AMLO, La minería no es sustentable

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 20 de agosto de 2019

Sr. presidente, el Modelo Extractivo Minero por definición no es sustentable, toda vez que se trata de una actividad extractiva que se basa fundamentalmente en el uso de insumos NO RENOVABLES. Si a ello le agregamos que toda actividad minera por si misma genera daños ambientales y a la salud por la lógica de su implementación operativa, tenemos entonces una combinación maquiavélica y perversa, porque los daños son descomunales. Por ello, parte del procedimiento legal debe estar sustentado en una Manifestación de IMPACTO Ambiental. Sumemos a esto que, prácticamente desde hace medio siglo, la minería dio un salto cuántico con el uso de técnicas y tecnologías capaces de movilizar en pocas horas miles y miles de toneladas de rocas que en conjunto significan cerros enteros, a tal grado que sólo en este periodo de 50 años ya se han extraído poco más del doble de la cantidad de metales que se extrajeron desde la llegada de la corona española a México. 

En este proceso se modificaron las técnicas de extracción y empezaron a implementarse las técnicas A CIELO ABIERTO Y LA DE TUMBE Y RELLENO, mismas que se vieron en la necesidad de extender sus áreas de extracción para poder tener espacio suficiente para lograr procesar la descomunal cantidad de material removido y extraer los metales de su interés con la ayuda de sustancias químicas como el cianuro de sodio o el ácido sulfúrico y otras sustancias ácidas, que ocasionó modificaciones en las leyes mexicanas y ya tiene tiempo que se crearon las NOM para establecer criterios y procedimientos para, a partir de ello, establecer en la ley que la minería tiene UN CARÁCTER TÓXICO. Por lo tanto, debe tener procedimientos de actuación y estar supervisada y vigilada porque potencialmente, como ya lo sabemos, son bombas de tiempo. Si tomamos en cuenta estos aspectos, no hay forma que nadie pueda sostener de manera real, coherente y científica que hay minería verde, sustentable, amigable con el ambiente. Luego entonces quienes promueven ese discurso de matices y maquillajes son los mismos de siempre, las multinacionales que utilizan a la ONU y otras instancias para mentir y seguir engañándonos, al igual que a usted, con que el progreso y desarrollo minero es el camino de los pueblos.

Toda la actividad minera contamina, pero el uso de las nuevas técnicas ha hecho que la contaminación alcance realmente niveles irracionales, entre los cuales, la técnica a Cielo Abierto es esencialmente la más depredadora del medio ambiente. Su elevadísimo consumo de agua, la contaminación de la misma y los millones de toneladas de desechos, terreros, jales, despolves plagados con metales pesados tóxicos y partículas de tamaño PM 10 y 2,5 literalmente expuestas al aire libre, son algunos de sus componentes que generan daños cotidianos, permanentemente e irreversibles, de tal tamaño y tan obvio que a simple vista se pueden discernir cómo es que no hay voluntad política para detener la minería.

Los datos en el mundo son contundentes:

  • a. Es el megaproyecto que más destruye suelos, bosques, selvas, y, en consecuencia, provoca afectaciones sociales en todos los sentidos (destrucción del tejido social, daños de severos a graves e irreversibles a la salud, desarticulación familiar por muertes, etc.);
  • b. También es el megaproyecto que más impacto induce contra los derechos humanos, a la vivienda, a la alimentación, al paisaje, a la cultura, porque en si mismo SU FIN ES EL DESPOJO y el despojo de territorios es tan brutal, que no se puede mirar el destrozo sin apelar a la mínima consciencia;
  • c. Mariano Abarca o Bernardo Vázquez son una muestra de cientos de asesinados por resistir a tal despojo, a tal grado que llenan la geografía del país y de América Latina. Asesinatos que, por cierto, están en total impunidad;
  • d. Es el megaproyecto extractivo que mayor acumulación de riqueza para sí mismo genera, y al mismo tiempo que es un mito la generación de muchos empleos, porque en su fórmula nunca cuentan, entre otros factores, los empleos que desplaza, lo cual es el otro componente central de la actividad minera EL DESPLAZAMIENTO FORZADO;
  • e. Las concesiones mineras que ha entregado el gobierno mexicano están comprometidas en los Tratados de Libre Comercio para asegurar la ganancia y el extractivismo de las empresas mineras a tal grado que, de amenazar su actividad, demandan a los gobiernos con millones de dólares por impedir su actividad altamente lucrativa a expensas de los pueblos y del medio ambiente, tal como ya sucede en México https://movimientom4.org/2019/06/informe-casino-del-extractivismo-las-empresas-mineras-apuestan-con-la-vida-y-la- soberania-de-america-latina-usando-el-arbitraje-supranacional/, de tal manera que, se le agradece que desde su posición no se entreguen más concesiones, lo cual esperamos obedezca y cumpla el titular del sector;
  • f. Es también una actividad extractiva que no asume, ni siquiera sus ridículos procesos creados por ellos mismos relacionados con la responsabilidad social corporativa, los principios rectores empresariales, el código para el buen uso del cianuro, etc., etc., por lo tanto, nunca cumple los costos sociales y ambientales que ellos mismos establecen en la MIA y en los convenios que firman con comunidades. Ni que decir de evasión o desviación o la omisión de los pagos hacendarios/impuestos que realmente corresponderían a sus ganancias y, sobre el pago del impuesto minero a municipios, que ahora se propone sea directo a comunidades, la verdad es que no tiene caso ni opinar al respecto, porque es notorio el desconocimiento de lo que ello significa. No respetan ni las débiles leyes mexicanas, ni las directrices internacionales, ni los convenios con las comunidades que, engañadas firman la depredación de la tierra;
  • g. La ley minera que tenemos es un símil que Canadá impuso en toda América Latina, con lo cual le queremos decir, que de ninguna manera es cierto que en Canadá y en Estados Unidos la minería es cumplida, amigable y sustentable, sino todo lo contrario, de ahí mismo es donde viene lo que se implementa en México y en América Latina. Por lo tanto, no sabemos quién le informa e influye en su postura totalmente errónea a lo que realmente sucede, aunque sospechamos que Gómez Urrutia podría ser uno de ellos o los responsables del sector, en especial el Sr Quiroga que sabemos es un exdirector de empresas mineras, por ende, un promovente que le interesa el sector, pero en lo más mínimo los daños que ocasiona, y por ello va a cenar con los empresarios mineros, pero es incapaz de atender a los pueblos afectados por las empresas. De hecho, es lamentable el nivel de injerencia del gobierno canadiense en ese tema y en particular el papel y rol que juega la embajada canadiense en México, que sale a celebrar la inversión minera en una de las zonas de mayor violencia del mundo como sucede en el estado de Guerrero, al mismo tiempo que el gobierno canadienses emite alertas para que los turistas canadienses no visiten Guerrero, más racismo de este tipo no se puede permitir, menos aun seguir generando una opinión de que la minería en México debe seguir el buen comportamiento de la canadiense o estadunidense, porque es totalmente falso. 

Para nosotros como REMA, es mejor exhortarlo a que revise meticulosamente todo esto que le mencionamos, porque se trata de 11 años de narrativa, de vivencias en las comunidades, de apoyos académicos, de procesos de análisis e informativos de medios de comunicación, del intercambio de experiencias nacionales e internacionales, de atrevernos a demandar al gobierno canadiense porque sabemos que tenemos la razón jurídica, de pelearnos contra el despojo y el desplazamiento del mal llamado progreso y desarrollo minero. Todo esto NOS HA ENSEÑADO A DERRIBAR LOS MITOS DE LA MINERÍA CANADIENSE, aceptar lo anterior es una prioridad para usted señor Presidente, porque de verdad si no lo hace, nos quedará un amargo sabor de boca porque pareciera que entonces, también quiere engañar a las comunidades y al conjunto de la sociedad tratando de convencer que la actividad minera es “compatible con el medio ambiente” y que además aporta a la economía del país y dan fuentes de empleo. Este Modelo Extractivo no es verde, no es sustentable, no es responsable, ni aporta al desarrollo del país. Nuestro campo, los pueblos originarios, la gran y prodigiosa diversidad de la naturaleza que tenemos, la fuerza del pueblo de México que ha aguantado el saqueo hasta el cansancio, es lo que tenemos para hacer crecer y cambiar al país, es lo que suponemos debe ser el fondo de la 4T, porque si seguimos en la retórica de la mentira, pero dicho desde la legitimidad que usted se ganó en el proceso electoral, entonces la 4T no es real, sino una idea suya, para usted y para los de siempre.

Desde antes de que asumiera la responsabilidad de ser Presidente le enviamos un comunicado en donde le pedíamos algunos guiños de que somos escuchados, que, para comenzar, cancelara todas las concesiones que son miles, en dónde no hay un sólo proyecto operando, como bien usted señala, sólo favorece la especulación y el engordamiento de vividores en la bolsa de valores, la venta ilegal de concesiones entre quienes las poseen y que debería ser penado con la cárcel en México porque el país no las vende y otros hacen riqueza de la insuficiencia legal que hay al respecto. Habría que solucionar primero el desastre ambiental del Grupo México en el Río Sonora, pero NO DESDE EL ACUERDO CON UN EMPRESARIO que se ha ganado desde hace años el pleno derecho de estar en la cárcel por la cantidad de personas y de miseria que han generado sus múltiples proyectos mineros que tiene en el país y en otros países, sino desde hacer valer el estado de derecho. Por qué negociar con un hampón como el Sr Larrea y continuar sumiso a su negocio. Por otra parte, celebramos la postura adquirida para el rescate de los compañeros del desastre de Pasta de Conchos, al igual que celebramos deje fuera al Senador Gómez Urrutia y al Sr Larrea célebres coparticipes del abandono y no rescate de los 63 trabajadores, porque por lo menos es una luz para que por fin, ellos y sus familias descansen de este terrible agravio en donde el desprecio a la vida se volvió política pública. Le pedimos también sume a su mirada sobre la problemática minera a quienes han sido asesinados por defender la vida y el territorio, porque sus asesinatos son prácticamente carpetas de investigación, folders archivados, familias que se niegan a la impunidad y continúan persiguiendo a la justicia. Bernardo Vázquez, Mariano Abarca, Bety Cariño, Ismael Solorio y su esposa Manuela Ortiz, son algunos de los vacíos del corazón que cargamos por una política basada en el desastre y la violencia, que viven pueblos enteros y que todo ello empeora de manera significativa en aquellos que le dijeron sí a la minería como Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, como en Salaverna, Mazapil, la Colorada y Chalchihuites en Zacatecas, como también sucedió en Cerro San Pedro de San Luis Potosí. Cada pueblo minero de estos y muchos más que por falta de espacio no mencionamos, han sido una parte fundamental de nuestro aprendizaje porque nos han proporcionado los elementos necesarios para construir y tener la total convicción de ser férreos opositores a ese tipo de progreso y desarrollo. No queremos más violencia del Estado para quienes resisten por la vida y luchan en contra del despojo y del desplazamiento forzado. Basta de persecución por parte del Estado en Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, en prácticamente todo el país. No nos parece ni correcto que usted Sr. presidente, establezca agenda con dichos falsos sobre una minería sustentable que no existe ni en México, ni en Canadá, ni en China, y que su regulación y “la buena dirección” de Gómez Urrutia la meterá al orden laboral, porque sabemos como abandona a sus trabajadores gremiales. Tampoco nos parece justo que no escuche, ni hable, ni reciba a las resistencias contra las mineras, pero si convocar a empresarios para “regañarlos” y decirles que se porten bien y que no nos abandonen porque necesitamos sus empleos. Eso es totalmente incongruente con alguien que dice quiere transformar al país. Discutir la problemática minera para nosotros no pasa por un espacio de participación amplio, sino por terminar con las asimetrías y entonces sí darle forma y fondo a un proceso crítico y serio sobre la problemática que existe en torno a la industria minera, como sucede ahora con el INPI: creando consultas amañadas, falsas y sin contenido; entonces da igual y políticamente seguiremos como ya estamos en transiciones de oropel, mientras la gente y los ecosistemas mueren.

Su discurso en torno al respeto al medio ambiente, al combate al cambio climático, al desarrollo sustentable, entre otros “slogans” que posicionó durante su campaña y que continúa mencionando, por cierto con menos enjundia ahora que ya gobierna, no son congruentes con la práctica de las acciones que ya suceden, por lo que, NOS NEGAMOS A RECONOCER SU PALABRA, SI ESTA CONTINÚA OFRECIÉNDOLE APOYO A UNA ACTIVIDAD QUE ESTÁ MATANDO AL PUEBLO DE MÉXICO, a sus bosques, a sus recursos hídricos, a sus suelos y a su soberanía alimentaria.

Nos parece bien que al parecer ya no entregará más concesiones mineras, pero qué hará usted con las existentes que son miles, porque cada que inicia la operación de alguna de ellas daña, no una, sino varias comunidades, varios ríos, varios ecosistemas. Cancelarlas de forma definitiva y de forma permanente es el inicio para resolver los conflictos actuales; penalizar a aquellos dueños de las empresas que han violentado leyes, violado derechos y actuado de forma violenta contra los opositores a dicha actividad es una plataforma urgente para que las empresas empiecen a sentirse que no son más poderosas que el gobierno, ni que el pueblo de México. Eliminar la actividad extractiva a cielo abierto y de tumbe y relleno es una urgente necesidad, porque sólo de esa manera se provocará la transición y el impulso a otras formas de producción y consumo que debemos restituir, reconstruir y reafirmar entre todas y todos. 

Sr. Presidente Andrés Manuel, como se dará cuenta, el tema minero ofrece una amplia gama de problemas que simplemente usted no observa y que, de hecho, acá ni siquiera alcanzamos a mencionarlas porque aun hay más tela de donde seguir cuestionando sobre los por qué luchamos para que no haya minería en México. No faltará quien salga al quite diciendo que necesitamos una Ley Minera moderna e incluyente, así como esperemos que, si nos lee, no salga con la retórica de que somos ingenuos al tema por querer expulsar de México una actividad loable y noble, porque si así lo piensa, le adelantamos que DE FACTO ATACARÁ A PAÍSES Y PROVINCIAS DE OTROS PAÍSES QUE YA HAN PROHIBIDO ESA ACTIVIDAD. Le podemos garantizar que nos podrán seguir criticando por mil cosas, pero no de ser ingenuos o que nos pongan la etiqueta de activistas radicales sin fundamentos ni legales, ni científicos, porque en lo que usted planea el rumbo, nosotros ya hemos pasado por la embajada de Canadá, por la ciencia, por los pueblos, por las empresas, por las leyes, por los trabajadores, por el agua contaminada, por miles de enfermos y, de todo ello hemos aprendido mucho para cuando llegue el momento, poner en ridículo a los dueños y empresarios mineros, lo que haremos cuando existan y se garanticen la igualdad de condiciones, cuando sean ellos quienes den la cara y no envíen a sus gerentes y no sea bajo su asimetría de dinero, la violencia y los políticos afines a ellos.

Usted ha creado una expectativa muy alta de credibilidad en este país la cual, por supuesto ya necesitábamos, pero por la forma en la que de repente hace uso de la palabra, nos preguntamos si sus operadores son tan inútiles que no pueden pasarle una ficha de verdad y no llena de mentiras. Es distinto que usted diga que no le importa si en el país opera una minería rapaz, a que diga que exhorta a que tengamos una minería verde y linda como en Canadá, porque sobre esta última frase, no hay forma que logre encontrar elementos ni técnicos, ni científicos, ni razonables, ni sustentables, ni epistemológicos sociales, por lo tanto, es una gran mentira y, en esas circunstancias no sólo se engaña a sí mismo, sino también al pueblo de México, ese pueblo que hoy le da toda la mano de la credibilidad. Aún es tiempo, no lapide su principal fuerza basada en el apoyo social que ostenta al pretender vender la imagen de una actividad que está matando al planeta como si fuera una actividad sustentable.

¡TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS  Y AFECTADOS POR LA MINERÍA REMA

Imagen: Mina Carrizalillo – trabajo movil

Más información:

Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional

Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas?

Carta al Gobernador de Guanajuato sobre Presa El Zapotillo

Compartimos la siguiente carta dirigida al Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. La carta va suscrita por un total de 25 organizaciones, colectivos y redes del Estado de Guanajuato – A 7 de agosto 2019  >>Descargar carta en pdf<<


León, Guanajuato, a 07 de agosto del 2019

C. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato

P R E S E N T E

Durante la última semana hemos seguido con atención sus declaraciones con relación a la Presa El Zapotillo y a la visita del titular de la SEMARNAT al pueblo de Temacapulín, Jalisco. Al respecto, deseamos compartirle nuestras consideraciones.

El encuentro del pasado martes 30 de julio en los Altos de Jalisco fue histórico. En más de 10 años de resistencia contra la amenaza de la Presa El Zapotillo, ni Temacapulín, ni Acasico, ni Palmarejo habían sido visitados por un funcionario de alto nivel. La cuestión no es menor si consideramos que los gobiernos de los Presidentes Calderón y Peña Nieto, así como los de Guanajuato y Jalisco han pretendido llevar adelante un proyecto que, de realizarse, tendría profundas implicaciones para estas poblaciones y para el equilibrio ecológico de la región.

Sin embargo, al referirse a este episodio -que hace parte de una lucha más amplia por sobrevivir- Usted ha preferido descalificar. Ha descalificado lo mismo a Toledo que a quienes defendemos los derechos humanos, el territorio y el medio ambiente y, sin pudor, descalifica también a las comunidades de los Altos de Jalisco que se niegan a desaparecer.

Usted ha dicho que las declaraciones de este ministro -que demostró tener sensibilidad hacia las legítimas reivindicaciones de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo- fueron desafortunadas “porque le faltan datos técnicos del proyecto”. Debe saber que desaprobamos sus comentarios hacia el Dr. Víctor Toledo, probablemente uno de los secretarios mejor formados que ha tenido la SEMARNAT en las últimas décadas.

Por si no lo ha notado, sus declaraciones son contradictorias. Por un lado afirma que el debate sobre El Zapotillo debe ser sólo de carácter técnico y no político pues eso es lo que ha atrasado el proyecto; sin embargo, enseguida apela al Acuerdo de Entendimiento relativo al Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde que recientemente firmó con el gobernador de Jalisco, acuerdo político que no existía en el pasado reciente y en el que, en definitiva, Usted finca sus expectativas. Nosotros le decimos, en cambio, que la cuestión es fundamentalmente política pues tiene que ver con la supervivencia de nuestros pueblos hermanos de los Altos de Jalisco, con nuestros bienes naturales y con la viabilidad de la ciudad de León a largo plazo.

Al referirse a la participación de los “activistas” en las recientes “protestas”, está Usted muy mal informado o no nos reconoce como ciudadanos guanajuatenses pues habla sólo de un “grupo reducido” de Jalisco. Como si fuéramos despreciables enemigos de Guanajuato cuando nuestra pretensión es ser el equilibrio y la contención que no existe hoy en las instituciones de nuestro Estado frente al poder desbocado que Usted representa. En este sentido, se equivoca de manera colosal pues quienes acudimos al llamado de Temacapulín, Acasico y Palmarejo el pasado 30 de julio, representamos pueblos, comunidades y organizaciones del Bajío guanajuatense y del territorio de la Cuenca de la Independencia.

No omitimos señalar que entre el numeroso contingente que acudió a Temacapulín el pasado 30 de julio, había académicos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) quienes afirman, con base en sus investigaciones, que además de inviable, la Presa El Zapotillo resultaría ineficiente en comparación con las alternativas existentes pues su aporte sería considerablemente menor a lo que se podría lograr con una Gestión Integral del Agua, tanto en la ciudad de Guadalajara como en la de León.

Durante los últimos ocho días, no contento con desacreditar al profesor Toledo, así como a las y los defensores del agua, Usted arreció contra los afectados por la Presa El Zapotillo. Con una lógica maquiavélica (nunca mejor dicho), opone y minimiza los derechos de los pobladores de Temacapulíun, Acasico y Palmarejo porque son menos que quienes residen en León. Los intereses de 1,800,000 leoneses contra los de 500 alteños. Creemos firmemente que este discurso es inapropiado en el contexto de un estado democrático de derecho como el que Usted presume gobernar en Guanajuato (aunque la realidad estatal en las áreas de seguridad, corrupción e impunidad contrasten con cualquier idea de estado de derecho). Usar el discurso del derecho humano al agua de los habitantes de León para colocar en segundo plano el derecho a la vida y a no ser desplazados de los alteños, resulta en una enorme falta de ética y sin ética, señor Sinhue, no se puede gobernar con decencia.

Consideramos que el pensamiento que anima sus declaraciones en torno al conflicto sobre la Presa El Zapotillo entraña una posición política protofascista que nos preocupa: beneficiaros vs afectados, muchos vs pocos, grupos de poder económico como aliados vs el interés general como oponente.

Con sus declaraciones y el rol que su gobierno juega en la gestión de este conflicto por el agua, Usted valida las relaciones de poder entre los diferentes grupos en nuestra sociedad, justificando, legitimando y priorizando –de manera soterrada- los valores e intereses de las «élites económicas» cuyas empresas despilfarran y contaminan impunemente el agua de todas y todos. Dos ejemplos actuales confirman lo anterior:

  • Proyecto City Center. En un contexto de escasez de agua, como el que Usted y su gobierno aseguran que existe en León, el SAPAL otorgó una factibilidad de servicio de agua a este proyecto inmobiliario por un total de 9.61 litros por segundo, es decir, 303,060,960 (TRESCIENTOS TRES MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA) litros de agua al año. Agua que Usted y el gobierno municipal de León aseguran que no tenemos.
  • Consejo Directivo de SAPAL. Compuesto de 17 consejeros, salvo tres representantes del Ayuntamiento, uno de la Federación de Trabajadores del Estado de Guanajuato (FTEG – CTM), uno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), otro de la Universidad Tecnológica de León (UTL) y uno más del Colegio de Ingenieros Civiles de León, A.C. (CICL), el resto de sus miembros, diez en total, representan los intereses de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de León (CANACO – SERVYTUR), la Cámara de la Industria de la Curtiduría (CICUR), la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), el Centro Patronal de León (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG), la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, A.C. (APIMEX). En este consejo directivo, la industria esta sobrerrepresentada en contraste con los usuarios domésticos quienes no tienen una sola representación.

En este sentido, lo que Usted no parece comprender es que la crisis del agua en León es una crisis de gestión y no una crisis de escasez. Este panorama, que se reproduce en el resto del Estado de Guanajuato, es la causa principal de la crisis del agua: la relación entre capital y poder político que, como en ninguna otra parte de la República, ha prosperado al amparo del modelo económico neoliberal que en este contexto entendemos como la promoción y protección desde las instituciones del Estado (su gobierno principalmente) de la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital. Desde este punto de vista, su agenda no es la del pueblo de Guanajuato y su gobierno no actúa en función de las demandas de la sociedad sino de acuerdo a la imposición de influyentes grupos de interés no sometidos al examen crítico de los ciudadanos.

Ante este panorama, nos parece importante que responda a las siguientes preguntas: (1) ¿Por qué una ciudad como León, ubicada en un valle rodeado de montañas y con los enormes recursos con los que cuenta, tiene que ejercer esa clase violencia estructural hacia tres poblados rurales en los Altos de Jalisco?; (2) ¿Por qué una ciudad como León, con uno de los PIB’s más altos del país, en cada temporada de lluvias se inunda y deja correr las aguas por su malecón sin que se realicen las inversiones necesarias en infraestructura para infiltrar el agua en el acuífero del Valle de León? (3) ¿Cuál es la racionalidad con la que SAPAL administra nuestra agua: la ecológica, la económica o la financiera? (4) Por qué no busca Usted la asesoría de verdaderos expertos del agua para empezar a diseñar políticas públicas para una gestión integral del agua en León y en el Estado? (5) Si la Presa El Zapotillo llegara a operar, tendría una vida útil de 20 o 25 años, qué otros poblados iremos a inundar a mediados del siglo XXI? Y, finalmente y desde su propia lógica de mayorías, ¿si en otras circunstancias León fuera Temacapulín e Iztapalapa, Ecatepec, Guadalajara, Puebla, Tijuana o Juárez fueran León y quisieran nuestra tierra o nuestra agua, debemos suponer que Usted las entregaría?

Señor gobernador, creemos firmemente que apoyar la construcción de la Presa El Zapotillo es un grave error que su gobierno no puede darse el lujo de cometer. Las advertencias de los grandes expertos mundiales señalan que nos queda poco tiempo para reaccionar frente al gravísimo fenómeno del cambio climático. En este contexto, los trasvases de agua de una cuenca a otra, como el que Usted apoya con el proyecto Presa El Zapotillo, están desaconsejados pues sólo profundizarían la crisis ambiental en curso.

Aun estamos a tiempo de recomponer el camino. La gestión del agua no puede ser una cuestión que sólo se discuta en el ámbito desde el punto de vista técnico y entre pequeños pero poderosos grupos de poder. El agua es un bien común y su gestión requiere de decisiones colectivas.

Respetuosamente.

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

¡AGUA PARA TODAS Y TODOS, AGUA PARA SIEMPRE! }

¡RÍOS LIBRES, PUEBLOS VIVOS!

Acción Colectiva Socioambiental, A.C. (León) Agenda Ambiental Irapuato (Irapuato) Ágora de Cultura Ambiental Guanajuato, A.C. (Irapuato) Asociación Ganadera Local – Especializada en Apicultura (Dolores Hidalgo) Caminos de Agua, A.C. (San Miguel de Allende) Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León) Ciudadanos Hartos (León) Colectivo 2 de Enero (León) Comunidades de Vida Cristiana (CVX – León) Comunidades en Lucha por el Agua y Vida Sana – CUVAPAS (San Diego de la Unión) Comunidades Unidas por la Vida y el Agua Pastoral Social – COENLAVIS (San Luis de la Paz) Cooperativa Verde Esperanza (San Luis de la Paz) Dejame Plantado, A.C. (León) El Charco del Ingenio, A.C. (San Miguel de Allende) Fundación Animare (León) Hermandad de la Cuenca de la Independencia (Norte de Guanajuato) Medio Ambiente y Calidad de Vida, A.C. (León) Movimiento Colibríes de Guanajuato (Guanajuato) Observatorio Ambiental Ciudadano Biosfera (Salamanca) Pastoral Campesina (Diocesis de Celaya) Plataforma Salvemos El Humedal (León) Red Alebrije, A.C. (León) Redes del Cubilete (Silao) Servicios Comunitarios Pozos Ademado, A.C. – SECOPA (San Diego de la Unión) Yólotl. Gestión Cultural (León)

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Foto: Presa El Zapotillo. Foto: Conagua

Más información: 

Ríos libres… Ríos para la vida ¡El NO a la presa Milpillas retumbó en toda la Sierra! 

[INFORME] Vidas borradas: La invisibilización de las víctimas del desplazamiento por presas en México 

Defensores y defensoras de Temacapulín responden a AMLO: #ZapotilloNoVa 

«La Revolución del agua»: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

[Reportaje] Derrame del Río Sonora: cinco años de horror

Compartimos este reportaje publicado en Píe de Página, a través de ChiapasParalelo – A 5 de agosto 2019

Cinco años después del derrame tóxico más grave en la historia de la minería en México, las comunidades afectadas continúan contaminadas y sin agua potable. Todo lo prometido por Grupo México ha sido hecho a medias. Mientras, Germán Larrea, el presidente de la corporación, sigue siendo el segundo hombre más rico del país

 

#AlianzadeMedios | Por Lydiette Carrión de Pie de Página

BACANUCHI, SONORA.- Ramón Aguirre Moiza era comisario ejidal de Bacanuchi en 2014, cuando ocurrió el desastre: 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado derramados por la mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Cuarenta millones de litros –el equivalente a 12 albercas olímpicas llenas– recorrieron más de 300 kilómetros y afectaron directamente siete municipios, hasta llegar a la presa El Molinito, en Hermosillo.

Aquel día, el 6 de agosto, Ramón Aguirre se hallaba fuera del pueblo, de visita con unos parientes, cuando un hermano le habló por teléfono:

–El agua viene mal.

Ramón regresó de inmediato. Usualmente el río era claro y limpio. Aquel día eran lodos cafés y naranjas. Los ejidatarios tomaron muestras a diversas alturas del caudal, se trasladaron a Hermosillo y de su dinero pagaron análisis de laboratorio.

El resultado fue “el esperado: agua envenenada de arsénico y metales pesados”, resume Aguirre. Estos son los únicos análisis completos que la comunidad de Bacanuchi tiene sobre la calidad del agua de su río. Aunque periódicamente vienen autoridades a medir la calidad del agua, jamás publican ni explican los resultados.

“Nunca hemos visto análisis completos”, refrenda Adalberto Vázquez López, el actual comisario, en entrevista aparte. “El Grupo México dice que no afectó, pero usted verá, no es así”.

El 6 de agosto de 2014, una presa de jales (así se les llama a las de deshechos mineros) derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Río Tinajas, afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora. Es el peor desastre en la historia de la minería en México

Edén deshonrado

En 2019 Ramón Aguirre ya no es comisariado ejidal de Bacanuchi. Cumplió 65 años. Ahora se dedica a su parcela; es el primer año que siembra después del derrame: un poco de maíz y alfalfa.

Bacanuchi está enclavado en un paisaje semidesértico. Pero el río obsequia tierras fértiles a lo largo de la ribera. Aquí, las parcelas son hermosas, el clima es húmedo y fresco, los árboles crecen a la orilla de los canales de riego; los cardos presumen su blanca flor entre los surcos.

Antes del derrame, los ejidatarios sembraban de todo: sandías, alfalfa, calabaza, milpa, frijol, sargazo. “Se vivía muy bien”, reconoce uno. Como toda zona fronteriza, los rancheros tienen vocación ganadera. Así que en Bacanuchi preparaban queso, leche y carne.

Después del 6 agosto de 2014, la cosecha de aquel año se tiró. Y en septiembre vino el remate: Minera México envió personal a levantar lo más obvio del derrame: las espumas naranjas. “Las colocaban en carretillas afuera de la ribera, para subirlos a camiones”, explica Aguirre.

En eso llegó la crecida. De esas que ocurren en los ríos del desierto: inesperadas y brutales. El río Bacanuchi se desbordó y arrojó sobre las parcelas todo el contenido de las carretillas.

“Los lodos llegaron hasta allá”, dice Aguirre, mientras señala el final de la parcela. Todo quedó sepultado en porquería.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) estimó al menos 2 mil 519 productores agropecuarios afectados, 5 mil 573 hectáreas agrícolas cultivadas dañadas y alrededor de 72 mil 755 cabezas de ganado bovino perjudicadas.

Fuente: Poder.

Cosechas perdidas

Nadie sembró en Bacanuchi durante dos años. Y hasta la fecha algunas parcelas siguen abandonadas. “No sólo no se podía sembrar”, explica Aguirre. Nadie compraba. “Si era de Bacanuchi, nadie te compraba, decían que estaba contaminado”.

El hombre sigue recorriendo el río casi todos los días. Lo conoce de memoria. Por eso sabe que los árboles que se inundan cuando crece el río ya están muriendo. Ahora nos encontramos en un tramo así. El agua corre muy poco, cristalina. El enorme álamo que bebe a la orilla amarillea.

–El agua está clara. ¿Usted cree que ya está limpio el río?

–Claro que no. Los metales están en el fondo. Siguen ahí, y a veces, con las crecidas [del río], la lluvia, salen.

Según Procuraduría Federal de Protección al ambiente, Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades, fue negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos. A pesar de ello, la dependencia impuso a Buenavista del Cobre una multa de apenas 23 millones de pesos, equivalente al 0.00016 % de los ingresos de la minera ese año. Fuente: Poder.

Consecuencias desconocidas

Este fenómeno lo explicarían más tarde algunos reporteros provenientes de Hermosillo, que han cubierto el desastre desde el día uno. Los metales, que en masa se diseminaron por el río, se asentaron a lo largo del río. Algunos viajaron cientos kilómetros, cada vez más diluidos, hasta llegar a la presa el Molinillo, en Hermosillo.

El Molinillo fue clausurado para uso humano y continúa así. Hasta la fecha no se usa esa presa para abastecer agua potable; aunque la leyenda urbana asegura que cuando hace mucha falta, las autoridades lo permiten. “Sólo usan agua somera, jamás del fondo de la presa”, dice con sorna un reportero.

Pero los metales se remueven y a veces afloran. Aguirre muestra su teléfono celular, un modelo viejito: muestra las fotografías borrosas. En una de ellas, los lodos naranjas se estancan en un brazo del río.

“Ésta la tomé en enero de este año. ¿Ve? Ahí sigue la porquería”.

El derrame de Grupo México afectó a más de 22 mil personas, en siete municipios en la cuenca del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.

Pero los daños podrían alcanzar hasta 1 millón de personas si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo. “Cinco años de impunidad”, informe de prensa grupo Poder.

La comunidad languidece

De 2014 a la fecha, la población de Bacanuchi se redujo a la mitad. Solían vivir ahí unas 400 personas, entre ejidatarios y avecindados. Ahora son alrededor de 200. En vacaciones todavía se duplica la cantidad: muchos originarios que residen habitualmente en Arizona, Estados Unidos, regresan.

“Aquí se vivía bien”, repiten muchos. Lo dice el señor Aguirre en su milpa. Lo asevera Lourdes Quiñones mientras prepara la comida en su cocina. Todos la llaman Yuli. Originaria de Sinaloa, vino a Bacanuchi con su esposo e hijos hace ya 13 años.

Anahí, una de las hijas de Yuly, es maestra de preescolar. Pero el próximo ciclo, no se abrirá su salón porque ya no hay niños en la comunidad. De los cuatro niños que debían pasar a preescolar sólo se quedarán dos en la comunidad. Los demás se han ido con sus mamás al otro lado.

Garrafones infinitos

Yuli prepara un plato de cerdo y maíz en caldo de frijol, muy sabroso, al que llaman “gallina colorada”. La cocina es amplia y de techos bajos; una construcción modular prefabricada, popular en Bacanuchi y herencia de Arizona. La mujer guisa, prepara café y naranjada con agua de garrafón. Porque el agua de la llave está limitada a la ducha (a veces les da comezón) y el quehacer.

Traen garrafones desde Cananea, a dos horas de camino. “¡Es un gasto que no teníamos! Y llevamos así cinco años”.

En 2015, comenzó a operar la purificadora de Bacanuchi. Pero la gente no le tiene confianza porque, explican, el agua “a veces sabe a centavo”. En abril de este 2019, por medio de las gestiones de vecinos, un grupo de la Iglesia Católica se instaló en el centro de Bacanuchi una pequeña purificadora de agua. La gente debe introducir monedas para llenar sus garrafones.

El Fideicomiso de Grupo México entregó a las familias afectadas 15 mil 350 pesos para compra de agua mientras se establecían las 36 plantas potabilizadoras (sólo abrieron 3). A cinco años del derrame, las familias de la región siguen comprando garrafones. El promedio de gasto de una familia en garrafones rebasa los 51 mil pesos en estos cinco años. Fuente: Poder

Sin derecho a la salud

Antes de derrame, había un pequeño centro de salud, atendido por un pasante de medicina. Tras la tragedia, Grupo México prometió construir una pequeña clínica para dar seguimiento a los problemas que se presenten. Pero nunca la construyó. Y ya ni hay médico pasante en el centro de salud; está cerrado desde hace dos años.

La señora Nora muestra fotografías desde una memoria vieja: su hijo, que entonces tenía unos 6 años, con los ojos enrojecidos; otras más: las uñas de los pies destruidas. Por caminar por el río aquel 2014.

La cantidad destinada por el fideicomiso para atender las afectaciones en salud fue poca: casi 8 millones de pesos. Sólo el 10 % del total del rubro en salud. El 90 % restante (71 millones de pesos) se gastó en “Acciones de atención y seguimiento médico en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS)”. De acuerdo con habitantes de Bacanuchi estos seguimientos sólo hacen biometrías hemáticas. Jamás han conocido el nivel de metales pesados en su sangre. Fuente: Poder y testimonios in situ.

Fideicomiso: voracidad sin fin

El 15 de septiembre de 2014, Grupo México firmó el contrato Fideicomiso Río Sonora. Y ahí se comprometió a aportar dos mil millones de pesos, del que saldrían las potabilizadoras prometidas, los tinacos, una clínica y apoyos directos a los afectados.

De las 36 potabilizadoras pactadas en septiembre de 2014, sólo se construyeron tres. Pero sí que se compraron tinacos a los que no llega el agua. Esos tinacos fueron adquiridos en la empresa de un primo de Germán Larrea, presidente de Grupo México.

El Fideicomiso destinó casi 185 millones de pesos para la compra e instalación de 10 mil tinacos, para supuestamente almacenar agua que llegaría de las potabilizadoras prometidas. Las potabilizadoras jamás se instalaron.

El dinero de los tinacos se distribuyó así:

  • ➢ El Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora AC: 150 millones de pesos.

  • ➢ El Colegio de Ingenieros Ambientales de México AC (institución fundada por Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Medio Ambiente y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso): 28 millones de pesos. La empresa Rotoplas, de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea Mota Velasco: 5 millones 502 mil.

    Fuente: Poder

Reparación del daño a discreción


“Les dieron dinero a puros familiares de políticos”, explica un habitante de Bacanuchi. “A gente que tiene su rancho en la sierra, bien lejos de aquí”, reclama.

En efecto, en 2015, la periodista Shaila Rosagel documentó en Sin Embargo, que alcaldes panistas y priistas de varios municipios de la cuenca recibieron elevados montos por parte del Fideicomiso.

Algunos, 100 mil pesos, otros 200 mil. Juanita Barrios, esposa del alcalde de Banamichi, casi un millón de pesos. Quizá no parezcan montos exagerados. “Pero a la gente más afectada les dieron a lo mucho 20 mil pesos”, explica otro habitante de Bacanuchi.

Otros beneficiarios “destacados” por el fideicomiso fueron el hermano y los primos del político priista Alfonso Elías Serrano, quienes en conjunto recibieron un millón de pesos, documenta Rosagel.

No se perforaron los 63 pozos prometidos, pero sí se gastaron 32 millones de pesos en publicidad. “Parte de este dinero fue para proyectar spots sobre la supuesta remediación del río en Cinemex, que es parte de Grupo México”. Poder.

El nuevo monstruo

Ninguna investigación ha revisado el daño por exposición y acumulación de metales en el cuerpo de personas y animales en la cuenca.

La organización no gubernamental Poder ha dado seguimiento al derrame desde el inicio. Apuesta por la autogestión, y ha buscado que los pobladores se organicen. Actualmente, los habitantes de los pueblos afectados están coordinados en 12 comités en seis municipios.

Uno de estos comités es el de Bacanuchi, que actualmente batalla contra un nuevo monstruo.

El histórico derrame ocurrió en agosto de 2014. En 2015, una nueva presa de desechos tóxicos 100 veces más grande arrancó operaciones. Ninguna autoridad detuvo el proyecto, y nadie informó a las comunidades que pueden ser afectadas.

Los caminos privados de Grupo México

El camino rumbo a Bacanuchi es de tierra y queda inservible en temporada de lluvias. La ciudad más cercana es Cananea; antes les quedaba a hora y media de distancia. Grupo México los despojó del camino. Alegó que era “propiedad privada” y ahora es utilizado para los trabajos de la nueva presa de jales. A Bacanuchi les dieron otra ruta. Ahora hacen hasta dos horas y media a Cananea.

Bajamos de las camionetas a un lado del camino, poco antes de entrar a “propiedad privada”. Esas tierras pertenecían al ejido 16 de septiembre. Por presiones y engaños vendieron. María Elena Bustamante señala la muralla de la presa: una monstruosidad que recuerda el muro del norte, de la serie Game of Thrones. María Elena señala: “Nos empezamos a dar cuenta de que construían la presa porque pasábamos por aquí”, explica. La mujer llora: es un monstruo. Si eso se derrama, se acaba Bacanuchi.

La mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, opera desde hace tres años una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México en el Río Sonora.

A la comunidad jamás se le informó nada. Se enteraron cuando la vieron operar, y porque les quitaron el camino. Así que con asesoría de Poder, interpusieron un amparo en 2015. El año pasado llegó hasta la Suprema Corte, quien determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debió respetar el derecho de los pobladores a participar y decidir si estaban de acuerdo con la ampliación de una presa de jales. Batalla legal

Las comunidades afectadas por Buenavista han interpuesto:

  • 13 demandas por el derrame de 2014.

  • 1 por la presa construida en 2015.

  • 8 por las Zonas de Desarrollo Económico.

  • 3 amparos ya no procedieron.

  • 4 se encuentran en la SCJN.

Daño acumulado

Ninguna investigación ha revisado el daño por exposición y acumulación de metales en el cuerpo de personas y animales en la cuenca. Y los derrames en Río Sonora existen desde que la zona es minera.

Juan Manuel Silva Rodríguez, en su ensayo “100 años de contaminación de la minería en ríos de Sonora 1908-2014”, explica que si bien el derrame de 2014 es considerado el peor desastre causado por la minería en un siglo, no es de lejos el único. Por el contrario, la contaminación del Río Sonora ha sido continua desde al menos 100 años.

Él explica cómo desde los años 1650 se explotaban minas a lo largo del Río Sonora. Y ya para el siglo XX, queda asentado cómo la mayor parte de las solicitudes de explotación de minas se concentra en la cuenca.

Pero hasta 1917 hay normas para prevenir la contaminación. Antes, los derrames de presas de jales no “eran nota” (esta expresión es mía).

El investigador narra cómo es que desde esos años hay registros de agricultores que presentan quejas ante el gobernador porque las minas estropean sus tierras debido al derrame de “jales” en el agua, que inundan sus campos.

Fotos: Foto 1 El derrame de ácido sulfúrico que tornó naranja al río Sonora, Agosto 2014 Crédito: Agencia Reforma. Fotos 2, 3 y 4 % años después del derrame Agosto 2019, Crédito: Lydiette Carrión

Más información:

[Artículo] ¿Quién es Grupo México y por qué ha logrado salir impune de los desastres mineros?

[VIDEOS] Informe Río Sonora: La omisión que quitó vida a miles

VIDEO: «Minas, Metales y Poderes», reportaje sobre el ecocidio generado por Grupo México en Sonora

[Artículo] Los dueños del pan: El lobby y los peligros del trigo transgénico

Compartimos la siguiente investigación sobre los peligros del trigo transgénico publicado en Avispa Midia – Julio 2019 


Por Darío Aranda- julio 28, 2019

Un reducido sector, con aval del Gobierno, impulsa el pan transgénico (y con agrotóxicos). Quiénes y cómo buscan aprobarlo. El factor Brasil. La interna empresaria. Y la voz de quienes reclaman: “No se metan con el pan”.

Un puñado de funcionarios. Una encumbrada científica del Conicet. Y medio centenar de empresarios. Ellos son los responsables de que 44 millones de argentinos estén a un paso de comer pan en base a trigo transgénico (y con restos de agrotóxicos), con consecuencias impredecibles en la salud y el ambiente. El macrismo lleva aprobados veinte transgénicos, de manera irregular, en tres años. Un verdadero experimento masivo a cielo abierto.

La principal estrella transgénica de Argentina es la soja, aprobada en 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Lo que sobrevino es historia conocida: uso masivo de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales y concentración de tierras en pocas manos. Fue un cambio radical en la estructura agraria del país. El “modelo transgénico” (llamado “agronegocio” por sus propios impulsores) avanzó luego en Argentina con otros dos cultivos: maíz y algodón. Se sabe que en Argentina el modelo agropecuario es política de Estado, sin importar los gobiernos de turno. Pero el macrismo dio un paso más: avanzó en la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, cultivo que en Argentina abarca 5,6 millones de hectáreas y es central para el pan, uno de los alimentos más populares del país.

El trigo transgénico no está impulsado por Monsanto-Bayer, ni Syngenta-ChemChina, ni Corteva (fusión de Dow y Dupont). Se trata de una empresa “nacional”, conformada por medio centenar de empresarios del agro, entre ellos los millonarios Hugo Sigman (presidente del Grupo Insud, con presencia en cuarenta países, desde laboratorios farmacéuticos hasta medios de comunicación), Gustavo Grobocopatel (el llamado “rey de la soja”) y Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, cámara que reúne a empresarios referentes del agronegocio e impulsores de los transgénicos en Argentina). 

Bioceres se presenta como “proveedor totalmente integrado de soluciones en productividad de cultivos” y publicita que cuenta con “alianzas estratégicas con líderes mundiales, tales como Syngenta, Valent Biosciences, Dow AgroSciences, Don Mario y TMG”. Sus ejes de negocios incluyen semillas de soja, maíz, alfalfa y trigo. En noviembre de 2018, la empresa Bioceres había presentado su “trigo HB4”. La publicidad corporativa celebró su “tolerancia a la sequía”.

Ya pasó el visto bueno del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la polémica Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). En Argentina, los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Conabia, dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las compañías o tienen conflictos de intereses. Para que los argentinos coman pan con trigo transgénico sólo resta un paso burocrático: la firma de la Secretaría de Mercados.

Ciencia de mercado

Raquel Chan es una investigadora conocida en el ámbito científico. Docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y el Conicet, tomó notoriedad pública cuando desarrolló una soja resistente a la sequía. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entonces (y actual) ministro de Ciencia, Lino Barañao, la mencionaban como ejemplo de la ciencia productiva para el país. “Este desarrollo significaría mayor producción de alimentos, con una población mundial que crece cada vez más”, afirmó Chan en 2012, en sintonía con el argumento central del agronegocio y la falsa necesidad de más alimentos para la humanidad, mientras en el país los precios suben y la comida escasea. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la felicitó: “Me siento muy orgullosa de formar parte de un gobierno y de un proyecto que ayude a que científicos argentinos puedan desarrollar estas aptitudes que le sirven a todo el mundo y que nos constituyen en un verdadero ejemplo”.

Lo que celebraban Chan, los funcionarios y empresarios era, para ellos, una buena noticia: más soja. Es decir, visto por las víctimas del agronegocio, más avance de la frontera agropecuaria, más desmontes, más agrotóxicos. Raquel Chan suele evadir la cuota de responsabilidad de los posibles impactos de su desarrollo.“Es algo que no va a depender de nosotros, va a depender de una decisión política. Estas cuestiones no dependen ni de nosotros ni de la empresa”, se excusó ante el diario El Litoral en 2012.

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Foto:Avispa Midia

Más información: 

Cambiar de sistema o enfrentar el colapso ecológico mundial 

El Escaramujo 79: LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

Informe: Treinta años de transgénicos en México

Zacatecas: Advierten que habrá desplazamiento forzado y pobreza por la Presa Milpillas

Compartimos el siguiente artículo publicado en La Jornada Zacatecas – Julio 2019 

Más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas

■ Endeudamientos y altos costos, entre los posibles riesgos adicionales

■ En todo el mundo, 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas: Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos y ecosistemas


 

POR MARTÍN CATALÁN LERMA – julio 24, 2019 

Detrás del discurso del Gobierno del Estado y sus dependencias sobre el desabastecimiento de agua en la zona conurbada de Zacatecas y la necesidad de construir la presa Milpillas, están las consecuencias que ese proyecto provocaría en las comunidades, entre ellas el desplazamiento forzado y la acentuación de la pobreza, afirmó Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos y ecosistemas en México, mismo que le fue otorgado por la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Infirmó que en todo el mundo, más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas, donde pueblos, ciudades y culturas quedaron sepultadas bajo el agua en el nombre del “desarrollo”.

En México, refirió que en ese tipo de proyectos es común observar que genera “más endeudamiento de los gobiernos, aumento en los costos de la construcción, prolongación de los tiempos de construcción, modificaciones a última hora de las especificaciones del proyecto como el aumento del tamaño de la cortina y más tierras inundadas; pero también asesinatos, divisiones comunitarias y familiares, pérdidas de cosechas, ríos que terminaron secos, corrupción y chantajes a las comunidades y a sus autoridades locales; desinformación o información sesgada, mentiras y contradicciones en la información, incursión con maquinaria pesada de manera ilegal, compras de tierras a alto costo para provocar avalancha de venta, presiones a ejidatarios y comuneros, ilegales actos de procesos agrarios, y pérdida de medios de vida de las poblaciones afectadas directa e indirectamente.

Aunado a ello, dijo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) actúan siempre a favor de los proyectos gubernamentales y empresariales, mientras que la Procuraduría Agraria manipula la información a los ejidatarios y comuneros e interviene de manera ilegal, no respeta las asambleas agrarias, se acusa a “intereses externos” cuando hay oposición, trata a la población como ignorante y se le desprecia su capacidad de decisión.

Castro Soto explicó que, de manera paralela, la estrategia de los gobiernos para imponer esos proyectos consiste en dar marcha a todo su aparato de convencimiento por medio de propaganda, asambleas y ofrecimiento de dinero a las autoridades ejidales, a la vez que se especula con el valor de la tierra, se contrata personal fuera de la región y de otros estados lo que no redunda en mayores empleos.

Por lo general, afirmó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prohíbe el uso del agua de las represas para los pueblos locales a los que no está destinado el agua, además que las especificaciones de la represa cambian, según intereses, según la fuerza de las resistencias sociales y los problemas que va presentando el proyecto.

Asimismo, expuso que en Zacatecas, la primera represa registrada por la Conagua se construyó en el año 1602. A lo largo de la historia se han construido en el estado 356 represas de todo tipo, tamaño y finalidad. Estas representan el 5.7 por ciento del total de represas construidas en el país desde el siglo 17 y es la quinta entidad de la República con mayor número de represas construidas, solo después de Tamaulipas, Jalisco, Durango y Chihuahua.

El especialista en represas y colaborador de Bertha Cáceres, ecologista asesinada, indicó que “esta nueva represa es una obra que el gobierno de Zacatecas quiere imponer a toda costa, ya que la autorización para construirla tiene una vigencia de 5 años a partir de que se otorgó el permiso en enero de 2017, por lo que en 2018 las presiones, intimidaciones y hasta amenazas de muerte sobre los actores que se oponen a ella registran una alta intensidad”.

Castro Soto refirió que en marzo de 2015, la Conagua, “una de las instituciones más corruptas del país”, presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en su Modalidad Regional denominado “Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el Municipio de Jiménez del Teul y Línea de Conducción para el abastecimiento d agua potable al Corredor Zacatecas-Fresnilllo”, de más de 540 páginas, que tuvo un costo de 16 millones 362 mil 98 pesos, mientras que la indemnización que se pretende para los propietarios de los terrenos es de sólo 750 mil pesos.

Respecto a las características del proyecto, explicó que en el Manifiesto de Impacto Ambiental se afirma que la región Fresnillo-Zacatecas concentra la mayor población del estado de Zacatecas, con una intensa actividad agrícola y sistemas riego que conllevó a la sobre explotación de los pozos, y que el objetivo, entonces, es crear una obra de abastecimiento de agua potable a toda esta región y evitar extraer agua del subsuelo y favorecer la recarga hidrológica.

“Suponen que en 50 años de vida útil de la presa, aunque se otorgó el permiso de operación por 60 años, serán suficientes para que se recarguen los pozos como si la extracción se eliminara con la represa. El manifiesto no presenta metodología ni fuentes para determinar el grado de sobreexplotación, además de que en muchos casos no existen los medidores para analizar esta tendencia; suponen erróneamente que bajará la extracción el agua de los pozos con este proyecto cuando 11 acuíferos están sobreexplotados y hay un déficit alto de disponibilidad de agua”, cuestionó.

Por el contrario, aseguró que el proyecto conllevará un aumento de la oferta de agua, de la actividad industrial y de servicios, por lo que lejos de bajar la explotación de los acuíferos, ésta se mantendrá igual o aumentará. Por tanto, no disminuirán los hundimientos ni los tandeos ni la contaminación de aguas freáticas.

Por último, Castro Soto señaló que el manifiesto de impacto ambiental expone que el municipio de Calera, si bien no tiene escases de agua, sí alimentaría al parque industrial y otras empresas que demandan mucha agua potable, incluyendo la compañía cervecera. Para el municipio de Sombrerete se ofrecerá agua a la producción agrícola y ganadera, y para Valparaíso, Morelos, Guadalupe, Enrique Estrada, Fresnillo y Zacatecas, para los sectores sociales y productivos.

Foto: Aspecto de la comunidad Milpillas, en Jiménez del Teul Crédito: LA JORNADA ZACATECAS

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[Línea del tiempo] Lucha por la vida y contra el Despojo por el proyecto Presa Milpillas 

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[Reportaje] ¿Es posible alcanzar la justicia en Canadá o en Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?

Compartimos el siguiente reportaje sobre algunos casas de defensa de los territorios de mineras canadienses publicado en Rights Action – A 23 de julio 2019 


Por Grahame Russell, 23 de julio de 2019

Cada cierto tiempo, la lucha de una comunidad en defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos logra romper con las barreras complejas y fortificadas de la criminalidad, impunidad, corrupción y el engaño de las corporaciones multi-nacionales y los gobiernos que las apoyan.

Las demandas en contra de Hudbay Minerals/CGN (Compañía Guatemalteca de Níquel) interpuestas en Canadá en 2010, y el juicio penal paralelo en contra de Mynor Padilla que se lleva en Guatemala desde 2015, son un ejemplo de este tipo de lucha.

Y aun si han pasado muchos años desde la comisión de estos crímenes vinculados a la Hudbay Minerals y CGN, ambos luchas siguen avanzando.

Lo que está en cuestión en estas luchas – represión causada por la minería (un asesinato, un atentado con disparos que causó parálisis, violaciones sexuales); desalojos forzosos con amplia destrucción; corrupción y colusión con gobiernos, fuerzas de seguridad privadas, policías y fuerzas armadas – son parecidos a tantos otros casos de criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos que se vienen produciendo en Guatemala y a través del mundo.

Por varios razones generales y particulares – desde el valor, la dignidad y la fortaleza de las víctimas-querellantes Maya-Q’eqchi’, hasta la astucia, pasión y compromiso de los abogados en Canadá y Guatemala –, estos juicios en Canadá y Guatemala han superado, hasta ahora, todos los obstáculos legales, políticos y tácticos, y se están llevando adelante.

Aunque podría demorar años más, un eventual juicio en Canadá y un eventual nuevo juicio en Guatemala – si es que se llega a eso – estas demandas ya están cambiando la realidad legal y política de la impunidad e inmunidad corporativas de asumir responsabilidades legales.

Los procesos judiciales en Canada y Guatemala

Trece querellantes Q’eqchi’ están demandando a Hudbay Minerales y la CGN por represión vinculada a la minería. Representados por los abogados Murray Klippenstein y Cory Wanless, las tres demandas interrelacionadas fueron interpuestas por:

  • Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, con cinco hijos, un dirigente comunal y profesor que en un ataque dirigido el 27 de setiembre de 2009 fue asesinado a machetazos y disparos realizados por personal de seguridad de Hudbay;
  • German Chub, un joven padre, que fue víctima de un ataque con disparos por parte de personal de seguridad de Hudbay que lo dejó paralizado, el mismo día en que mataron a Adolfo Ich;
  • Margarita Caal, Rosa Elbira Ich Coc y otras nueve mujeres de la aldea de Lote Ocho, quienes fueron violadas por las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals (en ese entonces Skye Resources) y CGN, y por miembros de la policía y de las fuerzas armadas en enero de 2007, durante un desalojo ilegal y violento y la destrucción de su pueblo. 

Dos de estas víctimas (Angelica Choc y German Chub) son partes en el juicio penal que se lleva en Guatemala en contra de Mynor Padilla, el ex jefe de seguridad de Hudbay/CGN. Dada la historia de impunidad que las empresas mineras canadienses han gozado en Canadá, y dada la impunidad, corrupción y represión endémicas en Guatemala (que las empresas multi-nacionales conocen y del que se benefician), la pregunta sigue siendo, ¿será posible alcanzar la justicia en Canadá y/o Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?

La minería Canadiense en el territorio Q’eqchi’ desde los años 1960

Desde los años 1960, y sobre todo a partir de los años 1970, la población Q’eqchi’ de El Estor, en el oriente de Guatemala, ha sufrido actos reiterados de represión vinculados a una serie de empresas de extracción de níquel de propiedad canadiense: INCO (Compañía Minera Internacional), 1964-2004; Skye Resources, 2004-2008; y Hudbay Minerals, 2008-2011.

«Canadian Companies Mining With The Genocidal Generals In Guatemala”, by Grahame Russell, 7 April 2019, http://rightsaction.org/canadian-companies-mining-with-the-genocidal-generals-in-guatemala/

Dicha represión recurrente incluye: desalojos ilegales y violentos y destrucción de comunidades; atentados con disparos y ataques que causan discapacidad; asesinatos selectivos de dirigentes comunitarios; violaciones sexuales; criminalización de los defensores comunitarios, etc.

Aclaraciones sobre las empresas: EXMIBAL era la subsidiaria de INCO. Cuando INCO vendió sus intereses a Skye Resources, cambiaron el nombre de EXMIBAL a CGN. La CGN era propiedad de Skye Resources (2004-2008) y luego de Hudbay Minerals (2008-2011). Skye Resources fue incorporado por ex funcionarios de la empresa INCO, y la empresa INCO transfirió su empresa subsidiaria EXMIBAL y la concesión minera que INCO había recibido del gobierno militar de turno durante la década de 1960.

En 2008, Hudbay Minerales compró Skye, incluso todos sus activos (CGN) y sus pasivos.

En 2011, Hudbay vendió la CGN al Solway Investment Group (de la Suiza), pero sigue siendo responsable por los procesos judiciales en Canada.

Ni en Canada, ni en Guatemala, se hizo justicia por las violaciones y represión cometidos por INCO/EXMIBAL, juntos con el ejército Guatemalteco, en los años 70 y entrando en los años 80. Varios de esos casos de represión minera son documentados en el informe final (1999) de la “comisión de la verdad” de las Naciones Unidas – la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

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Foto: Rights ActionLucia Caal, Carmelina Caal, Rosa Elvira, Elvira Choc, Irma Yolanda, Angelica Choc, Margarita Caal, Elena Choc, Olivia Asig, Irma Yolanda. Faltan: Amalia Cac y Luisa Caal.

Grahame Russell es un abogado canadiense retirado, profesor en la University of Northern British Columbia, y desde 1995 director de Rights Action (Derechos en Acción). Para mayor información sobre las luchas de los Q’eqchi’ en busca de la justicia, o si desea apoyarlas, comuníquese con: grahame@rightsaction.org, www.rightsaction.org.

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[Nota] Celebran Guelaguetza contra el extractivismo de 41 proyectos de minería

Compartimos esta nota sobre resistencias contra el extractivismo publicada en Página 3 a través de ChiapasParalelo – A 23 de julio 2019 

#AlianzadeMedios | Por Pedro Matías de Página 3 

SAN MARTIN DE LOS CANSECO, Oaxaca (pagina3.mx).- Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, las comunidades de Valles Centrales organizadas en el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” reiteraron su rechazo a las 322 concesiones mineras por considerar que es un despojo de la vida de los pueblos.

Mientras, a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones, dan empleo y generan desarrollo.

Y a 48 kilómetros de distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se divertía presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro.

Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran registradas 322 concesiones mineras, lo que equivale al 5% del territorio estatal, mismas que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales dos se encuentran en etapa de explotación comercial, San José en el municipio de San José del progreso y “El Águila” en el municipio de san Pedro Totolapan, dos mas se encuentran en etapa de desarrollo, 36 en etapa de exploración y una mas en etapa de postergación, revela el estudio de Oxfan-México “Minería y Privilegios”.

Las comunidades reunidas aquí en este municipio de San Martín de los Canseco, Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) destacó que “son 10 años de afectaciones irreversibles al medio ambiente, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones de tierras de cultivo y pastoreo, criminalización de defensores y defensoras de la tierra y ruptura del tejido social comunitario“.

Sin embargo, “hoy los pueblos y comunidades afectados por proyectos y concesiones mineras celebran la vida, la autonomía, los procesos de resistencia y las alternativas comunitarias que están ejerciendo dentro de sus territorios. A 10 años, reafirmamos: Sí a la vida, no a la Minería”.

La Guelaguetza de los Pueblos contra la Minería tiene como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.

Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.

Así como representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe Ser, Tequio Jurídico, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Codigo-Dh y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, con el acompañamiento de Brigadas de paz Internacional y Servicio Internacional para la Paz.

Ante la falta de reflectores de los medios de comunicación, con el hashtag #OaxacaVsMineria, el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” difundió esta festividad donde intercambiaron los saberes y prácticas en la defensa del territorio.

Las actividades iniciaron a las 10 horas con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra donde los asistentes después de agradecer depositaron ofrendas como tortillas, maíz, cebollas, frijol, zanahorias, totopos, calabacitas, tomates, pan, chocolate y mezcal.

Luego de un foro de denuncia, inició la compartencia cultural comunitaria con la obra de teatro “Ecos de una América Indígena”, seguido de intervenciones de autoridades de varios municipios de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur, así como música, danzas de la Pluma de Guadalupe Zaachila, comida y mezcal.

Las autoridades agrarias de San Nicolás Yaxe (que en zapoteco significa maíz tierno) se unieron a la convocatoria del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios para celebrar la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Mineríaconvencidos de que hacer comunalidad es parte esencial para encontrar espacios para reflexionar e intercambiar saberes en defensa de la Madre Tierra.

Resaltaron que lo que buscan es recuperar la esencia de la fiesta de los lunes del cerro donde la cooperación, el amor al prójimo y una actitud de compartir la naturaleza y la vida, es que cerca de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca afectadas por concesiones mineras en los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que como comunidades indígenas los une.

Imagen: Página 3

Más información: 

Gana en Comitancillo, Oaxaca un Comisariado que Defiende el Territorio 

La Red Mexicana de Afectados por la Minería se solidariza con las organizaciones y familiares de los compañeros asesinados en Oaxaca 

La minería en México: Un despojo legalizado

[Artículo] Comunidades de la costa de Chiapas exigen freno a proyectos hidroeléctricos y mineros

Compartimos la siguiente nota sobre la resistencia al modelo capitalista y de muerte en la región de costa publicada en Avispa Midia – A 19 de julio de 2019 

El 15 de julio pasado, el cabildo del ayuntamiento de Huehuetán en la región del Soconusco aprobó por unanimidad el no otorgar ningún tipo de autorización a empresas para la construcción de centrales hidroeléctricas en el municipio chiapaneco. 

Esta acción es parte de la lucha de comunidades de dicho municipio y de Tapachula, quienes desde 2012 se oponen a los proyectos hidroeléctricos Coatán y Cuilco, informó La Voz del Pueblo mediante comunicado de prensa difundido el pasado lunes.

Desde el año 2012, dicha organización donde confluyen comunidades de la región costa y sierra chiapanecas han exigido a autoridades locales la cancelación de permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus comunidades. 

“Desde entonces seguimos organizados para vigilar la vida del río Cuilco y actuar frente a las amenazas del territorio, por ejemplo las concesiones mineras que también se han aprobado en la región”, refiere la organización chiapaneca que se opone a la construcción de la represa en la zona media alta de Tapachula entre los ejidos Mexiquito, Congregación Zaragoza y El Cairo, en el municipio de Huehuetán.

Al mismo tiempo las comunidades se oponen al proyecto que pretende instalarse en los ejidos Chespal Nuevo y Chespal Viejo, afectando territorios indígenas Mam de los municipios de Tapachula y Cacahoatán.

De acuerdo al testimonio de Claudia Ytuarte Núñez, integrante de la La Voz del Pueblo, existen por lo menos siete proyectos para la construcción de centrales hidroeléctricas en la región costa sur de Chiapas.

También, en la misma zona existen 78 conseciones mineras (de un total de 99 en todo Chiapas) en los municipios de Escuintla, Chicomuselo, Acacoyagua y Tapachula. Los minerales son extraídos por empresas canadienses y chinas, los cuales van del oro, plata, mercurio, zinc, plomo, hierro hasta el titanio, éste último clave para las industrias tecnológicas, aeronáutica, naval y armamentista.

“En 2014 vimos la relación presa-minería”, relata Ituarte, antropóloga quien ha colaborado con la organización del Soconusco desde su creación. “Dónde había permisos de exploración mineras en la costa fue donde ubicamos un punto cerca de Congregación Zaragoza donde esta la (presa) de Cuilco. La (presa) de Coatán donde está cerca el punto de Aguacaliente. Descubrimos que todos los minerales que son importantes extraer, la mayor parte marcaron desde Ciudad Hidalgo por toda la llanura hasta Mapastepec y el mar; con las presas realmente toda esta franja costera desaparecería porque es un sistema bien interconectado. Por ejemplo, los manglares desde San José hasta Pijijiapan están conectados por la (reserva) Encrucijada”. 

Renovables en Chiapas, un atractivo negocio

El estado de Chiapas alberga el 30 por ciento del agua superficial en todo México y genera mas del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país. Esto se debe al impulso gubernamental del siglo pasado para la generación de energía “limpia” mediante gandes proyectos hidroeléctricos. Actualmente, las energías renovables representan enorme rentabilidad para las inversiones privadas por lo cual han optado por “disminur” el impacto ambiental con la implementación de mini-hidroeléctricas en caudales de todos los tamaños en el estado del sureste mexicano. Ubicación del proyecto hidroeléctrico en el río Cuilco. “El problema de estas empresas limpias están ubicadas en zonas muy pobres que nunca recibieron el desarrollo que México hizo con esas presas grandes y ahora resulta que ellos tienen que pagar el desajuste de la ecología, los mismos que no recibieron el apoyo que dio México. ¿Cómo le vamos a poner todo encima a comunidades que jamás se beneficiaron de un desarrollo que destruyó el medio ambiente?”, cuestiona Claudia sobre el discurso con el cual las empresas se aproximan a las comunidades.

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Imagen: Avispa Midia 2019 

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Municipio de Huehuetán se Declara Libre de Represas 

4 años luchando por la vida Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» Acacoyagua libre de minería 

¡Felicidades! al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio Por su IV Aniversario y su Acta de Declaratoria de Municipio Libre de Minería

Guanajuato: Sector minero en Guanajuato ridiculiza preocupación de Comunidades por el Proyecto Cerro del Gallo

Comunicado de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Socioambiental A.C. y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 17 de julio 2019 


Luego de que se dieran a conocer las razones por las que comunidades campesinas del Municipio de Dolores Hidalgo se oponen al Proyecto Minero Cerro del Gallo -propiedad de la empresa canadiense Argonaut Gold- el lobby minero las ridiculiza.

El pasado 12 de julio, en la ciudad de Guanajuato, durante el acto de inauguración de la “Expo México Minero”, Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, calificó como “ridícula” la preocupación de las comunidades por los daños a la salud y al medio ambiente que genera la actividad minera.

Esta declaración revela la actitud con la que la actual industria minera en México se relaciona con las comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar: desprecio a sus intereses y preocupaciones, desprecio por su vida, su salud y su territorio.

El dirigente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos justifica sus declaraciones en los 500 años de extracción minera en el Estado de Guanajuato, pero omite considerar que la canadiense Argonaut Gold plantea, para la explotación de su Proyecto Cerro del Gallo, la técnica a cielo abierto y la lixiviación en pila con una mezcla de cianuro altamente tóxica tanto para la población como para la flora y la fauna del ecosistema regional, todo ello en un contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del Acuífero de la Independencia.

En efecto, el Proyecto Minero Cerro del Gallo se ubica dentro del territorio conocido como Cuenca de la Independencia, el cual ha sido ampliamente estudiado por el Centro de Geociencias de la UNAM. Los estudios científicos de la UNAM, arrojan, entre otros, los siguientes resultados:

  • 1. La realidad geohídrica no se corresponde con la realidad política y/o administrativa. La división de acuíferos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua (CEAG) está basada en límites administrativos y no reales o naturales. En el Norte y Noreste del Estado de Guanajuato, existe un solo acuífero –el Acuífero de la Independencia– que abarca a siete municipios: San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende. Sin embargo, a lo largo de las últimas administraciones, las dependencias han sostenido que se trata de cuatro (CONAGUA) y seis (CEAG) acuíferos. Los criterios oficiales de división agudizan el problema de acceso al agua en toda la región y favorecen, en detrimento de los campesinos, a los grandes capitales de la agroindustria de exportación y la minería.
  • 2. La gestión del agua subterranea no es sustentable. Más del 50% de las concesiones, de los volúmenes de extracción de agua subterránea, autorizadas por la CONAGUA exceden la disponibilidad segura de agua en el acuífero.
  • 3. La mayor parte del agua disponible no es segura. Los resultados de los estudios de calidad del agua muestran la existencia en altas concentraciones de elementos nocivos para la salud como flúor y arsénico, entre otros.

En este sentido, el consumo y exposición de la población a los altos niveles de fluoruro y arsénico en el agua genera intoxicación crónica y provoca una serie de problemas de salud tales como: fluorosis dental, fluorosis esquelética, síntomas cardiovasculares, hematológicos y neurológicos; problemas gastrointestinales, de los riñones, del sistema reproductor, de la piel y cáncer. Los numerosos casos de insuficiencia renal en la región de Dolores Hidalgo son conocidos, sin embargo son sistemáticamente minimizados o invisibilizados por las autoridades federales y estatales, el gobernador y la secretaría de salud, en aras de mantener un modelo económico depredador.

Pese a esta realidad que evidencía una gestión irresponsable de las autoridades, la empresa Argonaut Gold cuenta 8 títulos de concesión que le autorizan a aprovechar un volumen total de 1,440,000,000 m3 de agua subterranea del Acuífero de la Independencia (Cuenca Alta del Río Laja). A ello, habría que sumar los impactos que la minería a cielo abierto -como es el caso del Proyecto Cerro del Gallo- genera sobre el territorio y las comunidades afectadas.

Ha sido ampliamente documentado que ningún otro megaproyecto es tan agresivo con las comunidades y el medio ambiente como la «minería a cielo abierto». Los efectos de su operación son especialmente devastadores. Despoja a las comunidades de sus tierras, remueve y elimina grandes extensiones de suelo fértil, consume y contamina enormes cantidades de agua, contamina la tierra y el aire, genera erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje, contribuye al cambio climático, causa graves daños a la salud de las poblaciones vecinas, divide y debilita el tejido social; en otras palabras, depreda al medio ambiente y vulnera los derechos humanos de las comunidades, todo ello a cambio de algunos empleos precarios.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Firman

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Más información: 

Guanajuato: No al Proyecto Minero Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia

[Artículo] ¿Quién es Grupo México y por qué ha logrado salir impune de los desastres mineros?

Artículo publicado en El Universal – Julio 2019 

Por Aleida Azamar Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Grupo México es una macroempresa cuyo origen se dio en 1942. En la actualidad se dedica a múltiples actividades, aunque se le reconoce principalmente por la minería (con presencia en seis países), se dedica de forma importante al transporte ferroviario (de mercancías y personas) y a la planeación logística de transporte; así como a la creación de macro infraestructura energética (plantas de procesamiento de energía, perforación, actividad eólica y construcción en general).

Algunos de los nombres que nos pueden ser más comunes son: Americas Mining Corporation, Souther Copper Corporation, Asarco, Los Frailes, Ferrosur, Ferromex, Controladora de Infraestructura Petrolera, México Compañía Constructora, Controladora de Infraestructura Energética México; estas son filiales de sus diferentes divisiones dedicadas a ampliar la presencia de Grupo México en el mundo evitando así acusaciones de monopolio.

Grupo México es más un resultado político que un esfuerzo empresarial, pues su actual situación deriva de la absorción de paraestatales a través de compadrazgos y asignaciones directas de concesiones en las entidades con mayor riqueza minera nacional en nuestro país. Durante la transición histórica del periodo conocido como mexicanización de la minería (década de los sesenta-setenta) hasta el periodo de liberalización en los años ochenta que se cristalizó con la Ley Minera de 1992.

Originalmente Grupo México era una empresa constructora que poco después de su formación en 1942 comenzó operaciones en la perforación de pozos petroleros de forma casi exclusiva para Petróleos Mexicanos (Pemex) y hasta el día de hoy sigue casi igual, lo cual se ha resultado en acuerdos opacos.

Lo interesante por parte de esta empresa comienza en la década de los sesenta, cuando a raíz de la ley de Mexicanización del sector minero dos de las empresas mineras más grandes del país, que en ese entonces pertenecían a Estados Unidos de América, tuvieron que ceder cierto control accionario a empresarios mexicanos. El grupo que compró dichas acciones fueron los fundadores del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que durante ese periodo accedieron a un notable capital empresarial debido a su estrecha relación política con la administración del país (actualmente dicho grupo tiene gran peso político). Uno de estos hombres fue Germán Larrea quien en la década de los setenta logró el dominio del sector minero a través de la creación de MEDIMSA (hoy Minera México, una de las tantas subsidiarias de Grupo México).

Hay que señalar que gran parte de las empresas que se obtuvieron a través de la Ley Minera fueron sufragadas por el Estado, las cuales permanecieron en un estado proteccionista hasta los noventa cuando fueron adquiridas por Larrea y compañía, antes de abrir el mercado a la inversión extranjera.

Otro de los hechos relevantes es que Jorge Larrea (padre de Germán) llevó a la bancarrota a varias de estas empresas para que el gobierno del país saneara las finanzas, luego el mismo Larrea las volvió a adquirir a un precio mucho más bajo. Estas operaciones se repitieron durante muchos años y fue gracias a la cercanía con los presidentes del país, que en ese entonces eran Carlos Salinas y después Ernesto Zedillo.

Este corporativismo rampante asociado de forma completamente criminal al Estado mexicano ha sido la forma de operar de Grupo México desde su creación y es precisamente la manera en que ha evadido su responsabilidad en los problemas que provoca su actividad minera. Pues no solamente se trata de los daños ecológicos por su irresponsabilidad, como el derrame en Mar de Cortés el pasado 10 de julio, también es por la falta de seguimiento a los problemas que ha causado como lo sucedido en Pasta de Conchos y río Sonora-Bacanuchi, pues en ambos casos no hubo seguimiento adecuado y existe impunidad al respecto.

Si se revisan las Cuentas Económicas y Ecológicas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y se contrasta con información de la Auditoría Superior de la Federación se puede observar que gran parte de la degradación ecológica (la tercera parte de esta) que sufre el país es resultado de la minería y estos costos son asumidos por todos los mexicanos sin que el Estado intervenga para que empresas como Grupo México paguen por su responsabilidad.

De acuerdo con los informes de la Auditoria, se requiere casi 30% del valor de la producción minera para subsanar el daño que provoca; es decir, 30 centavos de cada peso. La ausencia de medidas legislativas para solventar esta situación solamente se puede explicar por la gran influencia que ejercen los empresarios de este sector, quienes pertenecen al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios con gran cercanía al Estado mexicano.

Debido a lo comentado es que en los últimos 20 años han sucedido varios incidentes de gran calado que han afectado a la sociedad y al ecosistema en México. Entre los más notables por parte de Grupo México se pueden señalar: la tragedia ocurrida en 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila en donde murieron 65 mineros. El desastre ocurrido en 2014 Sonora en donde los ríos Bacanuchi y Sonora fueron contaminados por el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico. El derrame de 240 toneladas de ácido sulfúrico en el río Santa Cruz en Notales, Sonora en 2014. El derrame de 20 mil litros de agua con sedimentos en San Martín Zacatecas en 2019, a los que ahora se suma lo sucedido el 10 de julio en el Mar de Cortés con un derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico. Todos los “accidentes” anteriores son resultado de la falta de acciones políticas decisivas para poner orden a un sector que ha vivido amparado bajo la sombra del Estado durante décadas. Por lo que es urgente que el nuevo gobierno no solo emita las multas respectivas, sino que revise la función de las actividades extractivas como la minería que deja más daño que beneficio a la sociedad.

Más información: 

La nueva perversión del Grupo México 

[VIDEOS] Informe Río Sonora: La omisión que quitó vida a miles

Municipio de Huehuetán se Declara Libre de Represas

Comunicado de La Voz del Pueblo- A 15 de julio 2019  >>Descargar comunicado en pdf<<


Huehuetán, Chiapas a 15 de julio del 2019.

Recientemente, la presidenta municipal de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán Reyes y su cabildo nos entregaron un extracto del acta de cabildo de la sesión extraordinaria donde el H. Ayuntamiento establece la aprobación por unanimidad de no otorgar ningún tipo de autori-zación a las empresas para la construcción de hidroeléctricas en el municipio durante su administración 2018-2021.

Diversas comunidades del municipio de Huehuetán y Tapachula desde el 2012 nos oponemos al proyecto Hidroeléctrico Cuilco, aunque el proyecto fue aprobado por la SEMARNAT las comuni-dades impedimos el avance de la obra porque pondría en riesgo la vida del río Cuilco que abastece a cientos de comunidades que subsisten de él y a la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada, donde desemboca. Desde entonces seguimos organizados para vigilar la vida del río Cuilco y ac-tuar frente a las amenazas del territorio, por ejemplo las concesiones mineras que también se han aprobado en la región.

Las y los integrantes de La Voz del Pueblo nos congratulamos por la decisión del H.Ayuntamiento de Huehuetán porque la decisión de no otorgar ninguna licencia para los proyectos de hidroeléctricas durante tres años de administración nos protege de las conse-cuencias de este tipo de proyectos: deterioro del canal fluvial, erosión del lecho del río, los eco-sistemas que viven en él, evaporación del agua dulce, pérdida de los nutrientes que lleva el río y que alimentan la tierra; así como evitar decisiones restringidas de un bien de uso colectivo ( agua) que se dan en procesos de privatización y mercantilización.

Las hidroeléctricas en el mundo se han construido en los pueblos con el falso discurso de “desarrollo y modernidad”, “oportunidad de em-pleo” o “generación de economía”, pero hemos comprobado en esto que tanto en las presas estata-les como privadas se han beneficiado ciertos grupos: empresas, funcionarios públicos y consumi-dores lejanos y NO los pueblos donde se instalan, a nosotros/as se nos margina de todo tipo de desarrollo comunitario, se destruye nuestro ambiente y por ende se nos despoja de nuestra ciuda-danía o Estado-nación. Eso es ser salvaje.

Atentamente:

La Voz del Pueblo

Organizaciones aliadas: Otros Mundos A.C. Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR)-Chiapas Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)-Chiapas

¡Agua y Energía para los pueblos! ¡Ríos Libres, Pueblos Libres!

>>Descargar comunicado en PDF<<

Más información:

Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático 

#14M Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos

[Reportaje] El trazo sucio de la minas, rastreado en tres continentes

Compartimos el siguiente reportaje espcial publicado en Proceso – Junio 2019 

La serie “Green Bold” ha retomado las investigaciones de tres reporteros a quienes se les impidió informar sobre los posibles daños medioambientales y los abusos cometidos por las compañías mineras. Informar sobre temas medioambientales puede ser costoso para los periodistas. Pueden pagar su compromiso con su trabajo, perdiendo la tierra en la que viven e incluso sus perdiendo vidas. Cuanto más sagaz y persistente es la cobertura periodística, mayor es la provocación de las compañías mineras. Unas compañías, que no dudan un instante en tomar represalias y bloquear el acceso a la información. Es particularmente el caso en la industria minera. Por primera vez, 40 periodistas de 15 países, organizados por Forbidden Stories, decidieron ir al terreno, rastrear las cadenas de suministro y usar herramientas de software para investigar las minas que en India, Tanzania y Guatemala trataron de impedir el trabajo periodístico.

 

Por Marion Guégan y Cécile Schilis-Gallego / Forbidden Stories , 21 junio, 2019 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El 1 de junio de 2015, el reportero indio Jagendra Singh publicó su último post en su página de Facebook donde colgaba regularmente sus reportajes. Había estado publicando durante dos meses información sobre el político local Rammurti Verma y sus supuestos vínculos con la minería ilegal de la extracción de la arena. Una actividad que las Naciones Unidas (ONU) ha identificado como una amenaza medioambiental grave.

Ese día, Singh, ingresó en el hospital, con quemaduras en el 50% de su cuerpo. “Los hijos de puta me echaron gasolina. Si quisieran, podrían haberme arrestado, ¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo Singh en un video antes de morir a causa de sus heridas. 

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y a los simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video se pueden ver su cuerpo devastado por las quemaduras. Murió a causa de sus heridas siete días después. Tenía 46 años.

Los informes oficiales afirman que Singh se suicidó. Sin embargo, el día del funeral, el hijo de Singh presentó una denuncia contra Rammurti Verma y cinco policías por conspiración para matar e inmolar. Más tarde, retiró su denuncia. Para esclarecer los hechos, Forbidden Stories se reunió con varios miembros de la familia Singh. Ellos reconocieron que durante años habían temido a las represalias. Por esta razón, habían aceptado el dinero de Verma a cambio de su silencio.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Singh es uno de los cuatro periodistas indios que supuestamente han sido asesinados por denunciar a las mafias de la arena, unos de los grupos del crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India.

Desde 2009 y según el Centro para la Protección de los Periodistas, CPJ, al menos 13 periodistas han sido asesinados en el mundo mientras trabajaban en historias relacionadas con el medio ambiente. Los casos en realidad pueden aumentar hasta 29 ya que el CPJ todavía está investigando otras 16 muertes sospechosas.

En 2015, Reporteros sin Fronteras ya denunció un “deterioro constante de la situación de trabajo de los reporteros medioambientales”.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, descubrieron que las historias relacionadas con el medio ambiente pueden provocar serios problemas a los periodistas locales. Problemas y, en el peor de los casos, pueden ser asesinados. En otros casos, varios periodistas han sido arrestados, censurados, demandados, hostigados, amenazados y atacados.

“La mayoría de los periodistas que se enfrentan a estas dificultades trabajan en áreas remotas de América Latina, Asia y África”, según Eric Freedman, profesor de la Universidad de Michigan, que escribió un artículo sobre “los peligros del periodismo ambiental”. 

El silencio es oro para una mina en Tanzania

En Tanzania, los periodistas han tenido que lidiar para poder informar sobre el impacto de la mina de oro situada en la región de North Mara que es propiedad de Acacia Mining, cuyo accionista mayoritario es el gigante canadiense Barrick.

Forbidden Stories, individualizó a una docena de periodistas –entre extranjeros y locales– que habían sido arrestados, amenazados o censurados por las autoridades de Tanzania, por informar sobre la mina.

Incluso acercarse a la mina, a más de mil kilómetros de Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, es, a menudo, peligroso. En 2011, cuatro periodistas fueron conducidos a la comisaría de policía después de ser arrestados mientras se dirigían a informar sobre las muertes en las cercanías de la mina de oro de North Mara.

Forbidden Stories, rastreó el oro de la mina North Mara hasta la refinería MMTC-PAMP, en la India, de la que se suministran importantes empresas de tecnología como Apple, Canon y Nokia. Empresas que promueven la ética corporativa y se declaran respetuosas con el medio ambiente, mientras uno de sus proveedores es acusado por la agencia reguladora de Estados Unidos. Asimismo, el oro de Tanzania podría terminar en los codiciados teléfonos y ordenadores de alta tecnología.

“Durante nuestra auditoría obligatoria realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y hemos enfrentado las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP.

Tanto Canon como Nokia destacaron que la refinería india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta refinería será reportada y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta refinería”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

Sin embargo, en los alrededores de la mina, los aldeanos han tenido que vivir durante décadas con las consecuencias medioambientales causadas por la extracción del oro. En lugar de la minería artesanal, Acacia y sus predecesores implantaron una minería industrial, con cantidades aún mayores de subproductos como metales pesados, que se han detectado luego en las aguas cercanas a niveles superiores a lo normal. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.6 mil millones de chelines tanzanos (2.4 millones de dólares estadundenses) por supuesta contaminación de la presa de deshechos y relave de North Mara.

Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves”.

Los delitos medioambientales no son los únicos de los que la compañía minera ha sido acusada. Las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 supuestos asesinatos perpetrados por la policía o la seguridad de la mina desde 2014, así como un gran número de ataques y violaciones. ¿Las víctimas? La mayoría mineros que trabajaban a pequeña escala donde la mina ahora se instaló. La compañía los llama “intrusos”.

En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONGs con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos. “En los cuatro años transcurridos entre 2014 y 2017, seis personas perdieron la vida en la mina North Mara como resultado de enfrentamientos con miembros de la policía local”, agregaron. Un portavoz de Barrick dijo que, como accionista, la minera canadiense no ejerce control operativo sobre North Mara.

Forbidden Stories, junto con un periodista de The Guardian (Reino Unido), entrevistaron a Lucia Marembela, una mujer de 44 años que declara haber sido violada dos veces en 2010, donde la mina se instaló. Marembela fue capturada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, una actividad que según cuenta es muy común entre las mujeres de la zona. 

“Cuando estábamos cansadas de correr, acababan atrapandonos y llevándonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en sus vehículos y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, me dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban a su trabajo.”

Con la privatización de la industria minera de Tanzania, los habitantes del norte de Mara perdieron su tradicional y principal fuente de ingresos: la minería artesanal. “La compra de sus tierras por parte de la compañía, desestabilizó su medio de vida y la compañía nunca les compensó adecuadamente”, dice Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe de Tanzania. 

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

“En las economías emergentes, donde las personas dependen de los recursos naturales y estos recursos naturales son muy valiosos para la industria o para el gobierno, el trabajo de los periodistas es muy peligroso”, afirma Meaghan Parker, directora ejecutiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales.

Especialmente porque a veces, las autoridades no reconocen a los periodistas medioambientales que trabajan en áreas remotas, como tales. “La línea entre activistas y periodistas puede ser muy borrosa”, añade Parker. “Los activistas que protestan y los periodistas que informan sobre la protesta corren un riesgo”.

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Imágenes: Foto 1 La mina Proyecto Fénix en El Estor, Guatemala. Foto: Jerson Xitumul. Foto 2 Jóvenes desempleados se arman con machetes o lanzas y escalan el muro que rodea a la mina para intentar extraer oro. Foto: Forbidden Stories. Foto 3 Carlos Maaz fue asesinado por policías durante una protesta contra la mina de El Estor. Foto: Carlos Choc / Prensa Comunitaria.

Más información: 

[Artículo] Empresas mineras quieren explotar el fondo de los océanos 

[Nota] Trasnacionales extractivas obligan a países a indemnizarlas por proyectos cancelados 

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional