Categoría: Resistencias Antisistemicas

21 y 22 de Enero 2016. Boca de Cielo, Tonalá, Chiapas

Convocados por el Movimiento Mexicano de Afectad@s por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA), nos reunimos en Boca del Cielo, Tonalá, Chiapas, en la sede del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, más de 70 delegad@s de 20 municipios de la entidad. Del Soconusco y la Sierra Madre: Pijijiapan,Tonalá, Arriaga, Escuintla, Acacoyagua, Cacahoatan, Acapetahua, Huixtla, Huehuetan,Tapachula, Comalapa, Chicomuselo, Motozintla; de los Altos: San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancúc, Chenalhó, Huixtan; del Centro: Tuxtla Gutiérrez; y de la zona Norte: Ixtapa, Pueblo Nuevo Solistahuacan. Analizamos la grave situación que atraviesa el país y las comunidades campesinas, pesqueras e indígenas de Chiapas por la imposición de un modelo de desarrollo y de proyectos que amenazan la tierra y el territorio.

Observamos con gravedad el avance de los proyectos mineros en la entidad, con saldos irreversibles en el medio ambiente y en la salud de los pueblos, impuestos a través de engaños, compra de autoridades, división comunitaria, entre otras tácticas. La amenaza de la construcción de proyectos de represas avanza por las diversas cuencas de la entidad, poniendo en riesgo la vida de los ríos, los ecosistemas y la fuente de sustento de los pueblos que viven de ellos. Por otra parte, identificamos y condenamos la imposición del capitalismo verde que se refleja en los proyectos de parques eólicos, proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Destrucción de los bosques (REDD) y pagos por servicios ambientales.

Vemos con preocupación la pésima gestión del agua en la capital del Estado y en muchos otros municipios, cuyo fin es la privatización de los servicios municipales del agua. Otro problema es el mal manejo de los residuos sólidos urbanos que contaminan los cuerpos hídricos y son fuentes de enfermedades para las poblaciones. Los monocultivos de palma aceitera, soya y cultivos de maíz transgénicos ponen en peligro la biodiversidad, las semillas nativas y la soberanía alimentaria. Especialmente, los testimonios hicieron referencia a las empresas: ProNatura, ProActiva, GoldCorp, Monsanto y Blackfire, entre otras.

Ante este panorama, los pueblos, ejidos, organizaciones y movimientos aquí reunidos fortalecemos nuestra organización y resistencia proponiendo alternativas ante el modelo de mercantilización de la vida y apropiación corporativa, pese a la criminalización y la persecución que vivimos l@s defensores de la tierra, el territorio y los derechos humanos en Chiapas y en México. Convocamos a los pueblos a participar en la jornada estatal en defensa del agua contra la privatización del agua y las presas y por los ríos libres que se llevara a cabo del 14 al 22 de marzo bajo el lema “Ríos para la vida, no para las empresas”. De igual manera invitamos a seguir creando procesos de organización local y regional para hacer frente a los proyectos impuestos, informarse sobre las consecuencias del modelo, proteger la tierra y el territorio y defender todas aquellas formas de vida que aun nos dan sustento y permanencia a la madre tierra.

Los abajo firmantes felicitamos al movimiento Pueblos Unidos en defensa de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARL), así como al pueblo de Jalcomulco y de la cuenca de la Antigua, por la celebración de los dos años del campamento de las Centinelas del Río que impiden la construcción de una presa por la empresa brasileña Odebrecht sobre el río Pescados. Desde el sureste mexicano enviamos un abrazo a nuestro movimiento hermano.

De manera internacional nos solidarizamos con el Movimiento de Afectados por presas de Brasil (MAB) y lo acompañamos en el dolor debido del asesinato de la compañera Nilce Souza Magalhães, quien era una mujer valiente en defensa de los ríos de la Amazonia, opositora a la presa Jirau en el Estado de Rondonia.

¡Ríos para la vida, no para las empresas!
¡Vida si, Mina no!

Atentamente,
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
La Voz del Pueblo
Frente Popular del Soconusco 20 de junio
OCEZ-MLN
Movimiento Popular en Resistencia, MPR, Pueblo Nuevo Solistahuacan.
Comite de Derechos Humanos Teynem Kinalej, Margaritas
Frente Civico Tonalteco
Frente Popular Ricardo Flores Magón
Movimiento Campesino Regional Independiente MOCRI CNPA-MN
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Chiapanec@s en defensa del agua
Otros Mundos A.C.
Movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los Ríos (MAPDER-Chiapas)
Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA-Chiapas)
La Asamblea Veracruzana de iniciativas y defensa ambiental (La VIDA, Veracruz)
Colectivo Geocomunes

 

-Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas (REMA Chiapas)

-Movimiento mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER Chiapas)

 

NOTA INFORMATIVA

 

Defensores de los ríos de Chiapas se reúnen en Tonalá

 

“Encuentro Chiapaneco de Afectad@s por Presas y Minas” de los 21 y 22 de enero en Tonalá.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 20 de enero de 2016. La defensa de la tierra y del territorio se está fortaleciendo en Chiapas, en particular en el ámbito de la lucha por los ríos libres de represas y de contaminación minera. Los 21 y 22 de enero, representantes de 12 organizaciones, movimientos y parroquias de la entidad se reunirán en el municipio de Tonalá  para compartir experiencias en el “Encuentro Chiapaneco de Afectad@s por Presas y Minas” donde definirán una estrategia de defensa común ante la multiplicación de proyectos de minería, represas y demás proyectos de infraestructura impuestos en el estado, como en toda la República, sin que la población sea consultada.

 

Desde los Altos de Chiapas llegarán miembros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Chenalhó), Otros Mundos A.C. (San Cristóbal de las Casas) y representantes de la Parroquia de Cancuc, mientras el Soconusco será representado por el Frente Popular en Defensa del Soconusco, el Frente Cívico Tonalteco, el Consejo Autónomo Regional de la Costa y el Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, entre otras. Estarán integrantes de La Voz del Pueblo, movimiento que agrupa a organizaciones, ejidos y comunidades de la Sierra Madre del Sur y la Llanura Costera de Chiapas, autores de laDeclaración de Tapachula por territorios libres de minería y represas. Habrá miembros de las parroquias de Frontera Comalapa y San Juan Bautista, así como del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN) y del colectivo Chiapanec@s en Defensa del Agua que lucha contra la privatización del agua en Tuxtla Gutiérrez.

 

Los acompañarán la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y el Consejo de Pueblos Maya, cuyos representantes viajarán especialmente de Veracruz y de Guatemala para participar al encuentro y representar las luchas nacionales y al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Minero (M4).

 

“Rechazo de todos los proyectos de presas hidroeléctricas en el estado”

 

El MAPDER nació en 2004 y sus miembros chiapanecos han sido muy activos estos últimos años. El 14 de marzo de 2015, en el marco del Día mundial de acción en defensa de los ríos,expresaron en un comunicado su “rechazo de todos los proyectos de presas hidroeléctricas en (el) estado que se imponen sin respetar el derecho a la consulta de (los) pueblos, ponen en riesgo su sobrevivencia y no les beneficien en términos de acceso a una energía a bajo costo”. Dijeron “NO” a la presa “Chicoasén II” y “La Angostura II” en el río Grijalva; a los cinco proyectos de presas que existen sobre el río Usumacinta, fuente de vida para Tabasco, Chiapas y Guatemala; a la presa “Rompepicos” en el río Sabinal (Tuxtla Gutiérrez); a “Itzantún” en el río Tacotalpa (Huitiupán); a la presa “Chespal” en el río Coatán (Tapachula y Cacahoatán); a la presa “Cuilco” (Tapachula) y al proyecto “Chacté” en San Juan Cancuc.

 

Los habitantes de Huitiupán han sido un ejemplo de lucha exitosa a nivel nacional ya que en 2004, tras más de veinte años de lucha, lograron la cancelación del proyecto de la presa “Itzantún” con el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planeaba inundar sus tierras forzandolos a desplazarse. Un caso emblemático que llevó al MAPDER a hacer de Huitiupán la sede de su VIII encuentro nacional en 2011.

 

Defensa del territorio y construcción de alternativas

 

A pesar de la cancelación de “Itzantún”, los habitantes siguen vigilantes ante su posible reactivación. La reunión de Tonalá les permitirá a ellos como a todos los participantes establecer nuevas líneas de defensa y reflexionar juntos sobre las posibles alternativas a los proyectos en las comunidades donde se quiere construir el “Buen Vivir”. Sus reflexiones serán una prolongación del último encuentro nacional del MAPDER al cual participaron representantes detrece organizaciones y comunidades de Chiapas en noviembre de 2014. Servirán también de base a las acciones del MAPDER Chiapas de los próximos 14 y 22 de marzo, respectivamente Día mundial de acción en defensa de los ríos y Día internacional del agua.

Como integrantes de la REMA, los participantes al encuentro de Tonalá analizarán también la multiplicación de proyectos mineros en Chiapas, donde hay 99 concesiones vigentes, y sus graves impactos en la salud de la población como en la salubridad de los ríos. Una urgencia a la hora en que se está potencialmentereactivando la minería en Chicomuselo, donde el activista de la REMA Mariano Abarca fue asesinado en 2009 sin que se haga justicia. Desgraciadamente, la criminalización y el hostigamiento de los luchadores antimineros en Chiapas sigue muy fuerte, especialmente en Escuintla, donde los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconuscohan sido calumniados en la prensa local por oponerse a proyectos mineros en el ejido de Nueva Francia. Y por jugar así un papel indispensable en la protección de los ríos de Chiapas.

A la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al EZLN.
A la Sexta, en México y en el mundo.
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional.
A nuestr@s herman@s de Los Chorros, Colonia Puebla, Kexalukum
A las y los compañeros de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen.

Comp@s, herman@s,

Nosotros, desde nuestras geografías, nos hemos enterado de la situación que viven nuestr@s herman@s de las comunidades de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, en las Comunidades de Los Chorros, cuna de los paramilitares, Colonia Puebla, donde hace 2 años se desplazaron más de 100 personas durante varios meses, y Kexalukum.

En su comunicado del 2 de diciembre, la organización de Las Abejas, avisó que un grupo de personas encabezados por el agente municipal y paramilitares que participaron en los hechos previos a la masacre de Acteal, fueron el día 30 de noviembre a cortar la luz y el agua a 13 integrantes de su organización, en la comunidad de Los Chorros.

Denunciamos igualmente lo que está pasando en la Colonia Puebla, donde un miembro de Las Abejas fue encarcelado por no aceptar un cargo, así como en la comunidad Xunuch’, donde familias están amenazadas de que les van a cortar la luz, si la organización no “convence” a la CFE que están exentos de pago.

Afirmamos que los pueblos tienen derechos a rechazar los proyectos asistencialistas del mal gobierno y tienen derecho a la libre determinación. No se puede obligar a un compañero de tomar cargo de proyecto en cual no beneficia. Exigimos que se respete la resistencia y la autonomía de las y los compañeros.

Denunciamos la estrategia del mal gobierno dentro de su guerra de contrainsurgencia, entregando “programas asistencialistas” con la meta de dividir a las comunidades.

Denunciamos la presencia provocadora del Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Suárez, en Acteal, el día 12 de noviembre haciéndose pasar por Acteal Zapatista y provocando así a Acteal Abejas, para entregar numerosos proyectos a los partidistas venidos de 20 comunidades, como estrategia de esa misma guerra de contrainsurgencia y con el propósito de confundir a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes el 20 de octubre recibieron un peritaje de parte de la organización de Las Abejas, dando nuevas pruebas que las acciones de los paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno de México, dentro del Plan De Campaña Chiapas 94.

A 23 años del nacimiento de la organización, a 18 años de la masacre de Acteal, denunciamos el regreso de los paramilitares liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a sus comunidades. El hecho de nunca haber hecho justicia en esta masacre, provoca tensiones, hostigamientos y desplazamientos.

Por eso, exigimos:

* Un alto a las intimidaciones de los partidistas en contra de los y las que resisten y construyen su autonomía.

* Respeto a la resistencia y la autonomía de las y los compañeros Abejas, y de la Sexta en General.

* Respeto a los y las que luchan en contra de los altos tarifas de luz.

* Justicia y Castigo a los asesinos de Manuel López Pérez, a 6 meses de su cobarde asesinato.

*Un alto a la guerra de baja intensidad

FIRMAN:

*Asociación Espoir Chiapas / Esperanza Chiapas, Francia

*Sector de Trabajador Adherentes a la Sexta, Mexico

*Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas

*Adhesiva, Espai de Trobada i Accio

*Adherentes a la Sexta, Barcelona

*Grains de Sable, Francia

*Colectivo Batsilk’op, Chiapas,

*Radio Zapatista, Adherentes a la Sexta, SudCalifornia

*Associacio Solidaria Cafe Rebeldia-Infoespai, Catalunya

*Kolectivo BoCa En BoCa, Chiapas

*Otros Mundos AC, Chiapas

*Mut Vitz 13, Francia

*Collectif Marseille-Ayotzinapa, Francia

*Uk Zapatista Network:

-Dorset Chiapas Solidarity Group

-Edinburgh Chiapas Solidarity Group

-Kiptik (bristol)

-London Mexico Solidarity Group

-Manchester Zapatista Collective
-UK Zapatista Education, Culture and Communication team
-UK Zapatista Translation Service
-Zapatista Solidarity Group – Essex
-Individual members of the network

*Associaziones Ya Basta, Milano

*Colectivo Paris Ayotzinapa, Francia

*Collectif Bon pied Bon Oeil Francia Mexico

*Colectivo de la Revista “Lucha Indígena”, Perú

*20zln, Italia

*Mexicanxs Unidxs por la Regularización de Montreal, MUR, Canada,

*Centro de Derechos de la Mujer, Chiapas

*Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid

*Casa Nicaragua, Bélgica

*Grupo CafeZ, Lieja, Bélgica

*Kolectivo Pozol, Chiapas

*Ceiba, Centro de Educacion Integral de Base AC, Comitan, Chiapas

*Xch’ulelal jlumaltik, Colectivo de videoastas independientes en Chiapas

*Strollad La Obra, Douarnenez, Francia

*Grupo de trabajo No Estamos Todxs, Mexico

*ASSI (Accion Social Sindical Internacionalista), Zaragoza

*Centro de Documentacion sobre el Zapatismo, CEDOZ

*Henri Gueguen, Francia

*Rocio Servin Jimenez, Mexico

*Margarita Rodriguez Ornela

*Hugo Blanco, Peru, Director de Publicacion

*Beatriz Amor, Vicepresidente Apdh La Costa Regional Tuyu, Bsas, Argentina

“Acompañados por diversas organizaciones nacionales, ratificamos la declaración de que nuestras tierras y territorios SON LIBRES DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS Y EXPLOTACIÓN MINERA. Una vez más confirmamos nuestra posición expresada desde la primer Declaración de la VOZ EL PUEBLO, difundida el 10 de diciembre de 2013, en este mismo Parque Central”.

Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula, Chiapas, México
8 de Diciembre de 2015

 Al Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto
Al Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello
Al Presidente Municipal de Tapachula, Neftalí del Toro
A las demás autoridades de los tres niveles de gobierno
A las organizaciones nacionales e internacionales
Al Pueblo de México.

Siendo el 8 de Diciembre de 2015, reunidos en el Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula, Chiapas, México, los 40 ejidos, bienes comunales, comunidades y organizaciones sociales, campesinas e indígenas; representados por sus autoridades legales y legítimos de los núcleos agrarios, por sus delegados y delegadas provenientes de los municipios de Tuzantan, Huhuetan, Motocintla, Tapachula, Escuintla, Acacoyagua y Motozintla, Chicomuselo y Comalapa ; y acompañados por diversas organizaciones nacionales, ratificamos la declaración de que nuestras tierras y territorios SON LIBRES DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS Y EXPLOTACIÓN MINERA. Una vez más confirmamos nuestra posición expresada desde la primer Declaración de la VOZ EL PUEBLO, difundida el 10 de diciembre de 2013, en este mismo Parque Central, donde exigimos que las autoridades federales, estatales y municipales escuchen y respeten la decisión de los ejidos, bienes comunales, comunidades, organizaciones y pueblos, y cancelen todo tipo de acuerdo, licencia, concesión o permiso para construir estos proyectos que hayan otorgado sobre nuestras tierras y territorios.
Los pueblos tenemos el derecho al BUEN VIVIR, de definir sobre nuestro destino y patrimonio de nuestras familias, el mejor uso de nuestras tierras y territorios para lograr las mejores condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

Es de nuestro conocimiento que las autoridades federales, estatales y municipales de Chiapas establecen acuerdos de colaboración con las empresas para obtener autorización y permisos para la exploración de nuestras tierras y ríos con el fin de explotar minería y/o construir proyectos de hidroeléctricas en nuestro territorio. El modelo energético, de gestión del agua y de desarrollo que se pretende instalar en México, con las reformas estructurales y en particular la reforma energética amenaza nuestros pueblos, contamina y nos despoja de los bienes naturales que durante años hemos cuidado. Es por está razón que nos oponemos a los proyectos de la hidroeléctrica Chespal y Cuilco, así como a la explotación de la minería en la región.

Ante la oposición de proyectos extractivos en nuestro territorios proponemos organizarnos y vincularnos con otras luchas que también defienden sus derechos y bienes naturales del agua y la tierra, especialmente con nuestro compañeros de los municipios de Escuintla y Acacoyagua que viven las consecuencias de la contaminación por minería y quienes ahora emprenden una lucha por defender sus ríos y comunidades; saludamos a los compañeros de la Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas quienes el 30 de noviembre de este año también decretaron a sus municipios libres de presas y minerías. A nivel nacional nos unimos con todas las luchas de Jalisco, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Veracruz para oponernos a la construcción de presas y solidarizarnos para denunciar y evitar la criminalización y represión hacia las y los compañeros indígenas y campesinos que defendemos los derechos de los pueblos y la naturaleza.

LA VOZ DEL PUEBLO declaramos una vez más nuestros territorios libres de represas y minería, y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de cualquier conflicto que pretendan generar con el fin de dividir e imponer los proyectos de despojo a costa de la violación a nuestros derechos humanos.

Nos sumamos también a los reclamos de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!

LA VOZ DEL PUEBLO

Acompañamos:

Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Otros Mundos Chiapas A.C.

 

 

Comunicado de la Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas: comunicado UCPSCH

consejoautonomo

Pijijiapan, Chiapas México, Noviembre 2015

A las organizaciones de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicación Alternativos…

Somos una organización conformada por ejidos, comunidades, rancherías, poblados de la ciudad de Pijijiapan, Chiapas, y hemos decidido luchar en contra de la imposición de los megaproyectos de minería, mini hidroeléctrica, y fraking.

Desde la modificación al art. 27 de la Constitución Federal el Estado Mexicano ha permitido que las empresas trasnacionales puedan entrar a nuestros territorios sin nuestro permiso a explotar los bienes naturales, dejando solo una serie de afectaciones a la flora y fauna, por lo que sin duda nos hemos mantenido alertas para evitar la entrada de las empresas.

Derivado de los intentos de las empresas en querer comprar las tierras que habitamos, hemos sometido a consenso en nuestras asambleas y determinado declararnos territorios libres de la minería y mini hidroeléctrica, y convocamos al pueblo en general a que participe en la marcha pacífica y civil el día 30 de Noviembre a las 10:00 horas en la cd de Pijijiapan, Chiapas que partirá del Hospital Básico Comunitario, en donde el objetivo principal será exigir al Ayuntamiento Municipal firmar un acuerdo que nos garantice que las empresas trasnacionales o mexicanos no destruirán nuestras tierras y territorios que durante décadas hemos cuidado y preservado porque es el futuro de nuestras familias, así como también no expedir ningún tipo de permiso o concesión a favor del gran capital y que se respete nuestro derecho a la propiedad, se garantice nuestra integridad física, y salud, así como también el respeto a nuestro medio ambiente en especial a nuestros bosques y ríos.

Les informamos que nos mantendremos en resistencia hasta lograr que el Estado respete nuestra libre autodeterminación como pueblos y autonomía, y evitaremos la entrada de las empresas a nuestras tierras.
Por lo que llamamos a las organizaciones de la sociedad civil dignas y honestas a la solidaridad y el apoyo mutuo, a las comunidades que lucha y resisten que hagamos esfuerzos conjuntos por la defensa de la tierra y el territorio, a los medios de comunicación para que puedan dar amplia cobertura de nuestra lucha a favor de la vida y en contra de los proyectos de muerte.

Al gobierno Federal, Estatal y Municipal exigimos:

• La cancelación de los permisos y concesiones en favor de las empresas mineras e hidroeléctricas.
• El respeto de nuestra tierra y territorio ejidal, comunal, o de cualquier otro tipo de régimen agrario.
• La cancelación de la explotación de gas a través del uso del Fracking.
• El respeto a nuestro derecho de asociación, reunión y de participación política en asuntos inherentes a la defensa de nuestros territorios.
• El respeto de nuestra autonomía y libre determinación de nuestros pueblos.
• Se garantice el derecho a un ambiente sano.

SI A LA VIDA. NO LA MINERIA
SI A LA VIDA. NO A LA MINIHIDROELECTRICA
EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO. NO UNA MERCANCIA
TARIFA JUSTA DE ENERGIA ELECTRICA.
NO A LAS REFOMA ENERGETICA.

Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Frente Cívico Tonalteco AC

Alejandro Villamar,
Revista América Latina en Movimiento, n.509 A diez años de la derrota del ALCA

La recién conclusión formal de las negociaciones del mega-tratado Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) pretende y apunta a alcanzar metas que el capital trasnacional ha perseguido desde la década de los ochenta. Su primera estrategia fue encabezada por los programas de ajuste estructural de la triada BM-FMI-BID, y su primer avance para integrar los propósitos políticos de manera vinculante en un texto fue el Tratado de Libre Comercio TLCAN (1994), seguido de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC,1995).

Recién creada la OMC, y tratando de introducir los temas Financieros y Derechos de Propiedad Intelectual (Agenda de Singapur-1996), lo mismo que un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el director general de la OMC, Renato Ruggiero, describió cínicamente el momento: “Estamos escribiendo la Constitución para una sola economía mundial.” (Singapur, 1996)

Diez y nueve años después de Ruggiero resurge el discurso de la hegemonía y la economía mundial con el TPP: “En virtud de este acuerdo, nosotros, en vez de países como China, estamos escribiendo las reglas para la economía mundial.” B. Obama, octubre de 2015

Sin embargo, el objetivo nunca se ha restringido a la economía mundial, ni regional, ni se busca la prosperidad, la seguridad y sustentabilidad global, y menos la democracia, sino la transformación de las reglas del orden mundial a las necesidades de la globalización del capital transnacional.

A lo largo de más de 20 años de luchas de resistencia, redes de activistas sociales, de personalidades, académicos y de gobiernos, han demostrado que detrás del cliché de “acuerdo de libre comercio” su núcleo duro son objetivos esencialmente políticos como el eliminar las facultades del Estado para regular con fines sociales, poner los derechos corporativos del capital por encima de los derechos humanos y de la naturaleza, crear mecanismos de gobernanza global de la economía sin ninguna legitimidad o control democrático.

Los tratados como instrumentos de la política trasnacional
Los Estado Unidos han acumulado en los últimos 30 años una experiencia y fracasos por tratar de imponer las reglas mundiales, escritas en Tratados, que consoliden los intereses de la globalización trasnacional. Los tratados de libre comercio (TLC), han sido una de esas vías y el más conocido cliché para imponer esa estrategia corporativa.

EEUU, después de alcanzar un TLC, primero con Israel (1985) y otro con Canadá (1987), así como un TLC regional (TLCAN, 1994), desplegó una estrategia mundial para alcanzar un Tratado Multilateral (en la OMC), o  mediante tratados bilaterales o regionales tanto de tipo TLC, como del tipo de Protección de Inversiones, de Protección de Propiedad Intelectual, o preparando el terreno político diplomático mediante los llamados Acuerdos Marco de Comercio e Inversión. El terreno privilegiado para la ofensiva de los TLC fue el espacio latinoamericano:11 TLC, de un total de 20 tratados, alcanzados antes de pretender coronar su estrategia con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). USTR. 2015.

Dentro de esta estrategia la prioridad ha sido puesta en materia de inversión y propiedad intelectual. Los  Tratados, eufemísticamente llamados Tratados Bilaterales, de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (TBI), fueron impuestos mundialmente entre el mundo de países subdesarrollados. De los 42 tratados TBI que EEUU ha firmado, el espacio elegido en la década 1994-2004, fueron los llamados países en transición (16 países), sólo 8 países latinoamericanos, carentes de TLC, fueron añadidos a ese acervo. Cálculos con la estadística del USTR, 2015. En este campo, los países europeos son dominantes mundiales con el 30% de los aproximadamente 4,600 TBI en vigor. Cálculos con datos UNCTAD.

Una estrategia muy defendida por los monopolios trasnacionales han sido los Tratados Multilaterales y bilaterales de la llamada protección de la propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales y otros), área dominada mundialmente por los países desarrollados, 51% de los 2.3 millones de solicitudes de patentes. Sin embargo, la importancia de China es indudable, con 28% del total, mayor que el 23% de los EEUU. En solicitudes de marcas China alcanza el 25% y EEUU el 17% de las  6.5 millones de solicitudes Cálculos con Datos y cifras de la OMPI sobre P.I.

En esta estratégica materia, de los 34 tratados de protección a la Propiedad Intelectual, 24 han sido acuerdos bilaterales con 24 países (13 antes de la OMC y 11 después). Dos Tratados Multilaterales han precedido a 8 acuerdos multilaterales o reformas específicas surgidas con la OMC o después. Cálculos a partir de estadística del USTR

Una estrategia de tres pistas
Los intereses trasnacionales, encabezados por la triada del gobierno de EEUU, la Unión Europea y Japón, desde hace tres décadas han venido empujando sus iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales. A partir de las neoliberales reglas alcanzadas en el TLC de América del Norte (TLCAN), su reproducción en la OMC, y la búsqueda de su extensión a todo el hemisferio mediante el ALCA, se trasformaron las condiciones en que Japón venia desarrollando su articulación productiva en el área asiática mediante el Foro APEC, lo mismo que las condiciones en que la Comunidad Europea-Unión Europea venía manteniendo su relación neocolonial con los Acuerdos de Lomé-a-Cotonou con los países ACP (sus 79 ex colonias de Asia, Caribe y Pacífico).

La triada buscó infructuosamente incorporar temas adicionales a la agenda de la OMC y se encontró con la sorpresiva movilización civil y la oposición de varios bloques de países, encabezados por los de África y los más desposeídos en la tercera cumbre ministerial en Seattle, Washington (1999); Cuatro años antes, la  Cumbre de APEC en Osaka (1995) había entrado en crisis por la pretensión de transformar un foro de diálogo político-económico en espacio de desregulación obligatoria de varios temas. Y lo mismo se repitió durante la fracasada quinta Cumbre de OMC en Cancún, septiembre de 2003.

El espacio regional donde ya se habían sembrado los temas controversiales en el corazón de los 11 TLC con países latinoamericanos, animó a EEUU a insistir y pretender llegar a obtener la aceptación del proyecto hemisférico de TLC, el ALCA. Sin embargo, en la histórica Cumbre de las Américas en Mar del Plata (noviembre de 2005), el presidente de los EEUU (G. W. Bush) y sus destacados aliados de México (V. Fox) y Chile (R. Lagos) sufrieron una estrepitosa derrota a manos de una inusitada alianza entre gobiernos opositores al ALCA y redes sociales hemisféricas alternativas, como la Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña Continental contra el ALCA.

“Lo bueno es que no tuvimos que hacer el trabajo. Los mexicanos y chilenos estaban más enojados que nosotros.”: Thomas h. Shannon, Secretario Adjunto para América Latina y Caribe del Departamento de Estado, en declaración a la prensa.

Cambio de estrategia, usar lo disponible para alcanzar lo deseable.
Con un rosario de fracasos y una estrategia desgastada y claramente impopular, la coalición neoliberal, sobre todo la estadounidense cambió de estrategia al adoptar una agenda multivariada de un “soft power” renovado como “poder inteligente”, que facilite el debilitamiento de las resistencias y adopte las políticas buscadas.  Para ese propósito se propusieron 1) fortalecer y profundizar la agenda y la labor de las instituciones oficiales hemisféricas, la mayoría surgidas desde la primera Cumbre de las Américas (Miami, 2004); 2) coordinar las políticas de las organizaciones financieras regionales, y dar continuidad a la agenda de asesoría en desregulación o “modernización competitiva” de los gobiernos latinoamericanos y las cúpulas de las organizaciones empresariales, 3) apoyar de manera firme la labor de cabildeo de las organizaciones estadounidenses con agenda latinoamericana, como el Consejo de las Américas, las instituciones académicas, 4) usar intensivamente el apoyo de los poderosos grupos mediáticos, y 5) apoyar y fortalecer la oposición empresarial a los gobiernos latinoamericanos que buscan enfrentar este modelo dominante, llegando incluso a impulsar golpes de Estado (duros o suaves)  

En palabras de la ex Secretario de Estado, Hilary Clinton en julio de 2009: En “Nuestro enfoque de política exterior..los hechos exigen una estructura mundial distinta… trabajaremos a través de instituciones existentes y las reformaremos. Transcenderemos a los estados y crearemos oportunidades para que instituciones no estatales y particulares puedan contribuir a las soluciones…colaboramos con nuestros principales aliados de tratados, como Japón y Corea, Australia, Tailandia, las Filipinas y otros socios para fortalecer nuestras relaciones bilaterales, así como las instituciones transpacíficas. Somos al mismo tiempo un país transatlántico y transpacífico.

La Sra. Clinton decía en público lo que sin aspavientos ya venían haciendo bajo el mandato de las nunca enterradas 23 Iniciativas temáticas del Plan de Acción de la Cumbre de Miami (1994)  e intensificándolo después del 2005 con las alianza público-privada mediante las reuniones periódicas de Ministros de las Américas en Finanzas, en Energía, en Agricultura, en Minas, en Defensa, y una docena más de temas, bajo el paraguas formal del BID, de la OEA, del IICA.

A la par, una red de instituciones y organizaciones “civiles” íntimamente ligada a la política del Departamento de Estado de EEUU, ha venido “modernizando” mediante la “reforma regulatoria” y la “competitividad” la política pública de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y del caribe, así como creando alianzas con las cúpulas empresariales de nuestros países.

Así, el bufete de ex funcionarios privatizadores, Jacobs-Cordoba y As., autores directos de 11 de los programas de reforma (des)regulatoria de gobiernos latinoamericanos (de un total de 74 gobiernos “asesorados” en el mundo), son también los “super-expertos” de la Red Inter-Americana de Competitividad RIAC http://www.riacnet.org/ de la Federación Global de Consejos de Competitividad articulado al Foro Económico Mundial, la Cumbre de las trasnacionales.

Por su parte la organización empresarial, creada por D. Rockefeler, Consejo de las Américas desde 2006 ha intensificado su programa hemisférico de promoción neoliberal y de relaciones políticas; 75 reuniones en 16 ciudades capitales; cabildeos convertidos en culto por las cúpulas empresariales, gubernamentales, incluyendo a algunos presidentes afines.

Así bancos, tecnócratas, cabilderos, académicos y poderosísimos monopolios de medios de comunicación corporativos han continuado trabajando cotidianamente, en coordinación con funcionarios y algunas organizaciones civiles, desde dentro de nuestros países con programa e ideología trasnacional, que no terminamos de enterrar, ni con gobiernos progresistas.

Desde 2007 advertimos de esta peligrosa estrategia que no sólo ha propiciado la Alianza del Pacífico, sino que ahora se convierte en el apoyo político del TPP; ese peligroso brazo de la nueva tenaza trasnacional, y mañana podría serlo del tratado gemelo Tras-Atlántico.

El TTP busca superar la derrota del ALCA y coronar en triunfo esta larga y multiforme estrategia para crear un mundo adaptado a sus intereses. Solo la movilización social global y unitaria podrá presionar a los legisladores y gobiernos, que pueda volver a derrotar a este SUPER-ALCA. 

Ciudad de México, 30 de octubre de 2015.

Por José Adán Silva, IPS Noticias

Los profundos temores de la comunidad científica nacional e internacional sobre los daños a la naturaleza por la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, resurgieron con fuerza al difundirse un estudio que revela que la gigantesca obra representa graves amenazas ambientales.

El informe “Canal de Nicaragua. Estudio de Impacto ambiental y Social. Resumen Ejecutivo” lo realizó la empresa británica Environmental Resources Management (ERM) a solicitud de Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKDN Group), la concesionaria china responsable del proyecto.

El resumen ejecutivo tiene 113 páginas y compendia una investigación cuyo contenido y volumen es desconocido porque ni el gobierno, ni ERM y HKND difundieron integralmente el Estudio de Impacto Ambiental y Social.

En el documento, ERM asegura que el megaproyecto podría ser beneficioso para el país, siempre que en su concepción, construcción y operación se incorporen las mejores prácticas internacionales en materia ambiental, económica y social, para lo que hace variados requerimientos.

Pero devela precisos riesgos y amenazas al ambiente de este país centroamericano de 6.1 millones de habitantes y 129.429 kilómetros cuadrados, al que la obra partiría horizontalmente en dos y atravesaría el lago Cocibolca, también conocido como el Gran Lago de Nicaragua, el segundo mayor cuerpo de agua dulce de América Latina con 8.624 kilómetros cuadrados.

Salvador Montenegro, exdirector ejecutivo del Centro para la Investigaciones en  Recursos Acuáticos de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, destaca que el resumen del estudio sugiere estudios adicionales en el lago Cocibolca, para evaluar los riesgos al medioambiente y recomendar acciones para mitigarlos.

“Son observaciones que yo he venido realizando y nunca fueron tomadas en cuenta, al contrario, me acusaron de traidor al gobierno y de estar en oposición, cuando lo único que hacía era tratar de preservar la salud del lago Cocibolca”, dijo Montenegro a IPS.

El científico nicaragüense fue despedido del cargo en la universidad por alegadas presiones del gobierno del izquierdista presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y quien respalda el proyecto del canal, impulsado por la agencia progubernamental de inversiones que encabeza su hijo Laureano Ortega.

Ahora, Montenegro integra el conglomerado de científicos, académicos, ambientalistas y activistas de la sociedad civil aglutinados en el Grupo Cocibolca, abiertamente opositor al proyecto canalero.

Mónica López, activista del grupo, reseñó para IPS los principales hallazgos dentro del estudio de ERM que, a su criterio, evidencian que la obra abriría las puertas a una catástrofe ambiental sin precedentes en América Latina.

Según López, ERM concluye que ni HKND ni el gobierno tienen la experiencia y capacidad para ejecutar un proyecto de la magnitud planteada.

Por ello recomienda el respaldo de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para evitar daños en áreas sensibles como el Corredor Biológico Mesoamericano, la Reserva Indio Maíz, el río San Juan, el Cocibolca y reservas periféricas.

“El estudio dice que en situaciones normales, estas áreas usualmente serían consideradas intocables por su fragilidad social y ecológica”, observó López.

ERM sostiene que si no se realizan nuevos análisisy se aplican medidas de protección y mitigación “es probable que los impactos sean significativamente peores”.

Por ello recomendó estudios para medir los riesgos del canal por actividades sísmicas; otro para medir el impacto en el lago del dragado y las amenazas de la introducción de salinidad al agua dulce lacustre, así como otros sobre el riesgo de que el canal reduzca el flujo del lago al río San Juan.

También concluye que “sin acciones enérgicas y continuas de HKND y el gobierno” ni siquiera la Ruta Cuatro —la seleccionada y única considerada viable— tendría un impacto neto positivo para el ambiente que justificaría su construcción.

Con base en el resumen de ERM y en las consideraciones de científicos y expertos locales e internacionales, el Grupo Cocibolca envió una carta al presidente el 26 de octubre, solicitando la derogación de la ley que dio vida al proyecto canalero.

Ortega no ha respondido, pero HKND, a través de sus funcionarios fuera de Nicaragua, anunció la continuación de investigaciones para echar a andar el proyecto, con un costo previsto de 50.000 millones de dólares, la obra de mayor envergadura a nivel mundial en los últimos años.

El asesor jefe del proyecto de HKND, Bill Wild, dijo a medios locales que la empresa realizó “algunas optimizaciones con mayor costo para el proyecto, (para) evitar (y) reducir impactos ambientales y sociales, y minimizar los riesgos”.

Según Wild, los estudios iniciado en 2013 continuarán hasta 2016 y se complementarán con adicionales investigaciones topográficas e hidrológicas, encargados a la empresa australiana CSA Global.

El vicepresidente ejecutivo de HKND Group, Kwok Wai Pang, afirmó al periódico El Nuevo Diario que después de conocer el estudio de ERM “se realizarán más investigaciones a profundidad en la ruta”.

“Durante el estudio de factibilidad llevamos a cabo estudios topográficos, geológicos, hidrológicos y arqueológicos y colectamos un volumen alto de información sísmica, niveles de agua, intrusión salina, entre otros, para elaborar un diseño conceptual”, aseguró.

También Telémaco Talavera, portavoz de la presidencial Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, minimizó las observaciones de ERM y de ambientalistas.

En diálogo con IPS y otros tres periodistas, se mostró confiado en la capacidad de HKND para “resolver con gran sabiduría cualquier inconveniente que surja, y que son normales en este tipo de proyectos de gran envergadura”.

Más problemas que los ambientales

Pero pese al optimismo del gobierno y HKDN sobre el proyecto, otros factores ajenos al tema ambiental ensombrecen sus perspectivas.

Por un lado, medios especializados aseguraron en septiembre que con la actual crisis financiera en China, el magnate detrás de HKND, Wang Jing, había perdido hasta 84 por ciento de su fortuna, calculada antes en más de 10.000 millones de dólares y reducida ahora a aproximadamente 1.200 millones de dólares.

Por otro, la creciente resistencia de los campesinos asentados en la ruta trazada del proyecto ha dañado el clima internacional para los negocios del grupo, según la activista López.

En el país se han realizado 55 marchas en contra del proyecto. La última convocó, el 27 de octubre en Managua, a campesinos afectados llegados de diferentes partes del país, junto con otros manifestantes, y tuvo gran repercusión en los medios internacionales por los enfrentamientos violentos entre quienes apoyan y rechazan el megaproyecto.

ERM destaca en su documento que el rechazo social afecta la viabilidad del proyecto.

“El proceso de expropiación de tierra y reubicación involuntaria no cumple con las normas internacionales. El proyecto está en riesgo de perder su licencia social para operar y puede poner en peligro su viabilidad si no se respetan las normas internacionales”, advierte el resumen.

Hasta ahora, el gobierno dio el aval a HKND para la expropiación de 2.909 kilómetros cuadrados de tierras sobre la ruta.

La ley del canal se aprobó en 2013, pero fue oficialmente en diciembre del 2014 que arrancó el proyecto, con obras menores en la zona sur del océano Pacífico.

La obra acuática unirá los océanos Atlántico y Pacífico con una ruta de 276 kilómetros de longitud, 105 de los cuales atravesarán el Cocibolca.

HKDN proyectó que la construcción llevaría cinco años a partir de 2013 y estimó que en 2019 el canal entraría en operación, pero ERM proyecta que la infraestructura no estaría lista en ese plazo.

Eric Vides Borrell y Rémy Vandame
El Colegio de la Frontera Sur
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad
En La Jornada Ecológica n. 201

Como en otras partes del mundo, los apicultores en México se han vuelto testigos y vigilantes de las alteraciones del medio ambiente y han denunciado actos ilegales. Fue el caso cuando denunciaron el 10 de octubre de 2014 que se estaba sembrando soya genéticamente modificada (GM) en el estado de Campeche sin permiso vigente, y sin que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a pesar de las obligaciones de monitoreo que tiene, se haya dado de cuenta de ello.

La historia se remonta al año 2011, cuando se inició una fuerte polémica referente a la coexistencia entre la producción de miel y la producción de soya genéticamente modificada (ver La Jornada, 12 de junio 2012). Dos eventos fueron detonadores en el debate. Por un lado, la autorización de siembra comercial de soya GM otorgada por la Sagarpa a la empresa Monsanto el 6 de junio de 2012 para una superficie de 253 mil 500 hectáreas, en los tres estados de la península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y Campeche), en Chiapas, y en la región de la planicie de la Huasteca. Por otro lado un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea en septiembre de 2011, que limitaba el comercio de miel con polen de cultivos transgénicos. En enero de 2014, el Parlamento Europeo votó una nueva definición de la miel, la cual equivale a quitar estas restricciones. Sin embargo, la miel mexicana es reconocida como de la mejor calidad en el mundo, por lo que los compradores siguen aplicando una tolerancia cero. Es decir piden que la miel sea libre de polen de organismos genéticamente modificados en los límites de detección de los mejores laboratorios.

Ante esta situación, organizaciones de apicultores de la península y colectivos como el Ma OGM (No a los OGM, en maya yucateco) emprendieron una serie de acciones mediáticas y jurídicas para evitar que se siembre la soya GM por motivos ecológicos, sociales y económicos. Esto dio como fruto que en abril de 2014, los jueces otorgaran el amparo solicitado por apicultores y comunidades, y que dejó sin efecto el permiso para la siembra de soya GM en Campeche y Yucatán.

Sin embargo, para cuidar la calidad de su producto y protegerse ellos mismos y sus familias, los apicultores vigilaron las siembras de soya y detectaron que, a pesar de no estar ya permitido, se había sembrado soya transgénica en Campeche, como lo denunciaron en octubre de 2014. Al hacer esto, se suman a los apicultores de Sudamérica, de Estados Unidos y de Europa, que históricamente denunciaron prácticas agrícolas que afectaban a las abejas y a los insectos en general.

De esta manera, los apicultores juegan también el importante papel de monitores ambientales, muchas veces más eficientes que las autoridades encargadas de ello. Actualmente, la siembra de soya GM es legal debido a que los promotores de cultivos GM impugnaron la decisión tomada por los jueces, los cuales pidieron una fianza a los denunciantes. Pero su monto era imposible de cubrir por los apicultores.

En un panorama más amplio es interesante medir que la reflexión de grupos de apicultores, como el Colectivo Apícola de los Chenes, gira en torno no solo a la posible presencia de polen de soya GM en la miel. Su preocupación es más profunda ya que cuestionan la coexistencia del modelo de producción agrícola intensiva, heredado de la revolución verde. Ahora ha incorporado el uso de semillas GM con el modelo de producción campesino, en donde la apicultura encuentra su lugar natural, y por lo tanto la conservación de la masa forestal más grande de Mesoamérica.

Los integrantes del colectivo citado estiman que la agricultura intensiva en el uso de insumos externos (plaguicidas y fertilizantes), semillas y combustibles fósiles difícilmente puede coexistir con la apicultura en el largo plazo. Y mucho menos si la siembra de soya toma el rumbo expansivo que ha tomado en otras partes del mundo. Un caso emblemático de este proceso es la selva del Amazonas y su rápida conversión a plantaciones de soya en las últimas décadas. Algo parecido ha ocurrido en amplias zonas de Argentina.

La preocupación de los apicultores se basa en problemas muy concretos que han enfrentado en los últimos años. Entre 2012 y 2013, 2 mil colonias de abejas murieron en los ejidos de Suc-Tuc y Oxa, del municipio Hopelchén y San Luis, municipio Campeche, entre otros. Los apicultores aseguran que las abejas murieron por la aplicación con avioneta de un insecticida en un rancho vecino destinado a la producción industrial de maíz. Este evento no atrajo la atención de las autoridades correspondientes, por lo que nunca pudo demostrarse la responsabilidad de dicho insecticida en la muerte masiva de abejas. Los apicultores tuvieron que negociar directamente con los responsables de la fumigación para buscar una indemnización.

Otro caso que preocupa a los apicultores es la aspersión con avioneta del herbicida glifosato sobre parcelas de soya transgénica en el municipio de Hopelchén. En la región existe incertidumbre sobre la legalidad de dichas aplicaciones aéreas. Analistas como Iván Retrepo han demostrado suficientemente en La Jornada, los efectos nocivos que el glifosato causa a la biodiversidad y a la salud humana. Además, Restrepo denunció cómo la Organización Mundial de la Salud considera a dicho herbicida como probable causa de cáncer.

Otros sectores de la población, además de los apicultores, han denunciado la deforestación ilegal y la perforación de pozos profundos en el estado de Campeche. Por ejemplo, la Organización de Derechos Humanos Indignación, recientemente hizo de conocimiento público tales hechos, así como el desecamiento de la laguna Ik. Esta denuncia hasta el momento ha tenido poca resonancia.

En países industrializados, la agricultura de altos insumos ha mostrado ser nociva para las abejas, como lo muestra la mortalidad anual de 30 por ciento de las colmenas, que se ha vuelto parte de la triste rutina en países europeos y en Estados Unidos. Sabemos ya que se debe a la combinación de varios factores presentes en los paisajes destinados a la agricultura intensiva. Entre ellos, la alta exposición de las abejas a los agroquímicos, la baja diversidad de plantas de las cuales ellas se pueden alimentar, aunado a una presencia cada vez mayor de las enfermedades de las abejas.

Afortunadamente, México no presenta todavía este nivel de intensificación de la agricultura, lo que podría explicar por qué las abejas no sufren tan alta mortalidad. Sin embargo, la tendencia es hacia la intensificación agrícola, por lo que vamos en camino de estar en la situación de riesgo en que ya se están los países donde sí ocurre elevada pérdida apícola.

Esto obliga a preguntarnos sobre qué clase de paisajes queremos: ¿simplificados, con monocultivos y contaminados por plaguicidas, donde ya no quepan abejas y apicultores? O paisajes manejados por campesinos que albergan una gran diversidad biológica, además de permitir la conservación de la gran selva de la península de Yucatán, donde abejas y apicultores sigan existiendo armónicamente.

Cuando la conversión al modelo intensivo se da a marcha forzada, muchas veces en base a prácticas ilegales, es urgente preguntar qué es lo que esperamos en el futuro. La sociedad civil, por iniciativa de los apicultores, ha iniciado el debate. Por ello, urge que las autoridades aseguren no solo la aplicación de la ley, sino también que respalden la lucha de los apicultores y demás campesinos que buscan una agricultura sustentable. Y de esa manera, un modelo de país bien distinto al que hoy tenemos, en el que prevalecen los intereses de unos cuantos y no los de la mayoría.