Categoría: Modelo extractivo

Revista Sin Embargo

El pasado 7 de abril un comando entró a las instalaciones de la mina El Gallo 1, propiedad de la canadiense McEwen Mining, ubicada en el municipio de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro.

Tras el atraco a McEwen Mining, empresas mineras denunciaron ante las autoridades federales que han sido objeto de amenazas y robos por parte de organizaciones del crimen organizado. Al respecto, Manelich Castilla Craviotto, Comisionado de la Gendarmería Nacional, ofreció todo su apoyo a la compañía canadiense McEwen Mining.

La inseguridad que ahora afecta al sector minero, antes había llegado a los habitantes aledaños a la región donde operan, incluso alcanzó a sus trabajadores cuando el pasado mes de marzo cuatro mineros fueron levantados por hombres armados y días después tres de ellos aparecieron en una fosa. Sin embargo, la industria minera no se pronunció al respecto, sino hasta ahora que sus finanzas se ven amenazadas.

En un intento por soslayar la inseguridad que se vive en el país, el martes pasado el Gobierno federal dialogó con representantes del sector minero para mejorar sus condiciones en materia de operación. Pero, ¿qué hay de las afectaciones que pobladores han denunciado en contra de las mineras por reclamar la violación a los derechos de sus tierras, al agua y a la consulta popular?, ¿qué hay de los 63 mineros atrapados en túneles de la mina Pasta de Conchos desde 2006? O, ¿dónde quedó la ayuda a los afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi?

Decenas de comunidades han denunciado una y otra vez ante las autoridades correspondientes a las minas por explorar territorios que consideran sagrados o que entran a las regiones sin los permisos ambientales violando con ello la ley.

Y se suman las afectaciones en materia de salud que viven los habitantes cuando el polvo que se deriva de las perforaciones al suelo llega hasta sus comunidades y les provoca alergias en la piel y enfermedades crónicas irreversibles.

Otro problema es el impacto ecológico. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) han denunciado que algunas especies de animales ya no llegan a las zonas donde existen minas, o prevén la modificación de ecosistemas debido a la contaminación que generan las compañías.

Tan sólo en Guerrero, exponen, se han otorgado 300 concesiones a minas a cielo abierto que afectarán irreversiblemente el patrimonio ambiental y cultural.

Se llaman minas a cielo abierto a las explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del terreno. Para su explotación, a veces, es necesario excavar, con medios mecánicos o con explosivos los terrenos que recubren o rodean el yacimiento.

El pasado 15 de abril, comunidades indígenas de Puebla y Colima interpusieron demandas de amparo contra las concesiones mineras entregadas por el Gobierno federal que contemplan sus tierras. Se trata de tres demandas de amparo presentadas por las comunidades de Zacualpan, en el municipio de Comala, en Colima; de Tecoltémic, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y del pueblo macehual altepetapianij de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, también en Puebla.

Las tres demandas de amparo ya fueron admitidas por el Poder Judicial de la Federación, que ordenó la suspensión de las respectivas concesiones.

Martín Hernández Alcántara, La Jornada de Oriente

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Fundar y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y el Consejo Tiyat Tlali, consideraron un triunfo nacional los amparos concedidos a habitantes de Tlatlauquitepec, Yahonáhuac, Cuetzalan e Ixtacamaxtitlán en contra de las concesiones mineras de Autlán y Almaden Minerals.

Representantes de esas organizaciones ofrecieron ayer por la mañana una rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

En un boletín emitido por el Cencos, se informó que en las últimas semanas, pueblos de origen nahuat de los estados de Puebla y Colima interpusieron tres demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, reclamando que sus derechos han sido transgredidos por el Estado Mexicano,  dado que la Secretaría de Economía expidió títulos de concesión minera que afectan sus territorios ancestrales.

El 17 de marzo el pueblo maseual que habita los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, en el estado de Puebla, interpuso su amparo y fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Puebla. El pueblo nahuat de la comunidad de Zacualpan, en Colima, hizo lo propio, ingresando su demanda el 24 de marzo, la cual fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Colima.

Este ciclo de amparos lo cerró la comunidad campesina de Tecoltemic, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, quién presentó su demanda el 7 de abril y admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Puebla.

Los tres juicios de amparo fueron admitidos por el Poder Judicial de la Federación, otorgando la suspensión de plano de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios. Esto es un hecho de suma importancia, pues significa que mientras duren los trámites de los juicios de amparo, las compañías que detentan las concesiones mineras no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.

Estas acciones se suman a las que han sido emprendidas con anterioridad por los pueblos wirrarika y el pueblo me´phaa, quienes también han interpuesto demandas para defender su territorio de la actividad minera.

“La relevancia de estas acciones jurídicas, reside en que ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, se advierte en el boletín.

Se añade que la minería es la industria que históricamente más ha impactado de manera significativa los derechos humanos de los pueblos originarios y comunidades equiparables, dando como resultado la existencia de un patrón sistemático de violación de los derechos humanos.

“Uno de sus efectos ha sido el despojo del territorio a los pueblos originarios de América Latina. En los últimos años, los avances tecnológicos han servido para desarrollar modelos de extracción mucho más agresivos, como la minería a cielo abierto, que elevan los efectos destructivos a niveles difíciles de imaginar”, se indicó.

Por ejemplo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería ha documentado lo ocurrido en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, presentándolo como un grave caso de lo que la minería puede ocasionar. Carrizalillo es una comunidad totalmente ocupada por la actividad minera, pues sus tierras han sido destruidas. Ellos han identificado particularmente a la compañía minera Goldcorp, la cual ocupa más de 85 por ciento del territorio del ejido y lo poco que todavía no ha sido destruido, está contaminado.

La Rema ha denunciado que los efectos a la salud de la población son terribles y han convertido a las enfermedades originadas por la minería en algo común. Según han señalado, muestreos realizados revelan que hasta 70 por ciento de la población presenta afectaciones, todas las familias tienen un enfermo por la actividad minera y, en algunos casos, la familia entera está enferma. Por otro lado, han alertado respecto a que la actividad minera ha sido también un atrayente del crimen organizado. De acuerdo con la Rema, a ocho años del ingreso de Carrizalillo al progreso minero, su población vive un verdadero infierno, a tal grado que hace apenas una semana prácticamente la mitad de las familias han tenido que salir de su pueblo desplazadas por la violencia, los asesinatos y la extorsión del crimen organizado.

Experiencias como éstas han motivado a otros pueblos a emprender la lucha por mantener sus territorios libres de la actividad minera, continuando con la trayectoria de lucha que en los últimos cinco siglos les ha permitido mantener viva su identidad.

Video hecho en el marco de la Exposición “El Oro o la Vida” Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple del INAH Morelos.

Realizado a partir de material grabado en las comunidades afectadas en Morelos y Guerrero y la recopilación de material creado por distintas personas a través del mundo, con el mismo objetivo: Informar a la gente acerca de los efectos de la Megaminería Tóxica en el Patrimonio Biocultural y hacer consciencia sobre la importancia de la participación ciudadana en la defensa del territorio.

https://youtu.be/AXpM0SYH26k

Exposición muestra daños de la minería a tajo abierto
Revista Proceso. 10 de abril de 2015

REMA/MOVIMIENTO M4

Hermosillo, Sonora, a 15 de abril de 2015

Los Defensores del Territorio Comcáac y la Red Mexicana de Afectados por la Minería hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Sonora, para que prohíba a la empresa minera La Peineta Minera S.A. de C.V. la explotación y extracción de mineral en los sitios sagrados La Peineta y Pico Johnson, espacios importantes para la cultura Comcáac, con gran significado para su forma de vida.

La explotación de estos sitios implica la destrucción de lugares sagrados que han sido preservados desde muchos años y que son y fueron refugios para los Comcáac, por su riqueza en flora y fauna.

La Peineta (Hast Heemla) es un lugar de reproducción del Venado Bura y del Borrego Cimarrón, por lo que no queremos una actividad extractiva en el territorio Comcáac, considerando además la cercanía con el Canal del Infiernillo, lugar de donde los Comcáac dependen para su subsistencia,
tanto económica como cultural.

Hacemos este llamado desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que desde hace diez años ha denunciado los impactos del modelo extractivo en los territorios por parte de empresas mineras que ponen en riesgo los bienes comunes como el agua, un bien que en el desierto es estratégico para las comunidades, especialmente para los Comcáac, pueblo originario que históricamente ha vivido en armonía con su ecosistema.

El proyecto minero mencionado no cuenta con la legalmente debida Manifestación de Impacto Ambiental, lo que constituye el principal motivo para la cancelación del proyecto, sobre el cual tampoco se hizo una consulta pública al pueblo Comcáac, violando el convenio 69 de la OIT.

Por estas razones, el proyecto en sí es ilegal, al no contar con los permisos municipales, estatales ni federales o, lo más importante, no cuenta con la aprobación de la comunidad.

El riesgo que supone este proyecto para el territorio Comcáac es mucho mayor a los supuestos beneficios que quienes lo promueven dicen que dejará a la región. Pone en riesgo bienes estratégicos para la supervivencia de las comunidades humanas, que han vivido por siglos en esta zona que es parte de su cultura, su identidad y su forma de vida, por lo que desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería y los Defensores del Territorio Comcáac, exigimos al Gobierno de Sonora que cumpla con las medidas de protección, cancelando el proyecto.

También expresamos nuestro rechazo a cualquier otro proyecto basado en la extracción y privatización de los bienes naturales que afecten de manera directa a los ecosistemas y los seres humanos.

Para mayor información:
Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Jorge Tadeo Vargas.
jtadeo@lunasexta.org / cel. 662-119-5992.

Defensores del Territorio Comcáac.
Gabriela Molina
comcaac.coyaaix@live.com.mx / cel. 662-315-8133.

En el municipio de Mataquescuintla – Guatemala, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2015, representación de pueblos, comunidades y organizaciones sociales nacionales y delegaciones internacionales de Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití, México, Costa Rica, Canadá, Islandia, Noruega y Sudáfrica, al calor del compañerismo, la solidaridad y el diálogo intercultural, nos hemos reunido para construir una propuesta de articulación continental y de impulso político.

Esta iniciativa permitirá avanzar en la construcción de un MOVIMIENTO CONTINENTAL CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO Y POR LA SOBERANÍA POPULAR que haga frente al despojo que vienen padeciendo nuestros pueblos y seguir abonando el camino en la construcción de una nueva sociedad.

DECLARAMOS QUE

   1. Estamos viviendo un momento de contraofensiva del imperialismo contra los pueblos, los movimientos sociales y los gobiernos progresistas, de Latinoamérica, a través de políticas de asfixia económica, manipulación mediática y de criminalización de la protesta. Por lo tanto hacemos un llamado a todos nuestros pueblos para enfrentar esta contraofensiva con unidad, movilización y lucha.
   2. Entendemos que el problema de la extracción de nuestros bienes naturales comunes no tienen solo que ver con la minería,  sino que abarca el petróleo, el gas,  los proyectos hidroeléctricos, los agro-combustibles y los monocultivos. De tal manera que estamos ante un modelo extractivo de minerales y energía, de carácter capitalista, que impulsan las empresas transnacionales, países imperialistas y organismos multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), con la complicidad de los Estados nacionales, completando así la nueva división del trabajo que coloca a Latinoamérica como un proveedor neto de materias primas.
   3. Nosotros como pueblo latinoamericano estamos siendo agredidos, por medio de una confluencia nefasta de acuerdos entre Estados y transnacionales, donde las empresas logran disminución de impuestos; precariedad laboral; disminución de fuentes hídricas; contaminación ambiental; sobrexplotación, mercantilización y precarización de las mujeres; despojo de tierras y de su cultura a comunidades negras, campesinas e indígenas.
   4. La persecución de los movimientos sociales, la criminalización de la protesta y frecuentes violaciones de los derechos humanos son una constante en nuestra América, por parte de los aparatos estatales y las empresas transnacionales. Por lo tanto acudimos a la solidaridad internacional y la denuncia permanente para blindar a nuestros compañeros  y compañeras demostrando una vez más que nuestra lucha es por la vida.
   5. Respaldamos a los gobiernos progresistas de nuestra América por los avances realizados en sus distintos países e instamos a profundizar resueltamente el respeto a los derechos de nuestra madre tierra, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras y campesinas.
   6. Estamos por la defensa del territorio y la creación de sociedades alternativas, apostándole a la construcción de poder popular y a una nueva forma de relacionamiento con la Naturaleza que rescate los conocimientos ancestrales y naturales. Reafirmamos la defensa de la vida y decimos altivos, que no le tememos al modelo extractivista de persecución y muerte al cual responderemos con lucha y movilización popular.
   7. Este encuentro da inicio a un proceso de articulación continental que permitirá compartir las experiencias de pueblos en resistencia y lucha, materiales investigativos sobre el accionar de las transnacionales y los Estados, además generar escuelas de formación política, mecanismos de denuncia y solidaridad, redes de comunicación y movilizaciones conjuntas.
   8. Para derrotar el modelo imperante es fundamental la unidad de las fuerzas de los pueblos. Por lo tanto extendemos la invitación a todos los pueblos, comunidades y organizaciones populares que luchan por la vida y la defensa del territorio, a juntarnos en un esfuerzo común, de tal manera que en próximos escenarios de encuentro seamos más procesos y más países.

Municipio de Mataquescuintla – Guatemala, Marzo 11, 12, 13, 14 y 15 de 2015.

“¡SÍ A LA VIDA NO A LA MINERÍA!”