Categoría: Modelo extractivo

Extractivismo o subdesarrollo: el falso dilema de los gobiernos progresistas en América Latina

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por Ricardo Bustamante, El Mostrador

“Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores.”

Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.

No obstante, e independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no miente: En Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última década. Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de millones de latinoamericanos.

Y es que las banderas de lucha de los gobiernos llamados progresistas en el continente, si bien descansaban en un discurso que siempre cuestionó los modelos de desarrollos tradicionales, y por ende, al extractivismo. Se criticaba la dependencia de las exportaciones, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la baja tributación. Con el fin de desarmar los entramados neoliberales, diversificando la producción e industrializando las materias primas, apuntando precisamente a los sectores extractivos típicos: la minería y el petróleo.

Sin embargo, la realidad ha logrado ser otra muy distinta. Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo, incluso a través de reformas legislativas o de subsidios financieros. Y no sólo eso, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva forma de extractivismo, esta vez, agrícola. Muy bien lo sabe Chile con millones de hectáreas plantadas con pino y eucaliptos y sus nocivas consecuencias socio-ambientales, y la aplicación del subsidio estatal DL-701.

La dirigente ambiental ecuatoriana, Esperanza Martínez, ha estado en Chile para relatar su experiencia en instancias académicas, y destaca cómo el proceso de reposicionamiento del rol del Estado en las sociedades latinoamericanas, llevado a cabo durante los últimos 15 años y más allá de otros méritos, responde a una nueva fase de capitalismo extractivista, caracterizada por una economía sostenida mediante el agotamiento del petróleo y los minerales.

En Ecuador, país que lleva varios años viviendo de la renta petrolera, las zonas más pobres del país son aquellas de donde se saca petróleo. ¿Cómo es posible aquello?, Simple, como en el caso de Chile -con la explotación minera en el norte, la forestal y salmonera en el sur- “estas políticas extractivas lo que generan, justamente, es pobreza local”. Porque los recursos que se quedan en el país de turno no se traspasan a las regiones impactadas, sino que se traspasan -en una lógica colonial- hacia las grandes ciudades industrializadas. Martínez, y su comunidad, llaman a este suceso la “deuda ecológica a escala local”.

En Colombia, en tanto, la superficie utilizada para la extracción minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 8,4 millones de hectáreas en 2009. Según Sergio Coronado, del Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia, el 80% de violaciones a los derechos humanos y laborales se dan en esos territorios. “La minería a gran escala no ha facilitado la superación de la pobreza”, y agrega que esto no sólo sucede en su país, “la experiencia histórica de América Latina está mostrando una muy mala relación entre la garantía de derechos sociales y la presencia de industrias extractivas. En la mayoría de los casos, la situación de los derechos sociales y humanos es mucho peor en zonas mineras”.

omo señala el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales.

Cifras del falso dilema

En paralelo al gran peso de los sectores extractivos en las exportaciones y la economía nacional de los países latinoamericanos, buena parte de estos mismos gobiernos enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza e incluso limitaciones en el acceso a la alimentación. Para algunos expertos, esto es la llamada “maldición de la abundancia”.

Como el caso de Ecuador, que exporta el 59% de su producción de hidrocarburos, tiene un 36% de pobreza y un 11% de niños desnutridos, o el de Colombia, en que el 60% de sus exportaciones la componen materias primas, suma un 31% de pobreza y un 11% de desnutrición. O sumar el ejemplo de Bolivia, que si bien desde el arribo al poder de Evo Morales ha rebajado sostenidamente sus índices de pobreza e indigencia, el 91% de sus exportaciones la siguen constituyendo commodities, registrando un 36% de pobreza y un 19% de desnutrición, según cifras de la FAO y CEPAL.

Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores. O si se observa el caso de Brasil, se verá también una presencia estatal más enérgica, que incluso empuja a una expansión de la empresa Petrobrás, y que ha llegado a discutir un nuevo marco legal y administrativo para el sector petrolero.

De esta forma, es posible postular un neo-extractivismo de cuño progresista (Gudynas), el que, sin embargo, no ha modificado sustancialmente el modelo de esta industria, y que por consiguiente, haya comenzado a resolver los grandes impactos sociales y ambientales a los que son sometidas las comunidades.

Un desafío mayor, que no solo basta con diversos postulados sobre el cambio del modelo de desarrollo de nuestras naciones, sino que muchas veces, los análisis no tienen en cuenta la existencia de mayorías parlamentarias -sumado a la voluntad política necesaria- que mitigue los múltiples impactos ocasionados por esta industria. Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.

“En minería, la utilidad pública es un título perverso porque esconde la utilidad privada”

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Entrevista a Gustavo Castro de ‘Otros Mundos’

Renzo D’Alessandro. ALAInet

Gustavo Castro, miembro de la asociación civil sin fines de lucro “Otros Mundos”, nos explica en esta entrevista la complejidad del fenómeno de la minería extensiva en Chiapas. Defensor de alternativas medioambientales y acompañante de los ejidos y comunidades en sus procesos por la defensa del territorio, Castro nos propone un recorrido que comienza con la definición de minería, su significación en el contexto de la reforma energética, las inversiones y expropiaciones para Chiapas, así como las terminologías para el despojo detrás de las propuestas. Castro nos habla también de las alternativas y contextos de riesgo y violencia que implica el desarrollo de este sector.

La minería como actividad de ‘utilidad pública’ y la reforma energética

A penas comienza la charla y Gustavo Castro, con inteligencia elocuente, ya cuestiona la definición de la “minería”. Para él, ésta incluye no sólo la extracción de petróleo y de gas, sino también la de materiales de construcción como piedras, calizas, gravas y graveras. Desde su visión, lo que diferencia a los recursos que se extraen es la forma en que se regulan: “en México, lo que es petróleo, gas y uranio se regula con otras leyes por ser materiales estratégicos. En el caso de la minería según la Ley Minera, aquellos materiales de extracción pétrea y de construcción pueden ser concesionados por cada entidad y por los municipios, sólo cuando sean para la construcción a nivel local”.

Al cuestionársele sobre el contexto actual de extracción minera en Chiapas y sobre lo que va a cambiar con la reforma energética, Castro asegura que el cambio se da en el espíritu de lo que antes se especificaba en el Art. 6 de la Ley de Minería, como una actividad “de utilidad pública”. Antes los municipios tenían que facilitar la acción para que las empresas pudieran extraer del subsuelo el mineral concesionado, ahora con el cambio “la inversión minera sigue siendo de utilidad pública –lo  que es un título muy perverso– pero en realidad se va privatizando, ya que facilita que sea el privado quien se lleve el material que quiera”, asegura.

En su opinión, la Reforma Energética, es una forma en la que el gobierno va privatizando aquellos recursos estratégicos que están incorporados al mercado como energía, agua, petróleo, gas, “sólo que antes, si había una concesión minera para sacar oro en un ejido, el gobierno sólo estaba dando la concesión de ese territorio donde se ubica el oro (…) El problema es que faltaba pedir la licencia social, las canchas de lixiviación, el tendido eléctrico, el camino para pasar, el derecho de paso, el beneficio y todo eso implicaba más territorio que el terreno en donde está el oro, sino también el de ejidos contiguos para instalarse y extraer”. Lo que ha sucedido, continúa Castro, con la resistencia a las mineras es que se compra la voluntad de los ejidatarios: “la Procuraduría Agraria ha divido y presionado para que los bienes comunales se conviertan en ejidos y luego se vendan. Han hecho asambleas amañadas en donde hasta resucitan a los muertos, violan los padrones ejidales con tal de justificar que las autoridades ejidales ya aprobaron el proyecto en una asamblea”.

En la opinión de Castro, para que Peña Nieto pudiera tener el control energético del todo el país era clave ganar las elecciones municipales pasadas (de 2014), dado que son los municipios los que facilitan el cambio de uso de suelo: “una empresa minera tiene que solicitar al cabildo que modifique el uso de suelo si tienen una concesión ahí (…) Lo que ha pasado es que un ejido contiguo les diga ‘no les doy permiso de pasar el tendido eléctrico sobre mi ejido’, o que otro  ejido de a un lado, les diga ‘yo no acepto que uses mi pozo’, o ‘no te doy derecho de paso y no voy a rentarte para que hagas las cachas de lixiviación” como sucedió hace poco con el ejido Morelia en Chicomuselo contra la Blackgold”.

Inversiones con “obras asociadas” y garantías con “seguros de inversión”

Adicionalmente a las concesiones, Castro agrega que lo que implica la reforma energética es que el gobierno le asegure a las empresas la infraestructura mediante la forma de “obras asociadas”. Tal es el caso del reforzamiento del Puerto Chiapas, para que éstas puedan mover al mercado los minerales que extraen: “Aseguran el agua con el Plan Hídrico, y las carreteras con el Plan de Infraestructura, para que haya carreteras, puertos, agua, y sobre todo las empresas tengan aseguradas sus inversiones”.

Otro elemento son los marcos normativos de los Tratados de Libre Comercio cuyas cláusulas incluyen un “seguro de inversión”: “ninguna empresa va a llegar a invertir millones de dólares a otro país sin que estén seguros o tengan una garantía de su inversión ante cualquier posibilidad de que la gente afectada les pueda bloquear el proyecto”. Por ello, asegura que la reforma energética “no sólo es en cuestión de petróleo, sino de todo un grupo de leyes que van asociadas para la inversión como el caso del agua. En sí, la reforma es darle garantías legales, jurídicas, políticas, de tenencia de la tierra a las empresas”.

Cuando se le pregunta sobre el efecto del incumplimiento de estas garantías de inversión, Castro responde enfático: “la empresa demanda al gobierno por una indemnización. Hay un Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial que es un mecanismo de disputas entre empresas y gobiernos ante el problema con las inversiones. Entonces si el gobierno le dice a la empresa ‘te vas porque estas destruyendo mucho’, el CIADI dirime cómo el gobierno le va a pagar a la empresa las supuestas ganancias que iban a tener con su inversión”.

Aunque México no es formalmente miembro del CIADI está sujeto mediante un “mecanismo de flexibilización” vinculante con acuerdos del Banco Mundial: “Se van adecuando las reglas de tal forma que en los tratados de libre comercio se pueden ir flexibilizando y ampliando las facilidades a las empresas para invertir, para comprar lo que quieran y hacer negocio dentro del país”.

El tema de la inversión es tan asimétrico, comenta Castro, porque las empresas que no cuentan con las garantías de su inversión pueden demandar por una “expropiación de las inversiones” al gobierno: “Es decir, que si una comunidad, ejido u organización les bloquea una carretera, la empresa demanda por “expropiación indirecta (…) También pueden hacer una demanda por expropiación indirecta ante una Ley que perjudique sus inversiones (…) en sí, todas las empresas que vienen a invertir a México lo hacen con un seguro, y los gobiernos como el de Peña lo que hacen es asegurarles a toda costa, las condiciones para que no pierdan su inversión”.

Ley agraria y proyectos en la Selva

Al preguntarle a Gustavo Castro sobre la nueva Ley Agraria, indica que “bajo la ley actual, una comunidad mediante una asamblea en la que tengan el 50% más uno a favor, pueden decidir si quieren o no explotaciones mineras, sin embargo, ahora lo que va a cambiar es que la empresa minera puede exigir a los ejidatarios que vendan, y si éstos no lo hacen, la empresa puede exigir al gobierno para que les expropie sus tierras”.

Recientemente la Secretaría de Energía publicó un plan quinquenal de exploraciones para el Campo Nazareth en Ococingo y Altamirano, se le cuestiona sobre las áreas de interés minero en zonas zapatistas a lo que Castro responde, “ya está anunciada la licitación de la Selva Lacandona para la siguiente ronda, entonces si dictan una expropiación de los terrenos zapatistas de la selva, eso puede llegar a ser un asunto muy delicado. Las consecuencias para las comunidades zapatistas serían intentar dividirlos y expulsarlos. Si el gobierno hace un concurso de licitación, y alguna empresa lo obtiene, entonces el gobierno pondrá las condiciones para que la empresa ejecute su licitación”.

“Parte de las licitaciones son los campos de la parte norte de Chiapas, hacia Reforma, Pichucalco, donde ya se tienen ‘reservas probadas’. El gobierno busca a las empresas que puedan cumplir con los requisitos para hacer la licitación. En sí hay tres modelos de licitaciones: 1) Se pueden comprar la licitación; 2) el gobierno y una empresa privada pueden acordar producir conjuntamente; y 3) que la empresa produzca y se dividan las ganancias con el gobierno. Será hasta el próximo año cuando empiecen las licitaciones para los pozos de Nazareth (…) Hay un manto gigante debajo de la reserva de la biosfera de la selva del Petén, que llega a Ocosingo y a Belice”.

Zonas libres de minería

Al discutir sobre el modelo de minería ideal y sobre la propuesta concreta de “Otros Mundos”, Castro señala la necesidad de que cada organización plantee su propia estrategia de incidencia: “Muchas veces la gente dice ‘no pasará la mina’ y no pasa; otra veces se busca mediante la incidencia política en torno a las leyes”. Recuerda su experiencia al respecto: “Nosotros decidimos no entrarle a esa lógica de cabildear y de generar modificaciones porque es una pérdida de tiempo. Nuestra propuesta fue “vámonos a los territorios a blindarlos mediante las asambleas ejidales y que sean los núcleos agrarios quienes definan en términos legales lo que quieren hacer con sus territorios (…) En México hemos logrado que varios municipios (en Morelos, Cuetzalan, otro en Puebla, en Chihuahua y dos en Chiapas) se declaren como ‘Municipios Libres de Minería’. Esto sucede cuando un municipio libre y soberano se declara libre”, concluye.

Castro aborda el tema de la conciencia ecológica en lo local para que las asambleas no se vendan. Explica lo difícil de esta labor: “cuando se logró que en la asamblea del Triunfo, en Escuintla, se decidiera por acta un ‘no a la mina’, llegó una empresa China y les ofreció mil dólares a cada ejidatario para que dijeran que ‘sí’ en la Asamblea. Entonces dijeron que sí”. Castro argumenta que son precisamente las capacidades de decisión autónomas de las asambleas “lo que Peña Nieto quiere romper con la Reforma Agraria. El cambio a la Ley Agraria les va a permitir que el ejidatario no tenga que pasar por la asamblea para vender su tierra. Muchas asambleas decidieron que no le entraban a la minería pero cuando se llevaba el acta al Registro Agrario Nacional (RAN), la institución no aceptaban las actas basándose en estrategias legaloides”. Además, agrega “la gente está muy dividida, y es muy fácil que llegue el gobierno y les ofrezca láminas o pollos, y divida a los ejidos. También pasa lo típico que es corromper al comisariado ejidal y que éste haga actas amañadas que la asamblea no firmó”.

Asimismo el blindaje de los territorios no es suficiente: “Nosotros blindamos los territorios con la conciencia sobre todo en la prevención. Muchas regiones no conocen la minería, no la han visto, entonces es una cosa que decidimos es que si a un ejido ya le llegó una mina, pues no íbamos a meter todo el esfuerzo ahí. Lo hemos hecho pero mientras estamos en ese proceso aparecen otras 30 concesiones nuevas. Entonces lo que queremos es hacer prevención en las otras 29 comunidades a donde se vienen más proyectos. Lo hacemos mediante información visual y apostando por el intercambio de experiencias (…) Incluso llegábamos a hacer varias visitas y resistencias de gente que están en otros estados para ir a conocer la mina de Carrizalillo de la Goldcorp en Guerrero, ahora ya no se puede pasar después de lo de Ayotzinapa”…

Carrizalillo y los 43 normalistas. La violencia

A la pregunta de que si el caso de los 43 desaparecidos pudiera haber existido por algún conflicto entre la normal de Ayotzinapa y la minera de Carrizalillo, Castro nos explica: “creo que se juntó el hambre con la necesidad. Los normalistas son una conciencia presente y peligrosa para los narcos y para el poder local, pues se junta con el problema que hay bien cerquita de esta la mina con las dos bandas del crimen organizado que están involucrados en la masacre de los 43. Los ‘Guerreros Unidos’, quienes controlaban a la mina de Carrizalillo y le cobraban a los trabajadores, al municipio, a los ejidatarios, a todos incluida a la mina. Es ahí donde entran ‘los Rojos’ a apoderarse de esa plaza y sacan a los otros. Pero el ejército apoyaba a unos y la marina apoyaba a los otros y entonces hay también un conflicto entre ellos porque se llevan mucho dinero. Entonces ahí se junta el hambre con la necesidad porque todo ese corredor está lleno de intereses de todo tipo…

El papel que juega la violencia es fundamental para entender la imposición de los proyectos mineros y el control del territorio “en la medida en que las organizaciones y las comunidades deciden defender sus territorios la violencia va aumentando. Hay mucha impunidad y el narcotráfico va tomando interés en proyectos redituables. Su manera ilegal de ganar dinero es meterse ahí, mañana que estén los pozos petroleros van a cobrar derecho de paso, le van a cobrar a los petroleros, le van a cobrar a la comunidad y a todo mundo. O como sucede en Colombia, que dicen ‘si tú quieres que yo Chevron proteja tus tierras, se les da lana y grupos armados ligados al narcotráfico”.

Según Castro, los intereses se van mezclando “aquí hay una complejidad bien difícil, porque anteriormente los movimientos sociales tenía como referentes y su interlocutor natural al estado: Las políticas, los servicios, las empresas estatales. Al moverse el Estado y ser ahora las empresas privadas las que asumen ese papel de darle comida, carreteras, salud, agua, gasolina a la sociedad hay un ‘corrimiento’. Ahora los movimientos tienen que organizarse con las empresas, y además hay otro actor que entra en juego que es el narco”.

Hoy por hoy, concluye “los movimientos en defensa del territorio no sólo deben enfrentarse con el Estado o con la empresa, sino que también tienen que lidiar con el narco. Parece que estamos ante una disputa armada por el territorio”.

VIDEO: Oro. Una fiebre en decadencia

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Números Naturales

Los paisajes áridos de México contienen oro en concentraciones muy bajas, poco rentables para la explotación minera tradicional. La minería a cielo abierto ha cambiado las reglas del juego, ya que permite obtener beneficio económico incluso de este tipo de depósitos. Es una técnica de alto impacto ambiental –consumo de agua dulce, toxicidad, destrucción del paisaje– impulsada por la demanda de oro para la especulación financiera en tiempos de crisis. ¿Sería tan rentable esta industria si tuviese en cuenta los impactos ambientales?

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450 presas amenazan a un tercio de los peces de río del mundo

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Los expertos denuncian cientos de proyectos para construir barreras en las cuencas del Amazonas, el Congo y el Mekong, hogar para unas 4.000 especies de peces fluviales

Manuel Ansede, elpais.com

Casi medio millar de presas proyectadas en las cuencas de tres de los principales ríos del planeta ponen a “un tercio de los peces de río en riesgo”, según denuncian hoy 40 expertos en la revista científica Science. Mientras que en los países industrializados emerge un movimiento para derribar las presas más nocivas, existen proyectos para construir 450 barreras en las cuencas de los ríos Amazonas (América), Congo (África) y Mekong (Asia). Los firmantes del nuevo artículo denuncian la “falta de transparencia” durante los procesos de autorización de las presas y la “falta de protocolos” para evaluar su impacto medioambiental.

“Estos proyectos abordan importantes necesidades energéticas, pero sus defensores suelen sobrestimar los beneficios económicos y subestimar los efectos a largo plazo sobre la biodiversidad y sobre pesquerías de importancia crítica”, alertan los autores, liderados por el ecólogo Kirk Winemiller, profesor de la Universidad de Texas A&M (EE UU).

En las cuencas de los ríos Amazonas, Congo y Mekong viven 4.000 especies de peces de río, la tercera parte de las conocidas en el planeta. La mayoría no se puede encontrar en otros lugares. Los 40 expertos subrayan que “las grandes presas reducen invariablemente la diversidad de los peces”, pero también impiden la conexión entre diferentes poblaciones fluviales y bloquean el normal ciclo de vida de especies migratorias. “Esto puede ser especialmente devastador para las pesquerías tropicales, en las que muchas especies de gran valor migran cientos de kilómetros”, sostienen.

Entre los firmantes hay decenas de profesores de universidades de EE UU, Brasil, Reino Unido, Camboya y Alemania, además de expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

“Incluso cuando las evaluaciones de impacto ambiental son obligatorias, se pueden gastar millones de dólares en estudios que no tienen ninguna influencia real en los proyectos, a veces porque se finalizan cuando la construcción ya está en marcha”, denuncian los autores.

Winemiller recuerda el caso del río Xingú, un importante afluente del Amazonas. Su tramo inferior es un complejo de rápidos que sirve de hábitat a casi medio centenar de especies de peces que no se hallan en ningún otro punto de la Tierra. “Estas especies, que alimentan a los pescadores locales que abastecen el comercio internacional de peces ornamentales, están ahora amenazadas por el gigantesco proyecto hidroeléctrico Belo Monte”, señala Winemiller. Este complejo de presas brasileño, cuya finalización está prevista en 2016, fue diseñado con la ambición de convertirse en la tercera hidroeléctrica del mundo, por detrás de la presa de las Tres Gargantas, en China, y de la represa de Itaipú, entre Paraguay y Brasil.

“Este controvertido proyecto está casi terminado y va a cambiar radicalmente el río, su ecología y la vida de la población local, especialmente de las comunidades indígenas que han dependido de los servicios que proporciona el ecosistema del río”, añade Winemiller. La construcción forma parte del Programa de Aceleración del Crecimiento del Gobierno brasileño, para impulsar el desarrollo económico del país. La organización Survival, que defiende los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, ha denunciado que “la presa destruiría los medios de vida de miles de indígenas que dependen de la selva y del río para obtener agua y alimentos”.

“Somos escépticos respecto al hecho de que las comunidades rurales en el Amazonas, el Congo y el Mekong tengan más beneficios por el suministro de energía y la creación de empleo que perjuicios por la pérdida de pesquerías, su agricultura y sus propiedades”, explican los autores en la revista Science. Los científicos piden que las autoridades utilicen los métodos analíticos de última generación para tener en cuenta todos los impactos acumulativos de las presas sobre el medio ambiente y las poblaciones locales, con el objetivo de descartar proyectos muy perjudiciales o reubicarlos en tramos fluviales menos frágiles.

Los expertos calculan que, en el 75% de los casos, la construcción de las grandes presas del mundo tuvo sobrecostes de casi el 100% de los presupuestos utilizados para justificar su creación. El equipo recuerda el caso de la presa de las Tres Gargantas, en la que el Gobierno chino tuvo que destinar 26.000 millones de dólares para moderar su impacto ecológico.

“Las agencias gubernamentales responsables de las autorizaciones para construir presas deben exigir evaluaciones de impacto ambiental rigurosas y basadas en la ciencia, a escala regional”, clama Winemiller. Además, afirma, las instituciones financieras, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, “deben exigir garantías de que este tipo de evaluaciones se llevan a cabo antes de aprobar los préstamos”.

Emmanuel Boulet, especialista principal en medio ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo, recuerda que existen protocolos internacionales de buenas prácticas para la construcción de barreras en los ríos. “Cuando se aplican, podemos tener resultados beneficiosos para todos, como en la planta hidroeléctrica Reventazón, en Costa Rica, o la central hidroeléctrica Chaglla en Perú”, opina. El banco concedió préstamos de 200 millones y 150 millones de dólares respectivamente para estos dos proyectos.

Boulet, no obstante, acepta las críticas. “Reconocemos que los países pueden mejorar su planeamiento de la energía hidroeléctrica”, admite. “En otras palabras, tenemos que llevar a cabo los proyectos adecuados y hacerlos adecuadamente”, finaliza.

Denuncian posible reacctivación de la minería en Chicomuselo

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Por Chiapas Paralelo

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS MEDIOS  DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LA OPINIÓN PÚBLICA

URGENTE  ATENDER  EL  TEMA DE PROYECTOS MINEROS EN CHIAPAS.

Diversas organizaciones campesinas de Chiapas se reunieron ayer en el Municipio de  Chicomuselo, para manifestar su rechazo al actual sistema político, demandan entre otras cosas la cancelación de las concesiones mineras en Chicomuselo y se pronuncian a favor de un nuevo constituyente en el país.

El día de ayer 10 de enero de 2016 este Comité de Derechos Humanos constató  la presencia de miles de personas integrantes  de  diversas organizaciones con presencia en la región sierra fronteriza de Chiapas, quienes se concentraron  para conmemorar la  muerte de campesinos el 10 de enero de 1995 en un enfrentamiento con ganaderos y policías   en esta cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas.

En ese marco, los representantes de distintas organizaciones expresaron su rechazo a las concesiones mineras que el gobierno federal ha otorgado  en este municipio de Chicomuselo, sin la consulta previa, si el consentimiento, y sin la   información a los habitantes de las comunidades.

Recordaron que en el año 2009, fue asesinado el activista Mariano Abarca Roblero por defender el medio ambiente en esta región sin que hasta la fecha se conozca a los verdaderos responsables de este crimen, al mismo tiempo acordaron  fortalecer la unidad entre organizaciones para frenar entre  estos y otros proyectos que ponen en peligro y afectan más la salud y la vida de sus comunidades. Manifestaron que la problemática que hoy se vive en todo el país es el despojo territorial a través de megaproyectos que promueven las grandes empresas trasnacionales con el apoyo del gobierno en sus distintos niveles  que promueven la entrega de diversos proyectos que solo resuelven  de momento la  necesidad de muchas familias

Este Comité de Derechos Humanos  ha documentado en diversas ocasiones la frecuente presencia de empresarios mineros que intentan por diversos medios conseguir el permiso de las comunidades para la extracción de minerales, como es el caso del Ejido Grecia de este municipio donde recientemente el “GRUPO CORPORATIVO  MALE, Y/O MIVACHI  se ha hecho presente  ante la Asamblea General de Ejidatarios para conseguir el permiso de paso para la extracción de minerales.  (Se dice que en el ejido Grecia la mayoría no está de acuerdo pero como hay presión por parte de la empresa, actualmente se encuentran  debilitados)

De igual manera y ante  el temor de que se reabran las actividades mineras nuevamente  en este municipio, integrantes de la sociedad civil  mantienen constante vigilancia en las comunidades  para evitar  que  empresas mineras interesadas en el saqueo de los recursos minerales se introduzcan a las comunidades donde existen concesiones mineras, así como también  un grupo de 15 Comisariados Ejidales de la región planada de Chicomuselo organizados en el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, se reunieron el día 13 de noviembre  del año 2015 para analizar este asunto,  en esa misma fecha   enviaron  un documento  dirigido a los representantes ejidales como es el Presidente del Comisariado Ejidal, el Consejo de vigilancia y  la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido Grecia de este Municipio en donde manifiestan su desacuerdo con la explotación minera y determinan frenar dichas actividades  apoyados con los habitantes de sus respectivos ejidos si es necesario.

Por todo lo anterior,  este Comité de derechos humanos considera urgente  la necesidad de que el gobierno en sus distintos niveles  atienda este problema toda vez que la entrada de empresas para la extracción de minerales en esta región  podría  culminar en enfrentamientos mayores afectando y poniendo en riesgo la vida de seres humanos.

De igual manera recordamos que desde el año 2008 diversas organizaciones de la sociedad civil de este municipio y de la región se han manifestado y  se mantienen  en resistencia pacífica a estos proyectos porque se han concientizado sobre las múltiples afectaciones que implica la actividad minera en  cualquiera de sus formas como fue el caso con la empresa canadiense  Black Fire en Chicomuselo.

Multinacionales, perverso apoderamiento del mercado

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Érika Ramírez, Revista Contralínea

Con la ayuda del gobierno, una treintena de corporaciones multinacionales dominan el mercado agroalimentario. Reciben apoyos millonarios, permisos y concesiones para cada eslabón de la cadena productiva

Las corporaciones multinacionales se apoderan de manera “perversa” del sector agroalimentario en México. Es en una treintena de éstas que se concentran la producción, distribución y comercialización; como Monsanto y Syngenta en la venta de semillas; Gruma y Minsa en la industria de la harina de maíz, y Sukarne y Pilgrim’s Pride en el procesamiento de carne. A cada una, además de la riqueza que poseen, el gobierno les ha contribuido en su crecimiento económico a través de “apoyos”, subsidios o permisos para ampliar su presencia en el país.

El informe El impacto de las corporaciones multinacionales en los sistemas alimentarios (producción, distribución y venta) –elaborado por las economistas Flor Alejandra Bautista Hernández, Irma Cecilia Díaz Rojas y Miriam Lastiri Rito, de la Universidad Nacional Autónoma de México– documentan el acaparamiento de las trasnacionales en los sectores de semillas y agroquímicos; cerveza, refrescos y bebidas; procesamiento de carne; lácteos y el comercio minorista.

Revisiones de padrones oficiales hechas por Contralínea indican que estas corporaciones amasan sus fortunas con el agregado que hace el gobierno federal de millonarios recursos a través de organismos descentralizados como Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) –a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Sin embargo, el crecimiento de su control no sólo se ha debido a las inversiones hechas en el mercado nacional; también han contribuido las leyes que los benefician y a los tratados de libre comercio firmados con otros países que sostienen políticas públicas efectivas.

Ricardo Fuentes, director ejecutivo en Oxfam México, comenta que la organización ha trabajado la agenda de la desigualdad extrema, “porque estamos muy preocupados por la interrelación que existe entre esta gran desigualdad económica y la concentración de poder en el sector público, privado, a través de las instituciones trasnacionales y en la economía.

“México es el país más desigual del mundo. Por ello, este documento muestra un caso específico de lo que ocurre en las corporaciones multinacionales y el impacto que tienen, esta es una dinámica muy perversa, dañina para la sociedad y la economía mexicana, en especial para los más pobres”.

La invasión de las semillas

Como muestra de la expansión corporativa en sectores primarios se encuentran las empresas de origen estadunidenses Ingreedion México y Grupo Monsanto México; así como la suiza Syngenta Agro. Son las tres focalizadas por las economistas como las primeras en el abasto de semillas y agroquímicos.

La revisión de padrones públicos, realizado por Contralínea, revela que la riqueza de Monsanto va apoyada por el mismo gobierno federal. Del concentrado Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2009-2013 –del Conacyt– se desprende que ha obtenido estímulos fiscales por 20 millones 792 mil 120 pesos en el primer año de ese trienio.

En noviembre pasado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgaron el amparo a las comunidades indígenas mayas contra el otorgamiento de permisos de siembra de soya transgénica a Monsanto, en la región del Sureste mexicano. Sin embrago, estos permisos venían operando desde 2012 (Contralínea, 460) sin que fueran consultadas las comunidades que dependen de la apicultura. Esta empresa también ha contaminado el maíz nativo, ya que se ha confirmado la presencia de organismos genéticamente modificados desde 2004 en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Michoacán y Guanajuato (Contralínea, 455).

Syngenta, dice el documento, ocupa el primer lugar de segmento en México; junto con Ingredion México domina la producción y la comercialización de los paquetes tecnológicos en el país. “Son impulsadas por programas públicos como Proagro, que condiciona la entrega de recursos a la compra de sus mercancías, con lo cual se limita el uso que los productores pueden hacer de sus tierras y sus prácticas productivas a los formatos estandarizados de producción que dictan las corporaciones multinacionales”.

Las tres empresas mencionadas en el informe de Oxfam y El Barzón, “controlan el 50 por ciento de la comercialización de semillas patentadas en el planeta, incluidas las modificadas genéticamente”, indica el documento en el que también colaboraron las organizaciones. “En México están presentes y son parte de la Asociación Mexicana de Semilleros. De esta manera controlan al segmento mediante la operación de sus subsidiarias.”

Alejandra Bautista, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenta que esta es una mirada al modo en cómo se encuentran estructuradas las corporaciones multinacionales dentro de los sistemas alimentarios del país y sus efectos socioeconómicos sobre los pequeños productores.

“Es precisamente mediante este sector que las corporaciones han logrado dominar el mercado en México, las encontramos controlando interna y externamente todos los nodos de la cadena agroalimentaria, de modo que los pequeños y medianos productores, junto con los consumidores, quedan cautivos en una cadena estructurada y dirigida por las multinacionales”, dice la académica universitaria.

Millonario procesamiento de carnes

Sigma Alimentos es la primera en aparecer en el estudio elaborado por las economistas Bautista Hernández, Díaz Rojas y Lastiri Rito, bajo el auspicio de la Unión Europea. Detallan que es “esta empresa de capital nacional debe su expansión a adquisiciones transfronterizas que le han permitido entrar a los mercados estadunidense y europeo”.

De los padrones públicos revisados por Contralínea se desprende que Sigma ha obtenido estímulos fiscales por 93 millones 337 mil 620 pesos; tan sólo en 1 trienio (el documento del Conacyt es el más recientemente publicado).

Industrias Bachoco es la segunda mencionada en el estudio entre las poderosas de la agroindustria. De ésta indica que es “la sexta productora de pollo en el mundo y tiene una posición casi monopólica en la producción de huevo en México, donde además produce y comercializa cerdos, procesa carne de pavo y res, y provee alimentos balanceados a ganaderos”.

La empresa, de la que la familia Bours posee el 73.25 por ciento, se colocó en el número 24 de las 48 favoritas de Aserca, con 1 millón 432 mil 282 pesos, recientemente entregados.

SuKarne soporta las operaciones del Grupo Viz (SuKarne, Renpro, Humibac y SuKuero), de capital nacional. “Controlada por la familia Vizcarra, se enfoca fuertemente en la exportación, que en 2014 se incrementó 60 por ciento y que se dirige principalmente a Estados Unidos, Japón y Rusia. Su producción cubre tres cuartas partes del mercado nacional de res, cerdo y pollo”, muestra el documento de las organizaciones.

La empresa del expresidente municipal de Culiacán y excandidato a gobernador de Sinaloa, Jesús Vizcarra, fue beneficiada en 2014 con 40 millones 281 mil 983 pesos. El político aliancista realizó su campaña política de la mano del actual presidente, durante los pasados comicios. Al tercer trimestre de 2015 se suman 9 millones 876 mil 544 pesos del erario.

Pilgrim’s Pride “es una de las corporaciones multinacionales procesadoras de pollo y productoras de salchicha más importantes del mundo. Opera una de las redes de distribución refrigerada más grande de Latinoamérica. En México cuenta con tres plantas de procesamiento y cuatro de alimento, además de granjas reproductoras y de engorda. Tiene dos plantas en Querétaro, una de las cinco principales entidades en la producción avícola. Esta empresa es la principal proveedora de varias cadenas de alimentos procesados, como Kentucky Fried Chicken, indica el documento de las organizaciones.

En tanto que los Listados de beneficiarios compradores, al cuarto trimestre de 2014 y al segundo trimestre de 2015, muestran que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a esta empresa de origen estadunidense 13 millones 464 mil 737 pesos por concepto de comercialización de maíz.

En el informe conjunto de la organización internacional defensora de los derechos humanos y de la campesina también aparecen Tyson de México, Grupo Bafar, Xignux Alimentos y Kuo Consumo, colocadas entre las principales empresas del país.

Alimentos procesados en poder de pocos

En la lista de los alimentos procesados, el informe de Oxfam y El Barzón, ubican a seis grandes: Grupo Bimbo, Gruma, Unilever de México, Grupo Industrial Maseca, Grupo Herdez, y Grupo Minsa. Todas han incrementado sus activos luego del desmantelamiento del agro, iniciado con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Las corporaciones de procesamiento de maíz, harinas y alimentos “son las principales acaparadoras de granos en México. Este segmento es estratégico puesto que es uno de los principales abastecedores de alimentos para la población mexicana.

“Se caracteriza por la forma en que obtiene sus insumos, empleando desde el acaparamiento de maíz y trigo hasta la fijación de los precios, afectando así a medianos y pequeños productores”, dice el documento.

El estudio menciona que la exitosa empresa mexicana, internacionalizada en años recientes, “de 2009 a 2014 tuvo nueve adquisiciones, con lo que se volvió la panificadora más grande del mundo. Bimbo tiene 1 mil 600 centros de distribución y 144 plantas en 19 países”.

La revisión de los padrones muestra que Grupo Bimbo se le asignaron 2 millones 767 mil 500 pesos en 2009, asignados en Colima, el Distrito Federal y Guanajuato a través del programa Innovación Tecnológica para las Grandes Empresas, del Conacyt, el mismo año que inició su expansión internacional.

Unilever de México, dice la investigación financiada por la Unión Europea, “es la tercera empresa más grande de bienes de consumo en el mundo, su capital es de origen británico y holandés. Cuenta con dos divisiones: alimentos y cuidado personal y del hogar. Sus principales materias primas son papel, cartón, azúcar, té, frutas, verduras, productos lácteos, cacao y aceite de girasol, colza y palma”.

Las listas oficiales mexicanas indican que el Conacyt le entregó 1 millón 987 mil 685 pesos en el Estado de México, justo el primer año de la administración federal del mexiquense Enrique Peña Nieto.

Del Grupo Industrial Maseca era directivo el ahora el director de Aserca, Alejandro Vázquez Salido. Contralínea ha documentado que ésta, a través de su poseedora Compañía Nacional Almacenadora, obtuvo 217 millones 273 mil 344 pesos.

Según los especialistas, Cargill, Minsa y Maseca “dieron muestra clara de su control sobre el maíz cuando se pusieron de acuerdo para no comprar el maíz de los productores organizados, a fin de debilitarlos y disminuir los precios. Lo mismo ocurrió con el caso del trigo para la cosecha otoño/invierno de 2008-2009.

Grupo Herdez, “desde 2010 ha hecho diversas adquisiciones. Ubica sus plantas en las principales entidades hortícolas del país como Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí y Chiapas, donde compra sus materias primas a los grandes productores agrícolas”, indican las organizaciones.

Tan sólo al tercer trimestre de este año, los apoyos a compradores al tercer trimestre de 2015 de Aserca muestran que Grupo Minsa obtuvo de los recursos públicos 22 millones 110 mil 75 pesos. Ésta es la segunda empresa más importante en la producción y en el proceso de maíz en México, nacida a raíz de Miconsa (Maíz Industrializado Conasupo, SA de CV].

Bebidas en poder de seis

Este es uno de los segmentos más beneficiados por el modelo económico actual en México, dice la investigación de Oxfam y El Barzón. En 2012 la cerveza fue el principal producto exportado por México, lo que colocó al país como el exportador número uno en el mundo.

De las seis corporaciones que componen este segmento, expone, tres en realidad forman parte de The Coca-Cola Company (matriz estadunidense) en México. En total, las identificadas por las economistas son: Coca-Cola Femsa, Grupo Modelo, Cuauhtémoc Moctezuma, Arca Continental, Pepsico de México y Coca-Cola de México.

Las académicas resaltan que, en 2013, en México fue aprobado un impuesto a la producción e importación de bebidas endulzadas y comida chatarra con el objetivo de incrementar los ingresos fiscales del país y también, supuestamente, combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad que se vive en el país al incrementar el precio de estos productos para los consumidores.

Sin embargo, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (organismo mexicano que representa a empresas como Coca-Cola, Pepsi, Bimbo, Alpura y Lala) se manifestó en contra de dicha medida, señalando que era regresiva y que no existe evidencia científica que relacione el consumo de bebidas azucaradas con el incremento del sobrepeso y la obesidad en México (El Financiero, 2013).

Y sí, en efecto, la medida fue pagada por los consumidores y no por los productores, ya que, por ejemplo, el precio de los refrescos aumentó.

Lácteos acaparados

Las Corporaciones del mercado de lácteos, dice la investigación de las organizaciones, “funcionan como recolectoras, que tienen la capacidad instalada para transportar la leche a la industria y, así, acaparar el mercado. Estos grupos se caracterizan, además, por tener una fuerte integración vertical; su diversificación está en productos como el café. El caso paradigmático es Nestlé”.

En éste dominan cuatro empresas, dos de origen nacional y dos extranjeras:

Grupo Lala, “la mayor empresa láctea de Latinoamérica y surge de la unión de varios productores. Actualmente se abastece recolectando en los diversos establos de la región Lagunera.

“Alpura es parte de una unión de socios ganaderos, su crecimiento en el mercado es un obstáculo para los pequeños productores, pues procesa 2.5 millones de litros de leche al día. Cuenta con 30 depósitos de almacenamiento y una red de distribución propia. El modelo de negocios de Alpura funciona como una Unión de Crédito que aglutina a diferentes socios, a los que vende insumos, maquinaria y equipo. Así asegura la cadena de lácteos para su posterior procesamiento y distribución.

“Danone es la compañía número uno de lácteos frescos en el mundo. Sus otras actividades principales son la producción de agua embotellada y de bienes para la nutrición infantil.

“Nestlé México es la empresa agroalimentaria más grande del mundo, con sede en Vevey, Suiza. En México cuenta con 16 centros de investigación. Está integrada al sector lácteo pero también produce bebidas, cereales, alimentos para bebé, helados y alimentos congelados; además posee la marca Purina, de alimentos para mascotas…”.

Las poderosas minoristas

En el llamado comercio minorista figuran Walmart de México, Organización Soriana, Sam’s Club, Grupo Comercial Chedrahui, Controladora Comercial Mexicana y Costco de México.

El análisis El impacto de las corporaciones multinacionales en los sistemas alimentarios (producción, distribución y venta) indica que se trata de “conglomerados con una estrategia de mercado multiformato, que diversifica sus empresas y su ubicación en el mercado con base en los niveles de ingreso de la población; de allí que poseen bodegas, almacenes, clubes de precios, mercados e hipermercados”.

Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de la organización campesina El Barzón, comenta que hay un problema muy grande en todos los productos y con estas empresas. Los márgenes de intermediación oscilan entre el 70 y 90 por ciento; es decir, la diferencia del pago al productor y al consumidor implica una ganancia que se llevan los intermediarios de hasta el 90 por ciento. ¿Quién no se va a extender por todo el país, si tienen todo el apoyo del gobierno?, cuestiona.

Video: Voces del Mundo contra el fracking: Wyoming, EEUU

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Alianza Mexicana contra Fracking

Vivir a metros de pozos fracturados es una pesadilla.
La Alianza Mexicana contra el Fracking recoge voces de personas afectadas por fracking en diferentes partes del mundo. Aquí John Fenton de Wyoming, EEUU, nos relata su experiencia y nos motiva a luchar contra el fracking.

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Convocatoria: Encuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones contra la Minería

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endefensadelosterritorios.org

Ante el incremento de concesiones y proyectos mineros en el estado de Oaxaca, comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca y organizaciones integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios invitamos a autoridades municipales, comisariados de bienes ejidales y comunales, comuneras, comuneros, ejidatarias, ejidatarios, organizaciones y colectivos a un Encuentro Estatal contra la Minería. El objetivo es generar un espacio de reflexión a nivel estatal sobre los principales avances y desafíos de los movimientos contra la minería para fortalecer la resistencia y defensa de comunidades y organizaciones, asimismo analizar las condiciones para generar actividades articuladas a nivel regional y estatal. El Encuentro se realizará los días 29 y 30 de enero de 2016, en la comunidad de Cerro de las Huertas, Ejutla de Crespo.

¡Aquí decimos SI a la Vida!

Para obtener mayor información e inscribirse al Encuentro,  por favor escribir un correo a la dirección: colectivoaxaca@yahoo.com.mx, es necesaria  su confirmación a dicha actividad para preveer la alimentación y hospedaje durante los dos días. Más adelante estaremos publicando los detalles logísticos para la actividad.

Fraternalmente: Comisariados de Bienes Ejidales de Monte del Toro, El Vergel y su Anexo los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, La Guadalupe, San Juan Coatecas Altas, Barrio del Progreso y Taniche; Comisariados de Bienes Comunales de Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac; Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Tequio Jurídico A.C.,Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- Centro Prodh A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca-UNOSJO S.C. y Servicios del Pueblo Mixe-Ser Mixe A.C.

Apoya a comunidades mayas vs soya transgénica

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Cómo saben el pasado 4 de Noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las comunidades mayas de la Península de Yucatán suspendiendo la siembra de soya transgénica en la Península hasta que se realice una consulta.

Idealmente esta consulta “debería” haber sido previa y debe ser libre, informada y de buena fe.

Debido a que existen numerosas experiencias de consulta a pueblos indígenas en los que no se han cumplido las garantías establecidas en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, surge la presente campaña de recaudación de fondos para poder informar, dar seguimiento y verificar el procedimiento.

TODOS PODEMOS CONTRIBUIR, APOYA Y DIFUNDE. SALVEMOS LA SELVA MAYA

¿De qué trata el proyecto?

Desde hace varios años, las comunidades mayas de la Península de Yucatán han visto afectadas sus formas tradicionales de vida y de desarrollo. La apuesta por un modelo de agricultura industrial con especial énfasis en la siembra de soya transgénica ha traído numerosas consecuencias:

– Daño a la apicultura: la presencia de soya transgénica es un gran riesgo para las exportaciones de miel a Europa, que desde 2012 no compra el producto si tiene presencia de transgénicos; poniendo en peligro el principal medio de subsistencia de las comunidades mayas y parte esencial de su identidad cultural.

Conocer más y Apoyar

PEDIDO DE SOLIDARIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS AFECTADOS POR LA TRAGEDIA EN MARIANA

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Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

En tiempos Natalinos, estamos llamado a colaborar. Una pequeña acción puede sumar mucho delante de la necesidad. La situación de toda la región afectada por la rotura de la presa de Samarco (Vale / BHP Billiton) sigue siendo crítica y el caotico, como ya vemos comunicando (falta de agua en toda la región, no hay acceso a la información adecuada). Sabemos que todavía hay un largo camiño para asegurar los derechos de las personas afectadas por la recuperación y ambiental.

Desde el principio tenemos una brigada permanente para apoyar a los afectados a lo largo de la cuenca del río Doce de Minas Gerais hasta Espirito Santo, que trabajan en la organización de los afectados  en  la defensa de sus derechos, junto con las organizaciones populares presentes. Este trabajo es duro, porque nos confrontamos con la parafernalia de la capital de una gran empresa. Y nuestra experiencia dice que sin la participación de las personas afectadas, de manera organizada, sus derechos serán siempre negados.

Cómo es un trabajo que va a durar el tiempo, necesitamos su apoyo:

En primer lugar: Qué nos ayudan a difundir el vídeo a la campaña de recaudación de fondos para la organización de la presa afectada Samarco (Vale / BHP Billiton) para defender los derechos y la naturaleza. Esto puede ser de muchas formas (om una replicación de vídeo en sitios web, blogs, facebook, y su contacto). El vídeo está en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=ZgzHlWWnXP0

Segundo: Que sea un donante, y nos ayudan a construir una red de personas de muchos, amigos, simpatizantes de la causa. “Sabemos que muchos donando poco, puede ternar ser grande.”

Todas las donaciones se revertirán a un fondo para, trabajo de base, organización y movilización de la presa afectada Samarco (Vale / BHP Billiton) para defender los derechos y la naturaleza.

Para donar:

SWIFT code: BRASBRRJBHE
IBAN code:  BR2800000000012280000614726C1
Ag: 1.228-9
CC: 61.472-6
Banco de Brasil
Nombre: Asociación Estatal de Medio Ambiente y Protección Social

Denuncian impacto de modelo extractivista en mujeres en Guatemala

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prensa latina

La violencia sexual, social y política recae sobre las campesinas e indígenas comprometidas con la lucha por el territorio ante el empuje de las empresas extractivistas en Guatemala, denunciaron defensoras de los derechos humanos.

Representantes de comunidades como La Puya, del municipio San José del Golfo, departamento de Guatemala; así como de San Rafael Las Flores, en el departamento sureño Santa Rosa, ejemplificaron estos hechos durante el Foro Una mirada a la industria extractiva desde la perspectiva de las mujeres.

En el evento, celebrado en el capitalino hotel Panamerican, las integrantes del panel aludieron a la constante represión, criminalización, persecución y vejámenes enfrentados por las activistas sociales de esas localidades, recogidos en un documento presentado en la jornada.

La publicación Dejar la vida por nuestra Madre Tierra, del Colectivo Ecologista MadreSelva, contiene experiencias, memorias y reflexiones de las protagonistas de la defensa de La Puya y de San Rafael Las Flores.

El texto fue elaborado con el respaldo de Oxfam Guatemala y destaca el papel esencial de ellas en la defensa del territorio frente a la irrupción de las empresas mineras, sin previa consulta y con el consentimiento del Estado.

“Este libro ofrece testimonios que inspiran y es un llamado a que organizaciones sociales y comunitarias, comunidad nacional e internacional, presten apoyo y acompañamiento a las acciones impulsadas por las poblaciones afectadas”, afirmó la coordinadora del Programa de Género de Oxfam, Mónica Grau.

En tanto la diputada electa Sandra Morán recordó que en el sector mujeres “hemos hablado de cinco territorios en disputa: el cuerpo, la tierra, la naturaleza, la memoria y la historia, porque quienes nos han gobernado y quienes nos gobernarán quieren reescribir la historia y seguir acallando nuestras luchas”.

“La violencia es y ha sido una política de Estado, ahora se habla de femicidios pero las huellas que exhiben los cuerpos de las víctimas de la violencia son iguales a las que propinaban durante la guerra los militares que en esta época entrenan a los policías guatemaltecos”, declaró.

Datos ofrecidos por las panelistas sugieren que en Guatemala ocurre un femicidio -o crimen contra una mujer por razones ligadas a su sexo- cada 10 horas y que una de cada 10 sufrió algún tipo de violencia.

Hicieron referencia, además, al vínculo entre un modelo económico basado en el extractivismo y la violencia contra las féminas, particularmente contra las campesinas e indígenas.

El gran reto de las mujeres en esta coyuntura es hacer más redes, es estar juntas entre ellas, pero también con los hombres, porque cuando hablamos de lucha también los incluimos a ellos, coincidieron.

La REMA acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Ante  la sistemática criminalización, amenazas, hostigamiento y persecución a los miembros de la organización Bios Iguana A.C y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado mexicano de Colima; los diversos niveles de gobierno tanto municipal, estatal y federal, han hecho caso omiso de las denuncias, quejas, amparos y otras acciones legales que en el marco de la ley y del Estado de Derecho han permitido.

Sin embargo, las violaciones a las defensoras y defensores de los derechos humanos por su lucha contra las afectaciones del proyecto minero que se pretende imponer con lujo de violencia e ilegalidades donde participan instancias de los tres niveles de gobierno, siguen manifestándose con toda impunidad pese a contar con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Por ello el pasado 31 de Julio, con ayuda de La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), se ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ya ha dado curso al caso y ha solicitado información al gobierno mexicano, así como las medidas cautelares para los miembros de la asociación Bios Iguana AC y CIDTZ /REMA.

Exigimos al gobierno mexicano un alto a la impunidad, dar curso a las demandas que se han presentado en diversas instancias, y detener la sistemática violación a los derechos humanos contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Colima, donde participan los tres niveles de gobierno, desde la Procuraduría Agraria pasando por la Secretaría de Gobierno Estatal; policía municipal, estatal y federal; el ejército, el congreso local, hasta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Colima.

¡ALTO A LA IMPUNIDAD!

¡POR UN ESTADO DE DERECHO!