Les compartimos el audio de la presentación de Eric Vides, estudiante en el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), invitado del conversatorio de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra “Zumbidos de esperanza, resistencia a los transgénicos en la Península de Yucatán”, sobre la lucha del colectivo MA OGM contra los monocultivos de soya transgénica de Monsanto en su territorio, uno de los más importantes para la producción de miel orgánica a nivel nacional.
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En México, hay más de 1800 especies de abejas. Los Españoles introdujeron la abeja de la miel, la que todos conocemos, la apis melifera, para la producción de miel y de la seda. México, desde que entró la apicultura, se volvió un país muy importante en la producción de miel. Actualmente, es el tercer exportador de miel orgánica del mundo.
Hasta hace muy poco, no se había puesto en riesgo como en otros países. Es lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa: el fenómeno del colapso de las colmenas por la exposición de las abejas a los plaguicidas, especialmente a los neonicotinoides, que son insecticidas muy usados en la agricultura.
En el 2012, se abrió el debate a nivel nacional, principalmente en la Península de Yucatán, porque la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) autorizó a Monsanto el permiso para comercializar semillas de soya transgénica. La cualidad que tiene por ser transgénica es que se vuelve resistente al FAENA, el herbicida más utilizado en el mundo (comercializado por Monsanto, que contiene glifósato).
Para este tipo de autorizaciones, de liberación de cultivos transgénicos a escala comercial, las instituciones tienen que pedir dictámenes a otras instituciones, en este caso a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Estas tres instituciones del gobierno hicieron dictámenes diciendo que era riesgoso, que no debería de otorgarse el permiso de siembra de soya OGM a nivel comercial. Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como por arte de magia transformó estos dictámenes en favorables, y con base en eso, la SAGARPA autorizó la comercialización de soya transgénica en varios Estados de la República: los tres de la Península de Yucatán (Yucatán, Campeche, Quintana Roo), Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Era muy triste porque es justo en los Estados de mayor importancia en la producción apícola de México: la Península de Yucatán produce como el 40 %, y Chiapas como el 15-20%.
Los Europeos no quieren consumir productos con contenidos transgénicos, entonces todos los acuerdos comerciales entre los exportadores de México y los importadores de allá exigen que la miel sea analizada para ver si tiene transgénicos. Eso supone un gasto para los apicultores y para las cooperativas de apicultores porque ahora, para poder enviar su miel, siempre tienen que pasar por el triple escaneo o triple análisis de transgenes.
Esto movilizó el debate y una de las grandes preguntas que se hacía era: ¿Qué tan factible era la coexistencia de la actividad apícola y la siembra de soya OGM? Como siempre, había dos bandos: AGROBIO México (asociación civil que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología agrícola en México, cuya misión es “crear un ambiente favorable para el desarrollo de esta tecnología en el país”) hizo mucho lobbying, o cabildeo, y mucha propaganda, para decir que la apicultura y la producción de soya transgénica podían coexistir en los mismos territorios sin ningún problema de afectación, y que no había bronca porque las abejas no polinizan a la soya.
Nos dimos cuenta de que eso era mentira. Hicimos unos experimentos para ver qué tanto las abejas visitan las flores de soya y encontramos que hasta dos kilómetros de distancia las abejitas llegan a la soya, tanto convencional como transigénica. En este debate surge el colectivo MA OGM. Todos los miembros están en la Península de Yucatán. Agrupó a personas de diferentes perfiles, pero todas tenían que ver con el mundo de la apicultura: comercializadores, exportadores, abogados, gente que ha estado trabajando en ONGs durante muchos años en la Península de Yucatán, académicos, estudiantes, cooperativas, y apicultores y apicultoras. Las líderes del movimiento son mujeres.
En el 2012, cuando se otorgó el permiso, los apicultores, con ayuda de los abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y de Indignación, interpusieron amparos para decir que la siembra de soya OGM los ponía en riesgo, por la comercialización. También se denunció que no se había hecho la consulta previa libre e informada que se tiene que hacer a los pueblos originarios cuando se llevan a cabo megaproyectos en sus territorios, y que no se tomaron en cuenta los dictámenes desfavorables del INEC, de la CONABIO y de la CONANP.
Es una historia jurídica muy larga, pero al final el caso llego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los jueces otorgaron el fallo a favor de los apicultores utilizando como argumento el hecho de que no se realizó la consulta. No consideraron todas las otras irregularidades que ocurrieron durante el otorgamiento del permiso, sino que solamente la consulta.
En Yucatán y en Campeche se suspendió la autorización de siembra de soya OGM en el 2015. La recomendación de la SCJN fue que la SAGARPA, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hicieran la consulta en ocho de los municipios quejosos de Campeche y en el Estado de Yucatán. Entones, una vez que se haga la consulta, si el pueblo maya dice que sí quiere que se siembra la soya OGM, se puede regresar al estado de legalidad de la siembra de soya transgénica.
Ahorita está ocurriendo la consulta. La sociedad civil se organizó y conformó la “Misión de Observación de la Consulta al pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada de la empresa Monsanto”, que está todo el tiempo en las diferentes fases de la consulta viendo que se haga todo de forma legal. Desde el principio ha encontrado un montón de irregularidades. Las autoridades trajeron a los promotores y a los agricultores a quienes les gusta sembrar la soya OGM (son prácticamente todos menonitas, otros son empresarios agrícolas del norte del país que han ido a Campeche a invertir en la agricultura porque Campeche tiene extensiones de planeadas con buenos suelos enormes que facilitan mucho el modelo agroindustrial). La Misión de observación constantemente ha ido reportando todas las irregularidades de la consulta. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Empezó hace más o menos un año y apenas está en la fase primera que es la fase de acuerdos previos.
A lo largo de todo este tiempo, desde el 2012 hasta el 2017, un problema que empezó como una preocupación comercial sobre si se va a poder exportar o no la miel ha llevado a los colectivos a un nivel de organización tremendo y a reflexiones que van mas allá de la comercialización de su producto.
Ahora, el debate dentro de los apicultores aborda temas de deforestación, de tenencia y de uso la tierra, y ahorita en el colectivo se está empezando a trabajar para tener estrategias de registro y de acción para cuando ocurren muertes de abejas por exposición a plaguicidas. Entonces, se nota cómo el colectivo va abordando cada vez más temas que son consecuencia de la expansión de la agroindustria.
Foto1: Eric Vides (crédito: Eric Vides)
Foto2: Acción de MA OGM en la Península de Yucatán (crédito: MA OGM)
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II – Agua Zarca: 
La reforma energética aprobada en 2013 junto a las 10 reformas constitucionales constituyen una seria amenaza de despojo de las tierras de los pueblos indígenas de México, en particular contra los pueblos zoques del norte de Chiapas. Por ello, nos hemos organizado en un movimiento indígena de resistencia y de defensa de la vida y la madre tierra para hacer frente a los proyectos extractivos que ponen en riesgo la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques.
El procedimiento administrativo ante las autoridades ambientales mediante el cual la empresa química The Chemours Company pretendía obtener un permiso para llevar a cabo su “Proyecto San Luis” consistente en instalar, en el municipio de San Luis de la Paz en Guanajuato, una planta para producir 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio (NaCN) al año ha sido cancelado.
