Categoría: Resistencias Antisistemicas

Entrevista: Gloria Muñoz Ramírez. Ojarasca 229

Gustavo Castro Soto, sociólogo y ambientalista originario de Tampico, Tamaulipas, fundó en 2007 Otros Mundos Chiapas, asociación sin fines de lucro con base en San Cristóbal de Las Casas, dedicada al análisis de impacto de megaproyectos en América Latina, especialmente mineros e hidroeléctricos. Es parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, y a escala nacional del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).

La madrugada del 3 de marzo, Castro se encontraba en Honduras, en la casa de la luchadora lenca Berta Cáceres, cuando dos sujetos entraron y la asesinaron. A él también le dispararon, pero se tiró al suelo y por una fracción de segundo salvó la vida, pues lo dieron por muerto y los sicarios huyeron. Después de un verdadero viacrucis en Honduras, regresó a México, pero su vida aún peligra. Único testigo del asesinato de Cáceres, las garras de los criminales pueden alcanzarlo.

El ambientalista había llegado apenas un día antes a la comunidad hondureña de La Esperanza, invitado a impartir un taller sobre alternativas para generar energía en las comunidades, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) del que Berta era coordinadora general. Analista y experto en políticas extractivistas, Castro analiza en entrevista para Ojarasca los tratados de libre comercio, las inversiones de los países poderosos en América Latina, los seguros de inversión y, en este contexto, las alternativas al capitalismo y los ataques a los defensores del territorio. Éstas son sus palabras.

El capitalismo voraz va por todo. Las transnacionales están adquiriendo un poder muy fuerte, de manera que en los tratados de libre comercio, las empresas buscan seguros de inversión. Que si violaron derechos humanos, les da igual, está asegurada su inversión, igual que si la gente está muriendo de cáncer por la mina que si deforestaron o construyeron una represa que mata un río como el Gualcarque. Todos los gobiernos de América Latina tienen tratados de libre comercio con Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia. Y bajo esos tratados deben modificar sus legislaciones para sustentar las inversiones, pues las empresas pueden demandar al gobierno por poner obstáculos arancelarios. Los países se ven obligados a cambiar todo el andamiaje, y ahora más con el Tratado Transpacífico, que es lo más terrible que hay.

Los gobiernos modifican su andamiaje institucional para garantizar modelos de extracción en América Latina. Y, además, cuando las trasnacionales dicen “vino tu gentucha y me bloqueó el camino, y eso es expropiación indirecta, son tu gente y me la estás poniendo”. Los gobiernos responden “no te preocupes, yo te la quito”.

Al menos hasta el 2012 había demandas de las empresas al menos por 200 mil millones de dólares contra 60 países en África, América Latina y el Caribe y Asia, porque gobiernos como los de Venezuela, Argentina o Bolivia los expulsaron por contaminar ríos y matar pueblos. El Salvador, por ejemplo, dijo que suspendía la extracción de oro y le cayeron millonadas de demandas. A Costa Rica, que declaró que no había minería de oro en ese país, se le fueron en contra.

Si un gobierno, en este caso México que en los últimos sexenios ha entregado unas 45 mil concesiones mineras sobre 95 millones de hectáreas en el país —la mitad del territorio— dijera a una de estas empresas que le quita la concesión y que se vaya, la demanda en su contra sería de tal magnitud que jamás se podría pagar.

Represas, carreteras, bancos, gasoductos, pozos, fracking, puertos, aeropuertos, hay de todo. Por eso lo que necesita el gobierno es criminalizar la protesta social, pues le resulta más barato criminalizar a los pueblos y a sus defensores que pagar las demandas de las empresas ante los tribunales internacionales. Si antes te movilizabas pacífica y legalmente para proteger tu agua, tu tierrita, o por lo que quisieras, ahora esto es un delito, es crimen organizado, atentas contra la paz. Terrorismo y secuestro. Se trata de generar miedo y desmovilización social.

En Honduras, Berta Cáceres y el Copinh se estaban enfrentando a esta situación. Después del golpe, los que quedaron al frente del gobierno de Honduras entregaron concesiones mineras a lo bestia. Son ellos los que aprobaron, entre otras cosas, las ciudades modelo. En Honduras hay muchas concesiones de represas, aunque no sirvan pues son un gran negocio en el que están metidas las constructoras. Honduras está más o menos a la mitad de Centroamérica, y hay inversiones de todo tipo. Puede generar energía eléctrica y venderla a la industria, a las ciudades modelo. Y, por otra parte, como las concesiones de minería necesitan agua, pues complementan la operación con las represas.

Otra cosa es el famoso mercado de carbón, que también lo tenemos mucho en Chiapas. Se generó un boom de represas cuando las compañías quisieron compensar las emisiones del CO2 con energía limpia según ellos; se sabe que es lo más puerco que hay y que ha sido la causa de desplazamiento, muertes, contaminación, desaparición de manglares y ecosistemas. Ese boom está en toda América Latina.

En este contexto, los defensores del territorio se la juegan pues no hay protección ni garantías a su favor. Los intereses y el negocio están por encima de cualquier otra cosa. Si tú estorbas a esos intereses, dependiendo de qué tanto, te quitan de en medio. Cuántos muertos hay. Es justo el contexto del asesinato de Berta.

Estamos ante uno de los momentos más oscuros de la historia, uno sumamente desesperanzador. A veces me niego a contagiarme, pero nos están cerrando todas las puertas y no se ve salida. Hacemos acciones legales, jurídicas, amparos, y nos siguen cerrando las puertas. ¿Cómo mantener la esperanza cuando parece que se está perdiendo la batalla? Lo veo tan difícil, y aún así me dicen que yo hablo con mucha esperanza. No sólo tenemos que pasarnos la vida en la resistencia, tenemos que construir.

Cuando explicamos en los talleres el capitalismo, decimos que capitalismo es un tren y ahí va todo el planeta. Claro, unos van en primera clase, otros en segunda, otros en tercera y otros colgados como pueden. De repente un compita migrante que va allá en el techo dice que a 500 metros hay un barranco y que el tren se va caer ahí. ¿Qué hacemos? Unos dicen que se le debe decir al chofer que frene, pero él no hace caso. Entonces deciden elegir a uno que les haga caso. Pero ya no hay tiempo para eso. Bueno, dicen otros, que cada quien agarre un pico, una pala, tumbamos la puerta, sacamos al chofer y nos ponemos nosotros. Otros dicen que mejor hay que pensarlo tranquilamente, planear bien la estrategia. Pero ya no hay tiempo.

Otros piensan que lo que hay que hacer es rezar, que Dios agarre los trenes y los eleve a su reino y los salve a todos. Otros dicen: “vamos a hacer radios comunitarias en cada uno de los vagones, panfletos para que la gente se concientice. Porque la gente no sabe por lo que estamos pasando”. Pero tampoco hay tiempo.

Unos no se han dado cuenta de que van en un tren, otros ni siquiera se han parado de sus asientos, muchos ni siquiera saben qué es un tren. Entonces uno dice “saltemos del tren”. Muchos no van a sobrevivir en el salto, pero en el intento de buscar otra cosa hay que hacerlo. Hay quien dice que se frenará con los pies de todos.

Existe una discusión interesante sobre las alternativas para América Latina. Muchos piensan que con gobiernos de izquierda esto va a cambiar, pero es como si cambiaran los choferes del tren. No van a cambiar mágicamente el capitalismo, como no van a transformar al tren en un elefante. Estás en el tren. Es el mismo, la misma dirección, y tarde o temprano llegaremos ahí, al barranco.

Por eso hay que construir una cosa distinta, saltar del tren, saltar de este sistema. Buscar otra forma para generar territorios liberados, experiencias distintas al capitalismo. No se debe cambiar sólo el combustible. No se trata de dar energía verde a un tren capitalista.

No hay una varita mágica, las alternativas se construyen en el ensayo y el error y deben ser trabajo de todos. Hay que inventar y crear alternativas, empezar a buscarle ya, porque el tren se va al barranco. Si alguien quiere dedicarse a las elecciones de un nuevo chofer, pues a ver si tiene tiempo. Algunos piensan que teniendo muchos Evo Morales, en América Latina el capitalismo va a dejar de ser capitalismo, y en esa disyuntiva están los movimientos. En el Copinh se salió de esa discusión. Dijeron “no” a la formación de un partido político, pues la identidad del movimiento social no es ser clase política.

En toda América Latina hay mucha gente en defensa de sus territorios, su lucha no es por ellos sino por el beneficio de todos. Por eso la solidaridad debe ser para todos, pues al final de cuentas es un beneficio común aunque sólo algunos pongan el pellejo. La gente está defendiendo la salud, el agua, los territorios, la vida. La responsabilidad es pareja y la respuesta tiene que ser global. Ya no tenemos tiempo, como decía Berta. No podemos hacer como que no pasa nada, ocultar la realidad, hacernos de los ojos que no ven. La lucha es de todos.

Por Susana Norman, Heriberto Paredes y Aldo Santiago. Agencia Subversiones

Si lo que sus detractores y asesinos deseaban con su muerte es el olvido, han fracasado. Berta Cáceres ahora no sólo es una figura reconocida nacional e internacionalmente, su ejemplo de lucha se ha convertido en un referente como pocos en la región mesoamericana. En una larga tradición de íconos masculinos, de próceseres de bigote y patillas largas, la figura sonriente y apacible de Berta da una vuelta a la página de las luchas centroamericanas, lo hizo con su día a día y ahora –a pesar del dolor que esto significa– su muerte es el sello de este nuevo pacto: la transformación radical de las condiciones de vida no sólo será anticapitalista, también será antipatriarcal y partirá de la defensa y conservación de los bienes comunes.

Los asesinos materiales e intelectuales de Berta Cáceres deben de estar molestos, inquietos, viviendo la incertidumbre del fracaso. Porque su crimen no sólo no sepultó la lucha de ella, además pusó en alto el papel que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha tenido en la defensa de los ríos, las tierras y el territorio, lo que en Honduras se conoce acertadamente como «bienes comunes». La persona que apretó el gatillo del arma que mató a Berta Cáceres no hizo sino atentar contra su propio proyecto de muerte. Pensaron que los proyectos de vida pueden ser acallados o destruidos con las mismas armas con las que se cometen crímenes o se borran vidas, pero no tomaron en cuenta que –aunque no se puede olvidar el padecimiento de olvido que sufrimos–, de alguna manera, la lucha se multiplicó. «Berta no murió, se multiplicó» gritan una y otra vez, mujeres y hombres, cada cinco minutos, mientras comienzan las actividades en Nacional de Ingenieros Coliseum, sede del Encuentro Internacional de los Pueblos «Berta Cáceres Vive».

Miles de personas se arremolinan para registrarse, para alcanzar comida, para acomodarse en las gradas, poco a poco se van colocando las mantas que dibujan muchas veces a Berta, los nombres de organizaciones hondureñas y de otros países centroamericanos se asoman lentamente en esta calurosa mañana del 13 de abril. Mucho de lo que ocurre, y que no siempre se aprecia, sucede gracias a las pesonas que integran la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): la limpieza, la comida, la separación de las secciones del encuentro, y, lo más importante, la realización de las ceremonias de inicio y de final en cada uno de los días de trabajo.

El sahumerio se adivina a distancia y poco a poco se acomodan los tambores y quienes danzaran, sea para abrir este encuentro o sea para cerrar la jornada. Grandes faldas de colores, danzas que comunican, maracas que dan los mensajes necesarios, danzas que son desconocidas para un mundo que se ha limitado a mirar al blanco. El pueblo garífuna marca el paso, marca el tono, reconoce la lucha de Berta Cáceres y el COPINH, los reconoce fraternalmente. No es casual que su coordinadora, Miriam Miranda, poco a poco sea considerada como la heredera del papel de Berta en el concierto de luchas hondureñas.

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El otro polo que sostiene este encuentro y que en adelante será fundamental para la lucha contra el modelo extractivista en Honduras es el mundo indígena. ¿Cuántos pueblos indígenas hay en Honduras? Se preguntará alguien; pues bien, en aquel país conviven y sobreviven, además de los garífunas, el pueblo lenca, el chorti, el pueblo pech, los tawhankas, los llamados isleños, los miskitos y el pueblo tolupan. Más de la mitad estaban representados, sea por enviados de cada pueblo o por que pertenecen ya a organizaciones presentes. Tal vez, uno de los aciertos más visibles de las hijas y el hijo de Berta al convocar a esta reunión internacional sea este, mostrar la diversidad de identidades que existen en un país tan prejuiciado que de inmediato se piensa en pandillas y miseria cuando se nombra. Hay mucho más que eso. Acierto porque, como dijo Miriam Miranda frente a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH): «Fortalecer la identidad de los pueblos es fundamental, porque sólo la identidad puede ayudar a la liberación de los pueblos».

Mesas de trabajo, micrófono abierto, ceremonias de los pueblos lenca y pech para rendir homenaje a la figura de Berta Cáceres, todo esto y las conversaciones de los pasillos en donde gente de al menos 22 países (alrededor de 1,500 personas) estuvieron conviviendo, intercambiando ideas y –al menos en las declaratorias– reforzando la solidaridad con el COPINH y las hijas e hijo en su exigencia de justicia y esclarecimiento del asesinato de su madre. Temas como militarización y la defensa de la tierra, la lucha de las mujeres y el crimen organizado fueron algunos de los tópicos más discutidos, además del tema transversal referido a la imposición de mega proyectos energéticos, sean hidroeléctricas o parques eólicos, minas o carreteras.

Se fortalece la demanda de justicia

Uno de los temas impetuosos del encuentro fue llamar a la solidaridad en la demanda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres. A poco más de un mes de su asesinato, casi nada se ha avanzado en las investigaciones. El proceso se mantiene en «secretividad» por el Ministerio Público (MP), lo cual quiere decir que la familia, así como sus abogados, no tienen acceso al expediente. «La familia de Berta ni sabe formalmente la hora de su muerte», explicó uno de los abogados que apoyan al COPINH, Víctor Fernández. Ni hay acceso al reporte de la autopsia.

Después de confusas intervenciones del Federal Bureau of Investigation (FBI) en la investigación y la negación del Estado de proporcionar cualquier tipo de información, se tiene poca confianza en que el MP esté trabajando para esclarecer los hechos. Se sospecha que el tiempo transcurrido hasta ahora se deba realmente a tapar las huellas y buscar un aval internacional para que Honduras quede «bien». La hipótesis del MP durante las primeras 48 horas –de que fue un crimen pasional– se desbarató por la declaración del mexicano Gustavo Castro, compañero de lucha de COPINH, quien sobrevivió el ataque y rindió las declaraciones pertinentes.

En el marco del Plan de Alianza por la Prosperidad entre Honduras, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, interesa que los países aparezcan estables y que el sistema de justicia aparezca funcional, pero interesa más la implementación cruda del neoliberalismo, y para esto el COPINH estorba. Así es que el encuentro se torna fundamental para convertir a la solidaridad en acción concreta y permanente para buscar la verdad. Y no sólo la verdad sobre quienes dispararon a Berta Cáceres y a Gustavo Castro, sino sobre quién dio la orden, a la vez de establecer qué estructuras económicas y políticas quisieron desaparecerla.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pronunciado que puede apoyar al Estado hondureño en la investigación. Hasta ahora no ha habido respuesta. Ante la situación, Fernández planteó una tercera vía para los y las participantes del Encuentro: «Que se desarrolle una investigación alterna, montada por las víctimas, por la solidaridad internacional. Una comisión de expertos que nos digan la verdad sobre los hechos, y que no se reduzca esta verdad al hecho puntual del crimen, sino que se revele los antecedentes que motivaron el crimen, la estructura que fue montada, y qué plan pueda existir para acabar con otros activistas en el país».  Berta Cáceres recibía amenazas de muerte, originadas en los grupos de poder contra quienes ella luchaba, y en específico por grupos aliados a la empresa DESA, que está atrás del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en el río Gualcarque, entre Intibucá y Santa Barbara en el occidente hondureño. Una de las hipótesis del movimiento social hondureño, es que sus sicarios pertenecen a los mismos grupos de choque que atacaron a la Caravana al Río Gualcarque, organizada el último día del Encuentro, el pasado 15 de abril.

Para Fernández, el Estado hondureño ha hecho tres maniobras para evitar la intervención de la CIDH. «Lo primero fue convocar a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas de derechos humanos en Honduras. Luego, una aparente petición a la embajada de los EU, y en especial al FBI. Finalmente, la petición a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Estas tres instancias han tenido una posición que avala sutilmente a la posición del gobierno. Una especie de causa común para no avalar que participe la CIDH».

«Para que haya justicia, urge una verdad que pueda prevenir futuros crímenes, desbaratar las estructuras criminales que llenan de muerte a los territorios. Para esto, compañeros, es necesario un equipo que de manera autónoma conduzca el proceso. ¿Cómo se construye? ¿Qué experiencia existe en estos temas? La investigación debe contribuir a desbaratar la estructura económica que está montada en distintos territorios del país. Ya lo decía Tomás del COPINH, son más de 50 proyectos hidroeléctricos y de energía eólica que afectan solo en el territorio lenca. ¿De qué nos sirve encontrar los responsables por el asesinato de Berta, si persisten en el territorio lenca y nacional todas estas estructuras de muerte, estructuras económicas que tienen controlado el territorio nacional?».

Los tambores baten en las calles

Bajo este contexto de solidaridad y reflexión en el segundo día del encuentro se llevó a cabo una movilización en las calles de Tegucigalpa.

Los rostros de cientos de estudiantes se tornaron desconcertados al ver y escuchar que los tambores garífunas entraban por la puerta principal de la UNAH, y que detrás de ellos venía Miriam Miranda, de la OFRANEH, encabezando una movilización bastante nutrida. Junto con ella venía una señora cargando un sahumerio que se alimentaba del tabaco que también fumaba, ella y las demás mujeres que componían el contingente a la cabeza. Detrás de esta franja multicolor marchó el COPINH, quien no bajó ni por un instante las mantas en las que el rostro de Berta Cáceres ocupaba un gran espacio, rostros de campesinos serios eran las marcas de este grupo. Embrujados con los mensajes de los tambores, el resto de los contingentes caminaba sin despegarse, lo hacía a paso firme a pesar de los casi 40 grados, mujeres y hombres de todas las edades y de muy diversas procedencias y profesiones dieron cuerpo a esta movilización.

A pesar de que este acto no tuvo un mensaje central en concreto sino que fue la expresión de muchas demandas y una muestra de repudio ante el asesinato de la coordinadora general del COPINH, Miriam Miranda dio unas palabras al interior de la universidad, un mensaje conciso que refleja muy bien la situación actual hondureña, tanto de desigualdad y despojo como de necesidad organizativa para luchar en contra de este modelo de muerte:

«Los que estamos participando en el Encuentro Internacional de los Pueblos estamos visitando a la universidad porque confiamos y creemos que la máxima casa de estudios debe ser liberadora de los pueblos, la máxima casa de estudios debe generar profesionales que cambien los pueblos. Estamos viviendo una dictadura en este país y la universidad no se escapa a esa dictadura, creemos que la vocación debe ser para liberarnos, no para someternos, por eso es que hemos venido con nuestros tambores el día de hoy, representantes de más de 22 países que estamos luchando por los bienes comunes, los árboles, el agua, el sol, la tierra, los recursos de los bienes comunes de todos nosotros. No son propiedad de una sola persona.

Sabemos que en esta máxima casa de estudios no se enseña ni se educa para liberar, están educándonos para someternos, para ser serviles, tenemos que luchar por una univarsidad liberadora, por una academia que acompañe las luchas de los pueblos, por eso es que nosotros creemos que en esta universidad se debe educar y entender qué hacen los tambores con el pueblo garífuna, qué significan los saumerios, qué significa la identidad de los pueblos, por que la identidad de los pueblos es la que nos libera, no hay forma de liberar un pueblo si no se estudia la cultura, si no se estudia la espiritualidad, si no se fomenta la identidad del pueblo y para eso tenemos que luchar.

Por eso les visitamos a ustedes estudiantes, no para que se asusten con los tambores, porque los tambores no son únicamente para bailar también es un medio de comunicación, es un medio que comunica lo que significan los pueblos, cuál es el sentir y el pensamiento de los pueblos. Estamos aquí para transmitir esa lucha de Berta Cáceres, ella luchó por la liberación, no sólo de los árboles y los ríos, también de la educación, por eso es que hoy les estamos invitando, estudiantes, a que nos acerquemos a conocernos a nosotros mismos como hondureños, para que los hondureños y las hondureñas sepamos quiénes somos, para que no sigan transmitiéndonos basura por los medios de comunicación que nos alejan de la identidad del pueblo hondureño. ¡Berta no murió, se multiplicó! ¡Berta no murió, se multiplicó!

Por eso les hemos visitado estudiantes, muchos de nuestros hijos quisieran pasar por esta casa máxima de estudios y no hay acceso, creemos que debe ser una educación liberadora, gratuita y que fortalezca la identidad. ¡No nos tengan miedo, compañeros y compañeras, súmense con nosotros, súmense a la lucha!»

Los compromisos asumidos por las organizaciones presentes se concretaron en algunos puntos que aparecen en la declaratoria final del encuentro pero que vale la pena resaltar ya que se asumieron como un compromiso para llevarlos a cabo: en primer lugar, verdad y justicia ante el crimen de Berta Cáceres Flores, que significa el impulso de una investigación a cargo de un equipo que tome en cuenta el contexto en que ella hacia su práctica política y que identifique la totalidad de autores materiales e intelectuales de su asesinato y de otros que son parte de su proyecto de muerte; el retiro de DESA del territorio lenca, la liberación del río Gualcarque, luchar por la convergencia de sinergias colectivas, mecanismos de comunicación, acciones territoriales, conformación de un equipo de trabajo con respaldo de la experiencia internacional que logre la anulación de los proyectos extractivistas en territorios hondureños; el retiro definitivo de la presencia militar de los territorios indígenas, populares, rurales y urbanos; y finalmente, el reconocimiento del COPINH como la organización responsable de velar por la protección de su territorio al igual que la OFRANEH y distintas organizaciones legítimas de los pueblos originarios.

La violencia que no cesa

Pese a la denuncia sobre la militarización de Honduras que arreció en las calles de Tegucigalpa, el día 15 de abril, durante un ejercicio de control territorial que unió esfuerzos de organizaciones internacionales y al COPINH en una caravana hacia el río Gualcarque, miembros de la resistencia lenca y observadores extranjeros fueron agredidos por empleados de Desarrollos Energéticos (DESA).

Los atacantes, armados con machetes y piedras, argumentaron, como aliciente a sus acciones, el supuesto beneficio en proyectos de educación, servicios públicos básicos y trabajos porporcionados por DESA. Durante horas permanecieron al borde del camino hacia el río Gualcarque, hostigando y amenazando a los integrantes de la caravana, ante la mirada y actuar cómplice de la policía nacional que se negó a desarmarlos y a sólo un par de kilómetros del ejército que se despliega en la zona para fungir como guardias de seguridad para las instalaciones de DESA.

Terminada la ceremonia al margen del río, cuando los asistentes regresaban a los autobuses ocurrió el ataque en el mismo lugar donde el 20 de febrero fuera agredida Berta Cáceres. Testimonios describieron a un grupo de 20 hombres armados, algunos en estado de ebriedad que sugerían haber participado en el asesinato de Berta al tiempo que buscaban a Tomás Membreño, actual coordinador del COPINH y agredían a otros tres de sus miembros. Un reportero extranjero fue golpeado y amenazado además de que un líder del Bajo Aguan, Vitalino Álvarez y un acompañante español fueron fuertemente golpeados.

Entre los agresores, se identificó a un sicario con un asesinato en sus antecedentes criminales, quien además presume haber amenazado de muerte a miembros del COPINH, incluída Berta. Sólo dos semanas antes de su asesinato, Cáceres denunció el trabajo que realiza el sicario para DESA y evidenció su vinculación por el hecho de ser liberado de custodia policial a través de una negociación entre Jorge Ávila, jefe de seguridad de DESA y el corrupto cuerpo policiaco.

Este ataque reciente es parte de una larga persecución judicial, política y paramilitar contra el COPINH, la cual Berta denunció cuando la militarización invadió las tierras lencas y que ha arrebatado la vida de cinco de los integrantes del COPINH, que mantiene su lucha pacífica, pero enérgica, frente a un régimen local brutal y violento auxiliado por el capital global y las estrategias, armas y aparatos de represión norteamericanos.

El territorio del pueblo lenca es uno de los mas golpeados desde la aprobación de la Ley General de Aguas a un mes del golpe de Estado, el pasado 28 de junio de 2009, punto de inicio para imponer la construcción de más de 50 proyectos entre hidroeléctricas, eólicas y mineras en sus tierras. Aunado al ajuste normativo hondureño, los falsos discursos legitimados por instituciones globales como la ONU sobre cuidado ambiental y la promoción de la mercantilización de los bienes, la vida y la naturaleza a través de los fondos de Mecanismo de Desarrollo Limpio ha servido para justificar el despojo territorial que se respalda a través de transacciones entre bancos para el «desarrollo» europeos y corporaciones centroamericanas junto a capital chino con intereses en otros proyectos de infraestructura estratégicos –y devastadores– como el canal de Nicaragua.

Por ello, el próximo 28 de abril, miembros del COPINH, realizarán un plantón frente a las instalaciones de los bancos FMO y Finn Fund, financiadores de DESA, la cual ha violentado los derechos de la población indígena Lenca y es culpable del asesinato de Berta Cáceres.

A pesar del duro golpe que significó su asesinato, justo como no se lo esperaban sus asesinos, su ejemplo ha mantenido la unidad dentro de muchas organizaciones; aún queda mucho por ver y analizar en el terreno de la lucha por la vida y los «bienes comunes».

«Rio Blanco es un mal ejemplo para los intereses de los capitales porque ha demostrado que sí es posible echar atrás proyectos de dominación, privatización; demuestra que si es posible sacar una trasnacional invasora como hace 500 años, eso es parte de la lucha legítima del pueblo lenca que la maquinaria represiva ha pretendido criminalizar y no vamos aceptar que sea criminalizado».

La palabra de Berta vive.

Compartimos la publicación de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Pienso, luego Resisto. Experiencias de protección y promoción de derechos construidas desde la base en contextos de grandes inversiones.

Vía Movimiento M4

Introducción

Las personas defensoras de derechos humanos son actores clave en el ámbito de las empresas y los derechos humanos. Tienen una perspectiva única a la hora de hacer valer la protección y el respeto de los derechos humanos en el contexto de proyectos económicos de gran escala. A menudo, tienen un profundo conocimiento de la situación y del contexto local, y una sólida comprensión de las necesidades de las comunidades. Las personas defensoras desempeñan un papel fundamental a la hora de defender los derechos de la población local y advertir de determinados riesgos. También son fundamentales para sensibilizar en los planos nacional e internacional, para advertir de un conflicto violento inminente y para documentar, denunciar y divulgar información cuando ya se han producido violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, los proyectos en terreno de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) reciben cada vez más peticiones de acompañamiento y protección por parte de personas, organizaciones y comunidades que defienden o promueven derechos ante inversiones a gran escala. Con demasiada frecuencia estas personas defensoras carecen de garantías básicas para su seguridad y están expuestas a campañas de difamación y persecución legal diseñadas para obstaculizar su trabajo junto a los titulares de derechos y las víctimas. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos ha alertado en distintas ocasiones de que este grupo de personas se encuentra entre los más vulnerables. Según Global Witness, al menos 908 personas defensoras han sido asesinadas desde 2002 en el contexto de una mayor competencia por el uso de la tierra y los recursos naturales. El informe anual de Frontline Defenders 2016 identifica al grupo de personas defensoras con mayor riesgo: aquellas que se dedican a defender la tierra, proteger al medio ambiente y a los pueblos indígenas. Asimismo expresa preocupación por las mujeres defensoras quienes están expuestas, no solamente a los riesgos que implica su tarea, sino también a la violencia de género, el hostigamiento y la estigmatización.

El sistema legal a menudo está en su contra. PBI ha observado un aumento de los procesos de criminalización de personas que trabajan en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Se enfrenta, por ejemplo, a campañas de difamación, acusaciones legales que posteriormente se muestran infundadas, investigaciones y procesos judiciales prolongados y que no respetan el debido proceso. Con frecuencia las personas defensoras tienen que hacer frente a falsos cargos y tratos arbitrarios, sufriendo al mismo tiempo la impunidad en la que caen los casos de investigación de ataques en su contra. En muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas por los Estados no se encuentran adaptadas a las necesidades específicas de los defensores y defensoras que trabajan sobre este tema o no son implementadas eficazmente. El resultado es que las comunidades y los individuos afectados tienen una menor capacidad para reclamar sus derechos, al tiempo que la probabilidad de nuevas agresiones en su contra aumenta. Es esencial que el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos sea respetado y respaldado por los Estados, los organismos multilaterales y las empresas.

En la presente publicación queremos compartir nuestras preocupaciones por la situación que enfrentan personas, organizaciones y comunidades que promueven y defienden los derechos humanos en este ámbito, a través de estudios de casos y entrevistas a personas defensoras acompañados por PBI en Colombia, Guatemala, Honduras y México. Se muestran las amenazas, hostigamiento e inseguridad en que trabajan las personas defensoras en el contexto de grandes inversiones. También los logros alcanzados por su labor así como las experiencias de buenas prácticas por parte de misiones y delegaciones de la UE presenciadas por PBI. Los artículos destacan las experiencias y herramientas de protección y promoción de los derechos humanos construidas desde la base por las personas, organizaciones y comunidades afectadas por diferentes proyectos de inversión. Para terminar, se realizan algunas recomendaciones a la comunidad internacional basadas en nuestro propio trabajo y experiencia en la prevención de procesos violentos y así poder responder a las amenazas y ataques, haciendo mención a los instrumentos y mecanismos de protección previstos por las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

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En esta tierra que lucha desde hace mas de 500 años, con el rumor de los ríos libres, la fuerza de las montañas, de los barrios y comunidades; con la furia y ternura de los seres de la naturaleza; el espíritu de ancestras y ancestros, la esperanza y dolor de hombres, infancia y mujeres; todas y todos gentes de Berta, nos convocamos aquí por su memoria y su rebelde vida.

Desde este Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” celebrado en Tegucigalpa y Rio Blanco, Honduras, del 13 al 15 de abril de 2016, en el que participaron cerca de mil quinientas personas pertenecientes a organizaciones sociales y populares hondureñas y a delegaciones de 22 países del mundo quienes hemos discutido, compartido y reflexionado.

DECLARAMOS que estamos conscientes de que el asesinato de Berta Cáceres fue por su lucha y la lucha del COPINH, vinculado al criminal modelo extractivista, neocolonial, y femicida que dirige la extrema derecha hondureña e internacional que avanza en el continente mediante acciones violentas como estos asesinatos, así como otras estrategias en contra de la justicia para los pueblos tal es el intento de imponer un golpe de estado contra el pueblo brasileño, que desde aquí condenamos, y al cual le antecede el nefasto golpe de 2009 en Honduras.

RECONOCEMOS el inmenso aporte ético y de práctica de nuestra compañera Berta y su compromiso con los pueblos en lucha del mundo. Su propuesta hecha vida se sostenía sobre la radicalidad y honestidad de sus palabras; la profundidad de su pensamiento descolonizador, la fuerza espiritual de los pueblos indígenas; un profundo conocimiento y gran confianza en la gente que lucha; y el horizonte internacional de su mirada emancipatoria. Elementos que hacen parte de su legado que hoy hacemos nuestro con alegría y fuerza.

NOS COMPROMETEMOS Con la lucha, pensamiento, quehacer y rebeldía de esta propuesta antipatriarcal, anticapitalista y antirracista para que sigan alimentando las diversas propuestas del mundo que enfrentan a la lógica neoliberal de la muerte, y que ya se están construyendo en distintas partes de este continente.

En este encuentro hemos intentado consensuar ideas, propuestas y articulaciones colectivas entre organizaciones, países e iniciativas políticas con las cuales poner en marcha intenciones y voluntades transformadoras desde la raíz.

Al igual que lo ha planteado la PMSH, la Articulacion Popular Hondureña Berta Caceres, el COPINH y la familia de Berta Cáceres Flores, desde este encuentro.

Nos comprometemos a luchar por:

-Verdad y Justicia ante el crimen de Berta Cáceres Flores que significa el impulso de una investigación a cargo de un equipo que tome en cuenta el contexto en que ella hacia su práctica política y que identifique la totalidad de autores materiales e intelectuales de su asesinato y de otros que son parte de su proyecto de muerte
-El retiro de DESA del territorio lenca, la liberación del Río Gualcarque, luchar por la convergencia de sinergias colectivas, mecanismos de comunicación, acciones territoriales, conformación de un equipo de trabajo con respaldo de la experiencia internacional que logre la anulación de los proyectos extractivistas en territorios hondureños
-El retiro definitivo de la presencia militar de los territorios indígenas, populares, rurales y urbanos.
-El reconocimiento del COPINH como la organización responsable de velar por la protección de su territorio al igual que al OFRANEH y distintas organizaciones legitimas de los pueblos originarios.

En este encuentro y desde las organizaciones de la PMSH nos comprometemos a continuar el proceso de articulación interna y el fortalecimiento de nuestras propuestas para robustecer la acción internacionalista, donde Berta y su práctica es inspiración y horizonte.

 A todos los pueblos, hombres y mujeres, les invitamos a que con energía y unidad ética arreciemos la lucha, no renunciemos nunca a la esperanza, y a vivir por adelantado la utopía de justicia, libertad y autonomía que es nuestro legítimo proyecto de vida y felicidad en esta tierra.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS “BERTA CÁCERES VIVE”

Reunidas y reunidos en la Ciudad de Tegucigalpa, Capital de la República de Honduras los movimientos populares integrados a la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE ”, acuerdan comenzar el trabajo por la UNIDAD construyendo los PRINCIPIOS que regirán la agenda de lucha de los sectores organizados del Pueblo por la liberación de la patria.

Vivimos un momento político, social y económico caracterizado por la pauperización de las condiciones de vida de la mayoría de la población y por la persecución, amenaza y asesinato de los y las luchadores (as) sociales.

En Honduras se consolida un modelo represivo, autoritario que ataca abiertamente a las organizaciones populares.

Hay una voluntad expresa de las oligarquías entreguistas y las empresas transnacionales de apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza, mediante las concesiones de los territorios, los ríos y las riquezas de los subsuelo a intereses de pequeños grupos capitalistas nacionales y extranjeros.

Estas condiciones adversas para las luchas de los pueblos se dan en el marco de un recrudecimiento de la estrategia imperialista, de militarización y ataque a nuestros territorios y fortalecimiento a las derechas latinoamericanas. En el marco de este contexto, se plantea lo siguiente:

1. Esclarecimiento del femicidio político de la compañera Berta Cáceres Flores; exigimos la implementación de una comisión internacional independiente de investigación a través de la CIDH que sea de plena confianza de COPINH y de las organización de la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE”. Rechazamos que la investigación de su crimen se haga a través de la MACCIH, a la que vemos como un instrumento para manipular a la opinión pública nacional e internacional.

2. Cancelación de manera inmediata y definitiva de la concesión otorgada a la empresa DESA constructora del proyecto hidroeléctrica “Agua Zarca” y cancelación de las concesiones a proyectos extractivos que saquean el territorio nacional.

3. Demandamos el cese inmediato a la persecución, criminalización y judicialización de los líderes, lideresas y organizaciones populares.

4. Rechazamos la remilitarización de la sociedad y de nuestros territorios como instrumento de represión y control.

5. Nuestra compañera Berta Cáceres Flores fue asesinada con balas tal como son asesinadas miles de mujeres, por femicidio, y hombres con las políticas de “limpieza social ” que se ejerce desde el Estado en contubernio con grupos paramilitares. Exigimos un cese a la violencia y la muerte.

6. Condenamos el ataque permanente hacia los trabajadores y trabajadoras despedidos injustificadamente por el régimen, siguiendo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y demás organismos financieros, que continúa profundizando la aplicación del modelo neoliberal.

Reafirmamos que seguimos en la lucha contra este sistema de muerte y a favor de la vida, arreciaremos nuestras demandas en UNIDAD y con FUERZA para exigir justicia por el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres Flores.

¡Berta No Murió, Se multiplicó!

¡Unidas, Unidos Venceremos!

¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!

Tegucigalpa MDC sábado 9 de abril de 2016

Servindi

Un nuevo flanco de lucha en el plano social y político se abre en torno al Acuerdo Transpacífico (TPP), a propósito de su reciente firma por 12 países, el 4 de febrero en Nueva Zelanda.

Si bien es prematuro señalar que el nivel de consciencia en las calles es grande, protestas como las que tuvieron lugar el jueves en Chile, México y Perú, dejan entrever que el camino se irá poblando a medida que más ciudadanos se vayan enterando en frío del daño que le podría significar dicho acuerdo en temas como salud, trabajo y ambiente.

Dicho esto, organizaciones sociales, colectivos de jóvenes, profesionales de la salud y del sector químico-farmacéutico, expertos en derecho, entre otros, han hecho suyo el tema y un grupo de ellos se dieron cita en Lima como antesala a una marcha que solo en la capital peruana llegó a movilizar a más de dos mil personas.

El objetivo en este momento, como bien exclamaron los marchantes en su recorrido, es evitar que los Congresos ratifiquen el tratado, en un espacio de tiempo máximo de dos años.

Lo primero que cabe precisar es que si bien son 12 los países que integran el TPP, son Estados Unidos y Japón los que tienen casi todo el peso.

«Hay que terminar con esa falacia que dice que todos hacemos el 40 por ciento de la economía mundial. Estados Unidos y Japón son el 80 por ciento de ese 40», explica Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común (IBC) y miembro del grupo juvenil Las Zonas.

Lo segundo es señalar que se trata de un «acuerdo» cuyo contenido nunca fue abierto al público, sino solo a los negociadores de los Estados y a un grupo de 500 grandes empresas, según reporta el Observatorio Ciudadano de Chile en un reciente informe.

El mismo se enfoca en el impacto que tendrá el polémico acuerdo en los derechos humanos en Chile, México y Perú, el bloque latinoamericano del grupo. Esto en contraste con los anuncios triunfalistas de los gobiernos sobre que el TPP será bueno para sus ciudadanos.

«Se trata de una afirmación que no solo no tiene fundamento empírico que lo respalde, sino que es rebatida por diversos estudios que demuestran que las bondades económicas que para los estados de América Latina  tendría el TPP son, al menos, dudosas», señala.

Juan Carlos Vargas, del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), sostiene que en el plano laboral el tratado perjudicará a algunos sectores económicos del país, principalmente al «ya golpeado sector textil».

Esto se dará, explica, porque países como Vietnam tendrán vía libre para posicionarse sobre los mercados a los que habitualmente Perú atiende. Señala así que este país, que tiene una legislación laboral sumamente débil frente a la peruana, tiene todas las de ganar. Lo mismo ocurriría con países como Singapur, Malasia y Brunei, que también forman parte del TPP.

Pero el riesgo se prolonga mucho más. Y sin duda el capítulo que por el momento más preocupa, al menos en Perú, es el que afecta el derecho a la salud. Vale precisar que hasta el fin de las negociaciones del TPP, que se cerraron el 5 de octubre pasado en Atlanta, EE.UU., el Ministerio de Salud mantuvo su negativa a firmar el tratado.

Los negociadores de esta cartera se oponían a la protección de los llamados datos de prueba de fármacos biológicos para el cáncer, que debido al monopolio tienen precios astronómicos.

De acuerdo a Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, el mecanismo de datos de pruebas, seudopatentes para algunos, aún no se implementa en el Perú.

Lo cierto es que con el TPP en vigencia, dicho mecanismo será impuesto por un plazo de 8 años, lo que hará que los pacientes no se beneficien de los últimos avances en medicamentos, debido a que solo una empresa tendrá la exclusividad para su elaboración.

El capítulo de inversiones es igual de preocupante a raíz de que establece la obligación de los Estados de otorgar a los inversionistas un “trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas”.

En este punto llama la atención el futuro que le espera a las comunidades y pueblos originarios. Luis Hallazi sostiene que dichas inversiones representan un peligro ya que territorialmente hablando no se sabe dónde se van a ejecutar estas inversiones.

Al respecto, advierte que el 47 por ciento del territorio peruano abarca superficie de pueblos indígenas, según estudios del IBC, y de ese porcentaje una parte significativa aún está pendiente de reconocimiento, es decir, de titulación.

No obstante, apuntando al tratado en sí, José Aylwin, del Observatorio Ciudadano de Chile, sostiene que una dimensión no abordada por los Estados latinoamericanos en el proceso que llevó a la aprobación del TPP, es la de la afectación que este acuerdo tiene sobre los citados pueblos.

«Se trata de una realidad crítica puesto a que los 3 estados de la región involucrados en el TPP se encuentran entre los de mayor demografía indígena en América Latina», explica Aylwin. Se trata además de Estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas

En ese sentido, por tratarse de un acuerdo que los afectará directamente procede la consulta previa, señala el experto jurídico. Lo concreto hasta el momento es que tanto Chile como Nueva Zelanda lograron incluir salvaguardas al polémico tratado. 

En el caso del primero, sus negociadores establecieron una salvaguarda al capítulo de inversiones en la que se señala que el Estado de ese país “se reserva a adoptar o mantener cualquiera medida  conforme a los derechos o preferencias de los pueblos indígenas”. Se desconoce si México y Perú han incluido algo parecido.

“Si el tratado es tan beneficioso (como dicen los Gobiernos) por qué se mantiene en secreto”, se pregunta Flora Luna, médico-pediatra y representante del colectivo Perú Libre de Transgénicos. Es la misma pregunta que se hacen los opositores al tratado.

Para Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, quien finalmente fue la que estampó su firma el 4 de este mes en Auckland, Nueva Zelanda, en representación de Perú, se trató de un tema de «estrategias» para lograr términos más favorables en las negociaciones.

En ese marco, Luna plantea la necesidad de encarar a las autoridades de los sectores claves por su conveniente silencio. Apuntó directamente al Ministerio del Ambiente, a cargo de Manuel Pulgar-Vidal, el cual tendría mucho que explicar respecto al capítulo que le concierne en el tratado.

El TPP involucra una serie de temas aún difíciles de abordad y explicar con total claridad -propiedad intelectual, solución de controversias, compras gubernamentales, entre otros-, lo que explica en parte que mucha gente aún no conecte o advierta todas sus amenazas. Gabriela Delgado y Ciro Salazar, jóvenes de la Plataforma Peruanos contra el TPP consideran que es así.

«Necesitamos más creatividad para la creación de contenidos, para poder traducir el TPP», afirma Salazar, quien ha sido blanco de los abusos de las fuerzas del orden que incluso han llegado a detenerlo, cuando participaba en marchas contra el TPP.

«El TPP no es un acuerdo de comercio, es un acuerdo de derechos de los inversionistas», sostiene el activista a la vez que recibe el respaldo de un auditorio atento y con muchas preguntas.

Lo que sigue ahora, explican representantes de diversos frentes ciudadanos, es una batalla en diversos ámbitos. El social parece garantizado, el que se debe trabajar ahora es el político, señalaron. Por ello plantearon buscar el apoyo de un número importante de congresistas, y por otro lado fortalecer una estrategia internacional, con Chile, México y eventualmente otros países. 

En ese sentido ya han dado algunos pasos, el Gobierno por su parte a nivel interno recién lo hará, tal es así que la ministra de Comercio Exterior de Perú reconoció en conferencia de prensa desde Nueva Zelanda que lo que le toca al Gobierno hacer ahora, es convencer al Congreso de las bondades del TPP. En poco tiempo se verá quién acelera más el paso.

PRONUNCIAMIENTO

Ciudadanos/as, organizaciones y movimientos alertan de la grave situación del agua en el estado de Chiapas especialmente en Tuxtla, Gutiérrez y conforman el Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida.

Reunidos a fecha de 29 de Enero del 2016 las organizaciones e individuos abajo firmantes, preocupados y preocupadas por la grave situación social, política y ambiental por la que atraviesa nuestro estado y en especial la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, conformamos el Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida y exponemos lo siguiente:

1. Condenamos la actitud del los diferentes partidos políticos de turno ante las políticas de protección y gestión de los diferentes bienes naturales, que hacen de nuestro estado, un estado rico en biodiversidad. Consideramos que dicha gestión ha sido enfocada a una estrategia extractivista de dichos bienes para el beneficio y rédito de las empresas mexicanas y extranjeras  que han saqueado el estado durante años sin ninguna consideración por los pueblos indígenas, el campesinado y los ecosistemas que dan identidad a nuestra región.

2. Especialmente señalamos y condenamos al partido Verde Ecologista que, con la aplicación de la llamada “Economía Verde” y con la bandera de la protección del medio ambiente y por la lucha por el cambio climático, han incrementado aún más los problemas medioambientales y desigualdad del estado con la aplicación y puesta en marcha de proyectos REDD, ecoturismo, carreteras, represas, minería, ciudades sustentables y plantaciones de monocultivos de Palma Africana o Jatrofa.

3. Hacemos eco de la denuncia pública del grave problema de contaminación proveniente del basurero gestionado por la empresa PROACTIVA , filial de VEOLIA cuyos efluentes altamente contaminados con metales pesados llegan al rio Grijalva, Suchiapa y Santo Domingo y son distribuidos posteriormente por SMAPA llegando a las casas de las Tuxtlecas y Tuxtlecos provocando problemas de salud graves (Cáncer, sarpullidos, etc.) en la población. En este mismo sentido denunciamos el caso omiso de la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA y los distintos gobiernos municipales ante las distintas denuncias llevadas a cabo por el C. Héctor Montesinos dueño del predio más afectado y que ha recibido amenazas de muerte en los últimos días.

4. Nos preocupa la criminalización y de hostigamiento que el defensor del agua y los derechos humanos Héctor Montesinos y su familia están viviendo, así como la persecución que vive Maria Delia Ruiz Torres—— por su lucha por proteger el río Sabinal,  por lo que exigimos la seguridad física y psicológica de los compañeros/as y solicitamos se persiga a los responsables de la corrupción y contaminación del agua en el estado de Chiapas.

5. Así mismo nos manifestamos en contra de la Plataforma logística de acopio y transporte de productos en Ocozocuatla, que no es más que parte de la maquinaria para seguir explotando los bienes naturales de Chiapas y que además está situada en una zona de gran riqueza natural gracias a los altos niveles de precipitación.

6. Exigimos un manejo sustentable de las aguas residuales que van a dar al rio Sabinal, cuyos embovedados están al borde del colapso y la implantación de una nueva cultura del agua en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que tenga en cuenta aspectos sociales, ecológicos, económicos y no políticos como se ha dado hasta la fecha. En este sentido rechazamos cualquier tipo de proceso de privatización que se pueda dar.  Exigimos el cierre inmediato de la extracción de material arenoso y la actividad de las caleras que causan graves problemas medioambientales y de salud.

7. Nos oponemos a las altas tarifas de electricidad que pagamos en nuestro estado y a la instalación de las 5 presas proyectadas para el rio Usumasinta (rio aun sin represar y cuyas presas podrían traer un impacto sin precedentes) y las más de 99 concesiones mineras que amenazan con contaminar los ríos y dañar la salud de las/os habitantes de Chiapas.

Ante esta situación, hacemos un llamado a la población a levantarse, organizarse y proponer alternativas desde la ciudadanía, exigiendo espacios democráticos de consulta donde la voz del pueblo pueda ser escuchada y tomada en cuenta.

Queremos un modelo de desarrollo que atienda a las necesidades sociales y no a unas cuantas empresas; que atienda a las necesidades de los ecosistemas para poder dejar a los y las que vienen detrás un mundo libre de contaminación, saludable y socialmente justo.

Exigimos que se lleven a cabo los mecanismos necesarios para poder castigar y detener la actividad saqueadora de empresas nacionales y multinacionales que operan en el territorio explotando los bienes naturales y contaminando agua, tierra y aire.

Anunciamos que nos unimos a la jornada del 14 al 22 de marzo “Jornada internacional contra las represas, por la vida y los ríos” que se convoca desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (MAPDER-Chiapas). Invitamos a demás organizaciones, colectivos y movimientos se unan a posicionar juntos y juntas ¡Ni agua para las presas, ni agua para las empresas! ¡Ni presas, ni pres@s”.

Organizaciones que conformamos el Frente:

Chiapanec@s en Defensa del Agua
Otros Mundos A.C.
MOCRI CNPA MNn
Amigos del Rio Sabinal
OPEZ Histórica
Frente Popular Ricardo Flores Magón
Héctor Montesinos Cano
Frente Popular Revolucionario
Meyapac
Coordinadora magisterial-sec40
Frente de Union Revolucionario FUR

21 y 22 de Enero 2016. Boca de Cielo, Tonalá, Chiapas

Convocados por el Movimiento Mexicano de Afectad@s por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA), nos reunimos en Boca del Cielo, Tonalá, Chiapas, en la sede del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, más de 70 delegad@s de 20 municipios de la entidad. Del Soconusco y la Sierra Madre: Pijijiapan,Tonalá, Arriaga, Escuintla, Acacoyagua, Cacahoatan, Acapetahua, Huixtla, Huehuetan,Tapachula, Comalapa, Chicomuselo, Motozintla; de los Altos: San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancúc, Chenalhó, Huixtan; del Centro: Tuxtla Gutiérrez; y de la zona Norte: Ixtapa, Pueblo Nuevo Solistahuacan. Analizamos la grave situación que atraviesa el país y las comunidades campesinas, pesqueras e indígenas de Chiapas por la imposición de un modelo de desarrollo y de proyectos que amenazan la tierra y el territorio.

Observamos con gravedad el avance de los proyectos mineros en la entidad, con saldos irreversibles en el medio ambiente y en la salud de los pueblos, impuestos a través de engaños, compra de autoridades, división comunitaria, entre otras tácticas. La amenaza de la construcción de proyectos de represas avanza por las diversas cuencas de la entidad, poniendo en riesgo la vida de los ríos, los ecosistemas y la fuente de sustento de los pueblos que viven de ellos. Por otra parte, identificamos y condenamos la imposición del capitalismo verde que se refleja en los proyectos de parques eólicos, proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Destrucción de los bosques (REDD) y pagos por servicios ambientales.

Vemos con preocupación la pésima gestión del agua en la capital del Estado y en muchos otros municipios, cuyo fin es la privatización de los servicios municipales del agua. Otro problema es el mal manejo de los residuos sólidos urbanos que contaminan los cuerpos hídricos y son fuentes de enfermedades para las poblaciones. Los monocultivos de palma aceitera, soya y cultivos de maíz transgénicos ponen en peligro la biodiversidad, las semillas nativas y la soberanía alimentaria. Especialmente, los testimonios hicieron referencia a las empresas: ProNatura, ProActiva, GoldCorp, Monsanto y Blackfire, entre otras.

Ante este panorama, los pueblos, ejidos, organizaciones y movimientos aquí reunidos fortalecemos nuestra organización y resistencia proponiendo alternativas ante el modelo de mercantilización de la vida y apropiación corporativa, pese a la criminalización y la persecución que vivimos l@s defensores de la tierra, el territorio y los derechos humanos en Chiapas y en México. Convocamos a los pueblos a participar en la jornada estatal en defensa del agua contra la privatización del agua y las presas y por los ríos libres que se llevara a cabo del 14 al 22 de marzo bajo el lema “Ríos para la vida, no para las empresas”. De igual manera invitamos a seguir creando procesos de organización local y regional para hacer frente a los proyectos impuestos, informarse sobre las consecuencias del modelo, proteger la tierra y el territorio y defender todas aquellas formas de vida que aun nos dan sustento y permanencia a la madre tierra.

Los abajo firmantes felicitamos al movimiento Pueblos Unidos en defensa de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARL), así como al pueblo de Jalcomulco y de la cuenca de la Antigua, por la celebración de los dos años del campamento de las Centinelas del Río que impiden la construcción de una presa por la empresa brasileña Odebrecht sobre el río Pescados. Desde el sureste mexicano enviamos un abrazo a nuestro movimiento hermano.

De manera internacional nos solidarizamos con el Movimiento de Afectados por presas de Brasil (MAB) y lo acompañamos en el dolor debido del asesinato de la compañera Nilce Souza Magalhães, quien era una mujer valiente en defensa de los ríos de la Amazonia, opositora a la presa Jirau en el Estado de Rondonia.

¡Ríos para la vida, no para las empresas!
¡Vida si, Mina no!

Atentamente,
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
La Voz del Pueblo
Frente Popular del Soconusco 20 de junio
OCEZ-MLN
Movimiento Popular en Resistencia, MPR, Pueblo Nuevo Solistahuacan.
Comite de Derechos Humanos Teynem Kinalej, Margaritas
Frente Civico Tonalteco
Frente Popular Ricardo Flores Magón
Movimiento Campesino Regional Independiente MOCRI CNPA-MN
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Chiapanec@s en defensa del agua
Otros Mundos A.C.
Movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los Ríos (MAPDER-Chiapas)
Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA-Chiapas)
La Asamblea Veracruzana de iniciativas y defensa ambiental (La VIDA, Veracruz)
Colectivo Geocomunes

-Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas (REMA Chiapas)

-Movimiento mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER Chiapas)

NOTA INFORMATIVA

Defensores de los ríos de Chiapas se reúnen en Tonalá

“Encuentro Chiapaneco de Afectad@s por Presas y Minas” de los 21 y 22 de enero en Tonalá.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 20 de enero de 2016. La defensa de la tierra y del territorio se está fortaleciendo en Chiapas, en particular en el ámbito de la lucha por los ríos libres de represas y de contaminación minera. Los 21 y 22 de enero, representantes de 12 organizaciones, movimientos y parroquias de la entidad se reunirán en el municipio de Tonalá  para compartir experiencias en el “Encuentro Chiapaneco de Afectad@s por Presas y Minas” donde definirán una estrategia de defensa común ante la multiplicación de proyectos de minería, represas y demás proyectos de infraestructura impuestos en el estado, como en toda la República, sin que la población sea consultada.

Desde los Altos de Chiapas llegarán miembros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Chenalhó), Otros Mundos A.C. (San Cristóbal de las Casas) y representantes de la Parroquia de Cancuc, mientras el Soconusco será representado por el Frente Popular en Defensa del Soconusco, el Frente Cívico Tonalteco, el Consejo Autónomo Regional de la Costa y el Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, entre otras. Estarán integrantes de La Voz del Pueblo, movimiento que agrupa a organizaciones, ejidos y comunidades de la Sierra Madre del Sur y la Llanura Costera de Chiapas, autores de laDeclaración de Tapachula por territorios libres de minería y represas. Habrá miembros de las parroquias de Frontera Comalapa y San Juan Bautista, así como del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN) y del colectivo Chiapanec@s en Defensa del Agua que lucha contra la privatización del agua en Tuxtla Gutiérrez.

Los acompañarán la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y el Consejo de Pueblos Maya, cuyos representantes viajarán especialmente de Veracruz y de Guatemala para participar al encuentro y representar las luchas nacionales y al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Minero (M4).

“Rechazo de todos los proyectos de presas hidroeléctricas en el estado”

El MAPDER nació en 2004 y sus miembros chiapanecos han sido muy activos estos últimos años. El 14 de marzo de 2015, en el marco del Día mundial de acción en defensa de los ríos,expresaron en un comunicado su “rechazo de todos los proyectos de presas hidroeléctricas en (el) estado que se imponen sin respetar el derecho a la consulta de (los) pueblos, ponen en riesgo su sobrevivencia y no les beneficien en términos de acceso a una energía a bajo costo”. Dijeron “NO” a la presa “Chicoasén II” y “La Angostura II” en el río Grijalva; a los cinco proyectos de presas que existen sobre el río Usumacinta, fuente de vida para Tabasco, Chiapas y Guatemala; a la presa “Rompepicos” en el río Sabinal (Tuxtla Gutiérrez); a “Itzantún” en el río Tacotalpa (Huitiupán); a la presa “Chespal” en el río Coatán (Tapachula y Cacahoatán); a la presa “Cuilco” (Tapachula) y al proyecto “Chacté” en San Juan Cancuc.

Los habitantes de Huitiupán han sido un ejemplo de lucha exitosa a nivel nacional ya que en 2004, tras más de veinte años de lucha, lograron la cancelación del proyecto de la presa “Itzantún” con el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planeaba inundar sus tierras forzandolos a desplazarse. Un caso emblemático que llevó al MAPDER a hacer de Huitiupán la sede de su VIII encuentro nacional en 2011.

Defensa del territorio y construcción de alternativas

A pesar de la cancelación de “Itzantún”, los habitantes siguen vigilantes ante su posible reactivación. La reunión de Tonalá les permitirá a ellos como a todos los participantes establecer nuevas líneas de defensa y reflexionar juntos sobre las posibles alternativas a los proyectos en las comunidades donde se quiere construir el “Buen Vivir”. Sus reflexiones serán una prolongación del último encuentro nacional del MAPDER al cual participaron representantes detrece organizaciones y comunidades de Chiapas en noviembre de 2014. Servirán también de base a las acciones del MAPDER Chiapas de los próximos 14 y 22 de marzo, respectivamente Día mundial de acción en defensa de los ríos y Día internacional del agua.

Como integrantes de la REMA, los participantes al encuentro de Tonalá analizarán también la multiplicación de proyectos mineros en Chiapas, donde hay 99 concesiones vigentes, y sus graves impactos en la salud de la población como en la salubridad de los ríos. Una urgencia a la hora en que se está potencialmentereactivando la minería en Chicomuselo, donde el activista de la REMA Mariano Abarca fue asesinado en 2009 sin que se haga justicia. Desgraciadamente, la criminalización y el hostigamiento de los luchadores antimineros en Chiapas sigue muy fuerte, especialmente en Escuintla, donde los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconuscohan sido calumniados en la prensa local por oponerse a proyectos mineros en el ejido de Nueva Francia. Y por jugar así un papel indispensable en la protección de los ríos de Chiapas.