México: Organizaciones acusan al Estado por violar derecho humano al agua

Vía Movimiento M4

Descargar documento Las violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento generadas por la proliferación de las industrias extractivas en México:

Huauchinango, agua-ddhhPue.- Organizaciones sociales, entre ellas algunas de la Sierra Norte de Puebla, solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que intervenga para evitar las violaciones del Estado mexicano al derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros.

La petición incluye el nombramiento de cuatro relatores especiales para que velen por el respeto a los derechos al agua y al saneamiento; los de los pueblos indígenas; los humanos y el medio ambiente y otro que conozca de la criminalización que viven los defensores de los derechos humanos en el país.

 

El documento presentado la semana pasada ante el organismo internacional fue firmado por el Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali, Fundar, la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Tras hacer un recuento sobre la entrega de recursos naturales a empresas nacionales y extranjeras para el desarrollo de la industria extractiva en vastas regiones del país y la puesta en marcha de reformas legales que “institucionalizaron” este modelo económico en detrimento de los derechos de los pueblos y de su territorio, las organizaciones solicitaron a la ONU se tomen medidas para que el Estado mexicano garantice el derecho humano al agua y al saneamiento.

Además pidieron que se le exhorte para que modifique las leyes y las políticas que afectan este derecho y “se garantice el derecho a la información, a la participación y a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables”, incluso antes de la entrega de concesiones para la explotación de hidrocarburos, electricidad, minería y recursos hídricos.

También pidieron que la ONU exhorte al gobierno mexicano a que prohíba las actividades consideradas de alta gravedad en términos de afectaciones al ambiente y a los derechos de las poblaciones, como es el caso de la fractura hidráulica

Debido a que consideraron que se ha violado el derecho a la consulta de los pueblos con el otorgamiento de estas concesiones, se han generado más de 100 conflictos sociales vinculados a actividades mineras como en Carrizalillo, Guerrero; Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Zautla, Ixtacamaxtitlán y Tetela en la Sierra Norte de Puebla.

Mientras que pobladores de los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo Puebla y Tabasco viven en riesgo por el uso del  fracking para la extracción de petróleo y gas shale y ya se hay “490 pozos de fracking activos en el oriente del país”, por lo que pidieron que se prohíba el uso de esta técnica.

“Sólo en el estado de Veracruz existen 112 proyectos hidroeléctricos en puerta que han generado conflictos. Asimismo, se han identificado conflictos socioambientales por los trasvases de cuencas en el Río Verde, la cuenca del Pánuco y el Río Yaqui”, detallaron.

Esta situación, indicaron, refleja el incumplimiento del Estado mexicano a los tratados internacionales que ha firmado como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y es una amenaza al derecho al agua y al saneamiento.

Nota extradía de Municipios Puebla

Organizaciones de A. Latina condenan el «desastre ecológico» en un río de Guatemala

prensalibre.co.cr

La Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles (Recoma) condenó hoy el «desastre ecológico» que afecta al río La Pasión, situado en el departamento guatemalteco de Petén, fronterizo con México y Belice, debido a la contaminación con residuos químicos atribuidos a la industria de palma aceitera.

El problema ambiental fue alertado por las comunidades de la zona en mayo pasado, aunque salió a la luz pública esta semana, con la aparición de miles de peces muertos en el caudal del río.

En un comunicado firmado por 18 organizaciones ecologistas latinoamericanas, la Recoma expresa su condena «enérgica» ante el «terrible desastre ecológico, social y ambiental, que afecta a las especies y los ecosistemas de la región y también a pescadoras y pescadores, poblaciones y comunidades locales, usuarias y beneficiarias del río la Pasión, en Guatemala y México».

Los pobladores implican a la empresa de palma africana Reforestadora de Palma de Petén S.A. (Repsa) a la que acusan de ser la responsable de contaminar el río con residuos químicos.

«Muchos son los efectos nocivos que la agroindustria de Palma Aceitera (africana) causa en los ecosistemas: el alto uso de agro tóxicos vertidos en fuentes de agua y la contaminación generada por las lagunas de oxidación», expresó Recoma.

Además del acaparamiento de tierras, la destrucción de bosques y ecosistemas y las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones afectadas «nos hacen denunciar este hecho, como un ecocidio más de la agroindustria de palma aceitera en Centroamérica», señaló el texto enviado a EFE.

Los impactos de las agroindustrias y monocultivos de palma han sido ampliamente denunciados por organizaciones como la Recoma, la Redmanglar Internacional, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Amigos de La Tierra América Latina y el Caribe, entre otras redes, recordó.

Por ello, la Recoma hizo un llamado al Gobierno de Guatemala y al Ministerio Público para que concluyan las investigaciones y deduzcan responsabilidades para que este hecho no quede impune.

«Exigimos que se deduzcan las responsabilidades penales y las sanciones correspondientes, que caiga el peso de la ley ante este ecocidio y que no quede en la impunidad», enfatizó.

«Demandamos que las autoridades de Justicia de Guatemala cumplan con su papel y que no cedan ante posibles presiones de los responsables, más aún cuando Guatemala vive un momento en el cual sus instituciones públicas están bajo la mirada del pueblo por los casos de corrupción», concluyó.

Las 18 organizaciones que condenan el desastres ecológico son de Guatemala, Chile, Colombia, México, Uruguay, Honduras, Ecuador y Costa Rica.

Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) de Guatemala, el río La Pasión está contaminado con Malation, un plaguicida organofosforado utilizado para actividades agrícolas.

La contaminación, que ya alcanza más de 100 kilómetros del caudal, según las denuncias, está considerada como «el más grave problema ambiental» de ese tipo en el país por ese ministerio.

Las autoridades han declarado una alerta amarilla en la región y han prohibido a la población consumir peces y agua del afluente.

Mortandad de peces abarca 105 kilómetros
MP allanó una planta procesadora de palma africana, señalada como responsable de la contaminación del afluente y la muerte de cientos de peces.

Logro para los pueblos y comunidades de los humedales

RAMSAR COLOCA EN TODAS SUS RESOLUCIONES DE ESTA COP12, DE MANERA INCLUSIVA A LOS PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES LOCALES.

En el marco de esta COP12 de RAMSAR, celebrada en Punta del Este, Uruguay, la Convención RAMSAR decide tomar una acertada decisión, incluir en todas sus resoluciones a los “Pueblos indígenas y las comunidades locales”.

REDMANGLAR INTERNACIONAL, movimiento  de organizaciones, comunidades y pueblos de campesinos y campesinas, recolectores y pescadores artesanales debe  estar contenta, celebrar y trabajar para que estas resoluciones  sean aplicadas realmente en cada uno de nuestros países.

Las Partes Contratantes de RAMSAR, hoy en su último día de reunión, deciden colocar en todas las resoluciones de esta COP12 (no se incluían antes) el planteamiento de nuestra REDMANGLAR.

Basados en las anteriores resolución de las Conferencias de las partes y según la decisión de las NN.UU “Pueblos Indígenas y comunidades locales”  de forma de ser inclusiva con todos los Pueblos, informa Líder Góngora, de La Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar del Ecuador (C-CONDEM), delegado de Redmanglar Internacional en la COP12.

Además también se considera el valor y aporte del conocimiento ancestral o tradicional en la conservación y gestión de los humedales.

Leer el documento completo

Video: Relaciones comerciales América Latina y Europa

Este vídeo explica cómo la relación comercial actual entre la Unión Europea y América Latina –principalmente basada en la extracción de recursos naturales- está contribuyendo al agotamiento de los recursos no renovables, al calentamiento global y a los conflictos sociales.

Diferentes organizaciones sociales han alertado reiteradamente sobre los peligros de unas relaciones comerciales desiguales y han reclamado con urgencia a la UE que promueva unas relaciones más simétricas que contribuyan al respeto de los derechos humanos y al desarrollo de alternativas sostenibles al modelo económico actual.

Organizaciones: Alianza por la Solidaridad, ACT Alianza UE, CIDSE, CIFCA, GRUPO SUR y OIDHACO

Relaciones comerciales América Latina y Europa – Vídeo animación UECELAC from EU Latin America on Vimeo.

CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS DE UE-CELAC

Bruselas, 10 de junio de 2015

Nosotras y nosotros, miembros y representantes de colectivos y organizaciones diversas de Europa y América Latina y el Caribe, reunidos en Bruselas con motivo de las Jornadas de Movilización por la Soberanía de los Pueblos frente al Poder de las Transnacionales y la Arquitectura de Tratados de Comercio e Inversiones, en ocasión de la Segunda Cumbre UE-CELAC,

Declaramos,

Nuestro profundo rechazo a las políticas neoliberales y de austeridad que se vienen aplicando en los países de la Unión Europea para resolver la crisis generada por un sistema financiero desregulado en extremo, que no piensa sino en obtener el mayor beneficio posible, vía el precepto de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. De la crisis financiera se pasó a la crisis de la deuda de los Estados, y ahora a la crisis presupuestal de los Estados con austeridad. Más de 25 millones de habitantes de la UE, principalmente jóvenes, están hoy sin empleo o perdieron su trabajo, mientras que los bancos europeos han recibido ayudas multimillonarias. Denunciamos la actitud del FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que buscan imponer los intereses de los acreedores al pueblo griego y el gobierno conducido por Syriza. Apoyamos sus movilizaciones y resistencia, así como respaldamos la auditoría pública de la deuda de ese país y la anulación de toda deuda ilegítima.

En el caso de los países de América Latina y el Caribe reclamamos un cambio sustancial de las políticas extractivistas que de México a Argentina, de Brasil a Bolivia, se han generalizado provocando la deposición de territorios, expropiación de tierras, desplazamiento de poblaciones y daños medioambientales.

Demandamos a los gobiernos la suspensión inmediata y definitiva de las negociaciones del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión que la UE realiza con  los Estados Unidos, del Tratado de Comercio de Servicios (TISA) y de la Asociación Transpacífica (TPP) en el que participan varios países latinoamericanos. La firma de estos acuerdos tendría nefastas consecuencias no solo para los habitantes de Europa, América Latina y Estados Unidos, sino del mundo en general, al desreglamentar el empleo, la seguridad alimentaria, las leyes medioambientales, privatizar y/o desregular los servicios públicos, y otorgar mayores derechos a las empresas transnacionales y los inversionistas privados que podrían incrementar demandar a un Estado, lo que constituye un ataque directo a su soberanía.

La Segunda Cumbre UE-CELAC se desarrolla bajo el lema “Construir un futuro común, trabajando juntos por sociedades prósperas, inclusivas, cohesionadas y sustentables para nuestros ciudadanos”. No obstante, al continuar centrando esa relación en la multiplicación y desarrollo de Acuerdos de Libre Comercio – envueltos en los llamados “acuerdos de asociación” – dichos objetivos no pueden sino alejarse, diluirse e inducir nuestras sociedades hacia nuevas y más profundas crisis.

Exigimos una evaluación pública y democrática sobre los impactos que han tenido los Tratados de Libre Comercio (TLCs) con México y Chile, cuyos gobiernos se disponen a vender lo que queda de la economía nacional para atraer nuevos capitales e inversionistas. Llamamos a los gobiernos de los países del Mercosur a no reiniciar las negociaciones para la firma de un TLC con la UE. Reiteramos nuestra demanda contra la ratificación de los TLCs firmados entre la UE, Colombia, Perú y Centroamérica, en discusión en varios parlamentos europeos.

Reclamamos que los gobiernos de la CELAC y la UE reafirmen enérgicamente el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas por el cambio climático y sus impactos, y que garanticen la aplicación estricta de ese principio en el nuevo acuerdo mundial sobre el combate al cambio climático que debe surgir de la próxima cumbre de Paris de diciembre de 2015.

Eso implica que los gobiernos europeos asuman metas estrictas de recorte de las emisiones de sus empresas a nivel mundial, sin mecanismos de mercado y sin mecanismos de compensación de emisiones, que eviten un mayor calentamiento del planeta; e implica que asistan financiera y tecnológicamente a los países latinoamericanos en sus esfuerzos de adaptación a los impactos y sus necesarias transiciones hacia economías justas, despetrolizadas y con garantía de derechos.

Reivindicamos la necesidad y urgencia de que los gobiernos se comprometan a participar de manera constructiva en la negociación del instrumento internacional vinculante en materia de empresas y derechos humanos, tal como lo aprobó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2014 (A/HRC/26/L.22/Rev.1), a fin de obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos.

Nuestras luchas no solo son de resistencia, más que nunca necesaria ante los peligros sociales, económicos y ambientales que acechan nuestras sociedades, sino también para crear alternativas al comercio y las inversiones que respeten los derechos humanos y garanticen un verdadero desarrollo social, integral, justo, democrático y plural.

Lista de firmantes:

Alternative Information and Development Center (AIDC), Asamblea Nacional de Afectadas/os Ambientales (México), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Attac Argentina, Brazilian Network on Peoples Integration (REBRIP), Committee for the Abolition of Third World Debt (CADTM), CADTM AYNA, Comunidades Construyendo Paz desde el Territorio – CONPAZ, Center of United and Progressive Workers (SENTRO), Copenhagen Initiative for Central America and Mexico (CIFCA), Collectif Venezuela 13 Avril, Bruxelles, Comité pour les Droits Humains “Daniel Gillard”, Corporate European Observatory (CEO), Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Enlazando Alternativas, Entrepueblos, France America Latina, Food First Information and Action Network (FIAN), Friend of the Earth Colombia (CENSAT), Friend of the Earth Guatemala (CEIBA), Friends of the Earth International, Friends of the Earth Latin America and the Caribbean, Friends of the Earth Uruguay (REDES), Global Campaign to Dismantle Corporate Power and Stop Impunity, European Network of NGOs Grupo Sur, Hemispheric Social Alliance (HSA), Institute of Policy Studies- Global Economy Project, International Cooperation for Development and Solidarity (CIDSE), Mémoires des Luttes France, Mouvement VEGA, Movement of Peoples Affected by Dams in Brazil (MAB), Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos  (MAPDER), Mundubat, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL, Paz con Dignidad), Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (Oidhaco), Party of the European Left, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), Red Mexicana de Accion frente al Libre Comercio (RMALC), Rosa Luxembourg Foundation Brussels, Solidaridad Suecia – America Latina (SAL), TIYE International (Black, Migrant and Refugee women in the Netherlands), Transnational Institute (TNI), WIDE +, World March of Women.

PETICIÓN INTERNACIONAL: PAREN TPP

¡No permita que las corporaciones se apropien de otro acuerdo comercial!

Las corporaciones están tratando de manipular el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) — un tratado de libre comercio que se encuentra en plena negociación y que, de aprobarse, sería más grande que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) — para aumentar su poder sobre la economía mundial y así tener influencia sobre todo, desde sus derechos en el trabajo hasta los precios de sus recetas de medicamentos y la seguridad de los juguetes de sus hijos.

¡Envíe un mensaje a su ministro de Comercio!

“Por medio del presente le exhorto a suspender las negociaciones sobre el acuerdo TPP. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el texto del TPP antes de que sea finalizado por los negociadores. Los Parlamentos y los ciudadanos de las Partes negociadoras del TPP deben tener la oportunidad de influir en el acuerdo antes de cerrarlo. Le pido que imponga una moratoria antes de continuar las negociaciones y haga público el texto ahora mismo. Asimismo, no deberá reabrir las negociaciones hasta que no se haya discutido plena y públicamente cuáles son las normas internacionales que mejor redunden en el interés de nuestros ciudadanos y se comprometa a velar por que cualquier TPP definitivo sea coherente con esta finalidad.

Un buen acuerdo debe anteponer a las personas ante todo mediante la aplicación de los derechos fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, la protección del medio ambiente y de los servicios públicos, no permitir que se concedan derechos especiales a los inversores extranjeros para que puedan demandar a los gobiernos y con ello socavar las decisiones y las leyes locales, estatales y nacionales, así como promover un acceso asequible a los medicamentos vitales mediante reglamentos de patentes justos.

Concluir el TPP antes de dar a conocer públicamente sus devastadoras normas va en contra de una gobernanza abierta y participativa. Le insto a suspender las negociaciones y dar a conocer públicamente el texto del acuerdo TPP ahora mismo.”

FIRME AQUÍ

Comunicado urgente de la REMA: ¿Elecciones democráticas?

Al Pueblo de México
Mientras la partidocracia en todos los medios electrónicos, una vez más, hace cuentas alegres de la “gran contienda electoral” al unísono de sus múltiples académicos, analistas y portavoces para refrendar la felicidad del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, por su exitoso operativo “de seguridad” y gran despliegue militar y de fuerza federal, para hacer callar a los de por si siempre descalificados “rijosos e inconformes”, y a la vez que Lorenzo Córdova Vianello, árbitro de la contienda, da un “mensaje positivo y minimizador” de la jornada electoral con los previos y nobelescos (de nobel) indígenas manipulados y pagados para intentar superar su resbalón telefóbico (si, telefóbico) lleno de racismo contra los pueblos indígenas de este país, mientras todo ello cubre a toda la sociedad mexicana, lo cierto es que en varios estados del país van surgiendo infinidad de casos, comunicados, videos e información que evidencian como dicha contienda estuvo plagada de agresiones, golpes, intimidaciones y hasta asesinatos.

Ahí está ya lo sucedido en Tlapa de Comonfort Guerrero, en donde la policía y el ejercito golpearon brutalmente a la población incluyendo niños, allanaron sus casas y asesinaron de un tiro en la espalda, al joven Antonio Vivar Díaz, estudiante de último semestre de la UPN, quien lamentablemente se suma a la larga lista de agravios, asesinatos y desapariciones forzadas que, en Guerrero, la población general sufre constantemente, pero en particular los jóvenes, maestros, líderes sociales y representantes de organizaciones sociales, quienes en esta contienda también salieron a emitir de forma distinta su voto y voz, manifestándose abiertamente en contra de que siga prevaleciendo como forma de gobierno la corrupción, la impunidad y la falta de procuración de justicia en manos de políticos -mujeres y hombres-, carentes e ignorantes de toda teoría y práctica de la verdadera democracia y quienes, recurrentemente violan todos los derechos de la ciudadanía de forma directa e indirecta.

No obstante que la celebración de los partidos con sus “nuevos puestos” de poder corre a cántaros por los medios de información que tiene controlados, las redes sociales rompen el cerco informativo y a través de la comunicación de mano a mano, de oído a oído, de twitter a twitter y de periodistas y reporteros comprometidos con la verdad, va trascendiendo información de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas y hasta del DF, en donde el saldo rojo se va incrementando conforme se van documentando los daños. Basta citar a la Sra. Laura Chinchilla presidenta de la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes tuvieron que suspender su misión de observación electoral en Oaxaca, porque ni para ellos había seguridad.

No deja de sorprendernos la capacidad que tiene el estado para realizar un gran despliegue de fuerza militar y policiaca para enfrentar a una ciudadanía que protesta contra la incapacidad y corrupción de sus gobernantes. Ojalá algún día esa gran fuerza letal deje de parecer de juguete para enfrentar la corrupción de sus propios políticos o cuando las empresas privadas nacionales y extranjeras despojan a los pueblos, y ni que decir, de siquiera amedrentar al crimen organizado con quien comparten la misma mesa, lo cual no es un supuesto, porque en todos los estados los hemos visto juntos degustando la vísceras de sus víctimas y por ello es inviable realizar denuncias sin sufrir más agravios.

Este 7 de junio a nivel nacional más de la mitad de la población del padrón nominal no participó en la contienda y no lo hizo por ver el futbol, ni por apáticos, ni por apolíticos…. lo hizo porque los partidos no representan ni la dignidad, ni una verdadera democracia y por ello no se han ganado ese voto. Quienes participaron en la contienda y anularon su voto, lograron un porcentaje más alto que la mitad de los partidos, pero ello no significará nada porque al gobierno no le importa. Y por si fuera poco, quien gobierne lo hará con menos del 13% del padrón nominal a nivel nacional, del cual más del 70% son votos corporativos logrados bajo coacción de prebendas, de ofrecer espacios políticos o de entregar cuotas de poder locales, mismo que se traducen en sus grandes esbirros de golpeadores. En otros casos, como Guerrero, el nuevo gobernador tendrá la credibilidad de solamente un tercio de la población, pero también con un altísimo porcentaje de votos corporativos, que por supuesto agreden y destruyen el espíritu de una verdadera democracia, que incluyendo la tan cacareada acción de “patriotismo electoral” la vuelven un mero acto de matemáticas básicas.

Nos cuesta trabajo entender cómo es que a pesar de la grave situación que vive la nación, y a pesar de las elecciones, que de una u otra forma son un escaparate para olvidar momentáneamente la crudísima realidad nacional, es el Estado quien se obstina en reprimir toda acción social y ciudadana. No tiene otra forma de hacer política social. Son incapaces de cambiar de rumbo porque suponemos no saben hacer otra cosa que robar y entregar los bienes de la nación para su beneficio personal. No tienen una visión ni una mira política orientada a la soberanía nacional y son en sí mismos politiqueros de baja monta quienes suponen que el uso de la fuerza les dará poder eterno. Realizar elecciones en un contexto militarizado desmorona la escaza legitimidad que ello conlleva y por ello este gobierno abona a seguir incrementando el descontento social. En estas elecciones no ganaron los partidos, en realidad perdieron, pero no se dan cuenta por soberbios e ignorantes.

A ustedes la partidocracia se les olvidan hasta sus propios muertos, porque ya están de fiesta y ni quien les lleve una veladora a los 21 asesinatos políticos que tuvieron durante las campañas electorales. Sólo son “victimas colaterales” no existen más, los sustituyeron por otros cuerpos vivos pero inertes, y quizás es por esa carencia de sentimientos, dignidad y falta de vergüenza lo que les da rabia y por ello les lleva a reprimir a los padres, madres y alumnos de Ayotzinapa, porque ellos les recuerdan y recordaran por años que no debe haber elecciones hasta que aparezcan los 43 para que participen en la contienda electoral. Sin embargo, qué son para ustedes 43 votos si ni siquiera sus 21 muertos respetan. Los asesinatos de sus candidatos son fruto de la impunidad, corrupción, violencia y colusión que han amasado con el crimen organizado y sus grupos de choque corporativizados.

Hoy en varias regiones del país las elecciones forzadas han sembrado la discordia entre la población, porque sus grupos de choque viven ahí mismo, pero ahora que no estén los militares protegiéndoles, verán que también están expuestos a la población indignada y agraviada. Este fruto nos lo ha dejado su “democrático” proceso electoral, porque son incapaces de calcular sus actos. Seguirán con sus cuentas alegres, pero lo cierto es que ya no pueden ocultar la realidad de sus hechos porque esta elección se llevó a cabo con un baño de sangre.

CASTIGO A LOS POLICÍAS Y MILITARES QUE PARTICIPARON EN EL COBARDE ASESINATO DE ANTONIO VIVAR DÍAZ EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO.
LIBERTAD INMEDIATA A QUIENES FUERON DETENIDOS POR PARTICIPAR DE FORMA ORGANIZADA EN SUS LOCALIDADES CONTRA LAS ELECCIONES.
ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA PERMANENTE Y DE CALIDAD A TODOS LOS HERIDOS QUE AYER, EN DIVERSAS PARTES DEL PAÍS, FUERON AGREDIDOS DURANTE LA CONTIENDA ELECTORAL POR PARTE DE LAS FUERZAS POLICIACAS, MILITARES Y SUS GRUPOS CORPORATIVOS DE CHOQUE.
NUESTRA SOLIDARIDAD CON LAS DIFERENTES LUCHAS Y MANIFESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PAIS QUIENES EN ESTOS MOMENTOS SIGUEN SUFRIENDO LAS CONSECUENCIAS DE ESTE GOBIERNO REPRESOR.
SI FALTAN 43 CÓMO ES QUE VAMOS A IR A VOTAR.
PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Berta Cáceres: «Es fácil que a uno lo maten en la lucha por el medio ambiente»

eldiario.es

-Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender el territorio, según Global Witness: 116 asesinatos en 17 países durante 2014

-Berta Cáceres, Premio Goldman del Medio Ambiente, lideró una campaña para paralizar la construcción de una presa en Honduras y sufre constantes amenazas por defender esta causa

-El 40% de los asesinatos se producen en Centroamérica y están relacionados con megaproyectos hidroeléctricos, extractivos, tala y agroindustria

 

Para el pueblo lenca el río Gualcarque es sagrado. Un elemento fundamental de su territorio y forma de vida que les garantiza la soberanía alimentaria, medicinas y espiritualidad. Por eso, cuando en 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco llegaron hasta el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) denunciando la entrada de maquinaria en sus tierras, Berta Cáceres, su coordinadora general, una mujer crecida en la defensa de los derechos ambientales, intuyó que se avecinaban años de lucha. Lo que tal vez no imaginaba entonces es que acabarían echando del territorio a la mayor empresa constructora de presas del mundo, la compañía china Sinohydro. Cáceres recibió a finales de abril uno de los prestigiosos premios Goldman, conocidos como los Nobel del Medio Ambiente.

«Lo que nos inspira no son los premios sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo», afirma desde la ciudad hondureña de Tela. Es la primera hora de la mañana del jueves y Cáceres, junto a una delegación del COPINH, se ha desplazado hasta el departamento de Atlántida, al norte del país, para acompañar a indígenas garífuna en un proceso judicial.

 

 

«Se va a celebrar una audiencia contra toda una comunidad, unas 300 personas. Quieren expulsarlos y los acusan de usurpar tierras, imagínese, después de una lucha enorme y de haber sido brutalmente agredidos. Están citados en un edificio casi de escombros que, irónicamente, perteneció a la Tela Railroad Comany, una de las transnacionales gringas [estadounidenses] que han despedazado este país», cuenta.

La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros. Según el último informe de Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación. La investigación «¿Cuántos más?» señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos activistas. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos indígenas, como el lenca, al que pertenece Berta Cáceres.

«En Honduras se vive una situación trágica. A medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional, con empresas vinculadas al sector poderoso económico, político y militar del país, esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera forzada», explica Cáceres, que denuncia cómo en su país «el aparato represivo armado protege los intereses de estas empresas».

No es casual, por ejemplo, el auge de las empresas de seguridad privada en Honduras. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ( OHCHR), el número de guardas de seguridad privados es cinco veces superior al de policías, existen unas 700 empresas de este tipo en el país y la mayoría de ellas pertenecen a antiguos altos cargos de la policía o el ejército.

Quienes se oponen a estos megaproyectos son duramente reprimidos. «Los que rechazamos estos proyectos de muerte somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras, nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia», sostiene esta mujer, que ha experimentado prácticamente todas las formas de criminalización posibles.

Berta ha perdido a varios compañeros. El último de ellos, Moisés Durón Sánchez, de 54 años, «un hombre que luchó por el territorio y fue asesinado por unos sicarios recientemente». O Tomás García, asesinado a tiros por el ejército hondureño durante una manifestación pacífica contra la presa de Agua Zarca en 2013. O William Jacobo Rodríguez, tras cuya muerte se acusó de torturas y amenazas a policías que protegían el proyecto hidroeléctrico. O el hermano de este último, Maycol Rodríguez, un niño de 14 años, guardián del río, que se dedicaba a cultivar maíz en esas tierras ancestrales objetivo de la empresa, cuyo cuerpo apareció en el agua con signos de tortura.

El uso ilícito de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño y la vinculación de miembros de la policía y el ejército en casos de intimidación, amenazas y supuestos asesinatos de defensores del medio ambiente ha sido documentado por organizaciones como Human Rights Watch o Front Line Defenders.

«En este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar», destaca la ganadora del Goldman.

La presa de Agua Zarca, una historia de éxito

Berta Cáceres orquestó la campaña contra el proyecto de construcción de la presa de Agua Zarca en el río Gualcarque, una concesión que había obtenido la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) quien, a su vez, había subcontratado al gigante chino Sinohydro. Entre los financiadores de la presa estaban la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo financiero para el sector privado en los países en desarrollo del Banco Mundial, y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). El proceso se había llevado adelante vulnerando el Convenio 169 de la OIT que exige el conocimiento previo e informado y la consulta con los pueblos indígenas y originarios.

Viajes a Tegucigalpa, cartas, quejas, protestas, denuncias ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… «Hicimos un trabajo de base muy fuerte, fue un gran esfuerzo colectivo, un proceso muy debatido e informado. Solo en 2013 realizamos más de 150 asambleas indígenas». Ese año marcó el punto de ruptura. En abril bloquearon una de las carreteras para impedir el acceso al territorio. Allá han permanecido 21 meses, estratégicamente organizados, con un sistema de rotaciones y alertas, resistiendo las agresiones y ataques. En julio de ese año, tras la muerte de Tomás García, Sinohydro se retiró del proyecto y rompió su contrato con DESA. Más tarde, el IFC anunció la retirada de los fondos. La construcción de la presa se paralizó.

«Fue un logro importante, conseguimos expulsar a la mayor constructora de presas del mundo y detener toda la estrategia de represión y criminalización contra nosotros. Pero la concesión sigue. Hasta ahora a DESA no le ha sido fácil subcontratar a otra empresa, se retiró el IFC pero el FMO, uno de los organismos financieros más agresivos, todavía está involucrado. Quieren reactivar el proyecto en otra zona sobre ese mismo río y continúa la militarización», alerta Cáceres, que insiste en destacar el valor colectivo de la lucha y la participación activa de las mujeres lencas en la misma.

«Tuve que hacer muchas cosas para protegerme»

Para Berta Cáceres, a la defensa activa de los derechos del medio ambiente se le suma el hecho de ser mujer. El desafío es doble. «No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas. Esto es una de las cosas que más puede pesar para abandonar la lucha, no tanto la transnacional sino la agresión machista por todos lados». 

Aun así, ella no ha pensando nunca en abandonar, a pesar de los reiterados esfuerzos del gobierno hondureño por criminalizarla. Esta es una estrategia habitual contra los defensores medioambientales. La antigua Relatora Especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, advertía en un informe sobre Honduras que quienes «denuncian problemas ambientales […] han sido calificados de miembros de la resistencia, guerrilleros, terroristas, opositores políticos o delincuentes». Desde Global Witness alertan del uso por parte de algunos Gobiernos de legislación antiterrorista en contra de estos activistas, que pasan a ser catalogados como «enemigos del Estado».

Berta ha sido acusada de «ser un peligro para la seguridad del Estado», o de incitar a otras personas a cometer delitos. La han detenido en varias ocasiones y, en septiembre de 2013, dictaron una orden de encarcelamiento. Su caso fue recogido por Amnistía Internacional, que lanzó una acción urgente en su defensa. Durante unos meses vivió en semiclandestinidad y dos de sus hijas han tenido que abandonar el país. «Tuve que hacer muchas cosas para protegerme. En este país hay que inventar porque si no uno no sobrevive, y eso solo es posible con el respaldo de la comunidad. Pude haberme ido, haber pedido asilo político pero no quiero, es aquí donde quiero luchar».

«Nuestras luchas se invisibilizan»

Luchar también por la visibilidad de lo que está sucediendo en los territorios indígenas y, en eso, reconoce, todo aquello por lo que ha pasado y el premio recibido ayudan. «Nuestras luchas se desprecian e invisibilizan porque para quienes tienen el poder político y económico son un mal ejemplo. Inspiran la lucha emancipatoria de los pueblos y demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el planeta. Esto es contrario al proyecto de dominación hegemónica que se impone en todo el mundo y que pretende saquear los recursos estratégicos de los pueblos», denuncia.

Reconoce que se enfrentan a un enemigo fuerte. En estos momentos, por ejemplo, están trabajando contra 50 proyectos de generación de energía, «otorgados ilegal e ilegítimamente», apunta. «Hay 43 proyectos hidroeléctricos que privatizan ríos y 7 eólicos concedidos a grandes transnacionales. Solo en nuestra zona tenemos la amenaza de más de 100 concesiones mineras en el contexto de la entrega más brutal que ha habido en este país. Se están aprobando más de 870 concesiones mineras, el Estado les ha otorgado el 30% del territorio. Esto significa que la crisis y la conflictividad por el agua va aumentar, y también la militarización. El trabajo es infinito».

En este sentido, y desde su experiencia sobre el terreno, Berta lanza un mensaje a los líderes mundiales que se reunirán a finales de este año en París en la Conferencia sobre el Clima, la COP21: «Basta de hablar y hablar, queremos que actúen y eso empieza por el reconocimiento de que la destrucción ambiental y el cambio climático tienen razones estructurales. La gran causa es el capitalismo y mientras que no se eche atrás este sistema depredador se seguirán reuniendo en todo el tiempo que quede para la destrucción total del planeta».

El sentido comunal de la crítica al extractivismo

Energía, caos sistémico y producción de lo común.

Por: Emiliano Terán Mantovani, alainet.org

Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.

El movimiento salvaje del capital ha convertido al sistema capitalista contemporáneo en una especie de Frankenstein. Se trata en efecto, de un régimen de biopoder global muy asimétrico, pero que se despliega en un sistema de altísima complejidad e incertidumbre, con crecientes manifestaciones caóticas, de múltiples bifurcaciones, inestabilidades, fragmentaciones y volatilidades, sin precedentes en su historia; un proceso que recuerda también la metáfora de Marx en el Manifiesto Comunista, aún más pertinente para nuestros tiempos, del brujo que se vuelve impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Bajo los pies de todo el juego geopolítico actual, de la guerra mundial por los recursos, de todas las pugnas territoriales de poder que hoy se desarrollan, se reproduce un orden metabólico incontrolable, como lo ha planteado István Mészáros.

En este sentido, y con respecto a los sistemas extractivistas latinoamericanos, ¿qué impacto tendrá para éstos, sus pobladores, sus territorios, el desarrollo de esta crisis civilizatoria, en relación a los distintos niveles de vulnerabilidad de la región? ¿Cómo leer las mutaciones regresivas del «ciclo progresista» en los últimos años, a la luz de la dinámica de caos sistémico global? ¿Cómo se vincula esto, con los notables cambios en los órdenes metabólicos de nuestros países de la última década, que en diversos casos, como el venezolano, hace manifiesto los límites y el agotamiento de sus modelos de “desarrollo”?

De esta compleja coyuntura histórica, se desprenden también otra serie de preguntas fundamentales, ¿cuáles son pues, los horizontes positivos, programáticos, éticos, políticos de la crítica al extractivismo? ¿Hacia dónde apunta? ¿La crítica al extractivismo debería servir para apuntar al “desarrollo” de una “economía nacional” industrializada? ¿El centro de los objetivos es mejorar la producción, la productividad, y engordar el sector secundario? Ante las crecientes manifestaciones de caos sistémico, ¿hacia dónde se dirige la crítica?, ¿quiénes gestionan en los países o territorios de América Latina, las transformaciones y paliativos ante el agravamiento de la crisis global? ¿Qué podrán ser capaces de ofrecer los Estados extractivistas (periféricos) ante esta situación?

La “primavera” progresista, viva y movida en la década pasada en muchos países de la región, que avivó los debates sobre el neoextractivismo, se ve cada vez más lejos en el retrovisor, y es opacada por los nubarrones visibles en el horizonte. Las cosas van cambiando a un ritmo sostenido.

Los anhelados Estados de bienestar, parecen formas políticas coyunturales de un momento del desarrollo histórico capitalista, de una serie de condiciones, que no parecen poder repetirse en la actualidad. ¿Cómo se conjuga la soñada industrialización, con los límites de la expansión de los procesos de reproducción ampliada de capital, a escala planetaria?, ¿cómo queda el afán de “desarrollo nacional” ante el hipotético «fin de los ciclos Kondratieff»[1]?, ¿a cuánto tiempo, y en qué escalas geográficas va a ser posible planificar?, ¿cuál es nuestra capacidad para atenuar los notables grados de vulnerabilidad sistémica que posee la región, ante situaciones difíciles?, ¿qué formas van tomando las disputas territoriales y qué capacidad puede mantener el Estado para monopolizar su poder en territorio nacional? Y en este sentido, ¿qué papel político pueden jugar las diversas formas de extractivismo delincuencial[2] que operan en América Latina?

Ante semejantes amenazas, incluso a la propia posibilidad de vida humana en el planeta, el sentido ético-político de la crítica al extractivismo centra su mirada en la reproducción de la vida y sus ciclos, en el más amplio sentido de la palabra ―no solo vida humana―. Se trata de una moneda con sus dos caras: una que busca desnudar al extractivismo mostrando sus límites y consecuencias, poniendo en evidencia sus narrativas y aspectos programáticos, y la falsa idea de que “no hay alternativas”; la otra, intenta visibilizar que no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer la soberanía popular-territorial, si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centran en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común.

Caos sistémico y territorios en resistencia: la biopolítica de los comunes

El desafío a los capitalismos extractivos, al ser éstos órdenes metabólicos transterritoriales[3], son no solo horizontes políticos del campo rural, campesino o indígena, sino también urbano. El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no solo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata. Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un concepto biopolítico de lo común: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4] para la reproducción de la vida.

Esta noción potenciadora de la crítica al extractivismo tiene importantes implicaciones políticas que es necesario resaltar. En primer lugar, ante escenarios de caos sistémico, de gran complejidad y alta incertidumbre, en los cuales los entornos pueden cambiar rápidamente (en términos políticos, sociales, climáticos, etc.), el principio de orden es la comunidad y lo comunitario. Si los sistemas se caotizan, son las fuerzas sociales territoriales las que tienen principalmente el alcance y la capacidad de resistir y/o transformar las múltiples perturbaciones que afectan la reproducción de su vida cotidiana. Es en lo molecular donde lo común puede luchar contra los estragos del caos capitalista.

En segundo lugar, si el capital penetra todos los espacios y ámbitos de la vida humana ―por esta razón es un sistema “totalitario” para Mészáros―, esto implica que en primera instancia, es en ellos donde las formas de lo común no sólo producen sus resistencias territoriales, sino también germinan las formas futuras del cambio histórico en desarrollo. Mientras que las corrientes hegemónicas de la política en América Latina acotan todo el discurso en plantear cuál es el mejor balance entre Estado y Mercado, los comunes, con su diversidad de potencialidades y situaciones, trazan sus propios libretos e intentan defender y ejercer su soberanía territorial, y conformar mejores balanzas de poder con los gobiernos instituidos, sobre la premisa de un mandar obedeciendo o un «poder obediencial» (E. Dussel); esto tanto en los ámbitos rurales o semi-rurales (por ejemplo, las resistencias actuales contra el proyecto minero Tía María, Arequipa, Perú), como en los urbanos (por ejemplo, la Asamblea Ciudadana en defensa del parque Alberdi en Santa Fe, Argentina, o los campamentos de pioneros en Caracas, Venezuela). En todos los casos, el horizonte anti y post-extractivista desde lo común, recentra la producción de lo político en la vida inmediata colectiva de los y las pobladoras, sin que eso implique el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas biorregionales, nacionales, continentales o globales.

En tercer lugar, una noción biopolítica de lo común resalta el carácter biocéntrico de su proyecto emancipatorio –biocéntrico por estar centrado en la Vida, en el más amplio sentido de la palabra (no solo vida humana), sin por esto borrar al ser humano–. Esta idea invita a preguntarse, ¿dónde está la riqueza?, ¿dónde está la energía?, ¿dónde se produce el valor?

La lógica de expansión geográfica, de crecimiento geométrico y fractal del sistema capitalista, no se da sólo en la superficie del campo social, ni únicamente por medio de la intervención del trabajo vivo humano, como se ha planteado generalmente desde las teorías antropocéntricas del valor; sino se desarrolla fundamentalmente a partir de la búsqueda permanente de dominación de la propia reproducción de la Vida y sus ciclos. A parte de la dominación sobre el trabajo vivo humano, la captura energética que produce el movimiento del capital y sus circuitos de acumulación se obtiene también de la producción de vida de los demás componentes de un ecosistema. Incluso el trabajo vivo humano se alimenta de éstos. Es imposible abstraer el plusvalor de la vida ecológica.

Estas omisiones son reflejo de la concepción de la economía humana como un meta-sistema, en vez de considerarlo como continuación del proceso reproductivo de la Vida. La centralidad del trabajo humano objetivado, ha dejado de lado otros productos no humanos constitutivos de la vida social –no solo los residuos, sino los diversos procesos de transformación de energía que alimentan a otros componentes–, los cuales se subsumen al primero.

El sistema capitalista pues, antes que un orden metabólico “social”, es primero un orden metabólico territorial. Produce sus propios ecosistemas, en los cuales instituye, de manera simultánea, formas de dominación sobre los humanos y sobre la naturaleza. Aliena la riqueza ontológica de la vida[5] para hegemonizar la forma dinero.

Hay una relación muy estrecha (pero invisibilizada, o muy poco atendida) entre energía y valor –valor definido ahora, en su amplio sentido ecológico–. Las omisiones tradicionales sobre dónde está la energía, la riqueza, o dónde se produce el valor, no solo están muy vinculadas con las causas de la crisis ecológica global, sino que la visibilización de estas formas bio-económicas, tiene relación con las posibilidades de potenciar formas de autonomía material para pueblos, en la medida en la que se recuperan, rescatan o expanden formas de producción, aprovechamiento y uso de energías de escalas moleculares, descentralizadas, provenientes de la riqueza propia de los ecosistemas que constituyen la vida social.

La energía pues, no está solo en los macro-procesos energéticos –aunque estos son los hegemónicos–, no sólo es la que aparece reflejada en las estadísticas de los informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de la OPEP, de la BP, o de los ministerios de energía de nuestros países. Hay múltiples procesos moleculares de producción de energía en numerosas formas de la vida cotidiana, muchas de las cuales están íntimamente vinculadas con diversas formas de resistencia (directas o indirectas) a la dominación capitalista, con tramas comunales y cooperativas, y/o con prácticas ecologistas que buscan revertir los procesos depredadores del sistema moderno.

En este sentido, podemos hablar de energías insurgentes o disidentes, en la medida en la que su producción biopolítica crea y posibilita prácticas sociales más allá del capital[6]. Son una especie de lógicas populares de «permacultura» que, con variados alcances, ofrecen vías para la producción de lo común, y referentes materiales para enfrentar las consecuencias de la crisis civilizatoria y el caos global.

Cinco principios de la biopolítica de los comunes

A partir de lo antes expuesto, proponemos cinco principios fundamentales en relación a energía, caos sistémico y producción de lo común:

Tenemos que apropiarnos de nuevas escalas de valor y nuevos conceptos de riqueza: nuevos parámetros en la representación del valor, que tengan un carácter biocéntrico, que permitan no sólo desmantelar el aparato argumental que justifica al extractivismo, sino reformular nuestros patrones de vida cotidiana, nuestros horizontes políticos, nuestros procesos de producción de subjetividad, y nuestras capacidades materiales de autogestión, en la medida en la que desarrollamos nuevas relaciones ecosistémicas, que sean ecológicamente productivas, y que se potencian a partir de la gestión cooperativa.

Comunismo resiliente: la producción de lo común es imperiosa ante el caos sistémico. Junto con la conciencia de la crisis civilizatoria, y de sus posibles consecuencias socioterritoriales, está el concepto de resiliencia, que nos remite a la capacidad de una comunidad/ecosistema, de soportar y recuperarse ante perturbaciones significativas del mismo. En este sentido, es fundamental recuperar los procesos que hacen posible la reproducción de la vida social y mantenerlos cerca de nuestros territorios, como lo propone Rob Hopkins[7]. Difícilmente se puedan pensar procesos de transformación y resistencias sociales más allá del concepto de resiliencia.

Otras soberanías: comunizar, ocupar y reapropiar: reconocer que los ecosistemas básicamente funcionan de manera cooperativa y no jerarquizada, y que los bienes comunes para la vida no pertenecen exclusivamente a nadie, no basta para producir lo común. El tipo de relación y gestión común que se produce entre los sujetos, y su relación con los ecosistemas debe ser ejercido. De esta forma, si se trata de un open source, de una empresa de propiedad mixta, de una okupa, o de una comuna venezolana legalizada por el Estado socialista, es secundario. No interesan primordialmente los aspectos formales o nominales de estas gestiones, sino la potencialidad política popular de ejercer la soberanía y lo común sobre el territorio y los bienes para la vida, sea por vías de acción directa o bien por negociaciones vistas desde el «poder obediencial».

Comunizar a partir de la reproducción de la vida: como lo ha reconocido Silvia Federici, la centralidad de la política y la economía, ha girado en torno al campo de los medios de producción, dejando de lado lo que ha denominado los «medios de reproducción de la vida», un campo que no sólo ha sido llevado fundamentalmente por la mujer, sino que también ha sido el ámbito de la vida social donde suelen reproducirse las formas de lo común[8]. Es por tanto esencial, recuperar la reproducción de la vida como elemento central de la política.

Las diversas tradiciones de lucha, las diversas formas de lo común: cada territorio, cada nación, tiene tejidos y formas cooperativas y comunitarias diversas, con cosmovisiones, parámetros y complexiones diferentes. Pueden tener viejas tradiciones ancestrales o ser más contemporáneas y fragmentadas como los grandes ámbitos urbanos. Son estas las características ecosistémicas que definen cada una de estas luchas, sus puntos de partida, y no así lo es un libreto pre-establecido, aunque es importante compartir algunos horizontes ético-políticos de lucha. Hemos insistido, por ejemplo, para el caso venezolano, que la subjetividad contrahegemónica más potente y masiva de la historia del capitalismo rentístico es el «chavismo», y que esta es una fuerza que se constituye ontológicamente de abajo hacia arriba, aunque esto haya sido presentado generalmente al revés[9], y aunque diversas tramas corporativas intenten capturar su potencia popular-insurgente. Como lo han reconocido Negri y Hardt, “uno de los escenarios decisivos de la acción política hoy implica la lucha en torno al control o la autonomía de la producción de subjetividad”[10]. Cada experiencia de producción de lo común, se enfrenta no sólo a la conflictividad geopolítica, a la crisis civilizatoria, sino también a la micropolítica de agresión sobre estos procesos contrahegemónicos de subjetividad, de corporalidad, de creación de nuevos sentidos comunes. He ahí uno de los grandes desafíos para estos procesos de transformación, en todas sus escalas, que se vive con enorme intensidad en la Revolución Bolivariana.

Caracas, mayo de 2015

Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

Referencias bibliográficas
– BEINSTEIN, Jorge. Esperando inútilmente al quinto Kondratieff. Agencia Latinoamericana de información. 11/03/2009. Disponible en: http://www.alainet.org/es/active/29366. Consultado: [17/05/2015].
– FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. Ediciones Akal. Madrid 2011.
– HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance. The Corner House. March 2014. Disponible en: http://www.thecornerhouse.org.uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/EnergyWorkFinance%20%282.57MB%29.pdf. Consultado: [17/05/2015].
– MATTEI, Ugo. “First thoughts for a phenomenology of the commons”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– TERAN Mantovani, Emiliano. Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano. Rebelión. 05-02-2015. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195084. Consultado: [17/05/2015].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos. Rebelión. 09-09-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189388 . Consultado: [09/09/2014].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza. Rebelión. 14-11-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191979. Consultado: [17/05/2015].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo. Rebelión. 01-07-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186718 . Consultado: [17/05/2015].

Notas:
[1] Sobre esto véase: BEINSTEIN, Jorge. Esperando inútilmente al quinto Kondratieff.
[2] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano.
[3] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos.
[4] MATTEI, Ugo. “First thoughts for a phenomenology of the commons”. p.42
[5] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza.
[6] Para Larry Lohmman, existe una Energía con E mayúscula, vinculada a la termodinámica, y una serie de otras energías (con e minúscula) que están alrededor de nosotros, están ligadas a la sobrevivencia, son no-termodinámicas, y aunque coexisten con la Energía, sin embargo, están opuestas a ella. Sobre esto véase: LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance.
[7] HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”. p.20
[8] Cfr. FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”.
[9] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo.
[10] HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. p.12

 

Celac-UE: Nuestros derechos no son negociables

IPS Noticias

El 10 y 11 de junio los jefes de Estado de 61 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE), que representan  a más de mil millones de personas, se reunirán para discutir cómo “modelar nuestro futuro común”.  Desafortunadamente, la Cumbre Celac-UE en Bruselas incluye en su agenda promover malos acuerdos comerciales y más privilegios  para las grandes empresas.

Muchos países europeos y latinoamericanos están actualmente  participando en negociaciones de acuerdos comerciales mundiales de gran envergadura  llevadas a cabo a espaldas del escrutinio público. Estos acuerdos son: la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y una amplia gama de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

 

Los tratados de comercio e inversiones ya no aluden solamente a los aranceles de importación, también tratan gran variedad de asuntos que determinan cuáles son los alimentos que comemos, cómo es la energía que utilizamos y con qué capacidad cuentan los gobiernos para legislar a favor del interés general.

Tratados que son “caballos de Troya” 

Estos tratados son verdaderos “caballos de Troya” aunque difieren entre sí de muchas y complejas maneras; pero lo que todos tienen en común el atraso en décadas de avances hacia una mejor protección de nuestro medioambiente y nuestros pueblos, dotando a las grandes empresas de un poder extraordinario y sin precedentes sobre nuestras sociedades. Las normas que rigen asuntos tales como la seguridad alimentaria, las sustancias químicas tóxicas y la energía sucia se debilitarían significativamente en ambos continentes.

Uno de los componentes más injustos de estos tratados comerciales es la inclusión del proceso de “solución de diferencias entre inversores y Estados” (ISDS). Este sistema  permite a las empresas demandar a los gobiernos ante tribunales privados por políticas que interfieren en sus posibles ganancias. A nivel mundial, a finales de 2014 se conocían 608 diferencias entre inversores y Estados.

Algunos de los casos de diferencias entre inversores y Estados  más conocidos incluyen la multa de 16 millones de dólares impuesta a México por prohibir un vertedero de desechos tóxicos, la demanda de la gigantesca empresa tabacalera Philip Morris contra el gobierno uruguayo y su legislación en materia de protección de la salud frente al tabaquismo; y la demanda multimillonaria que enfrenta al gobierno alemán por su decisión no continuar con el uso de energía nuclear.

La razón que se emplea normalmente para justificar  estos derechos empresariales tan exagerados  es que “el proceso de solución de diferencias entre inversores y Estados es necesario para promover y proteger las inversiones”. Sin embargo, Brasil es el mayor receptor de inversión extranjera directa en América Latina, aunque su Congreso legislativo se ha negado a firmar tratados comerciales que incluyan el sistema inversores y Estado.

Los tribunales empresariales privados carecen de transparencia, independencia, imparcialidad y no ofrecen ningún derecho de apelación. Un exclusivo club de tan solo 15 árbitros, casi todos provenientes de Europa, Estados Unidos y Canadá, han tomado decisiones sobre  55 por ciento de todas las  diferencias entre inversores y Estados  conocidas relacionadas con tratados de inversión, según estadísticas del año 2012.

Sin embargo, estos tribunales privados que no rinden cuentas ante nadie continúan impartiendo multas por cientos de millones de dólares. El 9 de abril se le ordenó a Argentina pagar 405 millones de dólares a la empresa francesa Suez por cancelar su contrato y devolver a manos de empresas públicas el abastecimiento de agua.

Desafortunadamente, los nuevos acuerdos comerciales que muchos países de Europa y América Latina están negociando solo están fortaleciendo y expandiendo estos tribunales empresariales. Lo que estamos viendo es un profundo ataque contra la democracia y la soberanía de los Estados para legislar en favor del interés general.

Cambio de rumbo 

Sin embargo, hay un movimiento mundial creciente de grupos de la sociedad civil, sindicatos, agricultores y ciudadanos preocupados que trabajan juntos para frenar estos caballos de Troya.  Por ejemplo,  organizaciones que representan a millones de personas de toda Europa y América Latina también se reunirán esta semana en Bruselas para fortalecer sus estrategias mundiales en contra de los acuerdos de comercio e inversiones agenciados por las grandes empresas.

También están movilizados en una alianza mundial por un Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, para que los derechos de los pueblos estén por encima de los privilegios a las trasnacionales que brindan los regímenes de libre comercio.

Algunos gobiernos, especialmente de América Latina, han comenzado a desvincularse de los tratados que incluyen derechos empresariales exagerados, y cuestionan el modelo neoliberal.  En 2013, Ecuador creó una Comisión para la Auditoría Ciudadana encargada de evaluar los tratados bilaterales de inversión del Ecuador y anuló acuerdos injustos con Finlandia, Suecia, Francia, Alemania y el Reino Unido.

El comercio dejó de ser un asunto periférico en Europa: más de 1.950.000 personas firmaron una petición en contra de la Asociación  Transatlántica de Comercio e Inversiones y decenas de miles de personas marcharon para protestar contra el TTIP. La localidad de Erkrath, en Alemania, y cientos de otros municipios de todo el continente también votaron y se declararon como ‘zonas libres de TTIP’. El nuevo gobierno de Grecia ya ha dicho que no ratificará el TTIP y muchos otros países de la UE han expresado gran preocupación por la cláusula inversionista-Estado.

Hace 10 años en Mar del Plata, en Argentina, otro “caballo de Troya” conocido como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue derrotado por la presión de fuertes movimientos sociales y el impulso de gobiernos progresistas.

Frente a la creciente desigualdad en nuestras sociedades, necesitamos un sistema comercial más justo que nos ayude a desarrollar sociedades sustentables. Este sistema tiene que apoyar las economías locales y las fuentes de empleo sustentables, un medioambiente limpio, mejor protección social y una producción de energía más responsable y alimentos para todos.

Mientras los líderes de Europa y América Latina se reúnen en Bruselas, los pueblos y movimientos sociales de ambas orillas del océano Atlántico sabemos que podemos frenar los regímenes actuales de comercio e inversión injustos y continuaremos denunciándolos hasta derrotarlos.

 

Lucha contra la minería en México, una historia de 500 años

Por: Mariana Saravia, masde131.com

Hablar sobre la minería en los siglos XVI-XVII, nos ayuda de algún modo a comprender los constantes conflictos durante los procesos históricos del país y deducir que las situaciones de injusticia y explotación parecen no haber cambiado mucho.

El escenario actual puede compararse con el Virreinato o el Porfirismo, en donde se gestaron reformas con el fin de explotar los recursos nacionales para beneficio de extranjeros o de familias y grupos poderosos. Estas reformas llevaron a movilizaciones indígenas y campesinas que muchas veces pueden compararse con lo que pasa actualmente. Sin embargo, hoy la información viaja más rápido y la ciudadanía se ha solidarizado con las víctimas del despojo y la miseria que ha causado la minería.

El caso que se expondrá a continuación fue parte de una investigación sobre los procesos de conquista y la fundación de empresas que poco a poco se apropiaron de las tierras de las comunidades indígenas, y una vez despojados, los utilizaron como mano de obra para poder expandir aquellas empresas con dinámicas similares a las del capitalismo actual:

    “Más que ninguna otra tarea, la minería gozó del favor y beneplácito de la Corona ya que producía, en forma inmediata, cuantiosos bienes a las arcas reales. Requirió la fuerza de trabajo de los naturales y los conocimientos y recursos técnicos de los conquistadores. La labor en las minas y el beneficio de los metales fueron siempre trabajos peligrosos y duros, considerados como una tarea servil debido a las condiciones en que se realizaban y el lugar en que se encontraban los centros de trabajo. Los indígenas se negaban a acudir a las minas por voluntad propia, por lo que hubo necesidad de forzarlos. Se otorgaron repartimientos en el siglo XVI que perduraron hasta finales del siglo XVIII. A pesar de su validez legal, surgió una fuerte oposición por parte de los indígenas de los pueblos afectados.” [1]

En 1574, un comunicado de la metrópoli solicitaba a todas las entidades en dónde hubiese minas que utilizaran a los indígenas como mano de obra sin importar la situación de esclavitud a las que fueran obligados, para justificar la explotación decían.

    “Que los indios naturalmente son inclinados a vicios, ociosidades y borracheras, cuyo remedio consiste en ocuparlos y que sin ser compelidos a ningún trabajo se aplican; y que presupuesto que los españoles le son a ellos útiles para el sustento de la doctrina,  y que la una república no se puede sustentar sin la otra, es justo se le repartan indios para las minas”.2

Del mismo modo, sigue en el manejo dentro del discurso oficial la imagen de las comunidades que sufren despojo como personas flojas y borrachas en la actualidad, todo con el fin de justificar la explotación como forma de erradicar el “ocio”.

La voz oficial les exige que “ya tienen que superar su desgracia por que el país sigue caminando” y que a pesar de las condiciones miserables en las que viven, deben trabajar sin quejarse .

Ante la desenfrenada demanda de mano de obra y traslado de personas de una región a otra, hubieron varias protestas, entre ellas la de los indígenas de San Mateo Atenco que se opusieron a trabajar las minas en 1645 y lograron obtener un permiso para no asistir al servicio de minas el cuál fue renovado en 1651,1673, 1678 y 1706.

Sin embargo este permiso hizo enfadar al dueño de las minas, don Francisco Antonio de Vivanco, quien obligo al regidor de Metepec a multar a las comunidades que se resistieran a trabajar. La multa de 200 pesos fue impuesta para el pueblo de San Mateo Atenco, pero no sirvió de nada, hubo entonces la necesidad de que las autoridades tomaran prisioneros a los representantes y oficiales indios para escarmiento del pueblo, tales medidas no surtieron efecto así que don Francisco decidió subir las multas a 500 pesos y hubo un traslado masivo de gente para trabajar en otras minas, poco a poco las comunidades se vieron obligadas a laborar debido a la precariedad de vida como consecuencia al despojo de sus tierras.

La explotación minera ha arruinado la vida de varias personas y enriquecido a otras como en el caso de Grupo México y el accidente de Pasta de Conchos, del cual la empresa no se ha querido responsabilizar por la muerte de 65 mineros. También se suma el caso de la comunidad de San José del Progreso. Desde el 2006 la población se dividió ocasionando la pérdida de cuatro personas. Así en el municipio de Libres, Sierra Norte de Puebla, en donde se ha reportado actividad minera y concesiones en gran parte del territorio.

En Libres, así como otros municipios como Ixtacalaxtitlán, Zautla, Tetela y Cuetzalan, la comunidad se ha organizado y exige que se detengan estos proyectos que llevan a la muerte no sólo de un grupo de personas si no también la del medio ambiente, la cultura e historia de una comunidad.

La explotación de tierras y mano de obra se debe a una dinámica global que comenzó hace 500 años. Las empresas extranjeras vinieron a explotar a los recursos y a las personas. Mientras no exista un proyecto nacional que busque la democratización en cuestiones de educación y empleo justo, mientras se siga explotando los recursos naturales y humanos sin ningún interés y respeto por la vida, esta dinámica seguirá funcionando.

Aún así, existen casos como el de Magdalena Teitipac, Oaxaca, en dónde se logró detener la construcción de una mina en el 2012. Es por esta razón que como sociedad civil debemos corresponder con los conflictos que están emergiendo en todo el país; solidarizarnos, alzar la voz y exigir justicia, estudiar y parar despojos de este tipo que vienen desde antiguo.

Notas:
[1] Joaquín Ortega Maria Teresa. Formación y desarrollo de un pueblo novohispano, pág. 252.
[2] Idem. Pág 254.
[3] Idem. pág. 256.

 

AU: Preocupación por la seguridad de Omar Esparza, Viudo de Bety Cariño

RedTDT

Se pide hace llegar esta Acción Urgente a las autoridades aquí aludidas, porque en virtud de los hechos aquí relatados se concluye que existe riesgo de la vida de Omar Esparza, viudo de Bety cariño, defensora de derechos humanos asesinada en abril de 2010. La información es compartida por Amnistía Internacional, quien ha emitido una Acción Urgente (clic aquí para descargarla). El contexto es el siguiente:

El viudo de una defensora de los derechos humanos asesinada en 2010 ha sido informado de que existen planes para acabar con su vida. Estas amenazas se han producido tras una serie de actos intimidatorios dirigidos contra él y contra otras personas que piden que se investigue el asesinato.

El 17 de mayo, Omar Esparza, viudo de una defensora de los derechos humanos asesinada en abril de 2010, obtuvo información de una fuente fidedigna, según la cual un grupo armado de asesinos a sueldo habría recibido el encargo de matarlo. Posteriormente, varias fuentes corroboraron la información y confirmaron los detalles. Las amenazas contra Omar Esparza parecen estar relacionadas con su petición de que se haga justicia por el homicidio de su ex esposa, Bety Cariño. En la madrugada del 1 de junio, varias personas no identificadas intentaron entrar en la casa en la que residen los hijos de Omar junto con varias personas de su familia.

Estas amenazas de muerte suponen un nuevo episodio en la sucesión de actos intimidatorios que ha sufrido Omar Esparza. A lo largo de cinco años, Omar ha estado al frente de un movimiento social que exige que se investigue el homicidio de Bety Cariño, que tuvo lugar en 2010 cerca de la localidad indígena de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. Tras exigir durante años que se avanzase en la investigación criminal, dos personas sospechosas fueron arrestadas en 2015. Dos mujeres indígenas de la comunidad indígena triqui, que habían sido testigos oculares del homicidio, recibieron amenazas después de una de las detenciones. Además, unas semanas después que se detuviera al segundo sospechoso, en marzo de 2015, una persona emparentada con el detenido llamó a Omar Esparza para exigirle que se retractase de sus declaraciones públicas contra él.

En 2012 se dictaron órdenes de detención contra una banda armada –aparentemente vinculada a las autoridades municipales y estatales– en relación con el homicidio de los defensores de los derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, cometido en abril de 2010. Diez de los acusados permanecen en libertad, ya que las autoridades estatales y federales han eludido reiteradamente cumplir las órdenes de detención, al parecer por miedo a las represalias de la banda.