El Salvador: Las mujeres defienden el agua y enfrentan a Coca Cola en el Municipio de Nejapa, San Salvador

Artículo de Marta Eugenia Muñoz, publicado en el informe «Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central» de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018

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1.1. Introducción

El Salvador es uno de los países más deforestados de América Latina, con alta densidad poblacional, 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Cifras oficiales dejan ver que en la zona rural solo 55% de la población posee conexión de agua por cañería, mientras que en la ciudad esa cifra sube a 90 %. En el campo, las familias sin cañería se abastecen de pozos y ríos, agua que no es apta para el consumo humano, aún con esta mala calidad, este bien natural se está agotando.

1.2. Antecedentes

En el año de 1965, se fundó Embotelladora Salvadoreña, S. A., que inició operaciones con la marca Coca-Cola en El Salvador en el municipio de Soyapango, al agotarse el acuífero de esta ciudad en 1994, se traslada la planta de Coca Cola al municipio de Nejapa. En el año 2005, SAB Miller adquirió la totalidad de la empresa.

El municipio de Nejapa (compuesto por ocho cantones y 43 caseríos), se encuentra en el Departamento de San Salvador, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2017 con una población total de 29,458 habitantes, de los cuales el 52% son hombres y el 42% son mujeres; con una realidad rural transformándose en urbana dada su cercanía al área metropolitana de la capital, San Salvador, lo que se traduce en más población, más industrias y más impacto en los recursos sociales y ambientales.

Uno de los más graves problemas a los que se enfrentan los habitantes de Nejapa tiene que ver con el derecho humano al agua potable. El municipio se encuentra ubicado sobre un acuífero (llamado Nejapa/Quezaltepeque), que es clave para el suministro doméstico del 46% de la población de la capital dadas sus dimensiones. Es un acuífero que forma parte de la cuenca del río San Antonio, y que tiene un gran interés por su riqueza en producción de agua limpia (aporta 7,4 millones de metros cúbitos al año). Su recarga depende en buena medida de lo que ocurre en Nejapa, donde en las últimas décadas también se ha convertido en un recurso explotado por la actividad industrial que se ha traslado a la zona, sometiéndolo a una constante presión. Entre otras, ahora están allí asentadas una embotelladora de la transnacional de Coca Cola (Industrias La Constancia/ Sab Miller), empresas salvadoreñas como MECAFE, Salazar Romero.

1.3. La expropiación del recurso hídrico por la transnacional Coca Cola

En 1996, tres años antes de empezar su actividad, la empresa consiguió el permiso para explotar unos dos millones de metros cúbicos de agua al año. Ello suponía extraer 66,67 litros por segundo del acuífero. Ya entonces, el desaparecido Comité Ejecutivo Protector de los Recursos Hídricos (CEPRHI), que se encargaba por entonces de la gestión del agua a nivel nacional, emitió una resolución sobre los posibles efectos que tendría la construcción y funcionamiento de la planta de Coca Cola en los recursos hídricos de Nejapa. El CEPRHI señalaba que:

  • La empresa debía identificar un área en la zona de recarga que debía comprometerse a proteger para garantizar la sostenibilidad del acuífero.
  • Indicaba que se impermeabilizara sólo un 25% de la zona;
  • Se prohibieran las descargas de aguas de la industria al Rio San Antonio, para garantizar que no se contaminaba;
  • Que ANDA, como responsable de los servicios de abastecimiento de agua potable, sobre todo en zonas urbanas, debían regir la extracción del agua por la embotelladora.

En 1999, finalmente, con todos los permisos ya aprobados, la empresa comenzó su actividad, justo un año después de que se aprobara la Ley de Medio Ambiente salvadoreña. Desde entonces, la embotelladora Industrias La Constancia/Sab Miller ha realizado varias ampliaciones de sus instalaciones, las solicitudes ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fueron bajo la modalidad de «ampliación de bodega», lo que le evitaba tener que someter las ampliaciones a análisis independientes de impacto ambiental.

La mencionada Ley, en su artículo 21, apartado j establece que «requerirán Estudios deI Impacto Ambiental las obras o proyectos entre las que se encuentran las plantas industriales y agroindustriales». Aunque es evidente que la actividad de una embotelladora de refrescos debiera haberse circunscrito en ese apartado, según la mayoría de las resoluciones que se han examinado, no fue así. La embotelladora se limitó a rellenar un formulario ambiental, que se regula en este mismo artículo 21 del Reglamento de la Ley de Medio Ambiente, con el cual las empresas presentaban una declaración jurada sobre la veracidad de la información que aportaban, incluida la relativa a los impactos en el medio ambiente.

La situación cambió a partir de 2012. Fue ese año cuando la embotelladora de Coca Cola pidió permiso para una nueva ampliación de la planta, en este caso para producir agua embotellada de la marca Cristal. ILC/Sab Miller realizaría allí el envasado y distribución de este agua, la producción de los envases de plástico, el acondicionamiento de producto para el proceso industrial y el lavado de los envases. Argumentaba en su solicitud que iba a simplificar los procesos de tratamiento necesarios, lo que supondría extraer menos agua. Como en anteriores ocasiones, solicitó el formulario ambiental en el Ministerio, desde donde se les remitió la necesidad de realizar, ahora sí, un Estudio de Impacto Ambiental. Al año siguiente, en febrero 2013, Industrias La Constancia/Sab Miller presentó el informe, elaborado por J.R. Duarte. En ese documento se indica que el suministro de agua potable se realizará mediante la extracción de agua de los dos pozos profundos de la Planta Nejapa que ya existen; que las aguas que van a utilizar no requerirán un tratamiento especial (aduciendo análisis de calidad de agua realizados en 211-2012), por lo que las descargarán directamente a la cuenca del río San Antonio; y que los desechos que no puedan reciclar irán al depósito de relleno sanitario de MIDES. Curiosamente,
señalan que gastan 1,2 millones de metros cúbicos de agua al año, cuando hay que recordar que en el año 96 pidieron permiso para extraer dos millones.

En concreto, respecto al consumo de agua la empresa asegura que se garantizará una «eficiente utilización» del recurso hídrico y reducirán un 13% la extracción total de  agua, además de promover acciones de desarrollo para la comunidad. Argumenta que cada año, en total, se extraen del acuífero 15,63millones de metros cúbicos de agua, pero que la recarga potencial es de 21,76 millones, por lo que habría 6,13 millones (la diferencia) disponibles para su uso (es decir, un total de 194 litros por segundo). Aducen que ILC/Sab Miller sólo quiere ampliar su consumo en 79,1 metros cúbicos al mes. Hasta aquí el informe de la embotelladora.

Ante la eminente posibilidad de autorizar la ampliación de la embotelladora de Coca Cola, se impulsa una importante movilización social en Nejapa, los pobladores están en contra de la petición de ampliar la planta, por los graves impactos que la actividad industrial está teniendo en el acuífero fundamental para la zona, por la reducción palpable de la cantidad de agua en sus comunidades y en la calidad del agua, tal como lo narra Josefina Escamilla, lideresa del movimiento social (foto).

En 2013 se inició un proceso de consulta pública por parte de una plataforma social que agrupa a un centenar de organizaciones sociales en El Salvador en torno al derecho al agua. Una de las grandes preocupaciones desde el principio fue determinar si el acuífero de Nejapa/Quezaltepeque tiene potencial para seguir siendo explotado y qué medidas se deberían poner en marcha para garantizar su protección y sostenibilidad, ya que es una fuente primordial para el abastecimiento de agua para consumo humano. En abril de 2013, en la consulta pública se logró recoger 2.200 firmas de oposición al proyecto, a la vez que se emitieron varios comunicados denunciando la campaña de LC/SabMiller por apropiarse de la reserva estratégica.

Josefina Escamilla, da cuenta de la lucha en la defensa del agua. La líder de Nejapa relata que su preocupación comenzó al verificar que la cantidad de agua del río San Antonio disminuía rápidamente: «iba al tanque a experimentar el agua y mes a mes iba bajando, así es como yo les comprobé a las organizaciones comunales que debíamos planificar marchas, que era necesario, porque el pozo ya estaba funcionado aún sin permisos, por eso había menos agua, y ya con el apoyo de las comunidades organizamos una marcha». «Nos tomamos un carril de la carretera, por cierto casi nos atropellan». «De ahí yo les dije a las compañeras que tapáramos la entrada a la Coca Cola para no dejar que entraran o salieran camiones, al final después de protestar y gritar nos dejaron entrar a la Planta y como yo tengo un poco de conocimiento del lugar, les dije ‘allá está el tanque, allá está el pozo, ya lo abrieron’, los representantes de Coca Cola dijeron que el pozo no se estaba usando, pero sí ya se estaba usando».

Para corroborar las afirmaciones y llevar adelante la denuncia, las organizaciones sociales realizaron y presentaron un estudio técnico sobre el acuífero, titulado «Revisión y análisis de los componentes hidrológico e hidrogeológico del Estudio hidrogeológico, hidrológico e hidráulico y de riesgo Zona Planta Nejapa. Industrias la Constancia, ILC. Nejapa, San Salvador». La investigación refuta los datos que había aportado la embotelladora en su Estudio de Impacto Ambiental. El estudio fue elaborado por el hidrólogo de reconocido prestigio en El Salvador, Julio Quiñonez, en este se acusa a ILC/SabMiller de alterar muchos parámetros. Más allá de poner en entredicho los datos de la empresa, el hidrólogo determina que la situación del acuífero es peor de lo que se sospechaba.

En concreto, llega a cuatro conclusiones que deberían bastar para poner freno al proyecto:

  • En el estudio de impacto ambiental de ILC/Sab Miller los datos sobre el balance hídrico estaban alterados, ya que habían analizado la cuenca de forma sesgada y errónea. De hecho, no se consideró la parte baja de la cuenca, dejando fuera del análisis una importante cantidad de pozos que había que incluir para calcular laextracción actual.
  • Según el estudio el acuífero tendría una capacidad de recarga anual de unos 18 millones de m3 (no de 21 millones, como indicaba la empresa) y en este momento el consumo estaría entre los 7 y 10 millones, incluyendo la explotación de ILC y el agua que distribuye la ANDA a la población de la capital.
  • Por otro lado, se demuestra que se están gastando 34,67 millones de m3 al año (la empresa señala que son 15 millones). Ello significa que se está extrayendo el 191,54% del agua del acuífero, es decir el 100% de todo lo que se recarga anualmente (18,10 millones de m3) más otros 16,57 millones de m3 de las reservas del acuífero. Prueba de ello, afirman, es que en 1998 la empresa extraía agua del pozo nº2 a una profundidad de 31,04 m y en el año 2012 bajó hasta los 75,69 m. De estos datos se deduce que, a este ritmo, en 30 años el acuífero se agotará, en 27 años si se tiene en cuenta el cambio climático.
  • Datos del propio Ministerio señalan que abrir un nuevo pozo, más los dos ya existentes en explotación, implicaría la extracción de otros 1,7 millones de m3 al año.

En definitiva, el informe establece que, más allá de la posibilidad o no de ampliación de la planta de ILC/SabMiller, la realidad es que el acuífero de Nejapa no se puede explotar más. Incluso, se indica que hay que reducir a 20 millones la extracción actual. Y es una conclusión coherente con lo que había señalado el Balance Hídrico Dinámico de El Salvador en 2005, que desde hace una década alertaba de que estaba llegando a su límite.

1.3. Contaminación

Pero la intervención de Coca Cola ILC/ SabMiller, no se limita únicamente al saqueo del recurso, sino que además genera tres tipos de desechos que afectan al medio ambiente de Nejapa:

  • Gases: se van al aire, porque no hacen manejo de gases.
  • Líquido: descargados en la quebrada de los Amates, cuya agua sirve para regar el relleno sanitario de Mides y compensar el polvo, y que también bebe el ganado vacuno. Esta quebrada desemboca en el río San Antonio, de donde la población rural bebe cuando no tiene asegurado el suministro de agua.
  • Lodos: se llevan a la planta de Mides todos los días en un camión. Industrias La Constancia/SabMiller tiene dos presas de lodo y todos los días salen de sus instalaciones ocho toneladas hacia la empresa Manejo Integral de los Desechos Sólidos (MIDES), construida para atender a 10 municipios y que ahora da servicio a la basura de 110 Alcaldías. Algunas comunidades se han quejado que ILC/SabMiller desecha sus vertidos en una cañada que afecta a la mencionada quebrada de Los Amates, contaminándola. «A la quebrada cada cierto tiempo echan descargas y sale el agua bien negra. Hasta 3 días baja esa agua, y los chimbolitos -peces- mueren», dice un vecino.

1.4. Impactos en los derechos de las mujeres producto del saqueo del recurso hídrico por parte de Coca Cola.

Salud y saneamiento

Cuando se habla del derecho al agua y al saneamiento, es necesario tener en cuenta la desigualdad de género, ya que son fundamentalmente las mujeres y niñas/os los que realizan las tareas domésticas con este recurso y también las que velan por su gestión. Se constata así que la falta de acceso a agua y saneamiento afecta de manera especial y específica a la salud, educación, empleo o ingresos de las mujeres: menos disponibilidad o accesibilidad implica una importante inversión de tiempo en el acarreo de agua, además de exponerse a otros factores de riesgo como es la delincuencia, afectación de la salud por el sobresfuerzo físico que se realiza por el acarreo mismo, sobre todo en las zonas rurales.

De igual manera, las mujeres son quienes manifiestan mayor preocupación por la situación del agua en Nejapa, ya que conocen de primera mano las dificultades en el día a día por la falta de abastecimiento continuo. Asimismo, son ellas quienes detectan casos de contaminación por el mal olor, y quienes han ido directamente a la planta a pedir explicaciones. En las reuniones y asambleas comunitarias celebradas con la dirección de Coca Cola, se ponía de manifiesto el rol de las mujeres, así como el protagonismo en las decisiones y cambios en el municipio de Nejapa, e incluso lograron movilizar al resto de la población, impulsando las diferentes acciones que se han llevado a cabo. Es importante destacar este empoderamiento de la mujer en esta lucha, porque, si bien llevan a cabo las tareas cotidianas relacionadas con el uso del agua, normalmente no se les suele dar espacio en la toma de decisiones sobre el control de los recursos.

La contaminación de los cuerpos de agua es responsabilidad directa de Coca Cola. Ante la falta de tratamiento de sus aguas
residuales, afectan directamente los derechos a la salud y un medio ambiente sano para las mujeres de Nejapa. La contaminación tiene un impacto pernicioso para mujeres y niñas que expuestas a brotes graves de enfermedades, por ejemplo las transmitidas por mosquitos.

Las mujeres no tienen otra opción más que llenar tanques y otros contenedores con agua para uso doméstico, y esta agua podría convertirse involuntariamente en un ámbito ideal para la reproducción de mosquitos, si no se cubre ni se trata. La precaria infraestructura de alcantarillado también provoca que haya agua estancada en las comunidades. Para el caso específico de la epidemia de Zica, cuya transmisión no se reduce a la picadura del mosquito, sino que además es de transmisión sexual, mujeres y
niñas no tenían acceso en el municipio a información ni servicios completos de salud reproductiva. Muchas no pueden evitar embarazos no planificados ni tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. Algunas de ellas tenían temor a «tener» niños-niñas afectados por la microcefalia. El temor a las sanciones penales previstas para el aborto las obligó a recurrir a procedimientos clandestinos, generalmente inseguros, para interrumpir embarazos no deseados.

Disponibilidad del agua

El impacto que Coca Cola produce en el derecho a la disponibilidad del agua, es dramático. Tomando en cuenta que en Nejapa muchas familias, el 30.14% hogares con jefatura femenina, según datos de encuesta de hogares de propósitos múltiples 2017, no disponen de agua por cañería y que en algunas comunidades sólo se abastecen por manantiales y ojos de agua, se verifica que la actividad industrial implica el uso y disponibilidad de una gran cantidad de agua, contrastando con la realidad de una parte significativa de la población que no tiene garantizado el acceso a este recurso. Puede fácilmente concluirse que uno de los principales impactos está en que todo lo que va a la industria deja de utilizarse para el abastecimiento de agua por cañería a los hogares, afectando las actividades en especial de las mujeres, ya que son ellas las que por sus actividades dentro de sus viviendas, se ven afectadas por la falta de agua, teniendo que desplazarse para el acarreo del mismo.

El tiempo invertido en acarrear el agua, limita el tiempo de las mujeres afectadas, que podrían invertir el mismo en otras actividades, como participación en tareas educativas y culturales, disfrutar de más tiempo de calidad con sus hijos y familias, y disfrutar de merecidos descansos, después de agotadoras jornadas de trabajo. En este punto es de especial interés considerar que si las jefas de hogar trabajan fuera de casa, el peso de la doble jornada de trabajo, se agudiza por el esfuerzo de tener que desplazarse para buscar el agua para consumo, teniendo como alternativa la compra del líquido a pipas particulares que origina gastos extras no presupuestados, reduciendo dramáticamente los ingresos económicos.

Por otra parte, el agua potable es cara para la población consumidora, pero no es así para la Coca Cola, Josefina Escamilla, asegura que a falta de regulación específica para grandes consumos o empresas, la Coca Cola paga lo mismo que un pequeño comercio. Cuando se
ha tratado de regular por parte de la Alcaldía, no han contado con el apoyo de la Asamblea Legislativa para generar una ley que permita una justa retribución por la explotación del vital líquido, en este municipio.

La escasez del líquido, debido a la sobre explotación y saqueo de este bien natural, incluso ha puesto en peligro la seguridad alimentaria, ya que las mujeres que tenían sus huertos caseros como forma de complementar sus dietas y además como un apoyo a los escasos ingresos que con frecuencia poseen, han tenido que renunciar a ellos, porque el agua para el riego de los mismos, debe ser utilizada para otras actividades como el consumo y el aseo que se vuelven prioritarias a la hora de administrar la poco agua a que tienen acceso.

1.5. Conclusiones

En El Salvador hay una ausencia de política general sobre el manejo del agua. No hay una Ley de aguas, ni se contempla el derecho al agua en la Constitución, lo que implica que los usos industriales del agua no estén regulados. Sí hay una Ley de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, pero carece de aplicación práctica y de institucionalidad. La falta de una normativa nacional y la presión
de las empresas dificultan la regulación en Nejapa. La cobertura de servicios de agua potable es escasa en las zonas rurales. Además, la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación están disminuyendo la capacidad para aprovechar el agua y la recarga de los mantos acuíferos. Al ritmo de extracción actual y considerando el efecto del cambio climático, el acuífero se agotará en 25-27 años.

El conocimiento de la ampliación de la planta de ILC/SabMiller, ha generado una movilización social desconocida en la zona, liderada por mujeres y la Alcaldía. Este hecho se constituye en un gran paso en la defensa del derecho al agua y al saneamiento. Es un modelo interesante de replicar, en el que han tenido un gran papel las mujeres, que se han empoderado. La importancia de realizar su propio estudio de impacto ambiental, permitió basar la denuncia y la lucha en datos objetivos con análisis rigurosos, que ponen en evidencia la gran preocupación de la sociedad civil y particularmente de las mujeres sobre la situación del agua en el municipio.

El rol de la sociedad civil es clave para denunciar, monitorear y exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la sociedad organizada ni puede ni debe sustituir el rol del Estado. Este caso fue llevado al Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), instancia
en que se demandó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y la resolución da una serie de recomendaciones. Frente a esta demanda presentada a este Tribunal, Josefina Escamilla, asevera que «como mujeres luchadoras por el derecho humano al agua, estaremos pendientes para ver que las recomendaciones se cumplan».

La intimidación, persecución, criminalización de las protestas o restricciones informativas que históricamente han sido elementos comunes en el desempeño de las organizaciones de base que defiende los derechos humanos. Escamilla enumera de los intentos fallidos de los representantes de la Coca Cola para callar las voces de lucha y protesta: «me visitaron en tres ocasiones a mi casa para ofrecerme
construírmela nueva, cuando pregunté qué es lo que debo de dar a cambio, me decían que mi firma aceptando que la construcción de los nuevos pozos no dañaban a las comunidades». Con mucha energía la líder septuagenaria, afirma que ella y las otras mujeres que luchan contra la Coca Cola «no nos vamos a vender por un almuerzo, o por una casa».

Las consecuencias de priorizar el uso industrial del agua frente al consumo humano afectan no sólo a este derecho, si no a otras áreas como pueden ser en las relaciones en cuanto a la justicia de género, medio ambiente, seguridad alimentaria, etc. Sin embargo, existen múltiples dificultades para demostrar de manera certera otros impactos. Frente a ello, es importante desmantelar el poder las corporaciones, y obligar a las transnacionales que garanticen los estándares en toda la cadena de suministro y se comprometan en ejecutar todos sus compromisos en los diferentes eslabones de su proceso económico.

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Las ecotecnologías del Centro Alter Natos: El bambú, una alternativa a la madera

Todos los edificios del Centro Ecológico Alternativo Alter Natos están construidos con bambú proveniente de la zona centro del estado de Veracruz, en los alrededores de Xalapa, Teocelo, Monte Blanco y Coatepec. Para la asociación Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, que creó el Centro en el sur del municipio de San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, era importante encontrar una alternativa a la madera y el concreto, dados los graves problemas ambientales causados en la región por la deforestación y los bancos de arena.

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Tuvimos la suerte de trabajar con el equipo de Pro-Bambú, que produce y construye con bambú en Monte Blanco, Veracruz. Usó varias especies de bambú, tales como el oldhamii para las estructuras rectas; el guadua amplexifolia (o caña vaquera) para las partes curvas; o el guadua angustifolia para las columnas. Nos los trajo ya tratado con sales de boro y ácido bórico, para que tenga una durabilidad de por lo menos 50 años.

El bambú es una planta que se reproduce muy rápidamente y puede ser cortada para la construcción a partir de cuatro años después de su siembra. Es muy ligera, lo que facilita mucho su uso en los procesos de construcción. Ya se produce y usa para la construcción en regiones de Chiapas como Palenque. En los Altos de Chiapas, es una herramienta totalmente apropiable, ya que tiene la especificidad de adaptarse a cualquier tipo de clima y altitud.

Aquí en San Cristóbal de las Casas, donde suele haber mucha humedad, se deben tomar algunas precauciones:

– el bambú no debe tocar directamente el suelo, por lo que se construyen bases de concreto;
– las aleras de los techos deben ser grandes para que la lluvia no moje la estructura;
– después de terminar la construcción, se debe aplicar aceite de linaza en las partes interiores y un barniz comercial impermeabilizante en las partes exteriores el mismo tratamiento se debe aplicar cada 6 meses.

El bambú es una planta muy resistente, por lo que recomendamos su uso en regiones sísmicas como Chiapas y México en general, asociado a paredes de tierra que también son sismo-resistentes. Además, su combinación permite crear espacios naturales donde uno se siente a gusto, en armonía con el ambiente.

Si necesitan espacios apacibles e inspiradores como los del Centro Alter Natos para sus eventos o talleres, pueden contactarnos a bioconstruccion@otrosmundoschiapas.org

Más información en la página web del Centro Alter Natos: www.alternatoschiapas.org

¡Gracias al equipo de ProBambú!

 Foto: Parte del equipo de Pro-Bambú en el Centro Alter Natos (Crédito: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)

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La página web de Alter Natos

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[AUDIO + INFOGRAFÍA] ¿Qué tienen que ver los decretos de reservas de agua con los derechos de las mujeres?

Participación de Angélica Schenerock en el conversatorio organizado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México el 17 de julio 2018 en el Foro Cultural Kinoki de San Cristóbal de las Casas, titulado «Los decretos de agua: impactos sobre los ríos, pueblos y mujeres en Chiapas». Angélica Schenerock coordina la organización Agua y Vida – Mujeres, Derechos y Ambiente A.C. en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

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Foto: Angélica Schenerock en el conversatorio organizado el 18 de julio 2018 (Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)

«Los decretos firmados el 5 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto no son de reservas de agua sino de levantamiento de vedas. Es decir que quitan la protección del agua. En pocas palabras quiere decir que antes había un porcentaje del agua que estaba protegido y no se podía usar. Los decretos levantan esa protección. Al liberar el agua, obviamente se libera para la inversión privada, para mantener a las empresas extractivas, de extracción de petróleo, de fracking, las mineras y las embotelladoras. La privatización del agua ya existe en México, desde la Ley de Aguas Nacionales del 1992, pero ahora con los nuevos decretos, se libera una cantidad muy grande de agua para otorgar concesiones enormes a las empresas.

Las principales violaciones al derecho humano al agua y otros derechos que implican estos decretos son:

1) El derecho al medio ambiente: los decretos ponen en peligro el equilibrio de los ecosistemas.

2) El derecho al agua como bien común: el agua pasa de ser un bien común a una mercancía.  Es importante recuperar esta perspectiva del agua: no como un recurso natural que se puede vender, intercambiar y contaminar. Es importante poder recuperar esta perspectiva filosófica e ideológica del agua como un bien común.

3) El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para ejercer cualquier cambio en los territorios, con respecto a los bienes naturales, se supone que el gobierno es obligado a realizar la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Eso no ha ocurrido, aunque está escrito den los decretos que se consultaron a los consejos de cuenca. Pero éstos son espacios realmente burocráticos. No son espacios de participación ni de información a la población. Son espacios en los cuales se busca básicamente validar las decisiones que han sido tomadas.

4) El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas: es su derecho de decidir cómo quieren gestionar el agua en sus territorios. Eso es algo muy grave porque un territorio va más allá de un pedazo de tierra. Un territorio tiene un enfoque geográfico, pero también tiene un enfoque social, histórico, cultural y espiritual. Lo ven como algo sagrado: los ríos tienen vida, tienen alma.

5) El derecho al agua de los pueblos campesinos: los decretos tienen un sesgo muy excluyente ya que la creación de reservas de agua para uso público-urbano se refiere a los usos del agua en las ciudades, en espacios vinculados a la red pública de agua, es decir al agua entubada. Sin embargo, en muchas localidades el agua no está entubada. Esto excluye y margina a la población campesina.

¿Qué tiene que ver todo eso con las mujeres?

Los impactos son diferenciados: las problemáticas que tienen que ver con el agua, la invasión del territorio y el despojo de los bienes naturales no tienen los mismos impactos en la vida de los hombres como de las mujeres. ¿Porqué? Porque el acceso al agua, al igual que el acceso a cualquier otro bien común, tiene que ver con las relaciones desiguales de poder entre los sexos, pero también tienen que ver con las desigualdades sociales, raciales, de clase. Es diferente el impacto en las mujeres más pobres, migrantes, adultas mayores, indígenas, negras, y otras mujeres racializadas. Es diferente tener menos agua de acuerdo con el lugar que ocupamos en la sociedad.

El otro problema es el de la participación de las mujeres. Aunque somos muchas mujeres organizadas, en lo más grueso de la población, para las mujeres que son excluidas es muy difícil que su participación en las asambleas comunitarias sea motivada. Dicen: «Solo quieren nuestro voto, no quieren nuestra opinión».

De manera general, las mujeres carecen de representación en los espacios de toma de decisiones como en las asambleas pero también en los comités de cuenca y los consejos de cuenca, que además de ser espacios burocráticos, carecen de representación de mujeres y feministas.

Finalemente, es innegable que las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados. Cuando hay poca agua, también genera una carga emocional, porque los demás familiares se enojan con las mujeres que son las responsables de garantizar esta agua. En ciertos casos esto puede generar violencia física, emocional e incluso sexual

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INFOGRAFÍA REALIZADA POR AGUA Y VIDA – MUJERES, DERECHOS Y AMBIENTE A.C.:

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En la prensa:

Las mujeres pueden sufrir violencia física, emocional e incluso sexual cuando hay escasez de agua (Chiapas Paralelo)

Oaxaca: Asesinan a Abraham Hernández Gonzáles, miembro del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI)

Comunicado de Medios Libres – A 18 de julio 2018

Al Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas,
A los Pueblos en Resistencia,
Al Pueblo de México,
A los Medios Libres, Autónomos y Comunitarios,
A los Colectivos y Organizaciones Sociales,

El 17 de julio del 2018, aproximadamente a las once y media de la mañana, hombres fuertemente armados y encapuchados y vestidos de militares irrumpieron en el domicilio del compañero Abraham Hernández Gonzáles, el cual se ubica en la comunidad de Salchi, San Pedro Pochutla. Al compañero lo sacaron de su domicilio con lujo de violencia, llevándoselo después en una camioneta gris doble cabina con placas RH-70-92, escoltado por motocicletas.

Desde el momento del levantamiento, se le dio el aviso a las diversas corporaciones policiacas sin que ninguna de ellas llevara a cabo algún esfuerzo para localizar al compañero, quien después de aproximadamente cinco horas, fue localizado sin vida cerca de la misma comunidad.

La organización CODEDI (Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas) es una organización autónoma que trabaja por las comunidades indígenas de la sierra sur, valles centrales y Costa, solidarios a toda causa injusta. Actualmente trabaja con 50 comunidades formando el sueño de vivir la autonomía desde la práctica cotidiana, con mas de 20 años de servicio en los pueblos de Oaxaca. Han formado distintas alianzas en el estado, en el país y en el mundo; alianzas con procesos autónomos y procesos de lucha.

El dirigente de la organización es Abraham Ramírez Vásquez, líder indígena originario de Santiago Xanica, quien fuera encarcelado de 2004 a 2011 por ordenes del padre del actual gobernador en el gobierno de José Murat.

El 21 de abril del 2018, decenas de medios libres, independientes o como nos quieran llamar de México y el mundo nos dimos cita en el Centro de Capacitación Indígena Finca Alemania en el estado de Oaxaca, en dónde actualmente existen más de 300 concesiones mineras y dos concesiones hidroeléctricas aledañas a este territorio. CODEDI siempre se ha manifestado a favor hacia de los movimientos en defensa del territorio en el estado.

Reportaje sobre la Finca Alemania:

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En aquella visita compartimos a lo largo de una semana distintas experiencias de comunicación ahí en la finca, se inauguró una radio comunitaria de nombre «Radio Machete», se hicieron videos donde participaron todas y todos los miembros de la comunidad al igual que las niñas y niños, conocimos la lucha de la CODEDI y los Factores por los cuales la organización fue atacada.

Atestiguamos el proyecto de dignificación encaminado a la autogestión, compartimos la lucha de las diversas comunidades que el trabajo de base ha logrado a través de muchos sacrificios. Junto con las y los coordinadores, supimos cómo fueron construyendo poco a poco desde abajo la resistencia, conocimos de primera mano la presencia de los talamontes y los intereses de los empresarios de la costa Oaxaqueña, quienes ven en el rápido crecimiento y respuesta de la organización indígena un peligro para su intereses en usufructuar territorios con y sin permisos de ley y en detrimento de la vida comunitaria de los pueblos originarios que ahí habitan.

En la finca Alemania encontramos la construcción de 18 talleres de producción y formación como carpintería, corte y confección, agroecología, mecánica, medicina natural, zootecnia, balconeria, fabrica de ladrillos, panadería, apicultura, música, teatro, entre otros. Actualmente existen cuatro niveles de educación autónoma (preescolar, primaria, secundaria y bachillerato) en donde los programas educativos están vinculados a las necesidades concretas de las comunidades de la región y a la construcción de pensamientos críticos.

Todo este proceso ha sido posible gracias al trabajo colectivo por turnos (tequio) en el que participan personas de las 48 comunidades, representadas en la Asamblea General por los comités locales. La vida interna de Finca Alemania se organiza a través de la coordinación entre el comités de jóvenes, el de capacitadores, el comité general y la comisión política, todos ellos presentes en el diálogo con la Asamblea General, principal órgano decisorio del CODEDI.

La exigencia de Justicia y respeto a las comunidades de la CODEDI se hace hacia los gobiernos asesinos como el de Ulises Ruiz, Gabino Cue y ahora el actual gobernador de Oaxaca Alejandro Murat que ha ordenado y desatado una persecución a la resistencia de estos pueblos en ataques sistemáticos.

Basta recordar el 12 de febrero de 2018 sicarios en una Chevrolet verde rebasaron la camioneta donde viajaban cinco integrantes del CODEDI rafageándola con fusiles de asalto. En este atentado fueron asesinados Alejandro Antonio Díaz Cruz de 42 años, Ignacio Basilio Ventura Martínez de 17 años y Luis Ángel Martínez de 18 años, alcanzados por balas de AR15, de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Sobrevivieron al ataque Emma Martínez, integrante de CODEDI, y Abraham Ramírez Vázquez, coordinador general de la organización. Aunque se han iniciado investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, hasta la fecha no hay ningún detenido por las muertes de los tres compañeros.

Por tal motivo como medios libres, comunitarios o come se llamen al igual que colectivos de diversas características nos pronunciamos en contra de la represión del sistema político económico contra las y los compañeros, llamamos a las diversas organizaciones sociales a pronunciarse en contra de estos asesinatos, a organizarnos para hacer frente a estos embates que sabemos no cederán si no irán subiendo de tono.

Las y los abajo firmantes nos pronunciamos en solidaridad con las y los compañeros del CODEDI.

Fraternalmente:

La Voladora Radio, Radio Zapote, Laboratorio Popular de Medios Libres, Voices in Movement, Radio Ayuuk, COMPPA, Radio Comunitaria Ñuu Dee, Radio Ñomdaa la palabra del agua, Oaxaca Libre, Radio Comunitaria La Cuixtleña 92.1 FM, Radio Plantón, Radio Machete, Desde las Nubes, Promedios, Estéreo comunal 94.1, Radio Tacuate, radio bomba y Tomate Colectivo de Perú, Informativo Pacífica. Red Tz’ikin -Realizadores Independientes de Guatemala-,  Jauría Colectivx de Perú, Surco Informativo, Centro de Medios Libres, Noticias de Abajo ML.

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México: la defensa del territorio desde la propiedad social agraria

Artículo de Santiago Navarro F. publicado en Avispa Midia el 10 de julio 2018

«Pedir permiso a la tierra antes de ararla, antes de sembrarla y también para cosecharla es importante», dice Manuel Zarate mientras busca en sus más profundos recuerdos cómo era la enseñanza de sus padres y abuelos. «Se va perdiendo todo ese conocimiento, ese respeto. Lo que importa ahora de las tierras es su precio, antes solo sembrábamos, sin avaricia y sin esperar más que solo los alimentos. Todos se van olvidando que tenemos estas tierras gracias al general Zapata. Hace tiempo ya que los programas para regularización de tierras van avanzado y, atrasito nomás, ahí viene la minería y sus proyectos. La gente no se da cuenta pero nos están quitando todo», dice el anciano de 77 años, de los Valles centrales de Oaxaca.

A pesar de que el señor Zarate no tiene una cercanía con la tecnología moderna ni estudios básicos, mantiene vivos sus recuerdos, su memoria, y eso, es más que suficiente para darse cuenta de que algo pasa con las tierras de los campesinos, desde hace tiempo, no solo en Oaxaca, sino en el resto del país.

México está dividido en tres grandes categorías de propiedad de la tierra: pública, que corresponde a los terrenos de propiedad del estado (federal o estatal); la segunda es la privada, aquella que la nación otorga a particulares; la tercera categoría es la propiedad social, donde están los núcleos agrarios, divididos en dos regímenes de tenencia de la tierra: el ejido y la propiedad comunal. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN), la propiedad social cuenta con poco más de 100 millones de hectáreas repartidas en 31 mil 785 núcleos agrarios (NA), de ellos 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son de propiedad comunal. La propiedad social representa el 52% de la superficie total de México, producto de la Reforma Agraria y esta, a su vez, de la revolución social de 1910.

Según el antropólogo Arturo Warman, quien fungió como ministro de la Reforma Agraria de México, en dicha reforma se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país, con los que se establecieron cerca de 30 000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia, pero «no logró el bienestar esperado», por lo que se decidió reorientar esta reforma en el año de 1992.

La contra-reforma

«Hubo un reparto agrario en donde más del 50% del territorio nacional es propiedad social», compartió en su presentación, en Acacoyagua, Chiapas, la abogada Claudia Gómez Godoy, en el encuentro «¡Pueblos Vivos! ¡Territorios Libres del Extractivismo!». Pero también argumenta que la propiedad social ha sido un obstáculo para los proyectos extractivistas. «Cuando llega un inversor minero o alguien que quiere hacer un proyecto de hidrocarburos o una gran plantación y se encuentra con este tipo de propiedad, ¿creen que les gusta o no les gusta? No les gusta porque un minero siempre va a preferir negociar con una o tres personas que con cien personas quienes no pueden decir más que en asamblea. Entonces ese tipo de propiedad se ha visto desde su creación como un obstáculo a las inversiones, a los proyectos de desarrollo, a los proyectos extractivos».

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Por lo consiguiente, el 6 de enero de 1992, en el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el Artículo 27 Constitucional, y el 26 de febrero del mismo año se publicó la Ley Agraria que regula las modificaciones a dicho artículo. Ley que posibilita la adquisición del dominio pleno de las parcelas en tierras ejidales y éstas podrán pasar al régimen de propiedad privada.

«Antes del año 1992, las tierras ejidales y comunales eran tierras que se daban a las personas en colectivo y esas personas eran propietarias en colectivo. Ninguna de esas personas era propietaria. En estas dos formas de propiedad, no existía la propiedad privada. Quien tiene la titularidad es el colectivo. Además, esas tierras tenían antes del 1992 una protección especial: no se podían vender (eran inajenables), no se podían embargar (inembargables), y no podían perder vigencia (imprescriptibles)«, señaló la abogada Gómez Godoy quien forma parte del equipo jurídico de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

«Ahora con esos títulos la gente vende a lo loco y no sabe ni a quien vende. No sabe si está vendiendo para los mineros o para gente que tiene otras intenciones en nuestras tierras. Pero como ya es propiedad privada, pues ya no hay nada que reclamar. Por eso yo le digo a mis nietos que no vendan la tierra, sino ya se chingaron, pues el dinero se acaba, pero la tierra no, ella te puede dar de comer si la sabes trabajar», dice el campesino Zarate.

El 6 de enero de 1993, se publicó el Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, y al poco tiempo se dio a conocer el programa para la regularización de la tenencia de la tierra, de esta manera se originó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) que emitía un certificado de derechos parcelares (o certificado parcelario), que indicaba la proporción del ejido que le tocaba a cada uno.

«El PROCEDE es una sentencia de muerte al ejido. Es la forma en la que los ejidos van adoptando un tipo de propiedad que va paulatinamente a pasar de ser propiedad social colectiva a propiedad privada. La propiedad privada de los ejidos se llama ‘dominio pleno’. Es el paso último que se pueda obtener con los programas de titularidad, y se ha vendido como la única manera en que los ejidos pueden tener seguridad jurídica», señaló Gómez Godoy, quien también argumenta que el PROCEDE cambió de nombre como, «Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar» (FANAR), y ahora se llama «Registro de Actos Jurídicos Agrarios» (RAJA).

La tierra comunal como defensa

«Antes, cuando no se podían vender los terrenos, pues no teníamos problemas dentro de la comunidad. A veces había problema con las comunidades vecinas, pero encontrábamos forma de arreglarlo. Cuando llegaron esos programas, luego comenzó pues la avaricia. Comenzaron a vender, hay gente que solo se quedo con un pedacito y otros sin nada», dice don Zarate.

La abogada sugiere que, «en los lugares donde ya no existe ejido ni comunidad, hay que reconstruir las asambleas, desde la perspectiva de la defensa de los derechos colectivos. Si el pueblo es indígena, se puede reconstruir el tejido social a partir de la identidad indígena. Hay muchas comunidades en todo el país que ya eran propiedad privada pero que rescataron sus formas antiguas de organización política, económica y social. Al remontar a su ser indígena anterior, se dan cuenta de que sí tienen sus autoridades tradicionales, sus fiestas y sus ceremonias».

Donde aún se hace uso de la asamblea y donde predomina la propiedad comunal es más difícil que entren los proyectos extractivitas, «porque tendrían que pasar por asamblea. Y si nomás no se acuerda que entren, pues nomás no entran. Al menos que sea por la fuerza», señala el campesino Zarate.

La integrante de REMA argumenta que la defensa de la propiedad social es la defensa del territorio mismo y por tanto se debe «mantener la propiedad colectiva, porque eso va a impedir en muchos sentidos la entrada de esos proyectos porque la propiedad colectiva tiene una serie de formas de defensa que no se tienen en la propiedad privada» y no se debe «vender el ejido de manera parcelada».

La abogada, quien también ha dado acompañamiento a pueblos afectados por la minería, anuncia que quienes cuentan con propiedad social deben modificar estatutos comunales con clausulas de protección que diga: «en esta comunidad está prohibida la minería, están prohibidos los transgénicos, están prohibidas las represas».

Y para los pueblos que no tienen propiedad social y no son indígenas, Gómez Godoy, dice que el recurso es ganar tiempo y organizarse. «A veces lo único que podemos ganar es tiempo. Tiempo para que la empresa se retire por no poder perder tiempo y dinero, o tiempo para obtener más información y más argumentos en contra del proyecto. Lo importante es lograr organización, que la gente se organice de tal manera que las personas siempre tengan mecanismos para la defensa del territorio, pase lo que pase».

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¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!

La minería en México: Un despojo legalizado

¿Qué es el extractivismo? Apuntes críticos para un debate necesario

Artículo de Guido Pascual Galafassi y Lorena Natalia Rifo* publicado en La Izquierda Diario el 15 de julio 2018

Varios autores muy citados apelan al concepto de extractivismo como explicación de la sociedad latinoamericana actual. En función de las reflexiones, en este artículo se propone un análisis alternativo.

En las últimas décadas la discursividad sobre la problemática ambiental y territorial se ha visto inundada por el concepto «extractivismo». Ha entrado en escena superando las disquisiciones previas que remitían fundamentalmente la problemática ambiental a desajustes de planificación, organización o hasta de conductas individuales para poner en el centro de la escena al modelo de desarrollo y sus injusticias geopolíticas o, por lo menos, a ciertos aspectos de dicho modelo como la fuente primordial a partir de donde poder entender la «crisis ambiental» del presente. Sin embargo, previo al concepto de extractivismo los pensamientos más lúcidos y críticos ya habían puesto sobre el tapete la centralidad del desarrollo, pero fueron voces escasas y casi solitarias.

En función de esto nos preguntamos cuál o cuáles son los conceptos más pertinentes para dar un debate dialéctico sobre el proceso de despojo, entendiéndolo como central en la confrontación con el pensamiento científico hegemónico orientado a profundizar la instrumentalización de la naturaleza a escalas cada vez más profundas. A su vez, en esta tarea indagamos qué tipo de importancia tiene, en el contexto actual, recuperar las nociones de capitalismo y lucha de clases y qué nociones o perspectivas podemos incorporar para complejizar este tipo de reflexiones.

Aproximación a la conceptualización extractivista

Varios autores muy citados apelan hoy al concepto de extractivismo como explicación de la sociedad latinoamericana actual. De este modo, al extractivismo debemos tanto la pobreza como las crisis económicas, así como el modelo democrático y de convivencia. Al mismo tiempo, el carácter autónomo del extractivismo, en el sentido que desde esta práctica puede explicarse tanto el patrón de desarrollo como el derrotero político y hasta la división internacional de trabajo, es ampliamente compartido por la bibliografía sobre el tema. Pero además aflora en muchos escritos su carácter novedoso, como nueva forma de producción que si bien puede guardar ciertos lazos con el pasado, asume todas sus características y fuerzas en este presente extractivista. Por otra parte, el carácter autónomo del extractivismo, junto a su novedad, se colige muy ajustadamente con una de las más ilustrativas definiciones de las últimas décadas como es aquella referida a la «sociedad del riesgo».

En síntesis, el extractivismo, bajo un manto de novedad, se presenta como un modelo autónomo distinguido de otras variables que hasta el momento han sido utilizadas para explicar el sistema dominante. A su vez, al vincular el extractivismo con la globalización y la ruptura con lo local, eclipsa las antiguas teorizaciones sobre la división internacional del trabajo. En función de las reflexiones, y teniendo en cuenta la importancia del rol que ocupa la naturaleza y lo territorial en la constitución de este sistema, proponemos, a continuación, un análisis alternativo.

Un repaso histórico: extractivismo o acumulación

Para percibir y entender toda la complejidad del proceso de relación sociedad-naturaleza-territorio es necesario tomar el proceso extractivo en tanto integrante de un complejo entramado de relaciones, operaciones y procesos que adoptan las formaciones sociales en tanto estrategia de producción, distribución y reproducción de los recursos (naturales y humanos), los beneficios y el trabajo, tal como ya lo explicó Marx en El Capital. Por esto, resulta indispensable pensar al proceso extractivo (en tanto práctica), más que al extractivismo (en tanto fenómeno sustantivo), como una etapa del proceso total de la acumulación. Y como etapa, va sufriendo –al igual que el proceso de acumulación– cambios y transformaciones a lo largo del tiempo, pero siempre en relación con los principios básicos que implican tanto la explotación del trabajo como de la naturaleza (primera y segunda contradicción del capital).

Si el proceso de acumulación capitalista tiene ya casi cinco siglos de existencia es obvio esperar que el proceso extractivo se haya modificado ampliamente, atendiendo especialmente al dinámico ritmo de innovación tecnológica que caracteriza al capital. Sin embargo, esto de ninguna manera implica que con cada renovación se acceda a un nuevo (neo) proceso extractivo ni nuevo (neo) proceso de acumulación. La lógica capitalista que subyace no deja de asentarse en tanto estrategia de explotación y dominación, en la extracción de plusvalía y producción de desigualdad al separar medios de producción y fuerza de trabajo. Como vemos, la extracción (expropiación) no es un fenómeno exclusivo de las relaciones entre sociedad y naturaleza y claramente va adoptando una multiplicidad de formas y variantes tanto a lo largo del espacio como a través del paso del tiempo.

La articulación sociedad-naturaleza-territorio debe entenderse como mediación dialéctica. Es la mediación social la forma de articulación existente entre los mundos físico-biológicos y el mundo humano (que incluye dialécticamente al primero), y es irremediablemente mediación pues cada uno de ellos, si bien conforman la unidad diversa naturaleza-cultura/historia, se configura en base a premisas particulares y características singulares. Esta articulación sociedad-naturaleza-territorio y esta unidad dialéctica de la existencia implica siempre el aprovechamiento de la naturaleza por la sociedad más sus diversas formas de representarla y la consecuente construcción social de un territorio.

El ser humano en sociedad tiene, desde siempre, la capacidad de «trascender histórico-culturalmente» las leyes ecosistémicas, convirtiéndose así en sujeto que interactúa con la materia y el espacio, los piensa y los transforma. Esta transformación implica la valorización y utilización de esta materia, la representación y extracción de componentes de la naturaleza y los resignifica al introducirlos en su propio proceso de producción y reproducción en relación siempre a un régimen de acumulación predominante (material y simbólico); procesos que contienen al mismo tiempo la construcción de uno y múltiples territorios. Esta transformación permanente y creciente, implica necesariamente un proceso social, histórico y cultural de construcción del territorio a partir de un espacio dado naturalmente o ya previamente transformado, un territorio así, que se hace moldeando y remodelando el espacio natural en pos de su aprovechamiento.

Esta construcción y reconstrucción territorial se hace siempre sobre la base de la extracción de recursos de la naturaleza, extracción que es inherente al ser de lo humano sobre la tierra, pero que se enhebra en cada momento histórico y en cada espacio con determinados patrones de acumulación que son aquellos que definirán tipo e intensidad de esta extracción. Así, el proceso de extracción nunca es la variable independiente del proceso. Y esta construcción está mediada también por la conflictividad, dadas las relaciones antagónicas inherentes a toda sociedad de clases y que configuran un determinado proceso y modo de acumulación.

En cuanto al proceso socio-histórico regional, podemos confirmar que la historia del desarrollo de los países latinoamericanos ha sido definida primariamente por la ecuación capital–recursos naturales/territorio, por cuanto emergieron al mundo moderno con un papel predominante de dadores de materias primas, ya sea recursos minerales o agropecuarios. La cita de Cristóbal Colón en su Diario de Viajes no deja lugar a dudas: «Yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vide que algunos dellos traían un pedazuelo colgando en un agujero que tenían a la nariz, y por señas pude entender que yendo al Sur o volviendo la isla por el Sur, que estaba allí un Rey que tenía grandes vasos dello, y tenía muy mucho» (porque) «del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega a que echa las ánimas al Paraíso.» Es claro que el mismísimo «descubrimiento» y colonización llevaba en su impronta el objetivo de aprovecharse de los recursos materiales y humanos disponibles en las tierras más allá del Viejo Mundo para que sirvieran de incentivo y estímulo al proceso de acumulación capitalista de la Europa moderna naciente.

El hoy llamado extractivismo es en realidad intrínseco, cuanto menos, a la modernidad misma y muy especialmente al «nacimiento» de Latinoamérica y el resto de la periferia como resultado de la expansión europea moderna. Decimos «cuanto menos» dado que, y como afirmamos más arriba, el ser humano como especie se constituye cultural e históricamente a partir de su capacidad diferencial para la utilización de la naturaleza a través del proceso extracción-producción-consumo.

Es sin dudas en la modernidad cuando el usufructo de la naturaleza y el espacio se intensifican exponencialmente para ponerlo al servicio de la ganancia. Es que la territorialización capitalista es, por propia definición, sinónimo de instrumentalización diferencial del territorio que conlleva en sí mismo los mecanismos extractivistas. Extractivismo significa no solo extraer componentes de la naturaleza para el sostenimiento, sino una extracción asociada con el proceso de acumulación, ganancia y desigualdad de clases.

El extractivismo de la modernidad capitalista es consecuencia precisamente de la racionalidad instrumental que se constituye con la propia modernidad y no sólo en las últimas décadas neoliberales. Instrumentalidad, por cuanto la naturaleza pasa a ser primordialmente un objeto de usufructo en tanto instrumento esencial para la construcción del «confort» (ideario de felicidad según la razón subjetiva), en el sentido en el que ampliamente lo desarrollaron Theodor Adorno y Max Horkheimer a mediados del siglo XX.

Este extractivismo que responde a la maximización de las ganancias variará en su expresión y modo de articulación a medida que los procesos de producción económica y reproducción social y política vayan evolucionando, de manera que lo que ayer no era extraíble o transformable, hoy sí ya pueda serlo; y de lo que ayer no era una necesidad, hoy se erija como tal. Entonces, lo que ha variado en estas últimas décadas, además de las herramientas tecnológicas, fue una presencia complementaria en mayor o menor medida de algún proceso parcial de industrialización y la consolidación de un determinado tipo de consumo. De ahí que aquellos que la definen como extractivista (o neoextractivista) están de alguna manera soslayando la historia latinoamericana y de la propia modernidad, planteando como novedad un proceso que define a toda la trayectoria de «acumulación dependiente» del subcontinente americano.

En relación al concepto de neoextractivismo que algunas posiciones esgrimen como noción diferenciadora, vale recordar que desde una perspectiva dialéctica referir un momento en base al prefijo «neo» es por sí mismo obvio y evidente, por cuanto la dialéctica implica precisamente una dinámica cambiante. Por lo tanto, lo «neo» resultaría redundante, debido a que cada nuevo momento del proceso dialéctico implicaría un «neo»-momento. Solo desde miradas que fijan la realidad y la conciben más bien estática, asume el prefijo «neo» algún sentido por cuanto con él se refieren al cambio como una novedad. Claramente no es el caso si entendemos al proceso extractivo como un componente esencial del proceso de acumulación moderno, en donde el cambio y la novedad son unas de sus definiciones fundantes. Más que hablar de «neo» quizás sería más preciso definir como «ni todo nuevo, ni siempre igual».

A su vez, la particular conjunción entre tecnología y territorio constituye un eje clave de la competencia internacional a la vez que pilar fundamental en el proceso de construcción de hegemonía. Las disputas internas al capital, disputas por el grado de participación en la distribución de los beneficios, se expresan cada vez más fuertemente tanto en el desarrollo tecnológico como en la carrera por la búsqueda y transformación de territorios, ya sea para la extracción de los recursos-insumos como para la construcción de mercados de consumo (de esos recursos extraídos y transformados). Esto viene generando relaciones desiguales entre los territorios y las naciones gestando situaciones diferenciales de desarrollo, subdesarrollo, dependencia, desigualdad y subordinación.

Si la propia acumulación originaria se basó en la apropiación por la fuerza (mediación violenta) de tierras y recursos para convertirlos en la matriz esencial de arranque del sistema capitalista de producción, su evolución posterior no estuvo tampoco ajena a esta ecuación expropiatoria (lo que hoy se denomina «extractivismo»). Esta acumulación, basada en la predación y la violencia sin disimulo, en un sector (clase social y territorio), mediada por la desposesión de otro adquiere entonces en la actualidad una evidente visibilidad, cuando el agotamiento de muchos recursos está llamando la atención incluso al propio capital. Vale aclarar que este proceso de crecimiento y desarrollo basado en la desposesión, el saqueo y el pillaje no es privativo del capitalismo, aunque el ritmo y la eficiencia del actual proceso de predación es inhallable en cualquier ejemplo del pasado. De diversas formas y expresiones se lo registra en reiteradas oportunidades en la historia de occidente.

Fue muy intensa la discusión sobre estos tópicos en las décadas previas a la instalación del neoliberalismo y nos remiten de alguna manera a las discusiones actuales sobre el desarrollo y el extractivismo. Las discusiones y reflexiones sobre la relación metrópoli-satélite, desarrollo-subdesarrollo, liberación-dependencia, civilización-formación social, etc., se centraban justamente en la discusión sobre la producción y distribución de los recursos, que incluye obviamente todo lo referido a la actividad extractiva, pues no hay producción sin extracción. Si el hoy llamado extractivismo no estaba presente como concepto tiene que ver, por un lado, con la todavía escasa sensibilidad ambiental de aquellos años, pero también, por otro lado, con la secuencia intelectual obvia que remite a la renovación permanente de las categorías y de su capacidad de interpelación de la realidad en dialéctica relación con los procesos sociopolíticos.

Sin embargo, esta renovación permanente no implica desconocer o no reconocer la existencia de un modo de acumulación particular. Por el contrario, lo ideal sería recuperar conocimientos y discusiones previas sobre su caracterización y profundizar en su análisis. Un ejemplo interesante es el aporte realizado por Silvia Federici en el libro titulado El calibán y la bruja sobre el rol de las mujeres como reproductoras de la fuerza de trabajo y sobre la necesidad del aniquilamiento de miles de mujeres consideradas «brujas» en el proceso constitutivo del capitalismo como sistema dominante. Por poner solo un ejemplo de todo el desarrollo que hace la autora, las mujeres al ser consideradas como máquinas de producción de nuevos trabajadores también son parte del proceso dialéctico acumulación-producción-extracción. Así, la innovación intelectual, dentro de los estudios dialécticos y complejos estructurados sobre la reflexión del modo de acumulación, es una tarea fundamental para continuar re-pensando en profundidad el mundo en el que vivimos.

En resumen, el extractivismo implica una mirada sobre lo emergente, cuando lo importante sigue siendo una perspectiva de raíz, de la fuente misma de los sucesos. Entonces, la recuperación del análisis del capitalismo como modo de acumulación y de la lucha de clases como conflicto social inherente, forma parte tanto de la disputa política como de la disputa epistemológica en el contexto actual. Para estas disputas no es suficiente elegir un tema de investigación/estudio/enseñanza de relevancia histórico-coyuntural; sino que también es clave el modo de analizar ese tema y los presupuestos que cada herramienta conlleva. Asimismo, son relevantes porque no quedan enclaustrados en los limitados espacios académicos, también influyen en la lucha diaria de numerosos movimientos sociales, en los que investigadores e investigadoras solemos participar.

Acumulación-producción-extracción como proceso dialéctico

Acumulación primitiva, reproducción ampliada y nuevos cercamientos representan una ecuación importante a la hora de entender la estrategia de apropiación de la naturaleza y construcción del territorio en la sociedad capitalista. Los nuevos cercamientos entonces implican la apropiación de aquellas porciones de territorio y espacios de vida aún no incorporados plenamente a la lógica del capital, reeditando así algunos de los procesos de la llamada acumulación primitiva que conviven de esta manera con los mecanismos predominantes de la reproducción ampliada.

Así, debemos considerar a la «segunda contradicción del capital» (como la denomina James O´Connor), o sea la contradicción capital-naturaleza (la primera sería la contradicción capital-trabajo) como aquel proceso que trata en tanto mercancía a la naturaleza y el espacio, de tal manera de poder incluirlos en su ecuación instrumental. La tendencia es al socavamiento de la propia base natural de sustentación del sistema productivo, dado que el capital no puede prever los costos de reproducción de la naturaleza en pos de una sustentabilidad real debido a que afectaría claramente la tasa de ganancia.

En este esquema de racionalidad instrumental, segunda contradicción y conjunción de procesos de acumulación, se vienen definiendo históricamente toda una serie diversa de recursos estratégicos que se relacionan dialécticamente: por un lado, aquellos que la dinámica global del capital define como recurso demandado en un momento histórico determinado y, por otro, aquellos que las condiciones ecológicas regionales determinan como aptos para ser producidos o extraídos en cada territorio.

Podemos hablar de un proceso extractivo que se va transformando en base a la innovación tecnológica permanente y a la propia dinámica de cambio del proceso de acumulación. En esta continuidad extractiva en función del proceso de acumulación, el caucho es un ejemplo histórico en la América Tropical, la plata en la América Andina y el quebracho en la América Subtropical. Más contemporáneo, la explotación de los hidrocarburos y de minerales no deja de generar conflictos socio-políticos y territoriales, donde entran en juego intereses geoestratégicos estadounidenses, capitales multinacionales de base europea y gobiernos con orientación popular-reformista o conservadora.

Sin ir más lejos, es importante no dejar pasar los importantes conflictos geopolíticos derivados por la posesión de los yacimientos de gas y petróleo en las recientes historias de Venezuela y Bolivia, más la llamada Guerra del Agua, también en Bolivia, o las más recientes disputas en torno a la potencial energía hidroeléctrica de los ríos patagónicos tanto como los cuestionamientos al avance de la frontera hidrocarburífera con el fracking en dicha región, los cuales muestran de forma elocuente lo central de esta cuestión. Primordial es también mencionar el proceso creciente de sojización de América del Sur, que arrasó con ecosistemas, agrosistemas y culturas, constituyéndose no sólo en la extracción de un recurso en base a su «oportunidad» en términos de su demanda por las naciones más industrializadas (alimento de ganado y biodiésel) sino que también en la aplicación de la tecnología más concentrada y asociada a fuertes niveles de dependencia.

Alienación socio-ecológica, «extractivismo» histórico e instrumentalización de la razón están en la base y las consecuencias de todos estos procesos de acumulación basados en la territorialización extractiva desde que el continente americano es «descubierto» por el capital europeo. Es así que la caracterización que hiciera Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina en la década del 70 sigue absolutamente vigente, poniendo en entredicho los supuestos «descubrimientos intelectuales» del extractivismo o neo-extractivismo.

«Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. (Hace cuatro siglos ya habían nacido dieciséis de las veinte ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad).»

En definitiva, la clave diferenciadora no está en pensar en extractivismo sino en acumulación, entendiéndolo como la articulación entre el despojo, o sea los mecanismos de la acumulación primitiva, y la reproducción ampliada del capital. El extractivismo es solo un instrumento para la acumulación capitalista y debe ser tratado conceptualmente como tal. El eje está en la lógica de acumulación. Para terminar con el extractivismo es necesario discutir todo el proceso complejo y dialéctico de la acumulación y sus diferentes facetas y solo en este entramado discutir la etapa extractiva del capital, por cuanto el proceso extractivista es parte de la totalidad y si bien tiene sus especificidades solo se explica en su sentido íntegro en función de esa totalidad.

*Los autores son miembros del Grupo de Estudio sobre Acumulación, Conflictos y Hegemonía (GEACH). Lorena Natalia Riffo es docente de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue y becaria doctoral del Conicet en el Instituto Patagónico de Humanidades y Ciencias Sociales en la misma universidad. Guido Pascual Galafassi es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, investigador independiente del Conicet y director de la Maestría en Desarrollo Territorial y Urbano en la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Avellaneda.

Más información:

LIBRO EN PDF: Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica

VIDEO: Conversatorio con Antonino García sobre el avance del extractivismo en Chiapas

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Zacatecas Minero: la riqueza que empobrece

Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 13 de julio 2018

Es conocido que el estado de Zacatecas es de suma importancia para el mercado minero nacional e internacional. En el año 2017 aportó el 19.31% del valor total de la producción nacional de minerales, convirtiéndose en el segundo estado con mayor aporte (SE, 2016). No es casualidad entonces que, igual de impactante resulten los datos más recientes sobre la situación del territorio zacatecano con relación a la minería.

En síntesis nos indican que una cuarta parte del territorio zacatecano (equivalente a 1,803,200 Ha.), ha sido entregado a través de 2,296 títulos de concesiones mineras (GEOCOMUNES, 2018). Hablamos de 206 proyectos de exploración de los cuales, 145 son de capital mexicano (34 de Peñoles, 12 de Frisco y 11 de Grupo México), 42 son de empresas canadienses (8 de Pan American Silver, 4 de Teck Cominco, 3 de Mag Silver Corp, 2 de Goldcorp y 2 de First Majestic), 10 estadounidenses (todas de la Golden Minerals Company) y, 6 británicas (2 de Río Tinto y 2 de Arian Silver Corporation), (GEOCOMUNES, 2018).

Además, hay 15 minas operando (3 a cielo abierto) y 3 más se encuentran próximas a iniciar operaciones y de todas ellas sin duda alguna, resalta la de la minera Peñasquito de la poderosa empresa canadiense Goldcorp, que ahí explota la mina de oro más grande de México y una de las tres más grandes de plata, junto a Saucito y Fresnillo PLC pertenecientes al Grupo Bal (GEOCOMUNES, 2018).

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la producción minera del estado a nivel nacional, a marzo del 2018, fue la siguiente:

  • Primer lugar en producción de plata, plomo y zinc,
  • Segundo lugar en producción de cobre y,
  • Tercer lugar en producción de oro.

No obstante esas cifras «alegres», empresas y gobierno omiten que Zacatecas también tiene los primeros lugares en la cantidad de sustancias químicas, como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, que son utilizados durante los procesos de extracción de metales. Además se usan disolventes, gasolina y diésel en grandes cantidades, y ni que decir de la inmensa cantidad de agua que las empresas utilizan en varios de sus procesos de extracción. Esta mezcla entre tipo y cantidad de sustancias químicas, hidrocarburos y la ominosa cantidad de agua, ocasiona graves daños a la salud y al ambiente, a tal grado que envenenan para siempre las estructuras sociales, la identidad y cultura de los pueblos, la vida en sí misma, con el signifcado que cada pueblo le otorga, es irrecuperable la flora, la fauna, el aire, el agua, para que al final, sólo quede ya el despojo y el desplazamiento forzado.

Otro indicador que abruma es que, de acuerdo al centro de análisis e investigación Fundar (2018), que analizó datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el «poder» minero en el municipio de Mazapil no ha sido suficiente para sacar de la pobreza extrema a la población. Mazapil, como muchas otras comunidades que tienen en sus entrañas a las empresas mineras más poderosas del mundo, sigue siendo pobre. La paradoja de la «La Riqueza que Empobrece».

De acuerdo a la Secretaría de Economía (SE), Mazapil produce aproximadamente 900,000 mil onzas anuales de oro, lo que significaría cerca de mil ochenta millones de dólares al año…. (1,080,000,000.00). Sin embargo, cómo señalamos líneas arriba, es el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema (12.9%) y aproximadamente el 63% de la población vive en pobreza, porque en realidad lo que sucede es que de las 130,000 toneladas de material, que mantiene una tasa de ganancia anualizada de 164%, sólo una parte insignificante del total de la utilidad bruta, les llega a los ejidatarios dueños de la tierra. Es decir, el 0.107% (Rodriguez, 2015). Por otra parte, si redondeamos el análisis, y ponemos en perspectiva que, el anterior e insignificante y supuesto «beneficio», no se distribuye en la mayoría los habitantes que también están siendo afectados por las consecuencias socio-ecológicas de la operación minera.

La minería es exaltada por el gobierno y por las propias empresas, a través de un discurso que pondera el crecimiento económico, el progreso y desarrollo y la generación de empleo bien remunerado para los países, estados, los municipios, las localidades, los ejidos y los anexos, pero no causa impacto positivo sobre los indicadores económico y de marginalidad. ¿Cómo es posible que con la magnitud de los daños que ocasionan, estos no se vigilan ni se cuestionan? Entonces nos preguntamos: ¿Desarrollo para quién? ¿Progreso desde dónde?

Zacatecas, enclave de extracción para beneficio de las naciones colonizadoras en el entramado del sistema-mundo, ha sido históricamente un territorio subordinado para la apropiación de excedente social y natural y, en la actualidad, sigue siendo un espacio de recolonización por parte de corporaciones canadienses y oligarcas nacionales, de los cuales sobresalen Carlos Slim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alberto Bailleres (Grupo Bal), grupos de poder que siempre han sido los verdaderos favorecidos de la mercantilización de los bienes minerales.

Esta situación se traduce en la articulación de conflictos territoriales, donde confluyen la clase y el género, derivados de la violación a los derechos humanos, la destrucción de territorios, depredación de bienes naturales, debilitamiento de la organización local comunitaria, pérdida de identidad y la vida tradicional histórica con arraigo a la tierra, daños a la salud, contaminación al ambiente, exterminio de los mantos acuíferos y en suma, la invisibilización y negación de otras formas de vida, distintas a la impuesta por la tendencia dominante del capital.

Como Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac), hemos identificado severas conflictividades en los municipios siguientes: en Mazapil, en las localidades de Peñasquito, Salaverna y Camino Rojo y en Concepción del Oro; en la cabecera municipal de Chalchihuites, en las poblaciones de La Colorada y San José de Buenavista; Ojocaliente; Luis Moya, con la mina El Coronel; Noria de Ángeles, con la Minera Real de Ángeles. No obstante, consideramos son más los municipios que presentan situaciones similares, como Melchor Ocampo, El Salvador, Vetagrande, Sombrerete, Fresnillo, al igual que sucede con la ciudad de Zacatecas, la cual registra el 80% del total de su territorio concesionado.

Lamentablemente, el Modelo Extractivo Minero viene acompañado de otras calamidades de disputa socio territorial relacionadas con los megaproyectos. También ha comenzado el desarrollo de parques eólicos, tanto en Villa de Cos, como en la capital del estado; al igual que ya se pretende imponer una mega presa en Jiménez del Teúl, llamada «Milpillas», para abastecer de agua el corredor industrial y minero que va desde Fresnillo y pasa por Calera, Zacatecas y Guadalupe, incluyendo a Grupo Modelo, filial de la gigante cervecera belga Anheuser-Busch InBev.

Como Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac) y desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), alertamos a las poblaciones que viven los embates del Modelo Extractivo, y alentamos a la organización social desde abajo, con las estructuras de gobernanza locales y, con la búsqueda de coincidencias para hacer frente a estos proyectos de muerte, a los cuales tenemos que enfrentar poniendo por encima de cualquier beneficio económico, la vida y la dignidad de los pueblos.

Firma:

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac)

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Más información:

En Zacatecas, conflictos por minería

Zacatecas: La comunidad de San José de Buenavista contra el despojo de la empresa minera First Majestic

La encrucijada ejidataria: El caso de San José Buenavista en Chalchihuites, Zacatecas

Zacatecas: defensores exigen la cancelación inmediata de las concesiones mineras otorgadas a First Majestic

¿Porqué teme la Unión Europea el establecimiento de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos?

Comunicado de la federación Amigos de la Tierra Internacional, a la cual pertenece Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 11 de julio 2018

Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre el tratado vinculante de las Organizaciones de Naciones Unidas que obligaría a las empresas transnacioneales a respetar los derechos humanos en todos los países donde tienen actividades. Exhortamos a la Unión Europea a que empiece finalmente a respaldar este proceso.

El respaldo de la sociedad civil a un tratado jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales está creciendo, especialmente en el Sur global. Sin embargo, en lugar de intervenir comprometidamente en las negociaciones de este tratado de la ONU, la Unión Europea está dilatando y descarrilando el proceso. ¿Con qué cara puede la UE decir que está comprometida con la protección de los derechos humanos y de quienes los defienden, cuando está tratando de impedir el avance de este proceso histórico?

En 2015, un grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas empezó a trabajar en pos de un tratado para reglamentar las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas de negocios, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. A pesar del voto negativo de 14 países europeos contra la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014, la iniciativa concita cada vez más apoyo generalizado y las conversaciones se encaminan ahora hacia una cuarta sesión de trabajo formal en octubre, cuando se empezará a negociar un Borrador Cero. La UE funciona como un bloque en Ginebra, lo que significa que coordina la postura de todos sus Estados miembros individuales.

Los reclamos por mecanismos jurídicos que permitan prevenir y evitar los abusos y violaciones de derechos humanos por empresas y sus ataques contra gobiernos elegidos democráticamente han sido reiterados, desde aquel discurso memorable de Salvador Allende en 1972 ante la Asamblea General de la ONU. Pero los crímenes empresariales contra el medioambiente y los derechos de los pueblos siguen ocurriendo desde entonces sin cesar, al mismo tiempo que la violencia contra los defensores y defensoras de los territorios y los derechos de los pueblos asciende a niveles alarmantes. Las empresas casi nunca o nunca son responsabilizadas ante la justicia por sus actos.

Muchos países han formulado propuestas concretas respecto del contenido y la aplicación de un tratado vinculante que permita cerrar los vacíos legales que persisten en el derecho internacional de los derechos humanos y que mejore el acceso a la justicia para los pueblos afectados. Esto incluye leyes nacionales en algunos Estados europeos que les fijan obligaciones jurídicas a las empresas transnacionales para que eviten los abusos de derechos humanos y los daños ambientales a todo lo largo de sus cadenas de suministro. Actualmente, se están dando grandes avances al respecto en países como Francia y Suiza, empujados por la sociedad civil organizada y los parlamentos.

La UE mantiene sin embargo su postura obstruccionista. Sus representantes no se presentaron al inicio de las conversaciones en la ONU en 2015, e intervinieron recién en 2016 y 2017 en respuesta a las presiones de las organizaciones de la sociedad civil. Durante las consultas informales más recientes, en mayo y junio, la UE siguió impidiendo las negociaciones al reclamar una nueva resolución que restrinja el mandato del grupo de trabajo intergubernamental. Eso implicaría revertir cuatro años de avances, y le daría a la UE la oportunidad de cambiar el alcance del tratado, o de lavar sus contenidos hasta transformarlo en una mera enmienda de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

El Borrador Cero que será elaborado este mes es el resultado de tres sesiones de discusiones fructíferas entre Estados, sociedad civil, expertos, y representantes de comunidades afectadas, así como de las asociaciones empresariales opositoras, y debe basarse en el documento de elementos discutido el año pasado en la tercera sesión. Para Amigos de la Tierra Internacional, para que el nuevo instrumento jurídicamente vinculante sea eficaz, debe incluir entre sus elementos clave obligaciones para las empresas transnacionales de respetar los derechos humanos, responsabilidad civil y penal para las empresas y sus directores en casos de violaciones, transparencia en las cadenas de suministro para habilitar el levantamiento del velo societario que les permite a las empresas evadir sus responsabilidades, y un tribunal internacional de derechos humanos al que puedan acudir las personas y colectivos afectados en caso que sus tribunales nacionales no les brinden acceso adecuado a la justicia.

El Borrador Cero debe establecer obligaciones estatales operativas que garanticen la primacía de los derechos humanos frente a los acuerdos comerciales, brindar caminos para que las comunidades afectadas obtengan compensación, y proteger contra nuevos abusos a l@s defensores de territorios. También debe incluir disposiciones que impidan que las instituciones financieras internacionales actúen con impunidad cuando financian proyectos destructivos o apoyan políticas que socavan los derechos de los pueblos a servicios públicos.

Por más mecanismos voluntarios que haya en el mundo, no podrán proteger las vidas de l@s defensores de territorios de las amenazas y ataques sistemáticos de empresas contra el medioambiente, las fuentes de sustento y los derechos de los pueblos. Sería un fracaso histórico para la legislación universal sobre los derechos humanos que, tras más de 45 años de lucha por la responsabilización de las empresas transnacionales, el grupo de trabajo intergubernamental presidido por Ecuador en la ONU y respaldado por más de 100 Estados miembros de la ONU cediera a las tácticas obstruccionistas de la UE.

No puede ser la intención de la UE abandonar explícitamente a su suerte a l@s defensores de derechos humanos que actúan en todos los rincones del planeta. L@s ciudadanos europeos no quieren pasar a la historia como la región que bloqueó esta oportunidad histórica de brindarles justicia a los millones de personas que han sufrido abusos de manos de empresas transnacionales. La UE no debería hacer caso omiso del llamado de más de 400 organizaciones de la sociedad civil del mundo entero que les reclaman a los gobiernos que intervengan constructivamente en las consultas informales en curso y en las negociaciones del Borrador Cero en octubre. La UE no quiere oponerse al número creciente de resoluciones de parlamentos regionales y nacionales, incluido el Parlamento Europeo, que abogan por la responsabilización de las empresas transnacionales. Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre este tratado de la ONU. En lugar de argumentar en contra del proceso con cuestiones de procedimiento y solicitar consultas sin participación de la sociedad civil, exhortamos a la UE a que empiece finalmente a respaldar este proceso. Es hora de que la Unión Europea actué en consonancia con sus electores y la comunidad internacional de defensores de derechos humanos para ponerle punto final a la impunidad empresarial.

Entrevista con Karin Nansen, presidenta de ATI, en octubre 2017:

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Más información:

La propuesta de texto de Tratado Vinculante emitida por la Campaña Global

¿Por qué se moviliza la Campaña Global para un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en material de Derechos Humanos?

Gustavo Castro: «Nos parece fundamental un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos»

Avances del Tratado de la ONU para reducir la impunidad de las transnacionales y las violaciones de derechos humanos

Informe: Los Derechos de los Pueblos frente al poder empresarial en América Latina

[VIDEO] Gustavo Castro: Los tratados de libre comercio convierten la protesta social en un crimen

Entrevista con Gustavo Castro, fundador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, realizada en Belfast, Irlandia del Norte, para el programa «Earth Matters» de la televisión local NVTV

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  • Con qué motivos se creó Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México en el año 2007 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas:

«Antes de la creación de Otros Mundos A.C., durante muchos años estuvimos trabajando con refugiados guatemaltecos durante el conflicto armado en Guatemala, cuando salieron miles y miles de indígenas a los estados fronterizos con México. Más adelante, cuando el gobierno mexicano empezó a promover el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, se levantó todo un movimiento en contra de este tratado por las implicaciones que iba a tener en México: iba a modificar de la Constitución, privatizar todo, aumentar impuestos, abrir las cuotas de importación a los productos subsidiados de Canadá y Estados Unidos, desplazar a campesinos e indígenas y romper la planta productiva del país. Surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y en ese proceso de diálogo entre los zapatistas y los indígenas del EZLN, iniciamos un trabajo de formacion, información y capacitación en las comunidades.

Después llegaron las inversiones de todo tipo: los Tratados de Libre Comercio (TLC) abrían las puertas a la inversión extranjera en torno a la privatización del agua, la energía, la industría minera. Empezó el boom de la extracción de metales, de la plata, y del oro, que implicaba el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas. Pero también iniciaron los grandes proyectos de construcción de represas hidroeléctricas que implicaban bloquear ríos, inundar grandes extensiones de territorios, desplazar a comunidades y pueblos. Con Otros Mundos A.C. iniciamos un proceso de resistencia contra esos proyectos y fundamos dos redes nacionales: el Movimiento mexicano de Afectados por la Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y luego la Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA). Pero después llegan los monocultivos de palma de aceite, desplazando los cultivos tradicionales de maíz y frijol que sostienen la soberanía alimentaria, por la palma de aceite para la industria de Europa y Estados Unidos. Implicó romper la biodiversidad con un monocultivo muy extenso, agroquímicos y contaminación del agua. Iniciamos entonces otra resistencia contra eso. Luego llegaron las concesiones de petróleo, gas y fracking y otras privatizaciones.

Todo ese proceso de resistencia también nos implicó buscar alternativas. No podemos seguir resistiendo contra el extractivismo tan fuerte y tan voraz, sino que necesitamos construir alternativas. No se trata de exportar a Estados unidos y Europa los mejores productos a muy bajos costos económicos con grandes costos sosicoambientales y mucha probreza. La idea era generar fuentes propias de vida, alimentación, mercado local. En ese proceso en el que conformamos redes y movimientos, nos encontramos y confluimos con la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), preocupados también por el cambio climático y el extractivismo. Es así como nos invitaron a formar de ATI, hace diez años. Entonces juntamos alianzas y sinergías para luchar contra este modelo de desarrollo que trae tanta pobreza y destrucción socio-ambiental y también para buscar alternativas locales, propias y sustentables. Queremos encontrar formas ambientalmente sostenibles de manejar el agua, la energia, los alimentos. Queremos defender la tierra y los alimentos contra tanto despojo generad por parte de un modelo extractivista que, por lo menos en América latina, es terrible.»

Más información:

¿Quiénes somos y qué hacemos?

Alter Natos, el Centro Ecológico Alternativo de Otros Mundos A.C.

  • El problema de la criminalización de la protesta y la represión en América Latina:

«Si un gobierno hace eco de las demandas de la población en torno por ejemplo a la contaminación generada por una empresa, y decide expulsar o quitar la concesión a esta empresa, la empresa puede demandar al gobierno. Hace cinco anos, había por lo menos 60 países de Africa, Asia y América latina demandas por las empresas transnacionales ante el Banco Mundial, que es el tribunal que a final de cuentas decide y muchas veces le da la razón a las transnacionales. Costa Rica y El Salvador son los únicos dos países que por ley han prohibido la minería metálica en su territorio, por lo que les han llegado demandas de las empresas canadienses y australianas y han tenido que gastar millones de dólares en su defensa legal. Al final ganaron pero han sido los únicos dos casos y por lo general las corporaciones ganan.

Si la gente defiende sus derechos humanos al agua, a la salud y la alimentación, entonces en los tratados empezaron a ver la forma de asegurar que la movilización social no sea un derecho humano sino un crimen. Cuando la gente está protestando, bloqueando una carretera, puede ser demandada por secuestro, delincuencia organizada, o terrorismo. Los tratados convierten la protesta social y las demandas por los derechos humanos en un crimen. Para los gobiernos es mas fácil modificar el código penal y criminalizar la protesta social que pagar millones de dólares en las demandas de las empresas. La confrontación es cada vez más fuerte entre los movimientos y las corporaciones en toda América latina.

(…) América latina tiene muchos bienes comunes naturales: bosque, madera, biodiversidad, agua, gas, petroleo, minerales. Esos bienes comunes naturales incorporados al mercado ahora los llamamos recursos naturales y se les pone precio, entonces vienen la lucha por quien es dueño de eso. (…)  Prácticamente todos los gobiernos de América latina tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, China, Estados Unidos o Canadá, por lo que hay una disputa muy fuerte por todos estos recursos. Esos TLC van avanzando a un ritmo sumamente acelerado y la extracción ha sido cada vez mas fuerte. En México, por ejemplo, del 2000 al 2011 se extrajo 2.5 veces más oro que durante los 300 años de colonia española.

Eso ha implicado que la gente se esté levantando y organizando, pero es peligroso en América latina, donde quien se oponga es perseguido. Hay mucha esperanza ya que la resistencia es muy fuerte, los movimientos están resistiendo, la gente está buscando la manera de blindar sus territorios, de generar territorios libres de minería, represas y transgénicos y está generando alternativas propias y locales. Eso es lo que hace que la gente sea muy amenazante para los intereses corporativos, por eso es tan peligroso. Tenemos casos por toda América latina, y sobre todo muchos feminicidios, porque las mujeres están en frente de todas las resistencias en el continente.»

Más información:

Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca

[AUDIO] Terrorismo, delincuencia organizada: cuando el derecho penal se usa contra defensores y defensoras

Agresiones contra defensoras de derechos humanos en México: Diagnóstico Nacional

En los medios:

Para los gobiernos, es más fácil criminalizar la protesta que pagar millones de dólares en las demandas: Gustavo Castro

 

Manual para descargar en PDF: «Hablemos de megaminería»

Compartimos el manual «Hablemos de megaminería» publicado por la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (U.A.C.CH) que resiste a la megaminería en la provincia de Chubut, Argentina

>> DESCARGAR EL MANUAL EN PDF <<

Prefacio

«Nuestra lucha se basa en la información y la difusión», suelen decir los/las vecinos/as de Chubut, Argentina que resisten la instalación de emprendimientos mineros a gran escala, de extracción metalífera y de radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas. Gracias a los conocimientos sobre «megaminería» que supieron gestionar y compartir en asambleas y en diversas acciones de difusión pudieron posicionarse, organizarse y manifestarse de mil maneras para ponerle freno a la explotación de su territorio.

Este manual, elaborado por un grupo de vecinas/os asambleístas que se embarcó en la aventura de producir un recurso didáctico que compile los saberes sobre megaminería que se han acumulado y complejizado durante más de quince años de aprendizaje popular y colectivo, está inspirado en ese espíritu y en esa necesidad de seguir aprendiendo, de seguir enseñando, de seguir difundiendo y seguir construyendo resistencia popular a partir de fundamentos científicos e informaciones de fuentes comprobables y válidas.

Aunque para comprender debidamente en qué consiste este manual, de dónde viene y adónde va, necesitamos remontarnos brevemente a la historia de la lucha contra la megaminería en la provincia de Chubut.

En el año 2002 el pueblo de Esquel, ubicado en la cordillera chubutense, se vio conmovido por el arribo de una empresa minera transnacional que pretendía explotar oro y plata en las montañas cercanas a la ciudad, utilizando una metodología de extracción a gran escala muy diferente a la de la minería tradicional. En principio, las promociones de la empresa y de sus aliados políticos y mediáticos generaron expectativas de progreso económico y oportunidades laborales para la población.

Sin embargo, y afortunadamente, hubo vecinas y vecinos esquelenses que se preguntaron por los impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos que produciría dicha explotación. Así fue que se pusieron a investigar. Se contactaron con pobladores de otros lugares de nuestro país y de Latinoamérica que convivían con emprendimientos megamineros para conocer sus experiencias. También averiguaron cómo sería el proceso de extracción de los metales y su procesamiento posterior: qué y cuántos recursos utilizaban, cómo operaban, qué pasivos dejaban. Comprendieron entonces que este tipo de actividad, conocida como «megaminería», conlleva graves secuelas socioambientales para los territorios en los que se instalan los yacimientos.

Y por si fuera poco descubrieron que las oportunidades de progreso con las que se promocionan las explotaciones, en poco tiempo se develan como falsas promesas. No se produce ningún derrame de riqueza: gracias a las ventajas impositivas del Código Minero vigente desde los años 90, los beneficios económicos son para las corporaciones extranjeras y las migajas que rinden no llegan a cubrir siquiera los costos de remediación. Y, además, la contaminación irreversible del ambiente, destruye las posibilidades de desarrollo regional de otras actividades económicas, verdaderamente productivas y sustentables. Lamentablemente, abundan los ejemplos, a lo largo del país y del mundo, para afirmar que la megaminería genera más pobreza en los sitios que explota.

Después de conocer todo esto, los/las vecinos/as de Esquel compartieron la información apelando a estrategias de educación popular y se organizaron para evitar la instalación del emprendimiento megaminero que pretendían imponerles. En 2003 se conquistó una consulta popular en la cual el 81% de la población se expresó por el «NO» a la explotación del Cordón Esquel, luego se promulgó la Ley Provincial 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro y, desde entonces, se han desplegado múltiples acciones legales, de difusión y movilización que se sostienen hasta la actualidad. La gesta del pueblo de Esquel y la experiencia del movimiento del «NO A LA MINA» han sido inspiradores para otros pueblos de Chubut, de Argentina, de Latinoamérica y del resto del mundo que resisten el extractivismo minero.

Y como en el territorio de Chubut existen enormes reservorios de metales y materiales radioactivos, resulta constante y creciente el asedio de las corporaciones mineras y sus operadores para habilitar la actividad extractiva que saquea y contamina. Debido a esto, han surgido numerosas asambleas y grupos de vecinos/as que luchan en contra de la instalación de la megaminería en diferentes localidades de la provincia. En 2012 hubo una fuerte embestida política y empresarial para impulsar la megaminería, la consecuente resistencia provincial dio origen a la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (U.A.C.CH). En este espacio asambleario horizontal y apartidario participan, se encuentran y comunican vecinas/os, pobladores rurales, pueblos originarios de Chubut, unidos/as a partir de la defensa del territorio, del agua, de la dignidad y de las oportunidades de verdadero desarrollo para las actuales y futuras generaciones.

Esperamos que este manual se transforme en una herramienta para construir conocimientos, para multiplicar conciencias, para cimentar poder popular basado en saberes independientes. Que sirva para que los/las ciudadanos/as y especialmente los/las jóvenes de nuestro pueblo puedan elegir su destino sin imposiciones, ni manipulaciones informativas de las corporaciones.

¡A estudiar y a difundir, que sólo el conocimiento nos hará libres!

>> DESCARGAR EL MANUAL EN PDF <<

Fuente: Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Información relacionada:

Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

Día mundial contra la megaminería: Rechazamos el saqueo institucionalizado en México

 

[VIDEO] ¿Los decretos firmados el 5 de junio privatizan el agua?

Compartimos el programa «Jaque al Rey» de Rompeviento.TV del 29 de junio 2018, en el que los invitados y las invitadas reflexionan sobre los diez decretos firmados por el presidente de la República el 5 de junio 2018. Mal llamados «Deretos de reserva de agua», esos decretos levantan vedas en en 99 cuencas hidrológicas del país y reservan solo el 30% de sus aguas a los usos doméstico, público urbano y ambiental, dejando el 70% libre y disponible para concesiones.

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¿Estos decretos privatizan el agua en México?

Alessia Kachadourrian Marras, asesora independiente en gestión integral del agua:

«Es una herramienta más de las que hay en la lista, que sigue fortaleciendo y protegiendo al mismo sector minoritario en este país que controla la mayor cantidad de agua, cuyo uso es para para producción comercial y el enriquecimiento a partir del agua. Sigue poniendo en manos de menos y privadas la mayor cantidad del agua que circula en nuestro territorio.«

Miguel Angel Montoya, asesor parlamentario y consultor en Gestión Integral del Agua:

«Esta medida no es aislada. Viene precedida de intentonas muy fuertes y muy serias de imponer una Ley General de Aguas (LGA) que tendían hacia la privatización extrema del agua. La privatización existe en México y un claro ejemplo es la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) del 1992. Justo la reforma del 2012 al artículo cuarto constitucional era proponer una nueva Ley. Se trata de una privatización no por los decretos en sí mismo, sino por el contexto legal en el que surgen. Esos decretos no son de reserva de agua sino de levantamiento de veda. Hay que entenderlos así. Se aterriza un marco jurídico absolutamente privatizante que ha mostrado no solamente su ineficacia sino su enorme capacitad para concentrar el agua en unas cuantas manos y para expoliar el recurso.»

Nathalie Seguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua Agua para Todos:

«Hay que entender que con la reforma energética del 2013, claramente lo se necesitaba era el agua. De allí la intentona de una imposición de una LGA en el 2015. Afortunadamente, hubo una movilización de movimientos sociales, investigadores, comunidades y organizaciones no gubernamentales que nos dimos a la tarea de estudiar a fondo esta iniciativa y por el otro lado de ir construyendo una propuesta ciudadana de LGA que justamente ayudaría a un modelo de transición hacia un modelo de gestión de agua sustentable y equitativa. Al ver que no pueden imponer su LGA, se van por otras alternativas como leyes estatales y decretos, en donde sí están liberando grandes volúmenes de agua para la concesión.»

¿En qué consisten estos decretos firmados por EPN?

Miguel Angel Montoya, asesor parlamentario y consultor en Gestión Integral del Agua:

«La palabra reserva suena muy bonito, hace pensar que es una acción de conservación. Pero en realidad los decretos levantan vedas. Esas vedas por sí mismo garantizaban justo la protección y el caudal de los ríos porque solo se explotaban los ríos que tenían concesiones desde hacía muchísimos años. El hecho de tener vedas garantizaba la reproducción del ciclo hidrológico. Esas vedas se levantan totalmente, el agua se pone a disponibilidad y lo que hacen los decretos es reservar una parte muy pequeña del agua que se liberó. Si nos atenemos a las recomendaciones internacionales, solo debemos reservar el 35% del volumen de aguas superficiales disponibles. El otro 65% se deja libre, justo para que entre el modelo concesionario, con concesiones de tipo industrial, de tipo agroindustrial, de uso mixto y de uso doméstico. Es allí la clave de la privatización.«

Nathalie Seguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua y miembro de Agua para Todos:

«Calculamos que el 70% del agua disponible en las cuencas mencionadas en los decretos fue liberado para concesiones. Estamos hablando de grandes volúmenes de agua que están siendo puesto a disposición de posibles concesiones. Es algo que debe preocuparnos porque el uso de esa agua puede llegar a caer en manos de mineras y de la industria de hidrocarburos y dejarnos sin esa agua en el ciclo del agua. Estas industrias están usando una serie de químicos y hoy en día no contamos connngun sistema de tratamiento de estas aguas, entonces si entregamos el agua a estas industrias poco a poco nos vamos a quedar sin el volumen de agua de calidad necesario para los ecosistemas y el consumo humano. El tema de calidad del agua no se puede menospreciar.»

Más información sobre los decretos:

Rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados el 5 de junio

COMDA: Los decretos de reserva de agua dejan sin protección casi el 70% de las aguas en las cuencas cubiertas

Análisis de los decretos por la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida

Ante la fusión Bayer-Monsanto, defendemos el derecho de los campesinos y las campesinas a producir de manera agroecológica

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 28 de junio 2018

El pasado 7 de junio, se oficializó la compra de la empresa estadounidense Monsanto, primera comercializadora de semillas a nivel mundial, por la compañía alemana Bayer, segunda en la venta de agrotóxicos.

Esta transacción de cerca de 54.000 millones de euros es solo una de las tres fusiones que están ocurriendo actualmente en el sector agroindustrial. En abril del 2017, fusionaron las dos empresas estadounidenses Dow AgroSciences (cuarta vendedora de agrotóxicos) y Dupont Pioneer (número dos en el mercado de las semillas después de Monsanto). Y en junio 2017, la empresa china ChemChina especializada en agrotóxicos (propietaria de Adama, el mayor proveedor de agrotóxicos genéricos de Europa) compró por 43.000 millones de dólares a Syngenta, líder mundial en la venta de estos venenos.

De tal manera que cinco de los llamados «seis gigantes» del sector agroindustrial (Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences, Dupont Pioneer, Syngenta) están concentrando sus fuerzas. El sexto gigante, el alemán BASF (en tercera posición en el mercado mundial de agrotóxicos) es el único que queda fuera de las fusiones, pero sí beneficia de ellas: para que la compra de Monsanto por Bayer fuese aprobada por las autoridades comerciales, Bayer tuvo que vender una parte de sus activos en semillas y agrotóxicos (equivalentes a 1.700 millones de euros) a BASF, que termina siendo aún más «gigante» que anteriormente.

Los ahora cuatro gigantes, controlan 75% del mercado mundial de agrotóxicos; 63% del mercado mundial de semillas comerciales; y más de 75% de toda la investigación privada en el sector de semillas y pesticidas.[1] Es probable que en un futuro cercano, la pelea por el monopolio no se limite al mercado de las semillas y agrotóxicos, sino que abarque también el mercado de la maquinaria agrícola (los tractores, etc.). Este último está dominado actualmente por empresas como Deere&Co o CNH, las cuales ya están absorbiendo otro mercado muy importante del sector agroindustrial: el de las tecnologías de datos o «agricultura de precisión» (por ejemplo, las tabletas con aplicaciones que permiten definir con más precisión las zonas que deben ser fumigadas o sembradas).

Entre menos manos controlan el sector agroindustrial, más potentes se encuentran las empresas que se quedan y más influencia podrán tener sobre los campesinos y las campesinas, a quienes se busca imponer un modelo de producción dependiente de agrotóxicos, semillas mejoradas, híbridas comerciales y transgénicas, además de tecnologías de punta.

Por ello, el pasado 15 de mayo, en el marco del mes de la marcha mundial contra Monsanto, dedicamos nuestro seminario mensual a la fusión Bayer-Monsanto para recordar que en Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, defendemos el derecho de los campesinos y las campesinas a producir de forma agroecológica y de forma sostenible económicamente, sin depender de los insumos externos vendidos por las empresas transnacionales y reivindicamos el derecho de todas y todos a la salud y la soberanía alimentaria, a sembrar semillas campesinas y comer alimentos sanos.

«Pensamos que la agroecología es una estrategia política para seguir defendiendo nuestros territorios, nuestras semillas y nuestros conocimientos», recordó Ángel Gómez de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México durante el evento. «Lo importante es decidir lo que nosotros comemos, lo que nosotros cultivamos y cómo lo cultivamos», subrayó.

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En México, Monsanto y Bayer están muy presentes. Comercializan plaguicidas y son las dos empresas que más solicitudes de liberación de semillas transgénicas han enviado a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) entre el año 2005 y el año 2017: Monsanto 379 y Bayer 168. De manera general, el Estado Mexicano no está del lado de la defensa de las semillas nativas, ya que de un total de 853 solicitudes recibidas por CIBIOGEM en dicho periodo, 595 han sido permitidas por CIBIOGEM, especialmente de algodón (308) y de maíz (194). [2]

Como bien señalamos en nuestro manual titulado «Agroecología y Agroforestería: Prácticas para una agricultura ecológica», el principal problema que representan las semillas transgénicas es que las resistentes a los herbicidas implican el uso excesivo de estos productos. Los «Roundup Ready» son particularmente preocupantes porque el «Roundup» contiene glifosato, un agente tóxico que provoca cáncer. Además, tanto las semillas transgénicas como las semillas híbridas comerciales son una amenaza por la diversidad genética de nuestras semillas nativas ya que se reproducen con nuestras plantaciones de semillas nativas por medio de la polinización, lo cual pone en grave riesgo a los parientes silvestres y a la propia diversidad de los cultivos lograda con el gran trabajo y conocimiento de campesinas y campesinos del mundo.

La liberación de semillas transgénicas en el ambiente pone en peligro también a los campesinos y campesinas que pueden terminar siendo criminalizados por tener en sus parcelas semillas por las cuales no han pagado y que tienen dueño. Una situación que podría volverse común en México si el gobierno se adhiere a un convenio llamado UPOV 91. México y los otros 11 países de la región pacífica que firmaron el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP 11) el 8 de marzo del 2018 están obligados a adherirse a este texto que pone el peligro el derecho de los campesinos y las campesinas a intercambiar y sembrar semillas.

Por ahora, México es adherente del convenio de la UPOV 78 en el que el «obtentor» de un objeto vegetal puede controlar su producción, puesta a la venta y comercialización. Lo que cambia con la versión 91, es que el «obtentor» controla su objeto vegetal durante mínimo 20 años y se requiere su autorización no sólo para la producción, venta y comercialización sino también para «la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación» del objeto. Significa por ejemplo que un campesino que usa semillas concesionadas por un «obtentor» ya no podría recuperarlas de su cosecha para volver a sembrarlas, ni podría dárselas a un vecino o intercambiarlas con otras. Además podría ser criminalizado por practicar hibridaciones de plantas con las semillas del «obtentor» o por tener en su campo plantas nacidas de semillas del «obtentor» que el viento u otro polinizador le haya traído. [3]

Afortunadamente, en México está viva la lucha contra los planes de Monsanto, ahora Bayer-Monsanto. Desde septiembre del 2013, está suspendida la siembra de maíz transgénico en todo el país, gracias a los esfuerzos de la «Demanda Colectiva Maíz», un grupo de abogados, científicos, campesinos y defensores de derechos humanos quienes emprendieron una batalla legal contra los permisos de siembra promovidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cinco transnacionales -Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto. Obtuvieron la implementación de una Medida Precautoria, que esas corporaciones buscan cancelar.

Otra lucha importante es la de las comunidades mayas de Hopelchén (Campeche) contra Monsanto Comercial S.A. de C.V., la cual ha sido victoriosa en términos legales, pero cuyos frutos no se han podido cosechar por la falta de voluntad política de las autoridades mexicanas. Así fue como en el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de las comunidades los amparos que habían interpuesto contra el permiso otorgado a la empresa para comercializar soya transgénica en su territorio ancestral. Ordenó la suspensión de dicho permiso y la realización de una consulta en las comunidades, pero ésta se ha llevado a cabo violando derechos colectivos (representantes han sufrido agresiones físicas y verbales por ejemplo). Además, en el 2017, las comunidades lograron que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) revoque el permiso otorgado a Monsanto para sembrar soya transgénica, pero ésta continúa en la región.

A pesar de haber sido absorbido por Bayer, Monsanto sigue bien presente en los territorios y como defensores y defensoras de los derechos colectivos, la diversidad de la semillas nativas y la soberanía alimentaria, no dejaremos de gritar: «¡Fuera Monsanto de México!».

Notas:

[1]  Grupo ETC. 2015. Campo Jurásico: Syngenta, DuPont, Monsanto: la guerra de los dinosaurios del agronegocio (>> Descargar el informe)

[2] Daniel Sandoval Vásquez, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECCAM. 2017. Treinta Años de Transgénicos en México. (>> Descargar el informe)

[3] Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. 2016. Urgente defender la libre circulación de las semillas campesinas en México, ante la amenaza del TPP.

Foto: Practicando agroecología en el municipio de Chenalhó, Chiapas (Crédito: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)

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