Ponencia por la Jefa Indígena de la comunidad Xat’sull, Bev Sellars, para el V Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en Lima, Perú, el 7 de noviembre de 2013.

Antes que nada, quisiera expresar la satisfacción que siento de estar aquí y de tener la oportunidad de convivir con diversos pueblos indígenas y con comunidades afectadas por la minería en las Américas. También quisiera agradecer a todas y a todos las y los organizadores de este evento por permitirnos tener este importante diálogo. Aunque siempre he querido venir a visitar, esta es la primera vez que llego a Sudamérica y espero regresar en otra oportunidad con más tiempo para conocer su bello país.

Para empezar, quisiera contarles un poco sobre mis orígenes. Soy del pueblo indígena Secwepemc, de lo que hoy se conoce como la provincia de Columbia Británica en Canadá, y traigo los saludos que mandan los 17 jefes de mi pueblo. Mi comunidad se llama Xat’sull y es la más norteña del pueblo Secwepemc, localizándose a unas 350 millas [573 km] al norte de la ciudad de Vancouver, Canadá. El pueblo Secwepemc está integrada por unas 10 mil personas.

Igual que en el caso de la historia de los territorios de ustedes, los pueblos indígenas de Canadá ayudamos a los recién llegados a adaptarse a la tierra. Les enseñamos qué plantas podían comer, cómo cazar, qué medicinas usar, qué rutas tomar para llegar a su destino y todo lo que necesitaban saber sobre el territorio. Siempre he dicho que la mayor fuerza de los pueblos indígenas es su disposición a compartir. Aún hoy, los pueblos indígenas de Canadá contamos con los peores indicadores económicos y, sin embargo, sobrevivimos porque compartimos entre nosotros lo que tenemos.

Debo decir, además, que nuestra debilidad principal con los recién llegados a nuestras tierras, también fue compartir. Ayudamos a quienes vinieron a nuestras tierras porque compartir constituía parte de nuestra cultura, pero los recién llegados no tenían la cultura de compartir como los pueblos indígenas. Los recién llegados tenían la cultura de acaparar todo para ellos mismos y de asignar una “propiedad” a cosas que no tenían derecho a reclamar. Como resultado, una vez que los pueblos indígenas dejaron de serles útiles, las relaciones con muchos de los recién llegados se volvieron terribles. La cita que un funcionario de la provincia de Columbia Británica realizara en 1858 lo dice todo. Al comunicar su preocupación por la masiva llegada de mineros que buscaban oro en esa provincia, dijo: “Se ha vuelto costumbre de los mineros en general disparar a los indígenas como si fueran un perro; creen que es muy divertido dispararle al indígena a larga distancia y verlo saltar en el momento en que la bala penetra su corazón.” Como decía mi abuela, que murió en 1997 a la edad de 101 años, “Los pueblos indígenas salvaron a mucha gente blanca que no sabía cómo desenvolverse y ahora piensa mal del indígena”.

Poco después del primer contacto con los recién llegados, comunidades indígenas enteras fueron traumatizadas de manera permanente por las numerosas muertes atribuibles a las enfermedades, por la expulsión de nuestros terruños, por la pérdida de la autonomía económica y de la autosuficiencia, por el desplazamiento forzoso de nuestros hijos e hijas de sus hogares y por las tácticas de asimilación.*

Regresemos ahora a 2013… el trauma del colonialismo continúa presente hoy y los pueblos indígenas de Canadá siguen intentando reconstruir sus comunidades, muy quebradas pero nunca totalmente destruidas. Cuando el Departamento de Estadísticas de Canadá dio a conocer los datos del censo de 2006 en torno a los pueblos indígenas, algunas personas no indígenas quedaron impactadas. A pesar de que hoy sólo constituimos 5% de la población de Canadá, más de la mitad de los pueblos indígenas del país vive muy por debajo de la línea de pobreza; la tasa de desempleo es tres veces más alta que el promedio nacional; 75% de los niños abandona la escuela antes de terminar sus estudios. Estas terribles estadísticas también se reflejan en el encarcelamiento, en las tasas de violencia, de lesiones, de problemas de salud, de suicidio, de adicciones y de muchos etcéteras. Todo esto sucede en uno de los países más ricos del mundo.

Asimismo, sigue adelante la lucha por proteger nuestras tierras y nuestras economías. La opinión de los indígenas de que “la tierra te da todo lo que necesitas para sobrevivir” choca con aquella de los no indígenas de que “hay que conquistar la tierra”. Los pueblos indígenas de Canadá seguimos obteniendo una parte importante de nuestra economía de la tierra, de los animales, de las plantas que nos nutren y nos curan, y de la importante agua pura que apoya esa economía. Pero, cada vez es más difícil mantener intacta nuestra economía. La que llamo la “falsa economía”, basada sólo en el dinero, parece prevalecer sobre todo lo demás. No sólo estamos luchando contra las principales compañías mineras, sino también contra el gobierno que parece estar controlado por las mismas.

Por ejemplo, en la región donde vivo, Taseko Mines quería abrir una mina a cielo abierto para explotar $1 mil millones de cobre y de oro, lo cual hubiera destruido un lago donde el pueblo Xeni Gwet’in ha pescado y que ha sido utilizado para otras actividades culturales. En 2010, un panel independiente de revisión de asuntos de medio ambiente rechazó el proyecto debido a sus importantes implicaciones en materia de agua, de animales silvestres y de cultura indígena. Ahí habría terminado el asunto si no fuera porque el gobierno federal permitió que la empresa reelaborara sus planes para la mina y los presentara a otra audiencia del panel, aun cuando la empresa Taseko había dicho que su primera propuesta había sido la mejor. La semana pasada, los pueblos indígenas de nuestra región se congratularon porque un nuevo informe sobre el proyecto minero estableció que existen aún más preocupaciones y críticas que aquellas generadas por la propuesta inicial.

El gobierno federal ya tiene la información que necesita para meter clavos en el ataúd de esta mina. Sin embargo, un vocero de Taseko Mines declaró que este informe no detendrá el avance de la mina. Expresó confianza en que el gobierno federal otorgará su aprobación a la mina. Además, el gobierno provincial apoya la apertura de la mina a pesar del informe contundente. Ahora, nuevamente tenemos que luchar para asegurar que los gobiernos federal y provincial no desvíen la atención y aprueben el proyecto con la justificación de que creará fuentes de empleo y fortalecerá la economía. No existe escasez de cobre en el mundo y 50 a 80% del oro se utiliza para joyería. El medio ambiente y los pueblos indígenas sufren por la vanidad de otras personas.

Los pueblos originarios sufren las consecuencias de un régimen que favorece la minería por encima del medio ambiente y de los pueblos indígenas. A pesar de que hemos tenido algunos éxitos eventuales, durante el proceso de aprobación de proyectos mineros los aparatos de justicia a nivel federal y provincial no suelen realizar consultas adecuadas a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en algunos casos, los indígenas no somos avisados con el tiempo suficiente para detener un proyecto. En otros casos, no contamos con el tiempo ni tenemos los instrumentos necesarios para realizar estudios y preparar una defensa adecuada. La protección institucionalizada de los derechos indígenas ayudaría a remediar estas deficiencias, pero no contamos con ella.

Los directivos de muchas empresas siguen creyendo que pueden pasar por alto la ley y los derechos indígenas. Gastan millonadas en campañas de relaciones públicas que los pintan como los grandes redentores de la economía, alentando entre el público la idea de que los pueblos originarios son obstáculos irracionales a la riqueza y a la prosperidad. Gastan su tiempo y sus recursos en intentos de dividir a las comunidades indígenas. Tristemente, algunas de sus tácticas consisten en aprovecharse de personas indígenas empobrecidas a las que se les pagan generosas sumas de dinero y se les ofrecen oportunidades de viajar – que nunca tendrían por sí mismas – para que se desplacen y digan al mundo que los pueblos indígenas están a favor de la minería.

Un libro titulado “Canadá imperial, s.a.: Paraíso legal preferido por las empresas mineras del mundo”, establece que Canadá es el país de preferencia para muchas de las empresas mineras puesto que ofrece al sector extractivo mundial un ambiente comercial que fomenta la especulación, facilitando el flujo de capitales para el financiamiento de dudosos proyectos en el extranjero, distribuyendo subsidios gubernamentales y, especialmente, porque crea un paraíso legal politizado libre de litigios. En Canadá, el derecho a la reputación suplanta totalmente la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene el público. Ello significa que las empresas radicadas en Canadá pueden demandar por difamación a cualquier persona o entidad legal que cite documentos o que genere análisis sobre sus prácticas corporativas con los cuales no estén de acuerdo. Un ejemplo importante de ello lo constituye el caso de la Jefa Indígena Betty Patrick de la Nación del Lago Babine quien fue demandada por una empresa minera porque dijo la verdad sobre la destrucción que causaba una mina en su región. Al final, su comunidad empobrecida tuvo que pagar $90 mil en gastos legales para que la demanda fuera rechazada en tribunales.

Canadá se presenta ante la comunidad internacional como defensor de los derechos humanos. Sin embargo, la situación imperante respecto a los pueblos indígenas dentro de sus fronteras es otra. Luchamos por nuestros derechos y hemos ganado varios pleitos en tribunales con sus propias leyes, pero los gobiernos no respetan siquiera sus propias leyes. Por ello seguimos luchando para proteger nuestras tierras y nuestros derechos humanos como pueblos indígenas. En 2012, en Canadá nació un movimiento llamado “Basta a la Pasividad” (“Idle No More” en inglés), que pronto se convirtió en uno de los movimientos indígenas de masas de mayor envergadura en la historia del país e incentivó la realización de cientos de mítines y de protestas. El nombre “Basta a la Pasividad” surgió en una reunión entre cuatro mujeres indígenas. Ellas estaban molestas por el Proyecto de Ley C-45 impulsado por el gobierno federal. Este proyecto de ley presupuestal sobre asuntos distintos proponía debilitar las protecciones establecidas a favor del medio ambiente y de los pueblos indígenas. La mayor frustración de las mujeres tenía que ver con que nadie parecía estar hablando de ello. Por eso, decidieron pronunciarse. Serían “Basta a la Pasividad”. El movimiento “Basta a la Pasividad” caló. Muchas de las tensiones existentes en las comunidades indígenas empezaron a irrumpir. “Basta a la Pasividad” acogió a un movimiento amplio que pugnaba por el reconocimiento de los derechos establecidos en los tratados entre pueblos indígenas y el estado canadiense, por la revitalización de las culturas indígenas y por la abolición de leyes impuestas sin consulta verdadera.

“Basta a la Pasividad” se volvió mucho más que “un asunto indígena”. Personas de todas las razas se unieron en las protestas y en los mítines con el fin de apoyar a los pueblos indígenas y también para hacer llegar su voz al Primer Ministro Stephen Harper con el mensaje de que las frágiles leyes ambientales de Canadá deben ser protegidas y fortalecidas, en vez de debilitadas por las leyes que se pretende incluir a la fuerza en la legislatura.

Los grupos indígenas de Canadá se oponen al desarrollo de la minería irresponsable. Casi todas las semanas se difunden noticias en torno a que algún grupo de indígenas canadienses está protestando o está iniciando una acción legal para detener las destructivas prácticas mineras en su región.

Nos anima la idea de encontrar formas de trabajar con las comunidades indígenas alrededor del mundo con el fin de proteger el medio ambiente, lo cual, por consiguiente, protegerá nuestras culturas. Nos complace que muchas personas no indígenas vean ahora la importancia de este trabajo nuestro y se unan a nosotros en nuestra lucha para salvar a la Madre Tierra.

Muchas gracias.

* Recientemente, la Jefa Bev Sellars publicó un libro llamado “Me Llamaron Número Uno” que cuenta su propia historia, de ella, su madre y su abuela, quienes sufrieron años durante su niñez en la Misión de San José en el Lago Williams, provincia de Columbia Británica, Canadá. La misión fue una escuela residencial “cuya objetivo era ‘civilizar’ a los niños y las niñas indígenas a través de la educación cristiana, la separación forzada de sus familias y su cultura, y la disciplina.” En todo Canadá había 130 escuelas residenciales entre los 1870s hasta 1996, cuando la última escuela residencial se cerró. El gobierno auspició estas escuelas, manejadas por la iglesia, “para eliminar el involucramiento de los padres indígenas en la vida intelectual, cultural y espiritual de sus hijos y hijas”. Actualmente, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá tiene el mandato de investigar y educar al pueblo canadiense sobre lo que sucedió en las escuelas.

Fuente: MiningWatch Canada

24 de Enero de 2014, Chicomuselo, Chiapas, México

El domingo 19 de enero aproximadamente a las ocho de la noche arribaron a la cabecera municipal de Chicomuselo seis camiones de doble remolque, para luego dirigirse al Ejido Santa María. Al día de hoy dos de ellos han salido cargados de barita. Para no provocar la reacción de protesta, evitan pasar por la calle de la cabecera municipal de Chicomuselo donde Mariano Abarca había mantenido clausurado el paso a la empresa Blackfire en el año 2009 que culminó con su asesinato. Sin embargo, ante el paso molesto de los grandes camiones frente a la plaza central de la cabecera municipal, el presidente municipal pretende derribar un árbol con el fin de que los camiones llenos de material puedan doblar en otra esquina, pero cuyo propietario se niega a ello.

En el contexto del conflicto suscitado por la mina de Blackfire en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, y del asesinato de Mariano Abarca Roblero, integrante de la Rema en Chiapas, al parecer las empresas mineras buscan otras estrategias para sacar los minerales. Esa estrategia consiste en fomentar las cooperativas mineras y convertirse así en coyotes mineros. Sólo llegarán entonces con intermediarios a comprar, en este caso, la barita del municipio.

Y este es el caso del Ejido Santa María de Chicomuselo, donde treinta miembros de la comunidad, el mínimo de socios requeridos por ley, entre ellas 12 mujeres, decidieron conformar la Agrupación Minera Santa María de Chicomuselo, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el 24 de noviembre de 2011 con sede oficial en la Casa Ejidal, aportando mil pesos cada miembro a dicha cooperativa, según su Acta Constitutiva. Con la oposición de muy pocos ejidatarios a la actividad minera y que han sido hostigados por el resto de los miembros del ejido, los socios de la Cooperativa establecieron en su estatuto el Poder Especial Irrevocable y exclusivo para la comercialización otorgado a la Ong denominada Coordinadora de Fuerzas Campesinas de Chiapas, A.C., bajo la representación del C. Oscar Jesús Hidalgo Ruiz, “para que a nuestro nombre comercialice nuestro material mineral denominado barita (sulfato de bario)”. Esta organización formará parte de la Comisión de Comercialización de la Cooperativa que en la Clausula 55 sus Estatuto la define como la que “estará integrada por un miembro electo en Asamblea General, que puede ser socio o persona externa a la sociedad y tendrá como objetivo Garantizar el funcionamiento homogéneo de la cadena, mediante el uso de instrumentos legales como normas, certificaciones, patentes, reglamentaciones, entre otras, que fomenten buenas prácticas productivas y comerciales”.

Según los Estatutos, la Cooperativa puede contar con oficinas, agencias o sucursales en cualquier parte del país o del extranjero, y su duración se estableció por tiempo indefinido. El objeto social de la Cooperativa minera es “La exploración, explotación y comercialización de todo tipo de minerales y sus derivados, así como también la importación y exportación de los mismos”; “Adquirir maquinaria para los trabajos, preparación, tratamiento y fundición de primera mano e industrialización de los productos minerales en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar y obtener minerales o sustancias al igual que elevar la concentración y pureza de sus contenidos en beta, mantos, masas, yacimientos y depósitos distinto, de los componentes de los terrenos calificados como lotes que serán verificados en los títulos de exploración y explotación (…)”. El objeto social también incluye comprar, vender, distribuir, operar y rentar equipos; establecer moliendas del mineral, entre otros. El 80% de las ganancias mineras serán repartidos entre todos los socios de la Cooperativa.

El Modelo Extractivo Minero se pretende implementar con mentiras, engaños, falsas promesas, con pobreza, degradación ambiental, contaminación y violación a los derechos humanos donde los gobiernos estatales siempre han estado coludidos apoyando este tipo de actividad extractiva. Por ello, en Chicomuselo y en la región de la Sierra siguen acechando los intereses por extraer oro, plata, plomo, cobre, barita, magnetita, titanio, entre otros minerales a costa de los pueblos. Las resistencias en la región siguen aumentando así como en todos los rincones del país con el fin de liberar los territorios de los megaproyectos, entre ellos las concesiones mineras.

En el contexto de la Reforma Energética que acarrea modificaciones a la ley agraria, de amparo, de bienes nacionales, de expropiación, entre otras, en el marco de Tratado TransPacífico, los proyectos extractivistas se acentuarán en Chiapas para despojar a los pueblos de sus territorios. Efectivamente, como se ha pronunciado el Movimiento Mexicano de Alternativa a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (MOVIAC), esta Reforma es un “Crimen de Estado” que pretende despojar a los pueblos de sus medios de sustento y elementales derechos humanos. Y hacemos eco de su llamado a la insurrección social nacional para defender nuestras tierras y los derechos humanos fortaleciendo las resistencias, generando alternativas de vida digna.

¡MARIANO VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)/M4

NOTAS:

Empresas mineras reanudaron ilegalmente trabajos en Chiapas (la Jornada)

Reactivan, de manera ilegal, extracción minera en Chiapas (chiapasparalelo.com)

Agua, cianuro y minería del oro: 30 años de accidentes

Fuente: IAgua vía Plataforma Salvemos Cabana

En los últimas décadas, la minería metálica convencional de explotación de veta por galerías subterráneas ha sido desplazada progresivamente por la explotación de minas a cielo abierto, donde el mineral objetivo está disperso en minúsculas partículas, diseminadas en grandes yacimientos.

La creciente demanda internacional del oro, debido a su elevada cotización y al hecho de que sea utilizado en épocas de crisis como activo financiero de referencia, ha hecho posible que yacimientos prácticamente extinguidos y con rendimientos muy pobres (de incluso menos de un gramo por tonelada), puedan ser explotados gracias la extracción a través del proceso de lixiviación con cianuro, que ha sustituído a la recuperación del oro mediante amalgama con mercurio, ineficiente en comparación y actualmente prohibido en muchos países debido a los graves efectos que provoca este metal pesado a nivel ambiental y sobre la salud pública. La clave está en que el cianuro permite recuperar más de un 97% del oro, frente al 60% que permitía la extracción con mercurio.

El problema asociado al empleo de mercurio no se ha resuelto con el empleo del cianuro: es uno de los venenos más potentes que pueden emplearse

El problema asociado al empleo de mercurio no se ha resuelto con el empleo del cianuro, porque esta sustancia es uno de los venenos más potentes que pueden emplearse en contacto con el entorno y puede acarrear daños irreparables tanto a la salud humana como al medio ambiente, pues incluso a dosis bajas puede afectar al aparato respiratorio, y a los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, ocular y dérmico, dado que en contacto con la piel puede absorberse. Además, la inhalación de concentraciones de 401 a 601 mg/m³ resulta mortal para el ser humano. Los efectos sobre la salud pueden durar meses o años, y van desde el riesgo de padecer cáncer a los problemas reproductivos, hipertiroidismo, o daños permanentes en el sistema nervioso.

Una tecnología de alto riesgo que busca ser prohibida en Europa

Debido a sus impactos y riesgos, desde hace años distintas iniciativas a nivel europeo han buscado la prohibición total del cianuro en tecnologías mineras. Hay una resolución ya clásica del Parlamento Europeo que ha sido el germen de posteriores iniciativas -algunas, meras copias-, que con mayor o menor fortuna se han presentado a la Comisión y otros estamentos a nivel regional, la P7 TA(2010) 0145, sobre la prohibición del uso del cianuro de sodio en tecnologías mineras.

El texto, aprobado no tiene la capacidad de prohibir, pero sí recomienda encarecidamente que este compuesto no sea empleado en la minería del oro, al considerar que es “una sustancia química altamente tóxica”, “clasificada como uno de los principales contaminantes” y que “puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica”.

Además recuerda “que en los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes importantes” y pide “a la Comisión y a los Estados miembros que no presten apoyo, de forma directa o indirecta, a ningún proyecto minero en la UE en que se empleen tecnologías mineras a base de cianuro”, “ni respalden proyectos de esas características en terceros países”, porque “el uso de cianuro en minería crea poco empleo y solo por un periodo de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes”.

Cinuro y minería del oro: Tres décadas de accidentes

En la práctica, tan sólo hace falta acudir a las hemerotecas para comprender el porqué la prohibición del uso de cianuro en minería es una prioridad, pues los accidentes han sido una constante desde la década de 1980 hasta nuestros días:

Los accidentes han sido una constante desde la década de 1980 hasta nuestros días

Mina de oro Zortman-Landusky (Montana, Estados Unidos). Operada por Pegasus Gold Inc. de 1979 a 1998, fue la primera en utilizar cianuro a gran escala en la recuperación aurífera. Debido a los continuos escapes y derrames del compuesto, los efectos sobre el ecosistema del área afectada fueron devastadores. Tras la quiebra de la compañía minera, el Estado de Montana y el Departamento de Interior de los Estados Unidos comenzaron un proceso judicial para conseguir el tratamiento de la contaminación del agua poir parte de la compañía, tal como figuraba en la declaración de impacto ambiental del proyecto.

Mina de oro Summitville (Colorado, Estados Unidos). Operada a más de 3.800 metros de altitud en las Montañas San Juan por Galactic Resources Ltd. de 1986 a 1992. Los contínuos derrames de cianuro y metales tóxicos contribuyeron a graves problemas ambientales en una franja de más de 27 kilómetros del río Alamosa, del que se abastece para riego el sector agrícola del Valle de San Luís y su cabaña ganadera, afectando además a diversas especies de anátidas y grúidos en peligro de extinción.

Mina de oro McCoy/Cove (Nevada, Estados Unidos). Operada por Echo Bay Company. En 1989 y 1990, una serie de ocho accidentes sucesivos originaron un vertido de cuatro toneladas de cianuro al medio.

Mina de oro Brewer (Carolina del Sur, Estados Unidos). Operada por Brewer Gold Company hasta 1999. En 1990, tras un período de lluvias intensas, más de 40 millones de litros de solución cianurada y toneladas de sedimentos altamente contaminados fueron vertidos en el arroyo Little Fork poniendo en peligro la salud de la población y los ecosistemas. Fueron contabilizados más de 11.000 peces muertos a lo largo de 80 km. del río Lynces. Los costes de la remediación tuvieron que ser soportados por el Gobierno federal, y actualmente este enclave está dentro de la lista de Superfund Sites, siendo uno de los lugares más contaminados de los Estados Unidos.

Mina de oro Grouse Creek (Idaho, Estados Unidos). Entre 1993 y 1997 esta mina, actualmente operada por la canadiense Hecla Mining Company, contaminó las aguas superficiales y subterráneas por distintos vertidos de cianuro, alcanzando los acuíferos e impidiendo el suministro de agua potable a la población.

Mina de oro Omai (Guyana). Copartipada por la canadiense Cambior Mining y la norteamericana Golden Star Resources En 1995, más de 3.200 millones de litros de aguas residuales cianuradas fueron vertidas al principal río de Guyana, el Essequibo, tras la ruptura de la presa de contención de una balsa minera, amenazando la vida de los pobladores y el ecosistema, consumidores del recurso hídrico y piscícola.

Mina de oro Northparkes (Nueva Gales del Sur, Australia). Coparticipada por China Molybdenum Company y Sumitomo Group. En 1995, distintos vertidos cianurados esta explotación metalífera de oro y cobre originaron la muerte de al menos 2.700 aves, encontradas en las inmediaciones del área de explotación.

Mina de oro Quarry (Nevada, Estados Unidos). Tras el fallo en la estructura de lixiviación en 1997, se originó un vertido superior a los 927.000 litros de aguas residuales cianuradas en dos arroyos locales. Actualmente es propiedad del gigante minero Newmont.

Mina de oro Homestake (Dakota del Sur, Estados Unidos). En 1998, de 6 a 7 toneladas de residuos cianurados fueron vertidos en el arroyo Whitewood envenenando el curso fluvial y acabando con su biodiversidad. Fue operada por Homestake Mining Company y coparticipada por Barrick Gold. La explotación fue clausurada en 2002.

Mina de oro Kumtor (Kyrgyzstan). Operada a 4.000 metros de altitud en las montañas Tien Shan por la canadiense Cencerra Gold Ltd. En 1998, un camión de transporte de camino a la mina originó un vertido de 1.762 kilos de cianuro que alcanzó el río Barskaun. La compañía no avisó a los residentes de la zona, que utilizaron el agua para consumo humano e irrigación hasta cinco horas después del accidente. Como resultado, casi 2.500 personas fueron envenenadas, 850 tuvieron que ser hospitalizadas y al menos hubo cuatro fallecimientos.

Mina de oro Santa Rosa (El Corozal, Panamá). Operada por la compañía minera Santa Rosa. En 1998, un derrame de cianuro envenenó la quebrada El Corozal, llegando a los ríos Corita y Santa María, arrasando la biodiversidad de la zona y poniendo en peligro el suministro de agua potable al distrito de Santiago de Veraguas.

Mina de oro de Aurul (Rumanía). Operada por la empresa Remin S.A. y coparticipada por el gobierno rumano y la minera australiana Esmeralda Exploration Ltd. En el año 2000, se rompió un dique de contención de la mina, provocando un desastre ecológico y social sin precedentes por el vertido de más de 100.000 metros cúbicos de lodos con metales pesados y aguas residuales con una concentración de 126 mg. de cianuro por litro, superando en más de 700 veces el límite permitido. El vertido tóxico descendió por el río Lapus, afluente del Somes, alcanzando posteriormente al Tisza, en Hungría y al Danubio en Serbia y Bulgaria. Este accidente, que dejó sin suministro de agua potable a más de dos millones y medio de personas, ha sido considerado como la peor catástrofe ambiental en Europa después del accidente de la central nuclear de Chernóbil.

Mina de oro de Tulukuma (Papúa Nueva Guinea). Operada por la australiana Allied Gold Mining. En el año 2000, un helicóptero de la compañía perdió en vuelo una tonelada de cianuro, cayendo en una zona a 85 km. de la capital, Port Moresby, afectando a una amplia área selvática y contaminando los cursos fluviales.

Mina de oro Lihir (Papúa Nueva Guinea). En 2001, esta explotación, operada por Rio Tinto, originó una serie de vertidos cianurados al mar, que sumados a los millones de toneladas de estériles de mina arrojados a un km. de la costa causaron una catástrofe ecológica en el entorno marino de esa zona del Océano Pacífico.

Mina de oro Twin Creeks (Nevada, Estados Unidos). Operada por Newmont Mining. En 2002, se tuvo conocimiento público de dos accidentes graves, uno de casi 6 toneladas de cianuro y otro de 230.000 metros cúbicos de solución cianurada en el arroyo Arizona, originando un desastre ambiental que todavía no ha sido remediado.

Mina de oro Greenstone/Bonanza (Nicaragua). Operada por la canadiense Hemconic, originó un vertido de cianuro en 2003 al río Bambana. Fallecieron un total de doce personas, envenenadas al consumir el agua del río.

Mina de oro San Andrés (Honduras). En 2003, cuando era operada por la canadiense Greenstone Resources Corporation, originó un vertido masivo de cianuro contaminando el río Lara, fuente hídrica de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Los residentes contabilizaron más de 18.000 peces muertos. El ecosistema quedó aniquilado.

Mina de oro Sankofa (Ghana). Operada por la Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) . Dos días de fuertes lluvias provocaron en 2004 un vertido de cianuro al río Asasere, envenenando sus aguas y con graves efectos sobre la fauna acuática. La compañía no disponía de ningún plan de contigencia y no avisó a la población circundante del vertido, por lo que la Agencia de Protección Ambiental de Ghana (EPA), procedió a la clausura de la explotación.

Mina de oro Kalgoorlie (Australia). Fuentes gubernamentales confirmaron en 2004 que la mina tuvo numerosos problemas en la gestión del cianuro durante años, contaminando de manera irremediable las aguas superficiales y subterráneas de la zona.

Mina de oro Misima (Papua Nueva Guinea). Operada por Placer Dome. En 2004 durante las operaciones de clausura, originó un vertido al océano. Miles de peces muertos llegaron a las costas de la región.

Mina de oro Phu Bia (Laos), operada por la compañía australiana Pan Australian Resources. En 2005, las fugas de cianuro contaminaron los ríos de la zona y envenenaron a decenas de pobladores en varios kilómetros alrededor del complejo, que necesitario atención médica tras consumir el agua y el pescado afectados por los vertidos.

Mina de oro Bogoso (Ghana). Operada por Bogoso Gold Limited. En 2006 reventó una balsa minera contaminando las aguas del río Ajoo y ocasionando gran mortadad de peces y crustáceos. Una treintena de miembros de las comunidades cercanas se envenenaron al consumir agua y peces y necesitaron atención médica de urgencia.

Mina de oro Zamboanga (Filipinas). Operada por la canadiense Toronto Ventures Inc. En 2007 colapsó una balsa de residuos cianurados envenenando el río Siocon.

Mina de oro North Mara (Tanzania). Operada por el gigante minero Barrick Gold. En 2009, la rotura de una balsa minera, produjo un gran vertido que alcanzó las aguas del río Thigithe. El desastre devastó los ecosistemas de la zona y costó la vida a veinte personas.

Mina de oro Minosa (Honduras). Operada por la empresa Minerales de Occidente. En 2009, la rotura de uno de los tubos empleados en la pilas de lixiviación amenazó el entorno y la salud de los pobladores de La Unión, San Andrés Minas y otras comunidades del Departamento de Copán al alcanzar la solución cianurada las aguas del río Lara, donde aparecieron cientos de peces muertos.

Mina de oro Arasi de Puno (Perú). Operada por la minera Arasi. En 2010, y fruto de las intensas lluvias en la provincia de Lampa, colapsaron varias balsas de residuos cianurados, alcanzando los cursos hídricos de los sectores de Túpac Amaru, Caichu y Cerro Minas, en el distrito de Ocuviri, afectando a los ecosistemas y la vida silvestre. Con posterioridad se supo que la mina carecía un plan de contingencia en caso de desastre.

Mina de oro Goldfields (Ghana). En 2011, la rotura de una balsa minera de esta compañía sudafricana (Goldfields Mining) originó un vertido de decenas de miles de metros cúbicos contaminando la zona con cianuro y metales pesados.

Mina de oro Sekisovskoye (Kazajistán). Operada por la minera británica Hambledon Mining. En el año 2011, se produjo un vertido de cianuro en una de las presas de contención de la balsa de residuos y alcanzando el río Sekisovka con graves consecuencias ambientales.

Mina de oro Kittilä (Finlandia). Operada por la canadiense Agnico Eagle. En 2012, las europarlamentarias finlandesas Satu Hassi (Verdes/ALE) y Sirpa Pietikäinen (PPE), señalaron en una pregunta con solicitud de respuesta escrita dirigida a la Comisión Europea la existencia de informes que indicaban la existencia de alarmantes niveles de cianuro en sus aguas residuales que habían superado los límites establecidos en la licencia ambiental de la explotación.

Mina de oro Mulatos (Sonora, México). Operada por Minera Peñoles. En 2013, un accidente de tráfico provocó el vertido de 16.000 litros de compuesto de cianuro de sodio, que alcanzaron las aguas del río Yaqui afectando al recurso hídrico y la biodiversidad. Las autoridades alertaron a los residentes de las zonas próximas de no utilizar las fuentes de abastecimiento de agua potable y tuvieron que habilitar la asistencia urgente de camiones cisterna para abastecer a la población.