El Escaramujo

El Escaramujo 97: LAS REPRESAS EN CHIAPAS

Publicada el 16/06/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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Chiapas alberga las regiones de mayor biodiversidad del país así como más del 30% del agua superficial del territorio mexicano con 92 mil hectómetros cúbicos, y una reserva de agua subterránea de 2,500 hectómetros cúbicos. Cuenta con 81 cuencas hidrográficas.

A lo largo de su historia, sus cuencas han sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas entre las que se encuentran 8 hidroeléctricas, de las cuales tres de ellas son de las más importantes del país. Por un largo tiempo, Chiapas aportó más del 40% de la energía hidroeléctrica del país a costa de la pobreza local.

Decenas de proyectos de presas hidroeléctricas se han planeado desde hace décadas en toda la geografía de un estado lleno de hermosos ríos. Ahora, el discurso de la “transición energética”, la “energía limpia”, la “energía renovable” y “los mecanismos de desarrollo limpio” ponen a Chiapas en mayor riesgo de sus Cuencas, ya que las Grandes Represas y ahora las “pequeñas” represas hidroeléctricas siguen reforzando el discurso de la economía verde. Las amenazas sobre los territorios indígenas y campesinos se agudiza con los megaproyectos extractivistas, sobre todo si tomamos en cuenta que en Chiapas el 65% del territorio del estado son Ejidos y Bienes Comunales .

Recientemente la CONAGUA ha liberado esta información que ahora sistematizamos. En este inventario se rescatan los bordos, diques, derivados y represas que se han construido en el estado de Chiapas. También realizamos una radiografía de otros proyectos y el proceso de resistencia social.

El total de Represas, Bordos, Diques y Derivadoras construidas en Chiapas

La CONAGUA registra en Chiapas un total de 94 intervenciones con obras de todo tipo y tamaño que se han construido desde la Conquista hasta 2019. Estas represas están divididas en Presas Hidroeléctricas, Bordos, Diques y Derivadoras. Se han intervenido un total de 39 Municipios: 31 están en la Región Hidrológica Costa de Chiapas, y 63 en Grijalva-Usumacinta. Todas estas obras han sido construidas por particulares, ejidatarios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la CONAGUA, y lo que fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) que operó entre 1976 y 1994.

Los períodos de construcción

De las 94 obras registradas, 67 cuentan con registro del año de construcción y de 27 no se tiene registro. La primera obra que se tiene registro data de 1880 en el municipio de Cintalapa. Durante el Siglo XX se realizaron las principales intervenciones artificiales en las Cuencas de Chiapas. Solo 4 se llevaron a cabo entre 1900 y 1950 en 4 municipios: Berriozábal, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza y Cacahoatán. El resto de las 50 represas y bordos se llevaron a cabo entre 1950 y el año 2000. Principalmente en la década de 1970 que es cuando se construyen la mitad de ellas. En lo que va del Siglo XXI se han construido 12 obras.

Las represas en Chiapas y los sismos

El 100% de las intervenciones de las Cuencas para construir las represas, bordos, derivadoras y diques se ubican en Zonas Sísmicas, y se distribuyen de la siguiente manera: 46 obras en Alta Sismicidad, 36 en Media Sismicidad y 12 en Baja Sismicidad.

Por su lado, de los 39 municipios intervenidos en Chiapas, 15 se ubican en regiones de Alta Sismicidad, 19 en Media Sismicidad y 7 en Baja Sismicidad.

Hay que tomar en cuenta que los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en México. Entre ellos, el estado de Chiapas muestra una mayor actividad sísmica ya que en algunos períodos ha llegado a cuadruplicar la cantidad de sismos registrados en la entidad. Este criterio de la sismicidad es un elemento que al parecer poco se toma en cuenta para la proyección en la construcción de las represas.

Las actuales y futuras Represas Hidroeléctricas en Chiapas

Las intervenciones mayores sobre las Cuencas son las represas. Existen en Chiapas 41 presas y de ellas son 8 hidroeléctricas:

Presa Belisario Domínguez (La Angostura).
Presa Ángel Albino Corzo (Peñitas)
Presa José Cicilio del Valle (El Retiro).
Presa Manuel Moreno Torres (Chicoasén).
resa Netzahualcóyotl (Malpaso).
Presa Bombaná.
Presa Bombaná II.
Presa Shpoiná.

En Chiapas la CFE identifica 90 proyectos hidroeléctricos en la Etapa de Planeación con una potencia instalada de 9,060 Mw. De ese total, 79 corresponden a proyectos identificados, 4 de Gran Visión, 2 de Prefactibilidad y 5 de Factibilidad. La CFE pretendería licitar hidroeléctricas en 4 Sistemas Hidrológicos de la Región del Sureste ubicados en la entidad en las Cuencas de Tonalá, Tacotalpa, Usumacinta y Grijalva.

Los 4 Proyectos de Gran Visión para Chiapas están ubicadas en la Cuenca del Usumacinta. Sobre el río Tzaconejá la Presa Altamirano con una potencia instalada de 185 Mw y la Presa Livingstone con una potencia instalada de 285 Mw. Sobre el río Santo Domingo la Presa Rápidos de Santo Domingo (antes presas Huixtán I) con una potencia instalada de 160 Mw y la Presa Santa Elena (antes presas Huixtán II) con una potencia instalada de 300 Mw. Sobre el río Usumacinta se siguen proyectando la Presas Yaxchilán, Presa Isla El Cayo, Presa El Porvenir y la Presa La Línea que sumarían 690 Mw de potencia instalable. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone que sean hidroeléctricas al filo del agua.

Los 2 Proyectos de Prefactibilidad son las Presas Ampliación El Retiro en la Cuenca Cahoacán en Tapachula, y la Presa Chinín sobre el río Tacotalpa en el municipio de Huitiupán, con un potencial instalado de 7 y 170 Mw respectivamente.

Los 5 Proyectos de Factibilidad son, sobre el río Grijalva, la Presa Acala con un potencial instalado de 135 Mw, la Presa Copainalá con un potencial instalado de 225 Mw y la Presa Rehabilitación Bombaná. Sobre el río Tacotalpa la Presa Itzantún con un potencial instalado de 440 Mw; y la Presa Tenosique (antes Boca del Cerro) sobre el río Usumacinta en el estado de Tabasco con un potencial instalado de 420 Mw.

La presa Chicoasén II está suspendida por los conflictos sociales que ha causado. Y La “pequeña” represa Santo Domingo no fue autorizada por Conagua ante la cantidad de inconsistencias en su Manifiesto de Impacto Ambiental. Entre algunos de los antiguos proyectos que están en el tintero esperando las condiciones adecuadas para su inversión están las presas del Sistema UsuTulijá como son las represas Quetzalli, Jattza, Nance, Salto de Agua; la presa Bajatzén sobre el río Shumulhá en Yajalón, y la presa Chacté en San Juan Cancuc. El actual gobierno pretende repotencializar 64 hidroeléctricas de las principales represas del país. Por otro lado, se ha incluido las supuestas “pequeñas” y “minis” represas hidroeléctricas de las cuales, para Chiapas, se prevén licitar 20 proyectos. Esto puede dimensionar que, tomando en cuenta las 90 represas anteriores, en total sumarían 110 hidroeléctricas proyectadas en Chiapas que serian un desastre social y ambiental. Algunas de estas supuestas “pequeñas” represas están vinculadas a dotar de energía a las empresas privadas, a los proyectos mineros o para ser vendida a la CFE con garantías de grandes ganancias usando la red pública.

Los proyectos de presas hidroeléctricas marcan una presión mayor sobre los territorios indígenas y campesinos por los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico que demandarán ingentes cantidades de agua y energía de las Cuencas de Chiapas.

Las “pequeñas” represas en Chiapas

Aunque no se ha abandonado la política de construir Grandes Represas, el gobierno impulsa la narrativa de las “pequeñas represas” e incluso “mini represas” con manipulación técnica, ambiental y política. Muchas represas tienen planes de cortinas mayores a 15 metros lo que se les cataloga como “grandes represas”. En el discurso se les vincula a la “energía verde”, la “energía sustentable”, la “energía renovable”, la “energía limpia”, con los “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, los “servicios ambientales” o los “servicios hídricos ambientales”; y que con ellas no se desplazan a la población ni generan impactos ambientales significativos e impiden el Cambio Climático. Pero esto es una falacia.

Estos proyectos siguen vinculados a la privatización de la generación de energía, al negocio de la venta de energía a la CFE garantizando las ganancias por décadas a las empresas privadas, al auto abastecimiento de energía para las propias empresas o sus proyectos extractivos y a la apropiación privada de territorios. Sí implican afectaciones a los ríos y a las cuencas, a las poblaciones aguas abajo y aledañas y otras afectaciones socioambientales. Muchas de estas represas hidroeléctricas requieren trasvasar el agua hacia las turbinas por muchos kilómetros invadiendo territorios ejidales y de bienes comunales. El gobierno federal actual pretende construir en el país 112 medianas represas y minirepresas, y también identifica la futura construcción de 13 Hidroeléctricas al “hilo del agua”. La amenaza sobre las cuencas y su modelo extractivo no muestra signos de transitar.

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El Escaramujo 92: EL COVID-19 Y LA CRISIS SISTÉMICA

Publicada el 29/04/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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En medio de la crisis del COVID-19 que devela la insustentabilidad del capitalismo, nos preguntamos qué haremos luego y si todo será igual que antes. Otros esperan no regresar a la supuesta “normalidad”. Pero antes de reflexionar sobre las salidas, las alternativas y los escenarios futuros e inmediatos, consideramos que es fundamental entender cómo llegamos a este punto, lo que nos permitirá comprender mejor el momento que se vive durante la pandemia y lo que está por venir y construir.

Existen muchas teorías sobre el origen del COVID-19, sobre quién es el responsable; si es cierta su existencia o un invento de poderes oscuros o bien definidos. Pero por lo pronto da igual. El resultado es el mismo. Se puso en jaque al sistema capitalista y han puesto en crisis sus elementos fundamentales.

Los Modelos del Capitalismo

El Estado siempre ha estado al servicio del capitalismo y su acumulación. El concepto del Estado Nación nace con el Tratado de Wesfalia en 1648 que da fin al sistema feudal. Pero es hasta 1760 con la Primera Revolución Industrial que nace el Capitalismo con antecedentes patriarcales que también le dan origen y lo siguen sustentando, donde el Estado juega un rol fundamental en la acumulación del capital. Su primera expresión modélica fue el Modelo Liberal que facilitó la entrada de los grandes capitales bajo la supervisión y garantía del Estado o gracias a su debilidad frente a las compañías petroleras o bananeras, a los grandes hacendados, los gobiernos autoritarios o dictaduras. Se les dejó hacer y dejó pasar (“laissez faire, laissez passer”) sin la intervención del Estado hacia un libre mercado sin aranceles, sin subsidios; un libre mercado laboral y libres fronteras donde la “mano invisible” del economista Adam Smith guiaría la economía de mercado hacia la felicidad de toda la sociedad. Las libertades individuales, la libre oferta y demanda, serían claves en el nacimiento del capitalismo.

Cuando este modelo entra en crisis en 1929 con la Gran Depresión, empieza a transitar hacia otro modelo al finalizar la II Guerra Mundial cuya economía de guerra logró sacar al sistema de esa Depresión. Los países quedaron devastados por esta guerra. Se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con ella todo su andamiaje político. Frente al desastre social y económico, ¿quién rescataría la economía y el proceso de acumulación?: el Estado. Es así como el Estado entra a generar nuevos mecanismos para la carrera de la acumulación de capital y se instaura el Modelo Estado de Bienestar. Esta crisis justifica política, económica e ideológicamente el concepto de los “derechos humanos”. Así, el Estado, y no el libre mercado, está ahora obligado a garantizar el empleo, el bienestar de los gobernados con su intervención, como diría el economista Keynes, para invertir en gasto social. Sustituir importaciones frente a un mercado internacional colapsado por la guerra y generar los propios medios nacionales de subsistencia. Es entonces cuando se forman los sistemas de salud, de educación, de energía eléctrica, de telecomunicaciones, las empresas estatales, las leyes que protegieran los derechos laborales y los servicios públicos como la basura, el correo postal, entre otros muchos servicios. Se otorgaron algunos subsidios y créditos estatales, se forman o se nacionalizan los bancos, se protege en algún grado las cadenas productivas nacionales, se erigen los aranceles, se construyen las infraestructuras de carreteras, puertos, aeropuertos y represas. Son los años en que se multiplicaron los tratados internacionales desde la ONU en materia de derechos humanos.

Claro, la pregunta era, ¿y con qué dinero? Para eso la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que estuvieron puestos a engordar sus arcas endeudando a los países pobres o en “vías de desarrollo”, deudas que todavía hoy se siguen pagando. Más tarde aceleraron las deudas otros bancos regionales y subregionales de carácter multilateral, esto es, formado por los mismos gobiernos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD) o el Banco de Desarrollo de América Latina antes Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros bancos similares para África y Asia, pero todos bajo la batuta del FMI y del BM. Sin embargo, también entraron en el juego de la deuda y el enriquecimiento los bancos privados. Por ello no se puede entender el proceso de acumulación de capital sin el mecanismo de la deuda.

Este Modelo entra en crisis al iniciar la década de 1970 por varios factores, entre ellos, las crisis del petróleo que llevó a Estados Unidos a conformar los depósitos de reserva más grandes del mundo; la crisis del patrón oro y la crisis social y cultural. Pero hubo una fundamental: la crisis de la deuda externa que puso en desventaja y condicionalidad a los países deudores frente a sus acreedores. Estas Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s), el FMI y el BM, impusieron el otro extremo, la tesis de que el Estado se apartara nuevamente y que, sin regulaciones, se instalara el Modelo Neoliberal para volver a dejar hacer y dejar pasar a los beneficiarios de la acumulación de capital: las grandes Corporaciones. Se impusieron dictaduras militares en toda la América Latina para implementar las políticas de Washington. Durante 40 años se imponen las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) y se crea un caldo de cultivo para el fortalecimiento del narcotráfico. Y se logró el objetivo con mucho éxito. Con el Modelo Neoliberal se desmanteló el anterior papel del Estado y entregó a las trasnacionales el poder. Privatizó activos fijos, bienes y servicios, sistemas de pensiones y retiros e infraestructuras. Eliminó derechos laborales y privatizó bienes comunes naturales (petróleo, agua, gas, genes). Los Derechos de la Naturaleza fueron convertidos en servicios ambientales. Modificó la Constitución y las leyes secundarias en todas las materias para otorgar seguridad jurídica a las inversiones. Eliminó los subsidios y todas las barreras arancelarias y no arancelarias. El objetivo fue convertir todo a la lógica del mercado, todos los aspectos de la vida con precio y dueño. Estas políticas neoliberales se llevaron a cabo más rápido y en otros casos más lentos según las condiciones en cada país. De aquí el origen de todos los movimientos, organizaciones y centros de derechos humanos reclamando al Estado el Bienestar de la población y el abandono que hacía de velar, proteger y garantizar los derechos humanos: la educación, la salud, la alimentación, el agua, el medio ambiente sano, el trabajo, las libertades sindicales y la remuneración digna. En fin, la vida frente al despojo de las Corporaciones.

Este Modelo entra en otra etapa de transición en la carrera de la acumulación. A partir de la década de 1990 varios acontecimientos fueron fundamentales: el fin del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) para crear la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Consenso de Washington con su decálogo de políticas económicas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que inaugura una escalada de tratados por todo el continente, el fin del Muro de Berlín y la “pacificación” de los movimientos armados en América Latina, entre otros. La región fue arribada por las Corporaciones Transnacionales buscando como buitres el botín de las privatizaciones hacia la instalación del Modelo Corporativo al entrar el nuevo milenio. Pero en esta transición modélica se da un fenómeno nuevo: el Estado y las Corporaciones se funden. La clase política y la clase empresarial se convierten en uno solo. Los políticos se convierten en empresarios y los empresarios en políticos agudizando la apropiación corporativa del Estado y de los mecanismos multilaterales de la ONU.

En este modelo los Estados garantizan a las Corporaciones Trasnacionales, en el sentido amplio, la extracción del Sur Global por medio de la seguridad jurídica, social y de la tenencia de la tierra. Se les garantiza la apropiación de las empresas estatales, los sistemas de salud, de gigantescas extensiones territoriales, de las carreteras y otras infraestructuras; la generación y venta de la energía eléctrica, la apropiación de los bienes comunes naturales (agua gas, petróleo, genes), así como de los sistemas financieros. Se modifican los códigos penales para criminalizar la protesta social que pretenda impedir el extractivismo en todas sus facetas. El nuevo Modelo Corporación se agudiza en su etapa final de acumulación y con mayor control de las estructuras gubernamentales y multilaterales. Compras y fusiones de empresas se aceleran adquiriendo mayor poder y riqueza. Este Modelo es lo que explica, a partir del Nuevo Milenio, la lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los tratados de libre comercio, la lucha contra el Plan Puebla Panamá (PPP), contra la Deuda Externa, contra la militarización, contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, las campañas contra la “Apropiación Corporativa”, la lucha contra las privatizaciones, el nacimiento de

las organizaciones y redes de monitoreo de las Transnacionales, entre otras agendas importantes para el reciente repunte del Movimiento Social.

Es así como llegamos a la crisis sistémica que hoy vivimos y que transitará por décadas en ésta último repunte de la acumulación que el COVID-19, lejos de terminar con el capitalismo, agudiza su acumulación corporativa. No estamos en una crisis modélica del Neoliberalismo, ni en una crisis del Modelo Corporación Nación. Estamos instalados irremediablemente en una crisis sistémica que transitará por varias décadas, pero que no será una mutación genética del paradigma, sino un proceso de transición sistémica. Desde el Modelo Corporativo es necesario ver ahora la realidad social, política y económica donde el Estado ha jugado un papel central en función de la acumulación.

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Información para complementar:

Virus relevador – Paul Hersch Martínez La pandemia no es viral – Paul Hersch Martínez El Virus relevador – Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Sección México

El Escaramujo 72: La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas

Publicada el 23/11/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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El Presidente Enrique Peña Nieto emitió en septiembre de 2017 el Decreto de la Declaración de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas (ZEEPChis) ubicado en el sureste de México, previo consentimiento del gobierno de Chiapas y del presidente municipal de Tapachula.

Ya en otro momento hemos descrito qué es y en qué consiste una Zona Económica Especial (ZEE) en el marco de la ley publicada el 1 de junio de 2016. Ahora corroboramos que esta ZEE implicará el despojo a los productores campesinos de sus territorios ejidales para entregarlos a las corporaciones transnacionales. Del mismo modo acelerará la extracción de bienes comunes de la región y fortalecerá la instalación de proyectos mineros, represas, gasoductos, así como los monocultivos de palma de aceite y todo lo necesario para alimentar de insumos a esta especie de ciudad “amurallada” o “país” dentro del país. El tamaño de esta ZEE inicialmente equivale al 9% del territorio del municipio de Tapachula; será alrededor de dos veces más grande que la ciudad de San Cristóbal de las Casas y 1,5 veces más grande que la ciudad de Tapachula. Al menos 20 municipios del estado de Chiapas son de menor extensión territorial que la ZEEPChis.

Las empresas que se instalen en la ZEE no pagarán impuestos y tampoco lo hará por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación, lo que significará disminuir los ingresos públicos que podrían ser destinados a educación, salud, entre otros rubros. Se acrecentará la pobreza y encarecerá la vida de la región. Su operación implicará un exceso de consumo de energía pero además de agua que la competirá con las comunidades y la región aledaña. Sus residuos solidos y líquidos pondrán en crisis no sólo la actividad pesquera local sino la Reserva La Encrucijada que pretende proteger el bosque de manglar.

Así, los más ricos se harán más ricos. Y las grandes empresas trasnacionales chinas, europeas y de otras latitudes se beneficiarán todavía más en el marco de los Tratados de Libre Comercio que se perfilan hacia el mercado asiático.

Esta especie de ciudad amurallada, territorio liberado a las empresas trasnacionales, tendrán un paraíso fiscal y su propio régimen aduanal. La población mexicana subsidiará esta especie de supuesto “desarrollo” para que las corporaciones trasnacionales se enriquezcan más. No pagarán impuestos por importar ni exportar; podrán recibir descuentos fiscales si capacitan a los trabajadores y podrán acceder a los insumos de la región como esponjas que absorberán los recursos locales para añadirles valor y hacer grandes negocios.

El municipio fronterizo de Tapachula donde se ubicará la ZEEPChis cuenta con 348,156 habitantes; se ubica en la Región X – Soconusco. Según el Decreto ésta Región cuenta con la mayor superficie sembrada, número de cultivos, producción y valor de las 15 Regiones Socioeconómicas de Chiapas. Las actividades económicas se concentran en el sector terciario ya que el 51% de la población se ocupa en actividades del comercio y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas; y el 10% en actividades de mayor valor agregado como las industrias manufactureras.

Sin embargo, pese al significado real de esta ZEE, el texto del Decreto insiste en que impulsará el “crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.” El Decreto insiste en que la ZEEPChis es un “proyecto ambientalmente viable”, y que cuenta con “la realización de las medidas de mitigación que deban realizarse para prevenir, reducir o compensar los impactos ambientales” que “podrían ocasionarse”.

Hagamos entonces un resumen del contenido del Decreto de la ZEEPChis. Según este Decreto, contará con las siguientes características:

1) UBICACIÓN: Se ubicará en Tapachula, municipio fronterizo con Guatemala y en un polígono adyacente al Puerto Chiapas. Este municipio colinda con los municipios de Motozintla, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Suchiate, Huehuetán, Mazatán y Tuzantán. También colinda con el Océano Pacífico y la República de Guatemala. Estará custodiada por la 36 Zona Militar de Tapachula, la Comandancia del Sector Naval Militar de Chiapas y la Comandancia del Grupo ASIECHIS de Infantería en Chapas ubicado en Puerto Chiapas. Así como de otros muchos batallones y controles militares de la región.
2) INFRAESTRUCTURA: “(…) el Dictamen de viabilidad establece que, con base en los criterios de cercanía e integración con la infraestructura portuaria, aeroportuaria, carretera y ferroviaria; el entorno de usos industriales existentes o previos; la proximidad a asentamientos humanos de más de cincuenta mil habitantes que permitan la disponibilidad de mano de obra, así como el acceso disponible o potencial a fuentes de energía, agua, red de drenaje, y tratamiento de aguas y residuos sólidos, entre otros.”
3) EXTENSIÓN: La ZEEPChis tendrá una superficie es de 8,611-55 hectáreas (ocho mil seiscientas once hectáreas, cincuenta y cinco áreas) que equivalen a 86.11 kilómetros cuadrados y a la extensión que ocupan 8 mil campos de fútbol. Incluye 8,216-51 hectáreas (ocho mil doscientas dieciséis hectáreas, cincuenta y un áreas) sin restricciones ambientales, de uso de suelo o de otra índole. El tamaño de esta ZEE inicialmente equivale al 9% del territorio del municipio de Tapachula que cuenta con 93,615 has; será alrededor de dos veces más grande que la ciudad de San Cristóbal de las Casas y 1,5 veces más grande que la ciudad de Tapachula. La ZEEPChis tiene una extensión mayor a los de 20 municipios de Chiapas. Esto equivale a que la ZEEPChis es mayor al 16% de los municipios de la entidad:

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El Escaramujo 67: La Iniciativa de Reducción de Emisiones en Chiapas (Parte I)

Publicada el 06/07/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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La estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD +) es una iniciativa política internacional que surgió en 2005 dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Refuerza el discurso de mercantilización y ﬁnanciarización de la naturaleza y los procesos ecológicos a partir de mercados internacionales de carbono; donde los países o industrias con obligaciones de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pueden comprarle el derecho de emitir a países o comunidades que no tienen esta obligación (Furtado, 2016).

Estos últimos compensan – mas no mitigan – las emisiones mediante proyectos de reforestación o conservación de bosques principalmente a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). A pesar de que estos mecanismos ﬁnancieros han mostrado su incapacidad para reducir las emisiones, REDD+ impulsa la creación de Mercados Voluntarios de Carbono (MVC) a los que acceden “abiertamente” comunidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) como vendedores y el sector privado como comprador, y los mercados de resultados principalmente para que los países con obligación de reducir emisiones compren “los excesos de créditos de carbono” de otros países.

Además de la ineﬁcacia de estos mecanismos, la implementación de REDD+ en los territorios ha estado rodeada de denuncias y críticas desde movimientos sociales, ambientalistas y académicos que han visibilizado la exclusión, criminalización e instrumentalización de los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques, la incidencia en conﬂictos territoriales y despojo de la tierra, la mercantilización de la conservación, el control sobre los procesos autonómicos comunitarios, y el limitado impacto de la lógica de compensación de emisiones que encubre las causas estructurales de la crisis climática y ambiental (Kill, 2015; Furtado, 2016).

Estos cuestionamientos han desencadenado la organización de comunidades rurales y pueblos indígenas que han planteado la necesidad de rediseñar la estrategia de acuerdo a sus intereses y se han declarado en oposición a REDD+, optando por gestionar sus 1 territorios de forma tradicional y autónoma .

México enREDDado

Pese a las denuncias, la demostrada incapacidad de REDD+ y otros mecanismos ﬁnancieros para mitigar el cambio climático y la ausencia de un acuerdo político internacional sobre la estrategia, el gobierno mexicano, bajo pretexto de mostrar buena voluntad, viene creando la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) desde el año 2010. Para tal ﬁn tienen que transformar la política ambiental y de desarrollo rural sustentable, generar la integración de las entidades federales y la coordinación de las políticas y programas públicos agropecuarios, forestales y de otros usos del suelo.

A partir de los cambios y luego de asegurar el apoyo ﬁnanciero y tecnológico de los países “desarrollados”, el gobierno mexicano se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% para 2020 y un 50% para 2050, en relación a las emisiones del año 2000, y al tránsito hacia una tasa cero de perdida de dióxido de carbono (CO2) en los “ecosistemas originales” (CONAFOR, 2015). Estos compromisos deben entenderse como parte de un discurso político de “buena voluntad” ante el exterior que no es compatible con la realidad ambiental y los inexistentes avances en mitigación y reducción de gases de efecto invernadero. Entre 1990-2010, periodo de impulso de compromisos y acuerdos internacionales de cambio climático como el de Kioto, las emisiones nacionales en vez de reducirse se aumentaron un 33.4% (Sosa-Rodríguez, 2015).

La ENAREDD+ ha sido construida por una variedad de actores encabezados por tres instancias: la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como entidad pública; los Comités Técnicos Consultivos (CTC-REDD+) constituidos por entidades públicas federales y estatales, organizaciones civiles nacionales e internacionales, organizaciones sociales, instituciones educativas y el sector privado. Así como la Alianza México-REDD+, una plataforma de ONG que incide en la política nacional, las agendas de investigación, los proyectos locales y la gestión de la ﬁnanciación. La Alianza está conformada por The Nature Conservancy (TNC), Rainforest Alliance, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (ENDESU) y The Woods Hole Research Center.

En materia ﬁnanciera, entre 2009 y 2014 se realizaron acuerdos para REDD+ en México por cerca de 800 millones de dólares. El 42% proviene de recursos nacionales y el dinero restante procede de fondos públicos y privados multilaterales (Cuadro 1). La mayoría de los recursos por donaciones y endeudamientos que han asumido entidades federales y gobiernos estatales son administrados por la CONAFOR para fortalecer ﬁnancieramente REDD+ y los PSA.

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El Escaramujo 68: La Iniciativa de Reducción de Emisiones en Chiapas

Publicada el 06/07/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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Comunidades campesinas e indígenas en el punto de mira

Distintas organizaciones sociales y ambientalistas, así como varios académicos, han denunciado los sesgos en los análisis sobre deforestación y degradación hechos por instituciones promotoras de los programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+) . El estudio de Dooley et al (2011) reveló cómo los 1 documentos nacionales de preparación a REDD+ en Perú, Panamá, Indonesia, el Congo y otros países terminaban culpando, sin pruebas contundentes , a los pequeños agricultores y 2 la agricultura de subsistencia como las principales causas de deforestación.

Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (en inglés World Rainforest Movement, WRM) y la organización española GRAIN señalan en una publicación del año 2015 (WRM y GRAIN, 2015) cómo en los proyectos REDD+ se planean medidas como la reducción y regulación del acceso a la tierra a los campesinos y pueblos indígenas bajo el argumento de que la agricultura en sistema roza, tumba y quema (RTQ) es la principal causa de deforestación y degradación por la práctica de tumba y quema para la rotación y descanso del suelo.

En la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), estos sesgos no son ajenos y de hecho se contrapone un discurso de desarrollo rural sustentable frente a las actividades y prácticas tradicionales de subsistencia. En todos los Programas de Inversión en Chiapas, se culpan particularmente actividades como la agricultura itinerante y la recolección de leña por la deforestación y degradación; y a la pobreza, la marginación y el crecimiento poblacional como sus causas subyacentes. Por ejemplo, el Programa de Inversión de la Selva Lacandona argumenta que los “bajos niveles de capital y trabajo promueven la realización de actividades agropecuarias tradicionales, lo cual genera deforestación y degradación.” (Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, 2016a: 49).

Estos análisis resultan contradictorios porque en un segundo momento reconocen la existencia de una dinámica de sustitución y reducción en la superﬁcie de las milpas que caminan y los altos costos para la producción de cultivos comerciales que difícilmente podrían asumir familias campesinas e indígenas. Por el otro lado plantean un discurso en el que deﬁnen a las comunidades que habitan y usan los bosques como las de mayor vulnerabilidad frente a los cambios ambientales globales y quienes tienen las mejores estrategias de gestión y gobernanza de los territorios y bosques (Holmgren, 2013). Es decir, las comunidades rurales y sus prácticas tradicionales pueden ser concebidas al mismo tiempo como criminales, vulnerables y como fuentes de experiencias exitosas de gestión de los bosques.

De hecho, muchos de los programas y proyectos gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales (ONG) integran las estrategias de manejo comunitario de los bosques a mecanismos de valoración económica y a mayor escala geográﬁca que no tienen los mismos resultados por ser concebidos como recetas que dejan de lado la territorialidad, ancestralidad, los conocimientos locales y la autonomía.

En el caso de la IRE, su estrategia de reducción de la pobreza y deforestación integra un potente paquete de prácticas y actividades “climáticamente responsables” para promover el desarrollo sustentable. Algunas de ellas son los PSA, el ecoturismo, las UMA, el aprovechamiento forestal (no) maderable, las plantaciones dendroenergéticas y la agricultura de conservación o “climáticamente inteligente”. Esta última, que busca sustituir la agricultura itinerante, se encuentra íntimamente ligada al uso de paquetes tecnológicos (agrotóxicos, tecniﬁcación y uso de variedades hibridas) (WRM y GRAIN, 2015: 37).

Las actividades y programas planteados en la IRE suponen la entrada de un nuevo modelo de desarrollo que en principio no es consultado con las comunidades, criminaliza y busca sustituir las prácticas tradicionales de subsistencia de campesinos e indígenas. Además, por añadidura desarrolla un mercado para que las actividades se lleven a cabo con el uso de paquetes tecnológicos que una vez más generan dependencia de insumos externos y la pervivencia de negocios locales de venta de agrotóxicos.

Es importante recalcar que el hecho de culpar a los pobres de la deforestación y la degradación termina escondiendo que estos fenómenos son causados principalmente por las presiones económicas impuestas fuera de los territorios y de los bosques. La crisis climática y ambiental a nivel global es consecuencia del sistema económico e industrial encubierto por iniciativas que, como REDD+, están destinadas al fracaso por no plantear alternativas contra las verdaderas causas del cambio climático. Al contrario, sirven como medio para la compensación – no mitigación – de los países del Norte global y del sector industrial extractivo y el fortalecimiento del sector ﬁnanciero .

Si bien los Programas de Inversión de la IRE-Chiapas identiﬁcan a las políticas y programas gubernamentales agropecuarios como promotores de deforestación y degradación; los intereses de los mercados e industrias agropecuarias pocas veces son tenidos en cuenta. Su ausencia de los diagnósticos y las estrategias que reduzcan la problemática forestal es uno de los factores que permite predecir su fracaso. Esto porque fenómenos como la ganadería extensiva, la certiﬁcación de madera bajo sellos verdes como las realizadas por la Rainforest Alliance, la expansión de palma africana y la conversión de cafetales de sombra a sol, la cual implica deforestación y mayor uso de agrotóxicos (y está siendo acaparada por empresas como Nestlé y Starbucks) están determinados por los intereses de grandes empresas y coyotes verdes, y no por las necesidades e intereses de campesinos e indígenas.