Categoría: Resistencias Antisistemicas

Aprendizajes y desafíos para la integración de los pueblos de Nuestra América

Por FISYP

Esta investigación contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL).

Autores: Lucas Castiglioni, Analé Barrera y Emiliano Fernández

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En este período se han organizado diversas actividades como paneles en jornadas académicas, seminarios y talleres debate que resultaron en publicaciones y se realizó un vídeo documental a propósito del décimo aniversario del No al ALCA.

Durante el año 2013 se llevó a cabo una investigación colectiva sobre las problemáticas de integración regional en América Latina y el Caribe. En aquella ocasión se analizaron los proyectos de integración hegemónicos y los proyectos regionalistas contra-hegemónicos.

En este sentido es que se llevó a cabo una conceptualización de ambas perspectivas y posteriormente fueron comparadas críticamente. Para ello se estudiaron los Tratados de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá y el rol del Banco Mundial en Argentina. En una segunda parte se indagó sobre la propuesta de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), analizando la historia reciente del proyecto de integración y las propuestas de las Empresas y Proyectos Grannacionales, Tribunal de Inversiones, Banco del ALBA, SUCRE y la iniciativa PetroCaribe.

En 2014 se continuó con la investigación en torno a la integración regional y el papel de las instituciones financieras en América del Sur. Para ello se introdujo una mirada sobre la aún vigente crisis global y el papel que asumen las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional). Luego se indagó sobre la Arquitectura Financiera Regional. Para ello se ahondó en el estudio sobre el Banco Interamericano de Desarrollo y las políticas de crédito para Argentina.

En tercer orden se analizó el proyecto de integración suramericano desde el punto de vista teórico y desde el estudio del Banco del Sur y el Sistema de Pagos en monedas locales Argentina-Brasil.

De este modo, se parte de un trabajo y debate colectivo previo que nutrirá el estudio que aquí se propone. El mismo pretende avanzar en el análisis crítico del escenario social de América Latina y el Caribe actual, tomando como referencia uno de los hechos más significativos del nuevo milenio: el rechazo a la propuesta estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en noviembre del 2005 en la ciudad argentina de Mar del Plata, en el marco de la IV Cumbre de las Américas y ante la movilización social organizada que confluyó en la III Cumbre de los Pueblos.

Un abordaje integral del “No al ALCA” implica situarlo en relación a los proyectos de integración regional en pugna, las respuestas de los gobiernos nacionales y organismos internacionales, el rol de los movimientos sociales; dando cuenta a la vez de los procesos y sujetos que convergieron en el hecho entonces y del legado político-social que el mismo plantea hoy.

El proceso de investigación implicó una búsqueda bibliográfica para la construcción de un Estado del Arte sobre el problema planteado.

En este recorrido, se dio con análisis que ya desde fines de la década del noventa alertaban sobre los peligros que encerraba el ALCA y, ante el escenario de gestación de su rechazo hacia el 2005, resaltaba la centralidad de derrotar esta propuesta al mismo tiempo que reconocían otros instrumentos en las que la misma podía reconfigurarse, como los TLC.

En este momento, a 10 años del rechazo continental del ALCA, se multiplican los discursos de “conmemoración y festejos”. En ellos, se tiende en general a homogeneizar los procesos políticos y a simplificar los motivos de las luchas que condujeron a la derrota de la iniciativa estadunidense. Así, se invisibilizan las causas profundas, se desconocen los grados de homogeneidad, organización y conciencia del movimiento popular que permitieron dicha gesta y se ignoran los nuevos mecanismos que asume la integración hegemónica en nuestros tiempos.

De esta manera, en el trabajo que presentamos, se parte de reivindicar este hito de la lucha social contra el neoliberalismo en la región, al mismo tiempo que se busca complejizar el análisis, retomando las “alertas” establecidas por organizaciones populares e intelectuales orgánicos de la región respecto a la estrategia imperialista.

En este sentido, la pregunta por el legado de la derrota del ALCA hoy se presenta al mismo tiempo como un problema de conocimiento y como un desafío político para las organizaciones populares.

A partir de estas consideraciones introductorias, se plantea el desarrollo del trabajo que supone una estrategia metodológica mixta que combina el análisis documental y de fuentes estadísticas y la sistematización bibliográfica.

El estudio comienza por analizar la propuesta de (des)integración que supone el ALCA y los espacios, bloques regionales e instrumentos en los que el mismo se perpetúa en el escenario global actual.

En segundo término, se estudian los cambios dados en la agenda social en estos diez años y se propone una caracterización de las estrategias hegemónicas dirigidas a la gestión de la fuerza de trabajo súperexplotada y excedente a los fines del capital.

Particularmente, se plantea un análisis de la implementación en toda la región de los Programas de Transferencia de Renta Condicionada (PTRC) y se refl exiona sobre las condiciones para una agenda alternativa.

Luego, se propone una caracterización y periodización de la lucha social que supone articulación regional y global de sujetos colectivos desde fines del siglo XX al presente, siempre tomando el rechazo al ALCA como hecho de referencia. Asimismo, se plantean elementos para la conceptualización de la movilización social a nivel internacional en el periodo seleccionado.

Finalmente, se presentan reflexiones con el propósito de abrir nuevos interrogantes y enriquecer el debate desde una perspectiva crítica.

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11 de Agosto del 2016, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

casa de la mujer ixim ansetic

El sistema de despojo y extractivismo es inminente, tiene varios nombres: hidroeléctrica, minera, carretera, monocultivo, extracción petrolera, arenera, pero tiene el mismo apellido despojo para los pueblos.

Chiapas, uno de los estados más ricos en recursos naturales, y diversidad cultural no es excepción en esta guerra de poder e imposición de un modelo neoliberal en donde no cabe el amor y cuidado de la madre tierra, ni el trabajo y la vida colectiva o comunitaria.

Caminando los diferentes proyectos de imposición para las comunidades, encontramos la construcción ahora llamada ampliación de la carretera San Cristóbal Palenque cuyo proyecto ha cambiado en 3 ocasiones, bajo la supervisión de las mismas empresas y bajo el mismo presupuesto 3,000 millones[1] de pesos,  encontramos la presa hidroeléctrica de Tenosique antes Boca del Cerro que aunque cambie de nombre y de kilómetros será en el mismo río y con las mismas consencuencias de pérdida comunitaria.

Ya basta!, este es el grito que 10 comunidades de la zona del Valle de Tulijá le hacen a este sistema, hoy sus comisariado ejidales se encuentran presentando ante el Registro Agrario Nacional actas de asamblea firmadas no solo por ejidatarios/as de sus ejidos, sino por mujeres, niños, niñas, jóvenes que luchan en defensa de la vida.

Después de 10 meses de reuniones, en las que se analizó la información pública en torno a los megarproyectos de la zona, en las que se compartió información, y se adquirió el compromiso no solo de informar, sino de sumar por igual a hombres y mujeres de las comunidades, el resultado son actas que con diferentes palabras pero un mismo corazón representan acuerdos para el no paso de la carretera.

Hoy hay 10 comisariados aquí, pero sumado más de 1500 firmas de hombres y mujeres en defensa de Chiapas, y por territorios libres de megaproyectos.

Abajo la lista de comunidades y sus firmas, ayúdanos a difundir, esta lucha es de todas y todos. Por un México libre de megaproyectos, sin minería, sin hidroeléctricas, sin extracción de pétroleo, sin fracking.

[1] Dato que se podrá localizar en la siguiente página de la SCT http://aga.sct.gob.mx/sigueObraPublica.do

Un reportaje ilustrativo de lo que significan las luchas en Nuestramérica

POR BRENDA LARA MARKUS * , Resumen Latinoamericano. Desde hace algunos años los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas de Latinoamérica se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de desarrollo e infraestructura, también llamados proyectos de despojo, que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de la naturaleza que no tiene punto de comparación con procesos previos. Frente a este modelo, han surgido múltiples formas de defensa en los territorios, los bienes comunes, las diferentes culturas y modos de vida en las cuales implementan distintas estrategias basadas en los derechos humanos.

–       En Guatemala, estos proyectos abarcan la minería, cementeras, tala de árboles e hidroeléctricas entre muchas otras. Además de la privatización de bienes que son un derecho humano tal y como lo declara la Constitución, como por ejemplo el agua que no solamente es abarcada por la industria con el cierre de los ríos sino que lo poco que sueltan viene contaminada con arsénico y otros químicos que ponen en riesgo la vida de millones de guatemaltecos. Otro de estos bienes es la energía eléctrica que no solamente fue privatizada sino que las empresas realizan cobros abusivos y exagerados, sobre todo en comunidades muy lejanas donde desde hace muchos años se organizan en resistencia. Sin embargo, los líderes comunitarios son amenazados, perseguidos, encarcelados ilegalmente y hasta asesinados, tal y como ocurre en el resto de Latinoamérica, especialmente en casos recientes de Honduras.

–       En una entrevista realizada por radio Canadá Internacional hace unos meses, el cantante Tito Medina, quien estuvo presente en un festival musical a favor de los presos políticos justamente en el país al cual pertenecen varias de las mineras instaladas en Guatemala opinó:

-Tito Medina: Guatemala es un país muy diverso, es pequeño, tiene solamente 16 millones de habitantes y es dos veces el tamaño de Nueva Escocia pero el problema es que tenemos muy poco acceso al agua porque hay empresas muy grandes que incluso desvían los ríos. Incluso el vicepresidente del país, Jafeth Cabrera, según reporte del diario Prensa Libre, dice que 1.4 millones de personas, o sea 300 mil familias, más o menos el 9% de la población van a sufrir por la sequía. Y cuando las personas se oponen al desarrollo de la minería a gran escala, que son empresas canadienses en su mayoría, o el desarrollo de empresas hidroeléctricas que generan energía principalmente para la gran fábrica, se genera conflicto y hay áreas donde la conflictividad es extrema.

Además, que la población nuestra, que es maya, población mestiza, mayormente vive en el campo y tiene sus formas tradicionales de respeto a la naturaleza, ahí se desarrolla una lucha por el agua como forma de vida. A partir de eso el Estado, en conjunto con las empresas transnacionales ha desarrollado un proceso de judicialización en la persecución de los dirigentes populares que se oponen al uso del agua para fines corporativos.

Ahorita en este momento tenemos siete compañeros que están prisioneros por defender el agua, con cualquier excusa los meten a la cárcel y ya tienen más de un año de estar ahí, entonces el problema es la sostenibilidad de la familia. Hay mucha gente, muchos dirigentes que están prácticamente con orden de captura y entonces eso genera una gran sensación de inestabilidad porque la población se siente perseguida y ellos dicen ´claro, nosotros lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz, que nos dejen utilizar nuestros recursos, que no desvíen los ríos y todo el mundo tenga acceso al agua´. Guatemala ha sido un país muy controversial por sus dinámicas dictatoriales y los abusos que han cometido las empresas durante muchos años.

-Periodista: Medina está de acuerdo con que uno de los puntos más urgentes y de gran importancia es el tema de la comunicación pues ni la comunidad internacional ni la ciudad de Guatemala se enteran de lo que realmente sucede en estas comunidades y por lo tanto nadie los defiende. Por el contrario, esta falta de comunicación es aprovechada para cometer abusos hasta con las mismas autoridades locales, alcaldes, policías y gobernadores a quienes las empresas que se adueñan de estos recursos dan dinero a cambio del encarcelamiento de los comunitarios denunciantes.

– Medina: el año pasado un grupo de cuarenta niños fueron retenidos porque no dejaban pasar a un tractor que quería desviar un río en una de las fincas de Guatemala. Inclusive niños han ido a la cárcel por estar ahí uno o dos días pero esto no hace noticia en los medios nacionales. La manifestación por la defensa del agua -fueron tres grandes manifestaciones que recorrieron cada una más de 200 km durante varios días hasta llegar a la Capital- lo que se lograron fueron unas nueve notas de prensa en todos los periódicos de Guatemala. La situación es muy tensa, muy difícil por la persecución y también por la negación de los espacios de información en general. Esto genera como una moneda, una cara que se conoce y la otra sería como el lado oscuro de la luna. Para decirte un caso, para el cierre de una minera desplazan a una fuerza policial, atacan a un montón de ancianos, mujeres y niños que estaban evitando que una empresa que ya la Justicia nacional, hablo de la Corte Suprema de Justicia, declaró que es necesario que cierren esta empresa extractiva de oro y plata y sin embargo ellos siguen extrayendo oro y plata y para eso contaminan los ríos. No salen noticias de los abusos de las autoridades contra la población en Guatemala.

– Periodista: uno de los casos que está llamando la atención en los últimos días es el de Semuc Champein donde las comunidades decidieron tomar el área pues no se está cumpliendo con el acuerdo que se estableció en el decreto 25-2005 con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) para que entregue las regalías del monumento nacional Semuc Champein a los comunitarios en Alta Verapaz. De acuerdo con el decreto 25-2005, el 30% del ingreso total anual de las tarifas por visitar el monumento debe destinarse al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades aledañas, según indican el 30% que les corresponde a los comunitarios no será trasladado en efectivo sino en proyectos amigables al ambiente ejecutado directamente por el Conap, pero tampoco se tiene garantía de que eso se realice a cabalidad. Uno de los comunitarios explica:

– Los pueblos antes de la invasión estaban organizados, tienen su propio sistema de justicia y no hasta ahora hay ley. El artículo 66 de la Constitución política de la República dice: el Estado respeta y reconoce las propias formas de organización social de los pueblos. El artículo 55 del Código Municipal habla de que la comunidad indígena está facultado para practicar su propia forma de administración de sus recursos. Es decir, puede administrar impuestos. El inciso a y b del artículo 13 que habla sobre la integración de los órganos comunitarios de desarrollo nos habla que la asamblea tiene que nombrar su Cocode, su comité, su fundación, su consejo; no el ministro de la defensa, no el presidente de la República, no el diputado, no el alcalde sino que ustedes son los que tienen que nombrar su Cocode.

-Periodista: respecto a esto se pronunciaron las organizaciones, colectivos e instituciones que pertenecen a las verapaces expresando su preocupación ante el desalojo violento que sufrieron las comunidades Chisubín, Semil, Subín y Santa Maria del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Dichas comunidades llevan un tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y paramililtares. Desde el 4 de julio de 2016 doscientas patrullas y alrededor de ochocientos elementos de la policía se encuentran en el lugar, generando violencia y llevando a cabo un despojo en contra de las comunidades ancestrales y dejando a nueve comunitarios heridos. El desalojo lo sufrió la comunidad Santa Inés de Santa Cruz, Alta Verapaz, que está conformada por 20 familias poqomchi´, las cuales fueron despertadas en la madrugada del pasado 2 de julio y luego fueron sacadas de sus viviendas por un grupo de 50 personas, liderados por el señor Luis Giovanni Cho y Rigoberto Sanson Jor Caal, destruyendo 6 viviendas y dejándolas sin techo y sin un lugar a donde ir en el momento. Mujeres, niños y ancianos sufrieron crisis nerviosas e hipotermias perdiendo así todas sus pertenencias y sus viviendas. Además, las comunidades del Valle de Polochic tienen una amenaza de desalojo para esta semana que va a favor de monocultivos de empresarios que usurpan el Estado y ostentan el poder en Guatemala. Los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es una práctica constante. Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que sólo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario. Este es el comunicado publicado por las organizaciones de las verapaces de Guatemala.

Por otro lado, Domingo Baltazar, uno de los presos políticos que actualmente enfrenta juicio oral y público por liderar una comunidad en defensa del territorio en Barillas, Huehuetenango, fue entrevistado por el centro de medios independientes respecto a su posición y razones de su resistencia:

-Baltazar: los convenios que hacen las empresas con los gobiernos de 50 años, prácticamente ya son los dueños.

-Periodista: Rigoberto Juárez quien también enfrenta este proceso, técnico en salud y autoridad ancestral también explica las consecuencias de las apropiaciones que no se toman en cuenta

-Juárez: Pero a lo que nosotros nos referimos es el grave daño económico social que esos proyectos antes que se instalan ya están provocando. Seguramente estos empresarios han llegado al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a otras entidades bancarias diciendo que van a llevar desarrollo a nuestras comunidades. Mentiras, totalmente mentiras, porque para quiénes van a ser el recurso, para quién va a ser el pisto que se recoja de la generación de energía eléctrica, ¿va a ser para las comunidades o para los empresarios? Es mentira que estos empresarios vayan a dejar energía para las comunidades, mentiras. Porque hay una Ley de Energía en Guatemala que dice que el que genera la energía eléctrica no puede venderla, tiene que transferir la energía a otra empresa transportadora. Y después hay otra empresa distribuidora. Entones tiene que dar esa vuelta la energía para regresar a nuestras comunidades. Cuánto va a pagar una familia por la generación de energía eléctrica que sale de su territorio, va a ser el triple, porque le va a pagar a tres empresas

-Locutora: en muchos de estos casos estas capturas son ejecutadas aún sin órdenes. Y al final, después de varios años de encarcelamiento, los presos políticos obtienen su libertad pues al momento del juicio no existen pruebas. La diputada Sandra Morán, jefa de la bancada de La Dignidad en el Congreso Nacional de Guatemala en entrevista también con radio Canadá Internacional, visitó Canadá en junio pasado para solicitar una moratoria en el establecimiento de la minería que en gran parte es controlada por ese país del norte.

-Morán: desde el Parlamento hemos presentado hace una semana una propuesta de Ley para cinco años de una moratoria minera que nos permita hacer una discusión nacional sobre cuál es el modelo de desarrollo que necesitamos para el país, para las poblaciones y para mejorar la vida de la población que al final debería ser el enfoque del país. El impacto final de la minería es mucho más negativo que positivo. Las empresas pueden decir ´nosotros donamos una escuela, una clínica´ pero todo eso, que sí es ayuda y sí lo agradecemos, no tiene el mismo impacto que tiene lo negativo, incluso cuando van a cerrar las empresas. En Guatemala todavía no se tienen los protocolos de salida de empresas. Un balance que las mismas comunidades hacen es que el trabajo de hoy es la pobreza del futuro para quienes están aceptando el trabajo, y el hecho es que las comunidades se quedan divididas, se quedan peleadas. Eso sí ha generado la mina, la mina divide las comunidades, daña el tejido social, y por eso nosotros creemos que tenemos que discutirlo porque ha sido un modelo que se ha llegado a imponer sin que haya una consulta real como lo reconoce el Convenio 169 de la OIT

-Periodista: El convenio 169 de la OIT es un instrumento internacional de derechos humanos que establece los derechos colectivos de los pueblos indígenas: autogobierno, educación, salud, mejores condiciones de empleo, contacto y cooperación a través de las fronteras. Fue adoptado en 1989 y entró en vigencia en 1991, Guatemala es uno de los 22 países que lo ha ratificado. Los temas específicos que se pueden citar para este tema son: respeto al propio derecho, instituciones y sistemas de Justicia que se encuentran en los artículos 8 y 9; derechos ante la Justicia ordinaria, respeto de su cultura, defensa y protección de derechos, uso de idiomas indígenas e intérpretes, sanciones alternativas al encarcelamiento, artículo 10 y 12; propiedad y posesión de tierras, territorios y hábitat, artículos 13 y 19, goce de derechos humanos sin discriminación ni coerción, artículos 2 y 4. Lo que la Diputa confirma es que las comunidades indígenas buscan se les tome en cuenta y se cumpla con los acuerdos respecto a la regulación y autorización de este tipo de empresa en Guatemala.

-Morán: No estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra del intercambio comercial pero sí estamos en contra de que ese tipo de cosas lo que haga son efectos negativos en la vida de comunidades enteras y de la misma naturaleza, porque somos uno de los países más vulnerables del cambio climático y es una contradicción hablar sobre cómo salir del cambio climático cuando nuestro país está abierto a este tipo de inversiones.

-Periodista: Actualmente, muchas organizaciones y medios comunitarios luchan por visibilizar los casos para dar soporte a la legalidad y a los procesos legales a los que están siendo sometidos.

Miacatlán, Morelos, México a 30 de julio 2016

Convocados por el Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto de Metales y por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), nos reunimos diversos colectivos en resistencia integrados por comunidades indígenas y campesinas, organizaciones civiles, académicos e instituciones de educación superior, quienes defendemos el agua, la tierra, el aire y la vida de todo México construyendo conjuntamente estrategias articuladas en contra de las distintas expresiones con las que el Modelo Extractivo y sus megaproyectos buscan apropiarse de nuestros bienes naturales y territorios, dañando al tejido comunitario, debilitando los procesos identitarios y nuestra cultura, así como generando irreparables daños a la salud y a la Madre Tierra.

Tenemos conciencia de vivir en un mundo donde los gobiernos han decidido anular el bienestar social, para dejar a merced de las corporaciones un nuevo orden global y financiero, fincando su poder en la creación de leyes a modo, que les garantizan la impunidad y la falta de procuración de justicia. Esto ha permitido un modelo económico que se basa en la violencia y la violación de los derechos humanos fundamentales.

Este nuevo orden de la nación/corporación global, pretende consolidar un sistema político económico a través de la imposición de los tratados de libre comercio, y colocar a todo el planeta bajo el yugo de la especulación del dinero, entregando al mejor postor los bienes naturales, sin importar el despojo y desplazamiento forzado de los pueblos.

Los grandes capitales que hoy mueven al mundo y los gobiernos están creando graves contradicciones para la continuidad de la existencia de las comunidades, afectando sus modos de vida y atentando contra la naturaleza. Esa es la realidad en la que vivimos y no estamos dispuestos a que se vuelva eterna. Por ello estamos decididas/os y obligadas/os a fortalecer nuestro proceso organizativo a través de una lucha social cada vez más articulada e incluyente.

Hemos constatado en nuestro Encuentro que el territorio es el principal eje articulador de nuestras resistencias; también compartimos los retos, las formas y los logros alcanzados por cientos de comunidades en contra de los megaproyectos de muerte, refrendando que organizados/as somos capaces de imponernos al más poderoso.

Reafirmamos nuestra convicción de continuar rechazando contundentemente todos los proyectos del mal llamado “progreso” y “desarrollo”, porque lo único que garantizan es la muerte de nuestra Madre Tierra. No consentiremos el establecimiento de minería tóxica, presas, parques eólicos, monocultivos, biocombustibles, transgénicos, proyectos REDD, “reservas de la biósfera”, extracción depredadora de gas y petróleo, o cualquier otra barbaridad que intenten imponernos. En los pueblos y las comunidades indígenas queremos seguir siendo campesinas y campesinos; en las ciudades y zonas conurbadas queremos consumir alimentos sanos y cultivados desde las comunidades mexicanas. En todas nuestras comunidades queremos vivir con dignidad.

Está muy claro y presente que la lucha de la resistencia y la defensa del territorio la encabezamos las mujeres. Nuestra capacidad de amor por la vida, nuestra fortaleza y energía y nuestra pertinencia para abrir espacios de participación y respeto, hace que hoy seamos las protagonistas de las resistencias a nivel internacional, a tal grado que no es casualidad que seamos las más agraviadas, violentadas y asesinadas por defender la vida y el territorio.

Nuestro encuentro abre nuevos e interesantes retos para todas y todos nosotros, por lo tanto, vamos de regreso a nuestras tierras con la convicción renovada y con nuevos aprendizajes en nuestras cabezas y corazones. También regresamos con la necesidad de platicar, dialogar y compartir lo aprendido, de tal manera que inicie ya esta nueva estrategia articuladora para la defensa del territorio contra los proyectos relacionados al modelo extractivo.

No dejaremos de denunciar a las empresas y a los diferentes actores políticos de los niveles del gobierno que están a su servicio. No dejaremos de evidenciar la destrucción del ambiente que ocasionan este tipo de proyectos extractivos. Es una vergüenza para México, que después del mayor desastre ambiental de los últimos años ocasionado por Grupo México, éste sea premiado con el certificado de “industria limpia”, cuando la población afectada sufre de daños a la salud y ha perdido su río por varias decenas de años.

Exigimos al gobierno federal, en especial a la Secretaría de Economía, la cancelación inmediata y permanente de todas las concesiones mineras que de forma arbitraria y al margen de nuestro Pueblo ha entregado por todo el territorio nacional, violando todos los derechos humanos.

Hacemos un fuerte llamado para que seamos los pueblos quienes realicemos el ejercicio libre y pleno de nuestros propios procesos de consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado, porque es nuestro derecho y no un mecanismo de aplicación de los gobiernos o de las empresas. Declaramos que en nuestras comunidades hemos reflexionado el tema, y hemos llegado a una conclusión contundente: NO QUEREMOS PROYECTOS DE MUERTE. No necesitamos ser consultados para que intenten convencernos de lo contrario, nuestra decisión es sólida y firme.

En este Encuentro todas y todos los presentes refrendamos nuestra solidaridad con los diferentes movimientos, que a nivel nacional han salido a la calle a defender sus derechos. En ese contexto nos solidarizamos con la CNTE en su lucha contra la mal llamada “reforma educativa”. Rechazamos todas las reformas estructurales porque van en contra de la nación, son anticonstitucionales y amenazan la vida de los pueblos. Recordamos con dolor y manifestamos nuestra total solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y también tenemos presentes a los 120,000 desaparecidos en el país.

Recordamos también a nuestros compañeros y compañeras que nos han sido arrebatados por las empresas y los gobiernos coludidos. Todas las luchas por la justicia son nuestras luchas, sin importar el lugar del mundo en donde se den. Desde aquí hacemos un fuerte reclamo y exigimos el esclarecimiento del asesinato de nuestros compañeros Bertha Cáceres, Nelson García y Lesbia Yaneth Urquía, del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Exigimos una comisión de investigación independiente para el esclarecimiento de estos asesinatos, así como la cancelación de todos los proyectos en el Río Blanco en Honduras. Nos hermanamos con todas y todos nuestros compañeros quienes por defender la vida han tenido que dejar su casa por persecución, hostigamiento y amenazas de muerte. Celebramos la reciente liberación de los 7 compañeros injustamente detenidos de la lucha de Barillas en Guatemala. Nos solidarizamos y hermanamos con todas las luchas en defensa del territorio en estos países y en toda América Latina.

Los cientos de personas, representantes agrarios, académicos, medios libres y organizaciones sociales de 18 estados (Morelos, Nayarit, Colima, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila, la Ciudad de México), así como los representantes de resistencias tanto de Canadá como de Guatemala, hacemos un llamado a los medios de comunicación y a nuestros hermanos y hermanas campesinos, obreros, académicos, estudiantes y artistas, así como a la sociedad en general, para hacer un frente común por la defensa de nuestros territorios, la Madre Tierra y en contra de todas las formas de despojo y opresión.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS EXTRACTIVOS!
¡NO A LA EXPLOTACIÓN DE ORO Y PLATA EN LA TIERRA DE ZAPATA!
¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!

por Júlia Martí en Observatorio de multinacionales en América Latina

Resumen

Debido a la centralidad de las empresas transnacionales en el nuevo sistema de dominación múltiple, estas se convierten en un agente clave al que los movimientos sociales tienen que hacer frente intentando disputarles su poder. En esta lucha los movimientos sociales, como agentes de emancipación colectiva, disponen de una serie de potencialidades pero también de límites, que conviene conocer para poder fortalecerlos, superando contradicciones y siendo capaces de atacar las diferentes dimensiones del poder de las transnacionales, al mismo tiempo que se construyen alternativas en la lógica de los procesos de transición.

Palabras clave

empresas transnacionales, alternativas, movimientos sociales, transición.

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Vía Movimiento M4

ENCUENTRO MEXICANO DE RESISTENCIAS
CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO.

NUESTROS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Y OTROS MEGAPROYECTOS

-represas, parques eólicos, monocultivos/biocombustibles, gas/fracking, petróleo/gasoductos, transgénicos, reservas de la biosfera/REDD-

FECHA: 28, 29 y 30 de julio de 2016*
LUGAR: Parroquia de Miacatlán, Estado de Morelos
CONVOCAN: Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
INSCRIPCIONES CON: Silvia Sandoval en rema@remamx.org o Berenice Rodríguez en verynice_365@hotmail.com**

*La llegada al lugar del evento será el 27 de julio.
**Ayúdanos en la planificación del evento inscribiéndote antes del 15 de julio.

¡No a la explotación de oro y plata en la tierra de Zapata!

 DIRIGIDO A: Mujeres y hombres integrantes de bienes comunales, ejidos, comunidades, organizaciones, académicos, movimientos sociales y ciudadanos que están en resistencia y luchan contra la imposición de los proyectos del Modelo Extractivo, en especial quienes luchan contra minería, represas, parques eólicos, monocultivos/biocombustibles, gas/fracking, petróleo/gasoductos, transgénicos, reservas de la biosfera/REDD y otros proyectos megaproyectos.

OBJETIVO: Compartir experiencias de las resistencias quienes, a través de diversas estrategias organizativas, jurídicas, mediáticas, etc han logrado prohibir, liberar y proteger/blindar su territorio de proyectos relacionados con el Modelo Extractivo, con la intención de reforzar los procesos de las luchas locales, municipales, regionales, estatales, nacional e internacional.

DESARROLLO DEL EVENTO: Nuestro intercambio de experiencias se llevará a cabo con exposiciones y discusiones en plenaria, y análisis detallados por mesas de trabajo. Contaremos con la participación de experiencias de otros países. Finalizaremos el encuentro con un acto político y una marcha/movilización de las resistencias el día 30 de julio de 2016.

META: El objetivo de nuestro encuentro será festejar los logros que las mujeres y hombres de las resistencias y en defensa de la vida y el territorio han logrado por medio de su lucha organizada contra la imposición de proyectos que atentan contra el patrimonio histórico, destruyen la cultura de los pueblos y dejan irreparables daños al medio ambiente y la salud de las poblaciones.

INTERCAMBIOS: Para compartir trae fotocopias de las acciones que han realizado y platícanos cómo las han implementado en tu comunidad para blindar, proteger y declarar libre tu territorio libre de minería y otros proyectos del modelo extractivo (Fotocopias de tus resolutivos como Actas de asamblea agraria, Estatutos Comunitarios o Reglamento Interno, Declaratoria de Territorios Libre, Amparo, Actas de cabildo municipal, MIA´s, etc.)

También habrá espacio para trueque de materiales (trípticos, carteles, videos, periódicos murales, manuales, libros, mapas, etc.). Trae tus lonas y posters con tus consignas para que las pongas en el evento.

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: A los delegados y delegadas que se hayan inscrito se les ofrecerán alimentos y hospedaje durante el encuentro. Cupo limitado.

TRAER:
-Un plato, vaso, cuchara
-Para tu aseo personal (un jabón neutro, papel higiénico, toalla, pasta de dientes, etc)
-Prever ropa para lluvia

Érika Ramírez, Revista Contralínea

Cientos de conflictos socioambientales se mueven en el país: amenaza de despojo de recursos naturales; desplazamiento de comunidades indígenas, ejidos y espacios urbanos; contaminación ambiental y resguardo de recintos sagrados, han puesto en resistencia a organizaciones civiles, pueblos y defensores de derechos humanos en “defensa de la madre tierra”.

Unas 184 hectáreas de bosque en la comunidad San Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero, Estado de México, podrían ser devastadas. Esta zona verde ha sido afectada por la tala de árboles que conforman la metrópoli. Ahí, también se asienta la comunidad otomí encargada de preservar el área, ancestralmente.

El motivo es la construcción de un proyecto inmobiliario que pretende edificar 11 mil viviendas para unas 50 mil personas. Se trata del desarrollo “Bosques del paraíso, de la empresa Merket.

Como en otros proyectos que afectan comunidades indígenas y el medio ambiente, los habitantes de la zona supieron de él cuando se comenzó con la tala de árboles. Allí viven unas 15 mil personas que conservan los ojos de agua, el mismo bosque y especies vegetales. Es también el espacio de donde recogen las variantes de hongos que crecen de manera silvestre y utilizan para alimentarse.

Berenice Sánchez, representante de las autoridades autónomas de San Francisco Magú, relata a Contralínea: “desde el momento en que nos dimos cuenta de que se estaba talando el bosque, a mediados de noviembre de 2012, convocamos a asamblea general en el pueblo de San Francisco Magú. La asamblea es la máxima autoridad, no el ayuntamiento ni el gobierno estatal, tampoco; es el pueblo que tenía que definir lo que sucedía con este bosque. Se determinó exigir la cancelación y revocación total de todos y cada uno de los permisos que hayan extendido cada una de las dependencias”.

El proyecto inmobiliario que se pretende construir tiene un impacto ambiental y cultural, dice la joven indígena, porque vulnera los usos y costumbres de la comunidad otomí. “El hecho de que tanta gente de fuera vaya a llegar de un solo golpe a nuestra comunidad terminaría aniquilando nuestra forma de vida; además, deja en total indefensión a las futuras generaciones. Somos una zona que históricamente ha estado marginada por el municipio, nosotros contamos con nuestro propio sistema de agua potable, un sistema autónomo; de llevarse a cabo el proyecto inmobiliario, deja en total aniquilamiento la zona de recarga de los mantos acuíferos”.

El caso de San Francisco Magú ha sido observado por diversas organizaciones que se pronuncian por la defensa del medio ambiente, como la Red de Afectados Ambientales, y el problema es del conocimiento del relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, para que las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspendieran el proyecto inmobiliario.

Los conflictos y los mártires

En México existen más de 300 conflictos socioambientales, dice en entrevista el investigados Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que “existen grandes problemas ecológicos y la mayor parte de estos suponen conflictos de tipo socioambiental… Las causas de éstos, por lo regular, son las actividades industriales llevadas a cabo por empresas o corporaciones tanto nacionales como extranjeras, frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten. Ante ello, los organismos estatales, por lo general, se ponen del lado de las corporaciones o se mantienen neutrales”.

El investigador calcula que estos conflictos se han incrementado en los últimos años a unos 300, de los cuales ha dado cuenta en su obra Ecocidio en México. La batalla final es por la vida. También identifica que hasta el momento se afecta a 180 municipios en todo el país. De la tipificación, los conflictos impactan de la siguiente forma: biotecnológico, 9; energético, 35; hidráulico, 33; minero, 71; turístico, 12, y urbano, 17.

Para el académico de la UNAM, “los conflictos socioambientales no sólo generan tensión social, sino víctimas: seres humanos privados de sus medios de subsistencia, sus hogares, tradiciones y hasta su vida. Aquellos que defienden in situ a la naturaleza se enfrentan ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital, grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas y consorcios”. Expone que el Estado actúa, casi siempre, de lado del empresariado bajo los “escudos” justificativos del progreso, la modernización y el desarrollo.

(…)

 Minería, lo más conflictivo

María Fernanda Paz Salinas, investigadora del Centro de Regional de Investigaciones Multidisciplinaria (CRIM) de la UNAM, dice en entrevista que los conflictos socioambientales son la respuesta social ante este avasallamiento del capital, con anuencia y apoyo del Estado. “Lo que vemos a lo largo y ancho del país, desde Baja California hasta la península de Yucatán, tiene diversas expresiones y formas de manifestarse; pero tienen en común las respuestas ante megaproyectos que impactan sobre la vida, las actividades y el bienestar de las personas”, dice.

La académica, integrante del Programa de Estudios Socioambientales del CRIM, expone que la conflictividad socioambiental no es nueva, pero que se ha ido intensificando con los años. “Podemos encontrar conflictos que tienen que ver con la gestión ambiental, con la afectación de áreas naturales protegidas, en los bosques, comunidades y ejidos. Esto está muy vinculado al proceso de expansión del capital y una privatización de espacios públicos”.

La minería es una de las actividades que mayores conflictos ha generado en el país, y en el que los investigadores ponen especial énfasis. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina tiene documentados 37 conflictos, que coloca al país como el de mayor conflictividad, por encima de países mineros como Perú y Chile.

La conflictividad que se incrementa en el país y que ha cobrado ya la vida de más de una decena de activistas y ha amenazado a varios más, está vinculando la defensoría de los territorios.

Se trata de la “Campaña en defensa de la madre tierra y el territorio”, que acompañan 215 comunidades y pueblos de 17 estados del país, acompañados de 43 académicos, músicos, actores, actrices y religiosos.

Los conflictos que enfrentan las comunidades suscritas a la Campaña son 97 y se tipifican en proyectos de generación de energía, 34 por ciento; minería, 32 por ciento; privatización del agua, 15 por ciento; infraestructura transporte, 12 por ciento; urbanización, 11 por ciento; extracción de agua, 7 por ciento; desarrollos turísticos, 7 por ciento; contaminación ambiental, 6 por ciento; explotación forestal, 4 por ciento; no regularización de tierras, 4 por ciento; gestión del agua, 4 por ciento, y de soya transgénica, 1 por ciento.

Entre los conflictos se encuentran algunos ya conocidos, como el de San Salvador Atenco, frente al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; el Río Papagayo, en Guerrero, por la extracción de grava, y con la posible reactivación de órdenes de aprehensión contra voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.

También en Tecámac y Coyotepec, Estado de México, con las amenazas a integrantes del Sistema Autónomo de Agua Potable. Los barrios de Santo Domingo y los pueblos La Candelaria y Los Reyes, en Ciudad de México, que defienden el venero afectado por una empresa inmobiliaria.

Lo ocurrido en Xochicuautla, Estado de México, con acciones de despojo y demolición de casas e infraestructura para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca. En Amilcingo, Morelos, con el hostigamiento judicial a Eleazar Zamora y Samir Flores, defensores del territorio.

En el Río San Pedro con el intento de imposición del proyecto hidroeléctrico “Las Cruces”, por medio de una supuesta consulta al Pueblo Náyeri y en la comunidad Maya de Chablekal, Yucatán, donde se desalojó a una familia y se detuvo 4 personas.

Carlos Fazio, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, retoma el término acuñado por el politólogo Achille Mbembe de necorpolítica, “que exhibe la lógica de la política capitalista de nuestros días como ‘administración y trabajo de muerte’… Según poblaciones enteras, cuerpos y enemigos son ubicados especialmente en neocolonias, cuya administración se da bajo una lógica de guerra que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes, en un mundo que se acaba con el límite de la muerte.

Érika Ramírez

Contralínea 493 / del 20 al 25 de Junio 2016

El presente documento pretende informar y equipar a organizaciones de la sociedad civil, activistas y demás actores interesados en la reforma energética del sector eléctrico, sobre los principales cambios, riesgos y oportunidades de defensa del territorio para comunidades en México. En primer lugar, se describe el proceso legislativo que desembocó en la reforma energética y el contexto en el cual se realiza; en segundo lugar, se explicarán los cambios que trae la reforma energética en las distintas actividades que componen la industria eléctrica y en la negociación de tierras para la realización de estas actividades; en tercer lugar, se explican los riesgos que la reforma trae en lo que respecta a la defensa de los derechos territoriales de comunidades agrarias y no agrarias en México; en cuarto lugar se presentan las oportunidades de defensa, que hasta el momento han sido identificadas para líderes y organizaciones; en quinto lugar, se presenta un listado de herramientas y espacios de información disponibles que pueden ser de utilidad para conocer de antemano las zonas de riesgo y los posibles proyectos que se van a realizar con el fin de prever acciones de defensa. Una publicación de FUNDAR en colaboración con varias organizaciones, entre ellas Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).

Descargar la publicación: Defensa del territorio frente a proyectos del sector eléctrico en México (pdf, 56 pág.)

Entrevista: Gloria Muñoz Ramírez. Ojarasca 229

Gustavo Castro Soto, sociólogo y ambientalista originario de Tampico, Tamaulipas, fundó en 2007 Otros Mundos Chiapas, asociación sin fines de lucro con base en San Cristóbal de Las Casas, dedicada al análisis de impacto de megaproyectos en América Latina, especialmente mineros e hidroeléctricos. Es parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, y a escala nacional del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).

La madrugada del 3 de marzo, Castro se encontraba en Honduras, en la casa de la luchadora lenca Berta Cáceres, cuando dos sujetos entraron y la asesinaron. A él también le dispararon, pero se tiró al suelo y por una fracción de segundo salvó la vida, pues lo dieron por muerto y los sicarios huyeron. Después de un verdadero viacrucis en Honduras, regresó a México, pero su vida aún peligra. Único testigo del asesinato de Cáceres, las garras de los criminales pueden alcanzarlo.

El ambientalista había llegado apenas un día antes a la comunidad hondureña de La Esperanza, invitado a impartir un taller sobre alternativas para generar energía en las comunidades, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) del que Berta era coordinadora general. Analista y experto en políticas extractivistas, Castro analiza en entrevista para Ojarasca los tratados de libre comercio, las inversiones de los países poderosos en América Latina, los seguros de inversión y, en este contexto, las alternativas al capitalismo y los ataques a los defensores del territorio. Éstas son sus palabras.

El capitalismo voraz va por todo. Las transnacionales están adquiriendo un poder muy fuerte, de manera que en los tratados de libre comercio, las empresas buscan seguros de inversión. Que si violaron derechos humanos, les da igual, está asegurada su inversión, igual que si la gente está muriendo de cáncer por la mina que si deforestaron o construyeron una represa que mata un río como el Gualcarque. Todos los gobiernos de América Latina tienen tratados de libre comercio con Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia. Y bajo esos tratados deben modificar sus legislaciones para sustentar las inversiones, pues las empresas pueden demandar al gobierno por poner obstáculos arancelarios. Los países se ven obligados a cambiar todo el andamiaje, y ahora más con el Tratado Transpacífico, que es lo más terrible que hay.

Los gobiernos modifican su andamiaje institucional para garantizar modelos de extracción en América Latina. Y, además, cuando las trasnacionales dicen “vino tu gentucha y me bloqueó el camino, y eso es expropiación indirecta, son tu gente y me la estás poniendo”. Los gobiernos responden “no te preocupes, yo te la quito”.

Al menos hasta el 2012 había demandas de las empresas al menos por 200 mil millones de dólares contra 60 países en África, América Latina y el Caribe y Asia, porque gobiernos como los de Venezuela, Argentina o Bolivia los expulsaron por contaminar ríos y matar pueblos. El Salvador, por ejemplo, dijo que suspendía la extracción de oro y le cayeron millonadas de demandas. A Costa Rica, que declaró que no había minería de oro en ese país, se le fueron en contra.

Si un gobierno, en este caso México que en los últimos sexenios ha entregado unas 45 mil concesiones mineras sobre 95 millones de hectáreas en el país —la mitad del territorio— dijera a una de estas empresas que le quita la concesión y que se vaya, la demanda en su contra sería de tal magnitud que jamás se podría pagar.

Represas, carreteras, bancos, gasoductos, pozos, fracking, puertos, aeropuertos, hay de todo. Por eso lo que necesita el gobierno es criminalizar la protesta social, pues le resulta más barato criminalizar a los pueblos y a sus defensores que pagar las demandas de las empresas ante los tribunales internacionales. Si antes te movilizabas pacífica y legalmente para proteger tu agua, tu tierrita, o por lo que quisieras, ahora esto es un delito, es crimen organizado, atentas contra la paz. Terrorismo y secuestro. Se trata de generar miedo y desmovilización social.

En Honduras, Berta Cáceres y el Copinh se estaban enfrentando a esta situación. Después del golpe, los que quedaron al frente del gobierno de Honduras entregaron concesiones mineras a lo bestia. Son ellos los que aprobaron, entre otras cosas, las ciudades modelo. En Honduras hay muchas concesiones de represas, aunque no sirvan pues son un gran negocio en el que están metidas las constructoras. Honduras está más o menos a la mitad de Centroamérica, y hay inversiones de todo tipo. Puede generar energía eléctrica y venderla a la industria, a las ciudades modelo. Y, por otra parte, como las concesiones de minería necesitan agua, pues complementan la operación con las represas.

Otra cosa es el famoso mercado de carbón, que también lo tenemos mucho en Chiapas. Se generó un boom de represas cuando las compañías quisieron compensar las emisiones del CO2 con energía limpia según ellos; se sabe que es lo más puerco que hay y que ha sido la causa de desplazamiento, muertes, contaminación, desaparición de manglares y ecosistemas. Ese boom está en toda América Latina.

En este contexto, los defensores del territorio se la juegan pues no hay protección ni garantías a su favor. Los intereses y el negocio están por encima de cualquier otra cosa. Si tú estorbas a esos intereses, dependiendo de qué tanto, te quitan de en medio. Cuántos muertos hay. Es justo el contexto del asesinato de Berta.

Estamos ante uno de los momentos más oscuros de la historia, uno sumamente desesperanzador. A veces me niego a contagiarme, pero nos están cerrando todas las puertas y no se ve salida. Hacemos acciones legales, jurídicas, amparos, y nos siguen cerrando las puertas. ¿Cómo mantener la esperanza cuando parece que se está perdiendo la batalla? Lo veo tan difícil, y aún así me dicen que yo hablo con mucha esperanza. No sólo tenemos que pasarnos la vida en la resistencia, tenemos que construir.

Cuando explicamos en los talleres el capitalismo, decimos que capitalismo es un tren y ahí va todo el planeta. Claro, unos van en primera clase, otros en segunda, otros en tercera y otros colgados como pueden. De repente un compita migrante que va allá en el techo dice que a 500 metros hay un barranco y que el tren se va caer ahí. ¿Qué hacemos? Unos dicen que se le debe decir al chofer que frene, pero él no hace caso. Entonces deciden elegir a uno que les haga caso. Pero ya no hay tiempo para eso. Bueno, dicen otros, que cada quien agarre un pico, una pala, tumbamos la puerta, sacamos al chofer y nos ponemos nosotros. Otros dicen que mejor hay que pensarlo tranquilamente, planear bien la estrategia. Pero ya no hay tiempo.

Otros piensan que lo que hay que hacer es rezar, que Dios agarre los trenes y los eleve a su reino y los salve a todos. Otros dicen: “vamos a hacer radios comunitarias en cada uno de los vagones, panfletos para que la gente se concientice. Porque la gente no sabe por lo que estamos pasando”. Pero tampoco hay tiempo.

Unos no se han dado cuenta de que van en un tren, otros ni siquiera se han parado de sus asientos, muchos ni siquiera saben qué es un tren. Entonces uno dice “saltemos del tren”. Muchos no van a sobrevivir en el salto, pero en el intento de buscar otra cosa hay que hacerlo. Hay quien dice que se frenará con los pies de todos.

Existe una discusión interesante sobre las alternativas para América Latina. Muchos piensan que con gobiernos de izquierda esto va a cambiar, pero es como si cambiaran los choferes del tren. No van a cambiar mágicamente el capitalismo, como no van a transformar al tren en un elefante. Estás en el tren. Es el mismo, la misma dirección, y tarde o temprano llegaremos ahí, al barranco.

Por eso hay que construir una cosa distinta, saltar del tren, saltar de este sistema. Buscar otra forma para generar territorios liberados, experiencias distintas al capitalismo. No se debe cambiar sólo el combustible. No se trata de dar energía verde a un tren capitalista.

No hay una varita mágica, las alternativas se construyen en el ensayo y el error y deben ser trabajo de todos. Hay que inventar y crear alternativas, empezar a buscarle ya, porque el tren se va al barranco. Si alguien quiere dedicarse a las elecciones de un nuevo chofer, pues a ver si tiene tiempo. Algunos piensan que teniendo muchos Evo Morales, en América Latina el capitalismo va a dejar de ser capitalismo, y en esa disyuntiva están los movimientos. En el Copinh se salió de esa discusión. Dijeron “no” a la formación de un partido político, pues la identidad del movimiento social no es ser clase política.

En toda América Latina hay mucha gente en defensa de sus territorios, su lucha no es por ellos sino por el beneficio de todos. Por eso la solidaridad debe ser para todos, pues al final de cuentas es un beneficio común aunque sólo algunos pongan el pellejo. La gente está defendiendo la salud, el agua, los territorios, la vida. La responsabilidad es pareja y la respuesta tiene que ser global. Ya no tenemos tiempo, como decía Berta. No podemos hacer como que no pasa nada, ocultar la realidad, hacernos de los ojos que no ven. La lucha es de todos.

Por Susana Norman, Heriberto Paredes y Aldo Santiago. Agencia Subversiones

Si lo que sus detractores y asesinos deseaban con su muerte es el olvido, han fracasado. Berta Cáceres ahora no sólo es una figura reconocida nacional e internacionalmente, su ejemplo de lucha se ha convertido en un referente como pocos en la región mesoamericana. En una larga tradición de íconos masculinos, de próceseres de bigote y patillas largas, la figura sonriente y apacible de Berta da una vuelta a la página de las luchas centroamericanas, lo hizo con su día a día y ahora –a pesar del dolor que esto significa– su muerte es el sello de este nuevo pacto: la transformación radical de las condiciones de vida no sólo será anticapitalista, también será antipatriarcal y partirá de la defensa y conservación de los bienes comunes.

Los asesinos materiales e intelectuales de Berta Cáceres deben de estar molestos, inquietos, viviendo la incertidumbre del fracaso. Porque su crimen no sólo no sepultó la lucha de ella, además pusó en alto el papel que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha tenido en la defensa de los ríos, las tierras y el territorio, lo que en Honduras se conoce acertadamente como «bienes comunes». La persona que apretó el gatillo del arma que mató a Berta Cáceres no hizo sino atentar contra su propio proyecto de muerte. Pensaron que los proyectos de vida pueden ser acallados o destruidos con las mismas armas con las que se cometen crímenes o se borran vidas, pero no tomaron en cuenta que –aunque no se puede olvidar el padecimiento de olvido que sufrimos–, de alguna manera, la lucha se multiplicó. «Berta no murió, se multiplicó» gritan una y otra vez, mujeres y hombres, cada cinco minutos, mientras comienzan las actividades en Nacional de Ingenieros Coliseum, sede del Encuentro Internacional de los Pueblos «Berta Cáceres Vive».

Miles de personas se arremolinan para registrarse, para alcanzar comida, para acomodarse en las gradas, poco a poco se van colocando las mantas que dibujan muchas veces a Berta, los nombres de organizaciones hondureñas y de otros países centroamericanos se asoman lentamente en esta calurosa mañana del 13 de abril. Mucho de lo que ocurre, y que no siempre se aprecia, sucede gracias a las pesonas que integran la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): la limpieza, la comida, la separación de las secciones del encuentro, y, lo más importante, la realización de las ceremonias de inicio y de final en cada uno de los días de trabajo.

El sahumerio se adivina a distancia y poco a poco se acomodan los tambores y quienes danzaran, sea para abrir este encuentro o sea para cerrar la jornada. Grandes faldas de colores, danzas que comunican, maracas que dan los mensajes necesarios, danzas que son desconocidas para un mundo que se ha limitado a mirar al blanco. El pueblo garífuna marca el paso, marca el tono, reconoce la lucha de Berta Cáceres y el COPINH, los reconoce fraternalmente. No es casual que su coordinadora, Miriam Miranda, poco a poco sea considerada como la heredera del papel de Berta en el concierto de luchas hondureñas.

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El otro polo que sostiene este encuentro y que en adelante será fundamental para la lucha contra el modelo extractivista en Honduras es el mundo indígena. ¿Cuántos pueblos indígenas hay en Honduras? Se preguntará alguien; pues bien, en aquel país conviven y sobreviven, además de los garífunas, el pueblo lenca, el chorti, el pueblo pech, los tawhankas, los llamados isleños, los miskitos y el pueblo tolupan. Más de la mitad estaban representados, sea por enviados de cada pueblo o por que pertenecen ya a organizaciones presentes. Tal vez, uno de los aciertos más visibles de las hijas y el hijo de Berta al convocar a esta reunión internacional sea este, mostrar la diversidad de identidades que existen en un país tan prejuiciado que de inmediato se piensa en pandillas y miseria cuando se nombra. Hay mucho más que eso. Acierto porque, como dijo Miriam Miranda frente a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH): «Fortalecer la identidad de los pueblos es fundamental, porque sólo la identidad puede ayudar a la liberación de los pueblos».

Mesas de trabajo, micrófono abierto, ceremonias de los pueblos lenca y pech para rendir homenaje a la figura de Berta Cáceres, todo esto y las conversaciones de los pasillos en donde gente de al menos 22 países (alrededor de 1,500 personas) estuvieron conviviendo, intercambiando ideas y –al menos en las declaratorias– reforzando la solidaridad con el COPINH y las hijas e hijo en su exigencia de justicia y esclarecimiento del asesinato de su madre. Temas como militarización y la defensa de la tierra, la lucha de las mujeres y el crimen organizado fueron algunos de los tópicos más discutidos, además del tema transversal referido a la imposición de mega proyectos energéticos, sean hidroeléctricas o parques eólicos, minas o carreteras.

Se fortalece la demanda de justicia

Uno de los temas impetuosos del encuentro fue llamar a la solidaridad en la demanda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres. A poco más de un mes de su asesinato, casi nada se ha avanzado en las investigaciones. El proceso se mantiene en «secretividad» por el Ministerio Público (MP), lo cual quiere decir que la familia, así como sus abogados, no tienen acceso al expediente. «La familia de Berta ni sabe formalmente la hora de su muerte», explicó uno de los abogados que apoyan al COPINH, Víctor Fernández. Ni hay acceso al reporte de la autopsia.

Después de confusas intervenciones del Federal Bureau of Investigation (FBI) en la investigación y la negación del Estado de proporcionar cualquier tipo de información, se tiene poca confianza en que el MP esté trabajando para esclarecer los hechos. Se sospecha que el tiempo transcurrido hasta ahora se deba realmente a tapar las huellas y buscar un aval internacional para que Honduras quede «bien». La hipótesis del MP durante las primeras 48 horas –de que fue un crimen pasional– se desbarató por la declaración del mexicano Gustavo Castro, compañero de lucha de COPINH, quien sobrevivió el ataque y rindió las declaraciones pertinentes.

En el marco del Plan de Alianza por la Prosperidad entre Honduras, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, interesa que los países aparezcan estables y que el sistema de justicia aparezca funcional, pero interesa más la implementación cruda del neoliberalismo, y para esto el COPINH estorba. Así es que el encuentro se torna fundamental para convertir a la solidaridad en acción concreta y permanente para buscar la verdad. Y no sólo la verdad sobre quienes dispararon a Berta Cáceres y a Gustavo Castro, sino sobre quién dio la orden, a la vez de establecer qué estructuras económicas y políticas quisieron desaparecerla.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pronunciado que puede apoyar al Estado hondureño en la investigación. Hasta ahora no ha habido respuesta. Ante la situación, Fernández planteó una tercera vía para los y las participantes del Encuentro: «Que se desarrolle una investigación alterna, montada por las víctimas, por la solidaridad internacional. Una comisión de expertos que nos digan la verdad sobre los hechos, y que no se reduzca esta verdad al hecho puntual del crimen, sino que se revele los antecedentes que motivaron el crimen, la estructura que fue montada, y qué plan pueda existir para acabar con otros activistas en el país».  Berta Cáceres recibía amenazas de muerte, originadas en los grupos de poder contra quienes ella luchaba, y en específico por grupos aliados a la empresa DESA, que está atrás del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en el río Gualcarque, entre Intibucá y Santa Barbara en el occidente hondureño. Una de las hipótesis del movimiento social hondureño, es que sus sicarios pertenecen a los mismos grupos de choque que atacaron a la Caravana al Río Gualcarque, organizada el último día del Encuentro, el pasado 15 de abril.

Para Fernández, el Estado hondureño ha hecho tres maniobras para evitar la intervención de la CIDH. «Lo primero fue convocar a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas de derechos humanos en Honduras. Luego, una aparente petición a la embajada de los EU, y en especial al FBI. Finalmente, la petición a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Estas tres instancias han tenido una posición que avala sutilmente a la posición del gobierno. Una especie de causa común para no avalar que participe la CIDH».

«Para que haya justicia, urge una verdad que pueda prevenir futuros crímenes, desbaratar las estructuras criminales que llenan de muerte a los territorios. Para esto, compañeros, es necesario un equipo que de manera autónoma conduzca el proceso. ¿Cómo se construye? ¿Qué experiencia existe en estos temas? La investigación debe contribuir a desbaratar la estructura económica que está montada en distintos territorios del país. Ya lo decía Tomás del COPINH, son más de 50 proyectos hidroeléctricos y de energía eólica que afectan solo en el territorio lenca. ¿De qué nos sirve encontrar los responsables por el asesinato de Berta, si persisten en el territorio lenca y nacional todas estas estructuras de muerte, estructuras económicas que tienen controlado el territorio nacional?».

Los tambores baten en las calles

Bajo este contexto de solidaridad y reflexión en el segundo día del encuentro se llevó a cabo una movilización en las calles de Tegucigalpa.

Los rostros de cientos de estudiantes se tornaron desconcertados al ver y escuchar que los tambores garífunas entraban por la puerta principal de la UNAH, y que detrás de ellos venía Miriam Miranda, de la OFRANEH, encabezando una movilización bastante nutrida. Junto con ella venía una señora cargando un sahumerio que se alimentaba del tabaco que también fumaba, ella y las demás mujeres que componían el contingente a la cabeza. Detrás de esta franja multicolor marchó el COPINH, quien no bajó ni por un instante las mantas en las que el rostro de Berta Cáceres ocupaba un gran espacio, rostros de campesinos serios eran las marcas de este grupo. Embrujados con los mensajes de los tambores, el resto de los contingentes caminaba sin despegarse, lo hacía a paso firme a pesar de los casi 40 grados, mujeres y hombres de todas las edades y de muy diversas procedencias y profesiones dieron cuerpo a esta movilización.

A pesar de que este acto no tuvo un mensaje central en concreto sino que fue la expresión de muchas demandas y una muestra de repudio ante el asesinato de la coordinadora general del COPINH, Miriam Miranda dio unas palabras al interior de la universidad, un mensaje conciso que refleja muy bien la situación actual hondureña, tanto de desigualdad y despojo como de necesidad organizativa para luchar en contra de este modelo de muerte:

«Los que estamos participando en el Encuentro Internacional de los Pueblos estamos visitando a la universidad porque confiamos y creemos que la máxima casa de estudios debe ser liberadora de los pueblos, la máxima casa de estudios debe generar profesionales que cambien los pueblos. Estamos viviendo una dictadura en este país y la universidad no se escapa a esa dictadura, creemos que la vocación debe ser para liberarnos, no para someternos, por eso es que hemos venido con nuestros tambores el día de hoy, representantes de más de 22 países que estamos luchando por los bienes comunes, los árboles, el agua, el sol, la tierra, los recursos de los bienes comunes de todos nosotros. No son propiedad de una sola persona.

Sabemos que en esta máxima casa de estudios no se enseña ni se educa para liberar, están educándonos para someternos, para ser serviles, tenemos que luchar por una univarsidad liberadora, por una academia que acompañe las luchas de los pueblos, por eso es que nosotros creemos que en esta universidad se debe educar y entender qué hacen los tambores con el pueblo garífuna, qué significan los saumerios, qué significa la identidad de los pueblos, por que la identidad de los pueblos es la que nos libera, no hay forma de liberar un pueblo si no se estudia la cultura, si no se estudia la espiritualidad, si no se fomenta la identidad del pueblo y para eso tenemos que luchar.

Por eso les visitamos a ustedes estudiantes, no para que se asusten con los tambores, porque los tambores no son únicamente para bailar también es un medio de comunicación, es un medio que comunica lo que significan los pueblos, cuál es el sentir y el pensamiento de los pueblos. Estamos aquí para transmitir esa lucha de Berta Cáceres, ella luchó por la liberación, no sólo de los árboles y los ríos, también de la educación, por eso es que hoy les estamos invitando, estudiantes, a que nos acerquemos a conocernos a nosotros mismos como hondureños, para que los hondureños y las hondureñas sepamos quiénes somos, para que no sigan transmitiéndonos basura por los medios de comunicación que nos alejan de la identidad del pueblo hondureño. ¡Berta no murió, se multiplicó! ¡Berta no murió, se multiplicó!

Por eso les hemos visitado estudiantes, muchos de nuestros hijos quisieran pasar por esta casa máxima de estudios y no hay acceso, creemos que debe ser una educación liberadora, gratuita y que fortalezca la identidad. ¡No nos tengan miedo, compañeros y compañeras, súmense con nosotros, súmense a la lucha!»

Los compromisos asumidos por las organizaciones presentes se concretaron en algunos puntos que aparecen en la declaratoria final del encuentro pero que vale la pena resaltar ya que se asumieron como un compromiso para llevarlos a cabo: en primer lugar, verdad y justicia ante el crimen de Berta Cáceres Flores, que significa el impulso de una investigación a cargo de un equipo que tome en cuenta el contexto en que ella hacia su práctica política y que identifique la totalidad de autores materiales e intelectuales de su asesinato y de otros que son parte de su proyecto de muerte; el retiro de DESA del territorio lenca, la liberación del río Gualcarque, luchar por la convergencia de sinergias colectivas, mecanismos de comunicación, acciones territoriales, conformación de un equipo de trabajo con respaldo de la experiencia internacional que logre la anulación de los proyectos extractivistas en territorios hondureños; el retiro definitivo de la presencia militar de los territorios indígenas, populares, rurales y urbanos; y finalmente, el reconocimiento del COPINH como la organización responsable de velar por la protección de su territorio al igual que la OFRANEH y distintas organizaciones legítimas de los pueblos originarios.

La violencia que no cesa

Pese a la denuncia sobre la militarización de Honduras que arreció en las calles de Tegucigalpa, el día 15 de abril, durante un ejercicio de control territorial que unió esfuerzos de organizaciones internacionales y al COPINH en una caravana hacia el río Gualcarque, miembros de la resistencia lenca y observadores extranjeros fueron agredidos por empleados de Desarrollos Energéticos (DESA).

Los atacantes, armados con machetes y piedras, argumentaron, como aliciente a sus acciones, el supuesto beneficio en proyectos de educación, servicios públicos básicos y trabajos porporcionados por DESA. Durante horas permanecieron al borde del camino hacia el río Gualcarque, hostigando y amenazando a los integrantes de la caravana, ante la mirada y actuar cómplice de la policía nacional que se negó a desarmarlos y a sólo un par de kilómetros del ejército que se despliega en la zona para fungir como guardias de seguridad para las instalaciones de DESA.

Terminada la ceremonia al margen del río, cuando los asistentes regresaban a los autobuses ocurrió el ataque en el mismo lugar donde el 20 de febrero fuera agredida Berta Cáceres. Testimonios describieron a un grupo de 20 hombres armados, algunos en estado de ebriedad que sugerían haber participado en el asesinato de Berta al tiempo que buscaban a Tomás Membreño, actual coordinador del COPINH y agredían a otros tres de sus miembros. Un reportero extranjero fue golpeado y amenazado además de que un líder del Bajo Aguan, Vitalino Álvarez y un acompañante español fueron fuertemente golpeados.

Entre los agresores, se identificó a un sicario con un asesinato en sus antecedentes criminales, quien además presume haber amenazado de muerte a miembros del COPINH, incluída Berta. Sólo dos semanas antes de su asesinato, Cáceres denunció el trabajo que realiza el sicario para DESA y evidenció su vinculación por el hecho de ser liberado de custodia policial a través de una negociación entre Jorge Ávila, jefe de seguridad de DESA y el corrupto cuerpo policiaco.

Este ataque reciente es parte de una larga persecución judicial, política y paramilitar contra el COPINH, la cual Berta denunció cuando la militarización invadió las tierras lencas y que ha arrebatado la vida de cinco de los integrantes del COPINH, que mantiene su lucha pacífica, pero enérgica, frente a un régimen local brutal y violento auxiliado por el capital global y las estrategias, armas y aparatos de represión norteamericanos.

El territorio del pueblo lenca es uno de los mas golpeados desde la aprobación de la Ley General de Aguas a un mes del golpe de Estado, el pasado 28 de junio de 2009, punto de inicio para imponer la construcción de más de 50 proyectos entre hidroeléctricas, eólicas y mineras en sus tierras. Aunado al ajuste normativo hondureño, los falsos discursos legitimados por instituciones globales como la ONU sobre cuidado ambiental y la promoción de la mercantilización de los bienes, la vida y la naturaleza a través de los fondos de Mecanismo de Desarrollo Limpio ha servido para justificar el despojo territorial que se respalda a través de transacciones entre bancos para el «desarrollo» europeos y corporaciones centroamericanas junto a capital chino con intereses en otros proyectos de infraestructura estratégicos –y devastadores– como el canal de Nicaragua.

Por ello, el próximo 28 de abril, miembros del COPINH, realizarán un plantón frente a las instalaciones de los bancos FMO y Finn Fund, financiadores de DESA, la cual ha violentado los derechos de la población indígena Lenca y es culpable del asesinato de Berta Cáceres.

A pesar del duro golpe que significó su asesinato, justo como no se lo esperaban sus asesinos, su ejemplo ha mantenido la unidad dentro de muchas organizaciones; aún queda mucho por ver y analizar en el terreno de la lucha por la vida y los «bienes comunes».

«Rio Blanco es un mal ejemplo para los intereses de los capitales porque ha demostrado que sí es posible echar atrás proyectos de dominación, privatización; demuestra que si es posible sacar una trasnacional invasora como hace 500 años, eso es parte de la lucha legítima del pueblo lenca que la maquinaria represiva ha pretendido criminalizar y no vamos aceptar que sea criminalizado».

La palabra de Berta vive.

Compartimos la publicación de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Pienso, luego Resisto. Experiencias de protección y promoción de derechos construidas desde la base en contextos de grandes inversiones.

Vía Movimiento M4

Introducción

Las personas defensoras de derechos humanos son actores clave en el ámbito de las empresas y los derechos humanos. Tienen una perspectiva única a la hora de hacer valer la protección y el respeto de los derechos humanos en el contexto de proyectos económicos de gran escala. A menudo, tienen un profundo conocimiento de la situación y del contexto local, y una sólida comprensión de las necesidades de las comunidades. Las personas defensoras desempeñan un papel fundamental a la hora de defender los derechos de la población local y advertir de determinados riesgos. También son fundamentales para sensibilizar en los planos nacional e internacional, para advertir de un conflicto violento inminente y para documentar, denunciar y divulgar información cuando ya se han producido violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, los proyectos en terreno de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) reciben cada vez más peticiones de acompañamiento y protección por parte de personas, organizaciones y comunidades que defienden o promueven derechos ante inversiones a gran escala. Con demasiada frecuencia estas personas defensoras carecen de garantías básicas para su seguridad y están expuestas a campañas de difamación y persecución legal diseñadas para obstaculizar su trabajo junto a los titulares de derechos y las víctimas. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos ha alertado en distintas ocasiones de que este grupo de personas se encuentra entre los más vulnerables. Según Global Witness, al menos 908 personas defensoras han sido asesinadas desde 2002 en el contexto de una mayor competencia por el uso de la tierra y los recursos naturales. El informe anual de Frontline Defenders 2016 identifica al grupo de personas defensoras con mayor riesgo: aquellas que se dedican a defender la tierra, proteger al medio ambiente y a los pueblos indígenas. Asimismo expresa preocupación por las mujeres defensoras quienes están expuestas, no solamente a los riesgos que implica su tarea, sino también a la violencia de género, el hostigamiento y la estigmatización.

El sistema legal a menudo está en su contra. PBI ha observado un aumento de los procesos de criminalización de personas que trabajan en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Se enfrenta, por ejemplo, a campañas de difamación, acusaciones legales que posteriormente se muestran infundadas, investigaciones y procesos judiciales prolongados y que no respetan el debido proceso. Con frecuencia las personas defensoras tienen que hacer frente a falsos cargos y tratos arbitrarios, sufriendo al mismo tiempo la impunidad en la que caen los casos de investigación de ataques en su contra. En muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas por los Estados no se encuentran adaptadas a las necesidades específicas de los defensores y defensoras que trabajan sobre este tema o no son implementadas eficazmente. El resultado es que las comunidades y los individuos afectados tienen una menor capacidad para reclamar sus derechos, al tiempo que la probabilidad de nuevas agresiones en su contra aumenta. Es esencial que el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos sea respetado y respaldado por los Estados, los organismos multilaterales y las empresas.

En la presente publicación queremos compartir nuestras preocupaciones por la situación que enfrentan personas, organizaciones y comunidades que promueven y defienden los derechos humanos en este ámbito, a través de estudios de casos y entrevistas a personas defensoras acompañados por PBI en Colombia, Guatemala, Honduras y México. Se muestran las amenazas, hostigamiento e inseguridad en que trabajan las personas defensoras en el contexto de grandes inversiones. También los logros alcanzados por su labor así como las experiencias de buenas prácticas por parte de misiones y delegaciones de la UE presenciadas por PBI. Los artículos destacan las experiencias y herramientas de protección y promoción de los derechos humanos construidas desde la base por las personas, organizaciones y comunidades afectadas por diferentes proyectos de inversión. Para terminar, se realizan algunas recomendaciones a la comunidad internacional basadas en nuestro propio trabajo y experiencia en la prevención de procesos violentos y así poder responder a las amenazas y ataques, haciendo mención a los instrumentos y mecanismos de protección previstos por las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

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