Categoría: Modelo extractivo

Zacualpan gana otro Amparo contra la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional

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La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) felicita a la Comunidad Indígena de Zacualpan por la resolución recientemente emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No. 38 en relación con la legalidad de la Asamblea General de Comuneros del día 11 de Octubre de 2015.

La sentencia del amparo 434/15 dictada por el TUA resuelve anular la asamblea del 11 de Octubre de 2015 y determina que Taurino Rincón Lorenzo, Lusio Santos Holivares y Gregorio Fuentes Guzmán, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, así como Conrado Carpio Hernández y Lucio Teodoro Peña, Presidente y Secretario del Consejo de Vigilancia continúan con el nombramiento que les fue otorgado, los primeros como integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y los segundos como Consejo de Vigilancia de la Comunidad Indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, Estado de Colima.

Recordamos que el 11 de Octubre pasado la Comunidad Indígena de Zacualpan bloqueó la entrada a la Comunidad para evitar que María Elena Díaz Rivera, ex Delegada de la Procuraduría Agraria entrara a legitimar una Asamblea  para destituir al Comisariado de Bienes Comunales. Esta exfuncionaria de manera prepotente utilizó un helicóptero que el gobierno del Estado puso a su disposición, entró a la comunidad  y en 9 minutos realizó una Asamblea en la que se destituyó al Comisariado representado por Taurino Rincón, y al mismo tiempo nombró a un nuevo Comisariado compuesto por el grupo de priístas que ha estado apoyando al empresario minero que intenta explotar oro, plata y cobre en territorio indígena. La Asamblea no contaba con el cuorum legal y el procedimiento fue totalmente irregular.

María Elena Díaz Rivera fue destituída de su cargo como Delegada de la Procuraduría Agraria el 15 de marzo del presente por el Órgano Interno de Control de la propia Procuraduría Agraria, por diversas denuncias del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y  más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la REMA y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), por  “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, demandando que se le investigara “para considerar su remoción y deslinde penal”.

El amparo ganado hoy por la Comunidad indígena de Zacualpan es un logro más que se viene a sumar a las victorias que esta Comunidad ha tenido en la defensa de su territorio contra el proyecto minero de la Empresa Gabfer S.A de C.V de Rigoberto Verduzco Rodríguez.

Exigimos al Gobierno del Estado, a la Procuraduría Agraria y al Gobierno Municipal de Comala se respete esta resolución del Tribunal y se devuelva a Taurino Rincón la administración del Balneario Ojo de Agua que desde el mes de marzo está tomado por el grupo priísta de Carlos Guzmán, Enrique Carpio y Daniel Aranda.

¡FUERA LAS MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Desmenuzando el modelo extractivista en el Encuentro mexicano de resistencias

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Movimiento M4

El cercamiento de la naturaleza no es nuevo. Sin embargo, en las últimas décadas las estrategias corporativas de apropiación del territorio y de los bienes comunes naturales han aumentado y se han diversificado. Del mismo modo, las poblaciones han crecido en la resistencia y han creado nuevas formas de defensa.

Todos los proyectos responden a un solo modelo extractivo y por tanto, en muchos momentos las estrategias que las empresas usan para invadirlos son muy similiares. Podemos identificarlas y reconocernos en los padecimientos.

En la primera jornada del encuentro, diferentes grupos organizados expusieron su lucha contra proyectos extractivos de minería, fracking, gasoductos, presas hidroeléctricas, transgénicos y mercantilización de los bosques. El Encuentro mexicano de resistencias contra el modelo extractivo recibió a una amplia variedad de actores que permitió brindar un panorama amplio sobre cómo opera el modelo extractivo en su conjunto. Así, se dieron cita procesos de 18 estados de la república junto con miembros de organizaciones sociales, académicos, abogados y medios libres.

 

Y es que para hablar del territorio y de su defensa necesitamos vernos desde diferentes frentes. Entonces, pensarnos desde el territorio es pensarnos desde la historia de la tierra junto a las personas que viven en ella y la reproducen, los imaginarios y la espiritualidad que se crean.

Escuchar audios de la mesa sobre megaproyectos aquí

Algunos datos de la megaminería, según investigadores

  • La minería en México consume el 17% de la energía nacional, mueve el 2% de la minería metalera del mundo y está concentrada en pocas manos.
  • El despojo no lo hacen capitales abstractos, son personas concretas que están relacionadas con proyectos mineros. En México son 4 personas quienes poseen el 9% del total del PBI mexicano.
  • El 69% de la inversión minera en México viene de Canadá
  • La “diplomacia económica canadiense” usa a las propias embajadas para promover a las inversiones de las empresas canadienses.

¿Qué es el modelo extractivo y cómo opera?

El investigador de la UNAM, Gian Carlo Delgado y Jennifer Moore, de la asociación canadiense Alerta Minera Canadá compartieron algunos conceptos para apoyar en la reflexión.

El capital corporativo, tanto nacional como extranjero ve los “proyectos de inversión” y por tanto las “porciones de tierra”, como una sola “cosa” con muchos elementos para “explotar”. Es por eso que el modelo extractivo pretende mercantilizar cada una de las esferas que en él habitan, tanto naturales (agua, aire, suelo, subsuelo, montañas) como humanas y culturales. Para operar hay todo un aparato legal, comunicacional y sobre todo de ingeniería de conflictos que se pone al servicio de las empresas extractivas para que logren el despojo de las poblaciones. Las estrategias corporativas suponen grupos de choque que provocan conflictividad social, se criminaliza y judicializa a las y los defensores comunitarios, hay cooptación social, e incluso control del Estado a través de las Cámaras de la industria y la adaptación de leyes que beneficien a las empresas. Todo ello con el objetivo de neutralizar los movimientos sociales organizados e imponer su “desarrollo”.

Recordando el análisis que Gustavo Castro hacía en 2013:

«El modelo de la industria extractiva en el sistema capitalista es el conjunto de actividades a gran escala para sacar, extraer, obtener o separar elementos de la naturaleza, incorporándole precio y dueño incluso a las funciones naturales como la captura de carbono de los árboles, con el fin de obtener el mayor lucro posible, evitando restituir, reparar, mitigar, compensar, consultar e informar. En fin, sin asumir los costos de dicha extracción. Por ello el extractivismo es de muy alto impacto.

El Modelo Extractivista succiona los bienes comunes naturales a escala industrial, sin tomar en cuenta aspectos ambientales, ecológicos, culturales, políticos, sociales ni económicos locales. No considera las consecuencias a largo plazo, concentra tierras, fulmina territorios, expulsa pueblos y determina las inversiones de infraestructura pública y privada para facilitar la extracción. Sus intereses están por encima de los derechos humanos. Los actores de este Modelo tienen nombre, las cada vez más grandes corporaciones supranacionales.»

Frente a este panorama, los pueblos poco a poco hemos crecido en la necesidad de defender el territorio de manera integral. Confluir en una visión holística del territorio, ubicarlo desde allí y no desde los proyectos particulares es el eje que articula la defensa y las resistencias actualmente.

En ese sentido, las experiencias compartidas por Francisco Rocael del Consejo de Pueblos de Occidente de Guatemala sobre los efectos de la minería y la articulación de las resistencias regionales fue de gran apoyo. En los últimos años hemos presenciado una fuerte transformación de luchas locales en confluencias de redes nacionales, regionales e internacionales con articulaciones en favor del territorio. Este hecho habla tanto de una madurez política de los procesos como de una unidad en contra del capital depredador al que no dejaremos avanzar. Vemos la necesidad de tejer relaciones más allá de las fronteras físicas, apelando a la prevención y a la creatividad en los procesos. Los territorios son uno solo. Nuestras luchas, también. Con todos los aprendizajes sobre la mesa y los tiempos difíciles por venir, nos juntamos a reforzar redes y celebrar las resistencias.

Escuchar audios de la mesa sobre estrategias corporativas para la apropiación del territorio aquí

@MovimientoM4

¡Alerta monocultivo! : Fuentes de agua contaminadas con agroquímicos en la zona norte de Costa Rica

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Por: David Cascante Rojas-MAIZ Costa Rica

Durante el pasado mes de junio, autoridades de salud clausuraron siete fuentes de agua que abastecen a aproximadamente 5000 personas de varias comunidades de Pital de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica. La medida fue tomada luego de que varias muestras de agua mostraran la presencia del agroquímico llamado Bromacil, un herbicida sumamente nocivo para la salud, utilizado en la producción de piña,  monocultivo implantado durante los últimos 30 años en la zona, por empresas transnacionales que operan bajo la lógica de la economía de enclave, dejando como resultado una serie de impactos sociales y ambientales negativos, que en balance están muy lejos de ser sopesados por los prometidos beneficios económicos para los vecinos de esta zona y otras partes del país.

Durante las últimas semanas, posterior a  la clausura del acueducto,  el acceso a agua potable de estas comunidades se ha visto seriamente afectado, con suspensiones constantes, algunas tienen que ser abastecidas con camiones cisternas y las escuelas tuvieron que suspender las lecciones a causa de la escasez del líquido.

Las denuncias fueron efectuadas, se tienen pruebas contra los presuntos responsables, las quejas de los vecinos aumentan, pero las expectativas de que se haga justicia sobre el caso son muy pocas, pero sobre todo lo más preocupante del asunto, es que las medidas tomadas hasta ahora,  han  sido para atenuar el problema inmediato del abastecimiento de agua, dejándose de lado la discusión sobre el problema de fondo y las posibilidades de proponer las alternativas desde las comunidades. Los intereses económicos en juego son muchos y como es de esperar, las preguntas sobre otros modelos quedan de lado.

Por más que se quiera evadir la discusión, no cabe pensar en este grave hecho, como una suerte de accidente aislado,  sin repercusiones futuras para estas comunidades y mucho menos sin que la memoria histórica de Costa Rica y  otros países de América Latina, haga énfasis en experiencias pasadas y las consecuencias aun sufridas, con el enclave de monocultivo extensivo, experimentado en la región desde inicios del siglo XX con la Unided Fruit Company y el vasto imperio establecido en lo que denominó las “banana republics”.

A pesar de todo, las reacciones populares ante los efectos ocasionados por este monocultivo ya empiezan a manifestarse en esta región del país, como el caso del municipio vecino de Los Chiles, en donde por decisión unánime, el consejo municipal establece una moratoria para la apertura de nuevas fincas dedicadas a la producción de piña.

Nuevas trampas transgénicas y la emergencia de la ciencia digna

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Por Silvia Ribeiro, Desinformémonos

Lo mejor de los transgénicos es que en todo el mundo han despertado una enorme reacción en su contra. Aunque las transnacionales que los manejan gastan cientos de millones de dólares en propaganda, corrupción de científicos y gobiernos, para tratar de convencernos de que son inocuos y hasta mejores que las semillas híbridas, no lo logran.

La mayoría de la gente, en cualquier parte del mundo, prefiere no comer transgénicos. Muchos no pueden evitarlo, porque no saben qué alimentos los contienen: las empresas han hecho todo lo posible para que ni siquiera se etiqueten. Pero aún así, la actitud de rechazo continúa, aunque los transgénicos sean impuestos en campo o alimentos, no existe resignación.

Esto podría parecer nimio, pero es una enorme ganancia para nuestro campo, porque no solamente significa prevenir y protegerse de los impactos de los transgénicos, además es un estupendo ejemplo de resistencia a la colonización de la mente. Cuando no aceptamos una situación, aunque sea impuesta por la legalidad o la fuerza, siempre seguiremos buscando la manera de salir de ella. Es una gran diferencia con la llamada “Revolución Verde”, que logró asentar en la mayoría de la gente el mito de que semillas híbridas, agrotóxicos y maquinarias eran señal de progreso y le darían de comer a la humanidad, lo cual nunca sucedió, pero desataron una ola de contaminación, acaparamiento de tierras y desplazamiento de parcelas campesinas.

Junto al rechazo a los transgénicos, crece también una crítica más profunda al sistema alimentario agroindustrial, a las corporaciones que se apropian de nuestros cuerpos y territorios, que nos llenan de tóxicos agua, tierra y alimentos, incluso a la propia tecno-ciencia que les dio origen, no sólo porque haya sido Monsanto que creó el primer transgénico. Hay un cuestionamiento cada vez más extendido a esa tecno-ciencia reduccionista que elimina la complejidad, los factores sociales, culturales, ambientales o cualquier otro que impida convertir su investigación en productos para la ganancia.

Por todos estos factores de críticas crecientes, la industria biotecnológica hace ahora grandes esfuerzos para deslindar a los nuevos transgénicos de la resistencia social. Para empezar tratan de cambiarles el nombre, alegando que por usar otras formas de biotecnología que pueden no insertar nuevo material genético, no son “trans”-génicos.

El término que han elegido para referirse a estas nuevas biotecnologías es “edición genómica”, una forma que quieren que parezca inocua, como cambiar una letra o una palabra en un texto, que pretenden no afectaría gran cosa. Aquí engloban tecnologías, como nucleasas con dedos de zinc (ZFN), nucleasas sintéticas (TALEN), micro ARN, ARN de interferencia o metilación dependiente de ARN y CRISPR, entre otras. No voy a detallar las particularidades de estas técnicas, pero al igual que con los transgénicos, se trata de ingeniería, no de métodos naturales, es manipulación deliberada de la composición genética de seres vivos, sea cortando o desactivando funciones de los genes o agregando otros.

Estas nuevas biotecnologías han ido surgiendo por la búsqueda de nuevas herramientas más eficaces para la manipulación genómica, en su vasta mayoría motivada por el afán de lucro de empresas. De cierta forma son un reconocimiento implícito de lo que siempre hemos dicho sobre la ingeniería genética aplicada a los transgénicos: que es una técnica burda, que no tiene control de las consecuencias que provocan en las interacciones entre los genes, en los organismos o los ecosistemas.

Pero al ser manipulación de genomas, todas esas nuevas biotecnologías conllevan también impactos y consecuencias imprevistos, ya que el conocimiento sobre las funciones de los genes y sus interacciones siguen teniendo grandes vacíos.

La mayoría de estas nuevas tecnologías están basadas en biología sintética, es decir, ya no usan genes de seres vivos, sino genes sintetizados en laboratorio que pueden o no replicar los que existen, por lo que agregan toda una nueva serie de impactos posibles y desconocidos.

De todas ellas, hay dos tecnologías de alto impacto que es importante conocer: CRISPR-Cas9 y una aplicación particular de ésta, que son los llamados “conductores genéticos”.

CRISPR, por sus siglas en inglés, significa “repeticiones palindrómicas cortas agrupadas e interespaciadas regularmente” y es una construcción sintética que imita una forma de defensa natural de las bacterias. Cas9 es un sistema de doble “corte” de la cadena de ADN para silenciar o agregar otros genes.

Esta tecnología apenas se hizo funcional en 2012, pero tiene dos aspectos que hicieron que se diseminara muy rápidamente: es barata y es más exacta que las técnicas que se usan con los transgénicos. En éstas era imposible determinar en qué lugar del cromosoma se insertaba un constructo genético. CRISPR-Cas9 permite reconocer un gen específico y cortarlo, deshabilitando ese gen, o insertar otros.

Aunque parezca más exacta, la tecnología no es tan precisa como la quieren presentar. Como explica el Dr. Jonathan Latham, de Independent Science News, creer que precisión equivale a control es un gran error, particularmente en sistemas vivos como el ADN: “Supongamos que yo, que no hablo chino, quisiera eliminar de forma precisa un carácter de un texto escrito en chino, o una línea, o una página. Tendría un cien por ciento de precisión, pero ningún control sobre los cambios en el significado. La precisión, por tanto, sólo es útil en la medida en que va acompañada de comprensión, y ningún biólogo puede afirmar que en este momento entendamos el ADN – ¿si no por qué lo seguimos estudiando?” (J. Latham, El mito de la precisión de CRISPR).

No existen en ningún país regulaciones de bioseguridad adecuadas a estas nuevas biotecnologías ni se conocen qué impactos pueden tener sobre salud o medioambiente. La industria biotecnológica, desde sus mayores corporaciones, está ahora intentando convencer a la Unión Europea y Estados Unidos que cualquier planta u organismo que se manipule con estas nuevas tecnologías, solamente están “editados genómicamente” y por tanto no necesitan pasar por las regulaciones de bioseguridad. Ya lo consiguieron en el caso de un champiñón manipulado con CRISPR para no volverse marrón al cortarlo, que se vende desde este año en Estados Unidos sin que el público tenga idea de ello. En Europa la presión de la industria para no pasar por regulación o que no se considere transgénico es aún mayor porque hay 17 países que prohíben transgénicos.

Una aplicación particularmente preocupante de CRISPR-Cas9 es la construcción de conductores genéticos (gene drives en inglés). Esto es una forma de hacer transgénicos para manipular especies silvestres, y asegurar que los genes modificados pasen siempre a la generación siguiente. Con los cultivos transgénicos existe ya el problema de la contaminación, pero éstos deben ser plantados cada año y además, las plantas no transgénicas, al no reconocer los genes extraños, tienden a eliminarlos en algunas generaciones.

Esta nueva construcción genética –organismos con conductores genéticos– asegura que el gen permanezca en todas las generaciones subsiguientes. Si es por ejemplo un gen para hacer que sólo nazcan machos (desde plantas y mosquitos a cualquier mamífero) se podría extinguir toda una especie. Aunque lo presentan como opción para eliminar “especies dañinas”, es un arma muy peligrosa en manos de quiénes fácilmente pueden definir todo lo que molesta a sus negocios agrícolas u otros, como dañino o plaga. (Ver artículo de Jim Thomas, ETC)

Son tecnologías, cuyo espectro de acción es tan amplio y las consecuencias tan devastadoras, que es necesario trabajar por su prohibición.

En ese sentido, la extendida crítica social hacia los transgénicos es una base de apoyo, necesitamos ahora desarmar las nuevas armas de lenguaje con que nos quieren confundir las empresas y los científicos que trabajan para ellas.

La reciente declaración de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL) sobre nuevas tecnologías, apunta a ello. “Cuestionamos la seguridad de esta tecnología, que juega con la manipulación genética a pesar del gran desconocimiento que existe sobre su funcionamiento, y sobre los efectos que su aplicación podrían desencadenar a nivel celular, del organismo de la salud humana y del ambiente. No pedimos para estas nuevas tecnologías la aplicación de normas de bioseguridad ni el desarrollo de estrictas evaluaciones de riesgo, sino la suspensión de toda la experimentación en este campo.

Cuestionamos el exagerado rol que se da a “la ciencia” y al sistema científico tecnológico en el proceso de toma de decisiones relacionado con la adopción de estas nuevas tecnologías, pues sabemos que la investigación científica encarna las mismas relaciones de poder que se dan en la sociedad, y que las principales líneas de investigación son decididas por quienes las auspician y financian.”

22 DE JULIO DE 2016: DIA MUNDIAL CONTRA LA MINERIA

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SEXTA JORNADA INTERNACIONAL DE RESISTENCIA

LLAMADO A LOS PUEBLOS A MANIFESTARSE EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA.
Basta ya! Fuera mineras!
El pueblo unido jamás será vencido!
Sumate en tu comunidad. Esta lucha la ganamos entre tod@s.

EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIAN.
BASTA DE COMPLICIDAD DE LOS ESTADOS CON LAS CORPORACIONES.
LA DEMOCRACIA ES EL GOBIERNO DEL PUEBLO, POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO.
LA MINERIA NO TIENE LICENCIA SOCIAL.
SUBI TU POSTAL A LA CAMPAÑA DESCARGANDO LA IMAGEN.

Nuevamente este año convocamos a la jornada internacional de lucha contra la megaminería en defensa de la vida y del agua. Diremos alto y fuerte con nuestras actividades, nuestras manifestaciones, concentraciones, festivales, NO a la minería contaminante, NO a la utilización de tóxicos que contaminan el agua, el aire y los suelos, NO a las mega-minas que generan cada año centenares de millones de toneladas de desechos tóxicos cuyo impacto destructor se mide en siglos, NO a la minería a tajo abierto que destruye ecosistemas, zonas agrícolas o de bosques, que arrasan con nuestra selva, que derriten los glaciares, que provocan patologías incurables y dejan en herencia paisajes lunares, NO a las minas subterráneas que hacen brotar desde las entrañas de la tierra elementos radioactivos, tóxicos y cancerígenos y matan a fuego lento o vivo a miles de campesinos transformados en mineros por obligación, NO a la violencia, a la miseria y a las desigualdades que acompañan la extensión sin fin de las “zonas de sacrificio”, NO a la avidez por la ganancia, al productivismo a ultranza y al consumismo desaforado que nos hacen creer que no hay alternativa. 

NO A LA MEGAMINERÍA, AL EXTRACTIVISMO Y A SU MUNDO.

Llamamos a todos a unirse y realizar todo tipo de manifestaciones para atraer la atención de nuestras poblaciones tantas veces mal informadas y desinformadas, para defender también a todos los ambientalistas que arriesgan sus vidas por un deseo común y de manera benévola y a todos los luchadores, para manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de la megaminería, aquí y allá. Manifestemos, informemos, organicemos la resistencia.
Esta convocatoria no porta bandera política y es profunda y esencialmente una muestra de resistencia pacífica. Las movilizaciones son autogestionadas.

Unamos nuestras luchas! Abracemos nuestras luchas!

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Colombia se prepara para realizar la mayor consulta popular contra la minería

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La consulta ya fue aprobada pero la Procuraduría Ambiental aún no pone fecha. Sin embargo, en Tolima, Colombia, llevan varios meses trabajando para que la consulta popular sea informada (más información aquí). Apoyamos las #ResistenciasMineras también en Ibagué.

La ciudad colombiana de Ibagué realizará la consulta popular más grande del país para frenar un proyecto minero, en medio de una proliferación de consultas populares.

 consulta-popular-ibagueEn Ibagué, tras una marcha de 120.000 personas, en una ciudad de poco más de 460.000, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo promueve una consulta para frenar el proyecto ‘La Colosa’ de la minera AngloGold Ashanti.

 La Constitución colombiana establece que las actividades del subsuelo del país son jurisdicciones de la nación. El Estado otorga concesiones mineras. Pero por otro lado existe una ley, de rango inferior a la Constitución, que establece que es competencia de los municipios decidir sobre los usos de los suelos. Mientras los municipios deciden qué hacer con la superficie, la nación decide qué sucede debajo.

 En medio de este dilema jurídico, quedaron atrapadas las comunidades donde se desarrollan actividades mineras. En 2012 el pequeño poblado de Piedras alzó su voz y por medio de un plebiscito dijo no a la minería. Hoy Ibagué, la ciudad capital del departamento del Tolima donde se encuentra Piedras, está atravesando el mismo escenario.

 “Así como están las cosas, el Estado otorga licencias sin consultar a las personas que viven en los lugares donde se planea llevar a cabo estos proyectos. Lo que pasó en Piedras es que se activaron mecanismos de participación ciudadana por los cuales la comunidad alzó su voz. La consulta popular se aprobó por un 98% de la población. Se dijo ‘no’ al proyecto minero. Esto fue una gran sorpresa para el Estado, ya que un pueblo tan pequeño tomó una gran decisión”, dijo en diálogo con Sputnik Gabriela Eslava, asesora de la senadora por el Partido Verde, Claudia López.

 El proyecto que ayer preocupaba a Piedras es el mismo que hoy preocupa a Ibagué. Se llama ‘La Colosa’, y pertenece a la empresa minera AngloGold Ashanti con sede en Sudáfrica. Para extraer el oro se debe excavar en la cordillera central colombiana.

“Es aquí donde quieren hacer la mina de oro a cielo abierto más grande del país. En una zona que es conocida como la despensa agrícola del país. Eso impactaría a Ibagué porque si bien no es en su jurisdicción, es en otro municipio, el plan es que en la mina esté en la cordillera, el mineral se limpie en Ibagué y los residuos terminen en Piedras. Entonces los que primero hicieron la consulta fueron los de Piedras. Pero los de Ibagué también estaban preocupados porque serán parte de este proceso y empezaron a plantear lo de la consulta popular”, afirmó Eslava.

 El desafío de estas comunidades es que su voz sea escuchada por las autoridades nacionales. “Luego del precedente que se sentó en Tolima hace cuatro años, ha habido una especie de boom de consultas populares porque las comunidades se están dando cuenta que si bien no es jurídicamente vinculante, la consulta es una herramienta de presión política. El Gobierno nacional se ve presionado a frenar o a sentarse y dialogar. Lo que sucedió en las Piedras fue muy fuerte y el proyecto aún no se ha hecho”, explicó la asesora, quien tiene confianza en que la consulta de Ibagué, que se encuentra en período de revisión por el tribunal de la ciudad, sea positiva y a favor de la comunidad, además de sentar un precedente importante por tratarse de la primera consulta popular en una capital de departamento. “Esto obligaría al Gobierno a sentarse a pensar con seriedad qué va a hacer para garantizar la participación de las comunidades y no seguir enfrentándose a consultas populares y a la decisión de ‘minería sí’, ‘minería no’, caso por caso. Tendría que reglamentar de una vez este tema”, concluyó.

La convicción de las palabras de la senadora Claudia López da lugar a la misma interpretación. “Si viviera en Ibagué y esa consulta llegara a las urnas, yo votaría que sí, porque desde el punto de vista político así funcionan las democracias. Son los proyectos políticos de las mayorías los que empiezan a marcar el camino que va abriendo paso a la legalidad”, aseguró.

 Fuente de la noticia: Sputniks

Pobladores rechazan proyecto minero en Ixtepec, derriban mojonera

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Habitantes de Ixtepec lanzaron un mensaje a quienes pretenden instalar el proyecto minero en este municipio istmeño, con la demolición de la mojonera Lote Niza que marcaba 8 mil 150 hectáreas para la explotación de oro y plata.

Como acto de rechazo, los pobladores de diferentes barrios, colonias y secciones derribaron una de las 6 mojoneras localizadas en su territorio a 10 metros del camino de terracería que conduce de la cabecera municipal al banco de caliza, ubicado en el Cerro Taberna (camino viejo a Shivaguí).

 

En el lugar, miembros de Comité Ixtepecano en defensa de la vida y el Territorio expresaron que los habitantes de Ciudad Ixtepec no fueron informados ni consultados para realizar la exploración de minerales en la zona, de la que se pretenden extraer Oro, Plomo, Cobre y Zinc, en detrimento de la salud de la población, contaminación de agua, tierra y aire, aseguraron.
El presidente de la Asociación Agrícola de Ixtepec paso San Juanero –fundada hace más de 100 años–, dijo que lo primero que debería hacer el gobierno es informar y consultar al pueblo sobre este tipo de proyectos, antes de emitir cualquier tipo de permisos, lo cual no ha sucedido.

El proyecto minero

ixtepec-noalaminaRubén Valencia, miembro del Comité dijo que el denominado “Prospecto Minero Ixtepec”, de acuerdo al expediente 062/09820, es una concesión por 50 años (del 2008 a 2058) dada por la Dirección General de Minas del Gobierno Federal a la Minera Plata Real.

Dicha concesión, abarca los cerros Niza Bixhichi, Tablón y Banderilla, así como 10 barrios originarios de Ixtepec; en ese sentido aclaró que aunque el mineral se encuentra en los cerros, la empresa requiere de cierta área para realizar los movimientos propios de la explotación minera, por ello se incluye en el área de actividad zonas habitadas.

El 26 de julio de 2015 la concesión fue vendida a “Pablo Ibarra Mora”, sin embargo, los abogados de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) han advertido que las empresas mineras cambian de nombres para evitar ser vinculadas y molestadas, de manera que puedan continuar con los trámites de manera discrecional.

Valencia Núñez expresó que actualmente la empresa minera tiene por lo menos la mitad de los 26 permisos que necesitan para explotar la mina a cielo abierto en Ixtepec, aseguró que todos, excepto dos permisos, son otorgados por instancias federales.

Acción ciudadana

En los dos permisos que puede participar la comunidad de Ixtepec, es a través de sus autoridades, a partir de un Acta de Cabildo firmada por el presidente municipal y regidores respecto al cambio de uso de suelo (de habitacional – agrícola a industrial) y un acta de Asamblea de la Comuna de Ixtepec ante el Tribunal Agrario, en la que se niegue o permita la explotación minera.

En ese sentido, si las autoridades municipal y comunal respaldan a los pobladores, tienen el deber de ratificar el rechazo de manera formal al proyecto minero.

De cualquier forma, en la siguiente semana se planteará la fase final de la estrategia para solicitar un Amparo Preventivo Ciudadano, tras obtener datos de la Dirección General de Minas sobre qué autoridades municipales y comunales autorizaron la exploración en años pasados, además de adjuntar más 4 mil 400 nombres y firmas de pobladores que rechazan el proyecto minero.

Rubén Valencia dijo que se respeta el derecho agrario de los comuneros, sin embargo ellos no determinar el destino de 30 mil habitantes que tienen el derecho fundamental a la vida, “No nos mueve el odio, más allá de ideologías, colores partidistas y creencias religiosas, lo que nos mueve es el amor a la vida y a nuestro querido Ixtepec”, puntualizó.

 

Fuente: IstmoPress

Premios Nobel al servicio de Monsanto y Syngenta

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Son pocas las veces que tanta gente prominente del ámbito científico presume su ignorancia en tan corto espacio. Así es la carta pública que un centenar de ganadores del premio Nobel publicaron el 30 de junio defendiendo los transgénicos, particularmente el llamado arroz dorado y atacando a Greenpeace por su posición crítica a estos cultivos. La misiva abunda en adjetivos y apelativos altisonantes, hace afirmaciones falsas y no da argumentos, por lo que parece más una diatriba propagandística de empresas de transgénicos que científicos presentando una posición.

Para empezar, el llamado arroz dorado (arroz transgénico para expresar la provitamina A) que defienden con tanto énfasis, no existe. No por las críticas que le haya hecho Greenpeace y muchas otras organizaciones, sino porque sus promotores no han podido hacer una formulación viable, pese a casi 20 años de investigación y más de 100 millones de dólares invertidos. Tampoco han demostrado que tenga efecto en aportar vitamina A.

La primera versión de ese arroz transgénico con betacaroteno (GR1) fue un accidente de investigadores suizos que experimentaban otra cosa, por lo que nunca controlaron exactamente el proceso. Esa versión requería comer kilos de arroz diariamente para completar la dosis necesaria de vitamina A. Luego Syngenta compró la licencia y como propaganda donó la licencia de investigación a una fundación, en la que es miembro la Fundación Syngenta. Pero la empresa retuvo los derechos comerciales. En 2005, anunció la versión GR2, con más provitamina. Pero no ha podido demostrar que la provitamina sea estable, ya que se oxida fácilmente y en poscosecha disminuye a 10 por ciento del contenido. Como es una manipulación genética experimental de alteración de rutas metabólicas, podría tener cambios imprevistos con efectos graves para la salud. Varios científicos han señalado esos riesgos y los mitos del arroz dorado (entre otros, D. Schubert, 2008, y Michael Hansen, 2013; http://goo.gl/ChvI4Q).

 

Por otro lado, vegetales comunes como la zanahoria, col, espinaca y muchos tipos de quelites –hierbas comestibles comunes que acompañan la siembra campesina y las culturas culinarias tradicionales– aportan mucho más vitamina A que ese arroz, sin efectos secundarios y sin pagar a trasnacionales. Por el contrario, la agricultura industrial y de precisión que defienden en la carta de los Nobel, por ser plantadas en grandes monocultivos con agrotóxicos, eliminan esos quelites y también a los campesinos, desplazados y contaminados por las megaplantaciones.

La carta afirma que el hambre es por falta de alimentos, lo cual es falso: la producción mundial de alimentos sobra para todos los habitantes del planeta ahora y en 2050. Si existen hambrientos y desnutridos es porque no tienen tierra para producir ni pueden acceder a los alimentos. La cadena agroindustrial de alimentos –que detenta los transgénicos– desperdicia de 33 a 40 por ciento de la comida producida según datos de la FAO, lo cual alcanza para alimentar a todos los hambrientos del mundo. Además, como informa Greenpeace en su respuesta, 75 por ciento de la tierra agrícola se usa para producir forrajes para animales en cría industrial y agrocombustibles, no alimentos. (goo.gl/e5xEwc).

La afirmación de que los transgénicos son seguros para el ambiente y la salud ha sido rebatida, con argumentos y referencias científicas, por más de 300 científicos convocados por la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (goo.gl/VM8i3W).

Pero quizá lo más notable es que la carta no menciona que sólo seis trasnacionales (en vía de volverse tres) controlan todos los agrotransgénicos en el mundo, 61 por ciento de todas las semillas comerciales y 76 por ciento del mercado global de agrotóxicos. ¿Cuánta falta de ética y honestidad es necesaria para ocultar que su propuesta de agricultura de precisión es el negocio de un puñado de trasnacionales, todas con larga trayectoria de violación de derechos ambientales, humanos y a la salud?

La sombra de las trasnacionales cae pesadamente sobre esta carta supuestamente científica. Se dicen preocupados por el hambre y los niños desnutridos en el sur global, pero eligen presentar la carta en una conferencia de prensa en Washington, Estados Unidos, en un momento muy oportuno para favorecer a las empresas de transgénicos. En esta semana el Congreso debe votar una ley sobre etiquetado de transgénicos que quiere impedir que los estados tomen decisiones en este tema. Buscan anular la norma de etiquetado que comenzó a regir desde el 1º de julio en Vermont, luego de un referendo que votó en favor de ello.

A su conferencia de prensa se impidió asistir a Greenpeace, cuyo representante fue bloqueado por Jay Byrne, ex jefe de comunicaciones de Monsanto, que increíblemente ¡funcionaba de portero de la conferencia! (goo.gl/i8FXDg). Lejos del altruismo científico, los firmantes organizadores de la carta, Richard Roberts y Phillip Sharp, son también empresarios biotecnológicos. El sitio donde publican la carta es un espejo de otro que redirige al Genetic Literacy Project, frente de propaganda disfrazado de las trasnacionales de transgénicos y agrotóxicos. (GMWatch goo.gl/WekAin).

Pero lo más ofensivo es su pregunta final: ¿Cuánta gente pobre debe morir para considerar [la crítica a los transgénicos] un crimen contra la humanidad? Opino que los firmantes deben ir inmediatamente a las zonas de plantaciones de soya transgénica en Paraguay, Argentina, Brasil, donde las madres pierden los embarazos y niños y trabajadores mueren de cáncer por los agrotóxicos de los cultivos transgénicos. Esos son crímenes contra la humanidad.

* Investigadora del Grupo ETC


Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015

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OCMAL

Compartimos la nueva publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015”, que se levanta como un nuevo esfuerzo de los socios de OCMAL, por segundo año consecutivo, para dar cuenta de la realidad latinoaméricana que se articula contra el extractivismo minero.

El informe reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.

[Introducción]

A pesar de que la inversión minera a nivel global ha experimentado un constante decrecimiento en los últimos cuatro años, afectado principalmente por la baja en el valor de los metales, América Latina sigue ocupando el primer lugar como destino para invertir en minería a gran escala. Si en 2014, la inversión en la región abarcaba el 27%, durante el 2015, alcanzó el 28%, seguida por Norteamérica (Canadá y EE.UU), con un 22%, Australia y el Sudeste Asiático con un 17%, África con un 14%, y el resto del mundo, con un 19%.

 

El fin del súper ciclo del precio de los minerales ha generado que se sitúe al sector en estado de “crisis”, pero además, hay otras dos razones que afectan de igual manera la baja, por un lado, hay un considerable aumento en los costos de operación de las faenas, y por otro, existe una fuerte oposición que enfrenta la minería por parte de las comunidades.

A pesar de este escenario, se logra apreciar la tendencia a seguir expandiendo el modelo minero con el mismo nivel de intensidad, tanto por parte de los gobiernos (progresistas y neoliberales), como de las empresas mineras. Para ello, el sector ha utilizado este contexto de crisis a su favor, para reacomodarse y presionar a los gobiernos de turno, solicitando mayores facilidades y permisividades para las inversiones mediante el debilitamiento de las normativas ambientales, laborales y sociales. Así mismo, las empresas se encuentran realizando una serie de maniobras económicas, como ventas de yacimientos, acciones y/o fusiones entre las mismas, y que en definitiva solo buscan fortalecer el rubro.

El fuerte impacto y las consecuencias que ha ido dejando la expansión de la frontera extractiva de la minería en la región, vulnera cada vez con más intensidad los derechos colectivos de las comunidades en donde se instalan, por lo que la defensa de los territorios es un componente central bajo este contexto de opresión. Actualmente América Latina concentra una “cantidad desproporcionada” de conflictos por las actividades mineras, según señala Cepal.

Frente a este escenario, como Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) nos interesa seguir facilitando espacios de intercambio y documentación que puedan servir como insumos para todas las comunidades afectadas por la megaminería. Y en esta línea, el presente documento es un esfuerzo de sistematización que realizamos por segundo año consecutivo, donde se reportan los principales acontecimientos políticos y conflictos socioambientales de un número importante de países de América Latina, como es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.

En OCMAL esperamos poder contribuir en la construcción del balance general sobre la situación de la minería en la región durante el año 2015, desde la mirada de las mismas organizaciones que son parte y sostienen esta red, y que siga siendo de utilidad para las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones y personas que se ven enfrentadas en conflictos socioambientales con la minería.

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Fracking en México

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CartoCrítica

La fracturación hidráulica o fracking para extracción de hidrocarburos ha sido ocupada por Pemex en México al menos desde hace doce años (2003). Sin embargo, la perforación y operación de estos pozos no ha quedado en manos de Pemex, ya que para ello ha contratado a grandes empresas petroleras como Halliburton, Schlumberger o Baker Hughes, empresas que ahora podrán participar en las licitaciones de la Ronda Uno para obtener directamente la concesión de estos campos de hidrocarburos.

Según la información que ha sido posible recopilar mediante la solicitud de información pública con número de folio 1857500000714 realizada a Pemex Exploración y Producción, al menos 924 pozos han sido perforados mediante esta técnica, esto en los estados de Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).

Ver más información y Mapa dinámico

No obstante, en el documento de la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) denominado “Proyecto Aceite Terciario del Golfo. Primera revisión y recomendaciones” (página 20) fechado en abril de 2010, se menciona específicamente que 1,323 pozos han sido fracturados mediante fracturamiento hidráulico tan solo en este activo y hasta el 2010; es decir 1,323 pozos con fracking tan solo en el Paleocanal de Chicontepec ubicado entre los estados de Veracruz y norte de Puebla, faltando el resto de las regiones donde de facto sabemos que ha habido fracking.

Esta discrepancia en la información sirve de muestra con respecto a la negativa constante del gobierno federal para transparentar información y datos referentes sobre la infraestructura petrolera del país, situación que deriva en un panorama de desinformación que en nada beneficia a la sociedad y mucho en cambio a las actividades petroleras con bajos o nulos estándares sociales y ambientales. La opacidad con respecto a la infraestructura petrolera se extiende por diversos temas, entre otros: la ubicación geográfica de pozos y ductos, las especificaciones técnicas mínimas de cada pozo, la delimitación de los campos de hidrocarburos, la ubicación de los linderos de las rondas cero y uno, entre otros. Esto claro, sin entrar a los temas financieros.

¿Cuáles y cuántos pozos de fracking conocemos actualmente?

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Pesticidas y niñez. El futuro nos está alcanzando

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Emmanuel González-Ortega. Página3

Oaxaca.- A nivel mundial, el modelo de producción industrial agrícola echa mano de una gran cantidad de sustancias químicas con actividad plaguicida (insecticidas, fungicidas y herbicidas) y México no es la excepción.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sólo en 2013 en México se emplearon 37 455 toneladas de insecticidas, 31 195 toneladas de herbicidas y 42 223 toneladas de fungicidas. Aunque se conoce que los estados que más utilizan plaguicidas son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, dadas las carencias en infraestructura de monitoreo y la falta de regulación sobre el uso de sustancias químicas, no es posible conocer con detalle sobre el tipo de químico utilizado, el uso,  o las localidades en las que se aplican.

La organización ecologista Green Peace conjuntamente con investigadores de la Facultad de Ciencias de la UNAM, publicaron recientemente un reporte sobre la presencia de químicos usados en la agricultura industrial mexicana en ríos, drenes agrícolas, lagunas costeras y mares. Aunque existe un Catálogo Oficial de Plaguicidas, está totalmente desactualizado e incluso permite el uso de por lo menos 30 sustancias que desde hace años han sido prohibidas en otros países por sus altos índices toxicológicos, tanto para el medio ambiente como para la salud humana.

El estudio de la UNAM y el grupo ecologista reporta el monitoreo de agroquímicos altamente tóxicos (por ejemplo el herbicida glifosato) en agua colectada en dos regiones muy relevantes para la agricultura: Sinaloa y la Península de Yucatán.

Sinaloa se caracteriza por la agricultura industrial en monocultivo de maíz (producción anual aproximada de 5 millones de toneladas), jitomate y trigo entre otros. La agricultura sinaloense utiliza 700 toneladas anuales de plaguicidas y se reporta que por lo menos 17 diferentes sustancias utilizadas son clasificados como tóxicos por la Organización Mundial de la Salud. Los agroquímicos que se aplican intensivamente no permanecen en los campos de cultivo, sino que son filtrados y arrastrados hacia los cuerpos de agua, incluido el mar; por lo que las afectaciones al medio ambiente no únicamente se encuentran en el campo agrícola, sino en las aguas de ríos, lagos, en el mar, y de manera importantísima, en nuestros alimentos.

El estudio de la Facultad de Ciencias muestreó agua en diferentes puntos de Sinaloa (Ríos El Fuerte, Culiacán, Sinaloa; Lagunas Lechuguilla, Navachiste, Pabellones) en la temporada en la que no se aplican químicos. Se detectaron tóxicos altamente persistentes, tales como DDT, Endosulfán, Metoxicloro, o glifosato, que son muy contaminantes. Algunas de las sustancias tóxicas identificadas se encontraban en el mar, ¡a 10 km de la costa y a 10 metros de profundidad!

En cuanto a la Península de Yucatán, particularmente en el estado de Campeche, desde hace unos años se ha impulsado la agricultura industrializada con alto requerimiento de fertilizantes, plaguicidas y glifosato, lo que ha implicado la deforestación masiva de selva: de acuerdo a la organización Nature Conservancy, sólo en 2013 se arrasaron más de 38 mil hectáreas de selva y únicamente en el municipio de Hopelchén entre los años 2000 y 2008 se perdieron más de 22 mil hectáreas de selva, es decir se ha perdido biodiversidad y en varias comunidades se han dejado prácticas agrícolas milenarias, tales como la milpa maya o la apicultura.

El estudio de la Facultad de Ciencias realizó muestreos en Quintana Roo, en la costa de Yucatán, y en las costas de Campeche. Se encontraron concentraciones elevadas de entre varios, DDT, que es un insecticida muy tóxico y que está explícitamente prohibido, Endosulfán y Glifosato.

Como se ha explicado en notas anteriores, el glifosato es un herbicida no selectivo, cuyo uso se acrecentó a raíz de la introducción de los cultivos transgénicos, siendo actualmente el herbicida más utilizado a nivel mundial y que recientemente fue clasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. La siembra de soya transgénica tolerante a glifosato ha provocado el uso masivo de este herbicida en la Península de Yucatán y además, los organismos gubernamentales no han actualizado la información oficial sobre los daños potenciales ni sobre la regulación en cuanto a su uso, pero en cambio, si han impulsado la agricultura intensiva a la que se ha acoplado la comunidad menonita, que actualmente también está padeciendo las falsas promesas de esta modalidad de agricultura: muchas núcleos menonitas enfrentan deudas muy severas, y enfermedades tales como cáncer por la exposición prolongada a los agroquímicos.

El estudio encontró que el río Champotón –el río más importante de la Península- presentó los mayores niveles de agrotóxicos; aunque los mayores niveles de glifosato seguramente se deben a la actividad agrícola, el estudio especula que la aspersión de glifosato en los innumerables campos de golf contribuyen a la contaminación de las aguas peninsulares con este herbicida actualmente considerado como probablemente cancerígeno.

De acuerdo al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Campeche,  a partir de análisis de orina, se encontró que niños de la comunidad de Ich Ek, perteneciente al municipio de Hopelchén, están contaminados con glifosato. El funcionario desestimó que la contaminación por glifosato sea la causa de enfermedades como el cáncer. Las ignorantes (por decir lo menos) declaraciones del funcionario campechano contrastan con el reporte recientemente publicado por la organización estadounidense Red de Acción por los Pesticidas (PAN, por sus siglas en inglés). Este reporte hace una compilación de estudios epidemiológicos sobre el aumento significativo de enfermedades en niños de distintas regiones de los Estados Unidos (el país que históricamente ha utilizado más agroquímicos) y la exposición a diversos pesticidas. Es indudable la relación entre la contaminación química y el aumento de enfermedades infantiles.

Los niños son particularmente vulnerables a los daños por la exposición a herbicidas, ya que a nivel fisiológico desde el estado embrionario y durante las primeras etapas de vida (por ejemplo, hasta los 6 meses), los niños beben en promedio 15 veces más agua que los adultos; hasta los 12 años de vida, el ritmo de respiración de los niños es el doble que el de los adultos.  Un factor adicional que posiblemente influye en la disposición a enfermedades a partir de la exposición a sustancias químicas, es que el sistema inmune no está totalmente desarrollado, por ejemplo, la barrera hemato-encefálica que provee al sistema nervioso de protección ante algunas sustancias tóxicas termina de desarrollarse hasta después de los 6 meses de vida.

Por lo tanto, puede inferirse que la exposición a herbicidas u otros químicos puede provocar daños significativos a la salud.  Si se consideran las condiciones socio económicas, son estas factores potenciales adicionales de emergencia de enfermedades en los niños: una familia que vive en condiciones de pobreza destina menos recursos a una alimentación adecuada y en muchos casos, lamentablemente no puede disponer de servicios médicos de calidad.

La Red de Acción por los Pesticidas reporta aumentos drásticos de enfermedades tales como distintos tipos de cáncer y leucemias (aumento de hasta 36% ), tumores de cerebro y sistema nervioso, linfoma y autismo (¡aumento de 123%!).

¿Permitiremos que ocurra lo mismo con nuestras niñas y niños?

¿Qué pasa en otros estados del país (por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Chihuahua)?

¿Qué podemos hacer?

Todo empieza en la Información y la organización.

Más información:

Reporte Green Peace: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Agricultura-sustentable-y-transgenicos/La-huella-de-los-plaguicidas-en-Mexico/

Reporte Red de Acción por los Pesticidas (Inglés): http://www.panna.org/sites/default/files/KOF-report-final.pdf