Categoría: Modelo extractivo

Los mitos del progreso minero: el Banco Interamericano de Desarrollo miente

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Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA), a 9 de marzo 2018

El 5 de marzo de este año en un panel de discusión organizado en Toronto, Canadá, por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo un llamado a «la responsabilidad social de las mineras en Latinoamérica».

Como Red Mexicana de Afectados por la Minería queremos denunciar algunas declaraciones hechas dentro de este evento por miembros del BID y varios directivos de empresas mineras presentes en esta reunión. Consideramos que hay una gran tergiversación del discurso que presenta a la minería como una actividad sustentable, cuando, en los hechos, tenemos cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas por la actividad minera en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad, cada vez mayor, de pasivos ambientales irreversibles y de los cuales estas empresas no se hacen responsables.

Es una incongruencia terrible, que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando las compañías mineras -nacionales y extranjeras-, saquean a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros. Sin duda, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sustenta el modelo extractivo y neoliberal contra lo cual luchamos. Bajo sus siempre ambiguos conceptos de «desarrollo», «inclusión social e igualdad» o «sostenibilidad ambiental», este banco apuesta a la explotación minera como solución para el desarrollo en América Latina. Actuando como financiador de proyectos privados de despojo, con graves consecuencias sociales y ambientales, inversiones que muchas veces sirvieron para mejorar la imagen de las empresas mineras y permitir la aceptación de sus proyectos. Además, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del BID, que se dedica al financiamiento directo e indirecto de pequeñas y medianas empresas, ha financiado directamente algunos proyectos mineros, como por ejemplo, el préstamo de 5.7 millones de dólares que hicieron a la empresa Somin Compañía Minera de Sonora S.A.P.I. de C.V. para la extracción y el procesamiento de sulfato de sodio en Sonora. También la CII ha financiado varios proyectos de producción de energía muy controvertidos y rechazados localmente como los parques eólicos, Eólica del Sur o Eurus en el Istmo de tehuantepec en México o las hidroeléctricas Chixoy (Guatemala) o Revantazón (Costa Rica).

Respecto al análisis que hicieron los expositores del evento con relación a que «la minería puede y debe ser un agente de desarrollo inclusivo en Latinoamérica y el Caribe», reiteramos que la minería, sin importar cuanto intenten adornar sus discursos, sólo es un agente de desarrollo para las finanzas de las empresas y de los actores políticos que las favorecen. Para los pueblos la minería es, y siempre será así, un agente de despojo, destrucción y muerte. Como señalamos líneas arriba, cientos de luchas a lo largo del continente, son la prueba contundente de ello.

En relación a la declaración de Paulo de Sa, asesor senior del BID, quien asevera que «es necesario territorializar la industria minera para darle el aspecto de desarrollo social», reiteramos que la minería no genera ningún desarrollo social, sino todo lo contrario. Por citar un ejemplo entre tantos; en el municipio de Fresnillo en Zacatecas, opera la mina Fresnillo de Grupo Peñoles, la tercera mina de plata más grande del país que generó 318 millones de dólares en venta en 2015. Sin embargo, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 2015, el municipio de Fresnillo sigue siendo el municipio con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107 mil 088) en el estado y el segundo municipio con mayor pobreza extrema (11 mil 685), además de ser el municipio con los más altos índice de homicidios violentos y secuestros en todo el estado. Si analizamos los datos que propone CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la población vulnerable por carencia social (educación, salud y vivienda), aumentó más del 6 % (6.1 para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue «sólo» de 4%. Durante esos 5 años no se generó ningún desarrollo social en esos municipios, a pesar que concentran dos de las minas más grandes y con mayor ganancia a nivel nacional.

Por otra parte referente a la declaración de Daniel Kaufmann, presidente de NRGI (Natural Resource Governance Institute), quien dijo: «En el pasado los códigos mineros decían que la minería tenía prioridad sobre cualquier otra actividad», recordarle que esas falsas ventajas, no sólo siguen vigentes en muchos países del continente, sino que se siguen promoviendo más, por ejemplo la ley minera mexicana en vigor, estipula en su artículo VI que «La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno». Del mismo modo, la recién aprobada Reforma Energética, da la misma categoría de actividad preferente a los hidrocarburos. Todo lo cual contraviene claramente los derechos de los pueblos indígenas y comunidades sobre su territorio.

En el contexto de este foro se mencionó también que la industria minera no alcanza la igualdad de género y que es necesario incorporar a más mujeres. Como si de verdad ayudara al proceso de empoderamiento de la mujer al aseverar que «ellas son muy buenas conductoras de camiones», según expresó el directivo de Goldcorp. Por su parte, Eurídice González, directora de McEwen Mining en Sinaloa, México declaró que «Las mujeres tenemos que recorrer un largo camino para poder ser parte de la industria minera».

Ante esta postura, consideramos que esta supuesta equidad de género manejada desde la industria minera, es sólo una máscara y una estrategia publicitaria. Las mujeres en las comunidades, no sólo no piden ser parte de la industria minera, sino además están al frente de las resistencias, por lo tanto, a gritos exigen que las mineras salgan, «que se larguen» de sus territorios, ya que son ellas quienes sufren, violenta y sistemáticamente, de manera directa en sus cuerpos y en sus vidas, los graves impactos del extractivismo minero.

Por otra parte, desde los movimientos sociales y la defensa territorial hemos documentado las múltiples afectaciones a la salud de las mujeres por esta industria, por ejemplo, en implicaciones sobre el embarazo (desde abortos y partos prematuros, hasta malformaciones). Así mismo se ha hecho evidente la criminalización y asesinatos por parte de gobiernos y empresas para las y los defensoras del territorio, como sucedió con nuestros compañeros Bety Cariño y Mariano Abarca, fundadores de REMA, o Berta Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en Honduras.

Y si hablamos del tipo de empleos que genera la minería, los mismos trabajadores en múltiples ocasiones han denunciado las precarias condiciones laborales en las que se encuentran muchos de ellos, así como la negligencia e irresponsabilidad de las empresas ante los accidentes ocurridos y el fallecimiento de mineros. Recordemos el caso de Pasta de Conchos, a 12 años de impunidad.

Desde REMA denunciamos y desmentimos los supuestos beneficios de la minería, que además de enriquecer a los insaciables capitales privados -mexicanos y extranjeros- son sinónimo de contaminación y degradación ambiental, fragmentación comunitaria, represión, despojo, saqueo, injusticia e impunidad.

¡La minería sustentable o socialmente responsable no existe!
¡La minería es agente de despojo, no de desarrollo
¡No a la Megaminería Contaminante!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Foto: La mina Fresnillo del Grupo Peñoes en Zacatecas (Crédito: Miguel Ángel Núñez)

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El informe El Carbón Rojo de Coahuila: Aquí se termina el silencio fue publicado en febrero del 2018 por la organización Familia Pasta de Conchos y la Fundación Heinrich Böll México y El Caribe, a 12 años de la explosión de gas que dejo a 65 mineros muertos en la mina de carbón Pasta de Conchos del Grupo México en el estado de Coahuila, México. Señala que la tragedia no fue causada por una caprichosa acumulación de gas, sino que se trató de un siniestro evitable ocasionado por un sistema de ventilación insuficiente y por las precarias condiciones de seguridad y mantenimiento en la mina.

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Autoría: Elvira Martínez Espinoza, Esmeralda Saldaña Saldaña,
Rodrigo Olvera Briseño, Jorge Omar Navarro Ballesteros y Cristina Auerbach
Coordinación editorial: Dolores Rojas Rubio y Jenny Zapata López
Corrección de estilo: Cecilia Navarro
Diseño gráfico y formación: Marilia Castillejos Meléndrez
Fotografía de cubierta: Miguel Sierra

INDICE:

PREFACIO
13 CAPÍTULO 01: La historia en rojo: el niño Bartolo. Del año 1900 a febrero del 2006
35 CAPÍTULO 02: El carbón rojo de Grupo México
59 CAPÍTULO 03: El corporativismo del carbón rojo en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana
67 CAPÍTULO 04: Continúa grave el minero muerto ayer
81 CAPÍTULO 05: El carbón rojo de los hermanos Moreira
95 CAPÍTULO 06: El carbón rojo de las subastas de la CFE
101 CAPÍTULO 07: Pasivo Ambiental: el carbón rojo de los poblados mineros
125 CONCLUSIONES
135 NOTAS

La historia en rojo: el niño Bartolo. Del año 1900 a febrero del 2006

La expresión carbón rojo se utiliza en la región carbonífera de Coahuila para designar la extracción de carbón mineral en minas en las que los empresarios no invierten en seguridad, para reducir sus costos de extracción al mínimo y, por ende, aumentar sus ganancias al máximo. Cuando en esta región dicen «esa mina saca carbón rojo», inmediatamente se entiende que los trabajadores están en grave peligro. No se trata únicamente de clasificar la formalidad o informalidad de los centros de trabajo; en esta región, la disputa es entre la vida y la muerte. Aquí las personas mueren. El carbón rojo cuenta la historia del costo humano y ambiental que ha traído y dejado la extracción del carbón.

En el año 1888 se firmó el primer Tratado oficial entre México y Japón. Como consecuencia, pocos años después (1897) dio inicio un gran flujo migratorio de japoneses que querían transmigrar a Estados Unidos, pero que lo harían desde México, por lo que se crearon en Japón tres compañías dedicadas a la contratación y transportación de trabajadores japoneses. En solo una década, llegaron 12 mil trabajadores, de los cuales 3,048 fueron destinados a las minas de carbón.1

La Jefatura Política del Norte del Distrito de Monclova informa al Juez Tercero Local de Múzquiz, con residencia en las Esperanzas, Coahuila, que el Ministro del Japón dijo que se publicó una noticia que los japoneses inmigrantes que últimamente han llegado a México procedentes de Japón para trabajar en las minas de carbón, lo hacen en condiciones insalubres, con sueldos muy pobres, mala alimentación, con vigilancia constante, siendo su estado peor que el de los esclavos, lo que motivó que se escaparan trescientos buscando refugio en los Estados Unidos, pidiendo el Ministro del Japón se investigue al respecto y se comunique el resultado a la Secretaría de Gobierno.2

Por supuesto no hay registro de que esta situación se investigara y se comunicara el resultado, como lo solicita el ministro del Japón. Incluso, en la región carbonífera, se refieren a los migrantes como los chinos –en un tono bastante despectivo- y aunque es posible que también migraran a las minas trabajadores de nacionalidad China, los registros que encontramos se refieren a ciudadanos japoneses.
Nací en 1926, y soy hijo de uno de esos japoneses que llegaron por miles para trabajar en las minas. Se casó aquí y nunca volvió al Japón. Pero mi papá no se metió a las minas, no quiso porque le daban mucho miedo. Él sembraba y vendía de su cosecha o lo que fuera para sobrevivir. Siempre vivimos aquí en Palaú, ahora soy bisabuelo. Y antes de venirme para esta casa viví aquí arriba, pegado a donde pusieron la Planta Lavadora.

Yo entré a las minas en 1934. Fui minero toda la vida. Mi mamá, y luego mi esposa, me hacían con el saco de arroz un calzón para la mina y me hacían un morral para llevar mi lonche. La empresa nos daba alpargatas para trabajar en la mina. Había dos tipos de alpargatas, las del carbonero y las de los supervisores, que eran mejores. En los bailes, los papás dejaban bailar a las hijas con los que traían alpargatas de supervisor. Pero como ninguna duraba mucho porque eran de ixtle y tela, las empresas tenían que dar muchas y entonces, los supervisores las vendían y nosotros nos conseguíamos un par para los bailes.

No nos pagaban con dinero. Nunca vimos nuestro salario. Se nos pagaba con comida en la tienda de la empresa. Yo ganaba 9 pesos diarios, pero no nos alcanzaba para comprar todo, solo harina, papas y frijol y siempre quedábamos a deber. Siempre le debíamos dinero a la empresa, y por eso no nos daban ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada, con eso se cobraban lo que debíamos.

El hospital era de la empresa. Ahí nos internaban cuando nos lesionábamos, pero no daban comida a los enfermos. Eso lo tenía que llevar la familia. No nos cobraban, pero no nos gustaba estar en el hospital. Si ve mi espalda, rodillas y brazos, puede ver que tengo pequeños trozos de carbón en las cicatrices. Aprendimos que si nos cortábamos, para detener el sangrado y poder seguir trabajando, nos poníamos polvo de carbón, por eso los viejos traemos carbón en el cuerpo.

Cuando llegó el sindicato minero, la contratación se volvió colectiva, y la tienda pasó a ser del sindicato. Ya nos pagaban con dinero, ganábamos más, pero no alcanzaba para comer y nos pasaba lo mismo. Cuando me descontaban lo que debía en la tienda, me quedaban 5 pesos. Y otra vez, con ese dinero íbamos a la tienda a comprar, pero a crédito. Algunos compañeros sacaban cajas de aceite o bultos de harina para revenderlos. Otros sembrábamos. Total, que los mineros del carbón teníamos más trabajos para poder sobrevivir. O con un martillo, nos rompíamos algún dedo de la mano. Con una fractura, la empresa nos indemnizaba y así íbamos construyendo nuestra casa.

No había otra forma de hacernos de una casa si no era con fracturas. Por eso, los mineros viejos tenemos las manos un poco o muy desfiguradas. Por supuesto no nos pensionábamos, no nos jubilábamos, no teníamos derecho más que a nuestro salario pagado en dinero y a los servicios de salud de la empresa. Nada más. Si dejabas de trabajar en la mina podías ir al hospital de la empresa, pero entonces, aunque cobraban poco por los servicios, tenías que pagar igual que las familias que no eran mineras. Cuando en 1972 llegó el Seguro Social, el sindicato nos decía que no aceptáramos que se nos inscribiera. Nos decían que perderíamos nuestros derechos ». Nosotros no entendíamos. Nadie nos explicaba. Pero, la llegada del IMSS fue algo muy bueno para nosotros. Yo estoy sentado en el porche de mi casa, en una mecedora, porque me jubilé. Porque tuve derecho a una pensión. Nunca conocí a Napoleón Gómez Sada, nunca supe que bajara a una mina de carbón. Tampoco vimos a su hijo, Napoleón Gómez Urrutia. Creo que la diferencia entre el papá y el hijo es que el hijo vive en Canadá. Y los nuevos sindicatos mineros son iguales, ven por sus viáticos, camionetas y cuotas, que obtienen por hacer como que nos representan.

Y tampoco, nunca entendí por qué el sindicato nos decía que perderíamos nuestros derechos en el imss, si en realidad, por primera vez, tendríamos derechos.3

(…)

Notas:

1. Palacios Héctor, México y la Cuenca del Pacífico, mayo – agosto de 2012. P. 116-121.
2. Archivo General del Estado de Coahuila, AGEC FSXX, C32, F8, E9, 13F, 15 de diciembre de 1906, Población Múzquiz, Coahuila.
3. Por temor a represalias de las empresas y de los sindicatos, el señor RY optó por el anonimato. Su hijo y su nieto son mineros y teme que ellos puedan sufrir las consecuencias por su testimonio.

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Informe: Extractivismo y resistencia comunitaria en Honduras

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Compartimos con tod@s la presente investigación sobre el extractivismo en Honduras, un proceso investigativo de las organizaciones Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y Jubileo Sur Américas (JS/A), que ha contado con el apoyo técnico del Transnational Institute (TNI).

El documento recopila información recabada en el año 2017, recoge las percepciones y experiencias de algunos actores comunitarios afectados por el modelo extractivo que impera en Honduras, un reflejo de las realidades del sur global.

Su realización ha sido una forma de aportar el legado de la compañera Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo del 2016, como resultado de sus luchas contra el modelo extractivo, capitalista, sexista y patriarcal.

A la memoria de Berta, a la memoria de los tantos mártires de la hermana nación Hondureña que con su lucha han dejado abierta la senda para la construcción de un mundo mejor.

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Presentación

El extractivismo, como etapa del modelo de desarrollo basado en la explotación de territorios vivos y acumulación económica por parte de capitales nacionales y actores transnacionales, es un tema amplio y profundo. Con la información acá presentada se busca propiciar y acompañar algunos debates sobre sus fuentes, financiamiento, actores involucrados e impactos en la vida de las comunidades de Honduras, que son quienes están día a día en defensa de los bienes comunes.

Elaborado por: Susy Nuñez, Fabricio Herrera y Martha Flores

Los casos presentados

El pueblo Lenca: Desde las luchas del COPINH, se presenta en particular el caso de la comunidad de Río Blanco, en el municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, afectada negativamente por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ejecutado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

El pueblo Garífuna: Se presenta la experiencia de OFRANEH, en la comunidad Garífuna de Guadalupe, en el municipio de Santa Fe, departamento de Colón, que enfrenta una lucha frente al despojo de sus territorios ancestrales por parte de las corporaciones de turismo.

El Aguán: Cuenta la experiencia de las organizaciones campesinas, en especial del Movimiento Campesino del Aguán y la comunidad campesina de la finca El Tumbador, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde las y los campesinos han sido víctimas de procesos continuos de asedio y criminalización por parte de terratenientes, las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia del Estado de Honduras.

El modelo depredador

El Estado de Honduras presenta como una de sus principales estrategias de desarrollo la profundización del modelo extractivo, lo cual se manifiesta en el hecho de que en su política pública priorice proyectos de explotación y acumulación de los bienes comunes de la naturaleza, que ocasionan la desaparición forzada de las estructuras organizativas y las diferentes manifestaciones de cultura y espiritualidad ancestral de los pueblos. Ello se hace evidente en la existencia de un conjunto de proyectos1 que cuentan con todo el respaldo y compromiso del Estado para su implementación, operación y funcionamiento: minerías, hidroeléctricas, monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), solo por mencionar algunas.

Este modelo, que constituye la representación hondureña del extractivismo que tiene lugar a nivel mundial, se caracteriza por la extracción de bienes naturales cuya propiedad es comunitaria, con el fin de generar acumulación económica en beneficio de terceros (generalmente inversores locales o extranjeros, empresas transnacionales, fondos de pensiones, etc.). En la mayoría de los casos, los productos extraídos constituyen materias primas o fuentes de energía para satisfacer las necesidades de consumo de las élites y del Norte Global. Sin embargo, los costos operativos son cubiertos en gran medida por el Estado, y según este, las personas y comunidades deben ceder el espacio tierra, agua, aire y vida para implementar estos proyectos, pues se consideran proyectos de interés público.

De esta manera, y reproduciendo un esquema de extracción global que se expresa localmente en distintos países (principalmente del Sur Global), en lugar de cumplir con su rol de garante de derechos de la población al agua, un ambiente sano y a la vida misma, el Estado ha actuado en función de los intereses de empresas (nacionales o transnacionales). Así, el respeto y la garantía de los derechos de las comunidades a sus territorios a través, por ejemplo, del respeto del consentimiento libre, previo e informado, es desconocido bajo el argumento del interés público que se alcanzaría con los distintos proyectos extractivos. El resultados es, entonces, la generación e intensificación de conflictos socioambientales debido a la presión (económica, social y militar) que se ejerce sobre las comunidades que históricamente defienden su territorio.

Asimismo, es importante resaltar el rol de instituciones financieras internacionales en el fomento y reproducción de este modelo. Nuevamente, usando el argumento de la promoción del desarrollo nacional y local, instituciones como el FMO2 (Banco de Desarrollo Holandés)3 financian proyectos extractivos que proveen materias primas y fuentes de energía al Norte Global, en muchos casos sin contar con el consentimiento de las comunidades locales, lo cual intensifica los conflictos socioambientales.4 Así, se constituye una cadena de extracción cuyos eslabones en el nivel internacional (instituciones financieras internacionales y empresas importadoras de materias primas), nacional (Gobierno, élites y empresas nacionales) y local (administraciones locales) coadyuvan en la generación de dichos conflictos, que al final perjudican directamente a las comunidades locales y a la naturaleza.

El caso de Honduras es un ejemplo palpable de cómo, mediante la imposición de los mecanismos de endeudamiento, control y de las estructuras militares en cada uno de los espacios de la gestión pública y privada, se amedrenta a los diversos y amplios sectores que emprenden una lucha por la defensa del territorio, de los bienes naturales y de los derechos ancestrales de las comunidades, en donde de forma siniestra se violentan los derechos humanos de su población y se imponen diversas manifestaciones de extractivismo.

De por sí, e históricamente reconocido, el Estado hondureño ha depositado en el sector militar la garantía de la obtención de ganancias de las empresas nacionales y transnacionales. Basadas en políticas de violencia de ocupación territorial y de extracción de los bienes naturales, han venido desplazando de sus propios territorios a comunidades enteras conformadas por campesinos, indígenas y afrodescendientes, para poder dar paso al gran capital, a la implementación de los agrocombustibles, la represa de las aguas y la narcoactividad, entre otras, y de lo que hoy se teme que son las “ciudades modelos”, que atentan contra todos los derechos fundamentales de la población hondureña, dejando en manos de los empresarios el destino de las y los ciudadanos.

Es importante recalcar que esta situación se agrava en el contexto del golpe militar orquestado en 2009 contra del Gobierno de José Manuel Zelaya, que, ya transcurridos casi ocho años, ha venido desbordando la criminalización de los sectores populares que luchan por la defensa de la tierra, de sus bienes, de su cultura, del acceso a los servicios básicos y, en definitiva, que luchan por la vida, en un contexto donde las garantías mínimas de respeto por la vida humana son inexistentes.

Tipos de proyectos extractivos en el país

Proyectos hidroeléctricos:

Son todos aquellos que tienen como fin la generación de energía eléctrica, utilizando la fuerza de las fuentes de agua, principalmente los ríos. Honduras tiene 19 cuencas hidrográficas conformadas por 45 ríos, lo cual equivale al 11 % de las 172 cuencas hidrográficas de la región centroamericana.5 Los ríos son concesionados a empresas privadas con financiamiento internacional,6 bajo la fórmula de “aguas nacionales”, para que se construya en ellos represas hidroeléctricas.

Proyectos turísticos:

Son aquellos en los que el Estado concesiona territorio, agua, biodiversidad y paisajes a inversores nacionales y extranjeros, para el uso y explotación de las llamadas ofertas turísticas: hotelería, entretenimiento, vivienda y turismo de aventura, entre otras. Estos proyectos ocasionan el despojo de todos los bienes comunes, que histórica y ancestralmente hacen parte de la vida de las comunidades, el desplazamiento de estas e incluso su expulsión, a través de diferentes mecanismos que se se describen en este documento.

Usualmente, estos proyectos concesionan segmentos de áreas protegidas y territorios indígenas o negros, contraviniendo el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que señala que los recursos existentes en tierras indígenas deberán protegerse, y que además los pueblos, cuando son consultados y aprueban la concesión, deben participar de la administración y conservación de estos recursos.7

Proyectos de monocultivos y monopolio agrario:

El monocultivo es uno de los principales agentes de daño por cambio de suelo y se considera una «de las principales causas en contribuir al cambio climático en Centroamérica».8

En Honduras se promueve, patrocina e impone el monocultivo de la palma africana, que tiene un alto nivel de agotamiento de la fertilidad del suelo, en las tierras de cultivo del litoral atlántico, una de las zonas con mayor cantidad de tierras para la agricultura.9

Durante mucho tiempo, el Estado ha promovido el monocultivo masivo, sin medidas que consideren estos impactos a la fertilidad del suelo y sobre el ecosistema. Peor aún, ha promovido e incluso impuesto en gran medida la acumulación de la mayor cantidad de tierra para esos cultivos en pocas manos. Esta tendencia es especialmente visible en la zona del Valle del Aguán, pero se reitera en todos los lugares del país.10

Proyectos mineros:

El proceso de minería promovido actualmente es el de tajo abierto: descombra el lugar y escarba, sometiendo grandes cantidades de tierra subterránea a procesos de lixiviación. Es decir, se riega la tierra escombrada con agentes químicos que desprenden oro, plata y otros minerales (litio, uranio), lo mezclan con el agua y luego, nuevamente, lo separan del agua para ser juntado en una broza de la cual se recuperan los minerales. Este proceso (extracción y lixiviación) implica destruir todo ecosistema y capa orgánica en el área de explotación, ya que se escarba hasta 600 y 800 metros de profundidad o más.

También agotan las fuentes de aguas superficiales y subterráneas (acuíferos, pozos, lugares de descarga, ríos, riachuelos, arroyos, quebradas) y los ecosistemas que allí existen. Como consecuencia, se generan profundos daños (si no la extinción) sobre otras formas de producción, como la agricultura, la pesca, la ganadería (carne, lácteos y cuero) y la avicultura y, en consecuencia, las fuentes de sustento para las comunidades locales.11

«Ciudades modelo» o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE):

Son concesiones de territorio que tienen como objetivo habilitar y facilitar la explotación, principalmente industrial y financiera. Son como burbujas territoriales, casi Estados, pero separados de este. Los dueños de las concesionarias tienen casi control absoluto del territorio, imponen derecho, autoridades y estructura administrativa (PIB, presupuesto, sistema tributario, sistema de justicia, control de aire, tierra y mar, etc.).12

En las ZEDE, el Estado se reserva una presencia mínima de control electoral y fuerzas armadas, a tal punto que la Constitución misma resulta vigente ¨solo en lo que sea aplicable¨. El control real se reserva para el Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), creado por el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, mediante el Acuerdo Ejecutivo 003-2014 y elevado por el Congreso a nivel de Decreto Legislativo (DL-368-2013). El Comité está conformado por 22 personas, de las que solo tres son hondureñas (de la línea de grupos de poder liderada por el expresidente Ricardo Maduro Joest, integrante del CAMP), y el resto, extranjeras, que pertenecen a poderosos grupos neoliberales.13

Bonos REDD (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación), REDD+, Avafleght y otros mecanismos de valoración económica de la naturaleza para convertirla en mercancía:

Son diferentes propuestas que se presentan como formas de protección de los bienes comunes o recursos naturales a través de la delimitación de zonas “protegidas”, en las cuales se limita el acceso a las poblaciones nativas, al tiempo que se garantiza acceso a algunas empresas.14 15 Los pueblos indígenas, negros (Garífunas), y comunidades que se oponen a este tipo de proyectos argumentan que estos transforman la naturaleza en mercancía, a través de mecanismos de cuantificación de carbono.

En la práctica, estos proyectos han ocasionado despojo de territorios indígenas, Garífunas y campesinos, para concesionarlos a terceras personas que obtienen de ellos beneficios económicos.16

Notas

1. Políticas públicas: Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS), concesiones otorgadas por el Congreso Nacional y demás instrumentos del Estado como decretos y acuerdos del poder ejecutivo. Ver páginas: 1) Del Congreso Nacional, reportes de decretos anuales, allí identificar decretos de concesiones para generación de energía hidroeléctrica; 2) Página de las ZEDES ; 3) Páginas de la Secretaría de Estado, «Miambiente» ; 4) Página de Finanzas, «SEFIN» ; 5) INHGEOMIN

2. https://www.fmo.nl/about-fmo

3. Página del Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO)

4. Banktrack, página sobre el FMO

5. Programa Estado de la Nación (2011) Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. Un informe desde Centroamérica y para Centroamérica. San José, Costa Rica

6. Ver los contratos de generación de energía eléctrica entre la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) y las diferentes empresas receptoras de concesiones como las contenidas en el Decreto 159-2010. Este proceso es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica.

7. Conforme al artículo 18 de la Constitución de Honduras, los tratados y convenciones internacionales ratificadas por el país prevalecen sobre la ley hondureña. En consecuencia, se puede afirmar que las concesiones constituyen decretos legislativos que violan esos tratados y convenciones.

8. Programa Estado de la Nación (2011) Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. Un informe desde Centroamérica y para Centroamérica. San José, Costa Rica

9. Fabricio Herrera (2017) Cambio y Justicia Climática en Honduras. Tres estudios de caso: Masca, Sambo Creek, La Tigra. Fundación Friedrich Ebert, Instituto Hondureño de Derecho Ambiental, Organización Fraternal Negra y Fundación Amigos de la Tigra

10. Ibid.

11. Eduardo Chaparro Ávila (2009) Los procesos mineros y su vinculación con el uso del agua

12. Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobada mediante Decreto Legislativo N° 120-2013, el 5 de septiembre de 2013

13. Fernando García Rodríguez (2014) Las ciudades burbuja. Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ZEDE en Honduras. Análisis Político Jurídico e la Legislación de las ZEDE.

14. Ver más en: Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (2014) REDD: Una colección de conflictos, contradicciones y mentiras

15. Presentación de los Programas: ONUREDD y REDD+, el 29 de septiembre de 2015. Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Minas, Medioambiente.

16. «Somos un enclave del colonialismo ese hace 500 años, y la situación empeora cada vez más. Somos víctimas de un modelo energético completamente depredador que socava los derechos colectivos y viola constantemente los derechos humanos. El 30% el territorio nacional ha sido cedido a las trasnacionales…» Palabras Proféticas: «Nuestra vida pende de un hilo». Última entrevista con Berta Cáceres, 6 de marzo. Ver también: COPINH (2016) «Cumbre de los Pueblos contra el Extractivismo», 16 de noviembre

Los problemas económicos no se resuelven vulnerando a la población y a su territorio

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Comunicado del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Publicado el 21 de enero 2018 en El Sol de Cuautla

Resulta pertinente compartir con los lectores algunas precisiones en torno a ciertas afirmaciones vertidas recientemente sobre la minería a tajo abierto por metales. Es en esta tónica que queremos responder a la confusión creada al mezclar al movimiento social contra la minería a tajo abierto con el tema del crecimiento económico del estado. En efecto, se necesitan alternativas ante el estancamiento económico que atraviesa Morelos. Sin embargo, esa necesidad no anula en absoluto las implicaciones nocivas, previsibles, múltiples e irreversibles de iniciativas que hablan de una minería «sustentable» a todas luces inviable, como la de la minería a tajo abierto por metales.

Resulta ingenuo suponer que el estancamiento económico del estado de Morelos lo va a resolver la minería a tajo abierto por metales. Esa actividad, en curso en diversas regiones del país, ciertamente promueve el bienestar económico… pero solamente el de sus dueños e inversionistas. Las concesiones del subsuelo que obtienen esas empresas son otorgadas sin consulta alguna a las poblaciones afectables. A pesar de su gravedad y de encontrarse ampliamente documentados, los efectos nocivos sanitarios, ambientales, económicos, sociales y culturales se ocultan. El volumen y valor económico de los metales extraídos no tiene nada que ver con lo que esas empresas, nacionales y extranjeras, dejan en las comunidades y al país, no sólo en términos económicos, sino de afectaciones a los territorios donde operan.

A quienes denunciamos los peligros de la minería a tajo abierto por metales ahora se nos exige en la prensa, de paso, nada menos que plantear alternativas económicas para sacar al estado de Morelos de su estancamiento económico. Es claro que se han de buscar esas iniciativas y esa tarea compete no sólo a quienes denunciamos a la megaminería tóxica; no sólo eso: su búsqueda debe hacerse con el concurso de la población y no a sus espaldas, y menos a costa de ella, de su salud y de su territorio.

La denuncia de la megaminería tóxica es una responsabilidad ineludible y colocar como alternativa económica valedera a ese tipo de explotación minera no sólo forma parte central de las campañas de desinformación sistemática de las empresas dedicadas a esa actividad, sino que elude la realidad de esas afectaciones, y pasa por alto para quién es ese desarrollo económico y cuál puede ser su costo. Basta, por ejemplo, darse una vuelta al municipio de Eduardo Neri y visitar la comunidad de Carrizalillo, en el vecino estado de Guerrero, para constatar lo que implica este tipo de minería para los territorios y poblaciones afectados por dichas explotaciones, incluyendo la violencia hacia la población, su desplazamiento, el daño a la salud, la seguridad de las empresas encargada al narcotrtáfico y a bandas criminales. Quienes han vivido sus efectos no tienen acceso a los medios de comunicación ni pueden pagar campañas publicitarias.

Hay inocentadas que pueden resultar muy caras. Es decir, no resolvamos la apetencia económica de las empresas a costa de nuestra integridad territorial, económica, cultural, ambiental y sanitaria, y tampoco a costa de nuestra dignidad. Por si todavía no se ha entendido, nuestra lucha no es por perpetuar la miseria, ni la dependencia, ni la falta de alternativas económicas, al contrario: es para responder a una situación inmediata de peligro que pone en riesgo nuestros territorios mismos, que son la fuente de toda actividad económica valedera. No hay «crecimiento económico» alguno cuando se pierde el territorio y se pierde la dignidad.

Hay que enfatizar que incluso si se generan riquezas, eso de ninguna manera significa que se vayan a repartir, es decir, «generación» no es «distribución». ¿Qué tipo de contrataciones va a generar la empresa canadiense? ¿A qué se le llama «sustentabilidad» y cómo se usa esa palabra para imponer proyectos inconsultos? ¿Cómo se hacen cargo las empresas de las externalidades negativas ambientales y del daño a la salud de sus trabajadores y de las poblaciones? Esas y otras muchas preguntas de corte ético no son planteadas, ni resueltas, y ello no es casual, porque las respuestas contravienen a los intereses empresariales.

Los daños a la salud no son inmediatos, y el sueldo de un trabajador minero no le alcanza para el tratamiento contra el cáncer ni la insuficiencia renal, ni siquiera de él, y menos de su familia. Si nos preocupa el crecimiento económico, para no ser ingenuos, hay que ver más allá del inmediatismo y de la desinformación deliberada.

Y si de alternativas económicas se trata, la alternativa es simple: empecemos por reactivar el campo mexicano en toda su dimensión, con apoyos y reestructuración basados en una visión de soberanía, y que los bienes naturales sigan siendo bienes naturales y no elementos de negocios, de despojo y de daños al ambiente y a la salud…

Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
Red Mexicana de Afectados por la Minería

Más información:

– Morelos: Alamos Gold reenfocará esfuerzos con Proyecto Esperanza en 2018

– Rechazamos los diferentes mecanismos empresariales y gubernamentales que impulsan la minería

– El libro «El oro o la Vida. Patrimonio cultural y megaminería: Un reto múltiple» (Paul Hersch Martínez)

– Video: Patrimonio Biocultural y Megaminería tóxica en México y el Mundo: Un Reto Múltiple

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Informe: Treinta años de transgénicos en México

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Este 15 de febrero, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) presentó su informe «Informe: Treinta años de transgénicos en México» en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México.

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Autor: Daniel Sandoval Vásquez

Revisión: Ana de Ita

Formación: Eva Sandoval Vásquez

Contacto: ceccam@ceccam.org – 5661 1925 – 5661 5398

Introducción:

En este documento hemos intentado reunir, por primera vez, los resultados más destacados al hacer el trabajo de indagar cuál ha sido, hasta el momento, el avance de los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos en México, a través de la localización geográfica de los sitios donde diversas instituciones y empresas han solicitado al gobierno mexicano la liberación de este tipo de cultivos al ambiente, con o sin ninguna medida de control.

El archivo cartográfico que nos ha servido para mostrar esta panorámica de los OGM a nivel nacional, fue construido tomando como base información oficial de prácticamente tres décadas, razón por la cual, nombramos este documento Treinta años de transgénicos en México. Para ello, hemos hecho uso de diversos informes con los ensayos autorizados para la siembra de OGM que, según esos documentos, dieron inicio en nuestro país en el año de 1988. Además, organizamos y procesamos la información contenida en parte de los dictámenes y registros con las solicitudes, que han sido presentadas por las empresas de transgénicos a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), desde el año 2005, hasta agosto de 2017. Finalmente, complementamos la información con la revisión de un conjunto de comunicados, leyes, reglamentos, etc., que aportan al lector algunos aspectos básicos (términos, nombres de instituciones y sus funciones, entre otros) para permitir una mejor interpretación de los datos que aquí presentamos.

Esperamos que el contenido de este nuevo material se convierta en una aportación útil para la  discusión del tema, sobre todo, en un contexto donde algunos personajes del gobierno y los representantes de un grupo muy reducido de instituciones y empresas (principalmente extranjeras), pretenden continuar con la imposición de la producción y consumo de transgénicos en nuestro país, aún cuando las comunidades directamente afectadas, grupos de académicos y científicos a nivel nacional e internacional, etc., siguen fundamentando por qué es necesaria e incluso decisiva la oposición a este tipo de proyectos.

Situación general del avance territorial de los cultivos transgénicos en México:

Cuando internacionalmente las empresas e instituciones de transgénicos y sus promotores comenzaron a difundir su conocido discurso sobre los supuestos beneficios en la aplicación de la biotecnología, México fue uno de los primeros países donde dieron inicio las solicitudes para realizar ensayos experimentales con OGM.

En México, la historia de la «liberación» legal de transgénicos al ambiente comenzó cuando en 1988 la empresa Sinalopasta (en aquel entonces propiedad de la estadounidense Campbell’s) solicitó la autorización para la siembra experimental de tomate transgénico, la cual le fue autorizada ese mismo año.

El mapa 1 muestra la ubicación de esa primera solicitud de 1988 y los 356 sitios solicitados para la liberación de transgénicos que le han seguido hasta agosto de 2017. Este mapa une de forma general la ubicación de todos los permisos para el cultivo de transgénicos en el territorio mexicano.

Periodo 1988 al año 2004

A principios de los años noventa, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) fue la responsable de la bioseguridad y se apoyó en un grupo interdisciplinario de científico que constituyeron el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA), quienes definieron la política, con base en el “principio precautorio” y el establecimiento de la carga de la prueba a los productores de OGM y se elaboró la NOM 68 FITO (1994), antecedente de la NOM 056 FITO 1995, para el manejo de transgénicos [2].

En 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por seis secretarías de estado.

En 1993, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) solicitó la primera prueba de campo para maíz transgénico, a la que le siguieron otras del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT).

Todos estos ensayos se realizaron en una escala mínima, nunca mayor a una hectárea y tomando medidas estrictas de control. Entre 1996 y 1998, ante el crecimiento de solicitudes de experimentación en campo con maíz transgénico, el CNBA recomendó establecer una moratoria a su siembra, por ser país centro de origen y diversidad. La SAGARPA en 1999 puso en marcha una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz transgénico, que se mantuvo hasta el 2005. [3]

Entre 1998 y 2004, se otorgaron 317 permisos a 38 empresas, 3 institutos de investigación, universidades, etc. para 26 cultivos experimentales de OGM en 48 sitios, de 17 estados del país. La superficie total sumó 667,510 hectáreas, casi el 90% de ésta para algodón, en fase experimental o piloto.

[1]. La empresa Sinalopasta fue adquirida en el año 2012 por la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente.

[2]. Destaca que el 20 de diciembre de 1995, fue publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-056-FITO-1995 , aprobado el 7 de noviembre de 1996 y, que desde ese momento, comenzarían a defi nirse de forma más específi ca qué características tendrían las medidas de control o requisitos establecidos por el gobierno mexicano, para la importación y liberación al ambiente de transgénicos. En cuanto al marco institucional, en el año 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por titulares de la SAGARPA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

[3]. José Antonio, Serratos Hernández, «Bioseguridad y dispersión de maíz transgénico en México», en Revista Ciencias  92-93, UNAM, octubre 2008- marzo 2009, México p. 133-134.

>> DESCARGAR EL INFORME <<

Más lecturas:

#AlertaMaíz: la supensión de la siembra de maíz transgénico en México se mantiene por ahora

Campeche: opositores a la soya transgénica denuncian el contubernio del poder judicial con Monsanto

Documental: «Monocultura: La expansión de los monocultivos en América latina»

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Documental. 2017
Duración: 35′
Idioma: Español
Producción: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México; Amigos de la Tierra Internacional (ATI); Red Latinoamericana Contra el Monocultivo de Árboles (RECOMA)
Guión y Realización: Aldo Santiago (periodista independiente) y Claudia Ramos (integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)
 
Les compartimos este documental disponible en nuestro canal Youtube, sobre la expansión de monocultivos de palma de aceite y piña en América Latina, realizado por Aldo Santiago, periodista mexicano independiente, y Claudia Ramos, integrante de la organización Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Muestra el avance de esta plaga en territorios de Colombia, Guatemala, Honduras y Costa Rica, donde la monocultura afecta los derechos colectivos de los pueblos a un medioambiente sano, a la salud y a la soberanía alimentaria.
 
«Este documental es una denuncia de los casos de violaciones a los derechos humanos, despojo de tierra, ocupaciones de territorios de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y negras, que genera la expansión de monocutivos alrededor de América latina», explica Claudia Ramos. «Esperamos que sirva para darnos cuenta y actualizarnos con respecto a la lucha en contra de este despojo y en contra del sistema de agroexportación que impera en América central y en Colombia, el cual está basado en la comercialización de productos no básicos para la alimentación.»
 
En este material audiovisual de 35 minutos, hombres, mujeres, trabajadore/as, investigadore/as, defensores y defensoras de estos países nos cuentan cómo las empresas, entre las más conocidas la Reforestadora de Palmas del Petén, S.A. (REPSA, empresa de Guatemala a quien la compañía suiza Nestlé recién dejó de comprar aceite de palma) y Dinant (productora de palma aceite hondureña, propiedad de la familia Facussé), no solo invaden territorios y destruyen los bienes comunes naturales, sino que también impactan en la identidad cultural de las comunidades.
 
«Es un mundo que nos presentan, tenemos presentado una monocultura como la más importante, la única que podemos utilizar», denuncia en el documental Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), quien lamenta que «en lugares donde habia antes grandes plantaciones de maiz, ahora hay grandes plantaciones de palma». «Ahora no solamente es la familia Facussé quien impulsa los monocultivos de palama, sino también los pequeños productores, bajo la presión del gobierno que les dice que van a tener más recursos y mas ingresos», explica la defensora cuya organización acompaña a comunidades afrodescendientes garífunas afectadas por la expansión de la palma entre otros megaproyectos.
 
Las imágenes del documental fueron grabadas durante el año 2014 en el marco de la gira de la «Caravana Climática por América latina», un proyecto de documentación de resistencias contra megaproyectos y por la justicia ambiental que llevaron acabo periodistas independientes de México y América latina, entre los cuales Aldo Santiago, con vista a la Conferencia de las Partes del Convenio de la ONU sobre Cambio Climático (la COP 20) organizada en diciembre de ese año en Lima, Perú. Fueron complementadas con otras imágenes registradas en el 2016.
 
Les invitamos a compartir este material ampliamente y difundirlo en comunidades amenazadas o afectadas por la explansión de monocultivos u otros megaproyectos. «Las herramientas audiovisuales nos sirven para espejearnos», comenta Aldo Santiago. «Permiten rescatar historias, contextos, procesos de la gente en distintos lugares para luego presentarlos en otro lugar donde se viven situaciones similares. Las personas que miran el video no necesariamente están viviendo la misma situación, pero el material audiovisual les permite preguntarse en qué momento están, a verse a sí mismos, sin que sea su propia historia.»
 
Más lectura:
 
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VIDEO: Comunidades de Alto Lucero y Actopan en Veracruz se declaran libres de minería

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Comunicado de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) – Xalapa, Veracruz, a 7 de febrero 2018

  • Asambleas agrarias y populares presentan citas por medio de las cuales se declaran como territorios libres de megaminería.
  • Manifiestan a autoridades estatales y federales la decision autónoma de no permitir actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y el medio ambiente.
  • Establecen que la libre autodeterminación se encuentra plenamente respaldada en el derecho agrario y los convenios internacionales firmados por México.

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Este miércoles 7 de febrero de 2018, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de Actas de Asamblea que constatan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como «pueblos libres de megaminería tóxica». Representantes de la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica (UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida (PVUDV) – organizaciones que encabezan la defensa del territorio en estos municipios de la región central-costera de Veracruz – declararon que esta decisión se empata en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«La entrega de las Actas a las dependencias del gobierno federal y estatal es para mantenerles al tanto sobre una decisión que hemos tomado, con plena libertad y autonomía, sobre nuestro territorio (…) para proteger la vida, la salud y el medio ambiente», dijo Ascención Sánchez Vásquez, quien preside la UVPLMT. «Esperamos que nuestros gobernantes respeten la decisión que hemos tomado.»

La inconformidad de los pobladores de Alto Lucero y Actopan tiene su origen en la entrega, por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal, de veintiún concesiones mineras para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo. A partir de estas concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado, desde 2011, desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominados «La Paila» (antes «Caballo Blanco») y «El Cobre», respectivamente.

«Desafortunadamente, México cuenta con muchas experiencias sobre el terrible daño ambiental y social que provocan los megaproyectos por tajo a cielo abierto», estableió Guillermo Rodríguez de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). «De no hacer nada, Veracruz corre el riesgo de presentar los daños permanentes asociados a la ambición desmedida de las mineras.»

Los representantes de la UVPLMT y PVUDV notificaron por medio de copias de sus Actas de Asamblea a la Presidencia de la República, Secretaría de Economía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a nivel federal. En Veracruz, notificaron a la Secretaría de Medio Ambiente y al Gobierno del Estado.

Guerrero: ¡Alto a los actos criminales de la minera canadiense Torex Gold Resources!

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 29 de enero 2017

Pasando por alto el derecho de asociación sindical de los trabajadores de la mina «Media Luna» en el municipio de Cocula, Guerrero, la empresa canadiense Torex Gold Resources recurre a la acción de pistoleros de grupos delincuenciales para mantener sujetos a quienes trabajan en ella a un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) acorde con los intereses de dicha compañía.

Ahora, ante las acciones de defensa legítima de los trabajadores en paro ante la agresión de dicha gente armada al servicio de la empresa, los cuales asesinaron el pasado 24 de enero a Quintin Salgado Salgado, uno de los dirigentes obreros, un contingente de las policías estatal y ministerial y del ejército, luego de entrar con lujo de violencia en las comunidades de La Fundición y Real de Limón, ocuparon las instalaciones de la mina, amedrentando a los trabajadores y escalando la confrontación.

Este problema tiene un marco, y es el de la política federal y estatal actual de entrega de recursos y de apoyo irrestricto y servil a las empresas nacionales y extranjeras que imponen este tipo de explotaciones, afectando a los territoriosde manera irreversible en términos ambientales, sociales y sanitarios. Una vez intaladas, las empresas, como parte de la devastación múltiple que generan, colocan a sus trabajadores locales en condiciones de explotación intensiva violando sus derechos con apoyo gubernamental. Es importante señalar que lo anterior pone de nuevo en manifesto:

1. La clara articulación entre estas empresas y los grupos delincuenciales «pistoleros» a los que financian para su protección;

2. Que a solicitud de una empresa trasnacional, el estado envía a su ejército y a su policía para no poner en riesgo al proyecto con mayor inversión extranjera directa en el estado de Guerrero.

¡Alto a las agresiones y represalias contra los trabajadores en paro de la empresa canadiense Torex Gold Resources!

¡Alto a la complicidad y la acción violenta del gobierno federal y estatal en contra de los trabajadores mineros y las poblaciones!

¡Alto a la entrega del país a intereses ajenos a nuestra población y a la vida en nuestros territorios!

Correo: rema@remamx.org Facebook: REMAMX Twiter: @MXREMA Página web: www.remamx.org

Más lectura:

Rechazamos los diferentes mecanismos empresariales y gubernamentales que impulsan la minería

La minería canadiense trae muerte a México: asesinan a dos trabajadores de la mina Media Luna en Guerrero

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

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Análisis del colectivo Geocomunes – Enero 2018

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

Parte I: Territorialización de los decretos de ZEE de Lázaro Cardenas, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Salina Cruz

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Los 28 septiembre y 18 de diciembre del 2017, el presidente de la República Enrique Peña Nieto firmó los primeros decretos de Zonas Económicas Especiales (ZEE) para Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Progreso. La firma de estos decretos representa una avance en el desarrollo de este proyecto neoliberal al definir las áreas geográficas para la implantación de las poligonales de las tres primeras ZEE. Nos parece importante detallar cómo se territorializa la firma de esos decretos en las distintas regiones.

1 – ¿Qué son las Zonas Económicas Especiales (ZEE)?

Para el gobierno, las ZEE son un lugar o área con «un excepcional ambiente de negocios» en que las empresas privadas nacionales o extranjeras tienen la facultad de definir la organización de esa área a partir de sus intereses económicos. Áreas que «tienen ciertas ventajas tanto logísticas como naturales con potencial para convertirse en regiones altamente productivas».

Una ZEE es definida como un área geográfica delimitada que tiene un régimen para el pago de impuestos especial y diferente a cualquier otra parte del país. Al interior de una ZEE se pueden realizar actividades de manufactura, agroindustria, transformación de materias primas, innovación y desarrollo científico y tecnológico, etc, por medio de clústers (o parques industriales) en los que se concentran un conjunto de empresas que funcionarán como las «maquiladoras» que sobreexplotan a l@s trabajador@s además de beneficiarse de las ventajas fiscales que la ZEE les ofrece.

ZEE: concentra los clústers o parques industriales que pueden ser dedicados a diferentes sectores (agroindustria, automotriz, textil, etc). Recibe las materias primas desde la zona de influencia y exporta los productos transformados por el medio de una infraestuctura de transporte masiva (ej: puerto).

Área de Influencia: son las poblaciones urbanas y rurales aledañas a la ZEE donde se desarrollan un conjunto de proyectos de infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarril) o energética (gasoductos, parques eólicos, hidroeléctricas) necesarios para abastecer las actividades de la ZEE.

Otros proyectos exctivos como la minería o la actividad petrolera que necesitan también este tipo de infraestructura para operar pueden ser favorecidos en el área de influencia.

Algunos elementos definidos por los decretos de las ZEE:

  • La poligonal de la ZEE con sus coordenadas geográficas y superficie total (artículo II).
  • Los municipios que conforman el área de influencia de las ZEE (artículo IV).
  • La modalidad de la ZEE (artículo II). Para los cinco decretos hasta la fecha, se definió la modalidad por secciones y la poligonal detallada de la primera sección a cargo de la autoridad federal y la lista de los inmuebles que la conforman (artículo III).
  • Las actividades de refinación de petróleo y procesamiento de gas natural no se desarrollarán dentro de las secciones (artículo VII) con la justificación de que ya «están siendo impulsadas a través de los instrumentos previstos en la reforma energética».
  • Exclusión de las instalaciones de los distintos puertos de la poligonal y de los posibles inmuebles de las ZEE.
  • Precisiones sobre las ventajas fiscales dentro de la ZEE (IVA, ISR) de las cuales destacan:

          – el descuento del 100% del sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para empresas durante los primeros diez años y un descuento de 50% durante los siguientes cinco años.
          – la ausencia de Impuesto de Valor Agregado (IVA) para los productos introducidos en la ZEE o para los productos extraídos de la ZEE (ya no existirán impuestos sobre los recursos extraídos dentro de las ZEE y destinados a la exportación al extranjero).

La ley de ZEE aparece claramente como una nueva etapa en el desarrollo de un proyecto neoliberal que pasa por profundos cambios al marco legal. En las dos últimas décadas se han realizado varios cambios para «legalizar» el saqueo de los territorios y permitir la participación del sector privado en este proceso como son la ley minera (1992), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), la ley de bioseguridad (2005), la ley de inversión extranjera (2012), la ley de asociación pública-privada (2012) y la reforma energética (2016). Después de haber permitido la participación del sector privado y de empresas extranjeras en este saqueo, la ley de ZEE aparece ahora como el instrumento legal para favorecer la participación delsector privado por medio de las númerosas ventajas citadas previamente.

¿Dónde se ubican las ZEE y en qué fase están?

Existen actualmente 9 proyectos de ZEE en México todos localizados en la parte sur y sureste del país que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Primera etapa: Son las 5 ZEE que cuentan con los dictámenes aprobados desde junio 2017 y los decretos firmados. Los decretos de Lázaro Cárdenas (Michoacán y Guerrero), Coatzacoalcos (Veracruz) y Puerto Chiapas (Chiapas) fueron firmados en septiembre y los de Salina Cruz (Oaxaca) y Puerto Progreso (Yucatán) en diciembre de 2017.

Segunda etapa: Las ZEE de Puerto Dos Bocas (Tabasco) y Champotón (Camp eche) podrian tener sus dictámenes aprobadas antes del cierre del año 2017 (noviembre o diciembre). Estas dos ZEE conforman un corredor entre Tabasco y Campeche que se pretende dedicar principalmente a la extracción de hidrocarburos.

Tercera etapa: En una tercera etapa están previstas dos ZEE en Hidalgo y Puebla con especializaciones respectivamente en textil y autopartes. En el caso de Puebla se ha anunciado que la ZEE será la Ciudad Modelo de la automotriz Audi y para Hidalgo por el momento no está definida la ubicación precisa.

Según la versión oficial, la ubicación de las ZEE tiene por objetivo mejorar las condiciones económicas en los estados del sur del país, que siempre han sido los más marginados, y reducir las desigualdades existentes al nivel nacional en cuestión de pobreza y de ingreso per cápita. Sin embargo el mapa anterior permite vizualizar que existen otros intereses que influyen en la ubicación de las ZEE.

Como se puede observar en el mapa, en el contexto nacional la zona del sur-sureste del país es muy codiciada para la extracción de minerales e hidrocarburos mediante numerosas concesiones. También es una zona con una gran valor ambiental y altos niveles de biodiversidad que se ven amenazados por el conjunto de proyectos que estimulará el desarrollo de las ZEE (extactivos, energéticos, de transporte, etc) y que podría ser aprovechada y mercantilizada mediante proyectos dentro de las ZEE (biomasa, industria del papel, agroindustria, biopirateia, etc). Además las ZEE están relacionadas con corredores multimodales que consisten en infraestructura de transporte de mercancías (carreteras, vías férreas, puertos) o de energía (gasoductos) que permiten el saqueo de esos recursos.

En el contexto mesoaméricano el establecimiento de las ZEE permitiría reactivar ciertos proyectos de corredores que se trataron de llevar a cabo por medio del Plan Puebla Panamá ahora llamado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. En el mapa está muy claro como varias ZEE (Chipas, Veracruz y Puebla) están conectadas por la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), uno de los proyectos del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. El desarrollo de esas ZEE permitirá dar vida al famoso corredor atlántico que se intento impulsar por el medio del Plan Puebla Panamá. De la misma manera las ZEE de Coatzacoalcos y Salina Cruz pretenden reactivar el muy deseado corredor transístmico, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que se ha intentado desarrollar desde hace muchos años y sobre el cual hablaremos más adelante.

Además como se ve en el mapa, esos corredores y de manera general la ubicación de todas las ZEE coinciden con las principales rutas migratorias en México. Esos flujos migratorios ofrecen una mano de obra sobre explotable para las distintas maquiladoras previstas dentro de las ZEE. La superposición de las rutas migratorias y de las ZEE ofrece además una justificación para la militarización y el control socioterritorial de la zona sur del país.

A escala continental e internacional es interesante analizar el papel que tendrán las ZEE en el reacomodo géopolitico actual. En 1994 México, EEUU y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para estimular los intercambios de mercancías entre esos tres países. Por esta razón las relaciones comerciales actuales de México son muy dependientes del mercado estadounidense (representan 81% de las exportaciones y 47% de las importaciones totales de México en 2016). El TLCAN ha acelerado el proceso de industrialización en México para la exportación de productos manufacturados hacia EEUU (el sector manufacturero representó el 90% de las exportaciones total en 2016), principalmente en la zona del Bajío y en el norte del país por medio de maquiladoras. La implantación de las ZEE tiene por objetivo ampliar a la zona sur del país este modelo industrial explotador y subordinado a los intereses de las transnacionales.

Sin embargo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU el contexto géopolitico ha cambiado bastante. Existe una probabilidad de que se termine el TLCAN y que se abre la puerta a posible acuerdos bilaterales entre los tres países. También el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) fue cancelado por la decisión de EEUU al retirase del mismo a principios del año 2017, lo que incitó a los 11 países restantes a buscar otras alternativas. En este sentido se reunieron en marzo de 2017 con China y Corea del Sur para discutir las posibilidades de un nuevo pacto de libre comercio entre los países del pacifico o posibles acuerdos bilaterales. Frente a las medidas proteccionistas impulsadas por Trump existe ahora un reacomodo géopolitico para México y los demás países de la Alianza del Pacifico (Chile, Colombia y Perú) para orientarse hacia el mercado asiático en busqueda de nuevos acuerdos de libre comercio.

En este contexto no es casual que todas las ZEE de la primera y segunda etapa están ubicadas en puertos con vínculos hacia los dos océanos. Un tercio de la carga total en México se transporta actualmente por vía marítima y el objetivo es duplicar la capacidad de carga total de 260 a 520 millones de toneladas anuales, por medio de la ampliación de puertos y algunos proyectos de las ZEE relacionados.

Con la entrada en vigor de la reforma energética la presencia de cuatro ZEE en la zona del golfo (donde se concentran las principales reservas petroleras del país) resulta estratégica para la exportación de hidrocarburos hacia EEUU o la Unión Europea (con quién México está actualmente negociando un nuevo tratado de libre comercio). La nueva red de gasoductos actualmente en construcción por todo el país permitirá además mover el gas extraído en México (o importado de EEUU) bajo la técnica de fracking hacia las ZEE ubicadas en el litoral pacífico para su exportación hacia Centroamérica.

Además de los nuevos flujos comerciales que se pueden generar con centroamérica, las tres ZEE situadas en el litoral pacífico resultan estratégicas para desarrollar nuevas relaciones comerciales con el mercado asiático. Aún que México cuenta actualmente con 12 tratados de libre comercio con 44 países diferentes solo existe uno con un país asiático (Japón). Uno de los principales países asiáticos con quién México podría aumentar sus intercambios en un futuro cercano es China. Siendo la segunda fuente de importación y el tercer destino de exportaciones China es actualmente el segundo socio comercial de México, después de EEUU. Por esta razón ambos países han discutido las posibilidades de un tratado de libre comercio y varias empresas chinas se han mostrado interesadas por invertir en México sobre todo en el sector energético en el contexto de la reforma energética y de las ZEE. Las autoridades mexicanas hicieron también, en octubre del 2017, una gira asiática para promover oportunidades de inversión dentro de las ZEE con gobiernos y empresas de Singapur, Vietnam y Indonesia. En el caso de Singapur, IE Singapore una agencia de gobierno está interesada en competir para la administración de las ZEE de Coatzacoalcos y Lázaro Cardenas.

Más información:

El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 2

Crece la resistencia a la explotación de recursos naturales en México

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Artículo publicado el 30 de diciembre del 2017 en la revista en línea Sputnik Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La resistencia a la «voracidad de las multinacionales» que extraen minerales y petróleo y explotan gigantescos proyectos hidroeléctricos, es una creciente batalla social de las comunidades originarias, dijo a Sputnik la dirigente de la asociación civil Otros Mundos, Claudia Ramos.

«La resistencia contra la agudización del modelo extractivo es notable hace más de 10 años en estados del sur del país, como Chiapas [fronterizo con Guatemala], frente a la agresiva expansión de la minería de empresas canadienses, británicas y chinas», dijo la activista.

Esos conflictos entre ambientalistas y empresas multinacionales dedicadas a explotar recursos no renovables, ocurren «más allá de la coyuntura electoral, porque el modelo extractivo amoral es un despojo con una lógica depredadora que no cambia en las ofertas políticas«, observó.

Según Ramos, hay por lo menos un centenar de concesiones mineras en Chiapas, y la cuarta parte de ellas se concentran en dos municipios, Escuintla y Acacoyagua, corazón de la histórica región del Soconusco que desde la época colonial conectó el centro de México con América Central a través del istmo de Tehuantepec.

Según los testimonios recogidos por Otros Mundos, que integra la red internacional Amigos de la Tierra, en el centro de los conflictos de las comunidades indígenas están los intereses de empresas extranjeras, como la china Honour Up Trading, o las canadienses Riverside Resources y Blackfire Exploration.

Esta última explota 360.000 toneladas anuales de barita (sulfato de bario), utilizada para los lodos que se inyectan en la construcción de pozos petroleros.

Estas compañías han demostrado su agresividad para defender las concesiones otorgadas por el Estado, según la activista.

Además, «muchas concesiones mineras en manos de particulares operan con testaferros de origen mexicano», dijo.

El Observatorio de Conflictos Mineros detectó casi medio centenar de conflictos de pueblos originarios con empresas mineras trasnacionales, y unas 20 compañías de capital canadiense se destacan en casi la mitad de ellos.

Otros nombres de origen anglosajón, como British Gold, Millrock Resources, Mining Corporation o Radius Gold se han vuelto familiares para las comunidades indígenas que resisten agresiones por oponerse a las consecuencias de esos «megaproyectos», indicó Ramos.

En la región costera del Pacífico sur mexicano, los ecologistas calculan que casi 1,6 millones de hectáreas son blanco de grandes proyectos extractivos que abarcan casi 15 por ciento de la superficie de Chiapas.

A contracorriente

El trabajo de Otros Mundos y varias organizaciones ecologistas se ha enfocado en la urgencia de producir investigaciones independientes sobre los grandes proyectos de explotación de recursos naturales de la exuberante naturaleza de la zona fronteriza con Centroamérica.

Entre las consecuencias de esos proyectos están, en primer lugar, que «las poblaciones son desplazadas sin consulta para construir represas y explotar el subsuelo», dijo.

En segundo lugar, los proyectos ambientales llamados de Reducción de Emisiones por Desforestación y Degradación (REDD), «son fondos de los países desarrollados para que sus empresas reduzcan las emisiones» de gases de efecto invernadero y justificar así la explotación de riquezas naturales en suelos extranjeros, aseguró.

Pero el llamado «modelo de explotación extractivista» deviene en «otras formas de control del territorio, que acusa a las comunidades por realizar sus actividades agrícolas tradicionales», afirmó Ramos.

Otras inversiones que comprometen el cambio climático que calienta el planeta, derriten los polos y aumentan desastres naturales por inundaciones y huracanes, «están relacionadas con la expansión de ganadería extensiva, el cultivo masivo de palma aceitera y plantíos maderables«, enumeró.

Esos proyectos son promovidos por los gobiernos que «expanden los monocultivos de exportación«, aseguró.

Frente a esa avalancha, las redes ciudadanas «buscamos clarificar otras formas de relacionarnos con los recursos naturales, resistir a la creación de grupos de poder que amedrentan a líderes comunitarios y criminalizan a quienes defienden su tierra y su forma de vida«, dijo la responsable de Otros Mundos.

En el norte de Chiapas, ante la promesa de explotación de una docena de pozos petroleros, «los pueblos de la etnia zoque se oponen al despojo de sus bienes naturales comunes», sostuvo Ramos.

El fenómeno se extiende a otros estados del sur del país, como Guerrero y Oaxaca, con predominio de empobrecidas poblaciones indígenas, donde se concentran las etnias prehispánicas que viven en extrema pobreza.

Los grandes proyectos de desarrollo «siempre vienen acompañados de control social, que obliga a fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades en defensa de los territorios donde coexisten la milpa o el bosque», dijo.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) vinculan al sur de México con el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

La vinculación de Otros Mundos con Centroamérica llevó a que uno de sus fundadores, el sociólogo Gustavo Castro Soto, fuera baleado en Honduras el año pasado y sobreviviera al mismo atentado en el que fue asesinada la líder ambientalista Berta Cáceres, por oponerse a un proyecto hidroeléctrico.

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El Acuerdo REDD+ entre California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión

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> ENGLISH VERSION: REDD+ The carbon market and the California-Acre-Chiapas cooperation

Compartimos el informe de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) “El Acuerdo California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión” (Junio 2017) en el que participó Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Aborda el tema de la implementación del programa de Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación d los Bosques (REDD+) en el estado de Chiapas (México) como mecanismo de compensación de las emisiones de gases a efecto invernadero del estado de California (Estados Unidos) y de sus empresas.

Autora: Fabrina Furtado
Equipo de trabajo: Isaac Rojas (Amigos de la Tierra Internacional), Claudia Ramos (Otros Mundos – Amigos de la Tierra México), Gary Hughes y Jeff Conan (Amigos de la Tierra Estados Unidos), Lúcia Ortiz y Fernando Campos Costa (Amigos de la Tierra Brasil). Diseño: Nicolás Medina

>> DESCARGAR EL INFORME EN PDF <<

Introducción:

Desde la firma en 1997 del Protocolo de Kioto, que es un tratado complementario a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el mercado de carbono viene siendo promovido como uno de los principales instrumentos de enfrentamiento al cambio climático. La posibilidad de comprarle el derecho a emitir carbono más allá de la meta establecida por la CMNUCC, a otra parte cuyas emisiones son inferiores a esa meta, no solo ha demostrado la incapacidad de reducir emisiones y enfrentar el problema del clima, sino que ha tenido como resultado la generación de nuevos conflictos ambientales. Aunque cuestionados y deslegitimados, tanto el sistema de “topes y comercio” (Cap and Trade, en inglés), como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), instalaron la perspectiva de la comercialización y compensación (offset, en inglés) de emisiones, y llevaron a crear iniciativas como REDD+1 (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques), una propuesta de Pago por Servicios Ambientales (PSA). De esta manera, sigue prevaleciendo la idea de que los mecanismos, prácticas y lenguaje de la lógica mercantil y del sistema financiero, que son un traje a la medida de las empresas, deben seguir dominando las políticas y el pensamiento sobre el medio ambiente, el clima y la biodiversidad.

En este contexto, el gobierno de California viene buscando hacer una articulación entre su sistema de topes y comercio, mediante el cual comercializó el primer crédito de carbono en 2013, y otros programas subnacionales, así como insertar compensaciones sectoriales a nivel internacional, especialmente a través de REDD+. Sería el primer programa vinculante que permitiría la compra de créditos de carbono a partir de programas jurisdiccionales de REDD+ para compensar sus propias emisiones sectoriales. La propuesta de mecanismos de REDD+, que incluye inversiones públicas y privadas en manejo, conservación y aumento de la reserva de carbono forestal, permite remunerar a quienes mantienen sus bosques en pie, sin deforestar, con el fin de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la deforestación y la degradación forestal.

Al mismo tiempo, en 2010 en Acre, el estado amazónico brasileño conocido por la lucha de los trabajadores del caucho en la que fue asesinado el dirigente histórico Chico Mendes, se creó el Sistema de Incentivos a los Servicios Ambientales (SISA), con el objetivo de fomentar el mantenimiento y ampliación de la “oferta de servicios y productos ecosistémicos” en ese estado. El primero de los seis programas del SISA fue el Programa de Servicios Ambientales de Carbono (ISACarbono), considerado el programa jurisdiccional de REDD+ más avanzado en el mundo, con potencial de generar lecciones relevantes para otros regímenes de REDD+ y de PSA en el mundo.

En 2009 en el estado mexicano de Chiapas, que tiene una amplia historia de lucha que incluye al referente internacional Movimiento Zapatista, se comenzó a desarrollar un Programa de acción ante el Cambio Climático, cuya prioridad fue la implementación de un sistema jurisdiccional de REDD+.

El estado ya venía implementando programas de REDD+ en la Selva Lacandona, territorio en el que conviven grupos indígenas como los Choles, Tzeltales, Tzotziles, cuya posesión fue reconocida por decreto presidencial a los Maya Lacandones en 1978. La Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático del estado de Chiapas fue aprobada en 2010 incorporando acciones de REDD y la creación y uso de sistemas PSA, impulsados de manera “voluntaria” por organizaciones conservacionistas.

De esta manera, en noviembre de 2010, los gobiernos de California, Acre y Chiapas, firmaron un Memorando de entendimiento sobre Cooperación Ambiental (Memorandum of Understanding (MOU) on Environmental Cooperation) con el propósito de crear un sistema de créditos de carbono de REDD+ entre los tres estados, posibilitando así el financiamiento de REDD+ en Acre y en Chiapas y la compensación de emisiones en el estado de California.

Hasta el momento, la cooperación ha avanzado poco más allá de debates y publicaciones, debido a que el programa de comercialización de carbono de California todavía no permite que sus empresas compren créditos provenientes de iniciativas de reducción de emisiones en Chiapas y Acre con el objetivo de compensar sus propias emisiones.

Sin embargo, este proceso puede avanzar en 2017 junto a otras propuestas subnacionales, tanto en Brasil y México, como en China y otros países. Los errores del pasado se siguen cometiendo, ocultando e ignorando. Son muchas las lecciones que se pueden sacar de la cooperación California-Acre-Chiapas y de los impactos de REDD en estos estados, en su relación con los procesos internacionales y nacionales que avanzan en el sentido de lo que llamamos mercantilización y financierización de la naturaleza. Se trata de un proceso que viene siendo cuestionado por los grupos de Amigos de la Tierra Internacional en los tres países, y desde el Programa de Bosques y Biodiversidad, debido a su importancia en términos del establecimiento de un precedente para las políticas de clima y biodiversidad.

Los análisis contenidos aquí fueron elaborados a partir de investigaciones de fuentes secundarias, entrevistas con integrantes de organizaciones de los tres países y de los gobiernos de California y Acre, así como de actividades con dirigentes indígenas y campesinos. La primera parte de este informe aborda el memorando en sí, sus orígenes, objetivos y resultados, destacando los actores centrales en este proceso; la segunda, la política de California desde la perspectiva de las organizaciones sociales de EEUU; la tercera y cuarta, los impactos de las políticas y proyectos REDD en Acre y Chiapas respectivamente; y en la quinta, se comparten algunas reflexiones que esta cooperación tiene para enseñarnos, especialmente a partir de la idea de participación, de la incorporación de valores indígenas, tradicionales y de género, así como del papel de las grandes organizaciones conservacionistas; de la construcción e implementación de salvaguardas; y de algunos conceptos y prácticas fundantes como los de comunidad, deforestación evitada, servicios ambientales, y la idea del consenso respecto de las políticas sobre cambio climático. Por último, presentamos algunas recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones más impactadas por el cambio climático y la lógica fundante de REDD+ en el contexto de la cooperación California-Acre-Chiapas.

Foto: Extracción de madera, fruto del ‘manejo forestal sustentable» en el ancho de la carretera entre Rio Branco y Xapuri, Acre. (Crédito: Amigos da Terra Brasil)

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Artículo de Ivonne Yánez, integrante de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, publicado en el Boletín Nº234 – Noviembre 2017 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés)

«El fundamento del pensamiento crítico, entonces, está en la disconformidad
con el estado de cosas existentes y en la búsqueda de alternativas,
a partir de caracterizaciones de la situación presente, cuyas
causas pueden, evidentemente, ser buscadas en el pasado.» (1)
in memorian Hector Alimonda

La propuesta de incluir los bosques en las negociaciones sobre clima de la ONU cumplirá 10 años. Desde 2007, cuando se llevó a cabo la conferencia sobre clima en Bali, Indonesia, en el marco del avance del mecanismo REDD+ (2), el tema de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las comunidades locales, entre otros, ha sido un ir y venir de actores, guiones, escenarios, repartos, comedias, pero sobre todo han primado los efectos especiales y el arte del maquillaje.

LO BUENO

Hay que reconocer que el hecho de que en estos años se haya tratado de abordar el asunto de los derechos de los pueblos ante un problema tan grave como es el cambio climático es algo bueno. Quienes hemos levantado la voz desde hace veinte años, clamando por verdaderas soluciones al calentamiento global como la de dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo, apelamos siempre a los derechos de los pueblos en donde se los extraen, a los derechos de las comunidades en donde se han aplicado proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) u otros de compensación de carbono, o también a los derechos de la naturaleza.

Así, desde que se empezó a discutir el mecanismo REDD+ en las negociaciones sobre clima, muchas organizaciones sobre todo a nivel internacional presionaban para que se incluyera el término de derechos de los pueblos indígenas. Esta presión se encaminó eventualmente hacia la propuesta de «No Rights, no REDD+” (sin derechos no hay REDD+) en diciembre de 2008. Sin embargo, estas justas demandas tomaron otro curso en los años siguientes.

Un ejemplo es el del derecho al territorio que es un derecho colectivo que ha sido reivindicado por decenios, en particular el de la titulación de tierras y territorios. Si bien este último es un derecho ajeno a las prácticas consuetudinarias de demarcar y organizar sus territorios, ha sido necesario demandarlo ante la arremetida de los Estados.

En este contexto, el mecanismo REDD+ y los programas tipo REDD+ a nivel nacional, claramente están tergiversando este derecho esencial de los pueblos, puesto que para que el negocio del carbono funcione, a la propiedad colectiva se le debe dar un uso privado, pues en la transacción de créditos de carbono tiene que estar claro quién es el dueño de qué, en qué cantidad y, para este caso, en dónde y en qué extensión. Los compradores serán dueños de un título de propiedad sobre el carbono que se encuentra en una determinada –delimitada y titularizada- cantidad de tierra cubierta por bosques. La titulación de tierras entonces está siendo promovida y utilizada en este caso por los mercaderes de carbono para presentar ante los compradores una garantía de propiedad del carbono contenido.

Lo bueno de que los derechos humanos y de los pueblos hayan podido ser parte de la base de cualquier medida frente al cambio climático se corrompió.

LO MALO

Quienes han dominado las negociaciones sobre clima, desde actores corporativos, financieros hasta ONGs de la conservación y representantes gubernamentales hegemónicos, entienden y asumen el tema de los derechos de una manera totalmente diferente a la de los pueblos indígenas y otras comunidades locales. Los derechos humanos y de la naturaleza han sido sometidos al capital y a supuestos derechos empresariales y financieros. Los espacios de lobby y negociación empresarial que cooptan las cumbres sobre cambio climático han garantizado que los intereses corporativos primen por sobre el sentido común bajo el guion de que son los superhéroes salvadores del planeta. Así se establece un claro conflicto de derechos pues el dinero, como capital, ha pasado a ser sujeto de derechos, por encima del humano y de todas las formas de vida.

El Acuerdo de París, firmado en las negociaciones sobre clima de 2016, COP21, presenta una nueva escenografía pero con los mismos protagonistas. Entre otros inconvenientes, ratifica (Art. 5) la inclusión de los bosques «para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero». Esto profundizará la pérdida de derechos de los pueblos a nivel local y, con la posibilidad de compensar las emisiones a través de proyectos tipo REDD+, se seguirá aumentando la extracción y quema de petróleo, gas y carbón y ahondará el problema del cambio climático. El Acuerdo de París, al mejor estilo de la Comedie-Française con su troupe permanente de actores, perenniza el reparto de cuotas de contaminación entre los más contaminantes y la posibilidad de hacer un negocio global, ya no solo con empresas sino también entre Estados.

Con el Acuerdo de París, la lógica de entregar los bosques para compensar contaminación se imprime con carácter planetario. Si bien REDD+ incluye plantaciones forestales, agricultura y suelos, es decir, cualquier vegetación o suelo que pueda contener carbono, pone la mira principalmente sobre los bosques de África, Asia y América Latina, que están en su mayor parte bajo sistemas de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y son, por esta misma razón, los mejor cuidados y los de mayor extensión.

REDD+ convierte a los pueblos indígenas y a la naturaleza en proveedores permanentes de servicios ambientales o ecosistémicos, por lo que podemos afirmar también que REDD+, no solamente contribuye a más pérdida de derechos de los pueblos y hace que empeore el cambio climático sino que, además, viola los derechos de la naturaleza, sometiéndola –como se hace con los pueblos- a procesos de esclavitud, servidumbre, y apropiación de sus obras, al convertir a sus ciclos biológicos, funciones, la recreación de la vida y ciclos reproductivos en un trabajo y mercancías que pueden ser compradas y vendidas.

LO FEO

Entre los objetivos de los promotores de REDD+ está el de tratar de disminuir las resistencias a la implementación de los proyectos en territorios indígenas, principalmente, y buscan convencer a las organizaciones para que el mecanismo REDD+ sea bien visto y aceptado.

Así, como un efecto especial cinematográfico, los derechos humanos y de los pueblos en las negociaciones sobre el clima se han ido esfumando o sufrieron metamorfosis. Derechos se convirtieron en estándares; derechos de las mujeres se transformaron en salvaguardas voluntarias; otros derechos se convirtieron en participación e involucramiento en el reporte y monitoreo; derechos colectivos y territoriales se convirtieron en gobernanza forestal; la protección y exigibilidad de derechos pasó a ser solo promoción o algo que se tomará en cuenta; derechos se convirtieron en establecer modelos operacionales para cumplir con las salvaguardas y consolidar los co-beneficios es decir «beneficios no-carbono» como señala la iniciativa  REDD+ Indígena que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) sostiene a nivel internacional (3).

En definitiva, la inclusión de los derechos humanos en REDD+ no es más que un maquillaje para que se vea bonito, para tratar de detener la rebelión de los pueblos y para ocultar la verdad detrás de estos proyectos.

Ante esto, se debe proteger el derecho a la resistencia, a decir NO a proyectos de compensación de carbono, a no ser desplazados, a no ver restringido el acceso y uso tradicional de sus territorios, o a no ser utilizados para que compañías petroleras o mineras puedan violar los derechos de otra comunidad en algún otro lugar del planeta, a no ser manipuladas por el mercado internacional para que la maquinaria siga funcionando.

EPÍLOGO

Para terminar, se debe acotar más el sentido al que nos referimos cuando decimos derechos.

Aun cuando sabemos que los derechos son inherentes a los sujetos -humanos y no humanos-, estos no son estáticos. Los derechos son un proceso: histórico, político, social y natural.  Son una cuestión de dignidad y van surgiendo como una reacción frente a la opresión, la discriminación, la pérdida del sustento de vida. Son un ideal a conquistar y no son donados por Naciones Unidas, ni menos por el Banco Mundial o las transnacionales de la conservación.

REDD+ asume que los derechos son una realidad ya conseguida, adjudicados por los operadores de este tipo de proyectos y los tergiversa al considerarlos una cuestión de gobernanza, burocracia o ingeniería institucional. También pervierte los derechos porque los «universaliza» en un marco de modernidad occidental capitalista; hoy los derechos por circunstancias históricas y políticas están embebidos de pluriversalidad cultural y natural.

Cuando se incluye el concepto de derechos en las negociaciones sobre el clima, como en el binomio REDD-derechos, se prioriza el beneficio del libre mercado y al mismo tiempo se anulan los contextos culturales y políticos de los pueblos en donde se desarrollan este tipo de programas y proyectos.

La propuesta de incluir los derechos en REDD+ debiera haber exigido el derecho a la real práctica de los derechos colectivos que se nutren de, según el mexicano Enrique Leff, los «derechos del ser cultural a la construcción de mundos de vida diversos», de los «derechos a reinventar sus identidades culturales», o de los «derechos para reconstruir mundos de vida y diseñar futuros posibles». (4) REDD+ claramente impide el ejercicio de estos derechos.

(1) CLACSO. Pensamientos críticos contemporáneos: análisis desde Latinoamérica. Piedrahita C., Díaz A., Vommaro P. (comp.). Bogotá, 2015.

2) «Por ejemplo REDD+ aspira a cubrir 4.000 millones de hectáreas, es decir el 31 por ciento de la superficie de la tierra (no marina)». Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. Presentación REDD+ COMO UN CASO DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. Lima, 2014.

(3) CBC-GIZ. REDD+ INDÍGENA EN EL PERÚ: Perspectivas, avances, negociaciones y desafíos desde la mirada de los actores involucrado. Pinto, V. Molero, M. (Eds). Lima, febrero 2014.

(4) Leff, Enrique. “Las relaciones de poder del conocimiento en el campo de la ecología política: una mirada desde el sur”. En: ECOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA. VOLUMEN I. Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. CLACSO. Héctor Alimonda [et al.] (Coords). Buenos Aires 2017.

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