Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – a 14 de octubre de 2019
El pasado 11 de octubre el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luís Hernández Palacios Mirón,anunció ante los medios, la firma de un convenio con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con el cual de manera imprudente e inconsistente afirman que aquellos núcleos agrarios que decidan declarar el establecimiento de una Área Natural Protegida (ANP) en su territorio, en automático quedarán blindados de la depredación de los megaproyectos que los amenacen. Ojalá fuera cierto, pero desgraciadamente las políticas actuales en curso lo desmienten.
Desde REMA debemos hacer fuertes cuestionamientos al respecto. 1. ¿Por qué estas dependencias firman convenios sin hacer partícipe de ello a las comunidades? 2. ¿Por qué no verifican con la Secretaria de Economía y en particular con el Subsecretario de Minería el Sr.Quiroga, con el fin de no contradecirse en acciones y en política falsas, generando desinformación y confusión? Y es que precisamente del territorio de las cerca de 180 ANP que existen en el país, la Secretaría de Economía ha entregado en concesión más de60 mil hectáreas incluso de varias de las ANPs, tipificadas como emblemáticas como la Reserva de la Mariposa Monarca por mencionar sólo una. 3. A su vez el Servició Geológico Mexicano cita que poco más de 70 de los principales proyectos mineros que tenemos en el país se ubican justamente en ANPs. 4 .En ese marco no sólo la LGEEPA es una ley obsoleta y permisible para las empresas mineras, sino que en nuestro país la Ley Minera vigente es de aplicación prioritaria sobre otras leyes, incluidas las agrarias y las ambientales. Es decir, las declaraciones públicas relativas a este convenio omiten mencionar, sea por ignorancia u ocultamiento deliberado, la arbitraria e irresponsable preminencia concedida a la ley minera sobre otras leyes, cuando por obvias razones para nuestra sobrevivencia, otras disposiciones legales relativas al bien común deberían tener prioridad inexcusable. 5. Así, la manera de “blindar” a los pueblos de los Megaproyectos mineros no es promoviendo falsas protecciones por medio de las ANPs, inviabilidad que además se acentúa por la carencia de presupuesto actual para la CONANP y para la CONAFOR, lo que dificulta la operación de las ANPs que ya tienen plan de manejo. 6. Otro punto ligado con el anterior es que nos gustaría saber qué posición tiene la “4T” y en especial ustedes, con relación al saqueo de nuestra biodiversidad planteado entre México y Alemania en el marco del “Protocolo de Nagoya” signado por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, que otorga a las farmacéuticas alemanas el saqueo de nuestra biodiversidad genética.
Los núcleos agrarios no necesitan establecer nuevos blindajes, sino que se respete su libre determinación. Menos aun si la propuesta de “blindaje” parte de la implementación de ANPs que han constituido de hecho en los últimos años una estrategia que el propio gobierno hizo fracasar por falta de interés, de presupuesto, de obstaculización a los pueblos para participar de forma directa en la elaboración de los planes de manejo, de investigaciones que nunca han regresado a las comunidades en procesos de extractivismo cognitivo, privilegiando a académicos VIP.
Las ANPs de ninguna forma garantizan la protección de los ejidos y comunidades, más aún se han convertido en otra forma de despojo ya que la propia LGEEPA, en estas áreas, restringe el uso y las actividades en el territorio a las y los propietarios de la tierra, y si permite el saqueo de conocimiento y biopiratería a universidades y empresas.
Históricamente la PA y el RAN se han encargado de promover y en algunas comunidades de imponer programas de “regularización de tierras” como el Procede, Fanar y RRAJA que son los que han facilitado a las empresas extractivas su entrada a los territorios y por consiguiente su destrucción.
Así, si se trata de “blindajes” auténticos, debemos blindar a las comunidades ante la incoherencia de políticas gubernamentales que eluden entrar a fondo en el origen de las amenazas; que siguen promoviendo la inversión extranjera y nacional en megaminería tóxica y en otros megaproyectos ajenos al interés y el bienestar de las comunidades, inversión basada en la oferta de empleos con salarios de miseria; blindar a las comunidades del engaño de plantear que la integridad de los territorios se puede comprar; blindarlas de los intereses empresariales que están dictando las políticas públicas en los hechos; blindarlas de las consultas sesgadas y facciosas. Y en ese camino, sería mucho mejor, por cierto, que la y el Registro Agrario Nacional (RAN), dejaran de actuar a favor de empresas y políticos y que sólo cumplan con su función principal; la de ser verdaderos protectores de las y los integrantes de núcleos agrarios.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y DE ANPs
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA