nota] Trasnacionales extractivas obligan a países a indemnizarlas por proyectos cancelados

Compartimos la siguiente nota publicada en La Jornada – A 16 de junio 2019

Alfredo Valadez Rodríguez, Zacatecas, Zac.,

Las grandes compañías dedicadas a extraer petróleo, gas y minerales en América Latina imponen a los países donde operan un andamiaje jurídico internacional, a través de tratados de libre comercio y de inversión, aseguraron los investigadores Jen Moore y Manuel Pérez Rocha Loyo, al presentar su informe El casino del extractivismo, en la Ciudad de México, informó en un comunicado ayer la Red Mexicana de Afectados por la Minería. 

Los expertos denunciaron que las trasnacionales extractivas, «en su carrera por implantar sus proyectos de despojo, cuando éstos se ven impedidos recurren al reclamo por la afectación real o potencial de sus intereses, lo cual incluye la demanda y exigencia de indemnizaciones, por montos descomunales».

La paradoja es que las demandas privadas las presentan en tribunales integrados por abogados corporativos «que protegen los derechos de inversionistas que han sido definidos durante las firmas de los tratados de libre comercio».

Lo anterior significa que los Estados están obligados a cumplir. México ha tenido que pagar 242 millones de dólares en juicios perdidos contra empresas transnacionales, entre ellas la española Abengoa y la estadunidense Cargill.

Le llaman «cláusula de controversias entre inversionistas y Estado», y está incluida en todos los tratados comerciales que se han firmado. «Se diseñó para proteger, sobre todo, las inversiones, pues obliga a los gobiernos a indemnizar a las empresas por proyectos de inversión que no puedan concretarse» y durante los últimos años ha cobrado fuerza.

Más información: 

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional

Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional

Compartimos el informe publicado por Jen More Y Manuel Pérez-Rocha Loyo, con apoyo de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EE.UU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EE.UU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH) – A junio 2019

Presentación  

Este informe examina la manera en que empresas mineras interponen demandas multimillonarias en contra de países de América Latina cuando sus cortes toman decisiones, y cuando implementan políticas públicas o medidas gubernamentales – particularmente en respuesta a las justas exigencias de comunidades afectadas por la minería – que afectan sus inversiones. El informe demuestra como el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las empresas mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor. La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley. 

Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE) que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional. Este sistema les permite a los inversionistas extranjeros presentar demandas por millones, e incluso miles de millones de dólares, contra Estados soberanos ante “tribunales” privados de arbitraje, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el más comúnmente utilizado, mientras que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se presenta como otra opción. Estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, altamente remunerados, quienes usualmente se encuentran en secreto sin la presencia de testigos. Estos tribunales no deberían ser considerados como verdaderas cortes legales. En cambio, han sido identificados como “una caricatura del sistema legal” con muy poca referencia a precedentes legales y sin ningún compromiso con la verdad o la justicia, más allá de los privilegios que los TLC y TBI otorgan a los inversionistas.

Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE) que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional. Este sistema les permite a los inversionistas extranjeros presentar demandas por millones, e incluso miles de millones de dólares, contra Estados soberanos ante “tribunales” privados de arbitraje, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el más comúnmente utilizado, mientras que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se presenta como otra opción. Estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, altamente remunerados, quienes usualmente se encuentran en secreto sin la presencia de testigos. Estos tribunales no deberían ser considerados como verdaderas cortes legales. En cambio, han sido identificados como “una caricatura del sistema legal” con muy poca referencia a precedentes legales y sin ningún compromiso con la verdad o la justicia, más allá de los privilegios que los TLC y TBI otorgan a los inversionistas. 

Este informe analiza 38 casos de SCIE de empresas mineras en contra de gobiernos de América Latina. Cabe resaltar que más de la mitad de las empresas que han presentado demandas, o indicado su intención de hacerlo, y que se examinan en este trabajo no cuentan con ninguna mina en operación, lo cual no les impide presentar demandas costosas y abusivas para obtener una “compensaciones” por sus ganancias esperadas no obtenidas.

>>Descargar el informe<<

Más información: 

Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

Invitación a la presentación del Informe: El Casino del Extractivismo

Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería Rema (REMA) – A 12 de junio 2019 >>Descargar comunicado<<


Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

Resumen ejecutivo del Informe «El Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional»

Análisis De Casos: Las Demandas De Empresas Mineras Contra Países Latinoamericanos

El andamiaje jurídico internacional de tratados de libre comercio y de inversión vigente, organizado, por más irracional que nos parezca, por las propias estructuras legislativas de las naciones para proteger los intereses empresariales, han llegado al iracundo punto de agredir y vulnerar a los Estados Nacionales, permitiendo que las empresas mineras -y otras extractivas- de capitales nacionales y extranjeros, tengan espacio para entablar arbitrajes supranacionales (demandas privadas en tribunales integrados por abogados corporativos que protegen los derechos de inversionistas que han sido definidos durante las firmas de los tratados de libre comercio) contra los gobiernos, cuando éstos últimos toman medidas en defensa de sus territorios ante los potenciales o ya generados daños relacionados con proyectos de la megaminería tóxica. En otras palabras, en su iracunda carrera por implantar sus proyectos de despojo y cuando estos se ven impedidos, las empresas reclaman la afectación real o potencial de sus intereses, lo cual incluye reclamos y exigibilidad de “indemnizaciones” por montos financieros descomunales quienes además, han creado toda una red de empresas “prestamistas” que financian a las empresas durante sus demandas, lo cual no solamente es totalmente ajeno a la materia de reclamo, sino que les permite a las empresas sin financiamiento tener condiciones de establecer juicios de mediano y largo plazo totalmente especulativos.

Es importante destacar que, durante las últimas décadas, pero sobre todo durante la más reciente, las empresas mineras han presentado decenas de demandas contra países latinoamericanos alegando la afectación y reducción del valor de sus inversiones. Estas son llevadas a los tribunales supranacionales de arbitraje, a quienes les han exigido indemnización por sentencias en contra de cortes de justicia, por ajustes en políticas públicas que determinan les perjudican, así como aquellas comunidades que al ser afectadas por los proyectos mineros se organizan y resisten de forma activa la defensa de sus territorios y bienes naturales.

En ese contexto, son evidentes los niveles de locura alcanzados por las directrices y políticas relacionadas al progreso y desarrollo minero, porque han decidido de forma firme que su prioridad es el dinero y no la vida, lo cual implica la invisibilidad total de las afectaciones generadas en las poblaciones locales, el despojo de la tierra y la salud comunitaria, menos aun les importa contaminar al ambiente en su conjunto, así como tampoco afectar dinamitar los procesos relacionados con la comunalidad, la cual está íntimamente relacionada con el pleno ejercicio de la libre determinación y toda la gama de expresiones particulares de vida que persisten en los territorios.

Los arbitrajes supranacionales representan un acoso adicional al que ya ejercen cotidianamente las empresas en los territorios. Para las empresas mineras transnacionales, los proyectos extractivos son una gran oportunidad para, de forma casi azarosa, como ocurre en un casino o casa de apuestas, para ganar extravagantes e indignantes fortunas, aun incluso, sin haber invertido un solo peso de inversión en el terreno. Es así tal cual comienzan las apuestas en un juego en donde las cartas están claramente marcadas a su favor.

En el informe “El Casino del Extractivismo”, se examinan 38 casos presentados por empresas mineras transnacionales contra gobiernos latinoamericanos, quienes han acudido al mecanismo de “Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados” (SCIE), también conocido como ISDS (por sus siglas en inglés). La mayoría de estos casos los presentaron empresas canadienses, representando con ello la desproporcionada participación del financiamiento canadiense en la industria minera internacional; aunque también participan empresas estadounidenses, del Reino Unido, sudafricanas, suizas, francesas, holandesas, chilenas, australianas y de la India. Es importante señalar que, aunque las empresas no siempre salen victoriosas de los procesos de arbitraje, resalta el bajo nivel de riesgo al que se enfrentan al apostar en casos multimillonarios, además de la disponibilidad de financiación por terceros y la utilización de reglas y normas sesgadas a su favor, lo que les incentiva a realizar la presentación de demandas cada vez más exorbitantes.

El informe documenta y desnuda la voracidad empresarial, la sumisión legislativa y la gran asimetría inmersa en la firma de los tratados comerciales internacionales, en donde las empresas quedan por encima de las naciones. Es doblemente preocupante saber que, a pesar de la gran complejidad que enfrentamos los pueblos en las diversas luchas que se gestan a lo largo del continente, todavía el capitalismo y la globalización son capaces de desangrar aun más a los estados/nación, el territorio y los bienes naturales con pagos de compensación.

El progreso y desarrollo minero, goza del contubernio y la protección gubernamental en todos sus niveles, se legitima desde una falsa procuración de justicia trasnacional y financiera, accesa a créditos con lo que protege su capital propio, tiene un marco de regulación totalmente alineado a sus intereses, se desentiende de los impactos y daños que ocasiona al ambiente y a la salud comunitaria, y, por si fuera poco, desarrollan estrategias de gestión gubernamental política y financiera con prácticamente cero transparencia, sin olvidar la gran cantidad de caso en los cuales actúan en colaboración con grupos armados “legales e ilegales”.

La política y los políticos son ineficientes para servir a la sociedad y a la naturaleza, por lo tanto, es necesario reflexionar a partir de la revisión de estos esfuerzos de información útiles para establecer nuevas posiciones que hagan contrapeso a la hegemonía impuesta por los capitales y sus proyectos trasnacionales, tal como sucedió en la república de El Salvador, cuando realizó la histórica prohibición de la minería metálica en el país.

Esperamos que éste informe sirva de motivación para que las comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarias/os interesados por un país para sus habitantes y no para los negocios, redoblen sus esfuerzos en el movimiento global en contra de los tratados internacionales de libre comercio y de inversión y las leyes relacionadas, y los contratos que amenazan con despojar a las comunidades afectadas por la minería y a los pueblos, no sólo de sus territorios, tierra y agua, sino también de su soberanía y libre determinación.

En México el llamado T-MEC debe de ser consultado con toda la sociedad antes de ser ratificado a toda prisa por el Senado Mexicano. Este trabajo pone de relieve la urgente necesidad de desmontar el aparato jurídico impuesto que en nuestro país y en América Latina opera a favor del despojo

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería


>>Descargar el resumen ejecutivo<<

Más información: 

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional

Invitación a la presentación del Informe: El Casino del Extractivismo 

Invitación a la presentación del Informe: El Casino del Extractivismo

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EE.UU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EE.UU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH), invitan cordialmente a la presentación del informe:

«El Casino del Extractivismo: Las Empresas Mineras apuestan con la vida y la soberanía de los pueblos de América Latina usando el arbitraje supranacional»

 

Miércoles 12 de junio del 2019, de 4 a 6 pm Museo Nacional de las Culturas del Mundo Moneda 13, Centro Histórico Delegación Cuauhtémoc, CDMX 

Cuando los proyectos mineros son frenados por resistencias comunitarias, medidas de protección ambiental o de la salud, las empresas mineras transnacionales recurren a tribunales supranacionales de arbitraje, para entablar demandas multimillonarias en contra de los Estados de América Latina. MÉXICO NO ES LA EXCEPCIÓN. De unas 30 demandas en contra de México en tribunales supranacionales, actualmente enfrenta dos casos presentados por empresas mineras; uno en proceso y otro notificado con carta de intención que, en conjunto, significan un reclamo que supera los $4 MIL MILLONES DE DÓLARES.

Les invitamos a la presentación del INFORME, así como esperamos su participación durante este CONVERSATORIO, en el que reflexionaremos sobre estos procesos con los cuales las empresas pasan sobre la soberanía de los pueblos bajo estos costosos y abusivos juegos de azar.

Ponentes:

•Manuel Pérez-Rocha Loyo y Jen Moore, afiliados al Instituto de Estudios Políticos y co-autores del informe

•Grecia Rodríguez Navarro, Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y REMA.

•Moderador: Dr. Paul Hersch Martínez, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales y REMA

El informe será presentado con el auspicio de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EE.UU.), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EE.UU.) y Alerta Minera Canadá.

[Audio] Minera Cales y Morteros del Grijalva SA de CV, responsable de daños ambientales al Cañon del Sumidero y causante de enfermedades graves en la población

Compartimos la siguiente nota radiofónica producida por el Colectivo Boca de Polen, sobre lo expuesto en el conversatorio: «SALVEMOS EL CAÑÓN DEL SUMIDERO Análisis de la problemática de la calera Cahuaré», el pasado martes 4 de junio del presente año.  

 

>>Escuchar audio<<

El movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero, señala a la empresa calera como causante de enfermedades cancerígenas. La CNDH destaca las omisiones en las que incurrieron funcionarios públicos al permitir que la empresa minera continúe en operaciones. De acuerdo con información de la asociación civil Otros Mundos Chiapas, el parque nacional El Cañon del Sumidero enfrenta graves problemas ambientales por las actividades extractivas de la minera Cales y Morteros del Grijalva, empresa que extrae desde hace 54 años piedra caliza las 24 horas al día, los 365 días al año. La operación de esta empresa, también afecta la salud y vida de la población ubicados en la Ribiera Cahuaré, donde los habitantes están expuestos día y noche a las emisiones contaminantes de la mina.

En conferencia de prensa realizada el 4 de junio, Alejandra Aldama Pérez, integrante del movimiento ciudadano Salvemos El Cañón del Sumidero afirmó que la maquinaria que utiliza la empresa es la misma con la que empezaron, que es obsoleta, emiten contaminantes a la atmósfera y es ruidosa; además, que los desechos industriales va a dar al rio Grijalva, las emisiones que salen por chimeneas causan impacto a la vegetación y a las casas de los habitantes.

La ingeniera industrial Claribel Pérez Anaya e integrante también del Movimiento asegura que la contaminación causa desde enfermedades infecciosas respiratorias agudas hasta cáncer; detalla que la empresa utiliza la piedra caliza y un combustible, la cual al coserse emana por las chimeneas metales livianos, los cuales se combinan con otros químicos y dan como resultado lluvia ácida; residuos tóxicos expuestos a los seres humanos que causan dermatitis, anosmia, sinusitis, asma, cáncer bronco pulmonar y nasal, además de las enfermedades broco aspiratorias y pulmonares, Claribel resaltó que muchos estudios dicen que estos metales son conocidos por su carácter cancerígeno.

Cabe destacar que el movimiento ciudadano Salvemos al Cañón del Sumidero logró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, emitiera el 24 de mayo, la recomendación 12-2019 dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales y al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. En la recomendación del a CNDH destaca las omisiones en las que incurrieron funcionarios públicos al permitir que la empresa minera continúe realizando operaciones a pesar de que las actividades que desarrolla son absolutamente incompatibles con el régimen de protección de un parque nacional.

Por la red de comunicadores boca de polen, Vladimir Contreras Escamilla

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Más información: 

Martes 4 de junio, 6 pm, Conversatorio «SALVEMOS EL CAÑÓN DEL SUMIDERO Análisis de la problemática de la calera Cahuaré»

Nueva alerta sobre las enfermedades respiratorias en la población de Cahuaré, contaminada por la mina Cales y Morteros 

Cañón del Sumidero: a pesar de la clausura temporal, la mina Cales y Morteros sigue excavando 

EL ESCARAMUJO 48: Cañón del Sumidero: el pueblo de Ribera Cahuaré enfermo a causa de la mina Cales y Morteros 

Chiapas: Denuncian degradación del parque nacional El Cañón del Sumidero

Discursos “verdes” y deforestación

Compartimos el siguiente boletín publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) 

Mientras la destrucción de territorios de bosques continúa, más promesas y programas se llevan a cabo en nombre de “enfrentar la deforestación y el cambio climático”. Este boletín pone de manifiesto, entre otras cosas, cómo la deforestación se oculta bajo discursos “verdes” y propagandas llamativas. 

Mientras que, por un lado, en todo el mundo, las comunidades que dependen de los bosques siguen sufriendo aún mayores amenazas y la destrucción de sus territorios, por otro lado se hacen y llevan a cabo más promesas, acuerdos, proyectos y programas en nombre de “enfrentar la deforestación y el cambio climático”. Empresas multinacionales, gobiernos, bancos multilaterales, organismos de las Naciones Unidas (ONU), ONG conservacionistas y sus patrocinadores financieros siguen afirmando que ellos, los mismos actores que de hecho impulsan las causas directas y subyacentes de la deforestación, pueden ser “la solución”.

Este boletín recopila siete artículos de diferentes partes del mundo que muestran cómo los procesos de deforestación suelen ocultarse bajo discursos “verdes” y vistosa propaganda. Algunos autores también nos recuerdan que las comunidades de los bosques, a pesar de ser criminalizadas y con frecuencia convenientemente culpadas por la deforestación y desalojadas de sus territorios, continúan resistiendo esta destrucción así como las soluciones falsas que se les imponen aún cuando son quienes se encargan del cuidado de sus bosques, culturas y vidas.

Un artículo de Indonesia advierte que si bien los impactos devastadores de la crisis climática ya están afectando gravemente a miles de comunidades pesqueras, un mecanismo de compensación llamado “Carbono Azul”, promovido por las Naciones Unidas como una “solución” a la crisis, está transformando los territorios costeros en activos negociables. Si bien el daño a los manglares se debe al desarrollo de hoteles, granjas camaroneras industriales, la expansión de plantaciones de palma aceitera y la minería masiva, el Carbono Azul tiene como objetivo maquillar de verde la creciente y devastadora destrucción de éstos y otros actores contaminantes.

Desde Mozambique, un artículo describe los peligros de los crecientes fondos fiduciarios para la conservación, como el caso de BIOFUND. Este fondo fue creado para financiar el sistema de áreas protegidas de Mozambique, con el apoyo del Banco Mundial, organismos de cooperación internacional y ONGs conservacionistas. Su objetivo es captar grandes contribuciones, incluyendo los ingresos generados por proyectos de compensación de la biodiversidad del país, y especular con ese dinero en los mercados financieros.

Otro artículo muestra cómo, a pesar de las promesas del gobierno de Malasia en cuanto a mantener una cobertura forestal del 50 por ciento en el país, desde la década de 1990 se han destinado al menos 3,4 millones de hectáreas de zonas mayormente de bosques para el establecimiento de monocultivos, en especial plantaciones forestales para la obtención de madera y plantaciones de palma aceitera. La ambición del 50 por ciento parece basarse en estadísticas que consideran a los monocultivos como parte de la “cubierta forestal” nacional.

Otro artículo expone cómo el Fondo Verde para el Clima, que tiene el objetivo de ayudar a los países del Sur global a responder al cambio climático, aprobó recientemente por primera vez en la Amazonia brasileña el llamado pago REDD+ basado en “resultados”. También advierte que la Corporación Financiera Internacional, la agencia de financiamiento del Banco Mundial, se prepara para solicitar fondos para subvencionar proyectos REDD+ del sector privado, que indefectiblemente entrarán en conflicto con las comunidades que dependen de los bosques.

Desde la India, un artículo denuncia los nuevos intentos del gobierno, en colaboración con empresas y ONG conservacionistas, de apropiarse de los bosques y desalojar a las comunidades que dependen de ellos. Después de múltiples intentos, una reciente propuesta de enmienda de la Ley sobre los bosques de la India, de la época colonial, en los hechos vendría a poner fin a la Ley de los Derechos sobre los Bosques, una ley fundamental que reconoce numerosos derechos de los Adivasis (pueblos indígenas) y otras comunidades tradicionales que habitan en los bosques. Las enmiendas suponen la criminalización de todos los usos posibles de los bosques por parte de las comunidades (a menos que los funcionarios forestales lo permitan), y crean una nueva categoría jurídica llamada “bosques de producción”, que habilita la privatización a gran escala.

El caso de la comunidad Wimbí en Ecuador señala los perjudiciales efectos de la expansión de las plantaciones de palma aceitera, que va de la mano del tráfico de tierras y las plantaciones forestales para la obtención de madera. Además de la destrucción de los bosques y del suelo de la zona, para los miembros de las comunidades, la pérdida de sus lugares de cultivo es un elemento más de presión que los lleva a buscar trabajo asalariado en otros lugares, incluso en la empresa palmícola que los desalojó. Pero los residentes de Wimbí no han dejado de luchar por sus tierras y sus medios de vida.

Por último, el artículo final revela la horrorosa violencia y abusos llevados a cabo por el modelo de conservación que busca “preservar una naturaleza sin gente”. Informes de las organizaciones Rainforest Foundation UK y Buzzfeed News han revelado la crueldad perpetuada para con los pueblos indígenas que viven dentro y alrededor de las áreas protegidas apoyadas por el WWF. Este es definitivamente un grave problema de violación de los derechos humanos así como de intervención colonial en bosques tropicales. Demasiado a menudo las organizaciones conservacionistas están en el centro de estos graves abusos.

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Más información: 

Indonesia: el destino de las aldeas pesqueras en la crisis climática y el fracaso del «Carbono Azul» 

[Artículo] Estudios demuestran que parques eólicos aumentan temperaturas en zonas donde son instalados 

[Artículo]Escasez de agua y alimentos: comunidades mayas muestran los efectos de la palma africana en Chiapas 

Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

Indonesia: el destino de las aldeas pesqueras en la crisis climática y el fracaso del «Carbono Azul»

Compartimos el artículo del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en Ingles) 


El llamado ‘Carbono Azul’ surgió como un nuevo mecanismo de compensación a través de la absorción de carbono que realizan los manglares y otros territorios costeros. Sin embargo, organizaciones de Indonesia advierten que esta iniciativa es una estrategia para transformar los territorios costeros y marinos en activos negociables en el mercado. 

Sugeng Haryanto, un pescador de 57 años de la costa de Jepara, en Java Central, empuja su bote hacia el muelle todas las semanas. Durante el último mes, Sugeng no ha podido salir a pescar. Las fuertes olas y vientos fueron la razón principal de que Sugeng mantuviera su barco y su equipo de pesca amarrados en el puerto. No quería arriesgarse a perder la vida, como le pasó a algunos de sus amigos.

Actualmente, las comunidades pesqueras en Indonesia enfrentan problemas vinculados directamente al clima que resultan difíciles de entender. Desde la reducción del período de pesca hasta desastres naturales que suceden cada año en mayor número en los territorios costeros de Indonesia. Esos territorios abarcan bosques de mangles, praderas de hierbas marinas y marismas (un tipo de humedal) de agua salada. Debido a todas estas dificultades, los pescadores en Indonesia solo pueden salir al mar 150 días al año. Esto significa que los otros 215 días deben abstenerse de cualquier actividad pesquera.

Las comunidades pesqueras indonesias sufren directamente los dañinos efectos de la crisis climática. A lo largo de los últimos cinco años, al menos 737 aldeas costeras sufrieron deslizamientos de tierra, 2.651 quedaron inundadas, 307 se vieron afectadas por inundaciones repentinas, 1.484 confrontaron maremotos, mientras que 1.422 sufrieron los efectos de tornados. Asimismo, otras 790 aldeas costeras fueron golpeadas por terremotos, 6 por un tsunami y otras 54 se vieron afectadas por una erupción volcánica. (1)

Cada año, el destino de millones de pescadores se pone sobre la mesa de negociaciones sobre el clima de la ONU. Lamentablemente, estas negociaciones han perdido el rumbo ya que no abordan los problemas verdaderos y subyacentes de esta crisis.

Pero no se trata solamente de que hoy en día los barcos de pesca quedan anclados por períodos cada vez más largos, sino de que el futuro de los pescadores para mantener sus medios de subsistencia y el control sobre sus territorios está ligado a la amenaza de esta crisis multidimensional y a las llamadas soluciones que la acompañan.

 

Cuando el carbono se vuelve azul

Una de las reacciones de la ONU a esta crisis multidimensional es una iniciativa denominada Carbono Azul. También conocida como REDD Azul, fue introducida por el PNUMA y otros organismos de la ONU en 2009. A lo largo de numerosas reuniones internacionales, el PNUMA reafirmó la importancia de introducir un nuevo mecanismo de compensación de carbono por el cual las emisiones de carbono puedan ser compensadas por la absorción de carbono que realizan los ecosistemas costeros. Según sus defensores, los territorios costeros ricos en plantas, tales como los manglares, las praderas de hierbas marinas y las marismas de agua salada (un tipo de humedal), absorben y almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono. (2)

Una publicación de 2009 de varios organismos de la ONU titulada “Carbono Azul: el rol de los océanos saludables en fijar el carbono” (Blue Carbon: the Role of Healthy Oceans in Binding Carbon) afirma que la protección, el manejo y la restauración de los ecosistemas marinos aumentarán su capacidad de absorción de carbono a casi el 10 por ciento de la reducción de emisiones globales requerida. (3)

La investigación sobre la iniciativa Carbono Azul realizada por la Agencia de Investigación y Desarrollo Marítimo y Pesquero de Indonesia (Balitbang KP) afirma que los lechos de las praderas marinas tienen el potencial de absorber alrededor de 4,88 toneladas de carbono por hectárea por año. En total, las praderas de hierbas marinas en Indonesia podrían almacenar 16,11 millones de toneladas de carbono por año. Y, en total, los manglares de Indonesia podrían almacenar 122,22 millones de toneladas de carbono por año.

Hasta la fecha, la iniciativa Carbono Azul es promovida sistemáticamente en las reuniones internacionales, así como en las cumbres anuales de la ONU sobre el clima. Durante la Conferencia Nuestro Océano, celebrada en Bali en 2018, el gobierno de Indonesia alentó los proyectos de conservación marina y el Carbono Azul, con el objetivo de incluir en dichos mecanismos 20 millones de hectáreas para 2020. En 2018, la zona establecida para la conservación marina alcanzó 19,14 millones de hectáreas.

La organización indonesia KIARA (Coalición Popular para la Justicia en la Pesca) destaca que hasta el momento, la conservación marina no se ha implementado como una actividad democrática, que se origine a partir del conocimiento y la sabiduría de las comunidades marítimas de Indonesia, sino como una actividad verticalista, impuesta por el estado. Como resultado, la gente de las comunidades costeras se convierte en víctima de lo que, desde su perspectiva, equivale a proyectos ecofascistas.

¿Intercambio de carbono? Plantando árboles de mangle

El fondo Livelihoods Fund, que cuenta con el apoyo de empresas privadas, invierte desde 2011 en proyectos de compensación alrededor del mundo, vinculados a las cadenas de suministro de sus inversores. Tres de estos proyectos se encuentran en territorios de manglares: uno en Indonesia, uno en India y otro en Senegal. En su página web, Livelihoods Fund dice que actualmente se han plantado 18 millones de árboles en Indonesia, 16 millones en la India y 79 millones en Senegal. (4)

Los proyectos tienen una duración de 20 años y los inversionistas (empresas privadas) recibirán créditos de carbono a partir de los árboles de mangle plantados por las comunidades costeras. En base a esto, estas industrias pueden continuar sus negocios de la manera habitual (y seguir con las mismas emisiones) al tiempo que afirman haber reducido sus emisiones de carbono.

Los inversionistas de Livelihoods Fund son: la empresa del agronegocio Danone; la multinacional francesa Schneider Electric; el grupo bancario francés Credit Agricole; el fabricante francés de artículos de lujo Hermès International; el grupo de viajes francés Voyageurs du Monde; la empresa francesa de servicios postales La Poste Group; la compañía fabricante de neumáticos Michelin; la compañía de fragancias y sabores Firmenich; la entidad financiera pública francesa Caisse des dépôts et consignations y la empresa alemana de software y tecnología SAP.

Repitiendo los fracasos de REDD+

La iniciativa Carbono Azul se inventó como una versión del mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal) para territorios costeros y de manglares. Durante casi 15 años se ha promovido REDD+ como una solución a la deforestación en los bosques tropicales. Pero la deforestación continúa. Lamentablemente, REDD+ es un mecanismo orientado a los negocios, que es la causa de una serie de problemas. Como en otros lugares, los proyectos REDD+ en Indonesia han causado varios conflictos.

Un ejemplo de ello es un proyecto REDD+ en la aldea Henda, en Borneo, Indonesia, organizado por el PNUD y financiado por el gobierno noruego. Una investigación reveló que este proyecto ha causado conflictos a la interna de la comunidad como consecuencia de la falta de transparencia y el manejo discriminatorio de los fondos de REDD+ en el ámbito de la aldea. Una de las razones del conflicto tuvo su origen en el programa de empoderamiento vinculado al proyecto REDD+, que no involucraba a todas las comunidades, lo que inevitablemente generó recelos entre los aldeanos. (4)

Otro proyecto REDD+ en la aldea de Mantangai Hulu causó además conflictos con los donantes y el gobierno. Este proyecto REDD+ fue organizado por la Asociación de Bosques y Clima de Kalimantan (KFCP) y fue financiado por el gobierno australiano. La comunidad de la aldea de Mantangai Hulu cedió sus 120.000 hectáreas de bosque a KFCP para un proyecto piloto REDD+. Cuando se hizo evidente que el proyecto era más beneficioso para los facilitadores locales, el gobierno y los donantes, la comunidad organizó la resistencia al proyecto. La distribución de los fondos de REDD+ tampoco fue transparente y no dio participación a la comunidad. (5)

El fracaso de REDD+ en detener la deforestación y su rol en causar numerosos conflictos con las comunidades y a la interna de ellas, debería servir de lección a los líderes mundiales, quienes deberían tener más cuidado en las respuestas que dan a la crisis climática. Al mismo tiempo, las comunidades marítimas de Indonesia reclaman la adopción de medidas para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, las políticas propuestas tienden a ser meros parches, ofreciendo soluciones falsas con objetivos de reducción de emisiones que son insuficientes y dependientes de mecanismos de compensación.

Las negociaciones y las posibles soluciones para enfrentar la crisis climática deben poner su mirada en el conocimiento y las necesidades de las comunidades. No más falsas soluciones como el Carbono Azul o similares, que de hecho aumentan la carga de las finanzas del Estado, incrementando la deuda externa. La deuda también abre las puertas a una mayor corrupción. Estos mecanismos de compensación, propuestos por el Banco Mundial, siempre se basaron en préstamos. Sin embargo, en 2018, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia rechazó el sistema de préstamo. No obstante, y lamentablemente, el mecanismo implementado todavía se basa en la inversión extranjera y el comercio de carbono, lo que viene generando los mismos problemas que el mecanismo propuesto por el Banco Mundial.

La mercantilización de una crisis

KIARA considera que la iniciativa Blue Carbon es un pretexto para convertir los territorios costeros y marinos en activos negociables. Hay al menos tres razones por las que la Iniciativa Carbono Azul no es la solución a la crisis climática.

En primer lugar, los proyectos de Carbono Azul contabilizan el carbono almacenado de tal manera que se beneficia solo a algunas personas o a un grupo en particular, pero excluye a muchos en la comunidad que se ven perjudicados por los proyectos Carbono Azul, porque ya no pueden usar los manglares o las praderas marinas como lo hacían antes. Mientras tanto, se ignora la existencia y el papel que juegan las comunidades costeras en el mantenimiento de los ecosistemas costeros, con el uso que hacen de los manglares para la obtención de hierbas medicinales, ingredientes cosméticos y como fuente de alimentos.

En segundo lugar, se argumenta que una de las causas de la crisis climática es la destrucción de los manglares por su mal manejo. En Indonesia, el daño a los manglares y los ecosistemas costeros se debe a modelos de emprendimientos extractivos y de explotación tales como la ocupación de zonas costeras con hoteles, apartamentos o zonas de recreación, granjas industriales camaroneras, la expansión de plantaciones de palma aceitera en la costa y la minería costera masiva. El Centro de Datos e Información de KIARA señala que en Indonesia, en 2018, se ocuparon como mínimo 42 zonas costeras para tales fines.

En tercer lugar, el Carbono Azul no puede cambiar la forma de actuar de las empresas responsables de grandes cantidades de emisiones de carbono, ya que se trata simplemente de un mecanismo de compensación de las emisiones de carbono.

Los territorios costeros tienen características únicas y son muy vulnerables. Las costas son un zona de transición entre la tierra y el mar. La presión, tanto natural como humana, es muy evidente. La iniciativa Carbono Azul les da la oportunidad a las élites de empeñar los bienes naturales y enriquecerse en nombre del cambio climático.

Mientras tanto, debido a su vulnerabilidad, tanto los territorios como las comunidades de las zonas costeras seguirán viéndose perjudicados por los emprendimientos realizados en esas áreas, por el agravamiento de los efectos del cambio climático y por las falsas soluciones promovidas en las negociaciones de la ONU sobre el clima.

En la próxima década habrá que adoptar decisiones cruciales que influirán en la forma en que las comunidades de pescadores de Indonesia se verán afectadas por la multidimensional crisis climática. En lugar de glorificar el pasado del archipiélago sería prudente que el gobierno se centrara primero en reducir los efectos de la crisis climática en los pescadores artesanales y, al mismo tiempo, salvar al mundo costero y marítimo indonesio de quedar atrapado en el comercio de carbono.

¡No vendan nuestro mar en nombre del comercio de carbono!

¡Nuestro Mar, Nuestra Identidad, Somos el Mar!

Susan Herawati

Secretaria General de la Coalición Popular para la Justicia en la Pesca

(KIARA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)

Referencias:

  • (1) Centro indonesio de información y datos, 2019
  • (2) Por más información sobre el Carbono Azul, ver WRM “‘Carbono Azul’ y ‘REDD Azul’: transformando los territorios marino-costeros en mercadería”, 2014
  • (3) Pueden acceder a la publicación (en inglés) aqui
  • (4) Ver su página web
  • (5) Anggraeni, Nur. (2013). Melestarikan Tradisi, Meningkatkan Kesejahteraan: Pandangan Tentang Dampak Program REDD+ di Kalimantan Tengah. Master Thesis UGM
  • (6) Firnaherera, Vice Admira. (2013). Konflik Pengelolaan REDD+: Studi Kasus di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Master Thesis UGM y Hidayah, Nur Putri. (2013). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Kalumpang Kedamangan mantangai dalam Mendukung Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+). Master Thesis UGM.

 

[Vídeo animado] Extractivismo en América Latina

Compartimos este vídeo animado sobre el extractivismo en América Latina producido por la Fundación Rosa Luxemburg Andina, a través del Movimiento M4

  {YOUTUBE}Mh2Lujc0W2U{/YOUTUBE}

Si te preguntas qué es el extractivismo y por qué tantas personas se movilizan en su contra, en este video te contamos cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y sus efectos actuales.

Este ha sido pensado como un material pedagógico para aportar en los debates y espacios de formación de organizaciones sociales y público intesado, para lo que hemos procurado ubicar el papel del extractivismo como parte del sistema capitalista mundial, a la vez moderno y colonial.

Recomendamos complementarlo con debates sobre la realidad de nuestros espacios en relación con el extractivismo y con otros materiales que aporten a la formación y el pensamiento crítico.

Algunos materiales sugeridos: Folleto Alternativas al Desarrollo https://www.rosalux.org.ec/producto/f… Presentación multimedia El extractivismo http://rosalux.org.ec/pdfs/EXTRACTIVI… Presentación multimedia Espejismos http://rosalux.org.ec/pdfs/EXTRACTIVI… Presentación multimedia Horizontes http://rosalux.org.ec/pdfs/EXTRACTIVI… Libro Más allá del desarrollo https://www.rosalux.org.ec/producto/m… Libro Alternativas al capitalismo / colonialismo del siglo XXI https://www.rosalux.org.ec/producto/a… Killaricoha: Una radionovela sobre la minería a cielo abierto https://www.rosalux.org.ec/killaricoh… El cuento de la economía verde https://www.rosalux.org.ec/el-cuento-… 8 mitos de la economía verde https://www.rosalux.org.ec/8-mitos-de…

[Artículo] Estudios demuestran que parques eólicos aumentan temperaturas en zonas donde son instalados

Compartimos la siguiente nota publicada en AvispaMidia – Mayo 2019 

Por Eugenia López, 21 de mayo 2019 

Las energías llamadas renovables han tenido mucho éxito esos últimos años. Los parques eólicos están brotando alrededor del planeta, tanto en la tierra como en los mares. Según el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas en ingles), el desarrollo de energía eólica a nivel mundial ha aumentado de manera estable desde 2014, con más de 50 GW de nueva capacidad instalada cada año.

¿Estas energías que nos venden como capaces de resolver todos los problemas realmente son sin impacto sobre el medio ambiente? Es la pregunta que se hicieron varios equipos de científicos.

Un grupo francés encabezado por Robert Vautard, especialista en simulaciones climáticas en el Laboratorio de ciencias climáticas y del medioambiente (LSCE por sus siglas en francés), ha estado comparando simulaciones hasta 2020, realizadas sin y con el efecto de aerogeneradores.

Ver la investigación: Rastros obscuros de la energía limpia en Oaxaca, México

Según la investigación publicada en 2014, cerca de los parques eólicos se registra un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en la noche: en este momento, las turbinas eólicas mueven la atmósfera más que durante el día, lo que calienta el aire y, por lo tanto, limita el enfriamiento nocturno del suelo.

El equipo científico también notó una disminución de las precipitaciones que puede alcanzar el 5% (unos 0,15 mm al día) en ciertas regiones.

Sin embargo, el equipo de investigación considera que es necesario producir nuevos estudios con otros modelos y diferentes escenarios de desarrollo de la producción de energía eólica para determinar con precisión cuáles serán las consecuencias de un despliegue aún más masivo de energía eólica. Una cuestión clave será evaluar los efectos de la duplicación o el triplismo de la cuantidad de eólicos estudiados aquí, ya que es lo que se puede prever en los próximos cuarenta años.

En otra investigación, científicos de la Universidad estadounidense de Harvard calcularon que alimentar la totalidad de los Estados Unidos con energía eólica aumentaría la temperatura del suelo de 0.54 ° C en la parte del país cubierta con turbinas eólicas, y de 0.24 ° C en el resto del país, según un estudio publicado el jueves 4 de octubre de 2018 en la revista científica Joule. Por la noche, el calentamiento incluso podría llegar a 1,5 ° C. Estos resultados son confirmados por estudios previos que informan aumentos de temperaturas cerca de los parques eólicos y por observaciones satelitales. 

Para David Keith, profesor de ingeniería en Harvard, los aerogeneradores les ganan a otras tecnologías “pero eso no significa que sus impactos sean insignificantes”. El científico pudo determinar que, durante un primer siglo de operación, el efecto de calentamiento debido a los aerogeneradores sería más importante que el efecto de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según los investigadores de Harvard, aunque sea diez veces menos que en el caso de los parques eólicos, la presencia de parques solares también aumenta localmente las temperaturas en el suelo.


Foto: Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Hasta el 2019 existen 22 parques eólicos. Credito: Renata Bessi

Más información:

El Istmo en riesgo ambiental, concentra el mayor número de parques eólicos en América Latina.

Rastros obscuros de la energía limpia en Oaxaca, México 

El Escaramujo 80: LA EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático

Pueblos organizados de Chiapas nos declaramos en resistencia ante el modelo energético capitalista 

[Artículo]Escasez de agua y alimentos: comunidades mayas muestran los efectos de la palma africana en Chiapas

Compartimos la siguiente investigación publicada en  la Revista Mongabay a través de Animal Político 

Mientras el monocultivo se expande en el norte de la Selva Lacandona, comunidades indígenas denuncian la escasez de agua, de alimentos y de tierras para los cultivos de autoconsumo.

En Chiapas hay 64 000 hectáreas sembradas que representan el 70 % del total de las plantaciones de palma en México. 


por Rodrigo Soberanes en 5 febrero 2019 

Cuenta un comunero del pueblo Maya Chol que vio desaparecer la pequeña laguna que tanto atesoraba su familia. Quedaba junto a la casa de sus padres y para Federico Méndez era un paraíso protegido por la espesura de la Selva Lacandona en México. Recuerda el comunero que el problema comenzó el día que llegó la palma africana a su municipio, llamado Salto de Agua, entonces los cultivos empezaron a cercar poco a poco ese rincón idílico de la familia Méndez y de pronto fueron testigos de cómo bajaba el nivel del agua mientras las palmeras ganaban altura.

“A 30 metros establecieron una plantación de cinco hectáreas de palma africana. A partir de los cinco años se acabó el agua”, narra el comunero Chol, Federico Méndez. 

Del “enamoramiento” al desamor. El boom de la palma africana en Chiapas duró poco: el agua hace falta y los beneficios económicos no son los que les prometieron. El el sureste del país, hay sed y hambre por el monocultivo. 

Hoy esas palmeras miden más de 15 metros y la laguna está seca. Federico se pregunta entonces si valió la pena, sobre todo cuando le cuentan que en los últimos cuatro años el precio del fruto de la palma ha caído.

Esta es una de las tantas historias que cuentan los habitantes de la comunidad La Concordia y que se repiten una y otra vez en la región indígena conocida como Tulijá, al norte de la Selva Lacandona, en el sureste de México. El agua hace falta y los beneficios económicos de la palma africana no son los que les prometieron, tampoco los que esperaban.

Esto se ha traducido en una escasez de alimentos en muchas comunidades, incluso hay un investigador mexicano que ha utilizado el término “hambruna” para describir la situación de la población de Tulijá —que abarca siete municipios y alberga a 4800 habitantes— compuesta por etnias mayas Tseltal y Chol casi en su totalidad. 

El inicio

La palma africana se instaló masivamente en el norte de la Selva Lacandona allá por 1994, cuando estalló la rebelión indígena zapatista. Esto hizo que muchos propietarios huyeran raudos de la zona abandonando sus tierras, que aparecieran nuevos actores para apropiarse de esos territorios y que producto de la repartición de los terrenos se formaran nuevos ejidos o tierras comunales.

“Del 94 para acá invadieron muchos ranchos la gente por esta región y otros rancheros comenzaron a vender sus tierras. El gobierno comenzó a comprar para darle a la gente vía fideicomiso y vía subsidio”, cuenta Feliciano Arcos, habitante de la comunidad de Las Vegas, en Salto de Agua.

Así es como recuerda Arcos el inicio de un cambio radical en la vida de su región. “Así se formaron los ejidos por toda esta carretera. Pasaron años y comenzó a llegar la Secretaría del Campo de Chiapas para decir que es bueno trabajar con la palma”, agregó el campesino. 

A partir de 1995, el paisaje en aquella región selvática comenzó a transformarse. Federico Méndez lo vivió cuando vio desaparecer su pequeña laguna.

Los cultivos de autoconsumo fueron disminuyendo y la agricultura industrial apareció en la zona como una promesa de cambio para las familias de las comunidades indígenas.

Para entender el nuevo escenario de Chiapas en los noventa, hay que mirar el contexto actual. En México existen hoy nueve plantas procesadoras del fruto de la palma africana: ocho de ellas están en Chiapas y, de este grupo, dos en la región norte de la Selva Lacandona. 

Bárbara Linares, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, un centro público de investigación científica mexicano, ha seguido de cerca el caso de Tulijá y explica así los efectos de la palma africana en las comunidades: “Es una región que históricamente ha vivido del autoconsumo y desde la llegada de la palma africana y la mecanización del cultivo, el medio ambiente, el uso del territorio y el tejido social han sufrido cambios drásticos”.

Al inicio, cuenta la experta, se establecieron viveros extensos y las empresas palmicultoras les dieron trabajo a las mujeres, niños y hombres. El panorama era novedoso y el futuro lucía prometedor para las comunidades del Valle de Tulijá. El éxito lo medían entonces por el flujo de dinero.

Pero también se podía empezar a constatar el crecimiento del negocio de la palma con las miles de hectáreas de selva que iban desapareciendo año tras año. Feliciano Arcos da fe de ello.

Arcos recuerda que el comentario de una empresa de la zona era: si trabajas la palma, te va a mejorar la vida. Fue así como miles de familias entraron en una dinámica de industria y mercado, y comenzaron a depender del dinero para poder adquirir sus alimentos.  

Pero cuentan los comuneros a los que Mongabay Latam entrevistó para este reportaje, que no entendían entonces el daño que le estaban causando a la tierra. Dicen que nadie se lo explicó. Estaban contentos porque tenían un buen trabajo. Ahora, como sus ingresos han disminuido, producto de la caída del precio de la palma, muchos han optado por migrar hacia Estados Unidos.

La entrevista a Federico Méndez —habitante del ejido Arroyo Encantado, del municipio Salto de Agua— se realizó en un paraje del ejido Santa María que antes de la siembra de palma africana conservaba superficies pantanosas en ambos lados de la famosa carretera de la Ruta Maya.

Ahora el suelo es duro, las mesas y sillas están cubiertas de una capa de polvo, y en los parajes aledaños se observa una intensa actividad de jornaleros que cosechan los racimos del fruto de la palma y lo acarrean a orillas de carretera. Allí se detienen los camiones para recoger la carga y llevarla a los centros de acopio.

Mongabay Latam realizó varios intentos por contactar a las autoridades ambientales competentes —Secretaría del Medio Ambiente de Chiapas y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno nacional— pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta alguna. En esa búsqueda, una fuente de la dependencia de Chiapas señaló que por tratarse de administraciones que recién han asumido sus cargos, no tienen conocimiento suficiente ni “interés” por tratar este tema con los medios de comunicación.

Los problemas denunciados por algunas de las comunidades indígenas de Chiapas guardan relación con los resultados de algunas investigaciones. De acuerdo con una de la Universidad Autónoma de Chiapas, publicada en 2012, «la expansión de este cultivo acentúa las desigualdades sociales, degrada los recursos naturales, utiliza mucha energía fósil, impulsa la concentración de la tierra, debilita los sistemas locales de provisión de alimentos y reduce los márgenes del valor generado en la cadena agroalimentaria para los pequeños productores». 

El enamoramiento

La Secretaría de Agricultura del Gobierno de México señala que el país tiene sembradas 90 118 hectáreas. Eso reportan las cifras hasta el 2016. Pero con esa superficie solo se cubre el 61 % de la demanda nacional de aceite de palma —aceite comestible y biodiesel— y el resto se tiene comprar de otros países como Guatemala, Colombia y Costa Rica, principalmente.

El gobierno mexicano no está dispuesto a seguir importando y por eso se ha trazado una meta ambiciosa: incrementar en un 50 % la producción de palma aceitera de cara al 2030.

La Secretaría del Campo de Chiapas estima que en ese Estado hay unas 64 000 hectáreas sembradas, lo que representa alrededor del 70 % de toda la palma que posee hoy México. 

Por eso el potencial de Chiapas ocupa un lugar central en la Planeación Agrícola Nacional de México 2017—2030. En este documento, el Estado de Chiapas es considerado estratégico porque se busca incrementar sus plantaciones hasta alcanzar 1 219 000 hectáreas sembradas.

Pero para alcanzar esta meta necesitan disponer de las tierras del sector rural. Por eso el enamoramiento, como le llaman los investigadores a la etapa de convencimiento, es fundamental.

Las autoridades y empresas que introdujeron el cultivo de la palma africana se encargaron desde el inicio de sembrar la promesa de una mejora económica. Algunos comuneros recuerdan que les hablaron de jugosos pagos puntuales cada quincena.

Ahí fueron convenciendo a la gente diciendo que iban a vender cada 15 días y cuando les llegaron a ofrecer les daban apoyo para sembrar y limpiar sus predios. Fue simplemente para convencer a la gente. Luego dejó de existir eso”, contó Federico Méndez. 

El profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, León Enrique Ávila, con amplia trayectoria en el estudio del fenómeno social de la palma africana en la región, identificó «al enamoramiento» como uno de los pasos utilizados por las empresas procesadoras dentro de su estrategia de convencimiento.

Para Ávila es una etapa en la que las partes interesadas se introducen en las comunidades para convencer a las personas de que se muden a la actividad agroindustrial.

Feliciano Arcos, comunero originario de la comunidad Las Vegas, en el municipio Salto de Agua, cuenta que las empresas les ofrecieron un panorama en el que los comuneros recibirían todos los insumos necesarios y, después de dos años de la siembra, comenzarían a cosechar y vender su producto cada quincena, recibiendo una paga sustancial.

“Fue simplemente para convencer a la gente. Luego dejó de existir eso. Pero mucha gente se convenció y comenzaron a sembrar desde dos o tres hectáreas”, recuerda Arcos.

En un reportaje publicado por Mongabay Latam en 2018 sobre la expansión de la palma aceitera en la región sur de la Selva Lacandona, el entonces director de Producción Hortofrutícola y Agroindustrial, Onorato Olarte, dijo que las plantaciones de este cultivo no afectan terrenos selváticos debido a que utilizan potreros u otros predios ya deforestados. 

“La estrategia de fomento a la palmicultura está basada en la no tala de selva para apertura de nuevas plantaciones”, afirmó la entrevista.

Sin embargo, Antonio Castellanos, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en el estudio de la palma africana en Chiapas, explicó en una entrevista a un medio local que la introducción de la palma en esta región mexicana no ha sido bien regulado.

“El gobierno afirma eso pero el proceso de crecimiento ha sido poco regulado. Ha habido varios tipos de cambio de suelo hacia la palma, incluyendo en selvas y acahuales (predios con selvas jóvenes). Pero también ha habido deforestación. El problema ha sido una regulación escasa en ese sentido”, declaró el especialista al medio mexicano. 

El desamor

En la “etapa de enamoramiento” no se le dijo a la población que el precio de su producto depende de la cifra que arroje la Bolsa de Rotterdam sobre el precio de la tonelada de aceite de palma.

“En ciertos momentos de enamoramiento tiene el precio muy alto y eso va encantando a los productores, pero como todo ciclo económico, duran dos o tres años. De 2014 a la fecha bajó el precio dramáticamente y eso ocasionó que existiera hasta hambre en la región”, señaló León Enrique Ávila.

A los productores tampoco les dijeron que los insumos que les estaban otorgando, se descontarían de sus pagos, por lo tanto, si las noticias desde Rotterdam no eran buenas, podría ocurrir que esos pagos quincenales se hicieran humo.

“La empresa les da fertilizantes, herramientas, muchas cosas pero la empresa lo va descontando a la hora que llegan los productores a pesarlo directamente a la fábrica”, dijo Ávila.

Una de las empresas con mayor presencia en esa región de Chiapas es Palma Tica de México. Según la organización Otros Mundos, el mecanismo de esta extractora para obtener materia prima consiste en ofrecerle las plantas a los productores a crédito y bajo la condición de que el productor solo entregue su producto a esa empresa.

Mongabay Latam contactó a Palma Tica para tener su versión frente a las denuncias de las comunidades maya de Chiapas, pero a pesar que señalaron que responderían por correo a nuestra solicitud de entrevista, hasta el cierre de este artículo no hubo comunicación alguna. 

Ávila, con años de recorrido en la región, compara la dinámica de la palma establecida entre industriales y productores con la de las “tiendas de raya” de mediados del siglo pasado, cuando los campesinos estaban a merced de sus patrones y no tenían otra salida que comprar sus alimentos en las mismas tiendas que estos administraban. Si en algún momento al obrero o campesino no le alcanzaba el dinero, entonces la «tienda de raya» le brindaba un crédito que lo ataba por muchos años.

En este caso —explicó el especialista— es una “tienda de raya” que opera en terreno con representantes de los gobiernos y las empresas.

“Les garantizan los suministros y así los van fregando. ¿Cómo llega la palma a una comunidad? Es toda una negociación, la intersección del gobierno y las presidencias municipales, que se han convertido en promotoras de este modelo en muchas zonas, y son los que hablan directamente sobre las grandes ventajas de sembrar palma”, explica el experto. 

El académico señala que en la región existen hoy movimientos que se resisten a la proliferación de la palma africana y uno de ellos es liderado por la iglesia católica, en concreto, por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que ha jugado un papel importante en la pacificación de las regiones indígenas de Chiapas desde 1994.

“La teología india, impulsada por la iglesia católica en la zona, que permite procesos de reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza”, señala Ávila.

El hermano religioso Joaquín Mnich, misionero de la Parroquia de Salto de Agua, es una de las personas que hacen el trabajo al que se refiere el investigador. Según Mnich, “hay comunidades que cambiaron el cultivo de maíz y frijol por la siembra de la palma africana y, de esta manera, faltan actividades propias de la producción de sus alimentos para el autoconsumo y eso hace a la vez que estos productos sean más caros”.

Mnich sostiene que la gente de las comunidades maya no entienden las consecuencias de la actividad que están desarrollando. “Lo que sí se sabe y está comprobado es que la palma destruye la madre tierra y para recuperarla es muy tardado y lento”, dijo el religioso.

Feliciano Arcos se pregunta: “¿Qué va a comer la gente que destinó sus tierras al cultivo de la palma?”. El comunero se refiere a las personas que disfrutaron de algunos años de bonanza y que hoy ven cómo sus ingresos han disminuido sacrificando, en el camino, las bondades de sus tierras.

A más de 20 años del inicio de la siembra en la región, el balance por la llegada masiva del cultivo de la palma africana comienza a ser negativo, como lo señalan algunas investigaciones, porque no está dando los resultados prometidos.

Un estudio sobre la palma africana en Chiapas y los escenarios en el uso del suelo, elaborado por la investigadora alemana Birgit Wiedersatz en el 2012, identificó por ejemplo que el cultivo de la palma aceitera es “la mayor causa de deforestación” en esa región de México, porque abarca enormes extensiones. También señaló la experta que la palma ocasiona “la degradación y erosión del suelo”.

En el estudio de Wiedersatz, Salto de Agua fue colocado dentro de una zona productiva de palma africana que en el 2010 abarcaba 2200 kilómetros cuadrados y que se proyectaba a crecer en un 5 % anual. Con este pronóstico —basado en un modelo científico que estudia el cambio climático y el comportamiento de los cultivos en la región— se calculó que en el 2020 el crecimiento de la palma africana afectaría “el estado de la soberanía alimentaria del maíz”, reduciéndolo a un nivel muy bajo y generando un impacto en los ecosistemas forestales y la selva húmeda primaria.

Es un panorama que en el terreno ya se comienza a vivir. “Ahorita tienen la misma vida los que sí [sembraron palma] y los que no la sembraron, pero los que no, tienen reserva, tienen donde sembrar, tener leña. Los que sí, están comprando leña y alimentos. Cuando ya no lo va a poder trabajar, a ver qué van a hacer. El suelo ya se desechó, la humedad la aprovechó la palma”, dijo Arcos.

Los que no sembraron —dijo el comunero Méndez— son en su mayoría las personas mayores que viven en ejidos antiguos, es decir, los que ya estaban antes de la revuelta de 1994, y tienen su subsistencia asegurada por medio de sus propias cosechas. El dinero no es vital.

En cambio, los que sí sembraron, son personas más jóvenes que, de acuerdo con el estudio de Otros Mundos, entraron en “la llamada reconversión productiva que implica eliminar la soberanía alimentaria”.

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Vídeo: Mongabay Latam.

Fotos: Rodrigo Soberanes y Moises Zuñiga

  • Foto 1: En los paisajes de la llamada Ruta Maya se ven con frecuencia a trabajadores acopiando sus cosechas de coco de palma africana. 
  • Foto 2: El fruto de la palma de aceite es acopiado en un predio del municipio de Salto de Agua, en la orilla de una carretera.
  • Foto 3: Federico Méndez y Feliciano arcos caminan en la carretera mostrando señalando los predios donde se cultiva la palma africana.
  • Foto 4: Muchos parajes de la ruta maya donde había suelo pantanoso ahora hay palma africana.
  • Foto 5: Las poblaciones del ejido Boca Chajul conviven con la palma africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
  • Foto 6: Pobladores de Salto de Agua aprovechan todas las superficies posibles para sembrar palma africana, incluso al lado de sus casas.


Más información: 

Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias 

[AUDIO] Antonio Castellanos: «Ha habido deforestación» por siembra de palma africana en Chiapas 

La palma africana avanza en la selva de México

EL ESCARAMUJO 01: LA PALMA AFRICANA EN MÉXICO (I y II)