El Escaramujo

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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La estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD +) es una iniciativa política internacional que surgió en 2005 dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Refuerza el discurso de mercantilización y ﬁnanciarización de la naturaleza y los procesos ecológicos a partir de mercados internacionales de carbono; donde los países o industrias con obligaciones de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pueden comprarle el derecho de emitir a países o comunidades que no tienen esta obligación (Furtado, 2016).

Estos últimos compensan – mas no mitigan – las emisiones mediante proyectos de reforestación o conservación de bosques principalmente a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). A pesar de que estos mecanismos ﬁnancieros han mostrado su incapacidad para reducir las emisiones, REDD+ impulsa la creación de Mercados Voluntarios de Carbono (MVC) a los que acceden “abiertamente” comunidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) como vendedores y el sector privado como comprador, y los mercados de resultados principalmente para que los países con obligación de reducir emisiones compren “los excesos de créditos de carbono” de otros países.

Además de la ineﬁcacia de estos mecanismos, la implementación de REDD+ en los territorios ha estado rodeada de denuncias y críticas desde movimientos sociales, ambientalistas y académicos que han visibilizado la exclusión, criminalización e instrumentalización de los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques, la incidencia en conﬂictos territoriales y despojo de la tierra, la mercantilización de la conservación, el control sobre los procesos autonómicos comunitarios, y el limitado impacto de la lógica de compensación de emisiones que encubre las causas estructurales de la crisis climática y ambiental (Kill, 2015; Furtado, 2016).

Estos cuestionamientos han desencadenado la organización de comunidades rurales y pueblos indígenas que han planteado la necesidad de rediseñar la estrategia de acuerdo a sus intereses y se han declarado en oposición a REDD+, optando por gestionar sus 1 territorios de forma tradicional y autónoma .

México enREDDado

Pese a las denuncias, la demostrada incapacidad de REDD+ y otros mecanismos ﬁnancieros para mitigar el cambio climático y la ausencia de un acuerdo político internacional sobre la estrategia, el gobierno mexicano, bajo pretexto de mostrar buena voluntad, viene creando la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) desde el año 2010. Para tal ﬁn tienen que transformar la política ambiental y de desarrollo rural sustentable, generar la integración de las entidades federales y la coordinación de las políticas y programas públicos agropecuarios, forestales y de otros usos del suelo.

A partir de los cambios y luego de asegurar el apoyo ﬁnanciero y tecnológico de los países “desarrollados”, el gobierno mexicano se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% para 2020 y un 50% para 2050, en relación a las emisiones del año 2000, y al tránsito hacia una tasa cero de perdida de dióxido de carbono (CO2) en los “ecosistemas originales” (CONAFOR, 2015). Estos compromisos deben entenderse como parte de un discurso político de “buena voluntad” ante el exterior que no es compatible con la realidad ambiental y los inexistentes avances en mitigación y reducción de gases de efecto invernadero. Entre 1990-2010, periodo de impulso de compromisos y acuerdos internacionales de cambio climático como el de Kioto, las emisiones nacionales en vez de reducirse se aumentaron un 33.4% (Sosa-Rodríguez, 2015).

La ENAREDD+ ha sido construida por una variedad de actores encabezados por tres instancias: la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como entidad pública; los Comités Técnicos Consultivos (CTC-REDD+) constituidos por entidades públicas federales y estatales, organizaciones civiles nacionales e internacionales, organizaciones sociales, instituciones educativas y el sector privado. Así como la Alianza México-REDD+, una plataforma de ONG que incide en la política nacional, las agendas de investigación, los proyectos locales y la gestión de la ﬁnanciación. La Alianza está conformada por The Nature Conservancy (TNC), Rainforest Alliance, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (ENDESU) y The Woods Hole Research Center.

En materia ﬁnanciera, entre 2009 y 2014 se realizaron acuerdos para REDD+ en México por cerca de 800 millones de dólares. El 42% proviene de recursos nacionales y el dinero restante procede de fondos públicos y privados multilaterales (Cuadro 1). La mayoría de los recursos por donaciones y endeudamientos que han asumido entidades federales y gobiernos estatales son administrados por la CONAFOR para fortalecer ﬁnancieramente REDD+ y los PSA.

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Comunidades campesinas e indígenas en el punto de mira

Distintas organizaciones sociales y ambientalistas, así como varios académicos, han denunciado los sesgos en los análisis sobre deforestación y degradación hechos por instituciones promotoras de los programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+) . El estudio de Dooley et al (2011) reveló cómo los 1 documentos nacionales de preparación a REDD+ en Perú, Panamá, Indonesia, el Congo y otros países terminaban culpando, sin pruebas contundentes , a los pequeños agricultores y 2 la agricultura de subsistencia como las principales causas de deforestación.

Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (en inglés World Rainforest Movement, WRM) y la organización española GRAIN señalan en una publicación del año 2015 (WRM y GRAIN, 2015) cómo en los proyectos REDD+ se planean medidas como la reducción y regulación del acceso a la tierra a los campesinos y pueblos indígenas bajo el argumento de que la agricultura en sistema roza, tumba y quema (RTQ) es la principal causa de deforestación y degradación por la práctica de tumba y quema para la rotación y descanso del suelo.

En la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), estos sesgos no son ajenos y de hecho se contrapone un discurso de desarrollo rural sustentable frente a las actividades y prácticas tradicionales de subsistencia. En todos los Programas de Inversión en Chiapas, se culpan particularmente actividades como la agricultura itinerante y la recolección de leña por la deforestación y degradación; y a la pobreza, la marginación y el crecimiento poblacional como sus causas subyacentes. Por ejemplo, el Programa de Inversión de la Selva Lacandona argumenta que los “bajos niveles de capital y trabajo promueven la realización de actividades agropecuarias tradicionales, lo cual genera deforestación y degradación.” (Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, 2016a: 49).

Estos análisis resultan contradictorios porque en un segundo momento reconocen la existencia de una dinámica de sustitución y reducción en la superﬁcie de las milpas que caminan y los altos costos para la producción de cultivos comerciales que difícilmente podrían asumir familias campesinas e indígenas. Por el otro lado plantean un discurso en el que deﬁnen a las comunidades que habitan y usan los bosques como las de mayor vulnerabilidad frente a los cambios ambientales globales y quienes tienen las mejores estrategias de gestión y gobernanza de los territorios y bosques (Holmgren, 2013). Es decir, las comunidades rurales y sus prácticas tradicionales pueden ser concebidas al mismo tiempo como criminales, vulnerables y como fuentes de experiencias exitosas de gestión de los bosques.

De hecho, muchos de los programas y proyectos gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales (ONG) integran las estrategias de manejo comunitario de los bosques a mecanismos de valoración económica y a mayor escala geográﬁca que no tienen los mismos resultados por ser concebidos como recetas que dejan de lado la territorialidad, ancestralidad, los conocimientos locales y la autonomía.

En el caso de la IRE, su estrategia de reducción de la pobreza y deforestación integra un potente paquete de prácticas y actividades “climáticamente responsables” para promover el desarrollo sustentable. Algunas de ellas son los PSA, el ecoturismo, las UMA, el aprovechamiento forestal (no) maderable, las plantaciones dendroenergéticas y la agricultura de conservación o “climáticamente inteligente”. Esta última, que busca sustituir la agricultura itinerante, se encuentra íntimamente ligada al uso de paquetes tecnológicos (agrotóxicos, tecniﬁcación y uso de variedades hibridas) (WRM y GRAIN, 2015: 37).

Las actividades y programas planteados en la IRE suponen la entrada de un nuevo modelo de desarrollo que en principio no es consultado con las comunidades, criminaliza y busca sustituir las prácticas tradicionales de subsistencia de campesinos e indígenas. Además, por añadidura desarrolla un mercado para que las actividades se lleven a cabo con el uso de paquetes tecnológicos que una vez más generan dependencia de insumos externos y la pervivencia de negocios locales de venta de agrotóxicos.

Es importante recalcar que el hecho de culpar a los pobres de la deforestación y la degradación termina escondiendo que estos fenómenos son causados principalmente por las presiones económicas impuestas fuera de los territorios y de los bosques. La crisis climática y ambiental a nivel global es consecuencia del sistema económico e industrial encubierto por iniciativas que, como REDD+, están destinadas al fracaso por no plantear alternativas contra las verdaderas causas del cambio climático. Al contrario, sirven como medio para la compensación – no mitigación – de los países del Norte global y del sector industrial extractivo y el fortalecimiento del sector ﬁnanciero .

Si bien los Programas de Inversión de la IRE-Chiapas identiﬁcan a las políticas y programas gubernamentales agropecuarios como promotores de deforestación y degradación; los intereses de los mercados e industrias agropecuarias pocas veces son tenidos en cuenta. Su ausencia de los diagnósticos y las estrategias que reduzcan la problemática forestal es uno de los factores que permite predecir su fracaso. Esto porque fenómenos como la ganadería extensiva, la certiﬁcación de madera bajo sellos verdes como las realizadas por la Rainforest Alliance, la expansión de palma africana y la conversión de cafetales de sombra a sol, la cual implica deforestación y mayor uso de agrotóxicos (y está siendo acaparada por empresas como Nestlé y Starbucks) están determinados por los intereses de grandes empresas y coyotes verdes, y no por las necesidades e intereses de campesinos e indígenas.