ANÁLISIS

Explosión de fracking en México, apenas el comienzo

Publicada el 04/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Nuevo estudio, con información oficial, muestra que al menos 924 pozos han utilizado la técnica de fractura hidráulica.
Se ha llevado a cabo sin información, consulta o consentimiento de comunidades afectadas.
No existe información sobre los estudios de impacto ambiental de estos proyectos, ni reglamentación específica que vigile esta práctica altamente contaminante y dañina para la salud.

nofrackingmexico.org

Un nuevo estudio de Cartocrítica elaborado a través de datos contenidos en una solicitud de información a Pemex revela que al menos 924 pozos han sido perforados desde 2003 mediante la técnica de fractura hidráulica, también conocida como fracking. Los estados donde esto viene ocurriendo son Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).

El fracking es un proceso altamente nocivo para el ser humano y el medio ambiente. Implica la inyección 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo, por pozo para extraer hidrocarburos de rocas de muy baja permeabilidad. El agua es mezclada con entre 650 y 990 sustancias químicas que pueden provocar múltiples daños a la salud de las personas (como cáncer y mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema nervioso). A lo largo de todo el proceso existe una alta probabilidad (una en veinte, de acuerdo a un estudio de la universidad de Cornell del estado de Nueva York) de fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo que llega a contaminar fuentes de agua, el suelo e, incluso, el aire. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos volúmenes desechados, puede provocar sismos. Adicionalmente, el fracking presenta significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen en forma alarmante al proceso de calentamiento global.

A pesar de todos los impactos que esta práctica genera, la población aledaña a estos proyectos no ha sido informada por autoridades de ningún tipo acerca de lo que se está realizando ni de sus implicaciones, mucho menos ha sido consultada ni han otorgado su consentimiento previo, libre e informado. En este sentido, las poblaciones desconocen qué productos químicos se están inyectando en el subsuelo ni cuál es el destino del agua residual que se produce por la fracturación de cada pozo. Igualmente, no existe información sobre los cuerpos de agua presentes en las zonas en que se aplica el fracking, cuál es el riesgo de contaminación y cuál es su estado actual. De esta manera y dada la experiencia de Estados Unidos donde hay documentación de que esta actividad ha contaminado más de 1,000 acuíferos, es muy probable que la población de estas zonas esté consumiendo agua altamente tóxica que afecta su salud.

Resulta particularmente preocupante que, cuando se trata de o una práctica prohibida en varios países y regiones del mundo por sus irreversibles impactos, en México no se esté generando información sobre sus potenciales impactos ambientales y sociales, ni se esté vigilando su desarrollo. Actualmente, se desconoce si estos proyectos han sido sujetos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), obligación establecida en la legislación. Esta situación se da cuando incluso funcionarios como Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) admiten que “sin duda esta industria, y particularmente el fracking, requieren una regulación estricta en materia de seguridad industrial y medio ambiente” y prometió en 2014 “antes de que termine el año, tendremos lista la regulación conforme a los mejores y más exigentes estándares internacionales para asegurar que el fracking y toda la explotación del shale se lleven conforme a mejores prácticas y cuidando el medio ambiente”[1]. Sin embargo, desde 2003 casi un millar de pozos ya han utilizado esta práctica sin regulación específica y sin que haya información sobre los estudios de impacto ambiental realizados.

Ante esta situación desde la Alianza Mexicana contra el Fracking reiteramos nuestra demanda de prohibición del uso de la fractura hidráulica en nuestro país por sus daños ambientales y sociales irreversibles y ampliamente documentados.

Continúan las violaciones a los derechos humanos del luchador social Victor Andrés Cruz Chi

Publicada el 03/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Víctor Andrés Chí es un luchador social en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Desde el 2013 que inició su lucha junto con la comunidad indígena de Zacualpa contra el proyecto minero en el estado de Colima, no ha dejado de recibir, al igual que su familia, amenazas de muerte, intimidaciones, persecución, vigilancia policiaca, intercepción de su celular y hasta ha sido desplazado de su trabajo. El Sr. Cruz Chi ha tenido que abandonar el estado en varias ocasiones para resguardar su vida, protección que el gobierno del estado, lejos de garantizar su seguridad, lo persigue, lo amenaza y le imputa acusaciones absurdas como “terrorismo” entre otras acusaciones falsas.

El Sr. Cruz Chi, miembro de la organización Bios Iguana., A.C. y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), se ha entrevistado ya con las autoridades del estado y con el propio titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; ha interpuesto denuncias y antecedentes de los hechos a las instancias correspondientes. Sin embargo, el gobierno del estado se esfuerza por enrarecer aún más el clima preelectoral bastante difícil para la entidad y otros estados del país.

Exigimos el Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos de Colima. Responsabilizamos de cualquier daño físico y moral contra el Sr Cruz Chi y su familia, a Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado de Colima; a Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública; a Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno; y a Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

ALTO A LA PERSECUCIÓN DE DEFENSORES Y
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLIMA

OTROS MUNDOS, A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 2 de junio de 2015

-Revista Proceso: Denuncian amenazas de muerte contra activista en Colima

-AMENAZAN A LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN BIOS IGUANA, A.C. POR CASO ZACUALPAN, COLIMA

Cambio climático: armando la trampa

Publicada el 03/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Silvia Ribeiro, La Jornada

Aumenta el caos climático, con tormentas feroces fuera de tiempo y lugar, inundaciones donde no las había, sequías interminables, olas de frío o calor extremo, todo con impactos terribles para la gente común y peores para los más vulnerables.

Sus causas están claras: la expansión del modelo industrial de producción y consumo basado en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), principalmente para generación de energía, sistema alimentario agroindustrial y urbanización salvaje. Urge cambiar el modelo y reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, única solución real. Pero con el poder económico de las industrias beneficiadas y los enormes subsidios que reciben de los gobiernos –a quienes retornan el favor apoyando sus campañas políticas– cambiar o reducir realmente no está en la agenda.

En lugar de ello, están armando una trampa global para seguir con sus negocios como siempre, aparentando que hacen algo para enfrentar la crisis. Su apuesta de frontera es la geoingeniería: manipular el clima para tapar el sol y bajar la temperatura, remover los gases de la atmósfera por medios tecnológicos y enterrarlos en fondos geológicos, cambiar la química de los oceános, blanquear las nubes, entre otras. Serían nuevas fuentes de negocios: seguir calentando el planeta y vender la forma de enfriarlo.

Como todo en geoingeniería es de alto riesgo, razón por la cual está bajo una moratoria en Naciones Unidas, la maniobra es comenzar por algunas técnicas, para luego legitimar el paquete. Las que empujan ahora, ante la inminencia de un nuevo acuerdo global sobre el clima que se prevé tomar en París en diciembre 2015, se llaman CCS y BECCS, por sus siglas en inglés, en castellano «captura y almacenamiento de carbono» y «bioenergía con captura y almacenamiento de carbono». Ambas vienen de la industria petrolera, que no las usa porque no son económicamente viables.

No es cualquier industria, es la más poderosa del globo. De las 12 mayores empresas del planeta, ocho son de petróleo y energía, dos son comerciantes de alimentos y dos fabricantes de automóviles (Fortune, 2015). Son los sectores que según expertos son los principales causantes del cambio climático. Sólo 90 empresas de petróleo, energía y cemento (la mayoría privadas) son responsables de dos tercios de los gases de efecto invernadero emitidos globalmente desde 1850 (R. Heede, 2014)

Las industrias de petróleo y energía manejan una infraestructura de 55 billones de dólares en todo el planeta. Tienen reservas aún no explotadas estimadas en 25-28 billones de dólares. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI, mayo 2015) agregó que los gobiernos subsidian a esas industrias con 5.3 billones de dólares anuales, o como calculó el diario británico The Guardian, 10 millones de dólares por minuto, durante todos los días del año 2015. Un monto mayor que los gastos de salud sumados de todos los gobiernos del mundo.

La suma estimada por el FMI incluye subsidios directos e indirectos, como los enormes gastos de salud y ambiente imputables al uso de combustibles fósiles. El informe fue contestado por fuentes empresariales, alegando que son subsidios al consumo y que otros combustibles también tienen impactos. Pero aún restando lo que le disputan, se trata de cifras exorbitantes para las empresas más contaminantes y ricas del planeta. La reforma privatizadora de la energía en México, contribuye también a subsidiarlas.

Obviamente, la industria no va a renunciar a sus inversiones y tampoco a los subsidios. Por eso, la geoingeniería es para ellas una solución perfecta: seguir calentando el planeta y cobrar por enfriarlo.

A la captura y almacenamiento de carbono (CCS) le llamaban antes Enhanced Oil Recovery (recuperación mejorada de petróleo). Se trata de inyectar dióxido de carbono (CO2) a presión en pozos de petróleo explotados, empujando las reservas profundas hacia la superficie. No se usa porque es cara y lo extraído no compensa la inversión.

Ahora, con el mágico cambio de nombre a CCS, afirman que al dejar el CO2 en los pozos, se retira de la atmósfera y es una medida contra el cambio climático –que debe recibir créditos de carbono. Sostienen que así contrarrestan emisiones de carbono de actividades contaminantes y el resultado dará «emisiones netas cero». Con BECCS serían incluso «emisiones negativas», porque se plantan al mismo tiempo extensos monocultivos de árboles u otras plantas, que absorban carbono y así la suma daría negativo.

No hay ninguna prueba de que funcionen y los riesgos ambientales, sociales y de salud de intentarlo son muy altos: no hay certeza de que el CO2 permanezca en el fondo, el escape es tóxico para plantas, animales y humanos, contamina mares y acuíferos. Las grandes plantaciones son una pesadilla, hay movimientos contra ellas en todos los continentes, compiten con la producción alimentaria, por tierra y agua, desplazan comunidades, devastan ecosistemas.

Además, instala una nueva forma de acaparamiento de tierras, ahora subterránea, ya que no todos los terrenos son aptos para almacenar carbono. Es muy preocupante que empresas y gobiernos promotores de CCS ya han elaborado Atlas de almacenamiento geológico de CO2, que facilitarán ese acaparamiento. Existen para Norteamérica, Europa y México, éste último financiado por la Secretaría de Energía.

Shell ya está diciendo que se debe pagar a las petroleras para salvar al planeta del cambio climático con CCS y BECCS. Sería el colmo de la perversión: pagar a los culpables del caos climático, para que extraigan más petróleo y encima cobren por seguir contaminando.

Guatemala: Movilización consciente y con propuestas

Publicada el 02/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Por: Marisol Garcés
Prensa Comunitaria

En Guatemala, desde hace muchos años, parecía que nada nos indignaba, pues a pesar de la criminalización de los pueblos que defienden territorios, del encarcelamiento de líderes indígenas, del debilitamiento de la institucionalidad de DDHH y de las mujeres, de la impunidad, de la cooptación del sistema de justicia por intereses oscuros, y del cierre de espacios de participación política; nada se movía. La indiferencia y el miedo era el común denominador de una ciudadanía complaciente con los factores de poder, con la corrupción, con el abuso y la explotación.

Desde que comenzaron las movilizaciones, algunos sectores se han dedicado a difundir la idea que estas marchas y plantones son pagados y movidos por intereses de grupos económicos o de partidos, que son desestabilizadores de la gobernabilidad y atentan contra la institucionalidad. Ejemplo de esto es una declaración dada por el diputado Luis Chávez, sub jefe de la bancada del partido Líder, el día 14 de mayo, afirmando que ya tenían identificados a unos de los organizadores de la manifestación y que seguirían un proceso penal contra ellos y aseguró que son manipulados por la UNE y la USAC. También durante la semana pasada, en Facebook y Twitter, muchas personas denunciaron que les habían llamado para decirles que no asistieran a la manifestación del 30 de mayo porque la organizaban guerrilleros o gente manipulada por Sandra Torres, y hasta se creó una denuncia en la página listaspam.com, donde se manifestó el mismo reclamo.

También funcionarios de gobierno, y el mismo presidente Otto Pérez Molina han desestimado las movilizaciones diciendo que se trata de “un grupito”, y posteriormente en declaraciones públicas señaló que “No voy a ponerme a competir, como lo pudiera hacer… integrantes del Partido Patriota (PP) me han ofrecido apoyo para realizar manifestaciones a mi favor… que han provenido de diferentes alcaldías, de diferentes municipios, de diferentes gentes… me han ofrecido llenar la Plaza de la Constitución”, pero insistió en que él no quiere hacer movilizaciones.Con esto se evidencia la desvalorización y tergiversación que hacen de la multitudinarias movilizaciones que han habido en Guatemala y en la mayoría de departamentos del país.
LEER COMPLETA

–Declaración de la Segunda Asamblea Social y Popular

–CUANTO MÁS PROFUNDO ES EL POZO, CON MÁS FUERZA SALE EL AGUA.
Los niveles de la crisis actual y las posibilidades que nos ofrecen

–Guatemala. Indígenas y campesinos exigen la renuncia del gobierno y proponen una asamblea constituyente.

–Guatemaltecos se movilizan para exigir renuncia del Presidente.
Exigieron la renuncia de Pérez Molina y cambios a las leyes electorales para prohibir la reelección de diputados y alcaldes en las próximos comicios generales de septiembre.

–Guatemala: ¿Quiénes y por qué le teme a un proceso de Asamblea Constituyente Popular?
En estas últimas semanas, ante las veladas crisis política y económica que evidencian el colapso institucional y jurídico del Estado, sectores indígenas y campesinos, frente a la ausencia de propuestas de indignados citadinos movilizados, plantean la “refundación de un Estado plural mediante un proceso constituyente popular”.

Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresiones. Estado de situación en 2014

Publicada el 02/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Vía Movimiento M4

América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se llevan a cabo.

La defensa de los territorios ha sido y sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. El trabajo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), con su importante mapa de conflictos mineros y el intenso intercambio de información y testimonios entre sus integrantes, ha permitido documentar e informar regularmente sobre la evolución de estos conflictos en la gran mayoría de países de la región.

A partir de este año y complementando el trabajo que realizamos, estamos compartiendo con ustedes un primer informe,”Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014″ que reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El propósito es compartir información específica de cada país, identificar tendencias de las inversiones extractivas, estrategias de oposición y resistencia, así como el comportamientos de las empresas, los Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales, entre otros aspectos.

Esperamos que esta publicación, elaborada de manera colectiva por los socios de OCMAL, sea de utilidad para las diversas organizaciones y comunidades afectadas que resisten al extractivismo minero en América Latina.

Descargar informe .pdf

Declaración de la Cumbre de los Pueblos Indígenas

Publicada el 01/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Buenos Aires, Argentina, 27-29 de mayo de 2015

Nosotros, las autoridades de 25 pueblos indígenas provenientes de 17 provincias del país, reunidos en esta Cumbre Nacional de los Pueblos Indígenas, enviamos un saludo fraternal a todas las hermanas y hermanos indígenas del país y de toda América. Asimismo enviamos un fraternal saludo a todo el pueblo argentino que, en gran parte, también sufre las consecuencias de un modelo económico no-sustentable.

Este modelo económico, conocido desde los años 90 como el capitalismo neoliberal, es un modelo occidental, hoy globalizado. Ha resultado en una profundización sin precedentes de la desigualdad y el empobrecimiento, la violación de los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación y saqueo de los llamados “recursos naturales” (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, por consecuencia, el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el patrimonio cultural. Todo esto atenta contra el equilibrio y la vida armónica de la Madre Tierra y todos los seres vivientes que habitan en este planeta.

Venimos desde nuestros territorios ancestrales para manifestar que seguimos vivos como pueblos y culturas indígenas, para dejar una vida en base a nuestros principios y valores a las próximas generaciones.

Venimos con nuestra memoria ancestral, ella nos da la posibilidad de rescatar nuestros conocimientos tradicionales. Es desde la memoria donde nos conectamos con el pasado, con el presente y con el futuro, sabemos de donde venimos, quienes somos y también hacia donde vamos. Rescatamos nuestra propia historia, educación autónoma, medicina tradicional, derecho consuetudinario, idioma, el mandato ancestral transmitido de generación en generación. La memoria es la base de la identidad de un pueblo que se ha conservado por miles de años.

Manifestamos que:

1) Estamos dispuestos a seguir luchando y afirmando nuestros valores y derechos ancestrales, defendiendo cualquier violación de nuestros pueblos y derechos, y protegiendo a nuestras tierras y territorios.

2) Durante décadas hemos tratado de establecer un diálogo con el Gobierno Argentino, para que se respeten nuestros derechos, reconocidos en el Derecho Internacional Público y consagrado en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales y diversas leyes nacionales y provinciales; sin embargo, esta solicitud de diálogo no ha sido nunca correspondida, mientras que se llevan a cabo grandes violaciones de dichos derechos.

3) En los últimos 10 años, decenas de hermanas y hermanos han sido asesinados por las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes que asaltan nuestros territorios. Mas de mil hermanas y hermanos estan siendo judicializados por defender sus territorios y la Naturaleza. Hay represion, intimidación y un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la protesta de nuestros luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra.

4) El gobierno argentino continua violando con total impunidad las leyes nacionales y los acuerdos internacionales ratificados sobre los derechos indígenas, así como el derecho ambiental internacional y el derecho a tener una vida sana y saludable. Se trata de que el gobierno argentino respete:

– La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas;

– El Convenio 169 de la OIT;

– El Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas y sus decisiones y recomendaciones;

– La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas

– El Grupo Asesor de la ONU de Expertos Indígenas y sus recomendaciones;

– El Convenio sobre la Diversidad Biológica (especialmente los artículos 8j, 10c y artículosconexos) y otros convenios ambientales internacionales;

– El Convenio sobre el Cambio Climático.

– El Convenio RAMSAR sobre humedales

– Instrumentos Jurídicos y Jurisprudencia del Sistema Inter-Americano de la OEA;

– La Convención Americana de Derechos Humanos (art. 75, inc.22)

– La Constitución Argentina y las constituciones provinciales;.

– Ley de Bosques

– Ley de Glaciares

– Ley General del Ambiente

– Toda ley argentina nacional y provincial y ordenanzas municipales repecto de los pueblos indígenas y la conservación ambiental

–

5) Consideramos que la forma de solucionar los problemas es a través del diálogo para todo proceso de construcción política, proyecto de ley o actividad nacional y el respeto por los principios democráticos básicos reconocidos a nivel internacional o sea:

a) La consulta con los pueblos indígenas para cualquier proyecto del llamado desarrollo respetando nuestras estructuras, autoridades y tiempos;

b) La participación plena y efectiva, respetando el proceso de llegar al consenso;

c) El libre consentimiento informado previo, con el derecho de decir “no” en caso de no estar de acuerdo.

6) Durante estos tres días, escuchamos dramáticos testimonios de hermanas y hermanos sobre la situación de injusticia que se vive en los territorios. Deliberamos para unificar criterios, buscar soluciones y proponer acciones sobre los temas que deben ser considerados con urgencia, como ser:|
la violación de los derechos humanos, el despojo de nuestros territorios, la exploración y explotación convencional del petróleo y el fracking, la minería, los desmontes, la contaminación, el avance sojero, las represas hidroeléctricas, la falta de atención sanitaria y otros temas críticos.

7) Desde este espacio y en el espíritu de nuestros ancestros queremos hacer un llamado a todo el pueblo argentino para reflexionar sobre el futuro y las generaciones venideras para construir juntos una sociedad más justa, equitativa y plural en armonía con la Naturaleza.

8) Como pueblos originarios queremos resaltar el rol de la mujer no solo como trasmisoras del conocimiento tradicional y guardianas de la biodiversidad, sino también como protagonistas en la construcción política de nuestros pueblos, en donde la dualidad de género y generación son la base de nuestra cosmovisión.

9) Impulsamos la creación y fortalecimiento de los medios de comunicación propios para garantizar una comunicación con identidad.

10) El Estado debe garantizar el derecho a la educación autónoma e intercultural.

11) Impulsamos la creación de políticas públicas con la participación plena y efectiva de los pueblos originarios.

12) Subrayamos nuestra preocupación por la protección de nuestro patrimonio genético que se ve amenazado por industrias que emiten contaminación tales como la radiación nuclear, los organismos genéticamente modificados (por e j. Monsanto) y experimentos de biotecnología tales como el proyecto del genoma humano.

Exigimos:

a) La derogación de la ley antiterrorista. Un país que se proclama defensor de los derechos humanos ha promulgado una ley, en plena democracia, cuya única función es la represión de la protesta social y la penalización de los líderes indígenas que reclaman sus derechos en defensa de sus territorios.

b) El desprocesamiento de todas las autoridades indígenas procesadas, como el caso de Relmu Ñamku de la comunidad mapuche Winkul Newen de la Provincia de Neuquén acusada de tentativa de homicidio por defender su territorio. Que el gobierno nacional que solicite un informe urgente sobre la situación.

c) Que la Presidenta Cristina Fernández reciba de manera urgente a los hermanos de QOPIWINI que hace 104 días acampan por segunda vez en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, denunciando la sistemática violación de sus derechos. Exigimos la apertura de un diálogo politico para la elaboración de una agenda de trabajo y entendimiento que garantice la aplicación de los derechos vigentes.

¡Nunca más una hermana o hermano muerto o violentado por defender sus territorios y la Madre Tierra !

Impulsamos desde esta Cumbre un gran Movimiento de Unidad de los Pueblos Originarios que nos permita afrontar esta realidad que estamos viviendo. Porque más allá de que vengamos del norte o del sur, del este o del oeste, todos luchamos por volver a ser pueblos libres, autónomos y en nuestros propios territorios y ejerciendo el pleno derecho a la libre determinación.

Expansión de minería en América Latina

Publicada el 29/05/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Por Margarita Bastías, ansa.it

América Latina se ha convertido desde hace más de una década en uno de los epicentros de la expansión minera global, concentrando el 27 por ciento de la inversión en exploración mineral a nivel mundial. Sin embargo, dicha actividad no ha estado ajena a los conflictos, como lo detalla el estudio «Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión: Estado de situación en 2014», compilado por el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal) que estudió a 10 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El Observatorio constató que la minería creció en estos años, tanto en los países con larga experiencia en esta actividad, como en países que recién han comenzado a constatar la presencia de empresas mineras en sus territorios (Uruguay), intentando desarrollar emprendimientos a gran escala.

La minería se ha expandido territorialmente y cada vez más diversos ecosistemas aparecen hoy en día presionados: «En América Latina podemos citar el caso de los páramos, los sistemas de lagunas alto andinas, las cabeceras de cuencas, la Amazonía, los glaciares, entre otros».

Para las organizaciones medioambientales, «poner la noción del territorio como eje central del análisis, permite entender cómo se configuran los procesos sociales, económicos y jurídicos en esos territorios y cómo estos enfrentan la expansión de una actividad que se impone desde fuera».

«No hay minería sin el control de grandes extensiones de tierras y sin el control de recursos hídricos y otros bienes naturales, que antes de que llegue la minería han estado manejados por las poblaciones que se ven amenazadas por esta actividad», releva el documento.

La defensa de los territorios sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. En este primer informe de Ocmal se reporta la tendencia de las inversiones extractivas, estrategias de lucha y resistencia, así como los comportamientos de empresas, Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales.

El documento resalta que «el extractivismo se ha ido transformando en casi un dogma económico incuestionable, promocionado y defendido indistintamente tanto por gobiernos progresistas como neoliberales». Para los primeros, abunda, se trata de fuentes frescas de divisas para pagar la deuda social, en la mayoría de los casos, mediante bonos específicos y periódicos. En los segundos, el discurso es de crecimiento y desarrollo. En ambos casos, dice, la conservación y protección ambiental, el buen vivir y el amor a la pachamama (madre tierra) no son más que consignas vacías de contenido, y más aún de acción consecuente.

Denuncia que las legislaciones nacionales buscan adecuarse a los requerimientos de las mineras y concentrar así las mayores inversiones de la región. Pero esto junto a un intenso tráfico de influencias y corrupción.

Pionero en las legislaciones que promueven la actividad minera es Perú. Ecuador y Bolivia han adoptado medidas de protección a la minería mediante la criminalización de la protesta social. El esfuerzo por sostener el extractivismo minero es cada vez más criticado y deslegitimado, y es que la minería no logra convencer a la población de sus ventajas y su supuesto respeto a los derechos humanos.

Uno de los mayores conflictos entre comunidades y empresas mineras es el acceso al agua y la contaminación. También el territorio: Las comunidades no lo entienden como propiedad privada, sino como ámbito de subsistencia y sustento, desarrollo, conservación ambiental, cultural y de tradiciones, seguridad ecológica y social, solidaridad y espiritualidad. «Es por ello, concluye el Ocmal, la gestión territorial comunitaria recurrentemente intervenida por los proyectos mineros cobra tanta importancia para las comunidades locales. Sin ella no está asegurada la cohesión, identidad cultural y el pleno desarrollo de los seres humanos».

Campeche: Apicultures presentan amparo contra los transgénicos

Publicada el 28/05/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Apicultores de Hopelchén presentan amparo por omisiones de las delegaciones de Sagarpa y Profepapara proteger el medioambiente de la región

Se han negado a investigar la siembra ilegal de soya transgénica en el estado de Campeche

El día de hoy, representantes de organizaciones de apicultores mayas de la entidad presentaron una demanda de amparo en contra de la omisión de las delegaciones estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para realizar labores de inspección, monitoreo, vigilancia e implementación de medidas frente a la siembra ilegal de soya transgénica que se ha dado en el estado de Campeche.

Es preciso recordar que en marzo y abril de 2014, el Juzgado Segundo de Distrito del Trigésimo Primer Circuito con sede en la ciudad de Campeche, Campeche, concedió dos amparos (753/2012 y 762/2012) a comunidades y asociaciones de apicultores mayas de Campeche en contra de un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la SENASICA y con aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la siembra, en fase comercial, de 235 mil hectáreas de soya transgénica que afectaban 8 municipios del estado de Campeche. La sentencia señaló, entre otras cosas, que se violó el derecho a la consulta del pueblo maya asentado en Campeche y dejó sin efectos el citado permiso.

No obstante entre agosto y septiembre del año pasado, los apicultores y ejidatarios del municipio de Hopelchén se percataron de que en grandes extensiones de tierra en el ejido de Ich-Ek, se estaba sembrando esa leguminosa genéticamente modificada, es decir se estaba violándolo lo establecido en la sentencias de amparo que dejaban sin efecto el permiso.

Ante estos hechos, el día 9 de octubre de 2014 los afectados presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como solicitud a Sagarpa y Senasica para que se inicie procedimiento administrativo en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.

En específico los apicultores solicitaron a las delegaciones de la PROFEPA y SAGARPA/Senasica que:

1.- Se realizaran las labores de inspección y vigilancia en la zona, a efecto de corroborar la siembra de soya genéticamente modificada, y prevenir o, en su caso, detener su siembra.

2.- Que dentro de las medidas específicas a tomar, se estableciera el aseguramiento precautorio de todo cultivo de soya genéticamente modificada que se haya sembrado en el estado de Campeche, aseguramiento que deberá contemplar la suspensión total de actividades económicas, agronómicas y de toda índole relacionadas con la siembra de soya genéticamente modificada, así como el impedimento de cosechar, movilizar, comercializar o aprovechar, en todo o en parte, el cultivo de soya OGM.

3.- Investigar y determinar las responsabilidades de empresarios y agricultores que han sembrado soya transgénica a pesar de no existir permiso vigente, así como la responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios de las dependencias relacionadas con la bioseguridad, cuya negligencia permitió que la siembra de soya y posible contaminación ocurriera, aplicando a los responsables las sanciones respectivas en los términos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Sin embargo a 7 meses de haber presentado las solicitudes, ninguna de las dos dependencias ha realizado ninguna investigación, ni mucho menos implementado medidas de verificación, vigilancia, monitoreo, ni sanción, omisiones que conllevan la violación al derecho que tienen los apicultores a contar con un recurso efectivo que les proteja frente a la afectación a su derecho a un medio ambiente sano y sus derechos culturales

La siembra ilegal de soya transgénica en la entidad se ha dado con total impunidad y frente a la mirada impasible de los delegados de la Profepa y Sagarpa, a pesar de la existencia de dos sentencias favorables y de que las y los apicultores han presentado sendos recursos ante ambas instancias. Lo anterior resulta alarmante pues se aproxima la temporada de siembra de soya, y existe el temor fundado de que nuevamente se sembrará la semilla transgénica dadas las condiciones de permisividad y la falta de acción de ambas instituciones.

Sobre el particular, es preciso insistir en que la siembra de soya transgénica afecta la práctica de la apicultura, actividad que representa el sustento de miles de familias, fundamentalmente mayas, de la península de Yucatán, pero también va ligada al incremento en el uso de plaguicidas, especialmente de glifosato, que acaba de ser catalogado como “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En países como Argentina, Uruguay y Brasil está bien documentado el incremento en el uso de este plaguicida a partir de que se comenzó a sembrar soya transgénica, así como sus graves efectos sobre la salud de la población en las zonas agrícolas donde se aplica (malformaciones, cánceres, abortos, etc.).

El municipio de Hopelchén está experimentando un fuerte aumento en el uso de plaguicidas (incluso por medio de aplicaciones áreas), lo cual va de la mano con el establecimiento de cultivos bajo el modelo de agricultura industrial, como la soya transgénica. Esto representa un gran riesgo para la salud de la población maya chenera, el medioambiente de la región y para la sobrevivencia de su principal actividad económica, la apicultura.

Ante esta situación resulta preocupante que ninguna de las dos delegaciones de Profepa y Sagarpa haya ejecutado las facultades solicitadas por los apicultores, en una omisión que pareciera significar complicidad con quienes venden, comercian y siembran de manera ilegal la soya transgénica, es por ello que a partir del amparo presentado el día de hoy, se pretende que el poder judicial federal ordene a dichas dependencias que cumplan con su deber de proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas por la siembra de soya transgénica, especialmente aquellos ligados al medioambiente, y la salud. Se requiere de la intervención decidida de las autoridades gubernamentales para evitar la desaparición de la apicultura en la región (como está sucediendo en otras latitudes del mundo, como E.U. donde recientemente se reportó la pérdida del 40% de su inventario apícola como consecuencia del uso de plaguicidas, las grandes extensiones de monocultivos y la deforestación).

Colectivo Apícola de los Chenes
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Ma OGM Colectivo sin Transgénicos

ORDENAN SUSPENSIÓN DE CONCESIONES MINERAS EN PUEBLA

Publicada el 28/05/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

luchaindigena.com

Hasta que sean resueltos 3 juicios de amparo promovidos por habitantes de 4 municipios de Puebla, jueces del Poder Judicial de la Federación ordenaron la suspensión de las concesiones mineras involucradas, anunciaron organizaciones civiles que se oponen a los proyectos que denominan “de muerte”.

Los recursos legales fueron promovidos por opositores indígenas de los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yaonáhuac e Ixtacamaxtitlán, además de Zacualpan, perteneciente a Colima.

Consideraron que los proyectos mineros instrumentados por las empresas Almaden Minerals y Minera Autlán atentan contra el ecosistema de la región, además, al querer ser impuestos, violan sus derechos humanos por perjudicar el territorio que consideran ancestral y su identidad cultura.

Acusaron que otro de los efectos negativos de la actividad en cuestión corresponde al despojo de tierras, situación que -afirmaron- cada vez es más frecuente.

Por ello, interpusieron 3 juicios de amparo, mismos que fueron impulsados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y por Fundar.

De esa manera, las autoridades federales ordenaron la suspensión temporal de las actividades de explotación minera, en lo que se dicta sentencia en los juicios a través de los cuales defendieron su derecho a la autodeterminación y respeto de sus garantías como sociedad.

“Estas acciones jurídicas… ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, señalaron los representantes de las organizaciones.

Primer Foro Social sobre Democracias otras, Autonomías, Autogobiernos y Refundación de lo político en México

Publicada el 27/05/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

La emergente geografía autonómica: democracias contra-hegemónicas, autogobiernos y alternativas

Fecha: 27, 28 Y 29 de mayo de 2015. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

EJES DE DIÁLOGO
-Autonomía y construcción de autogobiernos en el sureste de México
-Autonomía y geografías de las resistencias contra el despojo neo-extractivista
-Democracias directas y radicales de los pueblos
-Violencia, narcopolítica y fin de la hegemonía del Estado
-Escenarios geopolíticos y post democracia: iniciativas constituyentes desde los pueblos ¿quiénes son los constituyentes?
-Medios libres frente a las experiencias autonómicas y de autogobierno.

Ver – Descargar PROGRAMA COMPLETO

Sedes del Foro:
Aula Magna la Facultad de Derecho | UNACH
[Calle Miguel Hidalgo 8, Centro, 29200 San Cristóbal de las Casas]

El Paliacate | Centro Cultural
[Calle 5 de Mayo 20, Centro, 29240 San Cristóbal de las Casas]

Convoca
Observatorio sobre democracias otras: sur de México y Centroamérica
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

México: capitalismo del desastre

Publicada el 27/05/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

John Saxe-Fernández, La Jornada

Los «dos Méxicos», el de «casas nuevas» para los mandamás y el de «fosas nuevas» repletas de Tlatlayas y Ayotzinapas para amansar al resto (La Jornada, 14/4/15) son expresión brutal de lo que en La doctrina del shock Naomi Klein llamó capitalismo del desastre. Con un recetario desde 1982 a base de desregulación, privatización, austeridad a 99 por ciento y derrama fiscal a uno por ciento, el shock vía la guerra al narco se palpa en cerca de 150 mil muertos, más de 26 mil desaparecidos e inusitada, torpe y riesgosa represión ante resistencias y protestas legítimas. Como en San Quintín, por las reivindicaciones de trabajador@s agrícolas ante estremecedoras condiciones de explotación, que el neoliberalismo y el TLCAN llevan a todos los rincones de la Federación con su cauda de desempleo, hambre y represión con creciente intervención policial, militar y del espionaje extranjero, parte y parcela de la sombrilla de terror y seguridad para consumar el gran despojo consignado en las (contra) reformas estructurales.

Detrás de la privatización petrolera están, en la ronda uno, los negocios de petroleras de dentro (las menos): Pemex, la recién fundada Petrobal y Diavaz, entre otras, y las apetitosas ambiciones de firmas de fuera (las más): Exxon, Chevron. BP, Shell, Ecopetrol (Colombia), Cobalt International, Hunt Overseas, Total (Francia), Sierra Oil&Gas, BHP Billinton, Hess News, a quienes favorece –especialmente a las de Estados Unidos–, la Iniciativa Mérida y el programa de ajuste estructural entroncándolas con leyes secundarias, a mineras de aquí y de allá (Canadá, Australia) y a los intereses que codician la gestión del agua. Lo hacen con una atroz Ley de Aguas congelada hasta después de las elecciones de junio, por el fuerte rechazo popular que concita.

La radical contrareforma energética peñista parece calca de diseños de corte colonial de Exxon/Mobil y el Banco Mundial en África Occidental. Se asemejan hasta en la participación de Citigroup como uno de los bancos globales que, años ha, zopilotean el tan esperado festín a costa de México. Para facilitar operaciones especulativas a gran escala con la riqueza localizada en territorio bajo jurisdicción nacional, las reformas estructurales permiten a las mineras, receptoras de generosas concesiones (70 por ciento ya en manos extranjeras), que suman la friolera de 98 millones de hectáreas, para que, además del desastre humano y ambiental de la minería a cielo abierto, exploten los hidrocarburos, en especial los no-convencionales (gas y petróleo de lutitas, o shale) de enorme toxicidad, grave impacto medioambiental, atmosférico, sísmico, alta voracidad acuífera y territorial y una inviabilidad geológico-financiera que augura un mega-Fobaproa fósil, a lo bestia.

El saqueo neoliberal, llamado «proceso de cambio», causa destrozos al tejido social, expulsa la población de su territorio por medio de instrumentos policial-militares (y para-militares o de plano de empresas mercenarias de «seguridad») para consumar la incautación de los recursos naturales en ejidos, tierras y forestas comunales, mantos acuíferos, desvío o trasvase de ríos, de una cuenca a otra como en el acueducto Independencia con afectación grave a comunidades, los yaquis entre muchas.

Para perpetrar la incautación de los bienes comunes, la aplanadora legislativa PRI-PAN-Verde-Panal, busca su renovación, frente a lo cual sólo el voto podría desalojarlos del Congreso en junio, por ser un consistorio voraz, sumiso, corrupto y apátrida que entregó el gas y el petróleo y aprobó la vieja demanda imperial (y de EPN) para que agentes extranjeros puedan portar armas en México: toda una proeza anti-nacional de quienes Monsiváis dijo que eran «la primera generación de estadunidenses con nacionalidad mexicana» que recién arribaba al poder (1982) y que ahora en calidad de senadores, advierte Manuel Bartlett Díaz, «están cometiendo un atentado contra la nación mexicana, serán responsables de la integración del territorio nacional a las autoridades de EU».

Desde la perspectiva de la seguridad e integridad de México el riesgo de lo denunciado por el senador Bartlett no es asunto menor: es eje del diseño de seguridad imperial que ejecutan con entusiasmo el Ejecutivo y la aplanadora legislativa a través de lo que en verdad interviene, interfiere y acota nada menos que operaciones cruciales al monopolio del ejercicio de la violencia legítima sobre el territorio nacional, mientras grandes firmas realizan un «cercamiento» de enorme calado, mayor al despojo territorial de los años 40 del siglo XIX, vía la privatización y dislocación de la vasta y multimillonaria infraestructura desplegada (desde 1938) en grandes complejos económico/territoriales en los que Pemex y CFE realizan operaciones vitales a la seguridad e integridad de la nación. Ambas entidades, ahora «empresas productivas del Estado», están bajo alevosa agresión fiscal de los hacendistas locales (FMI), para llevarlas «a un punto de venta».

jsaxef.blogspot.com

VIDEO: Iglesias y Minería en América Latina

Publicada el 26/05/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Este video invita a escuchar el grito de las comunidades latinoamericanas afectadas por la minería; relanza la formación básica y las articulaciones populares; motiva el compromiso pastoral de las iglesias en defensa de la vida y de la creación, que gime en espera de un nuevo parto.

Iglesias y Minería agradece a todas las entidades y personas que apoyan a las comunidades afectadas por la minería.
El sueño y la lucha en defensa de la Pacha Mama todavía viven e palpitan en el corazón de los pobres de la tierra.

https://www.youtube.com/watch?v=I1Qvgctnbck