Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
>>Descargar El Escaramujo 68<<
Comunidades campesinas e indígenas en el punto de mira
Distintas organizaciones sociales y ambientalistas, así como varios académicos, han denunciado los sesgos en los análisis sobre deforestación y degradación hechos por instituciones promotoras de los programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+) . El estudio de Dooley et al (2011) reveló cómo los 1 documentos nacionales de preparación a REDD+ en Perú, Panamá, Indonesia, el Congo y otros países terminaban culpando, sin pruebas contundentes , a los pequeños agricultores y 2 la agricultura de subsistencia como las principales causas de deforestación.
Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (en inglés World Rainforest Movement, WRM) y la organización española GRAIN señalan en una publicación del año 2015 (WRM y GRAIN, 2015) cómo en los proyectos REDD+ se planean medidas como la reducción y regulación del acceso a la tierra a los campesinos y pueblos indígenas bajo el argumento de que la agricultura en sistema roza, tumba y quema (RTQ) es la principal causa de deforestación y degradación por la práctica de tumba y quema para la rotación y descanso del suelo.
En la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), estos sesgos no son ajenos y de hecho se contrapone un discurso de desarrollo rural sustentable frente a las actividades y prácticas tradicionales de subsistencia. En todos los Programas de Inversión en Chiapas, se culpan particularmente actividades como la agricultura itinerante y la recolección de leña por la deforestación y degradación; y a la pobreza, la marginación y el crecimiento poblacional como sus causas subyacentes. Por ejemplo, el Programa de Inversión de la Selva Lacandona argumenta que los “bajos niveles de capital y trabajo promueven la realización de actividades agropecuarias tradicionales, lo cual genera deforestación y degradación.” (Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, 2016a: 49).
Estos análisis resultan contradictorios porque en un segundo momento reconocen la existencia de una dinámica de sustitución y reducción en la superficie de las milpas que caminan y los altos costos para la producción de cultivos comerciales que difícilmente podrían asumir familias campesinas e indígenas. Por el otro lado plantean un discurso en el que definen a las comunidades que habitan y usan los bosques como las de mayor vulnerabilidad frente a los cambios ambientales globales y quienes tienen las mejores estrategias de gestión y gobernanza de los territorios y bosques (Holmgren, 2013). Es decir, las comunidades rurales y sus prácticas tradicionales pueden ser concebidas al mismo tiempo como criminales, vulnerables y como fuentes de experiencias exitosas de gestión de los bosques.
De hecho, muchos de los programas y proyectos gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales (ONG) integran las estrategias de manejo comunitario de los bosques a mecanismos de valoración económica y a mayor escala geográfica que no tienen los mismos resultados por ser concebidos como recetas que dejan de lado la territorialidad, ancestralidad, los conocimientos locales y la autonomía.
En el caso de la IRE, su estrategia de reducción de la pobreza y deforestación integra un potente paquete de prácticas y actividades “climáticamente responsables” para promover el desarrollo sustentable. Algunas de ellas son los PSA, el ecoturismo, las UMA, el aprovechamiento forestal (no) maderable, las plantaciones dendroenergéticas y la agricultura de conservación o “climáticamente inteligente”. Esta última, que busca sustituir la agricultura itinerante, se encuentra íntimamente ligada al uso de paquetes tecnológicos (agrotóxicos, tecnificación y uso de variedades hibridas) (WRM y GRAIN, 2015: 37).
Las actividades y programas planteados en la IRE suponen la entrada de un nuevo modelo de desarrollo que en principio no es consultado con las comunidades, criminaliza y busca sustituir las prácticas tradicionales de subsistencia de campesinos e indígenas. Además, por añadidura desarrolla un mercado para que las actividades se lleven a cabo con el uso de paquetes tecnológicos que una vez más generan dependencia de insumos externos y la pervivencia de negocios locales de venta de agrotóxicos.
Es importante recalcar que el hecho de culpar a los pobres de la deforestación y la degradación termina escondiendo que estos fenómenos son causados principalmente por las presiones económicas impuestas fuera de los territorios y de los bosques. La crisis climática y ambiental a nivel global es consecuencia del sistema económico e industrial encubierto por iniciativas que, como REDD+, están destinadas al fracaso por no plantear alternativas contra las verdaderas causas del cambio climático. Al contrario, sirven como medio para la compensación – no mitigación – de los países del Norte global y del sector industrial extractivo y el fortalecimiento del sector financiero .
Si bien los Programas de Inversión de la IRE-Chiapas identifican a las políticas y programas gubernamentales agropecuarios como promotores de deforestación y degradación; los intereses de los mercados e industrias agropecuarias pocas veces son tenidos en cuenta. Su ausencia de los diagnósticos y las estrategias que reduzcan la problemática forestal es uno de los factores que permite predecir su fracaso. Esto porque fenómenos como la ganadería extensiva, la certificación de madera bajo sellos verdes como las realizadas por la Rainforest Alliance, la expansión de palma africana y la conversión de cafetales de sombra a sol, la cual implica deforestación y mayor uso de agrotóxicos (y está siendo acaparada por empresas como Nestlé y Starbucks) están determinados por los intereses de grandes empresas y coyotes verdes, y no por las necesidades e intereses de campesinos e indígenas.