Rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados el 5 de junio

Pronunciamiento de organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios quienes defendemos los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, A 27 de junio 2018

A la sociedad civil de Chiapas y México,
A los medios de comunicación de Chiapas y México,
A los candidatos a la presidencia de la República,
Al Congreso de Chiapas,
A los candidatos y candidatas a las presidencias municipales en Chiapas,

Como integrantes de varias organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios quienes defendemos los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas, les manifestamos que rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados por el presidente de la República el 5 de junio del 2018 y publicados al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialmente el último de estos que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta.

En estos diez decretos se modificó el estatus de veda -prohibición para la concesión del líquido- que existía sobre 99 cuencas hidrológicas de las 757 que existen en el país. Consideramos que estos decretos son un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país al final de su mandato presidencial y en un momento en que las atenciones de la ciudadanía se encuentra enfocada en las elecciones de este 1 de julio. Es la única salida que ha encontrado para contentar a los representantes del capital nacional y transnacional tras haber fracasado en dos ocasiones en imponer una Ley General de Aguas (LGA) privatizadora – tanto la «ley Korenfeld» en 2015 como el «borrador Pichardo» en el 2018, los cuales fueron detenidos gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana.

Los diez decretos publicados el 6 de junio establecen reservas de aguas nacionales (totales o parciales según los casos) para uso doméstico (público-urbano) y conservación ecológica en 194 cuencas de la República, y eliminan las vedas que antes las protegían de la explotación industrial, industria extractiva y agroindustrial. Lejos de ser una mejor opción para la protección de las cuencas, los ecosistemas y el derecho al agua de la creciente población urbana a un plazo de 50 años, como lo quiere hacer creer la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el reemplazo de las vedas por reservas de aguas es una mano tendida a las empresas privatizadoras.

Cuestionamos dos aspectos importantes en el proceso para llegar a la firma de los decretos: el aspecto técnico y la consulta. Las preguntas son:

1) Para el caso de la Cuenca Trinacional Usumacinta los datos de estaciones hidroclimatológicas tienen una tercera parte de credibilidad según estudios científicos específicos; por lo tanto, los datos de las estaciones de aforo y medición de la Conagua también son poco creíbles. ¿Cómo hacer una proyección en los próximos cincuenta años con datos no creíbles y además en un contexto de incertidumbre y caos por el fenómeno de cambio climático?

2) ¿Cómo se hicieron las consultas a los integrantes de los Consejos de Cuenca, si éstos no tienen una expertise técnica para dar una buena opinión?

Es evidente que la consulta gubernamental fue solo una simulación, la cual cuestionamos porque quienes integran los Consejos de Cuenca no cuentan con la expertise técnica para dar una buena opinión, estos consejeros no consultaron a los sectores que representan. Así también, la CONAGUA no consultó a los núcleos agrarios y comunidades indígenas dueñas de la superficie que capta el agua en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas. Se viola para el caso de pueblos indígenas el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, que el gobierno mexicano a firmado y se ha comprometido al signar el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por lo anterior, se coloca en alto riesgo a los núcleos agrarios que no tenían vigentes sus títulos de concesión al 6 de junio; en Chiapas, muchos pueblos rurales e indígenas tienen sus propios sistemas de agua comunitarios, ante la falta de información no renovaron sus concesiones, por lo que los decretos representan una violación flagrante a su derecho humano al agua, a la información y a la consulta, así como el despojo de los bienes comunes naturales, en este caso, el agua.

El uso doméstico (público-urbano), al permanecer en manos de los estados y municipios como lo prevén los decretos, puede traducirse de facto en concesiones a empresas privadas de gestión de agua y saneamiento. Es lo que sugiere fuertemente el artículo segundo del decreto sobre la región hidrológica Grijalva-Usumacinta que «declara de utilidad pública la modernización de los servicios de agua en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche, para hacerlos más eficientes». Aquí en Chiapas, bien sabemos de las intenciones de la empresa Proactiva, filial de Veolia, que tiene los ojos puestos en los sistemas de agua de la capital Tuxtla Gutiérrez pero que la sociedad civil logró detener.

Además, con la supresión de las vedas, los decretos favorecen los trasvases de agua a gran escala de una cuenca a otra: bien sabemos que Chiapas cuenta con la mayor disponibilidad de agua dulce en el país, y la gran cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta se ve amenazada por la necesidad de agua en las regiones centro y norte del país, cuya presión sobre el líquido es muy fuerte.

Además, el artículo 7 del decreto abre la puerta a cualquier otro tipo de concesión al especificar que «los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales que se establecen en el presente Decreto se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación». No somos incrédulos. No es un azar si la región hidrológica con más cuencas cubiertas por los decretos de reserva de agua es la nuestra, ya que es aquí en Chiapas donde más agua disponible hay y eso vale más que el oro para las empresas.

Es evidente que con las políticas orientadas al desarrollo neoliberal y corporativista, impulsadas por el gobierno mexicano desde hace 36 años, por detrás de los decretos de veda está el interés de canalizar el agua hacia megaproyectos como la minería, fracking, hidroeléctricas, proyectos turísticos, entre otros. Es una vergüenza que en México el agua aún no sea un derecho para todos y todas, sino primeramente para las empresas. Urge que los próximos gobiernos se comprometan a cambiar este paradigma, revocando los decretos del 6 de junio y adoptando la Ley de Aguas Ciudadana propuesta por la coalición Agua para todos desde el 2012.

En términos prácticos y concluyentes, en el caso de las Cuencas Hidrográficas Grijalva y Usumacinta, el levantamiento de «Veda» corresponde a una expansión de los intereses capitalistas internacionales y nacionales para privatizar los sistemas de agua entubada de las cabeceras municipales (eficiencia y modernización le llama la plutocracia); construir 79 represas hidroeléctricas y 19 mini-hidroeléctricas en el contexto de la privatización de la energía eléctrica del país; apoyar con agua a la minería a cielo abierto que ronda sobre 1´121, 911 hectáreas concesionadas a 50 años a empresas internacionales (principalmente); apoyar con agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca alrededor de 509,023 has; pasar de 50 mil hectáreas de palma de aceite en la actualidad a las 250 mil en los próximos 10 años. Para conseguir ejecutar estos despojos de Recursos Naturales también decretaron la Zona Económica Especial de Tapachula (Puerto Chiapas), así como el establecimiento de una zona militar en la Sierra Madre de Chiapas y aplicar la Ley de Seguridad Interior.

¡Señores neoliberales tecnocratas-plutocratas, necesitan leer la historia de Chiapas en torno al despojo y la rebelión desde el siglo XVI a la fecha; el pueblo de Chiapas cuando se levanta cimbra las estructuras de poder!

Firmamos:

Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)
Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático
Amigos de San Cristóbal A.C.
Movimiento Indígena del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (ZODEVITE)
Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C.
Comité Directivo Vecinos Unidos Col. Ampliación Norte Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Sistema de Agua Chupactic, San Cristóbal de Las Casas
Consejo Vecinal del Barrio Originario de Cuxtitali
Colonia Maya
Centro Solidario Tsomanotik A.C.
Contraloría Ciudadana del SMAPA en Tuxtla Gutiérrez

Foto: Lectura del pronunciamiento en conferencia de prensa el 27 de junio del 2018 en el parque central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

En los medios:

Organizaciones en Chiapas rechazan y cuestionan decretos de Pena Nieto sobre el agua (Chiapas Paralelo)

Organizaciones se pronuncian contra la privatización del agua en México (Rebelión)

Más información:

COMDA: Los decretos de reserva de agua dejan sin protección casi el 70% de las aguas en las cuencas cubiertas

Análisis de los decretos por la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida

COMDA: Los decretos de reserva de agua dejan sin protección casi el 70% de las aguas en las cuencas cubiertas

Comunicado de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), a la cual pertenecemos, la Alianza contra el Fracking y la Red de Acción por el Agua – A 26 de junio 2018

Contexto: El 6 de junio del 2018 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación diez decretos de reserva de agua que eliminan vedas en varias cuencas hidrológicas de todo el país y establecen reservas de agua totales o parciales para los usos domésticos, público urbano y ambiental.

  • Los 10 decretos que levantan vedas en diversas cuencas del país liberan volúmenes de agua que previamente no podían ser concesionados por la autoridad. A diferencia de lo que la autoridad sostiene, quedan reservadas para conservación ecológica apenas arriba de 30% del volumen de las cuencas hidrológicas derivadas de los decretos en materia de agua.

  • Los decretos constituyen un retroceso en la protección al ambiente y de las generaciones futuras y podrían poner incluso en entre dicho el derecho humano al agua.

 Producto de los diez decretos[1] emitidos por el Ejecutivo Federal el pasado 6 de junio, se establecen zonas de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para destinarse al uso ambiental o para conservación ecológica en diversas cuencas hidrológicas. A diferencia de lo que los impulsores de esta medida sostienen, al analizar cada uno de los decretos emitidos y comparando el volumen de las reservas asignadas para conservación frente a la disponibilidad de la cuenca, se estima que en promedio los decretos solo establecieron una protección de poco más del 30% para conservación ecológica y menos del 1% para uso doméstico y público urbano. Lo anterior dejó sin protección casi el 70% del volumen de las cuencas – en algunos casos, el levantamiento de vedas y la siguiente imposición de reservas permitió la liberación de volúmenes incluso más significativos (hasta 91.5% del agua disponible en el caso de la cuenca del río Pánuco 2) -, que ahora están disponibles para la explotación, el uso y su aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas.

Aun cuando compartimos los principios que supuestamente motivaron estos decretos (en efecto una adecuada gestión del agua tiene que reconocer que los ecosistemas necesitan del líquido para sobrevivir, pensar en las poblaciones futuras y en esta óptica, limitar las actividades económicas) en el caso específico la preocupación ambiental fue la excusa para liberar la posibilidad de concesionar al sector productivo aguas que bajo el régimen de la veda no podían serlo. Antes de cualquier modificación además, la autoridad hubiera debido actualizar los datos sobre disponibilidad de agua pues algunos datan de 2011[2].

Como organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento estamos muy preocupadas porque leemos estos decretos como instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que ha caracterizado a la Conagua. Las declaraciones de esta institución lejos de tranquilizarnos nos reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua al declarar que la gestión del agua es un problema meramente técnico.

El Director de Conagua se atreve a afirmar que la Comisión protege a “las generaciones futuras” cuando en esta administración, emitió el 30 de agosto de 2017, los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales[3], que al amparo de las disposiciones de la reforma energética habilitan a las empresas la realización de los proyectos de fracking que precisamente atentan contra las generaciones presentes y futuras.

Queremos reiterar, con base en las consideraciones anteriores, nuestra preocupación por el futuro de los recursos hídricos en manos de una institución que ha tomado en forma unilateral –sin participación ciudadana- varias decisiones equivocadas en relación a la gestión del agua, que ha permitido la sobreexplotación de los acuíferos, que ha otorgado miles de concesiones de agua para actividades extractivas y que no ha controlado adecuadamente las descargas de aguas residuales.

Urgimos a las autoridades a que establezcan las medidas necesarias para proteger los volúmenes de agua a los que levantó la veda y la protección necesaria para garantizar que se realice un manejo justo, democrático, equitativo y sustentable del agua en México.

[1] Diario Oficial de la Federación 6 de junio 2018 http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06

[2] Consideraciones del CEMDA frente a los Decretos de Zonas de Reserva de Agua http://www.cemda.org.mx/consideraciones-del-cemda-frente-a-los-decretos-de-zonas-de-reserva-de-agua/

[3] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495543&fecha=30/08/2017

Contactos:

Claudia Campero Food & Water Watch, ccampero@fwwatch.org, +52 1 55 3015 6366

María González, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, acerca de Región 12 – Lerma-Santiago capitulomexicano@gmail.com, +52 1 33 1135 6138

Nathalie Seguin, Red de Acción por el Agua-México, fanmexnathalie@gmail.com, +52 1 55 1128 8747

Gloria Tobón de Garza,  Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, cálculos de volúmenes de agua, gtgarza99mx@prodigy.net.mx, +52 1 844 427 1548

Más información:

Análisis de los decretos por la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida

Foto: COMDA

[AUDIO] Colombia: «Hidroituango causó más desplazamientos forzados que la guerra en el cañon del río Cauca»

Contexto: El 28 de abril, Hidroituango la represa más grande de Colombia, ubicada en el cañon del río Cauca, se desbordó debido a errores de planeación del grupo encargada del proyecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM). Presionada por el gobierno por poner en marcha esta represa cuya producción de energía (2.400 MW) iba a beneficiar a la minería, la empresa empezó a llenar el embalse de la presa en abril del presente año, antes de que la infraestructura esté lista y la población evacuada. Para ello, tapó dos de los tres túneles de desviación por el cual se evacuaba el río, pero un derrumbe de la montaña tapó el tercero, provocando el desbordamiento del cauce. En consecuencia, se inundaron dos pueblos ubicados agua arriba (Ituango y Sabanalarga), de los cuales unos 500 habitantes se encuentran en autoalbergues, desatendidos por las autoridades.

Otros cientos de habitantes dependientes de la pesca, el barequeo y la caza perdieron su fuente de trabajo y medio de subsistencia, ya que el río inundó gran parte del bosque que cubría el cañon. Los proyectos hidroelécticos tienen prohibido inundar importantes zonas de vegetación ya que esto provoca la muerte de especies y la asfixia del río; tienen la obligación de retirar la capa vegetal antes de llenar un embalse, una precaución que EPM se negó a tomar. Aguas abajo, la población sufrió una avalancha y huyeron 9.000 personas. La desinformación y falta de atención por parte de las autoridade es tal que la población sigue viviendo en la incertidumbre y el terror de sufrir una nueva avalancha en los próximos días, por lo que el Movimiento Ríos Vivos exige el desmantelamiento controlando de la represa Hidroituango.

El 19 de junio 2018, Isabel Zuleta, habitante del municipio de Ituango e integrante de Ríos Vivos Antioqua Colombia y de la Asociación de Mujeres defensoras del agua y la vida afectadas por el proyecto Hidroituango, participó por videollamada en el seminario mensual de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, para actualizarnos sobre la situación y las exigencias de la población. Les compartimos sus palabras:

>> Escuchar y descargar el audio completo de Isabel Zuleta (.mp3) <<

«Para nosotros, ahora la situación más grave es no saber cuál es el final. Hemos insistido en que necesitamos una fecha final de la emergencia: nos tienen que decir hasta cuándo va a seguir esta situación, porque no pueden dejar a la gente en unn angustia eterna. Hasta el momento, eso no ha sido claro, porque los organismos nacionales no saben qué fue lo que hizo EPM. Se le permitió a esta compañía hacer todo lo que quiso. No tuvo ningún mecanismo de control. Por ello no solo necesitamos una fecha final de la angustia, sino que necesitamos saber la verdad: qué fue lo que pasó.

Es muy grave que no se sepa lo que pasó, que no se tenga una fecha límite para la emergencia, y tercero que las comunidades agua arriba no estén atendidas. No hay ningún tipo de atención para las comunidades de Ituango y Sabanalarga ni para las que perdieron su trabajo en las comunidades de Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia y Peque.

La situación actual es terrible. Las personas están en autoalbergues aguas arriba: 120 personas en el coliseo del municipio de Ituango y 360 en las mismas oficinas de la presidencia municipal de Sabanalarga, sin alimentación ni ningún tipo de ayuda. Se han sostenido solo con la solidaridad de la sociedad civil. Además, toda la comunidad barequera y pescadora que tenía sus viviendas en los cascos urbanos o en las fincas y que no pueden hoy obtener su medio de subsistencia porque el río está inundado, también está en una crisis de mucha angustia y desazón porque su único medio de subsistencia era el barequeo y la pesca y en ciertos casos la caza en el bosque seco tropical y el bosque húmedo.

Aguas abajo también hay una grande preocupación por el tema de los albergues. La comida llega en descomposición. No hay entrega de ropa a pesar de que la avalancha se llevó decenas de viviendas y dejó a muchos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia Colombia sin ropa, sin nada. Y sin embargo lo único que entregaron las autoridades son unas colchonetas para estar en unos albergues con muchos problemas higiénicos porque hay muy pocos baños y muy poca salubridad. La gente se está enfermando por la falta de agua potable. Además la montaña se está movimiendo todo el tiempo, la gente tiene mucho miedo.

Hay un éxocdo masivo: huyeron 9.000 personas del municipio de Valdivia, especifícamente del corregimiento de Puerto Valdivia. Han huído más de 1.000 personas para Yarumal y Medellín. Lo que no hizo la guerra con más de 70 masacres lo está haciendo el proyecto Hidroituango: hay mucho más desplazamiento forzado causado por este proyecto hidroeléctrico que por la guerra.

El llamado a la solidaridad internacional se mantiene:

Ante la incertidumbre sobre el estado real de la presa, se debe desmantelar Hidroituango de manera controlada: hay que desmontar el muro poco a poco para que vaya retornando el río a su cauce. El río tiene memoria y va a retornar a su cauce si se le permite. Se debe desmantelar de manera controlada, siempre y cuando la gente esté evacuada. Este riesgo se debe asumir por un tiempo definido. Sabemos que el desmantelamiento es un riedgo muy grande también, pero no más grande que matener un riesgo eterno, sin saber y sin tener el control sobre qué pueda pasar y cuándo pueda pasar.

Aparte, hemos venido insistiendo en que nos tienen que decir para qué, para quién y a qué costo social y ambiental están generando energía en Hidroituango. El gobierno nos ha dicho que la energía de Hidroituango iba a ser destinada a la exportación, pero una de sus líneas de transmisión está para Cerro Matoso, que es una mina. Además, todo el territorio del río Cauca está concesionado por la empresa minera Continental Gold, por lo que no nos pueden decir que es energía limpia. Si es para la megaminería y la destrucción de la naturaleza, no es energía limpia.«

>> Escuchar y descargar el audio completo de Isabel Zuleta (.mp3) <<

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Más información sobre Hidroituango:

La cuenta Twitter de Afectados por Hidroituango Rios Vivos Antioquia: @RiosLibresAnt

La página web de Ríos Vivos Antioquia

Colombia: el movimiento Ríos Vivos exige el desmantelamiento controlado de la presa Hidroituango

Desde México nos solidarizamos con los defensores y las defensoras del Río Cauca en Antioquia, Colombia

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¡Felicidades al FPDS en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

Comunicado de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 20 de junio 2018

¡Felicidades al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio

en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

Este 20 de junio, celebramos junto con ustedes su tercer año de resistencia al falso desarrollo que el gobierno chiapaneco y la industria minera quieren imponer en su territorio, a costa de su salud y violando sus derechos colectivos.

Les agradecemos a ustedes, mujeres y hombres quienes integran el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) desde el 20 de junio año 2015, por defender las hermosas tierras de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazadas por 21 concesiones mineras. De su digna lucha depende la salud de los ríos Cacaluta y Jalapa, del bosque de niebla de la Reserva de la Biófera del Triunfo y de los manglares de la Encrucijada. De su fuerza depende la sobrevivencia de los pescadores que necesitan ríos vivos para trabajar y la vida de los niños y las niñas que necesitan ríos limpios para no morir de cáncer.

Felicidades por su perseverancia y poderosa palabra que han permitido que la población de Acacoyagua se organice y protege ante el avance del modelo minero. Las actas de asamblea del ejido y de los bienes comunales de Acacoyagua en las que se prohiben las actividades mineras son un gran logro de su tercer año de lucha, del cual deben estar orgullosos.

El equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México les agradecemos por darnos la suerte de acompañarles en su lucha y aprender cada día más de su alegría y humildad. Muchos chiapanecos y chiapanecas fortalecen su lucha contra el despojo a su lado. Es el caso de todas las organizaciones y movimientos que conformamos el «Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas» y participamos en el Foro «Pueblos Vivos, Territorios Libres de Extractivismo» en abril del presente año en la casa ejidal de Acacoyagua.

Su generosidad ha permitido también a personas de otras geografías conocer su lucha y darse cuenta de la urgencia de dejar de depender de un modelo extractivo que despoja a los pueblos rurales del Sur Global para responder a las falsas necesidades de los habitantes del Norte Global. Fue así como jóvenes de universidades de Denver (Colorado) y Olympia (Washingon) pudieron convivir con ustedes durante unos momentos que tal vez cambiaron la vida de esos estudiantes.

Rechazamos todas las publicaciones y declaraciones difamantes que ustedes han sufrido por parte de los grupos que apoyan la industria minera en su región e intentan persuadir a la opinión pública que su labor en defensa de la vida es un crimen. La criminalización de su protesta es una estrategia que usa en vano la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. en su contra porque las mentiras son las únicas armas que le queda ante la permanencia de sus dos campamentos en resistencia. Gracias por mantener vivos estos dos campamentos, símbolo de su lucha, que logran impedir el paso de las maquinas de la empresa hacia la mina de titanio Casa Viejas.

Nos unimos a sus exigencias:

  • Información clara y oportuna sobre la situación de los proyectos de minería en los municipios de Acacoyagua y Escuintla;
  • Sanciones y clausuras definitivas de los proyectos mineros de la región;
  • No más licencias ni permisos a proyectos de exploración y explotación minera de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el municipio de Acacoyagua.

Gracias por seguir en pie de lucha, compañeros y compañeras, y por invitarnos a todos y todas a construir caminos libres de despojo y luchar a su lado.

¡Vida sí, Mina no!
¡Fuera la minería de Acocoyagua y Escuintla!
¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!

FIRMAMOS:

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO

Fotos: Marcha-Aniversario del FPDS el 20 de junio 2018 en Acacoyagua, Chiapas (Crédito: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)

Más información:

La página Facebook del FPDS

La Red Mexicana de Afectados por la Minería felicita al FPDS en el marco de su tercer aniversario

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión

En los medios:

Frente Popular en Defensa del Soconusco cumple tres años de lucha contra la minera en Acacoyagua y Escuintla (Chiapas Paralelo)

Escuintla y Acacoyagua cumplen tres años de resistencia contra la mineria (Debate Tu Espacio)

Las consecuencias de la impunidad del Gobierno Federal y Estatal en Chihuahua

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 18 de junio 2018

Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo, defensores de la vida, del territorio y del agua, fueron asesinados en el municipio de Namiquipa, Chihuahua, a pesar de los múltiples llamados y denuncias realizadas ante el gobierno federal y estatal, sobre las amenazas contra la vida, que ellos, y otros integrantes de El Barzón -agrupación a la cual pertenecían-, han recibido por parte del grupo que encabeza Joel Francisco LeBarón Soto*.

El asesinato de ambos no es un hecho aislado, porque los habitantes de la zona llevan años realizando denuncias contra «Los LeBarón», la Policía Estatal Única, la Policia Federal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes de forma recurrente, han apoyado los actos delictivos, que en el ámbito de las facultades de cada institución, «Los LeBarón» han cometido.

Despojo de tierras, acaparamiento y sobreexplotación del agua, intimidación, amenazas y asesinatos son consecuencia de la impunidad que reina en el estado y que se confabula también con el gobierno federal.

Hacemos un fuerte llamado al gobierno estatal encabezado por el gobernador Javier Corral Jurado, para que proteja de inmediato al resto de la población y de El Barzón que se encuentra amenazada por «Los LeBarón», y llame a la rendición de cuentas a los actores materiales e intelectuales responsables de esta nueva afrenta contra los defensores de la vida.

Exigimos la destitución inmediata de Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por proteger intereses particulares y desobedecer y desdeñar su principal función que se refiere a inspeccionar y vigilar el despojo de los bienes naturales de los mexicanos, así como también exigimos sancionar, penalmente y clausurar de forma definitiva, las obras hidráulicas ilegales que son uno de los elementos que han incrementado la confrontación, y en consecuencia, cada día se pone en riesgo la vida de otras y otros integrantes de El Barzón y de la población vecina que vive y acompaña esta problemática.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) lamenta profundamente el asesinato de Ramón y Anselmo, y nos solidarizamos con su familia y con sus compañeros del Barzón, a quienes les enviamos un abrazo fraterno.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

*El Barzón ha denunciado reiteradamente a la familia LeBarón de estar relacionada con la explotación ilegal de pozos de agua en la cuenca del Río del Carmen, formada por los acuíferos Flores Magón y Santa Clara, en los municipios mencionados, que están llevando a los límites de sobre explotación el acuífero de la zona.

Foto: Anselmo Hernández Andujo (Norte Digital)

Más información:

Chihuahua: ONG y personas demandamos frenar ola de violencia contra activistas ambientales

Condenamos el asesinato de integrantes de El Barzón Chihuahua (comunicado de El Barzón Chihuahua)

Ejecutan a los barzonistas Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo

Denuncia El Barzón desvío de más de 1mmdp en Chihuahua

Chihuahua: ONG y personas demandamos frenar ola de violencia contra activistas ambientales

Comunicado firmado por más de un centenar de organizaciones y personas de la sociedad civil, entre las cuales Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 18 de junio 2018 (Descargar el boletín en PDF)

  • Exigimos a autoridades estatales investigar los asesinatos de integrantes de El Barzón en Chihuahua y castigar a los responsables
  • Reiteramos nuestra demanda de mecanismos urgentes y efectivos de protección para activistas

Ciudad de México.- Tras el lamentable asesinato de Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo, integrantes de El Barzón en Chihuahua, más de un centenar de organizaciones y personas de la sociedad civil demandaron a las autoridades frenar la ola de violencia en contra de activistas ambientales en la región e iniciar las investigaciones para el castigo de los responsables.

Hernández Nevárez y su hijo fueron asesinados a balazos el pasado 13 de junio cuando circulaban en la Carretera Santa Clara-Flores Magón del municipio de Namiquipa. Ambos luchaban en contra de la sobreexplotación de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen. El líder agrario había denunciado con antelación amenazas, sin que éstas fueran atendidas con las medidas respectivas.

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales a emprender las investigaciones necesarias para resolver este doble asesinato y garantizar la vida e integridad física de los integrantes de El Barzón y sus familias redoblando las medidas de seguridad en su beneficio.

Apenas el pasado 23 de mayo, este mismo grupo de firmantes exigió a las autoridades federales y estatales tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Martín Solís y Eraclio Rodríguez, integrantes de El Barzón en Chihuahua, quienes también han sido objeto de amenazas de muerte por su lucha en contra de la construcción y operación ilegal de pozos de agua en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada de esa entidad. Lamentablemente la situación en la región se ha ido agravando como lo demuestran los asesinatos de Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo.

Las demandas de las organizaciones y personas firmantes siguen en pie y hacemos un enérgico llamado a Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional de Chihuahua; César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno de este Estado; Irma Villanueva Nájera, Coordinadora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General en el Estado; Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); y Patricia Colchero Aragonés, Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas, en el ámbito de sus competencias, a iniciar las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de este terrible crimen, así como garantizar la vida e integridad física de todos los miembros de El Barzón quienes están siendo objeto de amenazas de muerte, reforzando las medidas de seguridad de sus integrantes.

También exigimos a Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), subsanar las omisiones en cuanto a su deber de inspeccionar y vigilar, así como de sancionar y clausurar las obras hidráulicas ilegales que están siendo la causa y raíz de la conflictividad en la región, acrecentando el clima de inseguridad, persecución, hostigamiento e intimidación en contra de integrantes de El Barzón.

CONTACTO PARA PRENSA:

Edith Martínez | Cel. 553939-3599 | edith.martinez@greenpeace.org

Organizaciones firmantes:

1. Ambiente y Desarrollo Sostenible, A.C.
2. Educación, Cultura y Ecología (Educe, AC)
3. Greenpeace Mexico, A.C.
4. Grupo Tacuba
5. Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)
6. Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativa en México (RAPAM) A.C.
7. Mauricio Macossay Vallado, kolectivo el rebelde, Mérida, México
8. Pakal Grun SC de RL de CV
9. Asociación de Consumidores Orgánicos
10. Millones contra Monsanto México
11. Regeneration International
12. Red de Género y Medio Ambiente, RGEMA
13. FIAN México
14. Federación de Trabajadores de Agua Potable del Perú (FENTAP)
15. Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas Estado de México, A.C. (UNORCA)
16. MA OGM
17. Mujer y Medio Ambiente
18. Semillas de Vida
19. Eco Maxei Querétaro, AC
20. Teyeliz, A.C.
21. Guerreros Verdes
22. Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. COMDA
23. Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
24. Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.
25. Red VIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua)
26. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
27. Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A. C. (Red MOCAF)
28. Diálogo y Movimiento, A.C.
29. Espacio DESCA
30. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
31. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)
32. Aprender Haciendo para el Desarrollo Rural, A.C.
33. Carnaval del maíz
34. Haciendo Milpa, A.C.
35. Agua Clara Bacalar, Quintana Roo
36. Encuentro Ciudadano Lagunero
37. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – LAVIDA
38. Asamblea Social del Agua, Puebla
39. Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur
40. Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida
41. Revive México
42. Alianza Mexicana contra el Fracking
43. Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
44. Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP)
45. Fundar, Centro de Análisis e Investigación
46. Oikos Soluciones Sustentables S.C. de Oaxaca
47. Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
48. Frente Mazahua Desarrollo Sustentable del Cutzamala A.C.
49. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
50. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Personas:

1. Dr. Antonio Sarmiento Galán, Instituto de Matemáticas, UNAM
2. Dr. Antonio Turrent
3. Dinorah López
4. Dolores Rojas Rubio
5. Brenda Rodríguez Herrera
6. Luis Arturo Carrillo Sánchez
7. Mercedes López Martínez
8. Cristina Barros
9. Quetzalcóatl Orozco Ramírez
10. Robin Canul Suárez
11. Dr. Lorenzo Manuel Bozada Robles
12. Aleira Lara Galicia
13. Ximena Ramos
14. Gabriela Cervera Arce
15. Maria Colin
16. Rolando Valentín Benítez Sánchez
17. Pastor Ricárdez
18. Raúl A. Rubio Cano
19. Hilda Salazar
20. Dr. Carlos H. Avila
21. Alberto Rojas Rueda
22. Dr. Octavio Klimeck
23. Jenny Zapata López
24. Alejandra Acosta Bello
25. Raúl A. Rubio Cano
26. Elena Kahn
27. Gabriela Torres-Mazuera
28. Areli Carreón
29. Laura E. Corona
30. Victoria de los Ángeles Beltrán Camacho
31. Gustavo Sánchez Valle
32. Artemia Fabre Zarandona
33. Samantha Olivas Hernández
34. Luz Lozoya de Fian México
35. Alejandro Espinosa Calderón
36. Argelia Arriaga García, BUAP
37. Raúl Francisco Pineda Lopez
38. Catalina Rocha
39. David Barkin
40. Diego Antonio Contreras Rodríguez
41. Elena Burns
42. Oscar Vélez Ruiz Gaitán
43. Dr. Rafael Ortega Paczka
44. Lorena Moctezuma Sevilla
45. Adriana Flores
46. Helena Iturribarría Rojas
47. Arnaud Apoteker
48. Manuel Araujo Gomora

Más información:

Condenamos el asesinato de integrantes de El Barzón Chihuahua (comunicado de El Barzón Chihuahua)

Las consecuencias de la impunidad del Gobierno Federal y Estatal en Chihuahua (Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – REMA)

Ejecutan a los barzonistas Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo

Denuncia el Barzón desvío de más de 1mmdp en Chihuahua

Foto: Protesta de integrantes de El Barzón Chihuahua – 2017

Felicidades al Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo a 10 años de resistencia

Carta de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Movimiento de Afectados por las Represas en Latinoamérica (MAR) – A 15 de junio 2018

Compañeros y compañeras de lucha:

El equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México les enviamos un enorme abrazo y desde el sur de México festejamos con ustedes 10 años de resistencia y conformación del Comité «Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo».

Este 16 y 17 de junio celebramos con ustedes todas las experiencias de las que nos han hecho parte, recordamos con mucho gusto nuestro encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) en junio del 2008 allá en su bello pueblo, espacio donde conformamos la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Siempre agradeceremos la visita a nuestro encuentro estatal acá en Huitiupan, Chiapas, y recordaremos el viaje con las compañeras y compañeros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para ser parte de la histórica toma de la Presa El Zapotillo. También tenemos en nuestra memoria el Encuentro Mundial de Afectados por las Represas en el 2010, del que ustedes fueron sede.

Sepan que acá en el sur siempre compartimos su experiencia de lucha, acá se sabe que una comunidad chiquita allá en los Altos de Jalisco tiene un coraje muy grande y ejemplar para defender su tierra. Siempre contamos que la Revolución del Agua en México existe y la hacen día a día los hombres y mujeres valientes de Temacapulín. La fuerza de Zenaida y de cada una de los abuelos y abuelas de Temaca son un gran ejemplo para la lucha contra las represas, la minería, los monocultivos y todo aquel proyecto de muerte para los pueblos.

Compañeros y compañeras, felicidades por 10 años de resistencia, por su empeño en gritar que el agua no es mercancía, que el río Verde no se represa. Gracias por cada día reafirmar que la historia, la cultura y su religiosidad no tienen precio.

Felicidades, que las campanas de la Iglesia de la Señora de Los Remedios suenen alto porque ¡Temaca no se inunda y no se vende!. Que los gobiernos y las empresas tiemblen porque la Presa El Zapotillo no avanzará.

Con mucho cariño,

Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Movimiento de Afectados por las Represas en Latinoamérica (MAR)

¡Arriba Temaca!
¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!
¡Fuera los proyectos de muerte!

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Más información:

[AUDIO] La propiedad social agraria: una herramienta para defender el territorio en México

«La Revolución del agua»: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

#TemacaNoEstáSolo: ¡Unidos vayamos por una gestión integral del agua!

#TemacaNoEstáSolo: Solidaridad con Temacapulín, Acasico y Palmarejo ante el proyecto de presa El Zapotillo

Carta Abierta: El consejo de de la Organización de Aviación Civil Internacional debe abandonar sus planes de usar biocombustibles

El consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debe abandonar sus planes de usar biocombustibles y el mito del crecimiento «neutral» de carbono – Carta firmada por 90 organizaciones de todo el mundo, entre las cuales Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, enviada a la OACI el 11 de junio 2018

>> Click aquí para bajar el PDF con la lista completa de las 90 organizaciones firmantes <<

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Entre el 11 y el 29 de junio 2018, el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se reunirá en Montreal, Canadá. Muy arriba en su agenda se encuentran las reglas propuestas para el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA, por sus siglas en inglés). CORSIA se basa en la asunción falsa de que las emisiones de carbono de la industria de la aviación en rápido crecimiento se pueden mitigar mediante compensación de carbono y uso de biocombustibles.

Durante la última conferencia de alto nivel de la OACI sobre «Alternativas Sostenibles a los Combustibles en la Aviación», los estados miembros rechazaron los objetivos de biocombustibles propuestos para la aviación. En ese momento, 96 organizaciones de la sociedad civil habían advertido que tales objetivos conducirían a un aumento de los robos de tierras y a la volatilidad de los precios de los alimentos, más deforestación, más destrucción de biodiversidad, más uso de agroquímicos y contaminación de agua potable, sin reducir el impacto climático de la aviación.

Incluso sin los objetivos explícitos, las reglas propuestas por CORSIA podrían abrir la puerta a los planes de uso de biocombustibles a gran escala.

Las reglas propuestas por CORSIA permitirían a las aerolíneas utilizar cualquier biocombustible para tratar de satisfacer el compromiso de «crecimiento neutral en términos de carbono» desde 2020, mientras que cumplan con dos criterios extremadamente débiles y sin un mecanismo creíble para hacerlos cumplir[1]. El órgano ambiental de la OACI ha propuesto previamente 17 criterios ambientales y sociales que al menos deberían dificultar en buena medida que las aerolíneas utilicen aceite de palma. Sin embargo, un reciente reporte de la Fundación Changing Markets ilustra que existen problemas inherentes serios relacionados con la confianza en la certificación de sostenibilidad. En relación al aceite de palma, el reporte concluye que «ninguno de los esquemas ha sido efectivo para desacelerar la deforestación, el drenaje de las turberas o la pérdida de biodiversidad».

El único tipo de biocombustible apto para los aviones que puede producirse en la cantidad necesaria se fabrica a base de Aceites Vegetales Hidrotratados (HVO) y aceite de palma (incluida una fracción de aceite de palma descrita de manera falsa como residuo o deshecho[2], la materia prima favorita para la producción de HVO porque es el aceite vegetal más barato en los mercados mundiales y el más barato de refinar[3]).

Por lo tanto, los planes de biocombustibles de la OACI amenazan con convertir a la industria de la aviación en el nuevo conductor de la deforestación – así como de los robos de tierras y los abusos de los derechos territoriales y humanos. Al mismo tiempo, no hacen nada para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero siempre crecientes de la aviación, asociadas al interminable crecimiento de la industria.

Es incluso más preocupante que -junto a los biocombustibles-, la CORSIA de la OACI permitirá a las aerolíneas alcanzar la llamada «neutralidad» a través del uso de las compensaciones de carbono. Los planes de compensación de carbono de ICAO fueron denunciados por 80 organizaciones de la sociedad civil en 2016. En enero 2018, Virgin Atlantic se retiró de un proyecto de compensación de carbono en Camboya después de que se revelaran elevados niveles de deforestación y violaciones graves de derechos humanos en el área del proyecto – lo que significa que las emisiones de la aviación no estaban siendo compensadas en absoluto. Desafortunadamente, está lejos de ser un incidente aislado y las aerolíneas pueden esperar que este tipo de casos quedarán expuestos cada vez más según se vaya expandiendo el uso de las compensaciones por parte de su industria.

El futuro de las compensaciones está aún más en duda porque se requiere de parte del Acuerdo de París que todos los estados y todos los sectores corten sus emisiones hasta llegar a cero. En todo caso, no queda espacio para un mecanismo en el que un sector evita cortar sus emisiones pagando a otros sectores para que corten las suyas.

Finalmente, existen propuestas que permiten que los combustibles fósiles se clasifiquen como «combustibles sostenibles para la aviación» y se acrediten bajo CORSIA. Esto podría significar que el queroseno de las refinerías de petróleo donde el calor y la energía procede de la quema de madera, falsamente clasificada como neutral en términos de carbono (lo cual aumenta aún más la presión sobre los bosques) – o el queroseno que procede de fuentes de petróleo que requieren menos energía para su extracción que otros fueran clasificados como sostenibles.

Urgimos a los miembros del Consejo de OACI a rechazar el mecanismo CORSIA que se basa en las soluciones falsas de los biocombustibles y la compensación – y que incluso recompensarían directamente a las empresas petroleras – y a tomar en serio el Acuerdo de París para limitar el cambio climático a 1,5°, lo cual no se podrá alcanzar a no ser que el crecimiento de la aviación acabe y se revierta.

Notas:

    1. Los únicos criterios propuestos son que la materia prima no debe proceder de tierras deforestadas después de 2009 y que los biocombustibles deben tener el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles convencionales – basándose en una metodología fraudulenta que ignora muchos de los impactos climáticos de los biocombustibles: transportenvironment.org/press/eu-commission-surrenders-united-nations%E2%80%99-icao-aviation-biofuels
    2. El destilado de ácido graso de palma (PFAD, por sus siglas en inglés) es ampliamente utilizado por Nestlé y otros fabricantes de HVO que lo describen como «residuo o deshecho». No se trata de un verdadero residuo, sino de una fracción de Aceite Crudo de Palma que tiene alta demanda para otros usos. En la actualidad, el PFAD constituye el 4-5% del Aceite Crudo de Palma, pero la proporción podría aumentar si aumentan lademanda y los precios de PFAD.
    3. El aceite de palma tiene una cantidad elevada de grasas saturadas, por lo que es más barato de refinar HVO que aceites vegetales como colza, que tienen menos grasas saturadas.

Twitter:

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Chihuahua: Nuevo atentado minero contra la vida

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 7 de junio 2018

El pasado 4 de junio nuevamente despertamos con otro desastre minero, ahora en el municipio de Urique, Chihuahua, esta vez a cargo de la Minera Río Tinto, S.A. de C.V., la cual, de acuerdo al directorio del sector minero, se fundó en 1994 para extraer, producir y comercializar minerales metálicos y, desde el 2008, pertenece al grupo británico Río Tinto Pic, también de capitales australianos, que en conjunto forman la segunda más grande empresa minera diversificada a nivel mundial por sus trabajos en los sectores de hierro, aluminio, cobre, diamantes, energía y minerales.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) lamenta profundamente la pérdida de la vida de por lo menos tres trabajadores de la mina Río Tinto que hasta ahora han sido localizados e identificados tras el derrame de su presa de jales, al igual que nos sumamos con toda nuestra esperanza con quienes realizan la búsqueda de los desaparecidos, a quienes esperamos encuentren con vida.

Carlos Ayub Touché, chihuahuense, funge como representante de la empresa en México, quién, además de haber ostentado la presidencia de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, es un personaje igual de oculto y oscuro que su colega Germán Larrea, dueño de Grupo México (GM), una de las empresas más galardonadas por el gobierno mexicano, a pesar de las decenas de conflictos que tiene a lo largo y ancho de todo el país por incumplimientos, huelgas de trabajadores, desastres ambientales terribles, contaminación y daños a la salud, además de incluir a su larga lista, el asesinato de opositores y opositoras, tanto en este país como en otros, en donde GM tiene presencia.

No es la primera, ni será la última vez que REMA suba la voz en contra del Modelo Extractivo Minero. Este Modelo debe ser totalmente desechado como propuesta de «Progreso y Desarrollo» si en realidad deseamos un país que transite en armonía con la vida y una sociedad justa y no basada en negocios espurios y oscuros de quienes imponen una forma de trabajo que indigna por los niveles de destrucción que genera.

Los Slim, los Larrea, los Salinas Pliego, los Bailleres, los ahora Ayub Touché, así como las empresas extranjeras, con particular énfasis en los dueños y accionistas de las empresas canadienses, se han enriquecido gracias al despojo, el desplazamiento forzado de los pueblos y el saqueo de nuestros bienes naturales, de tal manera que su negocio es redondo, porque técnica y financieramente es imposible que puedan incorporar el costo de los DAÑOS que ocasionan a la salud, al ambiente, la naturaleza, a la cultura y a la comunalidad y la vida de los pueblos.

Estamos ciertos de que ahora, a esta trama de horror, se ha sumado ya el desgastado, negligente, tenue y demás tonterías de: «no contaminó y todo está controlado», que suele acompañar el discurso de la «institucionalidad», encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambient (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el gobierno del estado de Chihuahua y las demás instituciones federales serviles a los intereses de estos empresarios nefastos y de este modelo minero extractivo depredador. Anunciarán una supuesta «restitución de los daños», con lo cual nuevamente la impunidad será la gran expresión de injusticia.

Abrazamos en solidaridad a todas y todos los familiares de quienes han perdido la vida por negligencia de la empresa y del gobierno municipal, estatal y federal.

Demandamos de forma inmediata se avise a la población de la zona sobre los peligros y riesgos que sufrirá, por el derrame de los jales tóxicos que van descendiendo por el río Tubares, que descarga sus aguas en el río Fuerte, el cual tiene tres presas en los municipios de Choix (Luís Donaldo Colosio) y el Fuerte (Miguel Hidalgo y Josefa Ortíz de Domínguez). Esas presas irrigan y abastecen de agua todo el norte de Sinaloa (valles del Fuerte, Carrizo).

¡Exigimos que la PROFEPA y la CONAGUA dejen de enviar información falsa para proteger los intereses de la empresa!

¡Exigimos el cierre irreversible de la mina de la empresa Río Tinto en Urique, Chihuahua, y medidas enérgicas de rendición de cuentas y control y reparación de los daños ya causados en la región!

¡Exigimos el impulso y apoyo a proyectos productivos respetuosos de la población y de la vida en Urique, chihuahua!

¡EXIGIMOS EL ENCARCELAMIENTO DE CARLOS AYUB TOUCHÉ!

¡FUERA MINERAS DEL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: El río Tubares se volvió blanco tras el derrame de la presa de jales de la mina Río Tinto que lo llenó de lixiviados – Debate.com.mx

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VIDEO: «Minas, Metales y Poderes», reportaje sobre el ecocidio generado por Grupo México en Sonora

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[PDF] Descarga la publicación «Consulta indígena: ¿A qué viene el Convenio 169 de la OIT?»

Compartimos esta publicación realizada por de Avispa Midia y Subversiones – 2018

>> DESCARGAR EL ARCHIVO EN PDF <<

El archivo en PDF de la publicación impresa «¿A qué viene el Convenio 169 de la OIT? ¿Autonomía para los pueblos o legitimización de la explotación?», resultado de una investigación de Avispa Midia, ya está disponible para su descarga.

Los territorios de los pueblos indígenas son en el mundo los locales donde todavía se preservan los bienes comunes naturales cotizados por las empresas. Los indígenas protegen cerca del 80% de la biodiversidad del planeta y son propietarios legales de menos del 11% de dichas tierras, según datos del Banco Mundial, lo que pone a los pueblos en una situación de vulnerabilidad y en un estado permanente de guerra frente a las empresas y gobiernos para proteger sus territorios.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, junto con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, ha sido la principal herramienta internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. En la teoría, dicho Convenio garantiza a los pueblos de los países signatarios el derecho a su tierra y, por lo tanto, establece que para cualquier proyecto que empresas o gobiernos desarrollen en sus territorio, debe realizarse una consulta libre, previa e informada.

El equipo de este reportaje recorrió el sur de México y todos los países de Centroamérica continental y registró diferentes situaciones y estrategias de empresas y gobiernos para implementar megaproyectos en los territorios indígenas. Una de ellas es que cuando los pueblos logran iniciar un proceso de consulta, se observa que estos procesos en casi su totalidad no respetan la autodeterminación de los pueblos y generan conflictos tan violentos como los generados en la primera situación: muertes, persecuciones y destrucción del tejido social de las comunidades.

Como el Convenio 169 sigue siendo la principal herramienta del Derecho Internacional, y es frecuentemente invocado por los pueblos en sus luchas, el trabajo reportará cómo las consultas están llegando a los territorios de dos pueblos indígenas, cuáles son las implicaciones y conflictos generados. Son pueblos que están en fases distintas del proceso de consulta. Los Broran, en Costa Rica, donde hay un proceso nacional de construcción de un protocolo de consulta y los Garífunas, en Honduras, donde se está finalizando las votaciones por el Congreso Nacional de una ley para regularizar el proceso.

Más información:

Leer la versión en línea de esta investigación

El Estado de Honduras, PNUD y la distorsión de la consulta previa (Ofraneh)

Carta a ONG’s amigas y Centros de Derechos Humanos que apoyan la defensa de los territorios, en relación al instrumento de las consultas (M4)

Declaratoria del V Encuentro M4: Manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo (M4)

 

 

Colombia: el movimiento Ríos Vivos exige el desmantelamiento controlado de la presa Hidroituango

Compartimos el comunicado del Movimiento Ríos Vivos – Valdivia, Antoquia, a 4 de junio 2018

“EL RÍO CAUCA EXIGE SU LIBERTAD: EL RÍO CAUCA LE HABLA A COLOMBIA”

#LiberenElRíoCauca
#DesmantelenHidroituangoYa
#EmergenciaEnHidroituango
#HidroituangoUnDesastre

La única opción ética y responsable en las actuales circunstancias generadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quien NUNCA controló realmente a EPM, es que dejen el río correr libremente, lo que implica un desmantelamiento controlado de las obras de Hidroituango antes de que la naturaleza lo haga, pues las montañas van a seguir desprendiéndose. En la zona sabemos que cuando inicia una grieta la montaña continúa desmoronándose, afectando a zonas distantes del hecho. El muro tiene filtraciones en distintas partes, en la casa de máquinas nadie sabe qué pasa y, como si fuera poco, no nos volvieron a hablar del túnel que generó la avalancha.

Por la desinformación y el riesgo que corremos ya se instaló un profundo miedo en la población que aumenta en la medida que pasa el tiempo, el éxodo es imparable. Como Movimiento de comunidades afectadas por Hidroituango desde siempre nos opusimos a esta obra, pedimos a gritos que no la realizaran. Hoy pedimos a gritos que la desmantelen de manera controlada y las razones son más que suficientes: nadie nos garantiza la vida e integridad física, la protección de nuestros bienes, nadie sabe cuánto tiempo tardará la situación de incertidumbre. ¿Cuándo nos devuelven la vida?

Y peor aún nadie sabe cuántos y quiénes somos pues los estudios sociales están peor que los técnicos, sólo que las manifestaciones sociales han sido impedidas por la violencia socio-política. Hace rato perdieron el control de la obra, recuperarlo les tardará en términos técnicos, sociales y ambientales mucho tiempo y miles de miles de millones de pesos que deberían ser para reparar los daños causados a las comunidades y para desmantelar el monstruo que crearon. ¡No boten más el dinero al río que sale de nuestros propios bolsillos!

El vertedero no es la solución y EPM lo sabe, así como no lo fue la cota 410 a pesar de la fiesta de algunos ciegos que no quieren ver la realidad o que no viven las afectaciones. La principal de ellas es la incertidumbre que no puede ser eterna, nadie podrá nunca acostumbrarse a sentir miedo constante y menos al hecho de que «el desarrollo» nos haya robado la forma de vida y tranquilidad en torno al río Cauca, el Patrón Mono.

EPM les mintió a las comunidades y al país al decir que con la famosa cota 410 desaparecía en gran medida el riesgo de avalancha como si la avalancha no se hubiese generado ya por factores distintos al muro dejando poblaciones aisladas, produciendo muertes por desconexión, miles de familias sin poder trabajar, sin sus viviendas, sin su vida, además del riesgo que nadie menciona aguas arriba causado por el aumento día a día del represamiento que deja a más y más familias en la calle; cerca de un mes sufriendo aguas arriba un represamiento arbitrario e ilegal como si sobre la cadena de nuestras montañas no hubiesen impuesto sus obras que al parecer nadie ve.

Ya es una costumbre que nos vendan la publicidad promovida por EPM a través de la mayoría de los medios de comunicación, que no están informando como lo requerimos las comunidades sino como lo prefiere la empresa. Hoy hacen una nueva venta para mantener embelesados a los medios con píldoras de distracción dejando de lado la gran responsabilidad de trasmitir la verdad que posibilite a las familias tomar las mejores decisiones sobre su vida, no una verdad amañada y orientada por EPM a su servicio. El asunto del vertedero no será nada distinto a un nuevo espectáculo por demás riesgoso ante la certeza de que está hecho a las carreras y de que no es la solución. Agradecemos a los medios de comunicación y especialmente a periodistas que se han atrevido a contar la verdad, a darle a las comunidades y a la institucionalidad igual tratamiento, igual tiempo e invitamos a los demás a que asuman su responsabilidad con la claridad y transparencia porque con la vida no se juega.

Señor Ministro de Minas y Energía: NINGÚN llenado prioritario, sufrimos la irresponsabilidad de un llenado arbitrario e ilegal. ¿O usted ya sabe por qué taparon con cemento los túneles antes de terminar la obra? ¿Cree que no sabían que el agua no cabía por un sólo túnel y por tanto se iba a represar? ¿Acaso no sabe que ya EPM había anunciado el llenado «rápido» a la ANLA?  No le mienta más al país por favor, no continúen tratando de salvar una empresa y un proyecto que pasó y sigue pasando por encima de las comunidades.

No necesitamos ser expertos para saber que este proyecto estaba condenado al fracaso. No necesitamos presumir sabiduría para entender que la arrogancia paisa nos impuso esta obra de destrucción, nos impuso el mal llamado desarrollo que hoy por fin sabemos lo que es. Desarrollo para Hidroituango es: no tener casa, ver las montañas caerse, ver los puentes inundados o destruidos, nuestros enseres y cultivos perdidos, no tener comida, estar enfermos, no dormir de la angustia, no escuchar a las guacamayas, a los pájaros y demás aves del bosque, estar sin peces, el desplazamiento forzado, los amigos y familiares que se fueron para Medellín y otras partes, el estar hacinados en carpas, el estar sin agua, el no ser escuchados, el estar sometidos a que decidan por nosotros todo hasta lo más básico.

No se requiere ser erudito para saber que la única manera de disminuir la presión que ejerce el agua represada sobre las montañas, la casa de máquinas, los túneles y el mismo muro es vaciar la represa pero no lo pueden hacer lentamente porque no tienen cómo. Por eso debe ser el desmantelamiento controlado la estrategia a seguir para restablecer el bienestar de las comunidades. Las palabras del presidente Santos y sus Ministros no sólo son engañosas en relación a las responsabilidades sino que nos hacen sentir que privilegian al proyecto Hidroituango por encima de la población. Hoy no hay opción: o es la represa o somos nosotros las comunidades, pero juntos no podemos cohabitar. ¡Los gobernantes deben elegir YA!

Desde el año 2012 después de una gran movilización expresamos nuestra preocupación por las múltiples fallas geológicas y el comportamiento del Cañón del Río Cauca que conocemos porque lo hemos habitado ancestralmente, la respuesta por parte de EPM fue que ellos eran los expertos y que tenían todo bajo control. Ahora se hace evidente que lo único que han hecho es jugar con nuestra vida, ponerla en riesgo, dejarnos sin medios de subsistencia y todo por la ambición desmedida.

Los antioqueños del Cañón del Río Cauca, occidente, norte y bajo Cauca nos sentimos ofendidos con un gobierno nacional que nos borra, que nos desaparece del paisaje pues sus visitas son a la obra no a la gente y con ello reproduce lo que siempre nos dijo EPM: que no existimos. Con un país que respalda a la empresa criminal que nos engañó, que no reconoció a miles de personas afectadas, que aún hoy después de la evidencia de las múltiples errores en sus estudios técnicos no pone en duda sus estudios sociales y continúa en la misma posición en relación a lo social. Y prueba de ello es que estamos durmiendo en la administración municipal y oficinas de EPM en Sabanalarga desde hace cerca de un mes y en el coliseo de Ituango sin comida, sin atención médica, sin posibilidades de seguir trabajando, sin nada mientras los alcaldes continúan diciendo que esto no es una emergencia. Miles de personas no han podido volver a trabajar al río Cauca, estas familias están en la pobreza y el gobierno nacional, departamental y local desatiende la gravedad de lo que ocurre aguas arriba del muro de la indolencia, de la indignación y ahora del muro de la pobreza y el aislamiento llamado Hidroituango.

También nos sentimos ofendidos con algunos sectores que rezan por la obra y no por nosotros, que están del lado de los poderosos y no de los humildes, que nos hacen sentir como si no fuéramos colombianos cuando se dice que Hidroituango es Colombia. ¿Y nosotros los afectados qué somos? ¿De dónde somos? ¿Ya nos desterraron? Con estas posiciones queda claro que es Hidroituago o somos nosotros las comunidades pero ambos no podemos coexistir. No somos esos paisas empresarios y destructores, somos antioqueños humildes y trabajadores que cuidamos de la naturaleza y que nunca pedimos este proyecto que hoy debería ser vergüenza nacional. Queremos decirle al país que no tenemos futuro con el gran daño que nos han hecho, que han destruido nuestro proyecto de vida, que en las actuales circunstancias de incertidumbre, de daño a la memoria, de irrespeto a los vivos y los muertos, el país tiene que repensarse, escuchar a la población, porque es evidente que los dirigentes actuales están actuando en nuestra contra.

Nuestra solicitud es concreta: liberen el río Cauca, devuelvan la tranquilidad a este territorio agobiado por las múltiples formas de violencia incluida la ambiental y reparen a todas y cada una de las familias que han afectado. De lo contrario, de continuar empecinados en imponernos este absurdo proyecto, reubiquen a toda la población, pero juntos, con los amigos y familiares, no dispersos como nos sacan hoy con un millón de pesos. Dennos otro Cañón, otro río Cauca, desde Santa Fe de Antioquia hasta la Mojana, porque todos estamos sufriendo las consecuencias de su proyecto y todos estamos en riesgo.

DAMOS UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LAS PERSONAS Y SECTORES QUE RUEGAN Y SE SOLIDARIZAN CON LAS COMUNIDADES AFECTADAS, SIN ELLOS HOY ESTARÍAMOS EN PEORES CONDICIONES.

¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

https://defensaterritorios.wordpress.com
http://debatehidroituango.blogspot.com

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Guatemala: comunidades de la Microregión de Ixquisis ganan el Premio de Front Line Defenders 2018 para las Américas

Nota de prensa de Front Line Defenders – A 5 de junio 2018

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Las comunidades defensoras de derechos humanos de Guatemala, la Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis, ha sido galardonada por el Premio Front Line Defenders 2018 para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo para las Américas, en reconocimiento a su esfuerzo colectivo y lucha pacífica por sus derechos al territorio y la justicia ambiental.

La comunidad defensora de derechos humanos Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis trabaja en respuesta a las graves violaciones de sus derechos cometidas en nombre del desarrollo económico en Guatemala. El gobierno dio luz verde a megaproyectos hidroeléctricos que han venido causando daños ambientales y sociales en la región, a pesar de la amplia oposición de las 12 comunidades de la Microregión, en desacuerdo con la construcción de las represas hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés, proyectos ejecutados por la empresa Energía y Renovación S.A. (anteriormente llamada Promoción y Desarollos Hídricos S.A) y financiados por los bancos multilaterales y de desarrollo.

No ha existido una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas, en incumplimiento del Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado de Guatemala en 1996. A través de una Consulta Comunitaria de buena fe realizada en el año 2009, el 99% de la población de todo el municipio de San Mateo Ixtatán votó en contra del otorgamiento de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de recursos naturales en su territorio, por la grave afectación ambiental, a los medios de vida y a la subsistencia de las comunidades.

«Este premio es un mensaje para todas las resistencias, a nivel regional y en todo Guatemala, no sólo en Ixquisis sino en Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia, en las comunidades Q’eqchi, en La Puya y en otras resistencias a nivel nacional», declaró Francisco Simón Francisco, integrante de la Resistencia Pacífica, tras el anuncio del Premio. «Es un claro ejemplo, un reconocimiento a la resistencia de los pueblos indígenas de Guatemala, particularmente a las comunidades y a las mujeres indígenas. Que este reconocimiento les motive a seguir resistiendo de manera pacífica de acuerdo a las normas culturales de los pueblos indígenas, que están viviendo una situación de exclusión y marginalización y que son vistos como enemigos del desarrollo».

Por la defensa de sus derechos, a través de denuncias públicas y manifestaciones pacíficas, los/as defensores/as de la Resistencia Pacífica se enfrentan a amenazas, violencia y acoso sexual, intimidación, vigilancia, agresiones físicas, constantes campañas de difamación, estigmatización y desprestigio en medios de comunicación locales y nacionales al igual que en las redes sociales, estrategias de división de la comunidad y una fuerte militarización en su territorio, como resultado de su defensa de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Solo en 2017, se reportaron más de 75 ataques contra defensoras y defensores de la Resistencia Pacífica, entre ellos asesinatos, tiroteos, acoso y campañas de difamación. El 17 de enero del 2017, Sebastián Alonso Juan, originario de Yulchen Frontera, San Mateo Ixtatán, fue asesinado durante su participación en una manifestación pacífica en la Microregión de Ixquisis, crimen que continúa sin esclarecerse.

Debido a la gravedad de la situación, las comunidades han presentado varias acciones jurídicas, entre ellas amparos ante la Corte Suprema de Justicia por violaciones a sus derechos fundamentales. En el marco de estas acciones, la Corte Suprema de Justicia ha convocado a una audiencia de vista pública para el día 18 de junio.

Desde 2005, el Premio Front Line Defenders se ha presentado anualmente a defensores/as de derechos humanos que, asumiendo un gran riesgo personal, han realizado una contribución excepcional a la protección y defensa de los derechos de sus comunidades. Históricamente este premio se ha otorgado a un/a defensor/a o movimiento cada año. Por primera vez en sus 13 años de historia, el Premio Front Line Defenders para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo se otorgó a activistas de cinco países como ganadores regionales. Front Line Defenders anunció el pasado 10 de mayo los cinco ganadores de su Premio 2018, que también incluyen a: Soni Sori (India), Nurcan Baysal (Turquía), el movimiento LUCHA (República Democrática del Congo) y Hassan Bouras (Argelia).

«Si bien los gobiernos y las empresas trabajan para deslegitimar y difamar el trabajo pacífico de los/as defensores/as de derechos humanos, los activistas de todo el mundo nos enseñan que la visibilidad y el reconocimiento internacional es una herramienta de protección fundamental», expresó Andrew Anderson, Director Ejecutivo de Front Line Defenders, el pasado 10 de mayo. «El Premio demuestra que estos/as defensores/as cuentan con el apoyo de la comunidad internacional, que sus sacrificios no han pasado desapercibidos y que nos solidarizamos con su implacable valentía».

Front Line Defenders es una organización internacional de derechos humanos con sede en Irlanda, dedicada desde 2001 a la seguridad y protección de defensores/as de derechos humanos en todo el mundo.

Para más información o concertar entrevistas, por favor póngase en contacto con:
Maria San Martin
maria@frontlinedefenders.org
+34606591623

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