Guatemala: 195 organizaciones denuncian los últimos ataques contra miembros de la Resistencia Pacífica a la mina de Escobal

Compartimos este carta publicada en Fuera Mina Escobal — Solidaridad con la resistencia al Proyecto Escoba sobre el hostigamiento a la resistencia minera – A 21 de enero de 2021

Urge investigación y alto a la interferencia empresarial a nivel local ante el ataque armado y amenazas en contra de miembros de la resistencia pacífica contra el proyecto minero Escobal en Guatemala

Estimados Srs.

Las organizaciones firmantes denunciamos el atentado contra la vida del Sr. Julio David González Arango, miembro de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa en contra del proyecto minero Escobal, propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver. La mañana del sábado, 16 de enero de 2021, sujetos no conocidos dispararon al Sr. González en su casa en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa donde también tiene un pequeño negocio de granos básicos. Fue llevado al hospital inmediatamente con heridas graves.

Al día siguiente, otros dos miembros de la resistencia pacífica de Mataquescuintla, el Sr. Juan Eduardo Donis y el Sr. Pablo Adolfo Valenzuela Lima, recibieron mensajes de texto amenazando sus vidas. Las amenazas incluían una referencia explícita al ataque al Sr. González, indicando que ellos serían los siguientes.

El ataque al Sr. González y las graves amenazas en contra del Sr. Valenzuela y el Sr. Donis son la culminación de un contexto cada vez más tenso y peligroso para los y las miembros de la resistencia pacífica y el Parlamento Xinka de Guatemala. Aunque el Sr. González ha sido sujeto de amenazas y fuertes difamaciones por individuos que apoyan el proyecto minero Escobal desde que empezó su resistencia, las agresiones habían aumentado tanto que a principios de diciembre el Sr. González presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos. A raíz de esta denuncia, se intensificaron las amenazas directas contra el Sr. Valenzuela y el Sr. Donis, así como contra Edwin Alexander Reynoso Bran, y el abogado del Parlamento Xinka, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Vale destacar que el Sr. Reynoso ya sufrió dos atentados en 2014 y 2015, en el primero de los cuales fue asesinada su hija, Topacio Reynoso Pacheco, de 16 años quien también era defensora de derechos humanos. El Sr. Reynoso es uno de los 59 representantes acreditados para participar en la consulta ordenada por la corte con el Pueblo Xinka sobre la mina Escobal. El abogado Quelvin Jiménez también ha sufrido amenazas desde que la corte puso en marcha el proceso de la consulta, por las cuales tiene medidas cautelares desde julio de 2019 ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde septiembre de 2020, el Parlamento Xinka ha denunciado continuamente la existencia de un grupo que se autodenomina como la “Resistencia Reorganizada de Casillas” y que actúa en contra de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y sus miembros. Este grupo está liderado por un ex guardia de seguridad de la mina Escobal y sus miembros se han dedicado a intentar socavar el liderazgo Xinka en la zona, fomentar mayor división, y generar un ambiente de inseguridad. Miembros de la resistencia creen que este grupo está operando en coordinación con la empresa, y tanto representantes de la empresa como del Ministerio de Energía y Minas se han reunido con el grupo.

Además, durante los últimos meses, el Parlamento Xinka ha estado denunciando que la empresa Pan American Silver sigue entrando camiones a la mina innecesariamente y persistiendo con sus proyectos comunitarios, fomentando tensiones y divisiones sociales, mientras toda actividad minera debe ser suspendida. Así también, el trabajo comunitario que realiza la empresa genera procesos de coacción, violando la característica “libre” de la consulta.

La mina Escobal ha sido suspendida desde junio de 2017, primero por los dos plantones pacíficos permanentes instalados por la resistencia pacífica en las municipalidades de Mataquescuintla y Casillas para impedir el tráfico que se dirige al sitio minero. Además, desde julio de 2017, la mina fue suspendida por orden de la Corte Suprema de Justicia y ratificada por la Corte de Constitucionalidad el 3 de septiembre del 2018. El Tribunal ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevara a cabo una consulta con el Pueblo Xinka cuyos derechos fueron violados por el proyecto minero, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En su decisión, la Corte Constitucional “ha sido enfática en afirmar que un escenario de enfrentamientos, violencia y desconfianza, no coadyuva a que la realización de la consulta sea auténticamente productiva.”

Ante el atentado en contra de la vida del Sr. González, las amenazas en contra de líderes y lideresas, y el aumento de tensiones en la zona:

  • Nos solidarizamos con las exigencias del Parlamento Xinka de Guatemala para demandar una investigación plena e imparcial por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público con respecto al ataque en contra de la vida del Sr. González.
  • Exigimos que se realice una investigación completa e imparcial por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de las amenazas del 17 de enero contra los Sres. Donis, Valenzuela, y las graves amenazas contra los Sres. Reynoso y Jiménez.
  • Instamos al Procurador de los Derechos Humanos a que tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de Julio David González Arango, su familia, la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y el Parlamento Xinka de Guatemala. Urge que se establezcan las medidas de seguridad, según lo que pide el Sr. González y su familia, para garantizar su seguridad.
  • Solicitamos a las autoridades correspondientes continuar observando que se cumpla la resolución de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 4785-2017, para que se garantice su carácter libre y de buena fe del proceso de consulta antes, durante y después de la pre-consulta y consulta al Pueblo Xinka.
  • Exigimos a Pan American Silver que confirme la orden de la Corte Constitucional deteniendo su trabajo de relaciones comunitarias, las cuales son una parte innegable de las «operaciones de la mina» y contribuye al aumento de las tensiones en la región y a la inseguridad de sus residentes.
  • Llamamos a la comunidad nacional e internacional a que presten especial atención a la situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades del Pueblo Xinka y las personas defensoras de la Resistencia de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa que se manifiestan pacíficamente en defensa de la vida.

Atentamente,

>>Ver lista de organizaciones firmantes<<

Imagen: Acoguate

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