Vía Movimiento M4

Ésta es una guía para la resistencia contra la explotación minera y otras operaciones extractivas. Proporciona a estrategias y a tácticas para prevenir la extracción, y para reducir daño si la extracción está ya en curso. Orienta a dirigentes de la comunidad en la ordenación y toma de medidas local, regional, nacional e internacionalmente, para resistir al asalto devastador de operaciones extractivas. Esto es una versión ampliada, en dos volúmenes, de la primera edición publicada en 2009.

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Compartido desde MiningWatch Canada

RadioMundoReal.fm

Máxima Acuña, activista peruana ganadora del premio Goldman a la defensa del medioambiente, denunció haber sido agredida el pasado domingo por trabajadores de la minera Yanacocha, desde una clínica en la que permanece internada en la región de Cajamarca.

La activista denunció este lunes que trabajadores de Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont, ingresaron a su predio para levantar los cultivos que había realizado en un terreno adyacente al de la minera en las inmediaciones de la Laguna Azul, en la localidad de Sorochuco.

«Entonces, han llegado aquí y me han jaloneado, el brazo me duele, tengo un moretón en mi mano, me han jalado por las puras y me han cogido del cuello y de mi ropa», declaró Acuña.

Acuña pidió al Gobierno y a la Defensoría del Pueblo que se interesen por su caso, al considerar haber sido agredida injustamente. El representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno, pidió que el Estado mejore la protección a favor de Máxima Acuña, en el marco de las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La organización no gubernamental Grufides informó en su sitio web que «cuando la señora Máxima y su esposo Jaime se acercaron a reclamar por la invasión y pidieron que se detenga esta irrupción en su terreno, el personal de seguridad de la minera impidió que la familia avanzara para dialogar».

«Fue en este momento que atacaron violentamente a Máxima y a Jaime. Con un arma han golpeado a Máxima en su cabeza y cuerpo y la han dejado gravemente herida», denunció Grufides.

La fundación del Premio Goldman denunció, a través de las redes sociales, el ataque contra Acuña y su familia por «hacer valer su derecho a vivir en paz en su tierra». La entidad planteó pedir a la empresa, que es la segunda mayor aurífera en el mundo, a «acabar con el acoso» en contra de ella.

En abril pasado, Acuña declaró que las amenazas que recibe por resistirse a entregar su predio a Yanacocha, para el desarrollo del proyecto minero Conga, pueden recrudecerse tras recibir el premio Goldman.

La campesina afirmó recibir anteriormente amenazas de muerte por parte de personas vinculadas a la minera, cuyo proyecto, ubicado en la región de Cajamarca, de los Andes del norte de Perú, se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos en la región.

Acuña reiteró que es propietaria del predio desde antes de que la minera la acusara en 2011 de usurpación indebida, una denuncia de la que fue declarada inocente en 2014, tras haber sido condenada en primera instancia a dos años y ocho meses de prisión suspendida.

En las últimas horas Amnistía Internacional pidió al Estado peruano realizar una investigación imparcial y eficaz sobre el incidente que sufrió Máxima Acuña y su esposo el pasado domingo. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, indicó que el Estado debe brindar protección a Máxima y su familia para que terminen los supuestos actos de intimidación en su contra. Consideró que “es necesaria una investigación imparcial y eficaz sobre lo ocurrido el último domingo a Máxima Acuña y su esposo en Tragadero Grande”.

En el siguiente video Isidora Chaupe Acuña hija de Máxima narra cómo fue agredida su madre:

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Movimiento M4

El año 2015 murió de la misma forma que el gobierno del Partido Patriota (PP): en medio de un coro de miles de voces en las calles y plazas, que exigían su fin. Indignados, con toda razón, por las muestras de corrupción y despilfarro del PP, al mismo tiempo la gente moría por falta de medicinas o agua limpia en los hospitales. Al mismo tiempo que en las comunidades rurales y urbanas el Estado-gobierno no llega nunca en la forma de centros de salud, educación, arte o agua entubada, pero si en la forma de fuerzas de tarea y otros grupos armados encargados de “mantener el orden” dominante.

Muchos vieron con una mezcla de creciente desconcierto pero también de esperanza las diversas movilizaciones que culminaron con la renuncia del binomio gobernante. Otros hablaron de la “vieja política”, para referirse a la política como sinónimo de corrupción (además de hacer un juego de palabras machista para referirse a la candidata del partido UNE).

También se habló de la “nueva política” para indicar la aparentemente nueva situación, en la que dichos vicios fueron superados para siempre. Una visión a todas luces simplista de la política, el poder y la historia en Guatemala (queda preguntarnos si este análisis se debe a la ingenuidad o al cinismo).

 

El sorprendente triunfo electoral del partido Frente de Convergencia Nacionalista (FCN) y la transición “a tropezones”, así como un balance de las palabras, las obras y las “actuaciones” del nuevo presidente en estos primeros seis meses del año 2016, nos permiten afirmar que “la vieja política” en realidad no ha sido superada.

Pero no se trata de la “vieja política” de hace solo unos cuantos años, sino el enfermo árbol de la política que nació junto al Estado-nación guatemalteco en el siglo XIX, cuyas ramas llegan hasta estos mismos días en el siglo XXI, pero que hunde sus raíces hondamente en el suelo de la dominación colonial.

Entre muchos otros ejemplos de lo indicado, podemos mencionar la renovación de la pugna jurídica pero también política entre aquellos grupos que insisten en señalar, con las pruebas en la mano, que en Guatemala el Estado implementó políticas genocidas durante la guerra civil o Conflicto Armado Interno (CAI), y aquellos otros grupos que niegan lo anterior, con una serie de argumentos que apelan a sentimientos e ideas como el nacionalismo o un visceral anticomunismo, pero no a la lógica ni a los hechos. Recordemos que desde la época electoral, el entonces candidato del FCN, y actual presidente, tomó partido por la segunda opción, la negación del genocidio.

Esta disputa jurídica y política no solo se desarrolló en el mismo juicio por genocidio, anulado en años pasados y hoy reactivado a puerta cerrada; sino también en otros procesos como el caso de la base militar CREOMPAZ (antigua Zona militar 21 de Cobán), donde han sido localizadas cientos de osamentas de civiles torturados y asesinados, o el caso del campamento militar Sepur Zarco (en Panzós, Alta Verapaz), que fue el escenario de torturas y asesinatos a varios luchadores q’eqchi’ por la tierra y el territorio, así como de la esclavitud y violencia sexual de sus viudas durante largos años.

Tanto la Zona militar 21 de Cobán como el campamento de Sepur Zarco fueron piezas centrales, no solo de las políticas genocidas o políticas de muerte (necropolítica), sino también de las políticas de control, explotación y dominación de poblaciones, territorios y elementos naturales (biopolítica). Tanto la biopolítica como la necropolítica forman parte de la “vieja política”, que ya quisiéramos ver superada, sin embargo se renuevan y se entrelazan de múltiples formas en estos tiempos de una supuesta “nueva política”.

Hoy en día podemos ver a la necropolítica y a la biopolítica en acción, tanto en la destrucción de viviendas, cultivos y medios de vida de las comunidades desalojadas para dar paso a las plantaciones de monocultivo, como en la represión armada que acabó con la vida de Rigoberto Lima Choc (Sayaxché, Petén, 2015) o Walter Méndez (Las Cruces, Petén, 2016), entre muchos otros que no podemos mencionar aquí.

Asimismo, la necropolítica se evidencia en la persecución judicial contra los hombres y mujeres que se enfrentan a las empresas extractivas nacionales y transnacionales (mineras, petroleras, hidroeléctricas, agroindustriales). Por ejemplo las casi 100 órdenes de captura contra líderes y lideresas comunitarios de Alta y Baja Verapaz, por el “terrible crímen” de defender los territorios y la vida. O en la reciente anulación, de forma legal pero abiertamente injusta, de la consulta municipal en Cahabón (Alta Verapaz), en la cual la población votaría en relación a los usos del agua de los ríos Cahabón y Oxec.

En resumen, la máscara de la “nueva política” cubre el rostro de la “vieja política”, que aún está vigente de muchas formas. También sigue vigente la “vieja economía” extractivista (que también tiene raíces en los despojos coloniales). En estos tiempos de “nueva política”, los proyectos extractivistas de todo tipo están fortaleciéndose y consolidando su presencia territorial. Sin embargo, a cada paso han tenido que enfrentar las numerosas y diversas resistencias comunitarias en defensa de los territorios y elementos naturales como el agua. Entre muchas otras cosas, esas resistencias comunitarias nos hablan de un nuevo sentido, esta vez alternativo, de la biopolítica-, toda vez que son luchas en defensa de la vida.

Por Camilo Salvadó, Equipo PICTA – AVANCSO, Pueblos Indígenas, Campesinos, Capitalismo, Territorios y Ambiente (PICTA). La columna fue el Editorial del Noticiero Maya K’at de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica FGER el 17 de agosto del 2016.

NVI Noticias

Expertos de la organización internacional MiningWatch Canada y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunciaron las leyes “a modo” que en México permiten el saqueo de bienes naturales, despojo de territorios y desplazamiento de pueblos originarios.

Miguel Mijangos, de la REMA, denunció que el Artículo 6 de la Ley Minera da preferencia a la explotación de minerales por encima de reservas naturales, zonas arqueológicas y áreas protegidas como patrimonio histórico, agregó que el gobierno mexicano permite que las empresas mineras operen de manera irresponsable, sin fondos para enfrentar riesgos y menos para prevenirlos.

Las Reformas Estructurales, la Ley Minera y el proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), tienen en común leyes a modo que permiten la extracción de bienes naturales a cambio de contaminación, “no es cierto que trae empleos y progreso, las minas sólo traen contaminación, enfermedades e incremento de la delincuencia, se llevan todo y quedan pueblos fantasmas”.

 

Durante el taller impartido a miembros de la comunidad, Jennifer More expresó que la etapa actual en la que se encuentran los proyectos mineros en el Istmo, específicamente en Ciudad Ixtepec, es incipiente; sin embargo, de continuar avanzando sería casi imposible para la comunidad detenerlo, ya que las mismas leyes permiten a las empresas demandar al gobierno mexicano para que proteja sus inversiones.

Dijo que “blindar” el territorio de proyectos mineros requiere de estrategias multifacéticas, desde la organización de barrios hasta legal, debido a que el modelo extractivo actualmente es demasiado violento con las comunidades, tanto que en fases preliminares ya presenta afectaciones en términos de divisionismo entre los habitantes, además de la contaminación de tierra, agua y aire.

En ese sentido dijo que además de la contaminación de las aguas, las empresas mineras utilizan millones de litros de agua para sus procesos, afectando la calidad y cantidad de agua disponible en la región. Citó como ejemplo que para la extracción de oro se requieren hasta 250 millones de litros de agua al día para sacar 10 kilos de oro, dejando también 17 mil toneladas de desechos tóxicos, por cada 10 toneladas de oro.

Explicó que debido a las afectaciones en la salud de los habitantes, las mineras actúan rápido, extrayendo en un periodo de 5 a 15 años todo el mineral preciado de la zona, dejando millones de toneladas de roca mezcladas de sustancias tóxicas que afectaran el desarrollo de la vida en todas sus manifestaciones en ese territorio.

Con estas leyes que benefician a las empresas, se plantean situaciones absurdas en los pueblos, cuando la única real exigencia a este “modelo atroz” es que les permitan seguir viviendo en paz.

Fuente: Movimiento M4

Serie de reportajes del proyecto Pie de Página de la Red de Periodistas de a Pie.

Cuatro millonarios mexicanos concentran fortunas personales equivalentes a una décima parte del Producto Interno Bruto del país. Los cuatro han construido sus imperios a partir de sectores privados concesionados y/o regulados por el sector público. Los cuatro tienen negocios en la industria energética y extractiva, que han crecido exponencialmente en la última década.

¿Cómo operan? ¿Qué beneficios han dejado en las comunidades donde explotan sus minas?
Esta investigación de la Red de Periodistas de a Pie fue realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas

Son los cuatro millonarios más poderosos de México. En 2015, perdieron 39 mil millones de dólares de su fortuna personal, una cantidad que sextuplica el presupuesto que el gobierno mexicano destinó, para la atención de 53 millones de mexicanos pobres en ese mismo año.

Y a pesar de su millonaria pérdida, siguen entre los 10 hombres más ricos de México, según el ranqueo de Forbes.

En México, sostiene la organización internacional Oxfam, 16 millonarios concentran la quinta parte de los ingresos totales del país. “Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por la falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”, dice en su estudio Desigualdad Extrema en México.

De esos 16 millonarios, los cuatro que han peleado la punta desde 1996, -cuando la revista Forbes publicó por primera vez su lista de México-, tienen negocios en la boyante industria energética y extractiva: Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères y Ricardo Salinas.

Estos multifacéticos empresarios han impulsado un modelo de nación que permite diseñar y aplicar políticas que ponen intereses privados por encima de los pueblos y sus territorios.

Estas son sus historias y las de los pueblos que han destruido.

1) Slim, el voraz

2) Larrea, el sucio

3) Baillères, el heredero 

4) Salinas Pliego, el titiritero

Texto: Ángeles Mariscal y Celia Guerrero
Fotografías: Daniela Pastrana y Ángeles Mariscal
Gráficos: Arturo Contreras

SIERRA DE CHIAPAS.- A Filigonio de León Pérez el paraíso se le terminó. Al agua del río que baja de la biosfera El Triunfo y atraviesa su comunidad se le hizo una nata de oxidación que le arrancó la vista a cientos de peces y a su hijo Filigonio, de 20 años.

En Nueva Esperanza y en los poblados de la zona baja de la sierra de Chiapas, entre 2008 y 2012, junto con los ríos contaminados por las minas Cristina y Nueva Francia, creció también la presencia de fundaciones y políticos ligados al empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país, y al Partido Verde Ecologista de México.

Aunque la tragedia de Filigonio y miles de familias cuyas tierras están asentadas sobre regiones ricas en minerales e hidrocarburos, inició antes, por el año 2000, cuando llegaron geólogos a introducir delgados y largos tubos para sacar muestras de tierra, sin dejar huellas. En los siguientes 15 años, el gobierno federal concesionó la quinta parte del territorio chiapaneco para la exploración y explotación de oro, plata, cobre, plomo, zinc, titanio, fierro y barita. En total 1.5 millones de hectáreas de tierra lista  para ser explotada.

Los “fuereños” llegaron a rentar tierras a los comuneros y ejidatarios de zonas estratégicas, de donde empezaron a sacar, casi de manera subrepticia, miles de toneladas de rocas. Los habitantes de la región, dedicados a la producción de árboles frutales, madres y café empezaron a recibir dinero -un promedio de 2 mil pesos anuales- por que alguien sacara piedras. Parecía una verdadera “compensación”.

La oquedad que dejaron las excavaciones en la parte alta del poblado Nueva Francia se llena de agua verdosa en época de lluvias y bien podría confundirse con una laguna natural, si no fuera porque ni los sapos sobreviven ahí adentro. A unos kilómetros de distancia, la mina La Libertad (conocida como mina Cristina) tampoco tiene un impacto visual dentro de esta tierra paradisiaca.

Filigonio y su familia, y al resto de los pobladores de esta región entendieron que eso no era cosa buena. Escuchaban las historias de quienes viven al otro lado de la sierra. En el municipo de Chicomuselo asesinaron a Mariano Abarca Robledo por oponerse a la explotación de la mina ubicada en el ejido Grecia.

Era el año de 2009 y empezaba la resistencia.

Esperar el mejor momento

Rubén Nolasco Hernández de 60 años, es propietario de tierras donde la mina Nueva Francia extrajo titanio durante los seis años que estuvo activa. Todo ese tiempo el campesino recibió 3 dólares por cada tonelada del metal extraido.

El hombre cuenta que en 2008, firmó un contrato “con el ingeniero Silva” para rentar sus tierras por 30 años, pero no los tiene a la manos “porque el ingeniero se lo llevó”.

“Me dieron 400 mil pesos por adelantado como pago por la explotación de 4 años”, explica el campesino, mientras explica que su tierra en el municipio de Escuintla antes dedicada al cultivo de frutas y el pastoreo de ganado, en la zona de influencia de la Biosfera El Triunfo.

“¿Quién me va a dar este dinero por mis tierras? Nadie. Acá los campesinos nunca hemos visto tanto dinero junto, ni lo veremos. Pero el problema fue que la gente empezó a protestar porque dijeron que la mina estaba contaminando los ríos”.

Uno de ellos era Filigonio. Los campesinos empezaron a cerrar los caminos por los que bajaban los camiones cargando el titanio. Eso, y el asesinato de Mariano Abarca puso los reflectores sobre la región.

En 2012, las autoridades reconocieron que ni la mina Nueva Francia ni la mina La Libertad (o Cristina) tenían en regla las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la extracción debido a que el potencial minero en esta región se encuentra en el núcleo de la Reserva y Zona de Amortiguamiento de la Biosfera El Triunfo -que alberga al bosque de niebla más importante del país- y en el Área Natural Protegida de La Encrucijada. Ambas están protegidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas y Ley de Equilibrio Ecológico.

 La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la mina Nueva Francia; la mina La Libertad (o Cristina) suspendió la extracción de mineral, y la minería en la región entró en un impase, indica el  análisis “Impacto de los proyectos minero metálicos en áreas prioritarias para la conservación en Chiapas: estudio sobre las amenazas a la biodiversidad en la sierra madre”, elaborado por bióloga Sandra Urania Moreno Andrade y auspiciado por la Alianza Sierra Madre.

Pero los empresarios mineros sólo esperaban mejores tiempos. En los años siguientes, la entrega de concesiones y la obtención de nuevas tierra mediante los procesos de compra o renta siguió avanzando, y los grupos políticos que fungen como operadores de los empresarios mineros -principalmente ligados al Partido Verde-  concretaron su estancia en el gobierno estatal.

La toma del poder

Para finales de 2015, Tristán Canales Reyna, su esposa, Diana Luna Hernández y su hija, María Cristina Canales Luna, poseían 22 de las 99 concesiones mineras vigentes en Chiapas.

Canales Reyna es hijo del diputado federal priísta, Tristán Canales Najjar, quien también es vicepresidente de Información y Asunto Públicos de Grupo Salinas, cuyo fundador y presidente es el magnate Ricardo Salinas Pliego.

Entre la población de la sierra y costa de Chiapas poco se sabe del vínculo entre Tristán Canales y Salinas Pliego. Sin embargo, el nombre del empresario es conocido en la región a través de la Fundación Azteca, cuyo nombre puede leerse en bardas, camisetas y mochilas que portan algunos niños.

Fundación Azteca comenzó a tener presencia en la región al mismo tiempo que empezaron a entregarse las concesiones mineras y que en el estado crecía el Partido Verde, que en 2012 se instaló en la gubernatura con la postulación de Manuel Velasco Coello. Hay un hombre que conjuga (de manera visible) estos intereses: Luis Armando Melgar, senador por el Partido Verde desde 2012, ex director del Canal 40 (propiedad de Salinas Pliego) y actual presidente de la Fundación Azteca en Chiapas.

Una tercera operadora del Grupo Salinas en el Congreso de la Unión es su hija, Ninfa Salinas Sada, quien al mismo tiempo que preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado, es la cabeza del Grupo Dragón, una empresa que ha tomado la delantera en el desarrollo de parques eólicos y geotérmicos.

Juntos, Canales, Melgar y Ninfa Salinas impulsaron dentro del Congreso las reformas energéticas (propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto) que cambiaron las condiciones para la explotación y manejo de hidrocarburos, minas, energía eléctrica y geotérmica.

Pero Chiapas no es el único estado en el que Salinas Pliego tiene intereses. En la otra punta del país, en Baja California Sur, el Grupo Salinas opera de la misma manera que en el sureste. Ahí, el coordinador de TV Azteca para el noroeste del país, David de la Paz, encabeza el frente Pro Desarrollo Sustentable, que impulsa la “minería responsable”.

Otro estado, misma historia

La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en Baja California Sur, es considerada una isla de vegetación en medio del entorno árido de la península. Es única en sus ecosistemas y en ella se encuentran los principales arroyos y cuerpos de agua del estado. En ese lugar -a 80 km de La Paz – bajo diferentes nombres y dueños, se ha intentado instalar una mina a cielo abierto y extraer oro en terrenos en el noroeste del área protegida.

El proyecto de Los Cardones está a cargo de la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V, una subsidiaria de Grupo Invecture, al que activistas del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida vinculan con el Grupo Salinas (relación que no ha sido negada).

Esta es la historia: el proyecto se llamó primero Paredones Amarillos y fue adquirido por la compañía estadounidense Vista Gold en 2002. La empresa pretendió sacar de la tierra 11 mil toneladas de material por día, por medio de un tajo a cielo abierto. En 2009 solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  (Semarnat) el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, pero no logró acreditar la propiedad de los terrenos, debido a que se encuentran en un Área Natural Protegida (ANP). Organizaciones, académicos y ciudadanos se opusieron al proyecto, que en 2010 fue suspendido… temporalmente.

En 2013 Grupo Invecture adquirió totalmente el proyecto por el que pagó 10 millones de dólares. Como en Chiapas, la nueva estrategia consistiría en esperar el momento político-social adecuado para conseguir los permisos. Ese momento llegó en junio de 2014, cuando el titular de Semarnat era Juan José Guerra Abud, miembro del Partido Verde.

A pesar de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), un órgano desconcentrado del gobierno federal se pronunció abiertamente en contra, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat aprobó la manifestación de impacto ambiental (MIA); sin embargo, la autorización para echar a andar la mina fue condicionada a que la empresa consiguiera permisos de autoridades locales y federales (entre ellas la Conanp). Además, la empresa aún debía acreditar la propiedad de los terrenos para obtener el cambio de uso de suelo, un problema que arrastraban desde 2009.

“La empresa no ha podido acreditar la posesión de dos terrenos, que son propiedad federal”, explica Jesús Echeverría Haro, presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.

En octubre de 2014, Desarrollos Zapal anunció a través de su sitio oficial que suspenderían el proyecto debido a que “no existían condiciones propias para su realización”.

“Grupos opositores a la actividad minera han sembrado dudas sobre los innegables beneficios de nuestro proyecto para Baja California”, alegó la empresa.

Lo cierto es que tampoco en esa ocasión canceló sus intenciones. Y el 21 de septiembre de 2015, días antes del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de la Paz, tres regidores convocaron a una sesión privada de Cabildo. En la reunión aprobaron el dictamen de cambio del uso de suelo de 16 predios anexos al ANP de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna.

El acta de la sesión se filtró a medios de comunicación y provocó un revuelo. La directora de Ecología y Desarrollo Urbano de La Paz, Rosa Icela Fiol Manríquez, y el alcalde suplente,  Francisco Javier Monroy Sánchez, desconocieron el dictamen y aseguraron que revocarían el permiso. Desarrollo Zapal buscó un amparo ante la justicia federal, que le fue negado. En noviembre de 2015, la nueva administración (del panista Armando Martínez Vega) anunció el juicio político a los ex funcionarios que aprobaron el cambio de uso de suelo. Hasta la fecha, ninguno ha sido juzgado.

Operación despojo

El viejo Jorge Cordero murió de cáncer en marzo de 2016. Durante los últimos años de su vida, el hombre libró dos batallas: contra la enfermedad y contra la empresa que por todos los medios intentó quitarle su tierra.

Su rancho, las Paredcitas, un predio de mil 755 hectáreas enclavado en la sierra La Laguna, es el último dique para la ocupación de la zona en la que la empresa quiere desarrollar la mina. Pero Cordero y su familia se negaron a vender. Con terribles consecuencias. “La empresa sólo nos ha dado problemas”, dice Cristian Cordero, quien junto con su esposa, Maricela mantuvo la defensa del rancho familiar durante la convalecencia de su padre.

La historia que cuentan es esta:

En 2008, Jorge Cordero permitió a Paredones Amarillos la exploración en sus terrenos; firmó contratos de renta por la que recibiría 4 mil dólares. Pasaron años y, en abril de 2014, Desarrollo Zapal -nueva dueña del proyecto minero- le ofreció comprarle el rancho (para entonces ya había adquirido los que estaban alrededor). Pero Cordero se negó. La empresa alegó que el contrato condicionaba la venta de los terrenos (lo que es ilegal) y que había pagado a Cordero 3 millones de pesos. En realidad, dice su abogado, lo que le pagaron fueron tres meses de renta que le debían. Eso fue lo que firmó.

Ante la negativa del ranchero, la empresa instaló un campamento a tan solo unos metros de la propiedad, con vigilantes que comenzaron a acosarlos y amenazarlos. Maricela Higuera, esposa de Cristian, relata que los observaban incluso cuando iban al baño, que les dijeron que estaban ahí para sacarlos “vivos o muertos”, que los iban a desaparecer, y que disparaban armas por la noche para asustarlos.

El 4 de marzo de 2015, salieron del rancho para acompañar a Jorge Cordero a su quimioterapia en un hospital de La Paz. Esa noche, guardias con uniformes de la empresa Adamantium destruyeron su casa, robaron aparatos, el ganado. “Hasta la ropa se llevaron”, dice la mujer. A la mañana siguiente empleados de la minera llevaron a un notario público para acreditar que el lugar se encontraba abandonado.

Adamantium Private Security Services S. de R.L. de C.V. es una empresa dirigida por Luis Cárdenas Palomino ex directivo de la Policía Federal y amigo personal de Genaro García Luna, el súper secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Cárdenas Palomino renunció a la Policía Federal en diciembre de 2012, en medio del escándalo que provocó que el narcotraficante Édgar Valdez Villareal, La Barbie, lo acusara de recibir dinero del crimen organizado a cambio de protección; nadie investigó las acusaciones y el ex policía se retiró a trabajar en la iniciativa privada, implementando sistemas de información y seguridad para TV Azteca.

Autorizada por la Secretaría de Gobernación para operar en todo el país, Adamantium se vende como una empresa de seguridad que forma parte de Grupo Salinas (aunque en realidad solo provee el servicio de seguridad intramuros en algunas de sus instalaciones). Sus escoltas aparecen públicamente como guardias del proyecto minero Los Cardones.

El reino de las corporaciones

Salinas Pliego no es inversionista directo de Grupo Invecture -actual dueña de proyecto Los Cardones-, pero sí tienen vínculos empresariales. Otras minas de Grupo Invecture, como Minera Monterde y Cobre del Mayo, reciben energía de Geotérmica para el Desarrollo, empresa filial de Grupo Dragón (que pertenece a Grupo Salinas).

Además, el fundador de Grupo Invecture, John Detmold, fue director de Banca Quadrum (empresa de la que Salinas Pliego fue miembro del consejo de administración) hasta su disolución en marzo de 2002. Y, al mismo tiempo, fue consejero de Biper (después Movil@ccess), compañía del Grupo Salinas.

“Las corporaciones han asaltado el poder, decidiendo el destino del país y del mundo. Han logrado modificar leyes para que respondan a sus intereses”, concluye el activista por los derechos ambientales, Gustavo Castro.

Castro es director de la organización Otros Mundos y no tiene dudas de que empresarios como Salinas Pliego están imponiendo un modelo de corporación-nación que les permite  diseñar y aplicar políticas de gobierno que favorecen sus intereses por encima de los pueblos y sus territorios. Lo hacen, dice, a través de sus operadores políticos colocados estratégicamente en las estructuras de gobierno.

En esta misma línea, advierte, puede entenderse la creación de Zonas Económicas Especiales, y los cambios -ya en el Congreso- a la Ley Agraria y a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, para dejar fuera de sus polígonos a las zonas con potencial minero.

“Algunos estados son un laboratorio que está mostrando el avance y la eficacia de estas estrategia”.

Ver videos:

Mineras Cristina y Nueva Francia, contaminaron el río Cacaluta, Chiapas

https://vimeo.com/166771101

Proyecto minero Los Cardones

https://vimeo.com/166772090

Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas. El trabajo forma parte del proyecto Pie de Página de la Red de Periodistas de a Pie.

25 de agosto de 2016. 9:30 -14:30 horas.

CEIICH, UNAM. Torre II de Humanidades. Auditorio 4to Piso.

Ciudad Universitaria.
CIUDAD DE MÉXICO.