Categoría: Modelo extractivo

Por Fermín Ledesma Domínguez, chiapasparalelo.com

Como afirma la socióloga, Maristella Svampa (2012) el territorio se ha constituido en el lugar privilegiado de la disputa a partir de la implementación de nuevas políticas sociales diseñadas desde el poder con vistas al control y la contención de la pobreza y como espacio estratégico en términos de recursos naturales, sobre todo bajo la lógica del capitalismo extractivo que se ha instalado en nuestro país.

En ese sentido, este texto presenta el análisis del territorio histórico Zoque de Chiapas, donde la población local enfrenta silenciosamente los efectos de la modernización avanzada que plantea el modelo de desarrollo económico, sobre todo, bajo la narrativa del desarrollo sustentable que opera el Estado desde la década de 1990. Desde mi perspectiva, no es más que un modelo extractivo-agroexportador que se traduce en la reprimarización de las actividades y en el uso intensivo de los recursos naturales (agua, tierra bosques), minando la capacidad de agencia de la población local, de tal suerte que ciertos territorios, como el Zoque de Chiapas, pasan a formar parte de un circuito global para la reproducción del capital económico.

¿Por qué hablar del territorio?

El concepto territorio comenzó a cobrar importancia en la medida en que el concepto “región” (cultural, económica, plan, hidráulica, etc.) agotó las respuestas para resolver y entender los problemas multifactoriales y heterogéneos de alcance macro-regionales como pobreza, marginación, niveles bajos de bienestar, agricultura tradicional (roza, tumba y quema), que desde la óptica del modelo económico neoliberal, limitan el crecimiento económico de todo un país, de tal suerte que ciertos territorios, sobre todo indígenas, son vistos como “regiones perdedoras” o áreas deprimidas pues no lograron contribuir a la mejora económica del país.

Hoy, el viraje es mirar al territorio como área clave para detonar a las “regiones perdedoras” pues contiene no sólo recursos naturales disponibles, sino un alto capital social y económico basado en el sentido de pertenencia, cohesión, cooperación, identidad, intercambios de experiencias vividas, interiorización del paisaje, lazos de parentescos y la vecindad así como otras características culturales que permiten transformar escenarios adversos en el mundo globalizado, dicho de otro modo, la cultura hoy puede ser convertida en mercancía.

Sin embargo, posiciones como la del geógrafo marxista David Harvey (2012) afirman que lo que está en juego dentro del “territorio” es la expansión del poder del capital económico en su versión de imperialismo como una nueva forma de acumulación del dinero a lo que él llama acumulación por desposesión, que no es más que la explotación intensiva y el despojo de los recursos naturales mediante el uso de los bosques como generadores de estabilidad ambiental global, y por la otra, paradójicamente la expansión de la minería, el petróleo y la búsqueda de energía alternativas e incluso está acumulación alcanzaría a los tan anunciados “centros ecoturísticos” que no es más que la mercantilización de la naturaleza, de tal modo que, el territorio se convierte en el centro de la disputa entre quienes habitan el terruño y quienes aspiran a explotarla desde el capital económico como espacios multifuncionales, creando de esta manera tensiones y conflictos.

En medio de esta nueva dimensión económica del territorio surgen lenguajes de valoración por parte de los actores locales que se expresan en movimientos sociales en defensa del agua, los bosques y la tierra como bienes comunes, corriente bautizada por Joan Martínez Alier (2011) como el “ecologismo de los pobres” surgida en oposición al conservacionismo a ultranza que plantea un culto extremo a lo silvestre. Un ejemplo del conservacionismo a ultranza es la creación de áreas naturales protegidas donde la presencia humana está vedada.

Otra corriente surgida es la eco-eficiencia, que plantea el uso “eficiente” empresarial de la naturaleza, interiorizada como discurso bajo la responsabilidad social empresarial por parte de las grandes compañías en su afán de “reponer” algo a la naturaleza. En la corriente del “ecologismo de los pobres” se demanda el respeto al territorio, la autonomía y la autogestión de los recursos naturales mediante acciones directas de movilizaciones (Svampa, 2011) pues lo que está en riesgo es la reproducción social de quienes habitan el territorio y no de quienes aspiran a explotarlo.

El territorio histórico Zoque de Chiapas

Desde hace aproximadamente 2,500 años, los zoques construyeron un vasto territorio desde el sur de México, principalmente en el sur de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, que Gareth Lowe (1998) definió como el área cultural zoque de Mesoamérica, que en algún momento estuvo integrada a su vez por dos grandes áreas: la parte núclear se encontraba en la costa del Golfo de México y una sub-area Olmeca estaría formada por Tabasco y Chiapas que en su momento se extendió hacia Guatemala y El Salvador. De esta manera, los resultados arqueológicos han podido afirmar que los zoques constituyen en realidad la “cultura madre” antes que los Olmecas.

Sin embargo, los procesos sociales, políticos, económicos y ambientales ocurridos en el territorio zoque como la conquista, la aparición de epidemias, hambrunas y la erupción de volcanes han diezmado la población originaria en los últimos 5 siglos, quedando reducidos en pequeñas “islas”. En el caso de Chiapas, las políticas modernizadoras del siglo XX diseñadas desde el Estado moldearon constantemente al territorio zoque como un espacio idóneo para el desarrollo del capital económico mediante el uso intensivo de los recursos naturales que ha dado como resultado un territorio indígena intervenido. Veamos algunos ejemplos.

El primer indicio del territorio zoque intervenido por el Estado fue la implantación y desarrollo de una política de ganadería extensiva en el trópico húmedo desde la década de 1930, que en el caso del área zoque arrancó en los municipios de Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Reforma, mismo que se extendió hacia Chapultenango e Ixtacomitán y Francisco León, lugares tradicionalmente zoques.

Para 2010, los efectos de la política ganadera de larga duración, no solo ha contribuido a la devastación de gran parte de los bosques de niebla de Rayón, sino que en conjunción con las constantes crisis económicas, aceleró la conversión del campesino zoque en jornalero o migrante en los centros del gran turismo de la Riviera Maya y a otros polos urbanos. Tan solo en el periodo de 2006 a 2010, un total de 4 mil personas de 13 municipios zoques migraron hacia Estados Unidos.

El territorio zoque también ha sido utilizado para el desarrollo de mega proyectos como las presas hidroeléctricas de Malpaso y Peñitas desde la década de 1960, los cuales, generaron el desplazamiento de miles de campesinos e inundaron más de 30 mil hectáreas de tierras de cultivos agrícolas en Ostuacán y Tecpatán así como propiciaron la construcción de riesgos propios de países industrializados, de tal suerte que las turbinas de las hidroeléctricas pasaron a formar parte del paisaje natural en el bajo Grijalva, a costa del deterioro ecológico y el desplazamiento de comunidades campesinas.

El modelo extractivista de los recursos naturales también se ha acentuado en el territorio zoque de Chiapas mediante la ejecución del proyecto Ixhuatán, de capital extranjero y nacional a través de la compañía minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, que involucra explorar y explotar los minerales en más de 4 mil hectáreas de tierras ejidales de comunidades indígenas zoques en un corredor minero que comprende al menos 10 municipios del área norte de Chiapas, bajo la promesa de mejora de la calidad de vida de los habitantes. Paradójicamente el capital y las decisiones de las empresas mineras son administrados desde Vancouver Canadá, colocando desde este modo al territorio zoque en el circuito global de la minería. Por su parte, la percepción del riesgo por parte de los lugareños se ha expresado en movilizaciones sociales en Tapilula.

La lógica de intervención del territorio alcanza hasta las tierras volcánicas con fines extractivos. Desde 2010, la comisión federal de electricidad realiza trabajos de prospección para establecer una plantea geotérmica dentro del cráter del Volcán Chichonal, ubicado en Chapultenango, con miras a insertarse en el mercado mundial de las energías alternativas, proyecto que no ha sido consultado a la población local, sobre todo, ejidatarios ocupantes de las faldas del volcán. A partir de las reformas energéticas realizadas en México en 2013, la posibilidad de que empresas privadas exploren y extraigan energía del Chichonal es altamente probable pues las condiciones jurídicas y políticas están dadas.

En todo este escenario, los actores locales, esto es los indígenas zoques, se les asigna una división territorial del trabajo. De esta manera, el área central del territorio – Pantepec, Tapalapa, Ocotepec y Rayón- aporta la mano de obra barata para las ciudades del sureste, los municipios del corredor ganadero y para la agroindustria bananera establecida en Tabasco a costa de una agricultura de subsistencia donde se acentúa la pobreza y los problemas ambientales del territorio. No es casual entonces que los pueblos zoques como sujetos excluidos de la producción de la riqueza ocupen espacios de riesgos en las faldas volcánicas y los conflictos agrarios se expresen en las escalas comunitarias.

Finalmente, el resultado de la intervención sobre el territorio zoque es la producción espacial de un territorio deprimido y fragmentado pues la pobreza alcanza a más del 98% de la población, en los últimos 6 años se han reducido más de 5 mil hectáreas de siembra de maíz, la emigración alcanza a las localidades más pobres y los servicios públicos son insuficientes. Desde la lógica económica, el territorio es visto como el espacio para la extracción de los recursos naturales, en este caso, tierra y agua, a costa del deterioro de las condiciones sociales del área.

En conclusión, el territorio histórico zoque de Chiapas sirve para la reproducción del capital económico bajo una endeble política de intervención y discurso gubernamental que en su conjunto reducen las tierras paras fines agrícolas y minan la capacidad de agencia de quienes viven en estos lugares a costa de tensiones y contradicciones sociales, de ahí que, debemos repensar el territorio zoque de Chiapas pues lo que está en juego es la sobrevivencia de la población indígena.

Vía Naranjas de Hiroshima

Durante cinco días el «desierto» de Wirikuta fue el hogar de un dispar equipo de colaborador@s de medios libres del país, que nos dimos cita en el sagrado lugar para documentar a quienes siguen en pie de lucha por la defensa de su territorio. A pesar de los recientes triunfos que ha obtenido el pueblo Wirárika en la defensa de sus sitios sagrados, en la zona aun persisten otros proyectos mineros que amenazan el sustento de las comunidades que realmente habitan esos territorios. Sus argumentos y alegatos por defender sus tierras quedan registrados en este trabajo colaborativo y experimental.

Dirección: Este documental fue realizado de manera colaborativa entre diversos medios libres:
Koman Ilel (Mirada Colectiva) Naranjas de Hiroshima La Sandía Digital Subversiones · Agencia Autónoma de Comunicación emergenciamx.org Hijos de la Tierra Caravana Climática por América Latina

País de producción: México
Año: 2015
Duración: 28 min
Licencia: Creative Commons BY-NC-SA

• Wirikuta es el fundamento material y cultural sobre el que se basa la identidad del pueblo wixarika (huichol). La destrucción de Wirikuta implicaría la destrucción del pueblo wixarika como tal.

• Wirikuta posee un ecosistema único en el mundo. Forma parte de una porción del desierto chihuahuense en donde se concentra la mayor biodiversidad y riqueza de cactáceas por metro cuadrado del planeta. Es mucho más que un desierto: es un jardín. La mayor parte de las cactáceas de Wirikuta figuran en la Norma Oficial Mexicana de Plantas Amenazadas y en Peligro de Extinción. Una gran proporción de su flora y fauna es endémica, es decir que se da solamente allí. En Wirikuta se encuentra también el Águila Real, símbolo de nuestro país, y que encabeza la lista del programa nacional de conservación de especies prioritarias.
• El Reglamento de la Reserva establece que dentro de las más de 140,000 hectáreas del territorio sagrado de Wirikuta están prohibidas las actividades contaminantes. La mega minería, siendo la actividad industrial humana más contaminante que existe, quedaría excluida de Wirikuta en base al reglamento de la Reserva. Este Plan de Manejo, elaborado en conjunto con el pueblo wixarika,  establece la protección del agua, tierra, flora y fauna del sitio sagrado, y un uso tradicional del suelo tradicional. Se prohíbe “verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero; interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos; así como modificar de forma sustancial el paisaje”. Aun en la zona denominada de Amortiguamiento de Aprovechamiento Especial, en la cual se pretende llevar a cabo explotación minera.
  ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN WIRIKUTA?
• En este territorio sagrado, que también ha conquistado los corazones de miles de mexicanos no wixaritari y de miles de ciudadanos de todo el mundo, el gobierno mexicano ha entregado al menos 22 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp en el área de Real de Catorce, a través de la empresa mexicana Real Bonanza SA de CV. El 70 % de las 6 mil 326.58 hectáreas de la superficie concesionada está dentro de la Reserva de Wirikuta.

Más información: http://www.naranjasdehiroshima.com/2015/02/agua-sagrada-mineria-en-wirikuta.html

Ver en Youtube.

LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA SIGUEN IMPULSANDO TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

 Miércoles 11 de marzo de 2015

 REMA SE SUMA A LAS FELICITACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS CABILDOS DE XOCHITEPEC Y MIACATLÁN EN EL ESTADO DE MORELOS

Las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) les enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a los Presidentes Municipales de Xochitepec y de Miacatlán, en el estado de Morelos, los señores Rodolfo Tapia López y Sergio Arias Carreño respectivamente, así como a todas y todos los integrante de sus cabildos, quienes en pleno uso de sus atribuciones y en sesión ordinaria de cabildo han declarado “El Territorio Libre de Minería a Tajo Abierto por Metales”, ante la eventual amenaza que la empresa minera Álamos Gold Inc., destruya la salud, el ambiente y el patrimonio histórico de Xochicalco, ya que las más de 15 mil hectáreas que ocupa la concesión de dicha empresa, contempla la destrucción total del cerro “El Jumil” del municipio de Temixco, además de extenderse hacia la zona arqueológica de Xochicalco y ronda los territorios entre Temixco, Miacatlán y Xochitepec.

Sin duda alguna se han interpuesto por sobre la prevalecencia de una política economicista y depredadora, para salvaguardar los intereses más elementales de la vida comunitaria de los pueblos a los que actualmente representan como gobierno. Nos congratulamos al saber que también se han comprometido a “No Autorizar el Cambio de Uso de Suelo o a Retirarlo en su Caso” y con ello hacer más complicado el ingreso a nuestro país de estas empresas tóxicas y depredadoras que acaban con el medio ambiente y la salud de la población que vive inmersa en un proyecto como la que habita en los alrededores.

Su pronunciamiento y claridad con la que han actuado sobre el destino que apuestan para los pueblos de su región, son fundamentales para continuar demostrando que los pueblos organizados con sus autoridades locales, son capaces de frenar a las empresas más poderosas del mundo, de tal manera que esta importante decisión que han tomado, alienta a todas las luchas y resistencias que hay tanto en el país como en el continente. Nos congratula también que lo hacen de forma pacífica, conforme a derecho y asumiendo su rol principal de dar bienestar permanente a ésta y las generaciones subsecuentes.

 En REMA estamos totalmente conscientes de que la resistencia no puede ser un compromiso individual sino colectivo, y por ello también celebramos que el Cabildo de Xochitepec “exhorte” para que se posicionen al respecto, a los cabildos de Miacatlán -quienes de manera elocuente se han sumado a ese llamado-, así como de Cuernavaca y Temixco, este último, sin duda alguna quien más sufrirá de los terribles impactos que deja.

En ese mismo sentido, El ayuntamiento de Xochitepec también hace un llamado al Congreso de Morelos para que se pronuncie “LEGISLANDO CONTRA ESTE TIPO DE MINERÍA EN TODO EL TERRITORIO MORELENSE”, lo cual si se logra sería un hecho inédito en este país.

Reconocemos aun más su acto y toma de acuerdos, porque lo hacen en contracorriente a las recientes reformas estructurales, como la energética y de hidrocarburos y la actualmente en receso ley de aguas, entre otras, que han sido elaboradas para facilitar aun más el ingreso de empresas extractivas, quienes pretenden todos nuestros bienes naturales a cambio de un falso discurso de desarrollo y progreso, el cual ya ha fracasado según el último balance realizado en el TLCAN, en el cual se muestra un incremento significativo de las asimetrías entre Estados Unidos, Canadá y México.

Consideramos que el posicionamiento de Xochitepec y Miacatlán, debe ser escuchado y tomado en cuenta por más gobiernos municipales, porque su actuar es clave en el contexto del otorgamiento de permisos para que no entren las empresas extractivas. La actuación de ambos cabildos no sólo representa la voz del ayuntamiento, sino de la sociedad civil morelense ya que se suma a la resistencia y defensa que realiza “El Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto”. Sólo el diálogo entre las autoridades y la sociedad civil puede ser fructífero y llevar a acciones favorables para la población, sobre todo si aspiramos a que la democracia no sea una acción de votos y matemáticas mayoritarias, sino sea un proceso permanente y libre de discusión armónica, que nos permita disponer de información relevante, transparente y con valor de uso para con ello dirimir sobre nuestra propia acción para modificar nuestra realidad, si es que ello fuera necesario.

Desde REMA festejamos que los pueblos de Xochitepec y Miacatlán se unan a la cada vez más larga lista de territorios mexicanos organizados contra el avance y el saqueo perpetrados por las empresas extractivas en el país, tal como también ha sucedido con la comunidad de Zacualpan (municipio de Comala, Colima), oficialmente reconocido “TERRITORIO LIBRE DE MIERÍA” por un Tribunal Unitario Agrario en mayo de 2014. También a los 95 ejidos, comunidades, bienes comunales y organizaciones reunidos en el movimiento “La Voz del Pueblo” que firmaron la Segunda Declaración de Tapachula, Chiapas, por Territorios Libres de Represas y Minería en la Región Sierra Madre y Llanura Costera el pasado 8 diciembre. Pero del mismo modo los territorios liberados en Guerrero, Oaxaca, entre otros rincones del país.

Apoyamos los esfuerzos de los cabildos de Xochitepec y Miacatlán para con su lucha contra Álamos Gold Inc. y nos sumamos a los exhortos de exigencia para que los cabildos subsecuentes mantengan la elocuencia y respeto para apoyar y sostener la voz del pueblo, y refrendar que la vida comunitaria, el ambiente sano y la salud de la población, porque ello está muy por encima de esta política entreguista y depredadora.

 FRATERNALMENTE,

 RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

Miembro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)

Gian Carlo Delgado Ramos, La Jornada de Oriente

Zacualpan, municipio de Cómala, es un territorio estratégico pues el manantial ahí localizado abastece alrededor de 4/5 partes del agua que demanda la ciudad de Colima (con 105 localidades) y Villa de Álvarez (con 57 localidades). Del manantial, a 27.5 km de esta zona urbanizada, se captan por medio del Acueducto Zacualpan unos mil litros por segundo.

Según las autoridades comunales de Zacualpan, los detalles sobre el acuerdo de usufructo del agua a favor de la Comisión Intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov) se desconocen, tanto el plazo como los volúmenes, todo al tiempo que se asegura que no reciben compensación alguna. En cambio, la comunidad generan ingresos propios por tener dentro de su propiedad un ojo de agua al cual le dan uso recreativo (el denominado Parque Ecoturístico de Zacualpan), precisamente punto de conflicto entre las autoridades actualmente en funciones, electas el 30 de noviembre de 2014 por Asamblea y reconocidas por diversas autoridades del Estado de Colima, y las autoridades depuestas, entre otras razones –se asegura– por el uso indebido de los ingresos generados durante su mandato y su resistencia a permitir el usufructo del dicho bien común a beneficio de la comunidad (un pequeño grupo controla desde hace meses el camino al manantial contradiciendo la orden ejecutoria del Tribunal Unitario Agrario de  Distrito 38 que entregó la administración del parque a la actual presidencia de bienes comunales); ello además de que en su momento tales autoridades depuestas permitieron actividades de exploración minera.

Zacualpan cuenta, además de agua, con yacimientos de oro–plata y cobre, así lo reconoce el “Panorama Minero del Estado de Colima” para el caso del lote Heliotropo de unas 100 hectáreas (concesión número 201872) y donde el Servicio Geológico Mexicano ha estimado concentraciones de 1 a 2 gramos de oro por tonelada de tierra y entre 0.5 por ciento y 12 por ciento de cobre, es decir, concentraciones económicamente explotables.

Cabe precisar que a nivel estatal, al cierre de 2014, el grueso de concesiones mineras otorgadas ya cubrían 37.5 por ciento del territorio, el grueso centradas en hierro, el principal producto metálico de Colima con casi 3 millones de toneladas extraídas en 2012 (además de diversos materiales no–metálicos, sobre todo de construcción). Pese a ello, recientemente ya se identifican concesiones con interés en la explotación de oro, plata y manganeso, al tiempo que se habla del potencial para la extracción de titanio presente en las arenas negras de las playas del Estado (se trata de un material estratégico para ciertas industrias de alta tecnología).

Los principales intereses económicos del hierro son Ternium y Arcelor Mittal Steel, a los que se suman en los últimos años otros capitales de EUA (Cotton & Western Mining, Jaguar Mining, Tara Minerals), China (Gan Bo Investment y Tianjin Binhai Harbor Port Int Trade) y Reino Unido (London Mining). En el caso del oro, aparece la canadiense Macmillan Gold Corp y otros capitales aparentemente locales como Gabfer, SA de CV quien supuestamente detenta la concesión del mencionado lote, Heliotropo, ubicado al suroeste del manantial de Zacualpan. Su promotor, Rigorberto Verduzco Rodríguez, ha detallado a los medios que el beneficio o procesamiento se haría en otro lugar y que ahí sólo se extraería la roca mineralizada por la cual pagaría 4 dólares la tonelada como regalías, un monto que en 50 por ciento se destinaría al municipio de Comala, a visitas médicas y en el establecimientos y dotación de una farmacia.

Según informó el delegado estatal de la Secretaría de Economía el pasado 2 de marzo, la concesión que aparentemente detenta la empresa, y cuya composición de capital se asegura se desconoce pues no está registrada ante esa Secretaría, no ha sido aprobada debido a una serie de irregularidades. La concesión en cuestión fue originalmente otorgada en 1995 al ahora difunto Adolfo Pineda Martínez y todos los movimientos de la misma se hicieron directamente en la Ciudad de México, no en la delegación local. Según el expediente 624/ 2014 del 18 de Julio de 2014, se presentó formalmente el contrato de asociación para la exploración y explotación entre el “heredero” (Justino Pineda Larios) que abogó por una sucesión testamentaria y la interesada empresa Gabfer. Considerando diversas cuestiones administrativas, tales como la falta de un contrato que indique el periodo de exploración / explotación y las contraprestaciones convenidas con los comuneros, la Secretaría de Economía afirma haber negado el permiso de explotación, no obstante, la concesión se mantiene vigente. Pese a este panorama, afirman los comuneros y autoridades de Zacualpan, ya hubo extracción de material en más de una treintena de camiones de volteo. Todo ello ha llevado a la demanda no sólo de Zacualpan, territorio libre de minería, sino a la cancelación definitiva de dicha concesión minera. El gobierno en turno, capitaliza la situación, sosteniendo que no habrá minería en Zacualpan mientras estén en el cargo. Las elecciones son en junio de 2015.

El conflicto de Zacualpan, en efecto, se ha profundizado por la presencia de la Policía municipal y estatal que es acusada de favorecer al grupo que ha tomado el camino al manantial. Según un documento entregado el 16 de enero de 2015 al delegado estatal de la Secretaría de Gobernación por parte del presidente de bienes comunales actualmente en funciones, se pide la intervención de tal Secretaría, “…ante el abuso excesivo y arbitrario de la autoridad estatal que permite, protege, solapa y promueve actos delictivos cometidos en perjuicio del bien común de esta comunidad indígena que representamos, mediante la cuales se quebranta la ley con el único fin de que personas que son afines a la explotación de una mina dentro de los recursos naturales de esta comunidad permitan ello”.

Ante tal situación, cada vez más compleja y tensa y en la que las fuerzas del estado, en los hechos no resuelven al tiempo que colabora en el proceso de erosión del tejido social, la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan, integrada por organizaciones diversas de derechos humanos, académicos y cineastas tanto de EUA, Canadá y México (por ejemplo el Fund for Global Human Rights, Mining Watch Canada, Environmental Defender Law Center, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, Red Mexicana de Afectados por la Mineria, entre otros), se autoconvocó para atender el problema mediante una visita presencial con la cual se buscaría dialogar con los actores, incluyendo los de gobierno, para así plantear un diagnóstico y recomendaciones.

Si bien ha logrado el diálogo con actores de gobierno, no ha podido visitar a la comunidad debido a la toma de la ruta hacia Zacualpan por parte de un pequeño grupo, presuntamente ligados al presidente de bienes comunales depuesto, Carlos Guzmán Teodoro. El desenlace el día 3 de marzo fue el intento por parte del gobierno del Estado de hacer valer “el Estado de derecho”, no antes sino justo durante la visita de la misión y ante medios televisivos que fueron convocados por el propio gobierno, al plantear el desalojo mediante el uso de la fuerza pero con el aval de una Misión que ante todo le preocupan los derechos humanos y aboga por resoluciones pacíficas y políticamente negociadas. Ante ello dicha Misión decidió retirarse y no prestarse a tal situación, funcional a un desenlace violento e indeseable. Los policías fueron retirados.

El caso Zacualpan no puede exponerse en su cabalidad en pocas palabras. Lo que es cierto es que en el fondo parecen estar fuertes intereses privados, no sólo empresariales, que procuran condiciones favorables para hacerse del usufructo de los recursos naturales de dicho territorio, algo que sin duda pasa por el desgaste y fractura de la comunidad y que rápidamente permite calificar el asunto como un “conflicto interno”. “Validado” el conflicto, el uso de la fuerza es visto en algún momento como algo justificable. Con ello, la restructuración de la gestión concreta del territorio se establece, incluso en medio de una situación de violencia o falta de “gobernanza”.

La disputa por el usufructo del agua y los minerales, una vez más pretende atropellar los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la autogestión de los territorios en el país. El Estado, en sus tres órdenes de gobierno, está lejos de no tener responsabilidad, por el contrario ha jugado un rol clave, sea por acción u omisión.

http://youtu.be/AY7fVSH6014

BOLETÍN DE PRENSA

3 de Marzo 2015, Colima, México

Los integrantes de la Misión de Observación Internacional y Nacional para el Caso Zacualpan en el estado de Colima, informamos sobre algunos de los compromisos adquiridos por los tres niveles de gobierno para solucionar el conflicto en los Bienes Comunales de Zacualpan. Para ello, esta Misión se entrevistó con el Lic. Víctor Manuel Gandarilla, delegado de la Secretaria de Gobernación; el Dr. José Ernesto Pasarín Tapia, Delegado de Semarnat en Colima; el Ing. Agustín Trejo Ramos, de la Secretaria de Economía; el Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Srio. General de Gobierno; Rafael Gutiérrez, Srio. de Fomento Económico; el Lic. Roberto Chapula, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal de Comala, y los integrantes de su cabildo.

En un marco de respeto logramos establecer un diálogo fructífero, toda vez que escuchamos y escucharon la información, posición y los argumentos de los integrantes de la Misión, todas dentro del contexto del conflicto derivado por el otorgamiento de una concesión minera en el territorio comunal y pueblo indígena de Zacualpan.

Aunque resta la verificación de cada compromiso, a manera de síntesis, hasta el momento se lograron los siguientes acuerdos y compromisos:

    Se garantizará el libre tránsito y seguridad de los integrantes de la Misión para que, el día 03 de marzo, las y los integrantes de la Misión logremos desarrollar una reunión de trabajo con la representación de la autoridad agraria de Zacualpan y los integrantes del Consejo Indígena de la comunidad, toda vez que esta reunión es fundamental para entender la situación, dado que el día 1 de marzo nos fue imposible desarrollarla por el bloqueo al libre tránsito impuesto por el grupo que recurre a la violación del Estado de Derecho, el cual hemos denunciado en contubernio con la policía ministerial y estatal.
-Se levantará el bloqueo hacia el manantial Ojo de Agua en el cual colabora la policía estatal y el grupo protegido por éstos, para que la autoridad agraria reconocida por el Estado de Derecho finalmente logre para con sus representados, hacer pleno el ejercicio el usufructo de manera libre y plena su derechos al territorio.
-Se realizará un pronunciamiento por parte del gobierno del estado, antes de que la Misión se retire, y en todos los medios masivos posibles, en donde se haga un pleno reconocimiento para la organización Bios Iguana, por la incansable defensa de los derechos individuales y colectivos de muchos colimenses que ni se imaginan el potencial daño que tendrían un proyecto minero en su territorio.
-El gobierno del estado se compromete a establecer una mesa de trabajo con la autoridad agraria de Zacualpan, el abogado asesor de la comunidad y los integrantes de la organización Bios Iguana, de tal manera que se tenga información de primera mano y se pueda desarrollar una agenda para atender todos los hechos y pormenores que están relacionados con la violación de los derechos del pueblo de Zacualpan, de los integrantes del Consejo Indígena y de Bios Iguana. A la vez, que se de fin a la campaña de difamación y persecución que se ha implementado contra ellos, y se otorguen las medidas de protección que este caso requiere de manera urgente a favor de el pueblo de Zacualpan, el Consejo Indígena, de Bios Iguana y su abogado Benjamín Luna Alatorre. De manera especial se debe atender a la brevedad los casos de los integrantes de Bios Iguana quienes han tenido que dejar el estado debido a las amenazas de muerte y de detención que se han implementado en su contra, de tal manera que ellos puedan reintegrarse de manera libre y plena a sus funciones y recobren su vida privada y su trabajo social con pleno goce de sus derechos.
-El Secretario de Gobierno se comprometió a impulsar un proceso de trabajo interinstitucional, en donde participe la comunidad de Zacualpan a través de su representante legal, integrantes de Bios Iguana y el abogado de la comunidad, para que se inicie un trabajo colegiado que tenga como propósito cancelar de manera permanente la concesión minera que, pese a que no es un proyecto implementado, ha sido la principal causa del conflicto que actualmente se vive en la comunidad, ha creado la división comunitaria y dañado gravemente el tejido social, lo cual sabemos a nivel mesoamericano, acaba favoreciendo a las promoventes mineras.
-El Secretario General de gobierno se compromete a entregar a la Misión, un informe que describa el despliegue policiaco estatal y ministerial en torno a la comunidad de Zacualpan, aclarando el quehacer concreto de cada una de las fuerzas ahí desplegadas. Al mismo tiempo se compromete a entregar a la autoridad agraria un oficio que describa las funciones y atribuciones de la policía estatal cada vez que esté circulando o actuando en el territorio y pueblo de Zacualpan, de tal manera que la población tenga la certeza de su quehacer y se evite que unidades policiacas sean dedicadas al traslado de quienes violan el Estado de Derecho, de comida y refrescos para ellos, y que no logren evadir sus responsabilidades por la carencia de un mandato claro y dentro de las atribuciones que para ello están definidas.
-Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a las y los integrantes de la Misión así como a la comunidad de Zacualpan.
-El Secretario de Fomento Económico se comprometió a entregar la documentación referente a la entrega de más de un millón de pesos a la administración del depuesto comisariado, Carlos Guzmán, para proyectos en el Ojo de Agua, como parte de la investigación de supuesta corrupción de fondos recibidos tanto federales como estatales.
-El Gobierno Federal, a través del titular de Gobernación en el estado, se compromete a participar, en coadyuvancia con el gobierno estatal, de tal forma que se logre resarcir la paz social, la gobernabilidad y el estado de derecho, y ello contribuya a una mejor vida social y comunitaria
-También se compromete a establecer una mesa de trabajo con la autoridad agraria reconocida, el abogado Benjamín Luna Alatorre de la comunidad e integrantes de Bios Iguana.
-Por su parte, el delegado de Semarnat hace un reconocimiento a los defensores del ambiente como Bios Iguana y el pueblo de Zacualpan.
-Se compromete a coordinarse con Profepa para que se investigue cómo es que una empresa realizó extracción de minerales sin tener Manifestación de Impacto Ambiental y el resto de los permisos vinculados a la extracción minera.
-Semarnat trabajará para que la comunidad de Zacualpan adquiera medidas de protección ambientales y ello inhiba el ingreso presente y futuro de empresas extractivas de cualquier tipo, y menos si éstas no tienen un acuerdo de la comunidad.
-El delegado de Economía realizará una investigación para dar seguimiento a una investigación minera en Zacualpan de la cual tienen desconocimiento.
-El Ayuntamiento del municipio de Comala, a través de su presidente el C. Braulio Arreguín Acevedo, se comprometió a: (1) coordinarse con el gobierno del Estado de Colima para garantizar el derecho al libre tránsito de manera permanente; (2) reabrir el proceso mediante el cual se valorará la destitución del presidente de la junta municipal, el señor Enrique Carpio; (3) revisar para refrendar o en su caso elaborar el proceso para declarar al municipio de Comala, en sesión solemne del Ayuntamiento, como Territorio Libre de Minería, y así mismo, asentar que ésta administración no otorgará cambio de uso de suelo para la  explotación minera.

Agradecemos a los tres niveles de gobierno la intención de solucionar el conflicto en la comunidad indígena de Zacualpan.

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN

INTEGRANTES

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Guerrero, México; Fund for Global Human Rights, Washington, Estados Unidos; MiningWatch Canadá, Ottawa, Canadá; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca; Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Morelos; Environmental Defender Law Center (EDLC), Montana, Estados Unidos; Greenpeace; Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos(Red TDTT), México; PEACE ACTION, Estados Unidos; Iglesia Menonita Evergreen de Seattle, Washington, Estados Unidos; Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (SITRAJOR); Colectivo de Abogados, Jalisco. Dr. Gilberto López y Rivas; Dr. Gian Carlo Delgado y Dana Rotberg Goldsmith.

BOLETIN DE PRENSA
EL GOBIERNO DEL ESTADO NO GARANTIZÓ EL LIBRE TRANSITO
A LA MISION INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACION
SOBRE EL CASO ZACUALPAN

2 de Marzo 2015, Colima, Colima, México

El día primero de marzo del año en curso, aproximadamente a las 18:30 horas, cuando la Misión internacional y nacional de observación sobre el caso Zacualpan se dirigía a dicha comunidad para entrevistarse con las autoridades legalmente constituidas, el gobierno del estado permitió el bloqueo de la carretera estatal correspondiente por parte de un pequeño grupo vociferante y agresivo, ligado al depuesto Carlos Guzmán, e impidiendo así la visita de la Misión.

Las autoridades estatales contaban con numerosos policías apostados en la carretera y sin intervenir en absoluto para hacer cumplir el derecho de libre tránsito, atestiguaron el bloqueo y las agresiones verbales y físicas a los miembros de la Misión. En tanto, numerosos integrantes de la comunidad de Zacualpan, en un acto de prudencia y de sensatez, se abstuvieron de desalojar por sus propios medios a quienes incurrían en la arbitrariedad de impedir el paso a su propia comunidad protegidos por la actitud omisa de las autoridades.

Cabe hacer notar que con anticipación suficiente, se dio aviso a las autoridades de que se llevaría a cabo dicha visita. La omisión de los actos de autoridad de la policía y del representante del gobierno del estado que se apersonó, demuestran fehacientemente su complicidad en contra de la decisión mayoritaria de la población de Zacualpan, que se ha opuesto sistemáticamente y en diversas instancias a la apertura de una mina a tajo abierto en su territorio y también por el control del balneario Ojo de Agua.

Los integrantes de la Misión lamentamos la actitud facciosa del gobierno del estado al impedir el libre tránsito por la vía de interpuestas personas, no solo de la Misión misma, sino el de los pobladores indígenas de la comunidad.

Para todos los miembros de la Misión se constata la impunidad con que el grupo minoritario ejerce ilegalidades y delitos federales con el apoyo y protección del gobierno estatal. En otras circunstancias y ante grupos de población que no le sean afectos, el gobierno no hubiera dudado en aplicar la ley, por lo que se evidencia la doble cara en el ejercicio del Estado de Derecho.

Nos queda claro que el problema básico no reside en una lucha interna en la comunidad, sino en el apoyo gubernamental a un grupo minoritario que le confiere impunidad a sus acciones delictivas.

La Misión intentó dialogar con quienes violan la ley y el libre tránsito y solicitarles una entrevista para escuchar sus puntos de vista sobre el conflicto, a todo lo cual se negaron. Su cerrazón evidencia la falta de argumentos que justifiquen sus acciones ilegales y delicuenciales. Bajo la observación de la seguridad pública y de los representantes del gobierno del estado, la Misión recibió insultos y dos de sus miembros fueron sometidos a violencia física. El gobierno del estado viola la autonomía del pueblo indígena y el resguardo de su patrimonio.

Consideramos que el factor esencial del conflicto es la pretensión de abrir una mina de tajo abierto por metales, con graves, persistentes y múltiples efectos tóxicos, siguiendo la tónica de la ingeniería de conflictos manifiesta actualmente. Los integrantes de la Misión rechazamos a su vez la campaña de satanización y tergiversación que se ha desencadenado en contra de la Asociación Bios Iguana, cuando el desempeño de ésta es reconocido ampliamente en términos positivos por la mayoría de los comuneros y habitantes de Zacualpan.

Demandamos que el gobierno del Estado de Colima brinde a la brevedad las garantías suficientes y necesarias para el libre tránsito de la Misión en su visita a la comunidad de Zacualpan y suspenda de inmediato su actitud omisa en el cumplimiento de la Ley.

Responsabilizamos al gobierno del Estado y a las autoridades de la Federación por cualquier acto de violencia que resulte su omisión en la aplicación de la justicia.

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN
SOBRE EL CASO ZACUALPAN

«Hemos decidido convocarnos -diversas personalidades y representantes de organismos civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales-, para encontrarnos en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. La Misión de Observación se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo del año en curso, y nos daremos cita con integrantes, responsables y representantes de distintas instancias del gobierno del Estado de Colima, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, del Congreso estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, con quienes ya hemos establecido contacto para que nos reciban y nos compartan sus impresiones, y a partir de ello saber, de primera mano, cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo.»

BOLETÍN DE PRENSA

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN
SOBRE EL CASO ZACUALPAN, COLIMA, MÉXICO

Ontario, Canadá, 26 de Febrero 2015

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La sociedad de México y el Mundo, durante todo el 2014 y lo que va del 2015, ha tenido un amplio conocimiento sobre el conflicto generado en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, perteneciente al municipio de Comala, en el estado de Colima, debido a la imposición y apoyo irrestricto, por parte del gobierno Federal y Estatal, de una concesión minera a nombre del Sr. Pineda Martínez, para que la empresa Gabfer, S. A. de C. V. pueda extraer oro de las tierras comunales de Zacualpan.

Desde entonces, la comunidad ha fraguado una ardua lucha de resistencia y defensa por sus tierras y la vida a través de la presentación de varias denuncias y demandas legales, amparos, movilizaciones pacíficas y reuniones, en donde han buscado establecer distintos procesos de diálogo con diversos actores del gobierno, como el Gobernador Constitucional, la Procuraduría Agraria del estado, el Presidente Municipal de Comala, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e incluso el propio Congreso del Estado, quienes de una u otra forma han estado vinculados a este caso, con el propósito de que les sean aclaradas las recurrentes negativas a sus demandas, a la vez que han exigido les sean respetados sus derechos, además de exigir que prevalezca como preponderante su proceso a la libre determinación, su derecho al usufructo pleno sobre su territorio, así como se reconozca que el gobierno federal y estatal han violado de manera flagrante el consentimiento previo, libre e informado, mismo derecho que como los otros que se han citado, están adscritos tanto en la Constitución Mexicana, como en diversas leyes y convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que, de respetarse, ayudarían a impedir la impunidad, fortalecería una mejor actuación para la real procuración de justicia, y no se tendría por qué apostar a una política que pretende imponer proyectos que dañan severamente tanto a la salud como al ambiente, sin el consentimiento de los pueblos.

La información que tenemos señala que, quienes promueven el proyecto minero, han sido señalados como instigadores de la violencia y de la corrupción, mientras las instancias de los tres niveles de gobierno han sido culpadas por actuar en contubernio con la corporación minera. Sabemos también sobre la campaña de difamaciones implementada contra la organización Bios Iguana, A. C. por apoyar y asesorar a la comunidad de Zacualpan, así como la serie de calumnias y agresiones dirigidas contra las mujeres y hombres de este pueblo indígena, quienes han resistido de forma pacífica y sin caer en provocaciones, a las agresiones corporativas y a la presunta complicidad gubernamental.

Es en el contexto de un país que vive actualmente una fuerte crisis política y de credibilidad de sus instituciones causada por la violencia de Estado y por la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos -con  su cauda en el incremento de desapariciones forzadas, desplazados, ejecuciones extrajudiciales, persecución y asesinato de periodistas-, que diversos actores nacionales e internacionales hemos decidido visitar la región, con la intención de llevar a cabo una Misión de Observación que nos permita documentar, de forma directa, la difícil y grave situación que ha prevalecido en Zacualpan, y de ser posible ayudemos a evitar se tenga un nuevo caso de violencia en México de consecuencias irreparables.

Por las razones expuestas hemos decidido convocarnos -diversas personalidades y representantes de organismos civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales-, para encontrarnos en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. La Misión de Observación se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo del año en curso, y nos daremos cita con integrantes, responsables y representantes de distintas instancias del gobierno del Estado de Colima, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, del Congreso estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, con quienes ya hemos establecido contacto para que nos reciban y nos compartan sus impresiones, y a partir de ello saber, de primera mano, cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo.

Mucho agradeceremos la divulgación de este comunicado, así como los invitamos a que se mantengan atentos a los resultados y conclusiones de las y los integrantes de La Misión de Observación.

MISION NACIONAL E INTERNACIONAL  DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN (2 y 3 de Marzo de 2015)
INTEGRANTES:
1) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Guerrero, México.
Representante: Abel Jesús Barrera Hernández.
2) Fund for Global Human Rights. Washington, Estados Unidos.
Representante: Ana Paula Hernández.
3) MiningWatch Canadá. Ottawa, Canadá.
Representante: Jennifer Moore.
4) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), con sede en todos los países Mesoamericano. (Mesoamérica)
Representante: Miguel Angel Mijangos Leal.
5) Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Oaxaca.
Representante: Lucina Betina Cruz Hernández.
6) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Con sede en 13 estados de la República mexicana.
Representante: Gustavo Lozano.
7) Instituto Nacional de Antropología e HIstoria (INAH). Morelos
Representante: Dr. Paul Hersch Martínez.
8) Dr. Gilberto López y Rivas. Morelos.
9) Dr. Gian Carlo Delgado. Ciudad de México.
10)  Environmental Defender Law Center (EDLC). Montana, Estados Unidos.
Representante: Alison Wright.
11) Greenpeace.
Representante: María Colin.
12) Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua). América Latina.
13) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT). México
Representante: María González Valencia.
14) PEACE ACTION. Estados Unidos.
Representante: Mario Galvez.
15) Iglesia Menonita Evergreen de Seattle. Washington, Estados Unidos.
Representantes: Peter y Margaret Lumsdaine
16) Dana Rotberg Goldsmith.
17) Rosa Rojas García.