Informe OMAL10: La minería transnacional en Centroamérica. El caso de Cerro Blanco

Publicada el 28/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Ane Garay Zarraga (OMAL, 2014)

Con la colaboración de: Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio – CEICOM
Diseño gráfico y Maquetación: Marra Servicios Publicitarios

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El sector de la minería metálica experimenta un momento de expansión en Centroamérica. Este auge se inscribe dentro de un proceso mundial, mucho más amplio, que tiene como protagonista una creciente demanda de recursos naturales no renovables en los países del centro, como también en las economías brasileña, india, china y rusa. Dicho incremento sostenido ha provocado una tendencia al alza de los precios de los mismos, que proporcionan altas tasas de rentabilidad a las empresas transnacionales que los explotan, lo que está atrayendo grandes flujos de inversión hacia territorios ricos en agua, minerales, hidrocarburos, biodiversidad, madera, etc. (CEPAL, 2013).

Además del aumento en la demanda, otro de los factores que influye en los precios de estas materias son las finanzas. Los bancos son los principales especuladores en los mercados financieros de materias primas y, entre ellos, se puede encontrar a BNP Paribas, Morgan Stanley y Crédit Suisse, entre otros [1]. Los países de América Latina, cuya historia económica está estrechamente ligada al modelo extractivista, ven así cómo se consolida en sus territorios la agroindustria y se mantiene la actividad tradicional de minería y explotación de hidrocarburos. La investigadora argentina Maristella Svampa (2013: 31), con gran lucidez, ha denominado a este momento el “Consenso de los commodities”:

«Si bien es cierto que la explotación y exportación de materias primas no son actividades nuevas en América Latina, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales sin mayor valor agregado. Por ende, lo que de modo general aquí denominamos “Consenso de los Commodities” subraya el ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas.»

En América Latina, “la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros)” (Svampa, 2013: 31). Este modelo económico orientado hacia la explotación y exportación de materias primas a gran escala es hoy acogido y promovido no sólo por los gobiernos latinoamericanos más alineados con el neoliberalismo, sino también por gobiernos que son calificados como “progresistas” en la región, es el caso de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil. En algunos de estos estados se están impulsando políticas de nacionalización de los recursos naturales con el objetivo de explotarlos y así generar ingresos públicos que permitan implementar programas sociales. Es lo que algunos autores y autoras han denominado como el modelo de desarrollo “neoextractivista”.

Como advierte Svampa, el extractivismo tiene una serie de graves consecuencias para las sociedades latinoamericanas. Entre ellas, serios impactos económicos, sociales, ambientales, políticos y culturales, de índole local, nacional y regional. En respuesta, las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones sociales protagonizan hoy una resistencia enérgica contra los proyectos extractivos en toda la región. En Centroamérica, donde los territorios son pequeños y los impactos, a menudo, transfronterizos, se están produciendo procesos de movilización coordinada entre colectivos y comunidades de varios países. Cuestionan el modelo extractivista y defienden una Centroamérica sin minería. Su lucha es, como titula el documental de la organización guatemalteca La Ceiba, un enfrentamiento por “El oro o la vida” [2].

Notas

[1] Toussaint, E. “La banca especula con materias primas y alimentos”, Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, 18 de marzo de 2013.

[2] “El oro o la vida. ReColonización y Resistencia en Centro América” es un documental de 2011 realizado por Caracol producciones, con el apoyo de Amigos de la Tierra Internacional y CEIBA-AT, que expone los impactos de la mina Marlin en el departamento de San Marcos en Guatemala y la resistencia de las comunidades, decididas a frenar el proyecto.

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Fractura Expuesta 3: Soberanías energéticas tuteladas

Publicada el 26/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Por Observatorio Petrolero Sur
Centro de Documentación e Información Bolivia
Censat Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia

Empresas y gobiernos clavaron sus ojos sobre yacimientos de frontera: no convencionales y offshore. El estancamiento de los niveles globales de extracción tradicional de petróleo y el improbable descubrimiento de mega yacimientos, son parte del problema que se agudiza con el incremento exponencial del consumo de energía –no sólo por los países del Norte global sino, también, por las economías emergentes, como China e India. El gas y el petróleo de esquistos o lutitas –más conocidos por su denominación sajona, shale–, junto a los hidrocarburos de arenas compactas –tight sands–, los crudos ultra pesados y el petróleo del Ártico y de aguas profundas han cobrado suma relevancia en la apuesta sistémica a sostener esta matriz, donde los combustibles fósiles representan el 82% de las fuentes primarias de energía mundial.

Estados Unidos se ha convertido en el principal promotor de la explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales. A partir de su desarrollo masivo, Washington no sólo apunta a que el mercado esté abastecido de combustibles fósiles y que los precios no se disparen, sino también a que se modifique el mapa geopolítico de la energía. Al ampliar el espectro de proveedores busca limitar el protagonismo de países como Rusia y Venezuela, los gigantes mundiales del gas y el petróleo, respectivamente. En esta estrategia el lugar estelar lo ocupan el gas y petróleo de esquistos. Según estimaciones de la Agencia de Información de Energía (EIA) de ese país, publicadas en 2013, América del Sur posee el mayor potencial de recursos técnicamente recuperables de shale gas, 1431 billones de pies cúbicos de gas (TCF, trillones según nomenclatura estadounidense); seguida por Asia, con 1403 TCF –de los cuales 1115 TCF corresponden a China. En cuanto al crudo de estas formaciones, el potencial sería de 1152 millones de barriles (Billon bbl, según su equivalente en inglés) que la ubica detrás Europa, 1551 Billon bbl; y Asia, 1375 Billon bbl. Si bien estas cifras deben ser relativizadas, ya que las estimaciones fueron realizadas sólo sobre 41 países, sin EE.UU., lo que le resta relevancia al potencial de América del Norte, y porque el cálculo mismo es cuestionado, ilustran la posición que la región ocupa en la geopolítica del shale. O, por lo menos, en la política de Seguridad Energética del Departamento de Estado norteamericano.

En este esplendor no convencional, como ha sucedido a lo largo de la historia de nuestros pueblos del Sur, detentar los recursos no necesariamente implica tener la sartén por el mango. La explotación de estos recursos, criticada por su alto impacto socioambiental, se realiza con tecnologías desarrolladas y acaparadas por grandes empresas de servicios petroleros, como Halliburton y Schlumberger, y operadoras con capacidad financiera y de lobby, como Chevron y ExxonMobil. Justamente en los últimos años el sector corporativo ha tenido un marcado protagonismo, promoviendo este tipo de explotaciones en diversos foros regionales y presionando a las autoridades públicas para que generen las condiciones propicias para la avanzada, es decir, garanticen márgenes de ganancia y adecuen marcos regulatorios.

En sintonía, cada uno de los gobiernos de la región ha justificado su creciente interés en estos reservorios a partir de metas propias, soberanas. Los argumentos son diversos; reducir la importación de combustibles, revertir la caída de los niveles de extracción, alcanzar el autoabastecimiento, mantenerse o consolidarse como exportador… Pero más allá de los enunciados, todos tienen una consecuencia común: la conflictividad social por la ampliación de la frontera extractiva y de la transnacionalización del sector, si bien algunas veces hay un aparente liderazgo de compañías controladas por el Estado.

El mayor avance sobre formaciones de shale, por fuera de EE.UU., se registra en Argentina, que, según la EIA, concentra 802 TCF sobre 1431 TCF del conjunto de Sudamérica. El mayor potencial se encontraría en la Cuenca Neuquina, con 583 TCF distribuidos en las formaciones Vaca Muerta y Los Molles, lo que explica por qué ostenta el dudoso privilegio de ser cabecera de playa nacional y regional. A la luz de estos datos no es un hecho menor la alianza para “fortalecer y profundizar el intercambio y la cooperación” en hidrocarburos no convencionales, redes inteligentes, energía nuclear y eficiencia energética y energías renovables, sellada por el secretario adjunto de Energía de EE.UU., Daniel Poneman, y el ministro de Planificación Federal argentino, Julio De Vido, en mayo último. Según lo publicado en medios de prensa cercanos al gobierno de Cristina Fernández, EE.UU. aspira a insertarse de lleno en el negocio de Vaca Muerta, y en ese esquema, empresas como ExxonMobil, cobrarían protagonismo, sumándose a la pionera Chevron.

Chile –otro país visitado recientemente por Poneman, pero para asegurarse la venta de gas– y Colombia también han puesto su atención sobre los no convencionales, realizando exploraciones tanto en formaciones de esquistos como de gas de mantos de carbón, con resultados disímiles. Chile busca sumar fuentes a su matriz para incrementar la capacidad instalada, que demanda la minería, y, al mismo tiempo, superar el cuello de botella que significa la masiva oposición popular a proyectos de mega complejos hidroeléctricos, como HidroAysén, que fue finalmente descartado. En el caso de Colombia la ampliación de la frontera extractiva, impulsada en el marco de la política de promoción de la actividad minero-energética, está orientada a ampliar el horizonte de reservas e incrementar las exportaciones, buscando los mercados asiáticos.

Uruguay, Bolivia y Brasil también evalúan la alternativa de los no convencionales. En este sentido es destacable el poco entusiasmo que generó en el mundo corporativo brasileño la Ronda 12, a través de la cual, por primera vez en el país, se licitaron bloques para exploración de esquistos. Esto marcó una profunda diferencia con el interés despertado meses antes por la licitación del campo Libra, en aguas profundas. Mientras que en Paraguay la exploración de hidrocarburos es promocionada con promesas de abundancia, pero poco ha avanzado en términos generales y el horizonte del shale aparece supeditado a la evaluación costos de producción.

En tanto en el extremo norte de Latinoamérica, México ha consumado la reforma de su Carta Magna, que permitió echar por tierra con el monopolio que la petrolera estatal Pemex tenía sobre todo el sector. De este modo, las puertas quedaron abiertas no sólo para una salvaje transnacionalización de la industria hidrocarburífera sino también para la explotación de esquistos.

En la mayoría de los países de la región, la adjudicación de bloques para la exploración y explotación de no convencionales, ha dado lugar al surgimiento de espacios de oposición donde convergen organizaciones de las más diversas, como es el caso de la Multisectorial contra la Fractura Hidráulica de Neuquén o la Alianza Mexicana contra el Fracking, y a campañas como Por um Brasil Livre de Fracking. En todos los casos la defensa del agua se transforma en el elemento aglutinador, y en ese aspecto, el Principio Precautorio y el derecho de las comunidades locales a decidir sobre el futuro de sus territorios son pilares de las demandas.

En este contexto, se torna imperativo para las organizaciones de la región formalizar un ámbito de confluencia con el objetivo de frenar esta profundización del modelo extractivista, a partir del fortalecimiento de las resistencias y la construcción de caminos hacia la Soberanía Energética. Porque Soberanía Energética no es sólo garantizar el autoabastecimiento sino que es tener el control sobre las fuentes y la autonomía en la gestión de la energía. No sólo se trata de contar con mayores reservas, sino también de detentar la capacidad política para definir energía cómo, para qué y para quién, en un marco de participación popular.

[Descargar Fractura Expuesta #3]

COMUNICADO: ATACADOS MIEMBROS DE LA REMA DE ZACUALPAN

Publicada el 25/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

ATACADOS MIEMBROS DE LA REMA DE ZACUALPAN

24 de Agosto de 2014

Miembros del Consejo Indígena Nahua en Defensa del Territorio de Zacualpan, Colima, integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fueron atacados este 24 de agosto sin que la policía presente interviniera, por un grupo de priístas simpatizantes y familiares del depuesto ex comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, en el balneario “Ojo de Agua”, del cual se ha descubierto que mantenían una red de corrupción y robo de recursos de la comunidad muy cuantiosos.

Por ello su interés en recuperar los intereses perdidos de un ex comisariado corrupto y que sistemáticamente violó la ley agraria, amenazó, intimidó y defraudó los bienes comunales y los recursos del estado, con el respaldo, apoyo, solapamiento, asesoría, conocimiento y beneplácito de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, del Presidente Municipal, del gobernador del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ministerio Público, entre otras dependencias.

La REMA vuelve a reiterar que esta violencia es también causada y solapada por el gobierno del estado y municipal, con el apoyo de las autoridades y dependencias ya señaladas. Ya se han registrado intimidaciones, chantajes, represión, amenazas de muerte por el abogado de la Procuraduría Agraria, violaciones a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, violaciones a la ley agraria incluso de la misma Procuraduría Agraria, entre otras. Todo ello denunciado ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ante la opìnión pública nacional e internacional. Por ello la REMA alertó sobre la escalada de violencia que solapa y encubre el gobierno a los sistemáticos agresores que han perdido sus intereses personales con la deposición del ex comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán. Esto es una prueba más de la escalada de violencia.

Esta agresión merece una demanda penal. El estado de indefensión de los pueblos indígenas agredidos en sus derechos y físicamente, incluso por parte del estado de Colima, alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de protección del estado y más aún, la complicidad del estado en la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La REMA exigimos castigo a los responsables de la agresión.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

www.remamx.org

Declaración de Torreón. En defensa de la tierra, el agua, y la vida. ¡NO AL FRACKING!

Publicada el 25/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Torreón, Coahuila a 18 de agosto de 2014.

elbarzon.mx

DECLARACIÓN DE TORREÓN EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA Y LA VIDA

NO AL FRACKING (EXTRACCION DE GAS SHALE)

Cuidemos los acuíferos para garantizar el agua potable a la población en general y en la producción de alimentos sanos y nutritivos

Reunidos en la Comarca Lagunera, los productores agropecuarios de diversos estados del semidesierto, preocupados por las nuevas disposiciones legales establecidas en la Reforma energética aprobada recientemente por el congreso de la unión, que por su contenido afectan a la nación y considerando que esta Reforma:

    No garantiza la disminución en los precios de las tarifas eléctricas y los energéticos como diésel y gasolina, ya que estas se establecen por el mercado internacional.
    Las empresas trasnacionales serán las que se lleven las ganancias generadas por la producción de hidrocarburos a costa del patrimonio nacional.
    Se disminuirá los ingresos generados por la producción de hidrocarburos al permitir a la empresa privada la participación en la extracción de estos, afectándose el gasto social que durante años ha apuntalado PEMEX y que ha sido la base del desarrollo nacional.
    Se desatará la burbuja de la especulación financiera en los proyectos extracción del gas shale al no ser un proyecto sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social
    En especial, el intento de utilizar la técnica de fractura hidráulica (fracking) para extraer el gas shale, al establecer que los principales yacimientos de este energético de mayor potencial se encuentran en el norte del país, justo donde se presentan las severas sequías recurrentes por la escasez crónica de agua.
    Por la importancia que tiene la agricultura de riego por bombeo en la producción nacional de alimentos ya que en estos estados del norte son de los principales productores de maíz amarillo, alfalfa, chile, manzana, leche, carne, nuez, y forrajes entre otros.
    Es en esta región del país donde la principal fuente de agua es el subsuelo y es extraida muy por encima de la disponibilidad anual y que por tanto, durante los últimos años se ha presentado una sobreexplotación de los acuíferos, en mayor medida por el crecimiento de demanda de agua, incremento de temperatura, extracción ilegal, escasa participación de la CONAGUA para regular la extracción y por su falta de mecanismos reales de medición y planeación hídrica en la que se limite la superficie agrícola sembrada al año de acuerdo a su disponibilidad en el subsuelo, apertura indiscriminada de tierras. Por ejemplo más de 250 mil hectáreas de terrenos ganaderos agrícolas en el estado de chihuahua en los últimos 5 años.

Ahora bien, el fracking forma parte de un debate mundial debido a su impacto ambiental, esta técnica se realiza mediante la inyección de agua mezclada con abrasivos y más de 90 químicos tóxicos. Los principales riesgos son la destrucción y contaminación de los acuíferos, así como el gasto indiscriminado de agua en el que se requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua para un sólo pozo, lo que equivale al agua necesaria para cosechar entre 1,500 y 4,800 hectáreas de riego, y que de permitirse la pretensión de realizar miles de perforaciones para la extracción de gas shale acabaría con el agua en la región y significaría un ecocidio en el semidesierto.

Otros riesgos ambientales son la contaminación de suelos, emisiones de metano a la atmósfera que agravan el calentamiento global, afectaciones de la salud pública y la vida animal e incremento a las actividades sísmicas.

El dilema está en que si el agua se destina, mediante un manejo sustentable, para garantizar el consumo humano y la producción nacional de alimentos nutritivos para las actuales y futuras generaciones de mexicanos o se destina a la extracción de energéticos para beneficiar a los trasnacionales y que además pondría en riesgo la salud pública por la contaminación de acuíferos y suelos.

Por lo anterior hemos decidió desarrollar la más amplia defensa rural y urbana de las fuentes de agua para consumo humano y producción de alimentos impulsando las siguientes propuestas

El programa nacional para el ordenamiento sustentable de los acuíferos mediante:

1. Exigirle al ejecutivo federal planeación hídrica

    Programa plurianual para el uso eficiente del agua mediante la tecnificación de riego, estableciendo una meta mínima anual de 300 mil hectáreas, a fin de garantizar a 1.5 millones de hectáreas de riego tecnificado como meta a 2018.
    Establecimiento de un mecanismo para determinar la superficie de riego en base a la demanda hídrica de diversos cultivos, tomando como base el volumen concesionado a cada usuario de aguas nacionales.
    Promoción junto con los productores del uso de energías renovables para las actividades productivas del sector rural mediante la interconexión a la red.

2. Restauración de las cuencas hidrológicas

    Programa nacional de obras de conservación de suelo y agua priorizando las cuencas hidrológicas sobre explotadas con el fin de garantizar e incentivar la restauración ecológica y recarga de acuíferos, la disminución del impacto de lluvias y sequías, control de inundaciones, captación e infiltración de agua.
    Programa de re conversión productiva para aquellos cultivos de menor demanda hídrica de acuerdo al potencial productivo de las regiones, con el fin de disminuir el consumo de agua en las zonas de riego.
    Creación de un Fondo Federal que garantice mediante el 15% de los recursos destinados a los programas hidráulicos e hidroagrícola, la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos hídricos, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando verdaderos mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales.

3. Vigilancia para evitar las nuevas tierras y su penalización

    Cancelación inmediata de los aprovechamientos irregulares de aguas superficiales y subterráneas ubicados en los acuíferos sobre explotados.
    De esta misma forma la SAGARPA cancelará, los diversos apoyos de programas federales a dichos usuarios, PROFEPA, garantizará las respectivas sanciones administrativas a los cambios de uso de aquellos predios que violentan la normatividad.
    Establecer la medición obligatoria de volumen de todos los aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas, sancionando a aquellos usuarios que no cumplan con la instalación de este instrumento.

Por ello, se iniciara a partir de hoy la creación de comités de defensa del agua y en contra del fracking, el propósito es difundir y concientizar a la población sobre los efectos y riesgos económicos ambientales para que se oponga a estos procesos extractivos.

Defender nuestras tierras ante cualquier intento de las empresas trasnacionales de iniciar la extracción de gas shale

Difundir, con el objetivo de que el legislativo apruebe una ley que garantice el derecho humano al agua, la iniciativa ciudadana que ha construido la propuesta de ley de aguas nacionales, como contrapropuesta a la Ley Korenfeld que implica la comercialización del agua y no de un bien público.

Desarrollar la más amplia unidad de los diversos movimientos de afectados ambientales que están en resistencia (por proyectos de presas, turísticos, minería o eólicos) con el fin de acumular fuerzas suficientes para evitar el deterioro de los recursos naturales.

Participar en las jornadas nacionales en defensa del agua la tierra y la vida, así como en la convención nacional indígena y campesina que se celebrará en la Ciudad de México y Aguascalientes en octubre, en donde se conmemora el centenario de la convención revolucionaria donde se originó el artículo 27 constitucional fortalecido por los ejércitos campesinos liderados por Emiliano Zapata y Francisco Villa, espacio para construir la agenda unitaria campesina e indígena que defina lo que el campo necesita y los que los campesinos rechazamos.

Participar en la toma de la ciudad de México el 6 de diciembre, para conmemorar los 100 años en que convergieron las tropas revolucionarias de la división del norte y las del libertador del sur y que al mismo tiempo permita la acumulación de fuerzas del movimiento campesino e indígena de este país, sumándose los consumidores de alimentos.

Nos comprometemos a recorrer las regiones de riego de aguas subterráneas de los estados de la península de Baja California, Sonora y la región del Bajío para impulsar la defensa de los acuíferos y exigir el Gobierno Federal el ordenamiento de los recursos hídricos.

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE EL BARZON , LLAMAMOS A LOS DIVERSOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA A UNIFICARNOS EN LA DEFENSA DE LA TIERRA, LOS RECURSOS NATURALES, LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, EL ORDENAMIENTO DEL MERCADO AGROALIMENTARIO Y EXIGIR JUSTICIA Y EVITAR LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA RURAL.

NO AL FRACKING, SI A LA VIDA MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LOS ACUIFEROS

Alfonso Ramírez Cuéllar. Presidente, Barzón Nacional
Martin Solís Bustamante. Barzón Chihuahua
Angely Amezcua Chávez. Coordinación agua y energía Barzón Nacional
Maximiliano Olvera. Barzón Coahuila- Durango
Elena Burns Campaña. Agua para todos, Agua para la vida

COMUNICADO POR EL DESASTRE EN SONORA: GRUPO MÉXICO, ECOCIDA Y HOMICIDA INDUSTRIAL

Publicada el 22/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

San Cristóbal de la Casas, Chiapas, México; 21 de Agosto de 2014

Bajo la protección, cobijo y solapamiento del gobierno mexicano, la empresa Grupo México ha sido responsable de la muerte de trabajadores en diversos proyectos mineros, incluyendo los 65 sepultados en Pasta de Conchos. Ha reprimido huelgas y violado derechos humanos y sindicales de los trabajadores sistemáticamente con un largo historial. Su intención de invertir en tres hidroeléctricas en el norte de Puebla causó fuertes conflictos sociales. Ahora, en este mes es el responsable del derrame más dramático de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado, que recorrieron más de 90 km por el río Bacanuchi, en más de siete municipios del estado de Sonora, al romper la presa de jales de la mina Vista del Cobre.

Sin embargo, Grupo México presume en su página web de ser el “Productor de Cobre con menos costos a nivel mundial”, y un “compromiso con el cuidado del medio ambiente, nuestros empleados y las comunidades aledañas”. El cinismo es tal que según la revista Mundo Ejecutivo de noviembre de 2009, el Grupo México ocupó el 5o. lugar entre las 50 empresas con mayor Responsabilidad Social Sustentable después de CocaCola, Microsoft, Grupo Modelo e Interceramic.

El dueño del Grupo México es el magnate Germán Larrea Mota-Velasco. Es la segunda persona más rica del país y ocupa el lugar 58 a nivel mundial según la revista Forbes. El emporio de la familia Larrea compró la compañía Mexicana de Cananea, los ferrocarriles que dio origen a Ferromex; también MM Cinemas, Cinemark, Cinemas Lumiere y Cinemex. Con su empresa Southern Cooper Corporation invierte en Chile y en Perú donde es acusado de conflictos sociales y denuncias. Germán Larrea fue miembro del consejo de la Fundación Vamos México creada por Marta Sahagún. Se calcula que actualmente tiene una fortuna de 16 mil 100 millones de dólares. Tan sólo en estos primeros 6 meses del año obtuvo ingresos por 15 mil 320 millones de pesos. Sin embargo, por este desastre, la Profepa solo pretende imponer una multa de 3 millones de pesos, 40 millones de sanción y reparación de los daños ambientales, y encarcelar a los ingenieros responsables por 9 años, dejando libre de la prisión al magnate.

El gobierno federal debe abandonar su política de protección a los interesas del gran capital y voltear su mirada a los intereses de los pueblos, por la defensa y protección de los Derechos Humanos y de la Madre Tierra. Con este derrame se ha puesto en riesgo la salud de la población, el acceso al agua, el medio ambiente, la biodiversidad, la alimentación, entre otros gravísimas consecuencias. No es posible seguir manteniendo la impunidad, la irresponsabilidad social empresarial, el despojo de tierras y su acaparamiento en manos de las grandes corporaciones. Se deben retirar las concesiones al Grupo México y el cierre definitivo de sus proyectos mineros, castigo ejemplar al consorcio y sus dueños, indemnización a los afectados directos, resarcimiento y mitigación de los daños de manera inmediata.

Es necesario y urgente poner fin al Modelo Extractivo Minero.

OTROS MUNDOS, A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
www.otrosmundoschiapas.org

Video derrame:

Comunicado REMA/Mapder frente al desastre ecosocial ocurrido en Sonora

Publicada el 20/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El pasado 7 de agosto, se vertieron cuarenta mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, proveniente de la presa de jales de la mina de cobre Buenavista, ubicada en el Municipio de Cananea, en el Estado de Sonora.

El resultado de este derrame es la contaminación de los Ríos Bacuachi y Sonora, ambos pertenecientes a la Cuenca del Río Sonora, afectando a seis municipios y sus poblaciones cercanas en la cuenca alta y media. Estas afectaciones son un serio riesgo para la salud ambiental y humana de la región, al grado de que las autoridades han alertado a la población de los riesgos de usar el agua proveniente del río y sus afluentes. Se prohíbe el uso tanto para el consumo humano como para las actividades productivas.

Hasta el momento las autoridades han mostrado una complicidad con Grupo México, dueño de la planta minera que ha causado la contaminación de la Cuenca. Situación que no es nueva pues los habitantes de la región conocen al menos otras cinco veces mas en las que las presas de jales han tenido fugas, siendo esta la más grave por la cantidad de químicos vertidos en el agua. En todas ellas la empresa minera ha ocultado información y no ha hecho planes de remedición de los daños. Esta vez la multa que se le ha hecho a la multa no es la adecuada no cubre los daños causados por la fuga del químico.

Sabemos que el derrame del ácido sulfúrico es la punta del iceberg de la liberación de muchos otros químicos, entre ellos metales pesados como el hierro, cobre, cadmio, plomo, arsénico, todos ellos altamente dañinos para la salud ambiental y humana, que además son bioacumulables y biomagnificables, lo cual trae problemas a mediano y largo plazo.

Desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, así como de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, nos solidarizamos con las comunidades afectadas por este derrame, que deja clara la falta de responsabilidad de las empresas extractivas y la complicidad de las autoridades estatales y federales para con las poblaciones humanas y los ecosistemas.

Hacemos un llamado para que este desastre ecológico, el mayor ocurrido en el Estado de Sonora, no quede como una simple multa económica a la empresa responsable, misma que no alcanza para remediar el daño causado.

Exigimos que las autoridades responsables, la empresa culpable cumpla con ciertas demandas básicas para poder restaurar el daño causado en los ecosistemas de la Cuenca, la salud de las comunidades humanas y la economía de la región:

Saneamiento de la Cuenca para que el agua pueda volver a utilizarse en todas las actividades tanto humanas como ecosistémicas.
Remediación y reparación de los daños ambientales, de salud y socio-económicos ocasionados por esta fuga de contaminantes.
Monitoreo mensual hecho por Centros de Investigación serios, basados en la mejor ciencia por el menos cinco años para la detección de metales pesados y otros contaminantes.
Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo.
Total transparencia y acceso publico a las acciones que se lleven a cabo por parte de las autoridades y de la empresa.
El cierre inmediato de la planta minera Buenavista por falta de responsabilidad.

Una vez más queda demostrado que el modelo extractivo es un modelo basado en la falta de justicia socio-ambiental, socializando los costos y daños sociales y ambientales con las comunidades y los ecosistemas, donde solo les importan las ganancias económicas.

Movimiento Mexicana de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

La presa salvadoreña de El Chaparral y la vida de las mujeres

Publicada el 19/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

-Todo el proceso de construcción de la central hidroeléctrica ha sido particularmente opaco y ha estado lleno de irregularidades

-“En las comunidades afectadas, las represas han ensanchado las desigualdades de género”, concluye un informe

Paz Vaello Olave – OMAL
en eldiario.es

“Cuando anunciaron el comienzo de las obras, la gente estaba alegre porque iba a haber dinero. Entonces fuimos a una reunión en Guatemala, y ahí vimos todos los sufrimientos de las personas que tenían sus tierras inundadas, a las que les habían prometido cosas que no habían cumplido”. Así cuenta Virginia Lobos cómo empezó la lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica El Chaparral en el municipio de San Antonio del Mosco (departamento de San Miguel, El Salvador).

Finalizada la guerra, en el año 1992, el Estado salvadoreño preveía un aumento de la demanda de energía y se planteó la necesidad de superar su alta dependencia de combustibles fósiles, pero no disponía de los fondos necesarios para desarrollar proyectos de energía renovable.

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) apostó por este tipo de energía por ser la de menor coste, y en 1997 encargó una serie de estudios “de prefactibilidad” como resultado de los cuales en 2001 se decidió que El Chaparral era el sitio ideal para poner en marcha una central, abarcando los municipios de San Antonio del Mosco, Carolina y San Luis de la Reina.

El Salvador se unía, así, a otros países “en un segundo auge de las represas que se inició a finales de los años 90 y principios del nuevo siglo, enmarcado en los nuevos planes de desarrollo disfrazados bajo un rostro humano (como el Plan Puebla Panamá -actualmente. Proyecto Mesoamérica-, los Tratados de Libre Comercio -en su día con Estados Unidos y ahora con Europa-, etc.), que se concretan en obras como la de El Chaparral”, explica el investigador Antonio Sandá Mera.

Sandá es el autor del informe ‘El negocio de la energía eléctrica en Centroamérica y El Salvador. El caso de la central hidroeléctrica El Chaparral’, recientemente publicado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina ( OMAL).

Las mujeres: un colectivo especialmente vulnerable

Aunque el Estado asume la gestión de un recurso reconocido como bien público, se establecen acuerdos y se reforman leyes para, según Sandá, “legitimar la inversión de las corporaciones transnacionales, que, además, cada vez son menos pero abarcan más áreas de trabajo” y, con ello, acumulan más poder de negociación o de presión hacia los gobiernos.

Como se cuenta con detalle en el informe, todo el proceso de El Chaparral ha sido particularmente opaco y ha estado lleno de irregularidades. Permisos que faltan, adjudicaciones a empresas privadas en tiempo récord, estudios incompletos…

“No se hizo el diseño de detalle, y esta ausencia tuvo que ver con que, en 2010 -un año y medio después de que se iniciara la construcción de la presa (en enero de 2009)-, la tormenta Agatha causara daños en su estructura básica, lo que obligó a paralizar la obra y originó un conflicto entre la firma responsable de la obra, Astaldi, y la CEL, que se resolvió con la rescisión del contrato tras el pago por parte del organismo público de 108,5 millones de dólares a la empresa italiana”.

Por el camino quedaban los rastros de otra tormenta: calles destrozadas por el paso de maquinaria pesada; un reguero de presiones y engaños a los vecinos para que aceptaran las condiciones impuestas; familias que ya habían abandonado sus tierras a cambio de un dinero que no daba para empezar de nuevo; zonas deforestadas para poder luego inundarlas, y la amenaza de que el caudal del río siga disminuyendo si se avanza en la construcción de la central.

Algo que viene a agravar aún más la situación de escasez de agua disponible para la gente en El Salvador. “El río ya no parece río, parece una quebrada”, se lamenta Virginia Lobos. Y añade: “Pescamos en el río; usamos esa agua para los huertos, para bañarnos, para lavar, para el ganado; tomamos agua para beber… Y cuando no hay, tenemos que ir más lejos”.

Efectivamente, las mujeres son aquí las encargadas de ir a buscar el agua para consumo doméstico y de recoger leña para cocinar y calentar la casa, muchas veces con la ayuda de sus hijos e hijas. Como en la mayor parte del planeta, son las responsables del funcionamiento del hogar.

Esto las convierte en “un grupo especialmente vulnerable a los impactos de las represas”, que, sin embargo, “no ha sido valorado históricamente como tal”, como denunció en el año 2000 un informe de la Comisión Mundial de Represas, organismo creado en 1998 por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza para examinar estas infraestructuras.

De hecho, Sandá destaca que “se ha estudiado poco la relación entre energía y género”. “Aun así, nosotras queríamos visibilizar este tema en nuestro trabajo, y por eso le dedicamos un apartado específico”, argumenta.

La CMR concluía que, “en las comunidades afectadas, las represas han ensanchado las desigualdades de género”. Y es que, en palabras de Sandá, todo aumento del tiempo y el esfuerzo empleados en atender las necesidades domésticas se traduce, finalmente, en “menos posibilidades de acceso a espacios para trabajar y pensar sus intereses estratégicos como mujeres”.

Por otro modelo de energía

Por si fueran pocos estos efectos negativos del proyecto en el entorno afectado, Sandá insiste en que, además, no resulta rentable. Entre presupuestos que crecen con el tiempo y la indemnización que el Estado pagó a Astaldi, “la inversión ronda ya los 4.495 dólares por kW”, detalla el experto, “más del doble de lo planeado en principio y de la cifra hasta la cual se considera que los proyectos hidroeléctricos son rentables (2.000-3000 US$/kW instalado)”.

Así que la pregunta es lógica: “¿A quién van a vender la energía para poder cubrir ese gasto? Lo más probable es que la exporten al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC); en el mercado nacional el precio sería demasiado bajo como para poder rentabilizar la inversión”, argumenta Sandá.

Como se recoge en el informe, “en muchas casas de la zona no existe electricidad”, y en las que disponen de ella “la pobreza no les permitiría afrontar el gasto derivado del consumo de una cocina eléctrica”. En definitiva, después de ver su vida profundamente alterada, los habitantes del lugar no disfrutarían del nuevo recurso.

Hermenilda, hermana de Virginia, resume la situación así: “Este proyecto viene a contaminar y a destruir. No vemos ningún beneficio”.

En sus recomendaciones “para un nuevo marco de políticas”, la CMR establece la aceptación pública de estas obras como un factor “fundamental para un desarrollo equitativo y sustentable de recursos hídricos y energéticos”.

Una aceptación que, según este organismo, surge de que “se aborden los riesgos” y se reconozcan y salvaguarden “los derechos de todas las partes interesadas, en particular, pueblos indígenas y tribales, mujeres y otros grupos vulnerables, haciendo posible su participación informada en la toma de decisiones”.

Sandá va más allá y apuesta por un cambio de modelo energético que tenga en cuenta la protección de los recursos naturales y que “respete el modelo de desarrollo deseado por la población, especialmente la afectada por los proyectos de generación”. Y trae al debate términos como “ética”, “solidaridad”, “autogestión” y “manejo sostenible de las cuencas” para proponer una alternativa “técnica y económicamente viable”.

Si existen opciones, ¿por qué se sigue apostando por este tipo de centrales hidroeléctricas en El Salvador y en otras partes del mundo? ¿Qué otros intereses están detrás de estas decisiones? Desde luego, no los intereses de las mujeres, de la gente.

Ante el peor desastre minero de Canadá el M4 comunica

Publicada el 15/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

MOVIMIENTO M4

Este 4 de agosto de 2014 se ha registrado uno de los desastres mineros más grandes de la historia de Canadá cuando colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley, en la provincia de Columbia Británica. Esta mina es propiedad de la empresa Imperial Metals Corp y del petrolero Murray Edwards, una de las personas más ricas del país, quien vio desplomar las acciones de su empresa un 44 por ciento en la Bolsa de Toronto.

El colapso de la presa de jales derramó 15 millones de metros cúbicos de aguas residuales, lodos y metales pesados, lo que equivale a 6 mil piscinas olímpicas vertidas al arroyo Hazeltine que desemboca en el lago Quesnel.

Las autoridades canadienses prohibieron el uso de agua de aguas superficiales y subterráneas a los pobladores locales. El impacto sobre la producción de salmón podría ser irreversible así como otros daños ambientales. Según el Inventario de Medio Ambiente del Consejo Canadiense de Emisiones Contaminantes, la mina Mount Polley generó solo durante 2013, 403 mil kg de arsénico, 38 mil kg de plomo y 600 kg de mercurio, entre otras sustancias tóxicas. Se calcula que tan solo por compensación a los daños ambientales podría superar varios cientos de millones de dólares. El presidente de la empresa ha admitido públicamente que no tiene los recursos económicos disponibles para cubrirlo.

La mina a tajo abierto de cobre, oro y plata opera desde 1997 en medio de otras 50 minas en la provincia donde ya se habían registrado otros derrames y preveía producir durante 2014 alrededor de 47.000 onzas de oro, 44 millones de libras de cobre y 120.000 onzas de plata.

El desastre de la mina Mount Polley casi en el mismo momento que acontecieron otros dos lamentables episodios: el rebalse del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol, ubicada en Potosí, Bolivia, el cual derramó cerca de 30 mil toneladas de desechos minerales a lo largo de 20 km, y aún no se tiene certeza respecto a cuánto de ese material tóxico llegó hasta el río Pilcomayo. El otro evento se produjo cuando empresa Buenavista del Cobre ubicada en el mexicano estado de Sonora registrara una “falla” en la tubería de una represa denominada Tinaja, derramando 40 mil metros cúbicos de desechos de lixiviados llenos de residuos químicos que afectan directamente las aguas de los ríos Bacanuchi y Sonora, en el norte del país.

Cada uno de estos “accidentes” demuestran los altísimos daños que el Modelo Extractivo Minero ocasiona. Demuestra también el falso discurso “verdes y sustentable” de los empresarios mineros y la nula “responsabilidad social corporativa”, cuando prácticamente desde los inicios las comunidades donde se implantan crean graves enfermedades a la población y terribles conflictos sociales y de inseguridad. Otra conclusión que podemos sacar de estos hechos es la deficiente regulación que ostentan tanto el gobierno canadiense como de los gobiernos de Latinoamérica en materia minera, quienes solapan y protegen a este tipo de megaproyectos en beneficio de las empresas y no de sus poblaciones.

En esas condiciones ¿Qué podemos esperar de los gobiernos y sus regulaciones? ¿Qué podemos esperar de su modelo de “desarrollo”? Y la respuesta es impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos y colectivos.

Por eso las y los integrantes del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero – M4 manifiesta su enérgico y total rechazo a este modelo de extracción de metales; manifestamos también nuestro repudio y exigimos se les rinda cuentas a los dueños, funcionarios y directivos operadores de las empresas Imperial Metals Corp, Santiago Apóstol y Buenavista del Cobre del Grupo México por los gravísimos daños ocasionados por su negligencia y falta de supervisión.

Denunciamos también la irresponsabilidad de los gobiernos de Canadá, Bolivia y México por la omisión de las leyes nacionales e internacionales en materia de los derechos humanos y colectivos, recurrentemente violentados. En especial hacemos un enérgico señalamiento al gobierno canadiense, quienes a través de sus embajadores y embajadoras en todo el mundo son copartícipes de los engaños y mentiras de las empresas mineras inspcritas en Canadá, a la vez que ponderan y facilitan el enriquecimiento de las mismas y viven plenamente el desinterés por la protección del ambiente y los derechos humanos.

El M4 nos solidarizamos con el pueblo canadiense, boliviano y mexicano y en especial con los pueblos indígenas, que sabemos el daño a su territorio irremediablemente ocasiona a la vez el daño a la vida misma de su etnicidad y cultura.

Hacemos un llamado para seguir fortaleciendo el establecimiento de Territorios Libres del Modelo Extractivo Minero. Redoblemos esfuerzos de los trabajos preventivos para evitar el arribo de la depredación de las empresas mineras en nuestros territorios. Defendamos la vida frente a estos proyectos de muerte. Detengamos este crimen de estado y este crimen corporativo enfrentándolos con la unidad de los pueblos.

De la Patagonia hasta Canadá ¡LA MINERIA NO VA!

Movimiento Mesoamericano contra el
Modelo Extractivo Minero (M4)

Ver vídeo magnitud del desastre en Canadá

La tierra, en pocas manos

Publicada el 14/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

UN INFORME MUESTRA COMO PIERDE TERRITORIOS LA AGRICULTURA CAMPESINA

Por Darío Aranda, pagina12.com.ar

El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.

“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.

El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.

El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.

Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.

Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.

“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.

La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.

Conflictividad socioambiental en México: Despojo, extractivismo, dominación y resistencia

Publicada el 13/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

vía Movimiento M4

En los últimos diez años ha sido notable el crecimiento exponencial de conflictos socioambientales en todo el territorio mexicano por la disputa en torno al acceso, control y gestión de los bienes comunes naturales, pero también por los efectos negativos de la extracción, producción, circulación, consumo y desecho la riqueza social convertida en mercancía en el marco de la acumulación del capital.

Se trata de un nuevo giro en la extracción de bienes naturales renovables y no renovables, de la mano del desarrollo de numerosos proyectos de infraestructura carretera, portuaria y enclaves turísticos. A lo que debemos sumar, el impulso de un nuevo sistema agroalimentario, en manos de grandes transnacionales, a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales.

Esta reconfiguración ha sido impulsada por las políticas del capital privado y la participación de los gobiernos en sus diferentes ámbitos y niveles, a través de un amplio abanico de estrategias jurídicas, de cooptación, disciplinamiento y división de las comunidades, represión, criminalización, militarización y hasta contrainsurgencia, para garantizar a cualquier costo la apertura de nuevos espacios de explotación y mercantilización. Desde está lógica podemos comprender las detenciones de Juan Carlos Flores y Enedina Rosas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Morelos-Tlaxcala contra el Proyecto Integral Morelos, que incluye el despojo de las tierras de decenas de comunidades para la construcción de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto. O el caso del comunero Marco Antonio Suástegui del emblemático Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), reconocido por la férrea resistencia campesina que logró durante once años bloquear dicho proyecto hidroeléctrico. Un común denominador de todas estas aprehensiones es la opacidad e irregularidades en el debido proceso legal.

Así, y a partir de la revisión de múltiples conflictos socioambientales en México, vemos que las estrategias de dominación del Estado y capital operan sobre la base de por lo menos cuatro aspectos que buscan ocultar y disfrazar el verdadero carácter del despojo:

Los proyectos de despojo se presentan como medios para el desarrollo, progreso y bien común. Sin embargo, este desarrollo no es igual para todos; al contrario, hay poblaciones y territorios que son sacrificados y desechados y que su vida es transformada radicalmente. Aquí, el Estado aparece como un árbitro neutral y autónomo de la lógica económica. En su aparente búsqueda por garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando el despojo y manteniendo la desigualdad de propiedad.
Si bien sabemos que las ganancias del desarrollo de unos cuantos son a costa del sacrificio de otros, para evitar la oposición de las comunidades “afectadas” se les promete desarrollo local, crecimiento económico y prosperidad social. Sin embargo, esta narrativa desarrollista es la mayoría de las veces una apariencia, debido a que estos proyectos al funcionar con una lógica de enclave -es decir, sin una propuesta integradora de las actividades primario-exportadoras al resto de la economía y la sociedad-, no promueven los mercados internos, ni generan los empleos prometidos. Lo cierto es que profundizan las condiciones de desigualdad y miseria, debilitan o desmantelan la cohesión, el arraigo y apego comunitario, y generan un proceso de desposesión y expulsión que orilla a la migración y búsqueda de oportunidades, principalmente en las ciudades.
Todos aquellos que se oponen al interés general de las mayorías se presentan como intransigentes, instigadores del orden y opositores del progreso, con lo que se busca justificar el uso de la violencia para mantener el control social y no poner en riesgo las jugosas inversiones del capital.
Existe una guerra contra las formas comunitarias –que en la mayoría de los casos son indígenas y campesinas- consideradas como prescindibles, intrascendentes y en algunos casos inexistentes. La narrativa desarrollista se impone sobre un único modo de pensamiento y de vida, el resto de formas son pre-modernas o primitivas.

No obstante, pese a las condiciones tan asimétricas a las que se enfrentan las comunidades, se han logrado acuerpar decenas de resistencias en todo el territorio mexicano. La investigadora María Fernanda Paz (2012), ha publicado que hasta 2011 se registraron 95 conflictos relacionados al despojo de bienes comunes naturales, distribuidos en 21 estados del país. Si bien, no todos los procesos de resistencia registrados han logrado la plena defensa de sus territorios, lo cierto es que muchos de ellos han sido capaces de obstaculizar momentáneamente el despojo, mediante el retraso o directa paralización de la implementación de los megaproyectos.

Sin lugar a dudas, ante la creciente intensificación de la violencia para la extracción de recursos naturales con las reformas anunciadas y recientemente aprobadas, como dice la feminista Silvia Federici estas experiencias se vuelven fundamentales, “pues son luchas que ponen un freno, un alto al avance de las relaciones capitalistas. Si estas luchas se pierden, todos enfrentaremos un futuro todavía más duro”.

Y es que en definitiva, La supervivencia y protección de los bienes comunes constituye una condición fundamental para la continuidad de la vida, que puede seguir y potencialmente estar en manos de sujetos comunitarios a partir de formas de autoregulación social que incorporen entre sus principios, frenos y controles que eviten la sobreexplotación, degradación o agotamiento de los recursos. Una cuestión central para la sobrevivencia humana frente a la crisis civilizatoria que el mundo vivo enfrenta.

Fuentes consultadas:
NAVARRO, Mina Lorena/ Linsalata, Lucia, “Crisis y reproducción social: claves para repensar lo común. Entrevista a Silvia Federici”, realizada junto con Lucía Linsalata, Revista OSAL, No. 35, Buenos Aires, 2014. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20140506032000/OSAL35.pdf

PAZ, María Fernanda, “Deterioro y resistencias. Conflictos socioambientales en México”, en: Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, ITESO, Guadalajara, 2012. http://www.publicaciones.iteso.mx/libro.php?id=221

*Doctora en Sociología y Profesora-investigadora del Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades ‘Alfonso Vélez Pliego’ de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha acompañado procesos organizativos orientados a la defensa del territorio en México. Activista e integrante de Jóvenes en Resistencia Alternativa. mina.navarro.t@gmail.com

Fuente: La Jornada de Oriente

Comunicado M4: posición frente a los daños a la salud que provoca la minera GoldCorp

Publicada el 12/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

MOVIMIENTO M4

Hoy nuevamente nos hemos reunido mujeres y hombres de los pueblos hermanos de Guatemala, Honduras y México para discutir y analizar los graves daños y consecuencias a la salud y al ambiente ocasionado por la minería en nuestros territorios.

Denunciamos que la empresa minera GoldCorp es un cáncer irreparable que se ha instalado en nuestros territorios mesoamericanos tal como sucede ya en San Miguel Ixtahuacan Guatemala, Valle de Siria Honduras y Carrizalillo, Guerrero, México, en donde para ocultar su verdadera identidad y evadir responsabilidades, utiliza nombres diferentes para cada proyecto.

Tanto en San Miguel Ixtahuacan como en Valle de Siria y Carrizalillo, Guerrero la voracidad de esta empresa ha provocado daños irreversibles en la salud de la población como enfermedades de la piel, en los ojos, pelo, uñas y los pulmones. Problemas sociales como la división comunitaria, la prostitución, alcoholismo. Existen testimonios de cómo se ha incrementado la muerte de bebés a causa de abortos y partos prematuros, al igual que el aumento de los nacimientos con deformaciones de diferentes características.

Se ha generado suficiente información y análisis científico que incluye laboratorios de universidades de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica sobre la contaminación de las aguas vinculadas a la operación de la mina Marlin, sin embargo el gobierno ha hecho caso omiso para atender esta problemática, a la vez que ni siquiera implementa las medidas cautelares promovidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Exigimos rendición de cuentas a las empresas mineras, en este caso a GoldCorp porque la falsedad de su Responsabilidad Social Corporativa está cimentada en el despojo del territorio de los pueblos, se basa en la contaminación y el agotamiento de los bienes naturales, se apuntala en el fomento de la división comunitaria, la intimidación y cooptación como estrategias centrales para implantar sus proyectos. Otro modelo de desarrollo es posible.

¡FUERA LAS MINERAS CON SU FALSO DESARROLLO
Y PROGRESO DE GUATEMALA, HONDURAS, MÉXICO Y MESOAMÉRICA!

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
¡DE PANAMÁ A CANADÁ LA MINERÍA NO VA!

Monsanto deberá indemnizar con 93 millones de dólares a un pueblo de EE.UU

Publicada el 11/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

En la pequeña ciudad de Nitro en West Virgina se produjo Agente Naranja desde 1948 hasta 2004. Ahora Monsanto deberá pagar por los daños que la dioxina ha causado a la comunidad.

Paulina Lordméndez, veoverde.com

Monsanto ha perdido esta vez y por una causa justa. La Suprema Corte del Estado de West Virginia ha declarado que la empresa deberá pagar $93 millones de dólares a la ciudad de Nitro por los daños que la producción del Agente Naranja ha causado a su población. Aunque el acuerdo se aprobó desde hace un año, recién entrará en vigor al definir la forma en que se hará uso de los fondos.

El Agente Naranja es un herbicida altamente tóxico que fue utilizado para rociar los campos vietnamitas durante la guerra, principalmente para eliminar malezas donde se pudieran esconder los adversarios. Su uso dañó a millones de personas en Vietnam, pero de eso nadie se preocupa pues era una guerra. El problema fue que el Agente Naranja se fabricó en la pequeña ciudad de Nitro desde 1948 hasta 2004.

La dioxina contenida en el Agente naranja causa graves afecciones en la salud aún en las concentraciones más pequeñas. La ciudad de Nitro puso entonces una demanda colectiva para legar a un arreglo, pues no hay duda de sus efectos tóxicos. Este realmente es un acuerdo histórico en el que una corte reconoce el daño que ha causado Monsanto e impone una sanción para el beneficio de la gente.

La Corte de West Virginia declaró que el acuerdo requiere que los fondos de Monsanto se utilicen de la siguiente manera:

-De los $93 millones, $21 serán destinados a pruebas para determinar si las personas han sufrido envenenamiento por la dioxina. $9 de ellos se destinarán a limpiar la dioxina de los hogares.
-Los habitantes de Nitro serán monitoreados a 30 años y no sólo unos meses.
-$63 millones serán utilizados para pruebas de contaminación por dioxina adicionales en caso de ser necesario.
-Será sujeto de prueba cualquier ciudadano en la zona de Nitro nacido entre enero de 1948 y diciembre de 2010. La persona deberá comprobar que vivía en la zona y serán candidato a prueba si ya viven ahí.
-Los empleados de Monsanto no son elegibles para estos beneficios.
-Los residentes podrán presentar demandas individuales a Monsanto en caso de que las pruebas demuestren que han sufrido daños físicos por la exposición a dioxinas.
-Las pruebas para ciudadanos de Nitro estarán validadas por el abogado Charleston Thomas Flaherty, designado por el tribunal para la oficina que se creó con este fin.

Es una pequeña batalla pero muy bien ganada, al menos el gobierno estadounidense está luchando por su gente. Este caso aún no considera el glifosato, otra toxina presente en herbicidas como el RoundUp, pero el caso de la ciudad de Nitro es el principio de una lucha por el derecho a saber qué hay en nuestros alimentos y a ser protegidos de los efectos tóxicos de los agroquímicos de Monsanto.