Categoría: Pueblos Organizados

Hacia la estructuración de un plan estrategico nacional de resistencia y lucha

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Tras tres jornadas de trabajo intenso cerró exitosamente este martes (15/3) la primera Cumbre de los pueblos y comunidades en lucha contra el extractivismo, impulsada y coordinada por la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH).

Más de 700 delegados y delegadas de unas 400 comunidades de todo el país se reunieron en Tegucigalpa para definir estrategias nacionales de lucha por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, así como visibilizar la gravedad del extractivismo en los territorios e impulsar la unidad comunitaria y territorial, la movilización y la resistencia permanente.

“Estos proyectos -se lee en la Proclama de la Cumbre- son desarrollados a costa de la violación de los derechos humanos, la violación del Convenio 169 de la OIT, la estigmatización y criminalización  a las organizaciones, la división de las comunidades, la judicialización de defensores y defensoras y el asesinato de compañeros y compañeras que han echo frente a este modelo de despojo que, a expensas de extraer nuestros bienes comunes para cubrir la demanda del gran capital, se empobrece a las comunidades”, denuncia el movimiento social y popular hondureño en su Proclama.

De acuerdo con el análisis realizado por las y los delegados reunidos en mesas de trabajo, para abordar todos los aspectos relacionados con las principales afectaciones e impactos de los proyectos extractivistas sobre las comunidades, en Honduras se está impulsando una política de neo-colonización de los territorios “en la que el despojo es justificado bajo la idea del mal llamado desarrollo”, que responde a un modelo de producción “que privilegia la obtención y acumulación de riquezas”.

Actualmente, en Honduras existen 714 proyectos extractivos y se calcula que entre el 30 y 35% de su territorio ya está concesionado. Los pueblos y comunidades en lucha denuncian que la imposición del modelo extractivista estaría generando un acelerado caos climático, violencia e inseguridad, migración, desalojo forzado, desplazamiento de pueblos y comunidades.

Cancelación de proyectos extractivos

Ante esta situación, la Cumbre exigió la cancelación inmediata de todos los proyectos extractivos y la derogación de las leyes que permiten invertir en estos proyectos destructivos. También instó las autoridades a respetar los procedimientos expresados en convenios ratificados por Honduras, como por ejemplo el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, condenó y exigió el cese de la militarización y represión en los territorios.

También hizo un fuerte llamado a las comunidades para que “sumamos fuerzas, defendamos lo que es nuestro y no permitamos que nos arrebaten esta casa común en la que vivimos”. Por esto auspició que “juntos y juntas  nos levantemos en una sola fuerza para detener el empobrecimiento por despojo de nuestros pueblos”, concluyó la Proclama.

“La participación ha sido extraordinaria y hay decenas de comunidades que se están sumando al esfuerzo que viene haciendo la Plataforma. Hay entusiasmo y disposición a juntarse, coordinar estrategias y planificar acciones de resistencia y lucha. Exigimos la derogación de las leyes y que se cancelen todos estos proyectos de muerte. No podemos continuar con una situación donde se han asesinado a compañeros y compañeras, destruido comunidades, desalojado a pueblos”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, Ofraneh.

La dirigente garífuna agregó que próximanente se reunirán para terminar de definir lo que será el Plan nacional de unidad y lucha contra el extractivismo, sentar las bases para las próximas acciones y movilizaciones a nivel territorial y nacional, e iniciar la preparación de la segunda Cumbre de los pueblos y comunidades en lucha contra el extractivismo.

Para el 2 de marzo del próximo año, primer aniversario del asesinato de la dirigente indigena Berta Cáceres, cientos de comunidades a nivel nacional se movilizarán masivamente contra el modelo extractivista.

Un nuevo contexto de lucha y resistencia

“La actividad ha superado las expectativas, al tiempo que supera también una deuda que ha tenido el movimiento de resistencia territorial al extractivismo, o sea el hecho de encontrarse en una actividad de caracter nacional en perspectiva regional. Esta actividad marca las coincidencias en la modalidad de resistencia que se desarrolla en Honduras, y la convergencia con otras modalidades que hay en la región centroamericana”, manifestó a la LINyM, Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.

Según él, este camino de intercambio y búsqueda de estrategias comunes que se ha iniciado “rompe con la idea de los pequeños espacios organizativos o de las luchas locales no vistas en un contexto nacional”, al tiempo que “moraliza las luchas, permite sistematizar las experiencias y encontrar los pasos que debe seguir el modelo de resistencia”, agregó.

El ex fiscal evidenció cuáles son los desafíos futuros para la Plataforma. El primero es la articulación efectiva, que no puede quedarse en simples encuentros, sino en acciones coordinadas de resistencia y desafios a la institucionalidad. Además hay que ir configurando la estrategia de uso popular de los bienes de la naturaleza.

“Al margen de lo que digan los gobiernos debemos definir claramente cuál es nuestra relación con la naturaleza, y plantear el control estratégico de todos los territorios y de la misma institucionalidad en su momento. Debemos desafiarla con nuestra práctica y con nuestro plateamiento teórico de un modelo alternativo y popular”, concluyó Fernández.

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CAMPAÑA NACIONAL EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y EL TERRITORIO

¿QUIENES SOMOS?

NOSOTR@S somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. Somos guardianes del territorio porque desde tiempos inmemoriales la MADRE NATURALEZA nos ha dado vida a tod@s, por eso la queremos y respetamos. No sólo venimos del campo y de las comunidades indígenas, también venimos de la ciudad y luchamos hoy, por el deber que tenemos de dejarle a nuestros hij@s la misma casa común que nos heredaron nuestr@s abuel@s. Porque tod@s tenemos derecho a disfrutar tranquilamente de nuestra vida, por eso luchamos, por recuperar la paz en nuestras comunidades.

 

Con PREOCUPACIÓN VEMOS y SUFRIMOS que estamos viviendo  un NUEVO DESPOJO MASIVO DEL TERRITORIO, pero ahora la disputa no es sólo por la tierra o el agua, sino que ahora está en peligro la vida, la existencia de la naturaleza, TODA nuestra Madre Tierra. Por eso nuestra lucha es ahora también POR LA VIDA.

El gobierno quiere engañar al pueblo diciendo que somos egoístas, atrasados, anti-desarrollo, pero  nosotr@s no somos egoístas, ni atrasados, al contrario pensamos en el futuro, en la humanidad.  Lo que para nosotros es nuestra madre naturaleza, los bienes comunes naturales, para el gobierno son recursos naturales, mercancías que tienen precio y por eso nos acusan de obstruir el progreso y el bien de la nación. Pero si nosotr@s nos levantamos es porque ellos lo están provocando, porque no son territorios vacíos donde ellos están destruyendo la naturaleza y no tienen derecho a decidir sobre NUESTRAS vidas. Y esto se les saldrá de las manos.

Nuestras formas de organización y nuestra cultura no son obsoletas, nuestra forma de vida sí funciona, no es que nos haga pobres, sino que lo que nos está empobreciendo son sus políticas neoliberales. Entonces, el gobierno llega con su discurso de DESARROLLO y NOS QUIERE HACER CREER que un megaproyecto es igual a crecimiento económico, que es mejor para tod@s detener un río para instalar una hidroeléctrica, o destruir un cerro para atraer las inversiones mineras. Pero

HAY QUE PREGUNTARNOS:

¿A PROVECHO DE QUIÉN ES LA EXPLOTACIÓN DE LA MADRE NATURALEZA? Realmente la naturaleza que destruyen, no es para “beneficio” del resto del pueblo, sino sobre todo del empresario y del gobierno corrupto que nos divide a través de sus partidos políticos y programas sociales, quitándonos autonomía para depender de sus limosnas.

Nos hemos dado cuenta que el Gobierno solo está al servicio de los capitales trasnacionales y que sus decisiones están vendiendo nuestro futuro,  porque generar DESPOJO Y ESCASEZ  es un gran negocio para ellos.

Nos están haciendo pobres, material y espiritualmente. La causa de nuestra pobreza es el capitalismo/neoliberalismo y sus leyes del libre mercado. Debemos entender esta causa y debemos ser capaces de explicar el problema de forma sencilla y clara para que cualquiera lo pueda entender. Las reformas estructurales modificaron la estructura del Estado para despojar  del territorio y prosperidad a la gente pobre y dárselo todo a los ricos. Las Reformas Estructurales pretenden acabar con las conquistas logradas por nuestros abuelos en la Revolución Mexicana, la Reforma Agraria que restituye el territorio del pueblo al pueblo ha sido traicionada, hoy nuevamente están legalizando el despojo de las tierras, montes, aguas y cerros. Han roto el contrato social plasmado en la Constitución, que incluía los derechos de los pueblos indígenas, campesinos, obreros y de la gente pobre de este país.

¿QUE HACEMOS?

Pasar de la defensiva a la ofensiva,  tenemos que actuar ya, las consecuencias de esta nueva colonia comienzan a ser irreversibles. No basta con indignarse, con reclamar y exigir, hay que organizarnos de manera independiente, ir compartiendo saberes, identificándonos, fortaleciendo nuestra cultura. Tenemos que recuperar los valores comunitarios, reapropiarnos de eso que intentan despojarnos. Porque sin tierra y territorio la vida no es posible.

Es urgente comprender que estamos viviendo la catástrofe, el deterioro de la vida, porque cada vez que estos proyectos contaminan en los territorios de los pueblos un río, un bosque, una selva, el problema no es sólo para quienes los habitamos, sino para tod@s, porque se atenta contra la vida misma.

CONSTRUYAMOS JUNT@S UNA CAMPAÑA NACIONAL EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y EL TERRITORIO

El mensaje es simple:

LA VIDA Y EL TERRITORIO ESTÁN EN RIESGO,

TENEMOS QUE DEFENDERNOS HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS.

La tarea es combatir la desinformación de que no está pasando nada con los pueblos y bienes naturales de nuestro país. A nivel mundial, nos conocen como el país del narcotráfico y la violencia, y mientras tanto al interior los mexicanos estamos sufriendo el mayor despojo y retroceso de nuestros derechos. Bajo el pretexto del narcotráfico, han sacado al ejército a las calles, violando el artículo 129 de la constitución sobre el acuartelamiento que deben tener las fuerzas castrenses, y utilizan esta militarización para imponer los proyectos de muerte en nuestros pueblos y comunidades, contradiciendo la obligación que tienen las fuerzas castrenses de proteger la soberanía nacional que reside esencial y originalmente en el pueblo. ¡Tienen que defender al pueblo, no estar contra él! y esto incluye la defensa de nuestro territorio frente a intereses extranjeros.

Por eso es necesario que hagamos volantes, radios comunitarias, acciones para informar en nuestras comunidades y ciudades lo que nos está pasando. Conocernos entre l@s afectad@s y difundir la palabra hacia el interior y el exterior.

Hay que alzar la voz colectiva. Llevar lejos las experiencias. Denunciar la generalizada situación nacional de despojo del territorio, difundir los datos duros que demuestran la urgencia de cambiar las cosas. Hay que hacer viajar la palabra, como viaja el aire. Hablar con fundamentos, con razones, pero también desde las emociones y los sentimientos. Hay que traducir el mensaje de lo que nos está pasando a todas nuestros  idiomas indígenas. Contra la muerte que significan sus proyectos, debemos crear vida.

Debemos hacer conciencia desde nuestros hogares y familias. Dejemos de ser mujeres y hombres machistas e individualistas, reconozcamos el valor de la mujer. Fortalezcamos la vida, la alimentación saludable y la organización comunitaria.

Defendamos la cultura de nuestros pueblos, el control de producir nuestros alimentos, reconstruyamos nuestros sistemas normativos y de gobierno, nuestras instituciones comunitarias: la autonomía y el autogobierno. Creemos nuestras propias leyes, porque cuando la ley es injusta, lo justo es desobedecerla.

Levantémonos junt@s, sol@s no podemos. Cobijémonos entre tod@s. Si nosotr@s nos unimos, ellos tiemblan. Estamos viviendo la historia y queremos formar parte de ella. Ya no tenemos miedo. Porque todas nuestras luchas nos llevan a un OBJETIVO COMÚN: La DEFENSA de la VIDA y la MADRE TIERRA.

Es por eso que a partir de este 10 de abril y hasta el 20 de noviembre de 2016 realizaremos una Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra, la vida y el territorio, difundiendo tres mensajes centrales:

• En todo el país y en todas nuestras comunidades difundiremos nuestras luchas e historias, de cómo defendemos la tierra, la vida y el territorio. Saldremos a todos los lugares donde nos inviten, a explicar cómo nuestra Madre Tierra está siendo destruida y nos está siendo despojada, haciendo morir a la naturaleza, a nuestras comunidades, barrios y pueblos y explicaremos porqué creemos que es importante preservarl@s. Vamos a contarles que nuestra lucha no es sólo por nuestras tierras, ni sólo por nuestros pueblos y barrios, sino que es en defensa de la vida, de la Madre Tierra, en defensa del futuro y el presente digno de todas y todos.
• Difundiremos nuestra palabra por todos los medios a nuestro alcance para explicar y denunciar cómo esta destrucción le da ganancias a los señores del dinero y a esa ganancia depredadora, ellos les llaman desarrollo y progreso.
• Haremos visible las alternativas de vida y de gobierno que en los pueblos y ciudades estamos llevando a cabo, para demostrar lo que es un verdadero desarrollo y que sí es posible otra forma de vivir en sociedad respetando la madre tierra y a nuestros hermanos, sembrando futuro, no muerte.

CONVOCAMOS A SUMARSE A ESTA CAMPAÑA:

A todos los pueblos, comunidades, barrios y colonias que sufren del despojo; a todas y todos quienes sufren de la destrucción de la Madre Tierra provocada por los proyectos depredadores mineros, petroleros, forestales o que hacen del agua una mercancía; llamamos a todas y todos aquellos que luchan contra los agrotóxicos, los monocultivos y tratan de preservar nuestras semillas; a todas aquellas comunidades que son avasalladas por megaproyectos energéticos (hidroeléctricas, eólicas, termoeléctricas, gasoductos, fracking), de infraestructura (autopistas, aeropuertos, trenes) y de minería; a todas las comunidades que están siendo afectadas por la contaminación de la industria y otros proyectos de muerte; a todos los barrios y colonias que en las ciudades resisten la imposición de grandes avenidas, megacentros comerciales, transporte masivo, desarrollos urbanos y basureros; llamamos a todas y todos quienes luchan contra el intento de volver mercancía las playas, los manglares, los lagos, los bosques y las áreas naturales protegidas.

Les llamamos con urgencia a ser parte de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el territorio. A tod@s les invitamos:

• A enlazarse con el Comité de Pueblos y Organizaciones de esta campaña para sumarse y ser parte de esta iniciativa.
• A realizar entre mayo y septiembre alguna actividad comunitaria o barrial como parte de la campaña. Si ustedes lo consideran útil y pertinente invitarnos, en medida de nuestras posibilidades, los pueblos, académicos y organizaciones que lanzamos esta iniciativa, podríamos acudir directamente a apoyar dicha actividad. Y los invitamos también a que puedan acudir a otros pueblos y comunidades a difundir su propia lucha y apoyar a otr@s narrando su propia experiencia en defensa de la Madre Tierra.
• A participar, dependiendo de sus posibilidades, en una acción estatal o regional organizada desde las coordinaciones que se han ido formando en la preparación de esta campaña.
• A difundir en sus comunidades y barrios los materiales que hemos preparado y que explican nuestros tres mensajes centrales de esta campaña nacional y; a compartir los que ustedes mismos han realizado.

Llamamos a la sociedad civil organizada, a los colectivos, a las organizaciones civiles, religiosas, a los trabajadores organizados, a los estudiantes, a los medios libres y alternativos, a las organizaciones sociales y populares, ambientalistas, feministas, juveniles y de derechos humanos a ser parte de esta campaña, a ayudar a difundir nuestra voz y nuestro mensaje de defensa de la Madre Tierra. A los diferentes movimientos sociales que se extienden a lo largo y ancho del país, los llamamos a coordinarnos, a tejer unidad, porque solos no podemos defender la soberanía, futuro y presente de nuestro país.

A la sociedad civil organizada y no organizada la invitamos:

• A registrarse durante todo el mes de abril como parte de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra
• A realizar entre mayo y septiembre, alguna actividad en su escuela, centro de trabajo, colonia o barrio, que difunda nuestros tres mensajes. En medida de nuestras posibilidades, y si así lo determinan, alguna comisión de los pueblos, barrios, académicos u organizaciones que participamos en esta iniciativa podremos acudir a estas actividades. Todas las actividades registradas serán difundidas desde la página central de la Campaña Nacional.
• A difundir, reproducir y replicar los materiales que hemos preparado para esta campaña nacional, al interior de sus organizaciones pero sobre todo en los sectores, comunidades y territorios donde ustedes luchan y se organizan.

Tod@s junt@s: pueblos, comunidades y barrios en defensa de la Madre Tierra, sociedad civil organizada y no organizada, preparémonos desde hoy, una movilización nacional en defensa de la vida, el territorio y la Madre Tierra para el próximo 20 de noviembre de 2016 y difundámosla previamente durante los meses de septiembre y octubre.

Tod@s nosotr@s, somos del color del arcoíris, l@s guardianes e hij@s de la madre tierra, l@s que la defendemos ante el cáncer de las “leyes del mercado y la catástrofe”, que nos la arrebatan, la enferman y matan. Nosotr@s hemos escuchado y respondido  al llamado de amor y dignidad de nuestra madre. Es momento que pasemos la voz para que otr@s también lo hagan. Porque al despojarnos de nuestros territorios, la vida está en riesgo y los afectados somos tod@s, por eso ya estamos luchando, pero necesitamos ser más…

PORQUE tod@s somos tierra, vivimos en ella, la amamos y dependemos de ella,

PORQUE las afectaciones son para TOD@S:

¡LA LUCHA ES DE TOD@S!

Más información en http://www.defensamadretierra.mx/

Coordinación de Comunicación de la Jornada

La revista de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo ha sido elaborado con el esfuerzo conjunto de las redes que hacen parte de la jornada.  El material es un aporte para el debate y la reflexión conjunta.

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Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo – 4 Noviembre 16

Boletín nº 226- Octubre 2016

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“América Media”: pueblos en resistencia ante un pasado colonial que perdura con imposición y violencia

Cuando pensamos en los países que van desde el sur de México hasta Panamá, acostumbramos hablar de América Central o Centroamérica. Es decir, en nuestro imaginario, ese sería el nombre que usaríamos para situar el territorio que se encuentra entre la región Sur y la región Norte del continente americano. Sin embargo, las historias, culturas, economías y políticas de este territorio cuentan una historia diferente y nos obligan a reflexionar más allá sobre sus límites y definiciones.
 
Mientras que administrativamente, Centroamérica comprende siete países: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; algunos historiadores aún delimitan la región de acuerdo a los límites establecidos por uno de los virreinatos de la colonia española, es decir, los actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Por otra parte, la antropología definió como Mesoamérica a los territorios que comprenden desde la mitad sur de México, los territorios de Guatemala, Belice y El Salvador, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde se asentaron grupos de las zonas precolombinas de México y del Caribe – tales como los pueblos Mayas, Lencas, Pipiles, Kunas, Chorotegas, Nasos, Bribris, entre otros -, y que han habitado estos parajes durante milenios. No debemos confundirnos con otras divisiones que han sido creadas por organizaciones internacionales para pretender una “integración” económica que apunta a expandir el comercio neoliberal en estos territorios.
 
Pero la historia oficial, antropológica y colonial no considera las otras diversas historias que los pueblos, culturas y geografías nos cuentan. Aquellas que tienen que ver con los intercambios culturales y políticos, las luchas de resistencia, las percepciones y formaciones de lugares sagrados, territorios y que dan un sentido de pertenencia a esta “América Media”, en el sentido amplio de la palabra, desde el sur de México hasta Panamá.
 
Esta “América Media” entonces es un territorio definido y re-definido a lo largo de los años por sus pueblos y culturas. A través del tiempo, no obstante, y sobretodo desde la era de la colonización, su papel ha sido el de zona de disputa territorial entre las grandes potencias europeas —a las que se sumó a fines del siglo XIX, Estados Unidos—, con el objetivo de explotar y controlar sus “recursos naturales”. Su ubicación es estratégica, ya que permite cortar camino en la comunicación de los océanos Atlántico y Pacífico por vía marítima. Además, es una zona de altísima biodiversidad en términos de bosques y manglares, suelos fértiles, ricas reservas de agua dulce, así como de enormes reservas de petróleo y minerales.
 
Durante poco más del último siglo, estos territorios han estado modulados por movimientos de liberación y emancipación social, seguidos por cruentas dictaduras militares. La fuerte violencia política y persecución social que continúa en la actualidad no ha impedido a que las luchas de resistencia se siguieran multiplicando por todos sus rincones. Sin embargo, en la actualidad, con los movimientos y organizaciones de base enfocados especialmente en la defensa de los territorios y contra la imposición de un modelo extractivista destructivo, los niveles de violación a los derechos humanos y colectivos de los pueblos es alarmante.
 
Este boletín busca apoyar y honrar a estos pueblos diversos y sus luchas de resistencia. Por tanto, es un boletín dedicado a reflexionar sobre esa “América Media”, es decir, a los territorios definidos por sus pueblos, historias y luchas que van desde el sur de México hasta Panamá. De la mano de organizaciones aliadas en estos territorios, el WRM ha buscado resaltar las imposiciones y luchas que desde hace muchísimos años vienen pugnando los pueblos en la defensa de sus bosques, tierras y culturas.
 
El empuje por expandir las plantaciones de monocultivos, las concesiones mineras y petroleras, los proyectos de “conservación” tipo REDD+, las hidroeléctricas, los proyectos de infraestructura, entre otros, ha ido de la mano de una violenta represión -con casi total impunidad- de cada vez más personas que resisten ese modelo económico que está al servicio del gran capital. En palabras de Berta Cáceres, líder indígena asesinada en Honduras, cuyo legado ha trascendido los territorios de la “América Media”, “La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos sociedades capaces de coexistir  de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y sus espíritus”.
 
Esperamos que este boletín ayude a dar visibilidad a estas luchas y así entender mejor los diversos procesos que pretenden imponerse en estos territorios.

LOS PUEBLOS DE “AMÉRICA MEDIA” LUCHANDO POR SUS TERRITORIOS Y CONTRA TODA FORMA DE OPRESIÓN

Modelo extractivista: el despojo de territorios y la criminalización de la protesta en Centroamérica Un modelo impuesto que saquea y expulsa a pueblos enteros de sus tierras, que criminaliza y reprime la protesta, que asesina gozando de total impunidad. Pese a esto, la resistencia crece y clama solidaridad.

Expansión de las plantaciones de palma aceitera como política de Estado en Centroamérica Aspectos históricos, ambientales, laborales y económicos unen el fenómeno de expansión de los monocultivos de la palma aceitera en Centroamérica, el cual se incrementa con la demanda de este aceite a nivel global.

Madre Vieja: el río que llegó al mar En febrero de 2016, varias comunidades de la cuenca del río Madre Vieja en Guatemala, se armaron de valor, denunciaron el desvío y robo del agua por parte de las agroindustrias, y emprendieron una pacífica batalla por la liberación de su río.

Neocolonialismo y plantaciones en la costa Garífuna de Centroamérica Un siglo después de la invasión a Honduras por Sam Zemurray y Manuel Bonilla con las empresas bananeras y luego de palma aceitera, se inicia una nueva imposición con la amenaza de las llamadas “ciudades modelo”.

El Modelo Extractivo Minero: amenaza potencial contra la diversidad biológica en Mesoamérica A pesar de los intentos para hacerle creer a la población que el extractivismo minero significa desarrollo sustentable, los pueblos de Mesoamérica, alertados sobre la contaminación que éste produce, caminan en la construcción de diferentes formas de resistencia.

La defensa del territorio cuerpo-tierra: una alternativa para los movimientos sociales en resistencia Es necesario hacer una defensa integral por el derecho a decidir sobre el territorio, el cuerpo y la vida. Solamente uniendo las luchas, éstas tienen posibilidades de resistir y crear alternativas para transformar el sistema capitalista, patriarcal y colonial.

Semuc Champey, Guatemala: donde el río se esconde Un extraordinario bosque fue convertido en “área protegida” sin siquiera consultar con las comunidades que habitaron y cuidaron de esas tierras desde hace siglos. Este “modelo de conservación” se suma a una serie de violaciones históricas.

 

 

Antecedentes de la sublevación neozapatista

 

 

    Durante los ’80, la OCEZ, a diferencia de la CIOAC, se mantuvo independiente de influencia política partidista alguna, y, contrariamente a la ARIC (Asociación Rural de Interés Colectivo, fundada en Ocosingo en 1988), lejos de las agencias gubernamentales, lo que a posteriori habría de significarle una mayor afluencia de afiliados. Fiel a su política de tejer alianzas mayores, en 1980 la OCEZ se unió a la Coordinadora de Luchas de Chiapas (CLCH), una instancia organizativa amplia que fue prontamente desbaratada por la represión desatada contra ella. También tejió alianza con el Frente Nacional Democrático Popular (FNDP), una organización sospechada por algunos miembros de la OCEZ de estar infiltrada por el gobierno. En 1988, la agrupación se escinde en dos grupos como producto de discrepancias internas (el cuestionamiento a la unión con el FNDP, entre otras), con acusaciones cruzadas. Se supone que esta organización desarrolló en 1992 nuevos frentes en la Selva, los Altos y el norte de Chiapas bajo el nombre de Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ). Para algunos especialistas OCEZ y ANCIEZ son lo mismo con diferentes nombres.

  Otras organizaciones campesinas surgieron en esta época. En 1975, por ejemplo, la Alianza Campesina 10 de Abril (fecha del asesinato de Emiliano Zapata) coordinó tomas de tierras en los municipios de Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Villa Flores, Venustiano Carranza, Socoltenango, Comalapa y Tzimil. Para inicios de 1982, hizo su aparición la Alianza Campesino Revolucionaria (ACR) y propició tomas de tierras en la costa del Pacífico de Chiapas.

 

 

 

 

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* Este artículo fue escrito en febrero de 2015 y se publica aquí por primera vez.

Corporaciones, estado nacional y autoridades municipales hostigan y detienen a Maya-Kichés por usar leña para cocinar mientras le abren las puertas a empresas que cortan y transportan madera ilegalmente todos los días.

Fuente: Front Line Defenders

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La historia de Lolita Chavez, contada desde Front Line Defenders

Aura Lolita Chávez Ixcaquic es lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’ por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio (CPK) de Guatemala, el cual da seguimiento a procesos de consulta popular y buena fe, diálogo y acciones colectivas ante la amenazante expansión de megaproyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustria en su territorio.

Aura Lolita Chavez y otros/as integrantes del CPK han sido objeto de amenazas y ataques por su trabajo pacífico en defensa de los derechos humanos, la naturaleza y la vida. Uno de sus miembros fue asesinado el 12 de junio de 2012.

Para los/as defensores/as del medioambiente y el derecho a la tierra en Guatemala, una grave problemática es el uso injusto de procesos judiciales para impedir que los/as DDH desarrollen sus actividades legítimas. Las compañías privadas ( a menudo respaldadas por los gobiernos de América del Norte y Europa) relacionadas con la minería y la construcción de represas inician muchos judiciales acusando a los/as DDH de delitos tales como actos de terrorismo, usurpación de tierras, secuestros, etc. Como parte del proceso de criminalización, tanto actores estatales como no estatales llevan a cabo campañas de difamación y estigmatización de los/as DDH, especialmente de parte de compañías transnacionales y medios de comunicación de derecha. Las autoridades del estado siguen publicando declaraciones y comunicados de prensa en los que incriminan públicamente a los/as DDH de delitos no probados.

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Los abajo firmantes apoyamos esta propuesta indígena, que retoma las leyes internacionales sobre derecho de autodeterminación de los pueblos para la organización propia en la toma de decisiones sobre el uso de sus bienes comunes [*], e instamos a todas las autoridades que respeten la Declaratoria como una clara oportunidad de escuchar las preocupaciones de sus comunidades y respetar sus decisiones comunitarias.

Respaldamos la gran valentía de este territorio que protege un bosque ancestral y que está deteniendo uno de los proyectos más grandes de mercantilización de la naturaleza.

El pasado 1 de julio, comunidades del territorio Bribri de Talamanca en Costa Rica, presentaron ante una asamblea de casi 400 personas la Declaratoria del Territorio Bribri Libre de REDD+.

La Declaratoria surge como estrategia para proteger el territorio ante la avanzada de una consulta sobre REDD+ planteada por el gobierno de Costa Rica y que las comunidades identifican como un proceso de mala fe.

La declaratoria que rechaza REDD+ fue elaborada en espacios autoorganizados, compartida en idioma Bribri y firmada por más de 300 personas, durante visitas entre marzo y junio de 2016 en más de 15 comunidades del territorio.

REDD+ (Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la Deforestación y Degradación de los bosques) es un proyecto que nace en la COP 11 (Conferencia de las partes) de la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático celebrada en el 2005 en Canadá, y fue planteada por iniciativa de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea. Sin embargo en lugar de ser una solución al problema del cambio climático, REDD ha desplazado las discusiones sobre el clima en la ONU, encubriendo la causa principal de la crisis climática: la combustión de combustibles fósiles y la necesidad de cambiar el sistema, en especial de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero que son producidos en mayoría por los países industrializados.

Este mecanismo permite que las industrias paguen permisos para contaminar (créditos de carbono), y que los proyectos causantes de la deforestación a gran escala, como la tala industrial, la expansión de monocultivos, los mega-proyectos de infraestructura, la minería, las grandes represas hidroeléctricas y sobre todo, la agricultura industrial que se expande hacia los bosques, continúen sin restricciones. Por otro lado, profundiza la privatización de los bosques, ya que cuando se venden este tipo de créditos de carbono, se estipula que los bosques sean inalterados y desde una visión conservacionista, las comunidades no pueden utilizar los elementos del bosque para sus usos tradicionales.

El gobierno de Costa Rica impulsa esta estrategia desde el 2008 y supone que los pueblos indígenas participan en la construcción de la misma, sin embargo las comunidades del territorio indígena Bribri cuestionan los procesos de información, preconsulta y de la elección de representantes de su pueblo para la construcción de la propuesta indígena de REDD+.

Los $855.733,39 dólares gastados por el gobierno de Costa Rica para construir la estrategia REDD+ con los pueblos indígenas, dejaron dudas y cuestionamientos en las comunidades indígenas sobre la transparencia del proceso. El gobierno a inicios del 2016 dio por terminadas las etapas de información y preconsulta para todos los territorios indígenas del país, a pesar de que las comunidades bribris denunciaron innumerables veces el rechazo a este mecanismo:

• El 29 de agosto del 2014 una asamblea bribri de más de 300 personas cuestionaron ante todo el gabinete del MINAE el proceder y las implicaciones de REDD+.
• En diciembre del 2014 presentaron su caso en el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza en Perú.
• El 15 de octubre del 2015 más de 400 personas indígenas Bribris y de otros territorios del país se movilizaron hacia Casa Presidencial en San José para solicitar al presidente Luis Guillermo Solís que terminara las negociaciones sobre la estrategia REDD, la respuesta del gobierno fue afirmar que la implementación de la estrategia no daría marcha atrás.
• El 1 de Julio del 2016 se presenta ante la Asociación de Desarrollo Indígena del Territorio Bribri (ADITIBRI) la Declaratoria del Territorio Indígena Bribri Libre de REDD+.

No son pocos los intereses contra los cuales las comunidades bribris están luchando. El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), que pertenece al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es quien lidera este proceso en el país. REDD+ es financiado en Costa Rica por el Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) del Banco Mundial y apoyado por UN-REDD. El país es uno de los más avanzados en Latinoamérica en la preparación de esta estrategia que actualmente es parte del Programa de Bosques y Desarrollo Rural del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Carta de Apoyo a la Declaratoria del Territorio Indígena Bribri Libre de REDD

1. Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)
2. Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-CR), Costa Rica
3. Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panamá
4. Radio Temblor, Panamá
5. No REDD in África Network
6. Alianza Mundial en contra de REDD
7. Ramón Vera-Herrera (GRAIN-Ojarasca)
8. Red de Coordinación en Biodiversidad, Costa Rica
9. Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, Guatemala
10. Acción Ecológica, Ecuador
11. Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4
12. Asociación de Ecología Social (AESO), Costa Rica
13. Asociación Proyectos Alternativos (PROAL), Costa Rica
14. Amigos del Pacuare, Costa Rica
15. Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON)
16. Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica
17. Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, Costa Rica
18. Comité de Agua Longo Mai Abajo, Costa Rica
19. Unión de Amigos para la Protección del Agua (UNAPROA)
20. Refugio Nacional de Vida Silvestre Longo Mai, Costa Rica
21. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP, A.C.), México
22. Amigos de la Tierra Argentina
23. Otros Mundos. Amigos de la Tierra México
24. CODEFF, Amigos de la Tierra Chile
25. CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador
26. Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay
27. Amigos da Terra Brasil
28. CEIBA, Amigos de la Tierra Guatemala
29. Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia
30. Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima de Colombia
31. Red Contra los Monocultivos de árboles (RECOMA)
32. Suy Wong Ugalde, Costa Rica
33. Pablo Sivas Sivas, territorio Indígena Térraba. Costa Rica
34. María Esther Montanaro Mena, Costa Rica
35. Felipe Andrés González Murillo, Costa Rica
36. Andrés Cambronero Rodríguez, Costa Rica
37. Cristina Bolaños Blanco, Costa Rica
38. Carla Rutsch – Lüneburg, Alemania
39. Jose Antonio Mora Calderón, Costa Rica
40. Grupo Ecológico de Occidente (GEO), Costa Rica
41. Unión Norte por la Vida-UNOVIDA, Costa Rica
42. Mujer y Medio Ambiente A.C, México
43. Cooperativa de Vivienda Construcción, Fuerza, Unión, destreza y ayuda mutua (COOVIFUDAM R.L.), Costa Rica
44. COECOCEIBA Amigos de la Tierra Costa Rica
45. Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica

Maestros, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicatos, campesinos, opositores a megaproyectos, normalistas… “atentan” contra la seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos. Por ello, son víctimas de represión, acoso, espionaje, encarcelamiento y muerte

Érika Ramírez, Revista Contralínea 503

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) son considerados por el Estado mexicano como un riesgo para la seguridad nacional. Así lo revela la Agenda Nacional de Riesgos –elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y reservada por 12 años–, con copia en poder de Contralínea.

El saldo para todos y cada uno de estos movimientos –así como los opositores a la minería o a los proyectos de infraestructura; también para los que se encuentran en defensa del territorio y medio ambiente y las policías comunitarias– ha sido ser víctimas de represión, espionaje, acoso, abuso de poder, congelamiento de cuentas, detenciones, judicialización y criminalización de la protesta social, encarcelamiento, desaparición, asesinato.

En la Agenda Nacional de Riesgos (ANR), uno de los documentos clasificados como confidenciales por el aparato de inteligencia del país, focaliza a los movimientos sociales como opositores a los cambios hechos a la Constitución, a través de las llamadas “reformas estructurales”, llevadas a cabo en los últimos años.

La versión de este análisis, para el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, reconoce que las reformas educativa y laboral son de los ejes principales que han movilizado al país. Focaliza los movimientos desde 1999, con la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por los estudiantes que se opusieron al cobro de cuotas en la universidad pública más importante del país.

En 2013, el capítulo “Ingobernabilidad por movimientos sociales” se encontraba en el escaño sexto de la lista de temas revisados por el Cisen –bajo la dirección de Eugenio Ímaz Gispert–; sin embargo, el acceso a los escalafones de la Agenda de 2015 permite observar que la movilización social se ha convertido en el segundo tema de importancia para el gobierno de Peña Nieto, sólo por debajo de la “delincuencia organizada”.

Martín Esparza Flores, secretario general del SME, dice en entrevista que el acoso en contra de los movimientos sociales es “histórico, hay antecedentes en el país de la forma en cómo buscan acabar con un movimiento: primero, se meten, lo dividen, criminalizan y cuando ven el momento ocupan la fuerza del Estado. Recientemente vimos Nochixtlán, vimos la desaparición de los 43 normalistas, mineros asesinados, electricistas golpeados; ¿cuántos dirigentes sociales indígenas en la cárcel o asesinados?”

Riesgo para la seguridad nacional, “así nos han catalogado”, dice el líder de los electricistas, quien asegura que hay un seguimiento permanente del Cisen contra todos los dirigentes, los movimientos y organizaciones sociales.

Esparza Flores expone: “En nuestro caso, hay un expediente grandísimo del Cisen, nos tienen identificados como un riesgo para la seguridad nacional de este país. Cada que se detenía a un compañero [después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, en 2009], las primeras fotos que le pasaban en la cárcel era mía o de los otros compañeros del Comité; incluso, buscaban que los trabajadores dijeran que habíamos sido nosotros que los mandábamos a una movilización. Lo hacían para poder escalar en las averiguaciones contra del Comité Central del sindicato. A algunos les ofrecían trabajo en CFE [Comisión Federal de Electricidad], casas, bienestar para sus familias, con tal y que declararan en contra. Afortunadamente, los trabajadores muy conscientes decían categóricamente: no somos delincuentes, nos estamos manifestando y es un derecho que tenemos para exigir que nos regresen nuestro trabajo”.

El diagnóstico

Con un nivel de riesgo medio (3.6), el capítulo “Ingobernabilidad por movilizaciones” diagnostica de manera general que “existen organizaciones que adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al interés colectivo con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas específicas.

 “El comportamiento de algunas de ellas busca generar crisis recurrentes de gobernabilidad.”

El documento de inteligencia hace una división en el tipo de “organizaciones sociales que alteran deliberadamente el orden social”. Las primeras, aquellas –según el documento– que tienen “oposición a políticas públicas que eliminan privilegios a grupos de interés, obtenidos mediante la presión política y social (reforma Laboral y Educativa)” (sic).

Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la sección XVII de la CNTE, hace una evaluación de lo que ha ocurrido en el sector educativo desde 2012: “ha habido un sin número de compañeros detenidos de la disidencia magisterial, manifestaciones que han llegado a la muerte en Chiapas y Oaxaca (Nochixtlán).

Además, suma el conflicto “histórico” de las normales rurales [cada año, los alumnos de estas escuelas salen a las calles en reclamo de mayor presupuesto y mejoría en los espacios que ocupan y la ampliación de la matrícula] y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

 “Por defender la educación pública, 64 luchadores sociales han estado en la cárcel. México ya vive una condición difícil; demandamos que el gobierno federal cese la represión, que se busque una solución distinta a la agresión y se deje de golpear al movimiento social para que se pueda ver cómo se resuelve el conflicto”, comenta Zavala Hurtado.

Desde el 15 de mayo pasado, el magisterio adherido a la CNTE se encuentra en paro de labores a nivel nacional. Líderes de la disidencia magisterial, como Rubén Núñez Ginez, secretario General de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –principal bastión de la CNTE–; Francisco Villalobos, de Organización; Aciel Sibaja, de Finanzas y Heriberto Margarito López, representante regional del Istmo de Tehuantepec, fueron llevados al Centro de Readaptación Social (Cefereso) de Hermosillo, Sonora, y luego trasladados a Cefereso de Mengolí, en Miahuatlán, Oaxaca. Entre los cargos que se les atribuía: lavado de dinero. De éstos, los últimos en ser liberados fueron Núñez Ginés y Villalobos, el pasado 12 de agosto.

La agenda también menciona que supuestamente hay “injerencia de actores vinculados a la subversión o grupos anarquistas en movimientos sociales tradicionales como el magisterio disidente, colectivos estudiantiles, organizaciones de defensa de los derechos humanos, agrupaciones campesinas e indígenas, así como iniciativas frentistas multisectoriales”.

Indica que existe una percepción social de ausencia de autoridad por la inacción gubernamental ante acciones radicales de movimientos sociales en determinadas zonas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, estos últimos gobernados por el perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, el priísta Fausto Vallejo Figueroa y el aliancista Gabino Cué Monteagudo, respectivamente.

Añade que ha habido una “provocación de la violencia como argumento para actualizar el discurso sobre la ‘regresión autoritaria’”. Además, de que hay una “tendencia creciente a transgredir el estado de Derecho como mecanismo de presión hacia las autoridades” (sic).

Ejemplifica con el conflicto magisterial en Guerrero y Oaxaca; así como de normalistas, en Michoacán (previo a la realización de esa Agenda, en octubre de 2012 se habían detenido a 176 estudiantes de las escuelas normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío; la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de policías y delincuentes).

El documento del Cisen incluye los “actos vandálicos” del 1 de diciembre de 12 (cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República) y la toma de instalaciones de la UNAM.

Los grupos “opositores”

Según el Cisen, los principales movimientos frentistas antigubernamentales son: la  Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Éste es uno de los pasajes que se pueden apreciar en la Agenda. Los líderes de  cada uno de estos movimientos han sido criminalizados y judicializados.

Leonel Rivero, abogado y coordinador general de la organización Defensa estratégica en derechos humanos, AC, dice que desde hace varios años ha  llevado la defensa de algunos luchadores sociales, como los de la huelga de la UNAM (1999); luego, en el 2006, acompañando a Atenco, y ahora, con los líderes de la CNTE, se han percatado de que “el Estado ha venido perfeccionando sus métodos de contención de la protesta social: criminalizándola a partir de establecer acusaciones con base en delitos que en su momento han generado gran impacto social en toda la población, como la utilización de la imputación de secuestro. Acusar a un activista de secuestro lleva como objetivo el despertar o revivir en la sociedad experiencias que ha pasado y eso tiene un fuerte impacto de condena mediática”.

En su análisis, dice que “esa situación es sumamente complicada, es grave la forma en cómo se ha utilizado el secuestro y la asociación delictuosa. A ello, se suma que los envíen a cárceles de alta seguridad y a lugares que están como mínimo a mil kilómetros de distancia, lo que implica sacarlos de su base social y desarraigarlos de su gente; por ejemplo, el encarcelamiento de los líderes de la CNTE”.

De Atenco a la CNTE

De la defensa del territorio a las reformas estructurales, comunidades y organizaciones se han manifestado y los intentos por desbaratar los movimientos sociales han dejado muertos, sangre y encarcelamiento.

Sofía de Robina Castro, abogada del área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice en entrevista que en defensa de los derechos humanos, podemos ver cómo las movilizaciones sociales son un reflejo de lo que vive el país, de la crisis en la que estamos, y cada vez más las calles se convierten en un espacio en donde se vierte todo ese descontento social.

 “Vemos, tristemente, la respuesta que hay de parte del Estado: una respuesta autoritaria. Lejos de permitir que se desahoguen y se ventilen todas las problemáticas, de atenderlas y de resolver, se generan mayores violaciones a través de detenciones arbitrarias, incluso muertes y ejecuciones, como en Nochixtlán [Oaxaca]. Se limita el espacio social. Nos preocupa que ante una situación de crisis la respuesta del Estado sea tan autoritaria”, comenta la defensora de derechos humanos.

En 2006, la defensa del territorio en San Salvador Atenco, Estado de México, y la entrada de la policía a las tierras del poblado, provocó la muerte del estudiante de Economía de la UNAM Alexis Benhumea, y el encarcelamiento de los líderes del FPDT. Las sentencias impuestas a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo (opositores a la construcción del aeropuerto en sus tierras) llegaron a rebasar los 100 años. La lucha por la excarcelación duró 4 años y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El golpe a la población fue dado durante la administración de Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México.

El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, impactó en 66 mil empleados de la compañía estatal. El sindicato, considerado uno de los más fuertes del país y con mayor tradición en la defensa de los derechos laborales, perdió a 27 mil 401 de sus agremiados, porque logaron dividirlos. La base fue reducida a 16 mil 599 trabajadores, ante el acoso permanente que se llevó a cabo a través de campañas mediáticas, el cierre de los empleos y amenazas de imposibilidad de reinsertarse en el campo laboral.

La relación de las administraciones priístas y panistas en el gobierno con sindicatos o movimientos sociales es la misma, afirma Esparza Flores, porque mantienen la misma política económica, “el objetivo es el mismo: se ocupa la fuerza del Estado para reprimirte, hacerte a un lado, criminalizarte y administrar los conflictos”.

Conflictividad regional

La Agenda Nacional de Riesgos hace un análisis de lo que llama “conflictividad regional”, y explica que hay una obstrucción a proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoeléctricos, aeropuerto y refinería), bajo el argumento de “supuesto daño al entorno ecológico y la desatención a las necesidades de las comunidades”.

Asimismo, manifiesta que en el país hay un rechazo a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y saqueo de los recursos naturales, lo que implica la focalización de estos grupos opositores a los procesos extractivos como de interés para la seguridad nacional.

Hace énfasis en la utilización de la “figura denominada como policía comunitaria para conformar grupos con intereses que alteran la armonía comunitaria. Aun cuando los medios de comunicación reflejan la proliferación de estas organizaciones en diversos estados del país, en los hechos de su operación se concentra en Guerrero y Michoacán”.

Nestora Salgado, líder y comandante de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero, fue encarcelada durante 2 años y 7 meses y declarada inocente el 18 de marzo de 2016, acusada de secuestro.

En entrevista con Contralínea, dice que ha sido muy difícil pelear contra el Estado, que “es quien te acusa y fabrica delitos. Yo nunca debí pisar la cárcel, porque nunca cometí un delito, nunca estuve fuera de la ley. La policía comunitaria en Guerrero es reconocida y respaldada por la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero.

 “La policía comunitaria es algo que necesitamos en los estados y las comunidades. La delincuencia organizada está matando a nuestra gente y ha rebasado al Estado. No nos queda más que protegernos, buscar la forma de defender a nuestra gente y a nuestras familias.”

Considera que México está atravesando una “terrible crisis”, y en todo el país se vive abuso de autoridad y violación a los derechos humanos. “El Ejército y el gobierno mismo están violando todas las leyes; nos está fallando el Estado, nos está matando, nos está reprimiendo por ejercer el derecho a la vida, a la educación, a la salud”, dice.

Los conflictos y el medio ambiente

La Agenda Nacional de Riesgos también califica como tema de seguridad nacional la “violencia derivada de las pugnas por tierras y recursos naturales (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca)”.

Los conflictos socioambientales se han incrementado en los últimos años. Analistas han contabilizado más de 300 en todo el país; y aseguran que su detonante es la amenaza de despojo a la que se enfrentan comunidades indígenas, ejidos y espacios urbanos, principalmente.

El investigados Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, indica que las causas de estos conflictos son las actividades industriales llevadas a cabo por empresas o corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten. “Ante ello, los organismos estatales, por lo general se ponen del lado de las corporaciones o se mantienen neutrales”.

El investigador identifica que hasta el momento afectan a 180 municipios en todo el país. Los casos de conflictos socioambientales se pueden dividir de la siguiente forma: biotecnológico, nueve; energético, 35; hidráulico, 33; minero, 71; turístico, 12; y urbano, 17.

Para el académico de la UNAM, “los conflictos socioambientales no sólo generan tensión social, sino víctimas: seres humanos privados de sus medios de subsistencia, sus hogares, tradiciones y hasta su vida. Aquellos que defienden in situ a la naturaleza, se enfrentan ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital, grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas y consorcios”. Expone que el Estado actúa, casi siempre, de lado del empresariado bajo los “escudos” justificativos del progreso, la modernización y el desarrollo (Contralínea 493).

El documento del Cisen indica que hay una débil capacidad de administración y gestión de gobiernos estatales y municipales para atender conflictos sociales y políticos (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca).

ONG, eslabón

Miguel Barrera Rocha, director de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, asegura que se ha intensificado la violación de derechos humanos en el país. “Es doblemente preocupante, la gente está reaccionando. Cuando vemos los bloqueos que están haciendo en Oaxaca, no solamente es por Oaxaca, hay que darle la lectura clara de que hay un ejercicio muy injusto de la distribución de la riqueza, del uso y el derecho para el disfrute de las garantías, nos queda claro que los vacíos van aumentando”.

Con respecto de la participación de las organizaciones no gubernamentales en los movimientos sociales dice: “es claro que incomodamos, no sólo con el gobierno federal, también con el local. Si las cosas siguen así, todo este contexto de violencia nos va a rebasar. Como organizaciones somos útiles, pero estorbamos [al poder]. Las organizaciones somos el eslabón, la línea fronteriza de lo que está pasando”.

Aprendizajes y desafíos para la integración de los pueblos de Nuestra América

Por FISYP

Esta investigación contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL).

Autores: Lucas Castiglioni, Analé Barrera y Emiliano Fernández

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En este período se han organizado diversas actividades como paneles en jornadas académicas, seminarios y talleres debate que resultaron en publicaciones y se realizó un vídeo documental a propósito del décimo aniversario del No al ALCA.

Durante el año 2013 se llevó a cabo una investigación colectiva sobre las problemáticas de integración regional en América Latina y el Caribe. En aquella ocasión se analizaron los proyectos de integración hegemónicos y los proyectos regionalistas contra-hegemónicos.

En este sentido es que se llevó a cabo una conceptualización de ambas perspectivas y posteriormente fueron comparadas críticamente. Para ello se estudiaron los Tratados de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá y el rol del Banco Mundial en Argentina. En una segunda parte se indagó sobre la propuesta de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), analizando la historia reciente del proyecto de integración y las propuestas de las Empresas y Proyectos Grannacionales, Tribunal de Inversiones, Banco del ALBA, SUCRE y la iniciativa PetroCaribe.

En 2014 se continuó con la investigación en torno a la integración regional y el papel de las instituciones financieras en América del Sur. Para ello se introdujo una mirada sobre la aún vigente crisis global y el papel que asumen las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional). Luego se indagó sobre la Arquitectura Financiera Regional. Para ello se ahondó en el estudio sobre el Banco Interamericano de Desarrollo y las políticas de crédito para Argentina.

En tercer orden se analizó el proyecto de integración suramericano desde el punto de vista teórico y desde el estudio del Banco del Sur y el Sistema de Pagos en monedas locales Argentina-Brasil.

De este modo, se parte de un trabajo y debate colectivo previo que nutrirá el estudio que aquí se propone. El mismo pretende avanzar en el análisis crítico del escenario social de América Latina y el Caribe actual, tomando como referencia uno de los hechos más significativos del nuevo milenio: el rechazo a la propuesta estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en noviembre del 2005 en la ciudad argentina de Mar del Plata, en el marco de la IV Cumbre de las Américas y ante la movilización social organizada que confluyó en la III Cumbre de los Pueblos.

Un abordaje integral del “No al ALCA” implica situarlo en relación a los proyectos de integración regional en pugna, las respuestas de los gobiernos nacionales y organismos internacionales, el rol de los movimientos sociales; dando cuenta a la vez de los procesos y sujetos que convergieron en el hecho entonces y del legado político-social que el mismo plantea hoy.

El proceso de investigación implicó una búsqueda bibliográfica para la construcción de un Estado del Arte sobre el problema planteado.

En este recorrido, se dio con análisis que ya desde fines de la década del noventa alertaban sobre los peligros que encerraba el ALCA y, ante el escenario de gestación de su rechazo hacia el 2005, resaltaba la centralidad de derrotar esta propuesta al mismo tiempo que reconocían otros instrumentos en las que la misma podía reconfigurarse, como los TLC.

En este momento, a 10 años del rechazo continental del ALCA, se multiplican los discursos de “conmemoración y festejos”. En ellos, se tiende en general a homogeneizar los procesos políticos y a simplificar los motivos de las luchas que condujeron a la derrota de la iniciativa estadunidense. Así, se invisibilizan las causas profundas, se desconocen los grados de homogeneidad, organización y conciencia del movimiento popular que permitieron dicha gesta y se ignoran los nuevos mecanismos que asume la integración hegemónica en nuestros tiempos.

De esta manera, en el trabajo que presentamos, se parte de reivindicar este hito de la lucha social contra el neoliberalismo en la región, al mismo tiempo que se busca complejizar el análisis, retomando las “alertas” establecidas por organizaciones populares e intelectuales orgánicos de la región respecto a la estrategia imperialista.

En este sentido, la pregunta por el legado de la derrota del ALCA hoy se presenta al mismo tiempo como un problema de conocimiento y como un desafío político para las organizaciones populares.

A partir de estas consideraciones introductorias, se plantea el desarrollo del trabajo que supone una estrategia metodológica mixta que combina el análisis documental y de fuentes estadísticas y la sistematización bibliográfica.

El estudio comienza por analizar la propuesta de (des)integración que supone el ALCA y los espacios, bloques regionales e instrumentos en los que el mismo se perpetúa en el escenario global actual.

En segundo término, se estudian los cambios dados en la agenda social en estos diez años y se propone una caracterización de las estrategias hegemónicas dirigidas a la gestión de la fuerza de trabajo súperexplotada y excedente a los fines del capital.

Particularmente, se plantea un análisis de la implementación en toda la región de los Programas de Transferencia de Renta Condicionada (PTRC) y se refl exiona sobre las condiciones para una agenda alternativa.

Luego, se propone una caracterización y periodización de la lucha social que supone articulación regional y global de sujetos colectivos desde fines del siglo XX al presente, siempre tomando el rechazo al ALCA como hecho de referencia. Asimismo, se plantean elementos para la conceptualización de la movilización social a nivel internacional en el periodo seleccionado.

Finalmente, se presentan reflexiones con el propósito de abrir nuevos interrogantes y enriquecer el debate desde una perspectiva crítica.

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11 de Agosto del 2016, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

casa de la mujer ixim ansetic

El sistema de despojo y extractivismo es inminente, tiene varios nombres: hidroeléctrica, minera, carretera, monocultivo, extracción petrolera, arenera, pero tiene el mismo apellido despojo para los pueblos.

Chiapas, uno de los estados más ricos en recursos naturales, y diversidad cultural no es excepción en esta guerra de poder e imposición de un modelo neoliberal en donde no cabe el amor y cuidado de la madre tierra, ni el trabajo y la vida colectiva o comunitaria.

Caminando los diferentes proyectos de imposición para las comunidades, encontramos la construcción ahora llamada ampliación de la carretera San Cristóbal Palenque cuyo proyecto ha cambiado en 3 ocasiones, bajo la supervisión de las mismas empresas y bajo el mismo presupuesto 3,000 millones[1] de pesos,  encontramos la presa hidroeléctrica de Tenosique antes Boca del Cerro que aunque cambie de nombre y de kilómetros será en el mismo río y con las mismas consencuencias de pérdida comunitaria.

Ya basta!, este es el grito que 10 comunidades de la zona del Valle de Tulijá le hacen a este sistema, hoy sus comisariado ejidales se encuentran presentando ante el Registro Agrario Nacional actas de asamblea firmadas no solo por ejidatarios/as de sus ejidos, sino por mujeres, niños, niñas, jóvenes que luchan en defensa de la vida.

Después de 10 meses de reuniones, en las que se analizó la información pública en torno a los megarproyectos de la zona, en las que se compartió información, y se adquirió el compromiso no solo de informar, sino de sumar por igual a hombres y mujeres de las comunidades, el resultado son actas que con diferentes palabras pero un mismo corazón representan acuerdos para el no paso de la carretera.

Hoy hay 10 comisariados aquí, pero sumado más de 1500 firmas de hombres y mujeres en defensa de Chiapas, y por territorios libres de megaproyectos.

Abajo la lista de comunidades y sus firmas, ayúdanos a difundir, esta lucha es de todas y todos. Por un México libre de megaproyectos, sin minería, sin hidroeléctricas, sin extracción de pétroleo, sin fracking.

[1] Dato que se podrá localizar en la siguiente página de la SCT http://aga.sct.gob.mx/sigueObraPublica.do

Un reportaje ilustrativo de lo que significan las luchas en Nuestramérica

POR BRENDA LARA MARKUS * , Resumen Latinoamericano. Desde hace algunos años los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas de Latinoamérica se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de desarrollo e infraestructura, también llamados proyectos de despojo, que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de la naturaleza que no tiene punto de comparación con procesos previos. Frente a este modelo, han surgido múltiples formas de defensa en los territorios, los bienes comunes, las diferentes culturas y modos de vida en las cuales implementan distintas estrategias basadas en los derechos humanos.

–       En Guatemala, estos proyectos abarcan la minería, cementeras, tala de árboles e hidroeléctricas entre muchas otras. Además de la privatización de bienes que son un derecho humano tal y como lo declara la Constitución, como por ejemplo el agua que no solamente es abarcada por la industria con el cierre de los ríos sino que lo poco que sueltan viene contaminada con arsénico y otros químicos que ponen en riesgo la vida de millones de guatemaltecos. Otro de estos bienes es la energía eléctrica que no solamente fue privatizada sino que las empresas realizan cobros abusivos y exagerados, sobre todo en comunidades muy lejanas donde desde hace muchos años se organizan en resistencia. Sin embargo, los líderes comunitarios son amenazados, perseguidos, encarcelados ilegalmente y hasta asesinados, tal y como ocurre en el resto de Latinoamérica, especialmente en casos recientes de Honduras.

–       En una entrevista realizada por radio Canadá Internacional hace unos meses, el cantante Tito Medina, quien estuvo presente en un festival musical a favor de los presos políticos justamente en el país al cual pertenecen varias de las mineras instaladas en Guatemala opinó:

-Tito Medina: Guatemala es un país muy diverso, es pequeño, tiene solamente 16 millones de habitantes y es dos veces el tamaño de Nueva Escocia pero el problema es que tenemos muy poco acceso al agua porque hay empresas muy grandes que incluso desvían los ríos. Incluso el vicepresidente del país, Jafeth Cabrera, según reporte del diario Prensa Libre, dice que 1.4 millones de personas, o sea 300 mil familias, más o menos el 9% de la población van a sufrir por la sequía. Y cuando las personas se oponen al desarrollo de la minería a gran escala, que son empresas canadienses en su mayoría, o el desarrollo de empresas hidroeléctricas que generan energía principalmente para la gran fábrica, se genera conflicto y hay áreas donde la conflictividad es extrema.

Además, que la población nuestra, que es maya, población mestiza, mayormente vive en el campo y tiene sus formas tradicionales de respeto a la naturaleza, ahí se desarrolla una lucha por el agua como forma de vida. A partir de eso el Estado, en conjunto con las empresas transnacionales ha desarrollado un proceso de judicialización en la persecución de los dirigentes populares que se oponen al uso del agua para fines corporativos.

Ahorita en este momento tenemos siete compañeros que están prisioneros por defender el agua, con cualquier excusa los meten a la cárcel y ya tienen más de un año de estar ahí, entonces el problema es la sostenibilidad de la familia. Hay mucha gente, muchos dirigentes que están prácticamente con orden de captura y entonces eso genera una gran sensación de inestabilidad porque la población se siente perseguida y ellos dicen ´claro, nosotros lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz, que nos dejen utilizar nuestros recursos, que no desvíen los ríos y todo el mundo tenga acceso al agua´. Guatemala ha sido un país muy controversial por sus dinámicas dictatoriales y los abusos que han cometido las empresas durante muchos años.

-Periodista: Medina está de acuerdo con que uno de los puntos más urgentes y de gran importancia es el tema de la comunicación pues ni la comunidad internacional ni la ciudad de Guatemala se enteran de lo que realmente sucede en estas comunidades y por lo tanto nadie los defiende. Por el contrario, esta falta de comunicación es aprovechada para cometer abusos hasta con las mismas autoridades locales, alcaldes, policías y gobernadores a quienes las empresas que se adueñan de estos recursos dan dinero a cambio del encarcelamiento de los comunitarios denunciantes.

– Medina: el año pasado un grupo de cuarenta niños fueron retenidos porque no dejaban pasar a un tractor que quería desviar un río en una de las fincas de Guatemala. Inclusive niños han ido a la cárcel por estar ahí uno o dos días pero esto no hace noticia en los medios nacionales. La manifestación por la defensa del agua -fueron tres grandes manifestaciones que recorrieron cada una más de 200 km durante varios días hasta llegar a la Capital- lo que se lograron fueron unas nueve notas de prensa en todos los periódicos de Guatemala. La situación es muy tensa, muy difícil por la persecución y también por la negación de los espacios de información en general. Esto genera como una moneda, una cara que se conoce y la otra sería como el lado oscuro de la luna. Para decirte un caso, para el cierre de una minera desplazan a una fuerza policial, atacan a un montón de ancianos, mujeres y niños que estaban evitando que una empresa que ya la Justicia nacional, hablo de la Corte Suprema de Justicia, declaró que es necesario que cierren esta empresa extractiva de oro y plata y sin embargo ellos siguen extrayendo oro y plata y para eso contaminan los ríos. No salen noticias de los abusos de las autoridades contra la población en Guatemala.

– Periodista: uno de los casos que está llamando la atención en los últimos días es el de Semuc Champein donde las comunidades decidieron tomar el área pues no se está cumpliendo con el acuerdo que se estableció en el decreto 25-2005 con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) para que entregue las regalías del monumento nacional Semuc Champein a los comunitarios en Alta Verapaz. De acuerdo con el decreto 25-2005, el 30% del ingreso total anual de las tarifas por visitar el monumento debe destinarse al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades aledañas, según indican el 30% que les corresponde a los comunitarios no será trasladado en efectivo sino en proyectos amigables al ambiente ejecutado directamente por el Conap, pero tampoco se tiene garantía de que eso se realice a cabalidad. Uno de los comunitarios explica:

– Los pueblos antes de la invasión estaban organizados, tienen su propio sistema de justicia y no hasta ahora hay ley. El artículo 66 de la Constitución política de la República dice: el Estado respeta y reconoce las propias formas de organización social de los pueblos. El artículo 55 del Código Municipal habla de que la comunidad indígena está facultado para practicar su propia forma de administración de sus recursos. Es decir, puede administrar impuestos. El inciso a y b del artículo 13 que habla sobre la integración de los órganos comunitarios de desarrollo nos habla que la asamblea tiene que nombrar su Cocode, su comité, su fundación, su consejo; no el ministro de la defensa, no el presidente de la República, no el diputado, no el alcalde sino que ustedes son los que tienen que nombrar su Cocode.

-Periodista: respecto a esto se pronunciaron las organizaciones, colectivos e instituciones que pertenecen a las verapaces expresando su preocupación ante el desalojo violento que sufrieron las comunidades Chisubín, Semil, Subín y Santa Maria del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Dichas comunidades llevan un tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y paramililtares. Desde el 4 de julio de 2016 doscientas patrullas y alrededor de ochocientos elementos de la policía se encuentran en el lugar, generando violencia y llevando a cabo un despojo en contra de las comunidades ancestrales y dejando a nueve comunitarios heridos. El desalojo lo sufrió la comunidad Santa Inés de Santa Cruz, Alta Verapaz, que está conformada por 20 familias poqomchi´, las cuales fueron despertadas en la madrugada del pasado 2 de julio y luego fueron sacadas de sus viviendas por un grupo de 50 personas, liderados por el señor Luis Giovanni Cho y Rigoberto Sanson Jor Caal, destruyendo 6 viviendas y dejándolas sin techo y sin un lugar a donde ir en el momento. Mujeres, niños y ancianos sufrieron crisis nerviosas e hipotermias perdiendo así todas sus pertenencias y sus viviendas. Además, las comunidades del Valle de Polochic tienen una amenaza de desalojo para esta semana que va a favor de monocultivos de empresarios que usurpan el Estado y ostentan el poder en Guatemala. Los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es una práctica constante. Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que sólo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario. Este es el comunicado publicado por las organizaciones de las verapaces de Guatemala.

Por otro lado, Domingo Baltazar, uno de los presos políticos que actualmente enfrenta juicio oral y público por liderar una comunidad en defensa del territorio en Barillas, Huehuetenango, fue entrevistado por el centro de medios independientes respecto a su posición y razones de su resistencia:

-Baltazar: los convenios que hacen las empresas con los gobiernos de 50 años, prácticamente ya son los dueños.

-Periodista: Rigoberto Juárez quien también enfrenta este proceso, técnico en salud y autoridad ancestral también explica las consecuencias de las apropiaciones que no se toman en cuenta

-Juárez: Pero a lo que nosotros nos referimos es el grave daño económico social que esos proyectos antes que se instalan ya están provocando. Seguramente estos empresarios han llegado al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a otras entidades bancarias diciendo que van a llevar desarrollo a nuestras comunidades. Mentiras, totalmente mentiras, porque para quiénes van a ser el recurso, para quién va a ser el pisto que se recoja de la generación de energía eléctrica, ¿va a ser para las comunidades o para los empresarios? Es mentira que estos empresarios vayan a dejar energía para las comunidades, mentiras. Porque hay una Ley de Energía en Guatemala que dice que el que genera la energía eléctrica no puede venderla, tiene que transferir la energía a otra empresa transportadora. Y después hay otra empresa distribuidora. Entones tiene que dar esa vuelta la energía para regresar a nuestras comunidades. Cuánto va a pagar una familia por la generación de energía eléctrica que sale de su territorio, va a ser el triple, porque le va a pagar a tres empresas

-Locutora: en muchos de estos casos estas capturas son ejecutadas aún sin órdenes. Y al final, después de varios años de encarcelamiento, los presos políticos obtienen su libertad pues al momento del juicio no existen pruebas. La diputada Sandra Morán, jefa de la bancada de La Dignidad en el Congreso Nacional de Guatemala en entrevista también con radio Canadá Internacional, visitó Canadá en junio pasado para solicitar una moratoria en el establecimiento de la minería que en gran parte es controlada por ese país del norte.

-Morán: desde el Parlamento hemos presentado hace una semana una propuesta de Ley para cinco años de una moratoria minera que nos permita hacer una discusión nacional sobre cuál es el modelo de desarrollo que necesitamos para el país, para las poblaciones y para mejorar la vida de la población que al final debería ser el enfoque del país. El impacto final de la minería es mucho más negativo que positivo. Las empresas pueden decir ´nosotros donamos una escuela, una clínica´ pero todo eso, que sí es ayuda y sí lo agradecemos, no tiene el mismo impacto que tiene lo negativo, incluso cuando van a cerrar las empresas. En Guatemala todavía no se tienen los protocolos de salida de empresas. Un balance que las mismas comunidades hacen es que el trabajo de hoy es la pobreza del futuro para quienes están aceptando el trabajo, y el hecho es que las comunidades se quedan divididas, se quedan peleadas. Eso sí ha generado la mina, la mina divide las comunidades, daña el tejido social, y por eso nosotros creemos que tenemos que discutirlo porque ha sido un modelo que se ha llegado a imponer sin que haya una consulta real como lo reconoce el Convenio 169 de la OIT

-Periodista: El convenio 169 de la OIT es un instrumento internacional de derechos humanos que establece los derechos colectivos de los pueblos indígenas: autogobierno, educación, salud, mejores condiciones de empleo, contacto y cooperación a través de las fronteras. Fue adoptado en 1989 y entró en vigencia en 1991, Guatemala es uno de los 22 países que lo ha ratificado. Los temas específicos que se pueden citar para este tema son: respeto al propio derecho, instituciones y sistemas de Justicia que se encuentran en los artículos 8 y 9; derechos ante la Justicia ordinaria, respeto de su cultura, defensa y protección de derechos, uso de idiomas indígenas e intérpretes, sanciones alternativas al encarcelamiento, artículo 10 y 12; propiedad y posesión de tierras, territorios y hábitat, artículos 13 y 19, goce de derechos humanos sin discriminación ni coerción, artículos 2 y 4. Lo que la Diputa confirma es que las comunidades indígenas buscan se les tome en cuenta y se cumpla con los acuerdos respecto a la regulación y autorización de este tipo de empresa en Guatemala.

-Morán: No estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra del intercambio comercial pero sí estamos en contra de que ese tipo de cosas lo que haga son efectos negativos en la vida de comunidades enteras y de la misma naturaleza, porque somos uno de los países más vulnerables del cambio climático y es una contradicción hablar sobre cómo salir del cambio climático cuando nuestro país está abierto a este tipo de inversiones.

-Periodista: Actualmente, muchas organizaciones y medios comunitarios luchan por visibilizar los casos para dar soporte a la legalidad y a los procesos legales a los que están siendo sometidos.