Categoría: Represas

Encuentro XII Mapder

Jalcomulco, Veracruz, 12 de noviembre de 2015

En 2010 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer los 510 proyectos hidroeléctricos programados a nivel nacional para el periodo 2011-2015, de los cuales 112 corresponden al estado de Veracruz: presas, plantas hidroeléctricas, acueductos, trasvases, todo orientado a la privatización del recurso más vital, el agua. Los pueblos y organizaciones de la sociedad civil que participan en el XII encuentro nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), coinciden en que estos proyectos, lejos de contribuir al desarrollo social de las comunidades rurales y urbanas, son sinónimo de muerte y destrucción.

Los testimonios de resistencia y arraigo que nacen de los pueblos veracruzanos, en particular de Jalcomulco, donde se desenvuelve el encuentro, son tan dolorosos como esperanzadores para los diversos movimientos que acuden de todo el país al evento, pues aquí, a pesar de la represión y del poderío empresarial, muchos ríos siguen corriendo libres.

«Sacaremos a Odebrecht de la barranca»

Melesio García Morales, campesino de Limones, municipio de Cosautlán, inauguró la jornada de intercambio con sus corridos populares dedicados, entre otras, a la empresa brasileña Odebrecht, que desde 2010 amenaza con destruir la cuenca La Antigua. Este vasto sistema hídrico comprende los ríos Pixquíac, Pintores, Paso Limón, Texolo, Río Chico y Tlaltetela; atraviesa 12 municipios y soporta cerca de 1 millón de habitantes. Sus aguas caudalosas descienden por las faldas del Cofre de Perote entre barrancas y cascadas, para confluir a la altura de Jalcomulco y después seguir su camino pausado hasta el Golfo de México, ya como un sólo río: Los Pescados.

Por su ubicación geográfica pero sobre todo, por el valor de su gente, Jalcomulco es el centro neurálgico de la resistencia contra las represas proyectada por grandes potentados económicos nacionales y extranjeros sobre esta cuenca. A escasos 3 kilómetros río arriba, es donde la transnacional Odebrecht planeaba levantar la faraónica presa de derivación Propósitos Múltiples Xalapa.

Los habitantes de este poblado, famoso por su oferta ecoturística, fueron los primeros en desenmascarar este proyecto de muerte cuando en 2010 se acercaron personas desconocidas para hacer una Manifestación de Impacto Ambiental —aseguró Gabriela Maciel, vocera de Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), la organización regional anfitriona del encuentro. Fue entonces cuando las y los jalcomulquenses comenzaron a entender el tamaño de la amenaza: no sólo se trataba de construir una cortina de concreto de 100 metros de alto por 700 de ancho a orillas del ejido de Tuzamapan –supuestamente para bombear y vender agua a Xalapa (1000 metros arriba) y generar energía eléctrica para la población–, sino de producir un conjunto de obras río arriba, incluyendo la presa Matlacobatl y el complejo de «mini-presas» Isletas 2, que serviría para impulsar el «desarrollo» de la economía maquiladora y la industria extractiva en la región.

«Nos dimos a la tarea de hacer una labor de información a lo largo de toda la cuenca, que incluyó 42 comunidades albergadas en 12 municipios», explicó Gabriela. El proyecto inundaría 400 hectáreas de tierra afectando las actividades pesqueras, la ganadería, la agricultura (café, caña, mango, limón, naranja, papaya) y el ecoturismo. Lo que es peor, la sismisidad de la zona auguraba un futuro funesto a Jalcomulco y a todas las comunidades ubicadas río abajo.

La lucha se intensificó en octubre de 2013 cuando los pobladores vieron entrar la maquinaria de Odebrecht. Para impedir que la transnacional colocara la primera piedra del gigante de concreto, los defensores del río instalaron un campamento en el predio Tamarindo, bloqueando la pequeña desviación carretera que conduce al sitio previsto para la obra. Así nacieron los «Centinelas del Río», habitantes de toda la cuenca que se turnan para vigilar la zona día y noche, los 365 días del año, desde enero de 2014. Esta lucha pacífica, documentada por el colectivo Espora en La Antigua: Sangre que nutre,  «ha logrado penetrar el corazón de cada uno de los habitantes que están en la cuenca alta y baja» celebró José Luís Hernández, del tal forma que Odebrecht no ha podido empezar a construir su presa.

Además, los defensores del río están llevando una lucha jurídica sin concesiones. Reunidos en la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados, presentaron una demanda colectiva contra la empresa, la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Energía y el gobierno de Veracruz, ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Mixta, con sede en Xalapa, por «acción de obra peligrosa» que causa daños al medio ambiente. Las mil 800 personas que firmaron esta demanda siguen esperando la decisión del tribunal.

>> Audio: las palabras de Gabriela Maciel durante el encuentro

>> Video: Entrevistas con los defensores de los ríos del estado de Veracruz durante el encuentro

La presa El Naranjal

La codicia sobre los recursos naturales de Veracruz es enorme. El proyecto que quiere imponer la empresa Hidroeléctrica Naranjal SAPI de CV en el Río Blanco, afecta a las comunidades campesinas de ocho municipios: Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán, Naranjal, Cuichapa, Yanga, Coetzala, Amatlán de los Reyes y Omealca. La empresa «ingresó a nuestras comunidades con engaños y violencia contra ejidatarios y comuneros que poseen las tierras», denunciaron durante el encuentro Lilia Jiménez Romero y Marta Galiote, habitantes de Amatlán de los Reyes y miembros del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, al cual pertenecía Noé Vásquez Ortiz, asesinado por sicarios durante el X encuentro nacional del MAPDER con sede en este municipio.

La lucha de Noé y de Defensa Verde también inició en 2010. Las visitas de agentes extraños que pedían permiso para realizar estudios de suelo en sus terrenos los alertó. Estos agentes encubiertos hacían creer a las comunidades que su objetivo era inventar nuevos fertilizantes para mejorar los cultivos y quienes se atrevían a impedirles el paso, empezaron a ser sujetos de intimidaciones, incluso armadas. Por un tiempo la constructora propiedad de Guillermo X González Guajardo, quien encabeza una red de empresas dedicadas al sector energético, consiguió realizar algunos estudios, pero muy pronto se tuvo que enfrentar al rechazo sistemático de los habitantes.

Prevista para 2013, la presa se encuentra parada gracias al trabajo de Defensa Verde, que junto a La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), se dio a la tarea de investigar e informar a las comunidades sobre los impactos del megaproyecto «para que la gente conozca sus derechos» y decidan libremente si van a vender o no sus tierras —dijeron las compañeras.

Según lo asentado en la Pre-audiencia sobre «Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad» del Tribunal Permanente de Los Pueblos (TPP), El Naranjal afectaría mucho más que la vida de los ríos, también mermaría la agricultura, la ganadería y el ecosistema en su conjunto.

De realizarse, El Naranjal sería la hidroeléctrica más grande de Veracruz y la novena del país. Las aguas embalsadas de los ríos Blanco y Metlac serían desviadas a través de un canal de 23 kilómetros antes de llegar a la casa de máquinas, consistente en 2 turbinas con potencia de 180 megavatios cada una. Sin embargo, ante la creciente oposición de la gente, la empresa tuvo que modificar el proyecto inicial y ahora propone enterrar el canal a unos 100 metros de profundidad. Pero a la gente no le bastó el argumento. «El problema es que el agua del río Blanco es muy sucia porque las industrias descargan sus desechos químicos allí y tememos que contaminen nuestros mantos acuíferos en caso de fisura», explicó Lilia Jiménez Romero en entrevista.

«Tenemos que luchar por nuestras tierras, por nuestra gente, por nuestras familias, por nuestros ríos», insistieron las compañeras de Amatlán ante el pleno. «El objetivo es que la empresa no lleve a cabo el proyecto en nuestras tierras porque no lo estamos pidiendo, son ellos que lo quieren imponer y deben respetar nuestra decisión».

Entre las acciones de defensa jurídica, se interpuso un amparo contra las dependencias que dieron los permisos a la empresa sin informar a las comunidades, pero éste fue rechazado por el juzgado de Córdoba. Ahora está en proceso de revisión ante el magistrado en Boca del Río. Mientras tanto, los promotores del proyecto siguen con su campaña de mentiras esperando así consumar el despojo.

>> Audio: El testimonio del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre

>> Mapa: los proyectos de represas y trasvases en el estado de Veracruz

La defensa del río Atoyac contra los trasvases

En el 1998, el ex-gobernador de Veracruz Fidel Herrera manifestó su intención de construir un acueducto para llevarse el agua del río Atoyac, que nace en las alturas del municipio de Amatlán, hacia la ciudad de Córdoba. «Nos movilizamos contra este proyecto porque el río sustenta el sistema de riego de 120 mil hectáreas de cultivos básicos de los municipios de Atoyac, Carrillo Puerto, Yanga, Cuitláhuac y Amatlán», explicó en entrevista José Enedino González Nava, presidente de Pueblos Unidos Pro Derechos Constitucionales A.C. «Iban a sacar muchísima agua: 14 pulgadas por segundo», puntualizó.

Como salido de ultratumba, el proyecto revivió en 2012 y fue necesario instalar un campamento en la localidad de Ojo de Agua Grande para impedir la entrada de la maquinaria. Al igual que en Jalcomulco, el campamento se ha mantenido para enfrentar cualquier reactivación de la construcción y recibe regularmente visitas solidarias de organizaciones veracruzanas, nacionales e internacionales.

Todavía en 2014, el ayuntamiento de Amatlán propuso derivar las aguas del Atoyac hacia la zona industrial vecina donde se ubican empresas como Bimbo, Coca Cola y San Roque. Las consecuencias de la reiterada movilización y rechazo público por parte de los defensores del río fueron claras: «las autoridades nos dejaron sin obras y casi sin programas sociales», aseveró José Enedino.

>> Audio: El testimonio de José Enedino González Nava ante el pleno

La cuenca del Bobos-Nautla y las mini-hidroeléctricas

Existen 22 proyectos de hidroeléctricas en esta cuenca ubicada en el norte del estado, entre los cuales están las tres «mini-hidroeléctricas» (PH1, PH3 y Ocampo-Cuetzalin) que promueve la española Impulsa Generación Renovable (IGR) sobre el río Jalacingo. «Nuestra lucha ha sido difícil», sopesó Aurora Juárez Barriento, de la comunidad de Epapa, quien forma parte de la Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Bobos-Nautla.

Desde el 2009, la Alianza ha contenido la construcción de los «mini» proyectos y evitado sus «mega» afectaciones. En abril de este año, los habitantes de Jalacingo ganaron un amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, que ordenó la suspensión provisional de las tres obras, evitando «que se afecte el entorno ecológico de las comunidades indígenas, en específico el derecho humano al agua, impidiéndose un daño irreversible en los manantiales situados en dichos sectores desprotegidos de la vida nacional», como indica el fallo de tribunal.

Ganaron una batalla pero siguen en resistencia contra la campaña de desinformación de IGR. «Hace unos 15 días estuvieron los de la empresa con integrantes de Pronatura (una organización ambientalista). Llevaron oficios a las autoridades comunitarias porque dicen que quieren dar pláticas a los niños y a los jóvenes y hablar de la importancia de la reforestación que están haciendo», contó Aurora. «En ese oficio dice que para aminorar los impactos que van a causar las hidroeléctricas van a reforestar y enseñar a los niños a cuidar a la naturaleza. Que contradicción!» —se ofendió.

Además de enfrentar la hipocresía, los opositores a las presas son señalados por la autoridad municipal que los acusa de estar «en contra del progreso» de su comunidad. «Vamos a seguir en resistencia», aseguró la luchadora.

>> Audio: El testimonio de Aurora Juárez Barriento

Teocelo protege al Río Matlacóbatl

Los habitantes del municipio de Teocelo, organizados en la Asamblea Matlacóbatl Teocelo (AMA Teocelo), combaten desde el 2012 la construcción de dos proyectos complementarios de «mini-hidroeléctricas» que fueron autorizados sin la más mínima consulta de las comunidades afectadas. El primero, Sistema de Generación Hidroeléctrica Matlacóbatl, es un proyecto de Constanza Energética, SA de CV. sobre el río Matlacóbatl (Serpiento Azul en nahuatl), al sur de Xalapa, en la cuenca de La Antigua. El segundo, bautizado «Isletas», está a cargo de Perseveranza Energética, SA de CV. e involucra a los municipios de Coatepec y Xico. Las tres «mini-hidroeléctricas» de Isletas afectarían irremediablemente a los ríos Texolo, Limón y Pintores. Ya que por más «minis» que sean, «el impacto ambiental es el mismo», sentenció Cristel Martínez, habitante de Teocelo e integrante de AMA Teocelo.

En este caso, los empresarios amenazan con destruir la barranca Matlacóbatl, «un lugar de diversidad increíble» reconocido por la Convención Ramsar relativa a los humedales de importancia internacional. A su vez las cascadas del Infiernillo y Tocuapan, reconocidas por la gente del lugar, prácticamente desaparecerán.

>> Audio: El testimonio de Cristal Martínez de AMA Teocelo

Los desplazados de Barranca Grande

En 2008, la comunidad de Barranca Grande, ubicada en las cañadas del municipio de Ixhuacán de los Reyes, sufrió un deslave que destruyó una decena de viviendas y cobró la vida de dos personas. Con este pretexto, la comunidad fue decretada zona de desastre y se dio inicio a la reubicación de 355 familias en la flamante ciudad rural de Barranca Nueva, construida a unos 10 kilómetros de ahí.

Las medidas de presión para forzar a la gente a mudarse a las «nuevas casas lujosas de cartón» —como las califican los habitantes más renuentes al desplazamiento— han ido en aumento: primero se les negó la educación a los hijos de las familias que decidieron quedarse en Barranca Grande de tal forma que la escuela del pueblo se ha quedado sin maestros; ahora el Instituto Federal Electoral se niega a empadronar a estas familias, como una medida para evitar el regreso de muchas otras que empiezan a entender el tamaño del engaño y que lamentan su nueva situación. En efecto, al mudarse a Barranca Nueva, tuvieron que dejar sus tierras y sus huertos, que eran precarias pero verdaderas fuentes de sustento cotidiano.

Hoy, la comunidad se encuentra fatalmente dividida. No son raros los casos de jefas de familia que se mudaron a la ciudad rural para garantizar la educación de sus hijos, dejando a sus maridos a cargo de las antiguas viviendas, más amplias y mejor acopladas a los gustos y necesidades de la gente. Mientras algunos desplazados retornan hacia el paraíso ecológico que dejaron al fondo de la barranca, otros siguen a la espera y comienzan a poner en duda las verdaderas intenciones del gobierno. ¿Desde cuándo las autoridades veracruzanas se han preocupado por la seguridad de los asentamientos humanos? ¿No fueron las propias autoridades de protección civil las que reubicaron en Barranca Grande a las víctimas del huracán de 2008?

El crecimiento de lucha contra las preseas, así como la articulación desde 2010 de Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), no han hecho más que profundizar una sospecha que se lee en el paisaje: tal vez, al desplazar a los habitantes de Barranca Grande, el gobierno estaba preparándose para instalar sus presas e inundar la cuenca alta de La Antigua.

>> Audio: Testimonio de uno de los desplazados de Barranca Grande

  VIDEO: Habitantes de Barranca Grande vs el desplazamiento

Nota: este material está publicado bajo una licencia Creative Commons. Copia, reproduce y distribuye; sin fines comerciales. Colaboramos en este esfuerzo: Agencia SubVersiones, Espora, Geocomunes, Hijos de la Tierra, Koman Ilel, Otros Mundos, Radio Teocelo y Telar de Raíces.

 

 

Jalcomulco, Veracruz, miércoles 12 de noviembre de 2015

“El problema en Veracruz no es la escasez del agua, sino su calidad”, analizó Hipólito Rodríguez durante el XII Encuetro Nacional del Moviemento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rios (MAPDER) en Jalcomulco, Veracruz. El investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Unidad Golfo, Xalapa) recordó que la entidad con sus seis cuencas (Panuco, Pantepec, Nautla, Antigua y Papaloapan y Coatzacoalcos) representan el 30% del agua que escurre en todo el país. Esta abundancia se debe a importantes precipitaciones y a numerosos bosques que capturan la humedad, pero está amenazada por la contaminación industrial. “Muchas industrias como la industria del azúcar obtienen grandes ganancias pero no invierten en el tratamiento del agua que utilizan, causando problemas de escasez en ciertas zonas donde el agua ya no puede ser utilizada para el consumo humano”, explicó el investigador, miembro de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA).

 

En ciertas ciudades, al problema de la contaminación se suma una mala gestión de la distribución de agua potable como en la ciudad de Xalapa donde se registran muchas fugas. ¿Cómo las autoridades de la capital del estado piensan resolverlo? ¿Invirtiendo en nuevas infraestructuras o darle mantenimiento a las existentes? No. Construyendo una presa de 100 metros de altura y 700 metros de ancho en Jalcomulco para trasladar agua limpia del río Pescados a los capitalinos. Este proyecto, conocido como “Propósitos Múltiples Xalapa”, promovido por el gobierno estatal y llevado por la empresa brasileña Odebrecht, fue detenido hasta el día de hoy gracias a la movilización de los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL). Este tipo de infraestructura “no resuelve nada”, advirtió Hipólito Rodríguez, según quien urge “que las ciudades aprendan a cuidar el agua.”

“Los ríos son de la población”

En vez de promover gestiones comunitarias y sustentables del agua cuenca por cuenca, muchas municipalidades prefieren entregar los servicios de distribución de agua potable al sector privado. En Xalapa, Odebrecht no sólo quiere construir una presa sino también gestionar el sistema municipal de distribución del agua. Ya lo logró en la ciudad de Veracruz, donde acaba de obtener un contrato de 30 años para gestionar su sistema de agua junto con la empresa Aguas de Barcelona, filial del grupo francés Suez  Environnement.

No dejar el manejo de las cuencas a las poblaciones locales puede llevar a que ocurran aberraciones. Como quitar el agua de los Veracruzanos para alimentar hogares y empresas en otros estados. De esta lógica nació un proyecto de presa en el río Panuco para desviar agua hacia la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, donde a pesar de la escasez de agua se están multiplicando los proyectos de extracción de gas de lutita. Este gas no convencional se extrae mediante la técnica ultra contaminante de la fractura hidráulica, que consuma millones de litros de agua. Hipólito Rodríguez invitó al público a “participar en consejos de cuencas ciudadanos” para enfrentar la amenaza de la privatización, recordando que “los ríos son de la población.”

>> AUDIO de la presentación de Hipólito Rodríguez

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Jalcomulco, Veracruz, 2015.

Del 10 al 12 de noviembre en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, nos reunimos pueblos, organizaciones y defensores de los ríos y el agua en México para celebrar el XII Encuentro Nacional del MAPDER. El objetivo de este encuentro fue fortalecer las resistencias en defensa del agua, la vida y la tierra contra la política extractiva y diversos proyectos de  infraestructura que amenazan la vida de los pueblos y ciudades.

Durante 3 días nos dimos cita, alrededor de 400 personas provenientes de distintos estados de la Republica: Chiapas, Colima, Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de  México, Puebla, y  diversas regiones de Veracruz; así como la presencia de observadores internacionales: Costa Rica, España, Italia, Francia, Holanda, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia,  Cuba.

Desde hace tres años los defensores del agua y los pueblos afectados por represas, analizamos los mecanismos que el Estado ha implementado para la imposición de la privatización de la energía y el agua, disminuir los costos de producción del capital de las industrias y desmovilizar la organización y autodeterminación de los pueblos sobre su vida. Es por eso que nos reunimos para compartir, consensar y decidir cómo y de qué manera continuaremos en nuestra lucha para defender, proteger y reivindicar nuestras alternativas de vida, distintas a las que el Estado pretende imponer sobre nuestro territorio.

Las organizaciones, movimientos, colectivos y personas que fuimos parte del XII Encuentro Nacional de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima y Distrito Federal,

Firmamos:

Los anfitriones del encuentro:

Pueblos Unidos en Defensa de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (Pucarl) y Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

Comunidades, organizaciones y comunidades de Veracruz: la Alianza Mexicana contra el Fracking, Coordinadora de Acción Solidaria en Defensa del Territorio de las Huastecas y el Totonacapan (CORASON), el Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, Por un Veracruz Limpio, Asamblea Ama Teocelo.

Movimientos y organizaciones de Jalisco, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Guadalupe Lara e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.; Colima Bios Iguana A.C, de Nayarit, el Consejo Nayeríh; de Puebla el Consejo Tiyat Tlalli y la Organización Totanaku; de Guerrero, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, CECOP; de Oaxaca, el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Copudever, y Servicios para una Educación Alternativa A.C., Educa; de Chiapas, el Comité Comunitario de Derechos Humanos del Valle Tulijá de Salto de Agua, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio,  el Movimiento Contra la represa de Huistán I y Huistán II, el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la Participación de las Mujeres en la Toma de Decisiones, Chiapanecos en Defensa del Agua, la Voz del Pueblo, el Consejo Autónomo de la Costa de Pijijiapan, Las Abejas de Acteal, Movimiento Campesino Regional Independiente adherido a la Coordinación Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional  (MOCRI-CNPA-MN); las organizaciones Otros Mundos A.C., Casa de la Mujer y las comunidades del municipio de Salto de Agua y San Juan Cancuc; del Distrito Federal Coalición Internacional para el Habitat, Oficina para América Latina, Hic-Al; Colectivo Hijos de la Tierra, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C.; de Colima, Bios Iguana.

Las comunidades de Veracruz: Boca del Río, Llano Grande, Municipio de Teocelo, Cosautlán, Limones, Nueva Villa Barranca Grande, Municipio Ixhuácan de los Reyes, Coetzala, Municipio de Apazapan, Xalapa, Coatepec, Teócelo, Xico. las organizaciones: SENDAS AC., Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Invitados: Movimiento por la libertad del agua y vida Tlanixco, afectados de Costa Rica por la Presa Reventason.

Este encuentro se enmarca en la aplicación de la primera fase de la Reforma Energética que impulsa de sobre manera los proyectos de fractura hidráulica y de presas para la generación de energía eléctrica, amenazando severamente los cuerpos de agua de las poblaciones rurales y elevando el costo de la luz a los usuarios domésticos de la ciudad y del campo.

También se contextualiza en la lucha contra la privatización del agua y contra el impulso del agua como una mercancía, muestra de ello es la propuesta de la Ley Korenfeld que aunque se cancelo, siguen presentes proyectos de privatización del agua, como: transvases de cuenca, Proyecto Monterrey VI, las concesiones de los servicios municipales de agua de la ciudad de Medellín, Boca del Río y  el Puerto de Veracruz.

Todo esto se da en un contexto nacional de falta de confianza en las instituciones públicas que lejos de proteger la soberanía de los pueblos funciona para las empresas y el poder del Capital: Procuraduría Agraria,  SEMARNAT, CONAGUA, Gobiernos estatales, nacionales, etc.  de la democracia partidista como forma de participación política, así como en un contexto de injusticia, inseguridad, represión y criminalización de la protesta social, en  muchos casos este hostigamiento  proviene de empresas y gobiernos vinculados y/o que forman parte de las estructuras del crimen organizado.

La política extractiva que genera proyectos coordinados y de expansión, como en muchos casos, la minería tóxica asociada con la construcción de presas, gasoductos o bajo la técnica de fracking.

Proyectos a los que nos oponemos en Veracruz:

• El Proyecto Propósitos Múltiples Xalapa, amenaza la cuenca del Río Antigua desde la parte alta de la cuenca hasta la parte media y baja, afectando a más de un millón de personas.  Las características de dicho proyecto es una presa de 100 metros de altura por 700 metros de ancho con un embalse de 400 has. Este proyecto pertenece a un convenio entre la empresa Oderbrecht y el Gobierno del Estado de Veracruz.  Además de las concesión de los servicios  municipales del agua Boca del Río, Puerto de Veracruz y Medellín.

• Proyecto hidroeléctrico el Naranjal esta proyectado en el Río Blanco, consiste en una presa de derivación para la  producción de energía de 180MW.  Afectando a casi 60 mil personas en la región de Córdoba- Orizaba y del municipio de Amatlán.
• Proyectos de “minihidraúlica” en la cuenca del rio Bobos-Nautla a cargo de la empresa IGR en el municipio de Jalacingo y Tlapacoyan.

DEMANDAS  

Río La Antigua

Cancelación de todos los proyectos hidroeléctricos  y de fractura hidráulica en Veracruz. Que se declare nulo el contrato realizado por la empresa brasileña Oderbrecht y el Gobierno del Estado de Veracruz.

Que se respete la veda de 1935 que protege el río La Antigua y que se ratifique el decreto.

Que se retiren las treinta y tres demandas que tienen, ejidatarios, avencidados y los miembros el comité.

Río Blanco

Destitución del delegado estatal de la Procuraduría Agraria Cirilo Rincón, quien ha estado hostigando al ejido de Cuichiapa para que vendan las tierras favor de la empresa Hidroeléctrica el Naranjal. Que el presidente municipal de Amatlán de los Reyes Miguel Ángel Castro Rosas por la intensión de despojar de un terreno comunitario de 20 has a campesinos del Naranjal los miembros del TINANM.

Que los asesinos de Noé Vásquez se les dicte sentencia acusatoria.

Cuenca del Bobos-Nautla

Destitución del presidente municipal de Jalacingo, por operar recursos públicos a favor de los proyectos privados hidroéléctricos que hoy se encuentran por Ley suspendidos. Denunciamos la injerencia de la PRONATURA a favor de la empresa IGR.

Advertimos la importancia de prohibir la técnica de fractura hidráulica, ya que atenta contra la soberanía alimentaria e hídrica.

Oaxaca

El MAPDER hace suya la exigencia del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Copudever), de cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna, y con él declaramos nuestro rechazo a todo proyecto de desarrollo e infraestructura, en específico a las concesiones mineras previstas para la región costa y sierra sur de Oaxaca, así como a los 13 proyectos hidroeléctricos.

Guerrero

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sostiene como única demanda la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico presa La Parota. Después de 12 años de incansable resistencia, los comuneros y ejidatarios seguimos en pie de lucha aún cuando hemos padecido la más grave embestida por parte del gobierno en los últimos dos años con la detención de 5 compañeros entre ellos la compañera María de la Cruz Dorantes Zamora y el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz a los que se unen más de 80 órdenes de aprehensión y el asesinato del compañero Celerino García Hernández que se suma a los cuatro compañeros asesinados en los años anteriores.

El CECOP agradece la hospitalidad y expresa la más amplia solidaridad con el colectivo de los Pueblos Unidos de Jalcomulco.

Proponemos que a partir de la toma de conciencia de la cambiante situación nacional, el MAPDER impulse la más sólida unidad con los movimientos sociales democráticos del país y, además de la lucha contra las presas y en defensa de los ríos, nos solidaricemos con las familias de los 43 normalistas desaparecidos; impulsemos la respuesta en contra del cambio climático integrpandonos a la marca mundial contra la COP21 y participemos en la resistencia contra el Acuerdo Transpacífico (TPP) para que se cancele. ¡México no debe entrar al TPP!.

Nayarit

El MAPDER respalda y levanta la exigencia no negociable de los pueblos indígenas Nayerih y wixárika de cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital. Falso que las comunidades ya aceptaron el cambio de uso de suelo en consulta y que la construcción empezaría en enero de 2016, no hay tal. Repudiamos la sucia presión que los promotores de la presa hacen sobre los pueblos para intentar doblegarlos. Hacemos nuestra la palabra de nuestros hermanos y hermanas: No queremos una mesa de negociación, ni siquiera queremos ahora la consulta, porque ya lo decidimos, a las comunidades no nos conviene la presa y nosotros no la pedimos.

Jalisco

En el MAPDER exigimos se acate el fallo de la controversia constitucional 93/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplique su Protocolo de Proyectos de Desarrollo e Infraestructura, así como se garantice la seguridad y permanencia de las comunidades afectadas, Temacapulín, Acasico y Palmarejo, como el respeto a los Derechos Humanos de sus habitantes. Exigimos la cancelación del trasvase El Zapotillo-León que traería enormes afectaciones sociales y ambientales a Los Altos de Jalisco, una de las regiones productoras más importantes del país.

Exigimos, además, una justa indemnización y resarcimiento integral de los daños morales, económicos y psicológicos a la luchadora social María Guadalupe Lara Lara, afectada por la presa de Arcediano, Jalisco.

Puebla

El MAPDER hace suya la exigencia de los pueblos totonaku-nahua-otomí-tepehua para que se cancelen proyectos hidroeléctricos, mineros y de fractura hidráulica en la Sierra Norte de Puebla. Respaldamos la defensa de las cuencas de los ríos Apulco, Cempoala y Ajajalpan, que desembocan en el Tecolutla, y donde pretenden imponer, entre otros, los proyectos hidroeléctricos Puebla 1, Puebla 2 y Puebla 3, de la empresa Deselec-Comexhidro, que afectarían sobre todo a municipios y comunidades de Ahuacatlán, San Felipe Tepatlán y Tlapacoya. Reclamamos la cancelación de las denuncias penales contra 14 compañeros. La decisión de los pueblos es: Si llegan las máquinas  vamos a pararnos enfrente y a expulsarlas de nuestros territorios porque ya decidimos el rechazo a los proyectos de muerte.

Chiapas

En Chiapas nos oponemos a los proyectos de infraestructura y despojo de los bienes naturales de la súper carretera San Cristóbal-Palenque, contra la represa del Paso Naranjo y del Valle de Tulijá, contra la represa Huistán I y Huistán II en defensa del río Santo Domingo,  contra la presa hidroeléctrica de Tenosique en defensa el río Usumacinta, contra los monocultivos de palma africana y Eucalipto, contra la privatización del agua en Tuxtla, contra la contaminación de un manantial por parte de la empresa de basura PRO-ACTIVA, contra la presa Cuilco y Chispal que afectan al municipio de Huehuetan y Mazatan, del río Cacahuatán y Coatán,  contra la presa hidroeléctrica la Boquilla que afectará también a Guatemala, contra la presa Itsantun, Chinin y la explotación petrolera del Naranjo, así como diversos proyectos ecoturísticos.

En la cotidianidad nos enfrentamos a la criminalización de nuestras luchas, asesinatos, encarcelamientos y hostigamiento. En Chicoacén II tenemos al abogado Ortega Luna detenido y 17 órdenes de aprehensión. En nuestras comunidades hay constante intimidación, además de la compra de consciencias por medio de proyectos gubernamentales. Denunciamos la presencia paramilitar en nuestros pueblos que ha traído la muerte de nuestras familias. Esta estrategia de terror que usan los gobiernos para despojarnos de nuestras comunidades, tal es el caso del Pueblo Nuevo Solistahuacán donde asesinaron al compañero Armando Montejo López y a su hijo Celestino Montejo Díaz a mano del grupo Diablos Rojos.

Exigimos justicia para la familia Montejo, los diescisiente detenidos del MOCRI CEMPA MN  y también para la familia de Mariano Abarca. Así mismo nos unimos a la lucha por la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.

Colima

El MAPDER se solidariza con la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Colima, y exige al Registro Agrario Nacional no legalice la asamblea ilegal que promovió la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, para remover de su puesto a Taurino Rincón de la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales legítimamente electo en asamblea convocada en 2014 por la misma funcionaria y ahora lo criminaliza junto a los comuneros Rosalío Martínez y Jesús Martínez bajo denuncias penales de despojo y crimen organizado. Exigimos cese el hostigamiento y criminalización de la organización Bios Iguana, así como reclamamos respeto a la declaratoria de territorio libre de minería que hizo la comunidad indígena en asamblea legal.

Concluimos

• Exigimos la cancelación de los proyectos de presas en México, en su lugar demandamos la protección y saneamiento de los ríos.
• Cesen todos los proyectos de fractura hidráulica en la región Huasteca y Totonoca y sur de Veracruz.
• Se libere y se atienda la salud de los compañeros de Chicoasén II de Chiapas y nos solidarizamos con la liberación de la compañera Nestora Salgado.

El MAPDER envia un saludo solidarios a las comunidades de la cuenca del río Doce, Brasil, departamento Bento Rodrigues Minas Gerais, donde estallaron dos represas de jales de la empresa minera Samarco Vale & Billiton que ocasionaron la muerte de 16 personas, 200 desaparecidos y contaminan el agua del afluente.

¡¡Ríos para la vida no para la muerte!!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

El XII Encuentro Nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) se llevará a cabo a partir de mañana martes 10 de noviembre hasta el 12 de noviembre en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, anunció el comité organizativo durante una conferencia de prensa en Xalapa este lunes 9 de noviembre. “Somos un movimiento nacional donde se agrupan organizaciones, movimientos y luchas que están en defensa de los ríos y afectados por la construcción de presas de abastecimiento de agua e hidroeléctricas”, dijo Libertad Díaz, miembro de la asociación civil chiapaneca Otros Mundos A.C. y de la coordinación del MAPDER.

“Cada año tenemos esta actividad donde los pueblos nos encontramos para analizar nuestro contexto político, planear estrategias que nos den pistas para enfrentar las violaciones a los derechos de los pueblos”, añadió Libertad Díaz. La acompañaban en esta rueda de prensatres otros integrantes del MAPDER: dos miembros de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Rosalinda Hidalgo y Emilio Rodriguez, así como Alejo Ruíz, del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), anfitrión del encuentro.

Se analizarán la reforma energética y la propuesta de Ley de Aguas de la Conagua

Durante el evento, al cual participarán organizaciones de México (Chiapas, Guerreo, Oaxaca, Nayarit, Puebla, Jalisco) y de otros países (Costa Rica, España), se analizarán las consecuencias de la reforma energética de 2014 y también la propuesta de reforma de la Ley de Aguas propuesta por la Comisión Nacional del Agua en marzo de este año y temporalmente enterrada por la Cámara de Diputados. “La imposición de las reformas energéticas en el país, que impulsan hidroeléctricas y proyectos de hidrocarburos, afectan directamente a los pueblos indígenas y campesinos desplazándolos de sus territorios, arrebatando su patrimonio, contaminando los ríos y destruyendo las cuencas hidrológicas”, escribieron los organizadores en un boletín de prensa leído durante la conferencia (ver documento 1 abajo de esta nota).

Es la segunda vez que la entidad gobernada por Javier Duarte (PRI) es la sede de un encuentro nacional del MAPDER: en 2013, el X encuentro se llevó a cabo en Amantlán de los Reyes, cuña de la lucha contra la presa El Naranjal. “No es casual que el evento se haga otra vez en Veracruz porque hay más de 100 proyectos hidroeléctricos en el estado y varios proyectos de fracking”,  dijo Rosalinda Hidalgo en referencia a la voluntad del gobierno de permitir la extracción de gas de lutita, un gas no convencional que se extrae mediante la técnica ultra contaminante de la fractura hidráulica, o fracking en inglés. “Siendo Veracruz el estado prioritario para la explotación del agua, petróleo y gas, es importante que las organizaciones y los movimientos que conformamos el MAPDER fortalezcamos las luchas del estado y generemos estrategias colectivas para la defensa y protección de los bienes naturales del país”, escribieron los organizadores en su boletín.

Jalcomulco, “corazón de las resistencias por la defensa de los ríos”

La elección de la ciudad de Jalcomulco, “corazón de las resistencias por la defensa de los ríos” según los organizadores, no es casual tampoco. Allí se concentra la lucha de los defensores de la Cuenca de la Antigua, amenazada por varios proyectos. Uno de ellos, llamado “Propósitos Múltiples Xalapa” (“que incluye una presa de 100 m. por 700 metros de ancho que inundaría 400 has. de territorio con importante biodiversidad en la región”, precisa el boletín de prensa), se quiere imponer en el municipio sobre el río Pescados. Es promovido por el estado de Veracruz para abastecer en agua a la ciudad de Xalapa y llevado por la empresa brasileña Odebrecht, la que acaba de ganar un contrato de 30 años en el municipio de Veracruz para gestionar su sistema de agua potable junto con la empresa Aguas de Barcelona, filial de la francesa Suez Environnement.

Los opositores a la presa de Odebrecht lograron detener el proyecto hasta el día de hoy pero han sido criminalizados: en mayo de este año, fueron ilegalmente detenidos y recluidos tres ejidatarios de Jalcomulco e integrantes de PUCARL. Organizar el encuentro en este lugar es “un reconocimiento a la lucha en Jalcomulco”, dijo Libertad Díaz durante la conferencia de prensa.

Alegría en medio de la represión

Los organizadores hablaron del contexto de alta represión que reina en el estado de Veracruz. No se puede ignorar ya que en 2013, Noé Vasquéz Ortiz, quien participaba al encuentro en Amatlán de Los Reyes, fue asesinado el día de la inauguración. “Hemos tenido reuniones a nivel de la red para evitar cualquier tipo de atentado”, dijo Rosalinda Hidalgo, precisando que como organizadores elaboraron una carta en la cual solicitaron “al gobierno de Veracruz, al gobierno federal y a las instancias responsables de vigilar los derechos humanos en México resguardar la reunión” del MAPDER. El documento fue firmado por cerca de 70 organizaciones y académicos de México y el mundo (ver documento 2).

Los organizadores quieren que “este encuentro (sea) una gran fiesta de conciencia alegría que tejera un manto de fuerza entre los activistas aquí presentes”. Par los defensores de los ríos del estado de Chiapas, será la ocasión de vizibilizar sus luchas. Estarán presentes compañeros de 13 organizaciones y comunidades del estado: del Comité de Derechos Humanos de San Juan Bautista (Las Margaritas), del Comité de Derechos Humanos de la Región de Tulijá (Salto de Agua), de la Vicaria, del Comité de Derechos Humanos San Miguel Arcángel de la parroquia de Huixtán, del movimiento La Voz del Pueblo, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), del colectivo Chiapanecos en Defensa del Agua (Tuxtla Gutiérrez), del Centro de la Mujer Ixim Antsetik de Palenque, de la comunidad de Huitiupán, de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Chenalhó, de la Parroquia de San Juan Cancuc y de la asociación Otros Mundos A.C.

DOCUMENTOS:

1) El Boletín de Prensa del XII Encuentro Nacional del MAPDER

2) La carta de aliados nacionales e internacionales para solicitar vigilancia y respeto al XII Encuentro Nacional del MAPDER

Redacción Desinformémonos

Los días 10 y 12 de noviembre el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER),  los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL) y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y en Defensa Ambiental (LAVIDA), realizaran el XII Encuentro de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.

“No es casual que Veracruz vuelva a ser el anfitrión de este encuentro, dado que esperamos 102 proyectos hidroeléctricos en la entidad. Como en Jalcomulco, donde está asentado el río La Antigua y quieren hacer una presa de 700 metros de ancho y 100 metros de alto”, explica Rosalinda Hidalgo, integrante de Mapder Veracruz a Mónica Montalvo, de Hijos de la Tierra.

Hidalgo explica que este año los ejes del evento tratarán sobre sobre la reforma energética, como el fracking, presas y minas, pero también analizaran los impactos sobre las comunidades indígenas y campesinas en las nuevas políticas privatizadoras del agua. En Veracruz, explica Hidalgo, la misma empresa que quiere hacer la presa en Jalcomulco, se quiere agencia los servicios municipales de agua. También se discutirá sobre la reforma agraria y los conflictos que puede generar.

“Jalcomulco es el corazón de la resistencia veracruzana y se ha convertido en un referente en año y medio”, explica Rosalinda. La articulación regional de los pueblos de la cuenca contra la presa ha conseguido que la empresa brasileña Odebrecht se retirara provisionalmente y se consiguiera una pequeña victoria.

También, Veracruz necesita atención por la represión que están padeciendo sus activistas, comenta la organizadora. Desde el asesinato de Noé Vázquez en 2013, quien se oponía a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, que desde 2009 se pretende instalar en la cuenca de los ríos Blanco y Metlac, la escalada de violencia contra ecologistas y periodistas no ha cesado. El clima de hostigamiento y criminalización va en aumento pero también los frutos de las luchas, como en la cuenca Bobos-Nautla o en Amatlán de los Reyes, donde las movilizaciones han dado sus resultados.

“Van a venir de Jalisco, Nayarit, Chiapas, Colima, Oaxaca… Contaremos con la presencia de Marco Antonio Suástegui, referente por la defensa de los ríos en Guerrero y otras compañeras”.

Por último, los organizadores apuestan que el encuentro sirva para “tejer un manto de fuerza” entorno a experiencia  y luchas de todo el país.

Más información:

Convocatoria al 12o. Encuentro Nacional del MAPDER

Sitio web del MAPDER

 

Por Juan Ives Palomar, en Subversiones

Las familias de Acasico, un pequeño pueblo en Jalisco, situado a 140 kilómetros de Guadalajara, viven en medio de la incertidumbre y la desconfianza debido a la amenaza latente del mega proyecto de la presa El Zapotillo.

La comunidad se encuentra en el corazón de los territorios amenazados por los planes de inundación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  Los vecinos de este pueblo, junto con los de Palmarejo y Temacapulín, deben de ser desplazados del territorio que históricamente han habitado, según las proyecciones del proyecto y el gobierno mexicano.

En contraste con siglos pasados, en la actualidad, Acasico cuenta con aproximadamente 200 habitantes. Por su parte, Flamacordis, que es un poblado hermano que se encuentra a unos metros cruzando el río Ancho, está prácticamente vacío. La mayoría de las casas de «aquel lado» (como dicen los vecinos) son ya viejas ruinas de adobe, solo una pequeña casa resiste conectada a algunos servicios. Hasta hace algunas décadas, en ambos pueblos que conectaban el municipio de Mexticacán con el de Yahualica de González Gallo, vivían centenares de campesinos según narra Francisca, una vecina de Acasico.

Durante la década de los 80, cuando los efectos de la implementación de «El Nuevo Modelo Económico» se comenzaron a sentir, se aceleró la migración del campo a la ciudad. De esta manera, Acasico y Flamacordis (como miles de otras comunidades rurales en todo el país) fueron perdiendo habitantes. «La gente se iba para el norte o para la ciudad desde que yo era chamaco, desde los años 50 algunos de nuestros padres ya se iban para luego regresar […] pero la cosa empezó a arreciar hará unos 20 años cuando los pueblos se empezaron a quedar sin gente pues cada vez más personas se empezaron a quedar allá, mejor» cuenta Don Eliodoro, otro vecino de Acasico.

Pasaron desde ese tiempo más de 25 años: el gobierno de Jalisco, la CONAGUA y el gobierno de Guanajuato anunciarían el inicio de la construcción de la presa el Zapotillo en el año 2006. Con el proyecto, resultarían afectadas e inundadas las comunidades de Acasico, Temacapulín, Palmarejo junto con más de 4,500 hectáreas de tierra para agricultura y ganadería.

Actualmente, la vorágine del neoliberalismo no sólo nos arroja a los horizontes más conocidos del horror; como Ayotzinapa, Tlatlaya, la guardería ABC, Ostula, Apatzingán y la guerra contra el narcotráfico, sino también persiste en hacernos recordar crueles y despóticos proyectos de exclusión como las presas: la Parota en Guerrero, el Paso de la Reyna en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit o El Zapotillo en Jalisco.

En el caso de la presa El Zapotillo, el gobierno mexicano a través de la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua (CEA), ha dado a entender que esta comunidad de campesinos, agricultores y pescadores herederos de texcuesques y caxcanes estorba el camino de este nuevo mega proyecto. De nuevo el mal llamado «desarrollismo» mexicano esgrime que la justificación del proyecto es la relación utilitaria de costo/beneficio según la cual esta afectación a unos pocos, traerá un beneficio para la mayoría de las personas.

El proyecto, dicen, pretende subsanar el déficit de acceso al agua que tienen los habitantes de las ciudades de León y Guadalajara. El argumento falaz va así: El Zapotillo servirá para aliviar la presión ejercida sobre la cuenca Lerma-Santiago.

Bajo esta justificación, el proyecto fue licitado y ha sido construido en diferentes etapas por las constructoras La Peninsular, Grupo Hermes, FCC y Abengoa, mismas que a la fecha, en conjunto, ya se han echado a la bolsa más de 14 mil millones de pesos en la construcción de la infraestructura hídrica. Casualmente, en el proyecto original no se menciona nada de El Puerto Seco ubicado en el estado de Guanajuato, que consume 64 litros de agua por segundo y que aloja las naves de producción de diversas transnacionales. Esta omisión, de la mano del compromiso existente desde el foxismo de atender las necesidades de los industriales del Bajío, ayudan a entender quién recibirá el beneficio derivado de la construcción de la presa.

Así, después de más de 7 años de haber anunciado la construcción de la presa, apenas en junio de 2015 empezó la construcción del «Nuevo Acasico»: una aglomeración de casas construidas a la usanza del INFONAVIT que costará más de 540 millones de pesos al erario público, diseñada con una distribución de espacios y calles que nos recuerda a los ‘cotos’ citadinos, situada en la cima de una árida colina. Pareciera que ni el gobierno federal ni el estatal aprendieron del rotundo fracaso del proyecto «Nuevo Talicoyunque», un desarrollo al que se pretendió trasladar sin ningún éxito a los vecinos del pueblo aledaño de Temacapulín, Jalisco.

Todo esto está muy lejos de las grandilocuentes declaraciones de José Elías Chedid, el director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP)  quien afirma que el Comité Mixto del proyecto ha otorgado «confiabilidad» a la reubicación de Acásico (Informador, 2015). Vecinos de la comunidad afirman que quienes participan en esta organización están involucrados directamente con la organización «México Sustentable» que es parte de la Fundación Desarrollo Sustentable A.C, un organismo que en complicidad con las dependencias gubernamentales se ha dedicado a convencer a los pobladores de vender sus propiedades, enmascarándose bajo la supuesta atención psicológica de los pobladores y un uso faccioso en medios de comunicación del discurso del respeto a los derechos humanos.

«Las reuniones de estas personas suelen ser en lugares cerrados,  la mayoría de las veces fuera del pueblo» asegura don Luis, uno de los vecinos que se ha resistido todos estos años a vender sus tierras, hecho que contradice las publicaciones de prensa que afirman que todos los habitantes ya han accedido a la reubicación. «La verdad no se sabe bien a bien cuantos y quienes ya vendieron, la cosa es que esos de CONAGUA y México Sustentable dividieron a las familias pagando de manera secreta y por separado las parcelas» comenta.

En fechas recientes, a más de 1 año de estar suspendida la construcción de la presa debido a varios recursos legales interpuestos por pobladores de la zona, el gobierno de Jalisco anunció que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) realizará estudios durante 16 meses en la cuenca del río Verde para analizar la viabilidad de los proyectos. Esta situación, lejos de brindar legitimidad al proyecto parece poner aun más en evidencia las irregularidades del proceso para construir la cortina de la presa hasta los actuales 79.6 metros. Las preguntas se acumulan, ¿cuánto hemos gastado los mexicanos en los últimos 25 años en estudios técnicos de la cuenca del río Verde? ¿no debieron de haber estado listos y verificados estos documentos tiempo antes de poner la primera piedra de la obra? Hoy ninguna respuesta basta para los moradores de la tierra hundida.

El Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos-Chiapas (MAPDER) y los Pueblos Unidos por la Cuenca La Antigua por los ríos libres convocan:

Del 10 al 12 de noviembre en Jalcomulco, Veracruz

Al XII Encuentro Nacional de los Afectados por Presas para unir esfuerzos y defender la Cuenca del Río La Antigua, ubicada en Jalcomulco Veracruz de la privatización del agua y la energía. Intercambiaremos conocimientos sobre las afectaciones sociales y ambientales de las hidroeléctricas y otros proyectos extractivos impuestos en los territorios.

 

 

¡RIOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

 

 

El gobierno mexicano proyecta construir una presa y trasvasar el caudal del río Verde de la zona ganadera de los Altos del Jalisco al área metropolitana de León. Varios organismos han denunciado la vulneración de derechos humanos que supone el proyecto. Abengoa se hará cargo de la construcción del acueducto y de la gestión del agua durante 25 años. El miércoles 24 de junio académicos y activistas de la defensa de la gestión pública del agua entregarán una carta en la sede de la multinacional pidiendo que se retiren del polémico proyecto.

Asociaciones Vecinales de Madrid

La guerra del agua que la directora española de cine Icíar Bollaín llevó a las pantallas en `También la lluvia’ ha saltado al vecino país de México. El gobierno federal mexicano plantea construir una presa en el río Verde para trasvasar su caudal desde los Altos del Jalisco, un territorio semiestepario en el que, a pesar de la relativa escasez del agua, se produce casi el 25% de la proteína animal de México, al área metropolitana de León, capital del vecino Estado de Guanajuato.

La construcción de la presa no solo supone inundar tres pueblos (Temacapulín, Acasico y Palmarejo), sino amenazar de forma directa el sustento económico de los Altos del Jalisco, en la que miles de familias viven de la ganadería gracias a las aguas subterráneas de unos acuíferos que ya en la actualidad se consideran sobreexplotados para trasvasar las escasas reservas hídricas a una zona urbana por un periodo de 25 años.

El Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, varias universidades mexicanas, el Observador de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el Tribunal de los Pueblos y el Tribunal Latinoamericano del Agua han denunciado que el proyecto amenaza los derechos humanos de la población que deberá desplazarse de sus hogares.

Dos multinacionales españolas están en el ojo del huracán: FCC, responsable de la construcción de la presa y Abengoa, responsable a su vez de la construcción del acueducto y de la gestión del agua trasvasada.

No es la primera vez que la empresa Abengoa se involucra en un proyecto social y medioambientalmente conflictivo en América Latina. Ya en 1999 formó parte del consorcio internacional de empresas que impulsaron la privatización del agua en Cochabamba y Bolivia, que dio lugar a la denominada “guerra del agua”.

El miércoles 24 de junio a las 16:30h Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México; Joan Martínez Alier, catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona; Fermín Villarroya, miembro del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México, y profesor de la Universidad Complutense de Madrid; Pedro Arrojo, miembro del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México, y profesor de la Universidad de Zaragoza entregarán una carta a Abengoa firmada por más de 50 profesores y representantes de movimientos sociales defensores de la gestión pública del agua en España en la que piden su retirada de un proyecto que contradice los principios de responsabilidad social y ambiental corporativa que la multinacional dice defender.

Diez años de resistencia de un pueblo

Este pueblo, con sus calles empedradas, sus casas con historias de al menos dos siglos, el templo de cantera rosa del siglo XVIII, balnearios, sus cultivos y sus tradiciones, quedaría sumergido si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno estatal desacatan la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que la cortina de la presa El Zapotillo sea de 80 metros.

 

En la región de los Altos de Jalisco, en medio de cañadas, hay unas 200 casas que alojan a cerca de 600 habitantes, y muchos de ellos desde hace una década luchan por preservar el sitio en que nacieron. Viven en la zozobra desde que en septiembre de 2005 se publicó la licitación de la presa El Zapotillo, sobre el río Verde, y del acueducto, que comienza en esta localidad del municipio Cañadas de Obregón y llegará al vecino estado de Guanajuato.

Este desasosiego se percibe desde que la carretera desemboca en el pueblo. La bienvenida ya no es sólo la leyenda que se lee en lo alto de un cerro: Desde (el siglo) VI Temacapulín te saluda. Hay otras frases, pintadas en las paredes blancas que llevan a la plaza central: Temaca resiste, no nos vamos a rendir. Ante el acoso del gobierno por hacerse de propiedades para deshabitar el lugar, en las viviendas hay mantas que advierten: Esta casa no se vende, no se reubica, no se inunda. Respeten lo que no es suyo. Déjenos en paz.

En la plaza están el quiosco de cantera rosa, típica de la región por los numerosos bancos de esta piedra, y la delegación municipal. Un par de ancianos están sentados en una banca, platican bajo el sol de la mañana. A unos pasos está el mesón Mamá Tachita, propiedad de Alfonso Íñiguez, quien a los 22 años se fue a trabajar al ferrocarril, a la ciudad de México. Ahora tiene casi 80 años, y desde hace una década volvió con la intención de descansar aquí, pero no lo logró.

Dice que el trabajo ahora es luchar por que se mantenga el pueblo. Aquí hay tradiciones y hay vida, asegura. Caminando por las calles –vacías en la mañana porque los niños y los jóvenes se van a la escuela a la cabecera municipal o a trabajar a las granjas avícolas que están a unos kilómetros de aquí– platica la historia de las antiguas construcciones.

La basílica construida en 1759 está dedicada a la Virgen de los Remedios, pero no nos la quieren respetar. Al pasar por la calle Porfirio Díaz dice que ese era el camino real, que venía de Valle de Guadalupe y llegaba a Cañadas de Obregón. También señala una vieja casa que era de su abuelo.

Poncho, como lo conocen los lugareños, es delgado, tiene un caminar ágil y es risueño. Sube rápidamente la cuesta al antiguo panteón. Entre la maleza sólo se ve una tumba y un busto de Alfredo R. Plascencia, cura y poeta que se inspiró en el Cristo de la Peñita, que se encuentra en una cueva, a unos kilómetros de la plaza, imagen venerada por los temacapulinenses.

Desde lo alto del cementerio, que dejó de operar a principios del siglo pasado, se ven el pueblo y los cerros que lo rodean. La vista confirma que las casas, iglesia, árboles, todo quedaría inundado: es parte de las 4 mil 800 hectáreas que la presa ocuparía si la cortina se eleva 105 metros, 25 más de lo que establece el proyecto original.

Las tierras, fértiles, son de riego y temporal. Se siembra chile de árbol, maíz, frijol, calabaza y alfalfa, que se usa principalmente para el ganado. Es una región lechera, avícola y ganadera. En el poblado y sus alrededores hay ojos de agua termal; por eso hay varios balnearios, y decenas de visitantes acuden los fines de semana. En enero y septiembre son las ferias y fiestas tradicionales.

 

El caso del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.
Anahí Copitzy Gómez Fuentes

Resumen

La construcción de presas en México ha supuesto la generación de importantes conflictos y de numerosos movimientos sociales, a través de los cuales comunidades afectadas, organizaciones no gubernamentales, activistas y especialistas, manifiestan su oposición y rechazo al modelo energético y de gestión de agua vigentes en el país, los cuales promueven la construcción de grandes presas. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), representa un ejemplo de la organización en red de los pueblos afectados por la construcción de presas en México. El Movimiento surgió en el 2004 como parte de los esfuerzos internacionales para la consolidación de un movimiento mundial de afectados. Surge además de la necesidad de hacer un recuento histórico de todas las afectaciones sufridas por la construcción de presas, y en respuesta a una serie de conflictos que comenzaron a surgir y  a visibilizarse en el país a partir del 2000. El movimiento ha denunciado los impactos negativos de las presas, así como las violaciones a los derechos humanos de los pueblos afectados. Al mismo tiempo, se han propuesto alternativas y soluciones, con el objetivo de frenar los impactos y afectaciones a diversas comunidades.

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