Más de una década de resistencia contra empresa extractiva en el Cañón del Sumidero, Chiapas

Desinformémonos

Ciudad de México, 18 de febrero del 2015. Durante más de cincuenta años la empresa Cales y Morteros del Grijalva se ha dedicado a la extracción de materiales pétreos para la construcción, a pesar de no contar con estudios ni manifiesto de impacto ambiental, ni la autorización del cambio de uso de suelo. La organización Salvemos al Cañón, le solicitó en días pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) una audiencia para que evalúe el impacto ambiental y los daños a las comunidades que habitan esta región en la capital chiapaneca.

“La maquinaria obsoleta que utiliza la empresa en sus procesos de producción, aunado al mal manejo de operación, permite las emisiones fugitivas de partículas contaminantes a la atmósfera de humo, polvo, vapores y ruido, dañando severamente el medio ambiente y la salud de la población”, denunció el colectivo en un documento enviado a la SEMARNAT y agregó que la empresa está afectando severamente la pared oriente del Cañón del Sumidero, área protegida desde 1980.

Las rocas en las paredes del Cañón se comenzaron a formar hace más de 136 millones de años en Tuxtla Gutiérrez. Este cañón es considerado uno de los más imponentes en el mundo y fue declarado Parque nacional en 1980 y fue nominado para ser una de las siete maravillas del mundo.

El director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, respondió a las denuncias de los pobladores que viven del turismo y su economía se ha visto seriamente afectada, argumentando que esa institución no tiene competencia para evaluar el impacto ambiental de la empresa Cales, porque la extracción en el cañón inició antes de que existiera la Ley general de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y por lo tanto no están obligadas a contar con autorizaciones en materia de impacto.

A pesar de haber dos averiguaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con sede en Chiapas, no le ha dado seguimiento al caso y la empresa continua trabajando sin los estudios y permisos requeridos en la obra y que fue concesionada por diferentes instancias gubernamentales.

En más de una década de lucha, las comunidades informaron que han agotado todas las vías legales posibles, sin que el Estado tome cartas en el asunto, al contrario es cómplice de las violaciones a los derechos humanos y ambientales de la empresa.

Las comunidades que habitan esta región denunciaron las afectaciones y daños irreversibles causados por la empresa Cales y Morteros. “El agua está contaminada con cal, la microcuenca Cahuaré esta atascada de lodos grises y material triturado, contaminación del aire, derrumbes recientes en la pared del cañón, ruidos y vibraciones de camiones y maquinaria pesada, casas fracturadas, obstrucción vehicular en la autopista Chiapas- Tuxtla, tala de vegetación recientemente y sin permiso, extenso hueco en una superficie de 40 hectáreas y la Pared Oriente del Cañón del Sumidero fracturadas con el riesgo de desplomarse en cualquier momento, lluvia permanente de hollín y polvo de cal y enfermedades entre la población”.

La organización Salvemos al Cañón del Sumidero exigieron se termine este ecocidio, pues aún están a tiempo de rescatar algo, ya se presentan daños irreparables y la población sufre cada vez más de enfermedades, además su economía que se basa en el ecoturismo está siendo afectada enormemente.

Con información de Radio Pozol

Gobierno y trasnacionales de transgénicos ya perdieron cinco de seis amparos

Angélica Enciso L., La Jornada

El gobierno federal y empresas trasnacionales productoras de transgénicos ya perdieron cinco de seis amparos que interpusieron en contra de la demanda para evitar la siembra de maíz transgénico en México, interpuesta por 53 ciudadanos y organizaciones, por lo que el juicio comenzaría en unas semanas.

El viernes pasado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) perdió el amparo que presentó en contra de la demanda, según resolvió el segundo tribunal unitario en materia civil.

Esta instancia en dos semanas deberá resolver un último amparo, interpuesto por la empresa Pionner Dupont. En caso de que ésta pierda el recurso, luego de 19 meses de que se inició la demanda, podría comenzar el juicio, explicó el abogado de Colectivas AC, René Sánchez Galindo.

La demanda colectiva fue presentada el 5 de julio de 2013 por el sacerdote Miguel Concha, los investigadores Antonio Turrent, y Víctor Toledo; Bernardo Bátiz, Raúl Hernández Garciadiego, Adelita San Vicente y las actrices Jesusa Rodríguez y Regina Orozco, entre otros, con el fin de evitar el cultivo de maíz transgénico, centro de origen del grano y alimento básico de los mexicanos.

El gobierno actúa como una empresa más. «No es que haya dicho vamos a revisar qué estuvo mal, sino que ha rehuido el juicio y no quiere un debate», sostuvo en entrevista Adelita San Vicente, de Semillas de Vida.

Explicó que en los amparos el argumento de las secretarías es que los quejosos no se debieron acoger a las acciones colectivas, sino a la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, conocida como ley Monsanto, que es «deficiente y está acotada a lo que empresas y gobierno quieren».

Sánchez Galindo detalló que hay 91 impugnaciones en contra de la demanda, así como de la medida precautoria que estableció en 2013 el juzgado federal décimo segundo de distrito en materia civil en el Distrito Federal. Con esta medida se ordenó a la Semarnat y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Agricultura (Sagarpa) abstenerse de realizar actividades tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado; prescindir de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de estas semillas, y suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial.

Abundó en que los procesos se llevan en 17 tribunales distintos, ya que estas secretarías así como Monsanto, Syngenta, Dow y Pionner Dupont presentaron diversos recursos legales en contra de la demanda y de la medida precautoria. Agregó Monsanto, Syngenta y Dow, la Sagarpa, y ahora Semarnat, perdieron el amparo.

Concluyó que el caso ya llegó a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre la medida precautoria se espera que en los próximos días sean resueltos siete amparos, indicó.

Chiapas: Pantelho se moviliza en contra de los proyectos de minas

espoir chiapas

Fotos @AreaDeComunicacionDeLasAbejas

El pueblo creyente de la Parroquia Santa Catarina de Pantelho organizo una marcha en la cabecera municipal para anunciar su total rechazo a la venida de la empresa GYMSA que tiene planificado de hacer sus trabajo y servicio geologico para empiezar a construir su proyecto de mina.

Igual en su comunicado añadieron su rechazo al trago y a las drogas.

COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE
PARROQUIA SANTA CATARINA, PANTELHO’
11 de Febrero de 2015

Nosotros, hombres y mujeres del Pueblo Creyente de Nuestro Señor, hemos venido para decir la verdad sobre los problemas que ya están entre nosotros en estos días, de los grandes empresarios y gobernantes.

Porque nos duele en nuestro corazón que ya está el problema en nuestras comunidades: hay división por las ayudas que da el gobierno en cada una de nuestras comunidades.

Por eso, sabemos que somos hijas e hijos de Dios y que él no quiere que tengamos duros sufrimientos. Sólo él es nuestra fuerza, sólo él es nuestro Libertador. Así nos lo dice en su Palabra: Dichoso el hombre que confía en el Señor (Salmo 1).

Así pues, hemos venido a decir abiertamente que NO QUEREMOS QUE VENGA A HACER SUS TRABAJOS EL SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO A TRAVES DE LA EMPRESA GYMSA (Geoquímica y Perforación Sociedad Anónima), porque sabemos que ellos están buscando las riquezas de nuestra santa madre tierra.

¿Por qué no queremos que entre en nuestras comunidades?
Porque explotan nuestra vida y la vida de nuestra madre tierra.

También queremos denunciar de nuevo que NO QUEREMOS LA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES. NO QUEREMOS LA VENTA Y EL CONSUMO DE MARIGUANA. Por eso han aumentado los ladrones y asesinos en nuestro municipio.

Hermanas y hermanos todos: ahora estamos reunidos aquí. Tenemos fuerza con la Eucaristía en nuestra peregrinación para mirar nuestros problemas y sufrimientos, para que tengamos fuerza en nuestros corazones para hacer nuestro trabajo que recibimos de Nuestro Señor.

Que Dios Padre y Madre, nos ayude y mantenga viva nuestra esperanza.

Esta es la voz del Pueblo Creyente. Parroquia Santa Catarina, Pantelho’

Resistencia Minera: Lecciones de Guatemala y México

Vía Movimiento M4

La labor de incidencia de Base en Centroamérica  generalmente no es un trabajo que produzca muchas historias asombrosas de éxito. A menudo, más bien se compara tristemente con el esfuerzo desesperado de un debilucho de noveno grado de unos 5 pies 2 pulgadas y 100 libras que incesantemente practica su tiro en suspensión en un día de invierno, mientras sueña con jugar algún día en la NBA y que con tristeza se da cuenta de que su sueño probablemente nunca se volverá realidad. Esa metáfora podría o no ser auto-biográfica.

 

En Guatemala, acompañar a la población indígena maya en su lucha persistente para mantener el control sobre sus territorios ancestrales, los recursos y las formas tradicionales de vida es frustrante, cuando menos. A pesar de la jurisprudencia anclada en la legislación nacional e internacional que supuestamente reconoce, respeta y defiende los derechos de la mayoría de la población maya, el gobierno de Guatemala, la oligarquía a la que sirve, y los intereses de las empresas transnacionales constantemente triunfan sobre los derechos y el bienestar del pueblo maya. Cuando las comunidades mayas se atreven a defender con determinación sus derechos y territorios, el derramamiento de sangre patrocinado por el gobierno usualmente es más común que la negociación o el diálogo.

Dada esta realidad tan deprimente, es importante destacar el ocasional éxito de la labor de incidencia, por pocas y distantes que sean. Por lo tanto, compartimos este breve relato de la resistencia del pueblo maya Ixil no para echarnos flores, sino más bien para compartir la esperanza de que la labor de incidencia no es completamente inútil.

Desde la década de 1970, las comunidades Mayas Ixiles en Nebaj, Guatemala se han resistido a la explotación de una mina de barita situada en un bosque comunal en la parte norte de su territorio ancestral. La Barita es un mineral que se usa principalmente para la perforación de pozos de petróleo. Con el ascenso de la industria del fracking, la barita está en alta demanda. En 2001, el gobierno de Guatemala emitió una licencia de extracción de la mina de barita. Como es el caso con todos los permisos de explotación minera en Guatemala, la comunidad local nunca fue consultada ni informada sobre la mina propuesta.

La licencia de la mina de barita rebotó de compañía en compañía hasta que finalmente cayó en manos de Jorge Luis Avalos, un empresario guatemalteco nacido en México con enormes vínculos con las industrias mineras y químicas de Guatemala. Avalos comenzó la explotación de la mina en 2005, pero cuando un manantial de agua del lugar misteriosamente se secó, las comunidades locales expulsaron a la empresa minera.

Recientemente, Avalos intentó vender la licencia a Double Crown Resources, una compañía minera con sede norteamericana. Debido a la mala trayectoria de las corporaciones mineras multinacionales en América Central (Goldcorp, por ejemplo), las comunidades locales comenzaron a preocuparse. Cuando esta noticia salió a la luz, el Comité Central Menonita (CCM) junto con otras ONGs nacionales e internacionales apoyaron el llamado de las comunidades mayas Ixiles para anular la licencia. Debido a la presión de los medios nacionales e internacionales, Avalos canceló el acuerdo con Double Crown.

CCM México apoya a ¨Otros Mundos¨, una ONG mexicana que entre otras cosas, ha apoyado a la comunidad de Chicomuselo, Chiapas en su resistencia hacia otra mina de barita operada por Blackfire Exploration, una compañía minera con sede en Canadá. Las comunidades de Chicomuselo, después de años de resistencia, fueron capaces de expulsar a la compañía canadiense de su municipio después de que Mariano Abarca, un prominente organizador comunitario anti-minería, fuera asesinado por personas vinculadas a la empresa minera y el gobierno local. En septiembre de 2014, CCM ayudó a organizar una visita de las autoridades ancestrales mayas Ixiles a las comunidades en Chicomuselo, Chiapas.

Durante la visita de dos días, José Luis Abarca, hijo del martirizado Mariano, y otros líderes de la comunidad compartieron sus experiencias relacionadas con el negocio de la minería de barita y el largo proceso de resistencia. Una visita a la antigua mina confirmó la destrucción ecológica que la minería inevitablemente provoca. Durante la última noche de la visita, José Luis lamentó que “resistir a grandes empresas mineras a menudo trae consigo la muerte de aquellos que defendemos nuestros derechos y nuestra tierra. En nuestro caso, fue mi padre quien fue asesinado. En sus comunidades, hay que preguntarse quién va a morir por la causa de la tierra y de la comunidad. ” Las autoridades ancestrales mayas Ixiles regresaron a sus comunidades determinados a seguir defendiendo sus tierras comunales, sus comunidades y sus derechos.

En noviembre de 2014, los líderes maya Ixiles fueron capaces de traer a Jorge Luis Avalos, el titular de la licencia de explotación minera, a Nebaj para las negociaciones. Avalos llegó decidido a convencer a las comunidades de los “beneficios” que la minería barita traería a la comunidad local. Su presentación en power point estaba elaborada sobre las oportunidades de trabajo que la mina crearía y la falta de impacto ambiental que la mina tendría. Durante un momento de la presentación, Avalos mencionó la mina en Chicomuselo.

Cuando afirmó que “hay otra mina de barita en Chicomuselo, México que ofreció grandes ventajas para la población local”, una ronda de risa escéptica llenó la habitación. Lu Pa’l, miembro de las autoridades indígenas del pueblo Maya Ixil interrumpió Avalos y en tono de reproche le preguntó: “¿Cómo puedes decir que la mina en Chicomuselo era buena para la gente de allí? Hemos estado en Chicomuselo y hemos visto la mina y sus efectos. Lo único que trajo a la comunidad era muerte, y eso no lo vamos a aceptar”.

En ese momento de la negociación, Avalos reparó en que no iba a tener éxito en convencer a las comunidades de los supuestos beneficios de la minería de barita. Varios miembros de las autoridades Ixiles agradecieron a Avalos por venir, pero insistieron en que la comunidad se oponía vehementemente a la mina de barita y que no toleraría la presencia de cualquier empresa minera sin invitación. Avalos aceptó con desánimo (por ahora) la decisión de las comunidades Ixiles y prometió que él y su compañía minera respetarían la decisión de la comunidad y que no procederían con los planes para la mina de barita.

Esta supuesta historia de “éxito” está lejos de haber terminado. Avalos todavía tiene la licencia minera que es oficial hasta el año 2021 y sería absurdo creer que él u otra compañía a la que él intente venderle la licencia simplemente ignore la prometedora rentabilidad de una enorme fuente de un mineral en alta demanda. Sin embargo, una victoria es una victoria y debe ser celebrada y compartida. La labor de incidencia en este caso fue exitosa gracias al uso de los medios de comunicación internacionales para exponer  acuerdos de negocios por debajo de la mesa, y a través de la conexión de comunidades que enfrentan luchas similares y comparten la misma resistencia.

Esperamos que CCM y otras organizaciones internacionales continúen el largo y tedioso trabajo de apoyar a las comunidades en toda América Central y el mundo en la defensa de sus tierras, de sus comunidades y de sus derechos.

Fuente: Comité Central Menonita América Latina

Nota relacionada:
(en inglés) Breakthrough Regarding Legal Liability of Canadian Mining Corporations for Abuses Overseas

Tribunal Popular culpa a mineras canadienses en América Latina

En un primer dictamen de una investigación que concluirá en 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno de ese país son responsables de violar los derechos humanos en América Latina.

El TPP, una organización independiente fundada en Italia, halló que Ottawa y las empresas Barrick Gold, Goldcorp, Excellon Resources, Blackfire Exploration y Tahoe Resources son culpables de violar los derechos laborales, destruir el medio ambiente, privar a la población indígena del derecho a la autodeterminación, penalizar a la disidencia y de realizar asesinatos selectivos.

 

Gianni Tognoni, el secretario general del TPP desde su creación en 1979, fue uno de los ocho jueces que tomó la decisión el 10 de diciembre.

En entrevista con IPS, habló sobre la manera en que las decisiones del TPP han repercutido en el debate internacional en el pasado.

De los muchos ejemplos, citó el caso del trabajo esclavo infantil en la industria de la vestimenta, que fue denunciado por el TPP “con el fin de reforzar los controles y la vigilancia de las organizaciones no gubernamentales”.

“Lo que se podía hacer se está haciendo… con el fin de integrar el tribunal a otras fuerzas… para formular las denuncias en términos de solidez jurídica”, destacó Tognoni.

Los procesos internacionales rara vez son rápidos, señaló. La sentencia de la antigua Yugoslavia “parece ser más bien una especie de juicio sobre la memoria, lo mismo es cierto para Ruanda”, comentó.

Comparó esa situación con la eficacia inmediata de los tratados económicos y mencionó el conocido choque entre los derechos humanos y las empresas transnacionales, así como la actitud impune de estas últimas.

“No es posible tener una sociedad mundial que esté respondiendo progresivamente y únicamente a los criterios… y los indicadores económicos”, resaltó.

Formalmente, Canadá debería defender los mismos derechos en el extranjero como en su propio territorio, según el principio de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados por el cual los poderes públicos deben supervisar a los actores no estatales.

“Pero simplemente no lo hace”, afirmó Tognoni.

El fallo de 86 páginas informa que 75 por ciento de las empresas mineras de todo el mundo tienen su sede en Canadá, y que las compañías canadienses con inversiones estimadas en más de 50.000 millones de dólares en el sector de la extracción en América Latina representan entre 50 y 70 por ciento del total en la región.

“Y el veredicto… muestra claramente que Canadá en el exterior favorece la violación de los derechos humanos fundamentales”, subrayó Tognoni.

La sesión del TPP sobre la minería canadiense llegó a un veredicto de culpabilidad en Montreal, el 10 de diciembre, en el día internacional de los derechos humanos, en una investigación en curso hasta el año 2016.

El TPP realizó recomendaciones al gobierno canadiense, a las empresas mineras en cuestión, así como a agencias y organismos internacionales, entre ellas 22 divisiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

El lento acceso a la justicia

“Está claro que es importante organizar el movimiento de oposición para darle un apoyo sólido y también jurídico a los argumentos políticos y sociales, para que quede claro que la batalla por la justicia internacional es absolutamente idéntica a la batalla por la democracia interna”, dijo Tognoni.

A su juicio, “debido a que las dos cosas están cada vez más vinculadas, ya no hay países que sean independientes de la escena internacional”.

Las sesiones del TPP se “añaden a ese corpus de trabajo con el fin de demostrar que hay una necesidad urgente de instrumentos que permitan el acceso a la justicia”, dijo el organizador de la sesión sobre la minería canadiense en América Latina, Daniel Cayley-Daoust.

El TPP “no es un tipo de iniciativa que pueda aplicarse, ya que no tiene capacidad legal de una manera concreta”, explicó. Sirve de apoyo a las comunidades afectadas y para documentar los abusos cometidos “en el sentido de ampliar ese debate… para incrementar la presión”, añadió.

Una de las prioridades del TPP es añadir “más voz y credibilidad a algo que fue en gran medida ignorado por la gente que… tiene el poder de hacer los cambios”, indicó Cayley-Daoust.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó un Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos, las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Cayley-Daoust expresó su preocupación porque la ONU tuvo influencia empresarial en las últimas tres o cuatro décadas, especialmente a causa de sus relaciones más estrechas con las empresas.

Rolando Gómez, portavoz del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo a IPS que las empresas no están inmunizadas.

“No hay una sola cuestión de derechos humanos en cualquier entorno, sea una empresa, una ciudad, un país o una comunidad, que escape a la atención del Consejo”, aseguró.

“Hemos visto tendencias positivas de empresas, grandes y pequeñas, que tomaron estas cuestiones muy en serio”, sostuvo.

También se refirió a las consecuencias políticas. “Cada vez más, los Estados reconocen que tenemos que despolitizar el debate”, dijo a IPS.

Hizo hincapié en que “el Consejo de Derechos Humanos no tiene que ver solo con los acuerdos adoptados, sino con el seguimiento, la acción, el hecho de que hay un escenario aquí en Ginebra donde se escuchan problemas que a menudo no se escuchan”.

“El grado en que las ONG están activas aquí es excepcional”, manifestó. Mencionó cómo participan en Ginebra las víctimas de violaciones de derechos humanos y la sociedad civil en la entrega de declaraciones, con su presencia en las negociaciones y al informar sobre los debates formales.

En cuanto a si la charla se traduce en acción, “eso depende de la cuestión, así como la voluntad de los Estados y los responsables de las decisiones”, dijo Gómez.

“La justicia tarda mucho tiempo”, concluyó.

Fuente: IPS Noticias

Carlos Slim, empresarios extranjeros y presta nombres, los dueños de concesiones mineras en Chiapas

Por Mariana Morales, Chiapasparalelo.com

Pese a que la minería es una actividad avalada por el gobierno Mexicano comunidades se han pronunciado contra esa extracción que acaba con los recursos naturales de este estado biodiverso. El subsuelo de este entidad se concesiona, se venden, se transfieren; no existe transparencia en cuanto  a quién las adquiere, como lo hacen funcionarios, lo pueden hacer socios de televisoras, ex prófugos de la justicia o simples presta nombres, afirma el activista Gustavo Castro. En la industria de la minería, las ganancias conquista a muchos.

Entre las montañas de la zona norte de esta última frontera, un hombre de estatura alta,  delgado, ropa color café,  botas negras   y de toda la confianza del patrón nos recibe en la entrada de la minera de uno de los hombres más poderosos del mundo, Carlos Slim. San Francisco del Oro S.A DE C.V, filian de FRISCO.

            Hasta aquí, en la comunidad El Beneficio perteneciente al municipio de Solosuchiapa ubicado a casi cuatro horas de la capital Tuxtla Gutiérrez, se ubica la empresa del “rey de las telecomunicaciones”. Chiapas no es el único estado donde reinan sus empresas,  tiene presencia en varias entidades del país, siendo las del norte las más rentables.

            Después de tomar un par de transportes desde el municipio de Pichucalco, llegamos al sitio  donde las redes del empresario llegaron desde los años 90. Aunque eso, pasa a segundo plano no porque no exista señal TELCEL, en esta pequeña comunidad de unos 100 habitantes está  uno de los tres sectores que hace crecer  la fortuna del empresario en América Latina: la extracción de minerales. Oro y plata, lo más cotizado para las personas que gustan lucir de ello.

San Francisco del Oro S.A DE C.V concesionó durante los últimos años la tierra de toda esta comunidad a través de la minería.  Documentos que expiden las dependencias ambientales estatales y federales otorgaron el derecho  de subsuelo para, extraer acá, ambos minerales hasta por 45 años, señalan documentos obtenidos vía transparencia solicitados a la Secretaria de Economía Federal, la cual está obligada a dar cuenta de ello. 

-¿Incluye sus ríos, el grande?- Nos pregunta un joven que vive muy cerca de la mina, junto a su padre remienda una red que le sirve para atrapar peces. La pesca,  cuidar la mina o la extracción de material pétreo en los ríos de la zona, son tres opciones de trabajo en este lugar donde reina la Central Independiente de Obreros Agrícolas y  Campesinos (CIOAC).

El hombre que nos recibió permanece sentado en una pequeña caseta ubicada a un lado de las rejas blancas que plasman el logotipo rojo de San Francisco del Oro. Desde ahí, observa quién pasa por la carretera federal o pide la parada para bajar  a este pueblo.

-Para entrar a la mina también se puede por  atrás donde se encuentra pedacitos de oro que dejaron quienes hace años sacaron mineral; se ven las cuevas, carretas y material abandonado… a la gente de acá a veces le damos permiso para sacar fruta y también se ven algunos animales-  explica el joven originario de esta comunidad, al tiempo  nos invita a pasar, aunque no lo hacemos.

De acuerdo a las seis concesiones que en conjunto suman la superficie de esta comunidad, al menos de las rejas blancas hacia el fondo, ya es propiedad privada. Aunque para la cartografía del estado de Chiapas, El Beneficio es parte de uno de los municipios de este estado.

Él, es el velador de esta empresa, su vestimenta café y un logotipo de seguridad  lo delatan, por eso desde la caseta tiene que cubrir un horario de ocho horas de vigilancia y entregar cuentas al patrón. “El patrón”, un hombre de toda la confianza del otro patrón; el mero mero, el que sólo viene cuando realizan exploración. La última vez lo vieron en el 2013, dejó su número de teléfono por aquello de las visitas extrañas. Se trata de “el ingeniero de México”  a quien ya le comunicaron que hoy llegamos, pero tampoco  le interesa contestarnos.

-La exploración a la que viene el ingeniero, es una prueba para saber qué tanto mineral existe en la tierra, esa ocasión fue en la mañana, fueron ruidos, ruidos y más ruidos en la parte alta de la mina- explica el joven que remienda su red de pesca.

-¿Registró cuarteaduras tu casa? –se le  pregunta-

No contesta y sigue su relato: “Ese día  bajamos a pescar al río Grande (que en realidad se llama Danta) en una zona donde no están los volteos que sacan arena y piedra; pero esa vez bajó el agua sucia y aceitosa porque la mina hacia esas pruebas, se lo digo porque yo sé qué es eso, en un tiempo trabaje con ellos, entonces le digo que esa vez los peces ya no sirvieron.

San Francisco del Oro S.A DE C.V realizó exploraciones donde delimitó con rejas y alambres parte de lo que afirman, a través de las concesiones, es parte de su territorio. Es aquí, justo donde nos paramos, en la caseta que cuida este hombre que amablemente nos recibe.

De acuerdo a un reporte de la SEMARNAT Chiapas, en el 2011 la empresa realizó una exploración para sacar  mineral, realizó perforaciones al suelo utilizando agua que le ayudarían a extraer,  consumió de 3 a 6 litros de agua por segundo del río Danta. Por ahora la empresa sólo explora, no ha iniciado extracción en Chiapas, así lo señala el último reporte de su página de internet donde registra un incremento en su producción del 14% reflejado en sus ventas.

-¡No!, no ha llegado el momento en que la empresa  inicien de verdad la extracción de oro o plata, y cuando suceda ya dijo el ingeniero de México que no tienen interés en sacar a todo el pueblo-  contesta el velador al tiempo que sale de la caseta.

-Entonces, ¿Trabajarán para ellos?- se le pregunta.

-No sé, ya le dije que nosotros acá seguiremos viviendo …. debe saber que yo nací acá luego me fui a Estados Unidos y regresé, acá nací… antes de que llegará esta empresa esté era un pueblo minero abandonado. Quienes antiguamente trabajaron  vendieron a quienes hoy habitan. Tenemos un derecho de posesión que nos acredita como dueños.

Lo que cuenta este joven que viste de café está documentado en los Archivos Históricos de Chiapas. En la investigación  “El Despertar de la Serpiente, la Sierra Madre de Chiapas en Riesgo Extracción Minera y Comunidades en Resistencia en Chicomuselo” su autor, Marín Morales detalla que en los años 1900 por pequeños periodos siete empresas sacaron de este sitio mineral, lo abandonaron por la dificultad que implicó su transportación hacia las fueras. 

-Mientras, la gente de acá tiene que trabajar…- contesta el vigilante. Se para frente a las rejas blancas, ahora lo acompañan dos hombres más que visten como él y que se entretienen en la transmisión de un pequeño radio-televisión colocado sobre una piedra. Aunque para el joven pescador, el trabajo es en el río Danta que atraviesa este poblado rodeado de montañas en la zona norte de Chiapas.

***

 

El subsuelo de este entidad se concesiona a la minería, se venden o se transfieren; no existe transparencia en cuanto  a quién las adquiere, como lo hacen funcionarios, lo pueden hacer socios de televisoras, ex prófugos de la justicia o simples presta nombres. Ni siquiera el Servicio Geológico Mexicano (SGM) registra transparencia en los datos que proporciona. 

El integrante de la REMA-M4 y Otros Mundos es Posible,  Gustavo Castro señala que el 14 por ciento del territorio chiapaneco esta concesionado a la minería.  El mayor número de títulos en la entidad los posee Tristán Canales Reyna vinculado a la minera canadiense Blackfire que causó el asesinato del opositor minero de la Sierra Madre de Chiapas, Mariano Abarca.

Canales Reyna se vio prófugo después que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo dejó en libertad en mayo del 2014 por arroyar en el crucero de la Carretera Internacional al niño Ramón Gómez Jiménez, de 11 años, quien sufrió una fractura craneoencefálica.

 Tristán Canales Reyna es presunto hijo del abogado Tristán Canales Najjar, quien fuera Diputado Federal, actualmente empresario mexicano, uno de los directivos del Grupo Salinas y TV Azteca, y Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.

En esta entidad, no sólo San Francisco del Oro S.A DE C.V ha buscado concesionar las montañas de la zona norte de la entidad, también lo hacen los Chinos en la Sierra Madre de Chiapas a través de la empresa la empresa Honour Up Trading S.A. de C.V.

De acuerdo al informe “Minería 2015” elaborado por Castro, el mayor número de concesiones en la entidad se realizó durante la administración del presidente Calderón y el ex gobernador Juan Sabines. En la presente administración federal, Peña Nieto y estatal de Manuel Velasco se han expedido 10 concesiones de tierra para la minería

Petróleo a la baja: se cayó el teatrito

Por Aroa de la Fuente López, Fundar.
en Sinembargo.mx

Mucho se está hablando estos últimos meses de la caída del precio del petróleo a nivel internacional y sus consecuencias para la implementación de la recién estrenada Reforma Energética. En nuestra opinión, esta discusión debería haberse dado desde 2013, cuando se impulsaron cambios constitucionales que llevaron a profundizar un modelo energético, económico y fiscal basado en la explotación de hidrocarburos. En ese momento, varias organizaciones de sociedad civil pusimos sobre la mesa argumentos claros y contundentes que mostraban como esta apuesta no era sostenible en ningún sentido. El precio actual del petróleo sólo representa una evidencia más de este hecho. Ahondemos en estos temas.

La reforma tuvo como telón de fondo la caída en la producción de petróleo observada desde 2004 y la baja tasa de restitución de reservas de hidrocarburos de los últimos años. De esta manera, la iniciativa del Ejecutivo señalaba la necesidad de impulsar aún más la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Esto supuso una continuidad de la reforma de 2008 donde se puso el acento en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo con muy pobres resultados en materia de producción y rentabilidad y con fuertes afectaciones socioambientales.

En 2013 le tocó el turno a los hidrocarburos que se encuentran en formaciones de lutitas bituminosas, para cuya extracción se requiere la fracturación hidráulica, también conocida como fracking. Desde el Ejecutivo se señaló el imperativo de ampliar la participación de la iniciativa privada, quien, según sus palabras, sería la única con la experiencia y capacidades técnicas y financieras para llevar a cabo esta tarea. Ahora bien, tomar esta dirección era la peor decisión que podía tomarse por varias importantes razones, de las cuales destacaremos las más relevantes a la luz de la situación por la que atraviesa el país.

En primer lugar, supone profundizar una matriz energética basada en recursos no renovables, mismos que están poniendo en jaque al planeta al ser la principal causa del calentamiento global y una importante fuente de degradación ambiental y de la calidad de vida. A esto se suma el hecho de que el uso de la fracturación hidráulica supone aún mayores impactos sobre el cambio climático por sus más elevadas tasas de emisión de metano (30% más que en los proyectos que utilizan técnicas tradicionales) y otros gases de efecto invernadero; implica afectaciones irreversibles sobre el agua, los territorios, la biodiversidad y la salud humana; no asegura la sostenibilidad de la provisión de energía, ya que la producción de los pozos declina muy rápidamente (entre 29 y 52% al año) y la recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos es muy baja (de entre 5 y 10%); y, desvía recursos y esfuerzos públicos, lo que obstaculiza el desarrollo de las energías renovables a pequeña escala y retrasa al país en la toma de una senda por la que es imprescindible que lleve sus pasos.

En segundo lugar, la reforma supuso también continuar apostándole a la explotación de petróleo como fuente de ingresos para el sector público. Si bien el Ejecutivo reconoció que habrá una disminución de dichos ingresos por la entrada del sector privado en la industria, también anunció que esto se compensaría con un aumento en la producción de hidrocarburos. Más allá de los cuestionamientos que se podrían hacer al realismo de estas predicciones, la caída en el precio del petróleo muestra la irresponsabilidad de seguir sujetando el gasto público a esta actividad. Prueba de ello es el anuncio del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre recortes al presupuesto que rondan 124 mil millones de pesos, lo que afectará el gasto social y, por lo tanto, afectará la vida de miles de personas en el país.

Por último, cabe señalar que la reforma fue vendida como una oportunidad de oro para promover el desarrollo económico del país y generar empleo y “progreso”. De nuevo, estas son afirmaciones que no se sostienen. Basta acercarse a los estados donde actualmente se lleva a cabo la actividad petrolera para ver cómo buena parte de la población se encuentra sufriendo las consecuencias de la contaminación y la degradación ambiental sin recibir ningún beneficio de la misma. Esto sin duda se agravará con la nueva legislación energética que habilita al Estado a imponer la realización de esta actividad en los territorios, por encima de los derechos de la población que los habitan y en contradicción de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de derechos humanos. La creación de la Gendarmería, el hostigamiento y criminalización de las personas y comunidades que se encuentran defendiendo sus derechos, y la intención de aumentar el control de la Federación sobre los territorios son otros elementos que apuntan en este sentido.

Pero además, la variación impredecible del precio del petróleo es una muestra más de la insostenibilidad de apostarle al petróleo como motor de crecimiento económico. Una decisión de algunos países de la OPEP y el aumento de la producción de hidrocarburos en EEUU ha puesto en jaque a la principal reforma estructural del sexenio. Aunque algunas personas y organizaciones respiremos más tranquilas sabiendo que la intensificación del uso del fracking en México se retrasará un tiempo, este hecho no hace más que aumentar la percepción de la falta de mirada estratégica y de largo plazo de la política energética.

Ojalá la adversidad provocada por los precios del petróleo se transforme en una oportunidad para iniciar una reflexión profunda sobre estos temas. Desde la sociedad nos toca seguir poniendo el dedo en el renglón para lograrlo.

Libro: Apropiación de agua, medio ambiente y obesidad

APROPIACIÓN DE AGUA, MEDIO AMBIENTE Y OBESIDAD:
los impactos del negocio de bebidas embotelladas en México

GIAN CARLO DELGADO RAMOS
COORDINADOR

COLECCIÓN ALTERNATIVAS
Primera edición, 2014
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
Universidad Nacional Autónoma de México

Dada la complejidad de la problemática, la investigación inicialmente centrada en un par de estudios de caso (Coca Cola y Nestlé), culminó en un tercer caso adicional (Heineken) y en una evaluación mucho más amplia e integral del fenómeno, dando cuenta del papel clave del gobierno en la regulación del sector —inexistente, laxa o insuficiente— pero también de la relación directa entre la expansión del negocio de bebidas en México, el aumento de las afectaciones socioambientales actuales o potenciales y la creciente tendencia de población obesa y de incidencia de enfermedades asociadas al consumo de azúcares, alcohol y alimentos de baja calidad nutricional. Con todo, la presente investigación sólo cubre los aspectos centrales.

DESCARGAR PDF AQUÍ

Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería en el INAH

Vía Movimiento M4

A lo largo de la su historia y como parte de su cultura, los pueblos originarios han generado saberes esenciales para la conservación de la vida, gracias a un profundo conocimiento de su entorno, heredado de generación en generación.

Sin embargo, la afectación de sus territorios han sido una constante desde el choque de la conquista hasta hoy, que nos encontramos ante situaciones de amenaza que demandan atención. Una de ellas es el desmesurado incremento de concesiones otorgadas por los gobiernos en casi toda América Latina para un tipo de extracción intensiva de minerales, conocido como minería a cielo abierto, la cual es promovida con argumentos de progreso y desarrollo. Sin embargo, ¿qué implicaciones tienen esas iniciativas para la conservación de nuestro patrimonio cultural y biológico?

 

¿Qué implica que las iniciativas de extracción minera sean tan extensas y coincidan con asentamientos humanos, áreas naturales conservadas, sitios sagrados en territorios indígenas, tierras de cultivo y zonas arqueológicas, exploradas o por explorar?

Compartimos la muestra completa, más de 50 imágenes, que viajan a través de las causas y consecuencias del modelo extractivo minero en nuestros pueblos y territorios. Esperamos que sea de utilidad para la defensa y concientización sobre este devastador paradigma de “desarrollo”. El material puede ser descargado y utilizado libremente.

Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo A
Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo B
Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo C
Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo D

La contaminación química mundial

Cinco millones de personas fallecen cada año por su exposición a sustancias químicas

DESCARGAR ARTÍCULO EN PDF (3 págs.)

Fernando Bejarano González
Desde antes de nacer hasta nuestra muerte vivimos expuestos a cientos de sustancias químicas tóxicas como nunca antes en la historia de la humanidad. Pueden estar en los productos que usamos todos los días: en la pasta de dientes, los plásticos, los muebles, el ordenador, en nuestro trabajo, y en el ambiente: en el agua, aire, suelo o los propios alimentos. Muchas veces estamos expuestos a esta contaminación química sin darnos cuenta, de manera que no lo perciben nuestros sentidos, en pequeñas dosis pero de manera crónica y múltiple. Sin embargo, la regulación y control de estos productos no es proporcional a su peligrosidad

DESCARGAR ARTÍCULO EN PDF (3 págs.)

Marchan en Escuintla Chiapas contra la industria minera

Actualmente media docena de empresas extraen diversos minerales de manera ilegal

Por Ángeles Mariscal, chiapasparalelo.com

En la región del Soconusco chiapaneco, donde una de cada tres hectáreas está concesionada a la industria minera, habitantes de la región y legítimos dueños de las tierras efectuaron una manifestación para exigir a los tres niveles de gobierno respeto a su territorio.

Las y los manifestantes marcharon por las calles principales del municipio que forma parte de la reserva ecológica La Encrucijada. Sostuvieron que la industria minera constituye una amenaza para el ecosistema y la salud de los habitantes de la región.

“Los empresarios dueños de la concesiones son unos depredadores que pretende despojarnos de nuestros territorios, acabar con nuestros recursos naturales, con nuestros recursos hídricos y con la salud humana”, dijo Romeo García Cortés, uno de los manifestantes.

Detallo que la empresa minera china Honour Up Trading tiene la concesión del proyecto minero “La Joya”, mediante el cual afectarán los ejidos de Independencia, El Triunfo, Jalapa, Unión Jamaica y San Juan Panamá, todos ellos del municipio de Escuintla, de donde proyectan extraer, Fierro, Titanio y todo mineral disponible en el subsuelo.

La empresa china está representada en Chiapas por Tristán Canales Reina, quien a su vez es el operador de la mina “Cristina”, ubicada en el Ejido la Libertad Acacoyagua; otra en ejido Emiliano Zapata Municipio de Acacoyagua; la mina “El Joval” en ejido Los Cacaos de Acacoyagua.

Otras minas que amenazan la región es la que explota titanio en el ejido Nueva Francia, operada por Obras y proyectos Mazapa SA de CV, cuyo representante es Héctor Silva.

Habitantes del lugar lograron clausurarla, “ya que al igual que las demás operan de manera clandestina, pues las concesiones fueron otorgadas con fines de EXPLORACIÓN, y estos depredadores ya las tienen en etapa de EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, por lo cual muchos cargamentos de minerales sacados vía Puerto Chiapas han sido sacados de contrabando, así como el centro de acopio COBALTO SA DE CV que opera de manera clandestina en el ejido El Pataste de Acapetahua, a escasos 300 metros del río Cacaluta”.

Las y los manifestantes reiteraron que continuarán clausurando e impidiendo la operación de las minas que actualmente operan en la clandestinidad.

Glencore: Miles de millones ganados con las materias primas

Lanzamiento de un libro sobre la empresa suiza Glencore.

La asociación de derechos humanos MultiWatch presentó en 2014 su libro «Miles de millones ganados con las materias primas – Consorcio suizo Glencore Xstrata», ofreciendo por primera vez una síntesis sobre los efectos negativos por parte de la minería multinacional suiza a la población en las regiones donde se hace la explotación. Ahora el libro esta disponible en línea en español.

En la primavera 2013 se fusionaron las dos empresas Glencore y Xstrata, formando una de las compañías de materias primas más poderosas del mundo. Esta empresa controla toda la cadena de valor, es decir, la explotación, el almacenamiento y el transporte de los productos incluyendo el comercio de los mismos. Año y medio después de la fusión, el libro de MultiWatch sobre el gigante de materias primas esta disponible en español. Mostrando casos en Colombia, Perú, Argentina, Australia, Filipinas, Sudáfrica, Zambia y la República Democrática del Congo, donde MultiWatch revela los conflictos alrededor de las actividades empresariales.

Mientras que Glencore obtiene ganancias muy altas y se presenta como una empresa sostenible, la población alrededor de sus minas más bien la ve en relación con la explotación de hombres y del medio ambiente. Huecos gigantescos y montañas de material estéril marcan los paisajes en donde trabaja la multinacional suiza. La gente sufre no solo de las explosiones, de la contaminación del agua, del aire y de suelos envenenados, sino también de la destrucción de su ámbito de vida. Muchas veces se niega el derecho a la participación de los habitantes. Las protestas de trabajadores y de la población en general están oprimidas por la fuerza o criminalizadas. Se escucha cada vez más la crítica en contra de la empresa por dividir a las comunidades y por suplantar las estructuras estatales. Así como sucede en Perú, donde Glencore (hasta mayo 2014 Glencore Xstrata) contrata a la policía nacional. En el comercio con productos agrícolas se está incriminando a Glencore Xstrata de realizar ganancias con el hambre. Quejas por fraude en el pago de impuestos quedan pendientes.

El libro que se ha publicado, muestra por primera vez una visión conjunta y controversial sobre las actividades mineras de la empresa suiza y sus efectos negativos. Toda una serie de casos han sido reunidos en un solo documento. El libro se estructura siguiendo diferentes tipos de conflictos y temas: Conflictos laborales y sociales, contaminación ambiental, poder e influencia de la empresa y fraude fiscal. Esta estructura pone en evidencia que los casos no son una excepción, pero que se parecen de una manera flagrante: la población y los trabajadores se quejan del mismo comportamiento de Glencore, de la misma arrogancia con que la empresa sobrepasa los derechos y los intereses de la gente. La manera de no respetar a la población local y la falta de información parecen repetirse en varios lugares. Muy similar es también el comportamiento de Glencore en los diferentes lugares, cuando niega la relación entre la destrucción del medioambiente y su actividad minera.

El libro pone énfasis en las personas afectadas – mineros y comunidades alrededor de minas – que luchan por sus derechos, por la protección de su territorio y por condiciones laborales dignas.

Ultimamente, Glencore ante la publicación de estudios críticos reacciona de manera más tajante y amenaza con pasos legales. Desde la publicación de libro „Miles de millones ganados con las materias primas – Consorcio suizo Glencore Xstrata”, Multiwatch esta amenazado con una denuncia por difamación. Glencore también se sirvió del libro como pretexto para bloquear la busqueda de soluciones en conflictos en Colombia. El Blog de la «Red sombra – Observadores Glencore » donde se hizo campaña para la nominación de Glencore para el premio de la verguenza Public Eye del 2014, tuvo que ser suspendido después de una dura crítica de Glencore.

MultiWatch es una plataforma de ONG, sindicatos y de movimientos sociales. La organización observa empresas multinacionales con sede en Suiza, informa sobre violaciones de derechos humanos por multinacionales y exige normas vinculantes en materias de derechos humanos para empresas.

DESCARGA PDF: Libro_Glencore_MultiWatch

Aprovechamos también para recordarles que Glencore está nominado para el premio negativo Public Eye Lifetime Award. Les agradecemos invitar a  sus contactos de leer el libro y de votar por Glencore! Cada voto cuenta! Glencore está de momento en segundo lugar, falta poco por ganar este premio!! Voten aquí! http://publiceye.ch/de/case/glencore/