Categoría: ANÁLISIS
[AUDIO] «Sigue predominando en tres cuartas partes de México la siembra de maíces nativos»
Participación de Cecilio Mota Cruz, integrante de la Fundación Semillas de Vida, en el cine-debate organizado por Otros Mundos A.C. el 18 de septiembre 2018 en el Foro Cultural Kinoki de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. El agroecólogo, egresado de la universidad de Chapingo, trabaja día a día con campesinos y campesinas de México en el estudio de la diversidad del maíz, la cultura alimentaria y el mejoramiento participativo de semillas. Comentó el documental «El maíz en tiempos de guerra» (Alberto Cortés Calderón, 2013), proyectado durante el evento, y habló de la importancia de hacer milpa y sembrar semillas criollas ante las amenazas que representan hoy en el campo mexicano las semillas transgénicas y las híbridas comerciales.
ANUNCIO: El 1 de octubre a las 1 PM en la Universinad Intercultural de Chiapas (UNICH), Cecilio Mota Cruz dará una charla-taller sobre «Diversidad de maíces nativos en México y su mejoramiento por campesinos» en el marco de la celebración del X Festival del Maíz y la Tortilla
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«El maíz es el grano por excelencia que nos dio aquí en esta región del mundo la base para el desarrollo civilizatorio de las culturas en México y sigue siendo en el presente la base de la alimentación, la identidad, el aprovechamiento y la apropiación de la tierra y el territorio. Las luchas a lo largo de la historia del país han sido para defender el territorio y la forma permanente de su apropiárselo es a través de la milpa. Eso es también uno de las grandes aportaciones de Mesoamérica, de México: que el maíz se siembra en conjunto con otros cultivos en la milpa para el aprovechamiento del agroecosistema, del ambiente, del terreno, pero también para la alimentación, porque nos da una alimentación equilibrada. Más de 600 platillos tenemos en México a partir del maíz, con la milpa son muchos más.
Y esta diversidad sigue siendo y va a seguir siendo nuestra identidad, nuestra base alimentaria, y también nuestro futuro. Pareciera que es algo solamente nostálgico la visión del campo, pero en realidad, además de ser una forma de vida y de defensa del territorio, es un futuro importante.
En la Sierra Mixe, en los años 1991-1992, se registraron unos maíces que crecen en las partes nubosas de la sierra, con alta precipitación, en bosques de niebla, maíces muy altos, que secretan una especie de mucílago. Todos los maíces lo tienen, pero en especial allí lo encontraron y lo estudiaron. Ese mucílago aloja bacterias fijadoras de nitrógeno y además aloja un conglomerado de bacterias que defienden el maíz, evitando que crezcan enfermedades fúngicas. Los atributos de este maíz ahora se están estudiante por ejemplo en la universidad de California en el campus de Davis, y se ve como el maíz del futuro. Es decir que el maíz del futuro, ya lo han generado las culturas y los pueblos de México y Mesoamérica, por esta larga experiencia de más de 10,000 años de sembrar maíz. Desde que se domesticó el maíz, estamos experimentando y hemos generado todo este bagaje, esta experiencia y esta cultura y estos agroecosistemas, con base en la milpa.
Los agricultores han generado variedades adaptadas, resistentes a los problemas de plagas. Los tipos de maíz tienen bien cerrada la puntita de la mazorca. Han hecho esta selección los agricultores porque así evitan que entren plagas de grano almacenado, gorgojos. En los Altos de Chiapas, los maíces son más cristalinos, muy duros – también muy ricos y de muchos colores – y estos cristalinos evitan el ataque de plagas. En el caso de los maíces del trópico, son maíces dentados. Son una combinación de la parte cristalina y la parte almidonosa del grano. Hay miles de variantes, miles de tipos de maíz en México, porque los agricultores los siguen manejando.
Extracto de la proyección de «El maíz en tiempos de guerra» el 18 de septiembre 2018
Los agricultores son también los que llevan el gran compromiso y la responsabilidad de manejar las redes más importantes de semillas, a pesar de las amenazas, como los transgénicos. En la Fundación Semillas de Vida, se impulsó la demanda contra los transgénicos, contra el gobierno y las empresas, y hasta el momento, lo que se ha logrado es contener el proceso de liberación de transgénicos en el ambiente (es decir de siembra experimental o comercial). Legalmente, no se puede liberar maíz transgénico en Mexico. Desafortunadamente, en los estudios genéticos que se han hecho en el país, se han encontrado unas pruebas de que hay transgénico en algunas regiones, pero no se tienen datos de proporciones.
Lo que si se puede diferenciar en México, es el porcentaje de maíces nativos o criollos, con relación con a variedades mejoradas comerciales. Solamente entre el 22% y el 25% del territorio del país tiene maíces mejorados, y sigue predominando en tres cuartas partes del país la siembra de maíces nativos. ‘Mejoradas’ es un termino entre comillas: en realidad son maíces que han pasado por un proceso de selección para su venta. Son variedades híbridas, que tienen registros y entran a un mercado en el que hay que comprar las semillas y se benefician finalmente los que las generan, que son en su mayoría empresas. Las que más venden en el país son Monsanto, Pioneer y Syngenta. La mayor defensa será que la gente siga sembrando sus maíces nativos.
Los agricultores a lo largo del país han generado sus propias estrategias para conservar el maíz porque manejan todo el ciclo, año con año. Han tenido que idear estrategias para conservar su maíz y garantizar por lo menos que tengan semillas disponibles para sembrar el siguiente año, y alimentos hasta el próximo ciclo de siembra. Hay estrategias en todo el país. En la Sierra Tarahumara, hay casas grandes y grutas con graneros adentro, por ejemplo. En el centro del país, hay estructuras llamadas comates, cincales o cincolotes. La palabra viene del nahuatl: centli significa maíz y kali casa. Es la casa del maíz. En zonas tropicales, los conservan con todo y hoja, porque así no se humedecen y no le entran las plagas. Además le ponen cal que deshidrata el insecto que va a atacarlo. Es una forma orgánica, agroecológica de conservarlo.
Hay una deuda histórica hacia el campo, no solo de México, sino de la humanidad en general, porque el campo fue el que subsidió el desarrollo civilizatorio y sigue siendo nuestra fuente de calidad ambiental y de salud alimentaria. Hace falta una política que realmente voltee a ver el campo y lo fortalezca. La política neoliberal de los últimos 30 anos ha visto a los agricultores como una carga cuando son la base de este país, de la diversidad, de la defensa del territorio y de la salud de nuestros ambientes, cuando tienen un manejo cuidadoso.»
Foto: Cecilio Mota Cruz en video-llamada en el Foro Cultural Kinoki el 18 de septiembre 2018 (Otros Mundos A.C.)
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Más información:
Manual de Agroecología y Agroforestería: Prácticas para una Agricultura Ecológica
La política minera de AMLO, una continuidad incoherente
Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de septiembre de 2018
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció a principios del presente mes que implementará medidas para «reducir» los efectos de la extracción minera. Estas medidas no son otra cosa que medidas cosméticas para paliar los efectos de la minería a tajo abierto por metales, lo que equivale a permitir que continúe una actividad que genera daños severos, múltiples e irreversibles ya documentados, incluso desde las etapas previas al inicio de las explotaciones.
Anunciar «remediaciones» que forman parte de la mentira sistemática que emplean las empresas para encubrir el despojo, gravar a esas empresas y destinar esos recursos fiscales a las comunidades a cambio de permitir las afectaciones y con ello legitimarlas, constituye más de lo mismo: una medida de continuidad que no sólo denota ignorancia y servilismo hacia intereses ajenos a la salud e integridad de nuestras comunidades y territorios, sino que mina el futuro y pone en entredicho el respeto elemental al mandato popular del pasado primero de julio.
Las palabras del Presidente electo no ayudan a enfrentar la grave situación que vive el país por el extractivismo minero que además ha causado desplazamientos de población, pobreza, migración y asesinatos. Con ello solo se operarían mecanismos con el fin de que unos raquíticos impuestos que pagan las empresas mineras se destinen a mitigar los graves e irreparables daños. [1]
México no está en venta. Nuestra integridad no está en venta. Exigimos sin titubeos ni falacias una posición digna y una política pública inequívoca de rechazo al modelo extractivo minero.
¡ALTO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!
RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)
[1] «Desde 2014, se estableció que las empresas mineras tienen que pagar un impuesto por la extracción de minerales y que ese impuesto tiene que utilizarse para mitigar daños en comunidades mineras», declaró AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre 2018.
Foto: AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre en la Ciudad de México.
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Firma esta petición para exigir un juicio justo para Berta Cáceres y el COPINH
El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca.
Los abajo firmantes hemos dado seguimiento del caso del asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en tentativa de homicidio desde el día 2 de marzo de 2016. Nunca habían estado los reflectores de todo el mundo atentos a un acontecimiento como éste. Honduras ha estado en la lupa de la comunidad internacional y ha observado la cantidad impresionante de violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso así como violaciones a sus mismas regulaciones procesales.
Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala.
Una y otra vez el Ministerio Público se ha negado a presentar la información y los peritajes fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad, ha sido la regla de su actuación y esto merece una corrección ejemplar.
El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.
Por otro lado, los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución de este primer proceso judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima cuando es obvio que el actor fundamental como defensor de los Derechos Humanos es el colectivo indígena; además no han admitido la propuesta de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen y se niega a la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio. Nos preguntamos, ¿quiénes son los beneficiados de que no se conozca y evidencie en el juicio el contexto del crimen de Berta?
Nos preocupa además, el trato discriminatorio y racista por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra los miembros del COPINH que claman justicia y que ejercen su derecho a la verdad al presentarse a observar las audiencias y ser maltratados por su proveniencia. La observancia de las garantías para que el pueblo Lenca representado por el COPINH participe del juicio debe ser una prioridad entendiendo la trascendencia de este proceso.
El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.
El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Que en Honduras existe el Estado de Derecho y un Poder Judicial autónomo sin intereses más que la procuración de justicia, verdad y la garantía por los Derechos Humanos, por eso llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca. Esperamos que cumplan con ese deber y abonen a saldar la deuda con las víctimas de este condenable crimen.
Atentamente,
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#DESACulpable: Campaña para juzgar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres
16-18 de noviembre: ¡Celebremos los 15 años del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos!
EL MAPDER CUMPLE 15 AÑOS DEFENDIENDO RÍOS
REALIZARÁ SU ENCUENTRO NACIONAL DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE EN GUERRERO
Comunicado del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – A 17 de septiembre 2018
Al cumplir quince años de resistencia, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) realizará su treceavo encuentro nacional del 16 al 18 de noviembre del 2018 en la comunidad de Salsipuedes, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, en el Acapulco rural, estado de Guerrero.
Compartiremos experiencias y conocimientos desde las distintas comunidades, organizaciones y personas que integramos el MAPDER para fortalecer la resistencia nacional y brindar solidaridad al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).
Nos reuniremos en el lugar que nos vio nacer en el año 2003 en torno al CECOP, que defiende la cuenca del río Papagayo y resiste a una nuevaofensiva de persecución, encarcelamientos y asesinatos.
Los campesinos de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, han expresado contundentemente durante quince años su rechazo al Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, de la Comisión Federal de Electricidad, pero sus derechos siguen siendo pisoteados por las instancias de poder federal y del estado de Guerrero.
Enfrenta el MAPDER numerosas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de los pueblos al agravarse las amenazas de despojo de tierras y del desplazamiento forzado de poblaciones para la construcción de presas.
Delegaciones procedentes de las cuencas hídricas de Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Veracruz, Puebla, Valle de México, La Laguna, entre otras, reflexionaremos sobre la organización y el papel del MAPDER en los nuevos escenarios que enfrentaremos en los siguientes años, particularmente en materia de agua, proyectos de presas, energía y resistencia de los pueblos.
Comunidades afectadas exigimos la cancelación inmediata de los proyectos de presas La Parota en Guerrero, El Zapotillo en Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit, cuenca de La Antigua en Veracruz, al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en las cuencas de Chiapas, y nos solidarizamos con los pueblos que resisten la imposición de embalses en la Sierra Negra de Puebla y en Milpillas, Zacatecas.
Reclamamos la libertad de presos del CECOP, justicia a los asesinados y presentación con vida de Sergio Rivera Hernández, opositor del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala de Minera Autlán en Puebla.
Recuperaremos aprendizajes y logros que hemos tenido como movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos en nuestros primeros quince años de vida.
Con invitados internacionales festejaremos colectivamente la vida y el aniversario del MAPDER al grito de
¡Ríos para la vida, no para la muerte!
Mayor información en el correo electrónico: encuentromapder15@gmail.com
Más información:
«La Revolución del agua»: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco
#10AñosCompartiendo: Manualito para las radios en defensa de los ríos
Quintana Roo: Nueva fumigación con producto agrotóxico provoca mortandad de abejas
Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 14 de septiembre 2018
- El saldo preliminar es de 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados
- La fumigación ocurrió el 10 de septiembre pasado, días después de la firma de un convenio para pagar parcialmente los daños provocados en agosto pasado
- Lo ocurrido vuelve a poner en la agenda de discusión la no regularización de agroquímicos
- En ese contexto, la SAGARPA entregó hoy paquetes de agroquímicos tóxicos a apicultores del municipio de José María Morelos, Quintana Roo
Más de 200 colmenas, en los Ejidos de San Felipe I, Nuevo Reforma y Kankabchen, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, fueron afectadas por una nueva fumigación en el plantío de chile habanero propiedad de un empresario de Yucatán, que el mes pasado provocó la muerte de cientos de miles de abejas y la pérdida de 357 colmenas en el Ejido Candelaria, en donde siguen muriendo las abejas por el impacto residual del tóxico.
Apicultores afectados informaron esta mañana a la sociedad Coopertiva U Lool Che y al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible-Península de Yucatán (CCMSS-PY) que, al revisar sus apiarios, encontraron el suelo tapizado de abejas.
El saldo preliminar, arroja -hasta el momento- 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados, pero la cifra podría aumentar. Los muestreos se realizan con apoyo de especialistas en la materia.
Los productores atribuyen lo ocurrido a que el empresario, originario de Yucatán, Pedro Pablo Erosa Manrique, volvió a fumigar su cultivo de chile habanero el 10 de septiembre pasado, días después de haber firmado un ventajoso convenio que lo compromete sólo a resarcir el daño parcial que ocasionó a los apicultores del Ejido Candelaria, el 13 de agosto pasado.
Erosa Manrique sólo pagará mil 300 pesos por colmena, cuando el precio real es de mil 700 pesos y sólo se hizo responsable de 250, de las 357 colmenas que afectó, lo que implica que pagará 281 mil pesos menos por el daño que provocó.
El convenio, que gozó del aval de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Quintana Roo (Sedarpe) y de la Fiscalía del estado, que coaccionaron a los apicultores para aceptar firmarlo, permite a Erosa Manrique seguir usando agroquímicos.
De acuerdo con el testimonio de Wilson Ayala Mex, del Ejido Candelaria, aunque verbalmente Pablo Erosa les aseguró que no usaría químicos tóxicos, les recomendó que «cerraran sus piqueras» cada vez que hubiera una nueva fumigación a cargo de su personal.
En ese contexto, autoridades locales y federales se han abstenido de regular el uso de agroquímicos y productos nocivos para la tierra, las abejas y, en general, la biodiversidad y, por el contrario, fomentan su utilización en detrimento de la salud humana y de los ecosistemas, con los impactos económicos que ello conlleva.
Como ejemplo, esta mañana, la Sagarpa entregó agroquímicos en plena cabecera municipal, como parte del Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 2018.
Los paquetes entregados contienen DAP, AMINA, PARAQUAT, FOLIAR y GLIFOSATO, este último, altamente cuestionado por contaminar la tierra, los cultivos, el polen de las plantas, cuyo polen es alimento de las abejas, y contaminando a su vez la miel que producen.
Incluso, se han denunciado casos en la Península de Yucatán, de mortandad de las abejas, a partir de la presencia y uso del Glifosato.
La Sedarpe también formó parte del evento, en donde se repartió a cada agricultor, un vale equivalente a mil 500 pesos, por hectárea, para canjearlo por estos agroquímicos.
Más información:
Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico
[VIDEO] Justicia Ambiental y Lucha Antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo
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El pasado 1 de mayo, cuatro mujeres integrantes de Amigos de la Tierra Internacional participaron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en un conversatorio titulado «Justicia Ambiental y Lucha Antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado por Otros Mundos A.C. en el marco de su Seminario Permanente de la Sustentabilidad. Las participantes fueron: Ivana Kulić, del Centro para el medioambiente/ Amigos de la Tierra Bosnia y Herzegovina; Rita Uwaka, de Acción para los derehos ambientales/ Amigos de la Tierra Nigeria; Syeda Rizwana Hazan, de la Asociación de abogados ambientales bangladesís/ Amigos de la Tierra Bangladés; y Marília de Madeiros Gonçalvez, de Amigos de la Tierra Brasil. Cada una habló del vínculo entre la defensa del territorio y la lucha por los derechos de las mujeres en su respectivo continente.
El evento formó parte de las actividades de la segunda reunión del grupo de Trabajo de la federación Amigos de la Tierra Internacional sobre Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado, la cual se llevó a cabo del 30 de abril al 4 de mayo en el Centro Alter Natos de Otros Mundos A.C. «Luchamos para que haya justicia y para liberarnos de todos los sistemas que desvalorizan y explotan a las mujeres, los pueblos y el medioambiente, tales como el patriarcado, el racismo, el (neo)colonialismo, la opresión de clase, el capitalismo y la heteronormatividad», declara la federación en su página web.
Los testimonios de las cuatro compañeras permitieron visibilizar los impactos diferenciados que tienen los megaproyectos en la salud y la vida cotidiana de las mujeres, tanto en terminos de daños directos sobre sus territorios, cuerpos y trabajos, como de represión y criminalización de su labor en defensa del territorio. También dieron a entender el gran papel que juegan las mujeres por la defensa de la soberanía alimentaria en el mundo y la injusticia a la cual se enfrentan al no tener tanto acceso a las tierras cultivables como los hombres. Explicaron que «el modelo extractivo tiene su origen en el patriarcado y el sistema capitalista», como lo resumió Rita Uwaka en su presentación.
El panel fue complementado por la participación de dos compañeras chiapanecas, Guadalupe Vásquez Luna, de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y Rosalinda Santiz del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), quien nos habló de las cooperativas de mujeres artesanas como una manera de «defender el territorio, las tierras y nuestros propios recursos naturales». También contamos con la presencia de la feminista afro-colombiana Astrid Cuero, quien nos compartió la experiencia de las mujeres afro-colombianas en lucha contra la minería en su país.
—– ENGLISH VERSION —–
[VIDEO] Environmental Justice and Fight against Patriarchy: Body, Territory and Work
On May 1st, 2018, four women members of Friends of the Earth International (FoEI) took part in San Cristobal de las Casas, Chiapas, in a public talk called «Environmental Justice and Fight against Patriarchy: Body, Territory and Work», organized by Otros Mundos A.C. The speakers were: Ivana Kulić, from the Center for Environment/ Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina; Rita Uwaka, from Environmental Rights Action (ERA)/ Friends of the Earth Nigeria; Syeda Rizwana Hazan, from the Bangladesh Environmental Lawyers Association/ Friends of the Bangladesh; and Marília de Madeiros Gonçalvez, from Friends of the Earth Brazil. Each of them talked about the link between the defense of the territory and the struggle for women’s rights in her continent.
The event was part of the activities of the second reunion of FoEI’s Working Group on Gender Justice and Dismantling Patriarchy, which took place from April 30th to May 4th, 2018, in the Ecological Center «Alter Natos» of Otros Mundos A.C. «We seek justice and freedom from all systems that devalue and exploit women, peoples and the environment, including patriarchy, racism, (neo)colonialism, class oppression, capitalism and heteronormativity», states the federation.
The testimonies of all four speakers shed light on the different impacts that megaprojects have on women’s health and daily lives, not only regarding the direct effects they have on their territories, bodies and works but also the repression and criminalization of their struggle in defense of the territory. The participants talked about the great role women play in the defense of world’s food sovereignty and the injustice they are facing, due to the fact that they don’t have as much acces to croplands as men. They helped us undersatand that «extractivism is rooted in patriarchy and capitalism», as Rita Uwaka said during her lecture.
The talk of the four members of FoEI was complemented by the participation of two women from Chiapas, Guadalupe Vásquez Luna, from the grassroot organization La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, and Rosalinda Santiz, from the Formation and Training Center for Women K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), who shared her vision of craftswomen’s cooperatives as a way of «defending our territory, our lands and our own natural resources». There was also a presentation by the Afro-Colombian feminist Astrid Cuero, who told the story of Afro-Colombian women who fight against mining in her country.
Más información:
[AUDIO] Las cooperativas de mujeres, una alternativa al sistema capitalista
[INFOGRAFÍA] ¿Cuánta agua consumen los proyectos extractivos?
Todos y todas necesitamos agua para vivir. Las empresas extractivas también necesitan agua para llevar a cabo sus proyectos de producción industrial en los territorios urbanos, campesinos e indígenas. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por ejemplo, la embotelladora FEMSA-Coca Cola extrae 1.3 millón de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitepec, donde las comunidades carecen del vital líquido. Equivale a 65,000 garrafones de 20 litros.
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En la comunidad de Ribera Cahuaré, municipio de Chiapa de Corzo, en medio del Área Natural Protegida del Cañon del Sumidero, está funcionando desde el año 1963 una mina de cal operada por Cales y Morteros de Grijalva S.A. de C.V., que requiere cada día 177,500 litros de agua, es decir 8,875 garrafones. Además, contamina el aire con polvo tóxico enfermando a la población y fractura las paredes del Cañon por estar usando materiales explosivos.
En 2017, el pueblo zoque logró parar 12 pozos de extracción de hidrocarburo en los que se pretendía recurrir al método de la fracturación hidráulica (o fracking). Fue una gran victoria para el agua en Chiapas ya que el fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking, y cientos de agentes tóxicos para funcionar.
Este año, tras la divulgación del borrador de la «Ley Pichardo» que buscaba imponer una Ley General de Aguas privatizadora, y la firma de diez decretos de levantamiento de vedas el 6 de junio por el presidente de la República, se conformó la Plataforma por el derecho humano al agua en Chiapas. Con el fin de sensiblizar a la población sobre la importancia de cuidar el agua y defenderla de los proyectos extractivos, lanzamos la campaña de información #AguasChiapasConElAgua.
¡Tu también puedes ser parte de la defensa! ¡Imprime y comparte esta inforgrafía!
Blog: http://pdhagua.blogspot.com/
Facebook: Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas
Más información:
En una ciudad con poca agua, la Coca-Cola y la diabetes se multiplican
En la prensa:
Coca Cola extrae más de 1 millón de litros de agua al día de San Cristóbal de las Casas
Sierra Tarahumara: Minera canadiense incumple contrato y reprime
Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 5 de septiembre 2018
En México y en Latinoamérica las mineras canadienses ya están acostumbradas a tener una actuación ilegal y de incumplimiento de contratos o convenios, entre muchas otras violaciones a las leyes y a los derechos humanos, porque se saben protegidas por las estructuras de gobierno, a tal grado que, aun en comunidades quienes erróneamente o con engaños han aceptado el ingreso de una empresa minera a su territorio, son reprimidas cuando éstas reclaman sus ilegalidades.
La minera Coeur Mexicana S.A. de C.V., de capital canadiense, firmó un contrato con los ejidatarios para la explotación de una mina de plata en el municipio de Guazapares, ubicado en la Sierra Tarahumara, que se caracteriza por ser la región más importante en producción de plata del estado norteño de Chihuahua. Sin embargo, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa canadiense, que es un común denominador de estas empresas, provocó que los ejidatarios exigieran justicia.
Desde el 20 de agosto los ejidatarios iniciaron su manifestación y plantón en el camino que da acceso a la mina, pero fue disuelta el 30 de agosto con el apoyo de 130 elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, quienes llegaron disparando al aire para intimidarlos, sin identificarse y sin presentar órdenes de aprehensión, detuvieron a dos ejidatarios, José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González, que ahora se reportan como desaparecidos.
Esta situación es reiterativa por parte de las empresas mineras canadienses, aunque no sólo estas, tanto en otras partes del país como en Latinoamérica, en donde incumplen muchas de las cláusulas de los convenios firmados, desde aspectos tan fundamentales como negarse a la contratación de mano de obra, no pagar derechos de paso, no realizar las obras sociales prometidas a las comunidades y otras serie de circunstancias que al final se traduce en la extracción del mineral y la devastación territorial, de la salud y comunitaria.
También incumplen resoluciones judiciales, violan normativas ambientales y prácticamente hacen inexistentes los derechos humanos de los pobladores locales y trabajadores, a quienes reprime e incluso asesina cuando se atreven a reclamar sus derechos, tal como ha sucedido ya en Guerrero con la empresa Torex Gold o en Chiapas con la Blackfire o en Oaxaca con la Fortuna Silver Mines, todas de capital canadiense.
La actividad minera está lejos de ser parte del progreso y desarrollo, toda vez que se ha vuelto la práctica que mayores asimetrías genera; destruye totalmente los bienes naturales y por ende el territorio de los pueblos a los que deja devastados con irreversibles daños a la salud y al ambiente; capitalizando el despojo tan pronto como les es posible, llegan a efectuar el desplazamiento a toda costa.
A las empresas y sus dueños, no les interesa si un pueblo se opone y resiste o por el contrario firma un convenio, pues en ambos casos habrá persecuciones, represión, criminalización y/o asesinatos. Es tan rapaz y tan impune el actuar de las empresas mineras y del mismo gobierno que violentan y violan todo el Estado de Derecho en su conjunto. Reconocemos que se trata de una batalla en donde el Estado actúa casi siempre del lado de las empresas y bajo los escudos justificativos de la modernidad, el progreso y el desarrollo, buscando de esa forma legitimar sus ilegitimas ganancias generadas por el saqueo de los pueblos.
Este caso que ahora sufren los ejidatarios del municipio de Guazapares, debe ser un serio llamado de atención y de alerta, para que las comunidades y ejidos de todo el país, eviten ser engañados y desechen cualquier relación con aquella empresa minera que ronde su territorio.
En contrasentido, los invitamos a organizarse para decretar el Territorio Libre de Minería. Es posible luchar y resistirse en contra este Modelo Extractivo que viola los derechos humanos y devasta territorios tal como sucede y se ha demostrado en varios estados del país.
REMA se solidariza con las y los ejidatarios de Guazapares quienes a pesar de lo ocurrido se mantienen resistiendo y sostendrán el bloqueo, el cual han anunciado que ahora será total.
Responsabilizamos a la empresa minera canadiense y al gobierno de Chihuahua por la seguridad de los ejidatarios y el regreso con vida de José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González.
¡POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!
RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)
Más información:
Con disparos, agentes disuelven protesta contra minera en Chihuahua
Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca
Guerrero: ¡Alto a los actos criminales de la minera canadiense Torex Gold Resources!
Foto: la mina de plata de Coeur Mexicana en Guazapares (Crédito: Coeur Mining)
#DESACulpable: Campaña para juzgar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres
Hoy, 5 de septiembre, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) dió a conocer en conferencia de prensa el lanzamiento de su campaña «DESA Culpable». Eso para recordar que los autores intelectuales del asesinato de la excoordinadora del COPINH Berta Cáceres en marzo 2016 se encuentran en la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», contra el cual resistitía la defensora.
Ayer, segundo día de la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal rechazó la solicitud del COPINH de llamar a testificar a los directivos de DESA, conocidos como la familia Atala.
En conferencia de prensa hoy en Tegucigalpa, Honduras, la coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, Berta Zúñiga, invitó a apoyar la campaña difundiendo los siguientes tres mensajes en las redes sociales en texto o en video:
1. DESA constituyó una estructura criminal apoyada por el estado de Honduras, responsable del asesinato de Berta Caceres y los ataques sistemáticos al COPINH.
2. Este es solo el primer juicio. Exigimos que se juzguen y castiguen a quienes ejecutaron el asesinato de Berta, pero la justicia solo llegara hasta que se alcanza a quienes planificaron y ordenaron el crimen. no pararemos hasta alcanzarlos
3. Berta Cáceres reivindicó la dignidad del pueblo lenca y su derecho a la autodeterminación. Su asesinato es producto de la política extractivista del estado de Honduras y de la imposición de proyectos de muerte.
El COPINH lanzó una nueva página web en la que se concentra toda la información sobre el caso, el juicio, y la empresa DESA: https://berta.copinh.org/.
Estamos invitad@s a enviar por Twitter los dos mensajes siguientes:
1) @JuanOrlandoH ¿Por qué DESA, una empresa criminal, aún tiene la concesión del Río Gualcarque? #JusticiaParaBerta #DESACulpable
2) @MP_Honduras ¿Por qué no han capturado a TODOS los asesinos intelectuales de Berta Cáceres? #JusticiaParaBerta #DESACulpable
Podemos también descargar estos materiales gráficos para apoyar la campaña en nuestras redes sociales o actos públicos.
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A continuación, compartimos el último comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que resume las conclusiones de la Audiencia de Proposición de Pruebas:
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto con la familia de la compañera Berta Cáceres y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) informa a la comunidad nacional e internacional las conclusiones de la audiencia de proposición de pruebas en el primer proceso judicial contra 8 personas acusadas por arrebatarle la vida, o propiciar las condiciones para ello, a nuestra hermana Berta Cáceres y atentar contra el compañero Gustavo.
Esta audiencia que se desarrolla a pocos días de la apertura del juicio que dará condena o absolverá a las personas hasta hoy detenidas, ha ocupado varias sesiones, demoradas por la falta de resolución ante la información faltante.
Concluye, entonces, con la negación del tribunal de gran parte de la prueba de nuestra acusación que pretendía contextualizar el clima de ataque sistemático que sufrió Berta por cumplir su papel como coordinadora de COPINH, que era parte del plan para neutralizar y atacar la lucha en defensa de los territorios contra el saqueo de la empresa privada.
Esto en lo concreto significa el rechazo del testimonio de quienes son parte de la Junta directiva de la empresa Desarrollo Sustentable S.A (DESA) y tenían voz de mando frente a todo el trabajo operativo desplegado por DESA para atacar la labor de Berta Cáceres: Pedro, José Eduardo y Jacobo todos de apellido Atala Zablah y del señor Daniel Atala Midence. La «justicia» hondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa.
Además, el tribunal ha rechazado la pericia de contexto social y político, que sería realizada por expertos para desarrollar un análisis especializado sobre la situación en la que Berta, como lideresa frente a un proceso popular del pueblo Lenca, realizaba su trabajo y por ende determinar los intereses que ella adversaba.
Esta es una laceración a la perspectiva de búsqueda integral de la verdad ya que no debe desconocerse que Berta fue asesinada por su trabajo organizativo y labor como defensoras de derecho humanos y he aquí la necesidad de reinvidicar al COPINH como víctima formal del ataque.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que «la ejecución de un líder sindical […] no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor«.
Eso es lo que el Estado sigue desconociendo, el peso político de la figura de Berta en integralidad y por eso reduce el juzgar los hechos del 2 de marzo únicamente y no ver la cadena de hechos que querían parar su trabajo y al no poder es que se decide darle muerte.
Más información:
Desafiar al sistema de justicia (reporte en Radio Mundo Real)
A 30 Meses de la siembra de Berta
Caso Berta Cáceres: el Ministerio Público de Honduras obstaculiza el camino hacia el juicio
[AUDIOS] Radio Novela del COPINH: «Justicia para Berta, Justicia para los pueblos»
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[INFORME] Geoingeniería: el gran fraude climático
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The Big Bad Fix (El gran fraude climático – Argumentos contra la geoingeniería), informe publicado hoy por el Grupo ETC, Biofuelwatch y la Fundación Heinrich Böll, advierte que la geoingeniería (la manipulación del clima a gran escala) está ganando aceptación en países altamente contaminantes, como una «solución» tecnológica al cambio climático, ya que esos países se niegan a cambiar sus economías basadas en combustibles fósiles. Por ello proliferan los programas y proyectos de investigación sobre geoingeniería, planeados y financiados por la industria e instituciones privadas, principalmente en los países que son grandes emisores de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos, Reino Unido y China. El gran fraude climático analiza el contexto y riesgos de la geoingeniería, revela sus actores, intereses creados y las políticas que subyacen al avance de esquemas tecnológicos a gran escala para manipular los sistemas naturales de la Tierra.
Pese a que sea considerada muy peligrosa y hasta inaceptable para muchos expertos científicos y políticos, la geoingeniería se posiciona cada vez más en los debates y negociaciones sobre cambio climático, porque crea la ilusión de que hay atajos tecnológicos con los que se podría manejar los síntomas del cambio climático, sin tener que enfrentar las causas de raíz.
Sin embargo, como detalla el informe, la geoingeniería plantea muchos riesgos para la gente, los ecosistemas y la seguridad. Se basa en un consumo excesivo de tierra, agua y recursos, amenaza por tanto la seguridad alimentaria y erosiona el control democrático de los bienes comunes del planeta, también debido a que estas tecnologías las están desarrollando principalmente quienes buscan lucrar con patentes y desarrollos comerciales de las mismas. Por lo tanto, enfatiza el documento, es altamente probable que se incurra en daños irreversibles a la biodiversidad y a la integridad de los ecosistemas. También existen graves preocupaciones sobre la gobernanza de la geoingeniería, incluyendo el potencial que tiene de que se despliegue unilateralmente, el riesgo de conflictos ante la posibilidad de impactos adversos y daños laterales en algunas regiones, y el riesgo de utilizar las tecnologías de la geoingeniería con fines hostiles.
«La geoingeniería es una defensa peligrosa de un status quo fallido, no una necesidad técnica o científica. De hecho, las técnicas que la geoingeinería desarrolla tienen mayores posibilidades de empeorar que de resolver los diversos problemas ocasionados por el cambio climático. Asegurar que ‘debemos‘ desplegar la geoingeniería equivale a asumir que preferimos dañar irreparablemente nuestro planeta antes que alterar el sistema económico que beneficia solo a los que se encuentran en la cima.» Rachel Smolker, Co-Directora de Biofuelwatch.
El gran fraude climático se presentó el 22 de agosto 2018 en Nairobi, durante la 3a Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en el periodo previo a una reunión del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) también de la ONU, en Montreal. La geoingeniería se encuentra bajo una moratoria de facto en el CDB, y la geoingeniería marina está prohibida por el Protocolo de Londres del Convenio de Londres sobre la Prevención de la Contaminación del Mar. Los autores del informe argumentan que esas decisiones se deben mantener y deben constituir el punto de partida de cualquier discusión legítima, internacional y democrática sobre la gobernanza de la geoingeniería.
«La geoingeniería exacerbará el desequilibrio de poder global, creará ganadores y perdedores. Sería una locura permitir que un grupo de países tomaran control del termostato global», afirma Silvia Ribeiro, Directora para América Latina del Grupo ETC. «La gobernanza no debe mal-entenderse como el establecimiento de regulaciones para legalizar y permitir el desarrollo de tales tecnologías. Prohibir tecnologías sumamente riesgosas y peligrosas es un enfoque legítimo y prudente hacia la gobernanza, como se la puso en práctica con el Tratado de Prohibición de las Pruebas Nucleares y la adopción por la ONU del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en julio de 2017″, agrega Ribeiro.
En vez de poner el foco en arreglos técnicos, no probados, riesgosos, el informe llama a la implementación de una visión con justicia climática para limitar el calentamiento global por debajo de 1.5 °C.
«Quienes proponen la geoingeniería alientan la ilusión de que podemos escapar de nuestras crisis climáticas sin tener que ajustar nuestros estilos de vida, que en muchos casos son altamente emisores de gases. Pero la realidad no es tan simple. Las técnicas de geoingeniería no solo vienen con nuevos riesgos y efectos laterales, sino que también distraen de la única solución probada para el cambio climático: la reducción radical de las emisiones de gases que cambian el clima. Antes de poner en marcha la geoingeniería, necesitamos regulaciones claras y vinculantes para esas tecnologías. Un marco internacional para la regulación debe basarse en un estricto principio de precaución, y las tecnologías con riesgos asociados que no son predecibles, justificables o manejables deben directamente prohibirse”, afirma Barbara Unmüssig, Directora de la Fundación Heinrich Böll.
El informe concluye que los numerosos riesgos de alto impacto que puede tener la geoingeniería, y los problemas políticos, sociales, culturales, económicos, éticos, morales, intergeneracionales y de derechos que implica, la vuelven inaceptable. Más aún, los autores argumentan que constituye una peligrosa distracción de las alternativas viables que se requieren urgentemente: reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo y transformar nuestras economías, para abrirle posibilidades a un futuro sostenible justo social y ecológicamente, en vez de confinar al mundo a una dependencia de largo plazo a tecnologías de alto riesgo, que además aún no existen.
Informe sobre la jurisdicción agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en México
Informe publicado por la Fundación por el Debido Proceso – Agosto 2018
Autores: Gabriela Torres Mazuera, Jorge Fernández Mendiburu, Claudia Gómez Godoy
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INTRODUCCIÓN:
Este informe tiene por objetivo realizar un balance actualizado sobre el desempeño de la Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN) y Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS) a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas (DHPI) y en relación al proceso de despojo de tierra que experimentan hoy en día ejidos y comunidades en regiones indígenas de México.
Nos interesa plantear recomendaciones y destacar la importancia de concebir a los ejidos y comunidades en términos de patrimonio colectivo, fundamental para la reproducción sociocultural de los pueblos indígenas y campesinos del país. Esto es, nos interesa destacar la función de los ejidos y comunidades no solo para la producción de alimentos sino como lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural, identitaria y de organización político-administrativa, lo cual conlleva necesariamente a extender la noción restrictiva de tierra hacia la de territorio.
El argumento central del presente informe es que la legislación agraria en México, aunque ha tenido un importante desarrollo para regular la propiedad social de la tierra constituida por ejidos y comunidades, no ha garantizado una protección cabal de la propiedad indígena -entendida como territorio colectivo-. Hasta la fecha no existen mecanismos legales bien establecidos con un enfoque intercultural para la protección y defensa del territorio indígena en México. A ello se suma que tampoco existe una institución gubernamental que en la práctica esté protegiendo la dimensión social de la propiedad ejidal y de bienes comunales en territorios indígenas, ni que ofrezca asesoría dirigida a fortalecer la dimensión colectiva de la propiedad, menos aún que respete la libre determinación de los pueblos indígenas sobre su territorio.
Aunque existen instancias gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos agrarios e indígenas, que por disposición legal deberían salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de la Procuraduría Agraria, los Tribunales Agrarios y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los hechos se alejan de su misión favoreciendo intereses privados. Como mostraremos en este informe con algunos casos documentados, estas instituciones han facilitado la privatización y mercantilización de las tierras ejidales de uso común y las tierras de comunidades.
En el mismo sentido, sostenemos que los Tribunales Agrarios -cuya misión es brindar justicia en el sector agrario- no están cumpliendo con su cometido en la medida en que muchos magistrados han optado por una interpretación basada en criterios y principios que corresponden al derecho civil pasando de largo mecanismos de protección especial de los territorios indígenas, cuya dimensión y protección de manera colectiva es fundamental.
Hoy en día, en un contexto de fuerte presión por parte de empresas nacionales e internacionales interesadas en diversos recursos asociados a la tierra ejidal y de bienes comunales, existe una falta de protección a las tierras y al territorio de pueblos indígenas y campesinos a nivel nacional por parte de autoridades responsables del sector agrario. Como mostraremos en este informe, el desconocimiento, indiferencia y/o negación a la libre determinación de los pueblos indígenas asociada a un territorio persiste como enfoque al interior de la jurisdicción agraria en México.
Todo esto a pesar de las múltiples reformas legales en materia de derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos, así como la firma de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, y las reformas en materia indígena y derechos humanos en México que han establecido el reconocimiento del carácter pluricultural de la población mexicana (artículo 4 constitucional), el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación (artículo 2 constitucional) y la obligación de las autoridades de todos los niveles a considerar, en el ejercicio de sus funciones, el contenido de los tratados internacionales de derechos humanos y las resoluciones que se han derivado de los tribunales internacionales, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han interpretado de manera progresiva los derechos de los pueblos originarios.
Actualmente, las principales batallas legales en la defensa de los territorios colectivos indígenas y campesinos se sustancian en los juzgados de distrito, por la vía del juicio de amparo, incluso en tribunales civiles -mucho más abiertos a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos que los propios Tribunales Agrarios-. En efecto, de acuerdo a su misión, los Tribunales Agrarios tendrían que estar más cerca y resolver la conflictividad que se genera en el sector campesino e indígena, pero se han negado sistemáticamente a adaptar su actuar a los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta situación ya había sido alertada por el entonces Relator Especial de Naciones Unidas Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Rodolfo Stavenhagen, al emitir su informe respectivo derivado de su visita a México en el año 2003 [1].
En aquella ocasión, el funcionario de las Naciones Unidas señaló lo siguiente:
17. Una de las causas principales de los conflictos radica en la cuestión de la tierra. La reforma agraria, que benefició a más de 3 millones de campesinos a partir de 1917, dejó en su cauda un sinfín de problemas no resueltos. La desigualdad social y económica se mantuvo mediante formas de corrupción y simulación a favor de la gran propiedad, aunada a la creciente presión demográfica sobre los recursos agrícolas. Un número cada vez mayor de campesinos pobres carece de acceso a la tierra, teniendo que buscarse la vida como jornaleros agrícolas, trabajadores migratorios en el país y en Estados Unidos, y emigrantes a los centros urbanos. Ello se debe también a la falta de una política efectiva de apoyo a la economía campesina durante muchas décadas.
18. Las luchas campesinas por la tierra y sus recursos se agudizan por las ambigüedades en torno a los derechos y títulos agrarios, desacuerdos en cuanto a límites entre ejidos, comunidades y propiedades privadas, conflictos por el uso de recursos colectivos como bosques y aguas, invasiones y ocupaciones ilegales de predios y terrenos comunales por parte de madereros, ganaderos o agricultores privados, acumulación de propiedades en manos de caciques locales etc. La defensa de la tierra, que se lleva primero por la vía institucional, judicial y política, puede conducir a enfrentamientos con otros campesinos, o con propietarios privados, autoridades públicas y las fuerzas del orden (policías, militares). En este contexto, se denuncian persistentes violaciones a los derechos humanos, a las cuales no son ajenos en ocasiones las autoridades locales o estatales y elementos de la fuerza pública, ya sea por omisión o por comisión. (…)
20. En algunas partes las comunidades indígenas no poseen seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra, por la lentitud y la corrupción que ha caracterizado a los trámites agrarios, así como los intereses de diversos particulares. El Relator Especial fue informado de casos que involucran a los indígenas yaquis de Sonora, huicholes de Jalisco, tarahumaras de Chihuahua, y huaves de Oaxaca, entre otros. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), que fue creado para resolver estos problemas, no ha contribuido a mejorar la situación de la tenencia, según informes recibidos [2].
En dicho documento, el Relator hizo referencia a diversos conflictos y situaciones de despojo que estaban viviendo diversos pueblos originarios en el país, derivados en buena medida de la falta de certeza jurídica sobre el territorio que poseían y de la incapacidad de las instituciones agrarias para dar respuesta, desde una perspectiva que incorporara los derechos de los pueblos originarios, a dichos conflictos. Tan es así, que emitió diversas recomendaciones en las que instaba a incorporar la perspectiva indígena al ámbito agrario:
73. La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.
74. Se recomienda crear grupos de trabajo interdisciplinarios y representativos de pueblos, sociedad civil y gobierno para revisar los casos de conflictos agrarios en todo el país, a fin de proponer mecanismos adecuados de solución a cada uno de ellos, asegurando la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la existencia de recursos adecuados, medidas compensatorias y el respeto a las formas de resolución de conflictos de los pueblos.
76. Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios [3].
A quince años de la emisión de dicho documento, la situación no sólo no ha variado, sino que los conflictos derivados de los procesos de despojo se han agudizado por la implementación de múltiples «proyectos de desarrollo» en territorio indígena, donde la justicia agraria no ha significado un espacio que permita la protección plena de los derechos de las comunidades.
En este informe describimos el desempeño actual de autoridades agrarias de dependencias que conforman lo que aquí llamaremos la jurisdicción agraria (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Tribunales Unitarios Agrarios). Nuestra perspectiva es desde los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. La elaboración de este informe se apoya en doce entrevistas a profundidad realizadas a abogadas y abogados que litigan en Yucatán, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua, así como en una revisión bibliográfica, de archivo, y por medio de solicitudes de información al portal de infomex (www.infomex.org.mx).
Metodológicamente, nos aproximamos a los conflictos considerando no solo su dimensión meramente jurídica sino también social. Para ello realizamos una revisión bibliográfica exhaustiva de estudios de caso que describen conflictos agrarios asociados a procesos de despojo con una mirada etnográfica.
Esta revisión nos ha permitido definir el despojo como un proceso de corta, mediana y larga duración en la que participan muchos actores. El despojo no solo significa la privación o pérdida permanente de la posesión, goce y aprovechamiento de un recurso o un bien. Con esta noción nos referimos, por un lado, al proceso de privatización e individualización de un patrimonio comunitario, el ejido y la comunidad, que se convierte en «propiedad» de algunos (los ejidatarios y comuneros).
Por otro lado, consideramos el despojo como: la transformación forzada de un modo de vida asociado a un territorio con efectos diferenciales al interior de ejidos y comunidades. Por tanto, el despojo significa una transformación en las relaciones de propiedad que a su vez son también relaciones sociales, de ahí que cuando nos remitimos a esta noción resaltamos las maneras diferenciales en que la pérdida de tierra y recursos asociados a ésta, afecta a los diferentes miembros de un mismo grupo social (hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores) y altera las relaciones sociales al interior de una comunidad.
En este sentido, es fundamental aclarar que las comunidades indígenas no son grupos homogéneos e integrados, compuestos por personas que forzosamente comparten los mismos valores, intereses y marcos de interpretación de la realidad. Por lo común, se ignora o se evade el hecho de que los grupos indígenas son, en muchos casos, entidades heterogéneas, fragmentadas políticamente, atravesados por diferencias de clase, de género, religiosas, partidistas e incluso de tipo étnico.
Una aproximación detallada del despojo requiere tomar en cuenta la complicidad, colaboración y cooptación de los mismos ejidatarios/comuneros indígenas y/o campesinos en los procesos de despojo, así como los diferentes tipos de despojo de acuerdo a los sujetos implicados, además de la acción de empresarios foráneos a los núcleos agrarios indígenas. En particular, es importante considerar el despojo desde la perspectiva de las mujeres y de los jóvenes que residen en los núcleos agrarios, quienes, en el contexto ejidal y comunal, son generalmente excluidos de la toma de decisiones de la asamblea general de ejidatarios o de bienes comunales y afectados, no se toma en cuenta su posición y tampoco reciben beneficios cuando el patrimonio colectivo es enajenado.
En esta misma dirección es importante señalar que en este informe la categoría de indígena no será tomada como una categoría objetiva ni estable en el tiempo y espacio nacional. Por un lado, es una categoría de clasificación social que en muchos casos es rechazada por aquellas personas hablantes de lenguas nativas y pertenecientes a comunidades étnicas debido a su carga de dominación colonial. Uno de los argumentos de este trabajo es que justamente es a partir del reconocimiento por parte de una legislación internacional de un conjunto de derechos para personas y grupos «indígenas» que la categoría comienza a ser reivindicada por organizaciones y movimientos sociales en ciertas disputas por los recursos naturales y agrarios en México. Este fenómeno ha sido descrito por antropólogos, en diversos contextos nacionales (por ejemplo, en Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y México por mencionar algunos) quienes identifican procesos de re-etnización, revitalización o renovación étnica asociados a nuevos derechos vinculados a la categoría de indígena [4].
La categoría indígena es una herramienta de lucha por el acceso y control a ciertos recursos y derechos por parte de personas que históricamente han sido marginadas de la toma de decisiones de los proyectos de desarrollo nacional. Esta posición nos aleja de ciertas concepciones adjetivadas como esencialistas y románticas atribuidas a los grupos indígenas, en particular, el supuesto según el cual los indígenas son esencialmente ecológicos, comunitarios o anti desarrollistas. También nos permite considerar grupos campesinos que experimentan procesos de revitalización étnica y evitar una distinción tajante entre indígena o no indígena.
El informe está organizado en cinco secciones. La primera sección es una breve descripción histórica del reparto agrario, la tenencia de la tierra y los grupos indígenas en México (1915-2017). Lo que nos permite comprender por qué el proyecto agrarista posrevolucionario significó la disociación entre tierra y territorio. Y también nos permite explicar las razones por las cuales en México no existe una asociación directa entre tipo de tenencia de la tierra y grupos indígenas.
En la segunda sección hacemos una revisión de las principales reformas legales y nuevas legislaciones promovidas entre 1992 y 2013 que afectan a ejidos y comunidades indígenas y campesinos. Destacando el carácter contradictorio de este conjunto de leyes que, por un lado, abren al mercado recursos indispensables para el sustento de la vida indígena y campesina en México, a la par que reconocen el carácter multicultural de la nación mexicana y se proponen definir los derechos de personas y colectivos indígenas a fin de permitirles determinar los términos de su propio desarrollo como grupo socio-cultural.
En la tercera sección realizamos una descripción esquemática de tres instituciones que conforman parte de la jurisdicción agraria en México (PA, RAN, TUAs) para señalar sus objetivos institucionales, características en términos de presupuesto y organización.
En la cuarta sección, analizamos patrones de despojo de las tierras ejidales y de bienes comunales de poblaciones indígenas y campesinas. Nos interesa señalar la complejidad de estos procesos y la variedad de actores involucrados, en particular la actuación de empresarios, empresas o corporaciones nacionales e internacionales y los gobiernos en sus tres ámbitos de competencia.
En la quinta sección, nos referimos a la violación al derecho al debido proceso en procedimientos agrarios en los que se dirimen controversias de comunidades indígenas en relación a sus tierras, territorios y recursos naturales.
Finalmente, en la sexta sección se demostrará cómo la política agraria -que ha facilitado el despojo de territorio en perjuicio de comunidades indígenas- representa una violación al derecho a la libre determinación. El informe culmina formulando algunas recomendaciones.
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Notas:
[1] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.
[2] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.
[3] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.
[4] Ver, por ejemplo, Ramos, R.A. (1992). The Hyperreal Indian. Serie Antropología 135; Bastos, S. y Cumes, A. (Coords). (2007). Mayanización y vida cotidiana. La ideología multicultural en la sociedad guatemalteca. Guatemala: Flacso; Agier, M. y Hoffmann, O. (1999). Las tierras de las comunidades negras en el Pacífico colombiano: interpretaciones de la ley, estrategias de los actores. Territorios, Revista de estudios Regionales y urbanos, 53-76; Canessa, A. (2007). Who is Indigenous? Selfidentification, indigeneity, and claims to justice in contemporary Bolivia. Urban Anthropology, 36(3),14-48; Torres-Mazuera, G. (2018). Nosotros decimos Má: La lucha contra la soya transgénica y la rearticulación de la identidad Maya en la Península de Yucatán. The Jornal of Latin American and Caribbean Anthropology, 23(2)
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