[INFORME] Investigación sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas

Informe publicado por Sursiendo, Comunicación digital en enero de 2019

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 El día de hoy Sursiendo da a conocer su primer Informe Investigación sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas.

En el presente Informe se aborda el proceso de diagnóstico, hallazgos y aprendizajes resultados del acompañamiento de Sursiendo en seguridad digital desde el enfoque de la autodefensa digital y los autocuidados junto a 8 organizaciones defensoras de los derechos humanos de Chiapas.

Diagnóstico tuvo el objetivo de conocer las necesidades de las organizaciones en seguridad digital con relación a sus labores de defensoría de los derechos humanos. Para con él, posteriormente, desarrollar herramientas y prácticas colectivas graduales de autocuidados digitales.

En un contexto donde Internet visto y pensado como territorio está sujeto a disputas actuales visibles y discutidas como los modelos de extracción de valor de nuestras comunicaciones casi exclusivamente guiados por el valor de mercado, la industria de la vigilancia, y el crecimiento de las facultades de vigilancia de los gobiernos.

El proceso de diagnóstico echa mano de un conjunto de metodologías participativas como la educación popular y herramientas de investigación-accion (IAP), informa-acción, y del manual Diagnósticos en seguridad digital para organizaciones defensoras de derechos humanos y del territorio, desarrollado por Técnicas Rudas.

Un trabajo que valora el aprendizaje desde las propias experiencias de uso de quienes acompañan. Sin perder de vista el papel y la importancia de la generación de los acuerdos colectivos al interior de las organizaciones que se acompañan.

Una publicación que indudablemente representa una contribución al oficio de la pedagogía del aprendizaje mutuo de la seguridad digital en dos dimensiones, la reflexión política tecnológica y su acción

 Ø  Presentación:

Este es el informe sobre uno de los caminos recorridos durante 2018 como Sursiendo, donde hemos convivido con lo local y lo digital, en un proyecto-proceso de investigación con organizaciones sociales de Chiapas para realizar un diagnóstico sobre seguridad digital.

Según un estudio de Lori Lewis y Chadd Callahan (Desjardins, 2018), con datos de mayo de 2018, en una hora se envían más de 10.000 millones de emails, se descargan 22 millones de aplicaciones o se realizan 222 millones de consultas en buscadores. En México, más del 65% de la población está conectada, según datos de Internet World Stats (2018).

Hoy en día Internet es fundamental para entender cómo funcionan nuestras sociedades, ya que está presente en casi todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales de México y del mundo. Estar en línea es muy importante para gran parte de la población. También para el trabajo de defensa de derechos humanos.

Más allá de las cifras pensamos que debemos fijarnos más en los quiénes, los cómos y los qués. Cómo usamos y nos relacionamos a través de Internet, y a través de qué dispositivos y programas. Qué ponemos en riesgo al estar en línea.

Nos gusta pensar Internet como un territorio, «como el espacio vivido, sentido y parte integrante de su cotidianidad», según lo define Arturo Escobar (2010); el territorio es el escenario de las relaciones sociales, por eso vemos Internet como una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción, de su ‘habitarlo’. Pero ese territorio, como muchos otros, está amenazado por el neoliberalismo, a través de la vigilancia y el control, la criminalización y el despojo, la comercialización de datos personales y la falta de ética. Internet es un territorio en disputa.

Así, durante todo el año 2018 nos propusimos realizar una investigación sobre una parte de esta disputa: la seguridad digital en organizaciones sociales de Chiapas, con el fin de realizar un diagnóstico de la situación de este tema en la región.

En México, la situación de la seguridad digital atraviesa momentos de amenaza a organizaciones, activistas sociales y defensoras de derechos humanos, como hemos visto con el despliegue de la vigilancia de Estado y los casos de utilización de software de espionaje Galileo, de la empresa Hacking Team, o Pegasus, de NSO Group, además de criminalización y censura. Tanto instituciones públicas como corporaciones tecnológicas ponen en riesgo la seguridad en el trabajo de defensoría y acompañamiento a procesos colectivos, que también se ve afectada por el crimen organizado.

Nos planteamos hacer un proceso de diagnóstico basado en metodologías de la educación popular y dinámicas participativas con talleres, encuestas, entrevistas y fichas de información en la red, yendo a sus contextos, conociendo sus espacios; para pasar a analizar toda esa información y posteriormente hacer una devolución que sirviese para mejorar las prácticas que se tienen en los entornos digitales, y así tener una base firme para realizar un acompañamiento de largo plazo.

Pero ¿qué es la seguridad digital? En algunos casos es definida como la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con ésta y, especialmente, la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de computadoras; o también se puede definir como las prácticas y las herramientas que utilizamos las y los usuarios para proteger aparatos, información e interacciones digitales.

Mucho de eso hay, pero desde Sursiendo preferimos ver la ‘seguridad digital’ como las prácticas de autodefensa y autocuidados digitales, como las formas de mejorar nuestra ‘vida digital’ en un (largo) camino hacia la soberanía tecnológica. O como también describen algunas de las personas de las organizaciones participantes: “una serie de hábitos, herramientas que uno utiliza en su cotidiano para poder proteger la información” o “la posibilidad de moverme por el ciberespacio sin que eso me pusiera en un riesgo no elegido. Ni a mí, ni a las personas que me rodean, ni en el trabajo”.

Consideramos que la ‘seguridad’ como concepto es en sí mismo engañoso y ha desembocado en el estado de vigilancia en el que cual estamos actualmente. No hay manera posible de estar ‘seguras y seguros’ al 100%, pero sí podemos tomar medidas para cuidar nuestras acciones digitales y así cuidar también nuestro trabajo de defensoría y activismos.

Sin embargo, y debido a que el concepto de ‘seguridad digital’ ha adquirido una utilización más generalizada para hablar de este tema, lo nombraremos de este modo a lo largo de todo el informe.

Este proceso de diagnóstico ha sido realizado con ocho organizaciones de Chiapas que trabajan distintos ámbitos, como los derechos humanos, migraciones, derechos de las mujeres, defensa de la tierra y el territorio, acompañamiento a comunidades en resistencia o con propuestas alternativas al modelo extractivo de “desarrollo”. Por guardar la confidencialidad y proteger sus procesos no se mencionan sus nombres en este informe.

En las siguientes páginas hacemos un resumen de qué ha pasado con la seguridad digital en México y en Chiapas, cuáles han sido los hallazgos de la investigación y qué necesidades y retos se plantean.

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¡Libertad para el río Gualcarque en Honduras! ¡Fuera DESA!

Comunicado del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 10 de enero de 2019

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han presentado una acción legal (amparo) ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la cancelación de la concesión al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Durante la acción las comunidades Lencas organizadas en el COPINH realizaron una manifestación en la capital de la república de Honduras que terminó en agresiones hacia nuestros compañeros y compañeras por parte de las fuerzas represoras del gobierno quienes nuevamente impidieron el ingreso del pueblo a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En el año 2017 las mismas organizaciones intentaron declarar inconstitucionales los decretos legislativos que otorgaban la concesión a la empresa que asesinó a nuestra compañera Berta Cáceres.

#RepresaDeMuerte
#DesaAsesina
#JusticiaParaBerta
#FaltanLosAtala

Foto: Conferencia de prensa del MADJ y COPINH el 10 de enero ante la CSJ en Tegucigalpa, Honduras. (crédito: COPINH)

Más información:

Galería de FOTOS Y VIDEOS de la manifestación y de la conferencia

Comunicado de la Familia de Berta Cáceres, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo

Tribunal aún no puede emitir sentencia a culpables por el asesinato de Berta Cáceres  

Liberar al río Gualcarque es reivindicar a Berta

[INFORME] Vidas borradas: La invisibilización de las víctimas del desplazamiento por presas en México

Informe publicado en 2018 por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el Movimiento mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), OXFAM

 

El presente documento expone los resultados de una investigación sobre el desplazamiento de personas a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica en México y el periodo 2006-2016. Su objetivo principal fue proporcionar información estadística al informe alternativo que la sociedad civil entregó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (cdesc).

En esta introducción se revisa críticamente el discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo, y se presenta una caracterización general de las presas construidas durante los siglos xx y xxi  para diferenciarlas en términos de sus dimensiones, sus aprovechamientos y la magnitud de sus impactos.

El segundo capítulo describe la metodología diseñada para el análisis de las presas y de sus afectaciones sociales. Como allí se menciona,  os datos empleados provinieron principalmente de documentos oficiales publicados por dependencias federales durante los sexenios encabezados por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Como gran parte del trabajo consistió en la caracterización de las obras de infraestructura hídrica, en el tercer capítulo se presentan los rasgos básicos de las 259 presas levantadas en el periodo 2006-2016: ubicación, altura de la cortina, capacidad de almacenamiento, usos del agua y promoventes.

El capítulo continúa con la descripción general de las 35 presas seleccionadas para el análisis, de capacidad mayor de 0.5 hectómetros (hm3), y en su última parte se enuncian las afectaciones sociales derivadas de los desplazamientos.  Finalmente, en el cuarto capítulo, a modo de conclusiones se aporta una reflexión sobre los principales hallazgos de la investigación.

1.1 El discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo

En este apartado se reúnen los argumentos utilizados para justificar el emprendimiento de programas y proyectos de desarrollo en los dos periodos de gobierno mencionados y se señalan las presas que la federación ha reconocido como prioritarias.

Con los Planes Nacionales de Desarrollo (pnd) se rigen las políticas federales durante cada sexenio. En los correspondientes al periodo en estudio se observa que el discurso de la sustentabilidad ambiental fue asumido como un principio del desarrollo, por lo cual plantean el impulso de energías limpias y renovables a fin de atenuar y contrarrestar los efectos adversos del cambio climático. En cuanto a los sectores hidráulico e hidroeléctrico, reiteran la importancia de avanzar en la gestión del recurso agua mediante el incremento de la eficacia en el manejo de las presas, lo que conllevaría (supuestamente) una mayor dotación del líquido a la población.

En el discurso oficial, uno de los argumentos más recurrentes para respaldar los proyectos de infraestructura hidráulica es la necesidad de proveer de recursos hídricos a determinadas poblaciones, apelando en algunos casos al derecho humano al agua. Tal intención se presenta como el eje de la gestión del agua en un contexto de creciente incorporación del sector privado en el manejo de los recursos hídricos e hidroeléctricos, recomendada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Conagua, 2014).

Esta transformación en el diseño y la gestión de la infraestructura hidráulica se manifiesta en políticas públicas que de manera reiterada esgrimen la imperiosa necesidad de fortalecer la productividad y la competitividad de las distintas regiones de México de cara a un escenario global en constante dinamismo y en el que la competencia y el libre mercado son el único camino para el desarrollo. Se asume, por lo tanto, que el Estado mexicano debe seguir los lineamientos de corte neoliberal y tomar por sentado que «el rol que juegan los gobiernos debe ser para eliminar obstáculos, fomentar la orientación hacia mercados o sectores estratégicos, la desregulación y la coordinación entre diversos agentes y órdenes de gobierno» (pr, 2013: 17).

Otros documentos que aportan datos y elementos para comprender el discurso oficial son los Programas Nacionales de Infraestructura (PNI), que incluyen la descripción de los principales proyectos en los rubros de infraestructura hidroagrícola y control de inundaciones. El PNI 2007-2012 (pr, 2007) destaca las presas:

1. El Cajón, Nayarit.
2. La Yesca, Nayarit.
3. Santa María, Sinaloa.
4. Picachos, Sinaloa.
5. El Carrizo, Jalisco.
6. El Naranjo, Jalisco.
7. Francisco J. Múgica, Michoacán.
8. El Yathé, Hidalgo.

En el PNI 2014-2018 (pr, 2014a, b y c) se subraya la supuesta necesidad de acordar inversiones conjuntas entre los sectores público y privado, e incluso se habla de una democratización del agua en la cual quedarían insertos los proyectos de infraestructura hidráulica. Asimismo, se pone énfasis en la región sureste, en la que se pretende aprovechar la abundancia de recursos naturales en un contexto de poco desarrollo de la infraestructura.

Los principales proyectos que señala el PNI 2014-2018 no coinciden del todo con los del PNI 2007-2012, pues indica los siguientes:

1. Nuevo Guerrero (La Parota), Guerrero.
2. Aprovechamiento hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina, Oaxaca.
3. Las Cruces, Nayarit.
4. Central hidroeléctrica Chicoasén II, Chiapas.
5. Tenosique, Tabasco y Chiapas.
6. Presa de almacenamiento La Maroma, San Luis Potosí.
7. Chiapan (Angostura II), Chiapas.
8. La Yesca U1 y U2, Nayarit.
9. La Palma, Baja California Sur.
10. La Higuerilla (Alberto Andrés Alvarado Arámburo), Baja California Sur.
11. Piedras Azules, Chihuahua.
12. Rocheachi, Chihuahua.
13. El Yathé, Hidalgo.
14. Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para Jalisco y León.
15. La Laja, Guerrero.
16. Sistema Purgatorio-Arcediano, Jalisco.
17. Santa María, Sinaloa.

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 (conagua, 2014) se señalan las atribuciones de cada una de las dependencias que intervienen en el manejo del recurso agua, sin profundizar en proyectos específicos. Por su parte, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para el lapso 2007-2016 (CFE, 2007) destaca la dimensión técnica de las obras. Un dato interesante de este documento es el reconocimiento de que en algunos casos surgen problemas sociales que complican e incluso retrasan el curso de los proyectos, como en La Parota, ahora renombrado Nuevo Guerrero.

Es importante señalar que el conjunto de estos documentos, que recogen el discurso oficial en cuanto a los proyectos de desarrollo, deja de lado las problemáticas que conllevan la construcción y la gestión de tales proyectos, lo cual es grave pues varios de éstos son de grandes dimensiones y requieren un gasto excesivo de recursos públicos por periodos prolongados.

Ante la omisión por parte del Estado mexicano de ofrecer información sistematizada y de fácil acceso sobre todas las características de las grandes presas, incluso de sus implicaciones sociales y ambientales negativas, se vuelve necesaria la generación de una metodología que posibilite encontrar y recopilar información útil y suficiente para analizar y diagnosticar tales problemáticas y, con ello, fortalecer los argumentos de denuncia de los procesos de desplazamiento desencadenados por esas obras.

Más información:

Declaración del 13º Encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

El Escaramujo 84: LAS RAZONES DEL ÉXODO HONDUREÑO

 Los «Escaramujos» son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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El éxodo masivo del pueblo hondureño que dio inicio en octubre de 2018 en busca de refugio, ha conmocionado al mundo entero por su forma y cantidad de miles de personas y familias que huyen a toda prisa cruzando fronteras. Muchas razones y causas son las que han originado esta estampida de personas que por algunos sectores ha sido caracterizado con racismo y xenofobia para  descalificarla. Sin embargo, la violencia, la pobreza, la impunidad en la que se vive desde hace años en este país explica las razones de fondo para huir de un gobierno tutelado por las fuerzas militares, los grandes intereses corporativos y el narcotráfico pero también por la injerencia de los Estados Unidos, los bancos y las familias más ricas del país que mantienen al pueblo hondureño en condiciones de miseria y violencia que ha llegado el punto en que, según el Informe Global de Homicidios de Naciones Unidas, en 2014 fue catalogado como el país más inseguro del mundo. Con un ingreso per capita que lo posiciona como el segundo más bajo del continente, con el índice más alto de desigualdad e inequidad y la mayor tasa de homicidios del mundo con cifras históricas desde 1998.

ANTECEDENTES DEL REFUGIO

Honduras se ha caracterizado desde el Siglo XX por sus gobiernos militares golpistas, por la corrupción, la violencia, la impunidad y los índices de mayor pobreza y miseria de toda la región. Desde la década de los 80’s fue un objetivo de intervención militar y estratégico para el gobierno de los Estados Unidos con el fin de contrarrestar los procesos revolucionarios centroamericanos con financiamiento de la CIA y formar fuerzas armadas contrarrevolucionarias.

A partir de 1998 Honduras inicia la vorágine de firma de Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos Comerciales Preferenciales o Acuerdos Parciales con 60 países hasta la fecha. Simultáneamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) aplicaron medidas neoliberales obligando al país a reducir las barreras arancelarias, a privatizar empresas estatales en medio de un servicio deficiente y lleno de escándalos de corrupción como en el sector eléctrico, telefonía, salud, entre otros. También se impulsaron modificaciones legales para facilitar la llegada de inversiones extranjeras y de la oligarquía nacional, y por ello se aprobaron leyes para el fomento a la inversión como la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, la Ley de Ordenamiento Estructural, la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, la Ley Nacional de Empleo por Horas, la Ley de Incentivo al Turismo o la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Toda esta imposición de políticas neoliberales generó una agudización de la pobreza, de desempleo y pérdida de derechos laborales, de eliminación de subsidios, de la crisis del campo y de los sistemas de salud, educación y otros servicios públicos. Esta crisis económica del país, acompañada de la violencia del narcotráfico y las «maras» -cuyos integrantes jóvenes han sido excluidos del sistema y conforman históricamente parte de los fenómenos de migración-, empujó con mayor razón a una migración forzada y a un descontento social cuya respuesta fue la represión y la violación sistemática de los derechos humanos, tutelada por una estructura judicial débil, corrupta y vinculada los intereses del crimen organizado.

Las inversiones en megaproyectos extractivistas fortalecieron el acaparamiento de tierras disputando las tierras a los pueblos indígenas, campesinos y garífunas con violencia, despojo, asesinatos y expulsión de sus territorios y medios de vida. A principios de 2000, la preocupación por la criminalidad y la violencia desatada por las bandas de jóvenes era ya mayor. El tráfico de drogas destinadas a Estados Unidos se incrementó a partir de 2001. Por ello, la embajada estadounidense apoyó al gobierno de Honduras en el ámbito militar, con entrenamiento a sus policía y para reformar la estructura judicial y policíaca lo que agudizó el escenario de violencia.

El Foro Nacional para las Migraciones en Honduras en 2007, un año antes de la crisis del sistema capitalista caracterizado por la pobreza, el desempleo, la violencia estructural y el colapso de las economías, se aseguraba que alrededor de 100 mil personas habían abandonado el país, con un promedio de 11 personas por hora. En esa década se calculaban que más de 1.2 millones de hondureños habían huido de su territorio nacional de los cuales un millón 50 mil personas lo habían hecho a los Estados Unidos.

EL GOLPE CONTRA MANUEL ZELAYA DISPARA LA VIOLENCIA

En 2006 asume la Presidencia Manuel Zelaya. Se vinculó con la Venezuela de Hugo Chávez en convenios en materia de petróleo y sumó a su país a los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Esto fue una de las peores provocaciones para los Estados Unidos. Con un discurso progresista, pretendió un proceso constituyente como lo hicieran también otros miembros del ALBA lo que ocasionó la reacción de la cúpula empresarial, el ejército, de partidos políticos, de iglesias y del gobierno de los Estados Unidos, lo que terminó en un golpe de estado en 2009 con el secuestro de Zelaya por parte de los militares y su expulsión del país. Todo ello en el contexto de la crisis de capitalismo de 2008, año en que el gobierno de los Estados Unidos formula la Iniciativa Mérida (Plan Mérida o Plan México) como un tratado internacional de seguridad con México y los países centroamericanos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Este es el tipo de políticas e intervenciones que siempre han agudizado la violencia.

Sin embargo, el repudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) a este golpe no logró que se consumara el arribo a la presidencia de Porfirio Lobo quien inmediatamente dio inicio al reparto de créditos bancarios y concesiones para megaproyectos mineros, de represas, palma de aceite y la Ley de  Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE’s) llamadas también «Ciudades Modelo» o «Ciudades Charter», de hasta 33 km2 cada una durante 80 años con el fin de generar entes autónomos al Estado, con territorios seguros a las empresas privadas extranjeras, bajo sus propias leyes, régimen fiscal, tribunales y policía. Estas «Ciudades Modelo» impulsadas por el Banco Mundial, son la equivalencia en México a las Zonas Económicas Especiales (ZEE’s) y es una modalidad de las existentes en otras regiones de Asia.

Tal acaparamiento de tierras provocó muchas movilizaciones de diversos sectores, pero también la reacción del estado que desata contra todo descontento social una mayor crueldad. Las violaciones a los derechos humanos se multiplicaron con secuestros, represión, feminicidios, despojo de pobladores de sus viviendas y territorios, amenazas, asesinatos, persecuciones a diversos sectores entre ellos a periodistas, estudiantes universitarios; organizaciones campesinas, indígenas y negras; transexuales, homosexuales, defensoras del medio ambiente y organizaciones de derechos humanos.

Después del golpe se calculaba que cada hora era asesinada una persona. Entre 2000 y 2011 murieron de forma violenta 46,450 personas, y de 2010 al 2013 más de 20 mil 500 personas. En estos primeros años después del golpe fueron asesinadas 561,3 personas al mes, entre ellos más de 20 periodistas, más de 10 abogados, más de 120 ambientalistas y cinco que contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2010 y 2015. Así, Honduras se hunde en  la violencia, la impunidad, la corrupción y es catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo con la mayor tasa de homicidios.

En la región del Bajo Aguán donde habitan alrededor de 300 mil personas indígenas, campesinas y garífunas, tres grandes terratenientes disputan sus territorios con tanta violencia que entre el 2008 y el 2013 cobraron la vida de alrededor de cien personas. En esa misma región se registran actos de violencia y represión contra las resistencias a los proyectos mineros en Tocoa. Por su lado, la familia Facussé, una de las más ricas del país, con casi 20 mil hectáreas de palma de aceite, recibió cuantiosos créditos gubernamentales para ampliar sus plantaciones a costa de represión, asesinatos y despojo de tierras. Es señalado por contratar sicarios para despojar a campesinos de sus territorios por lo que van alrededor de 150 personas asesinadas desde el 2010. Por su lado, en 2015 el Banco Continental de la familia Rosenthal, otra de las más ricas del país, es intervenido por el gobierno hondureño por presión de los Estados Unidos por el presunto lavado de dinero y narcotráfico. En contraparte, los Rosenthal demandan al gobierno de Honduras 1,000 millones de dólares por daños y perjuicios.

En el caso de la familia Atala Zablah, otra de las más ricas del país y de Centroamérica, uno de sus miembros fue representante del gobierno hondureño en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) luego del golpe, y que posteriormente otorgó créditos al banco FICOHSA de la misma familia Atala que ascendió a 100 millones de dólares. También recibió 15 millones de dólares del holandés Entrepreneurial Development Bank (FMO), 5 millones del Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. (FINNFUND) y los 24 millones de dólares del BCIE. Todo ello para construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca de la empresa DESA de la familia Atala contra la que Berta Cáceres y el Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) luchaban para evitar el despojo de sus territorios. Empresa que luego de otros asesinatos, intimidaciones, amenazas y represión contra las comunidades con el apoyo de la policía y el ejército, mandó a ejecutarla el 2 de marzo de 2016. Los bancos, sabiendo todo ello, no retiraron su financiamiento sino hasta julio de 2017 gracias a la presión internacional y del propio COPINH.

En 2014 el gobierno de los Estados Unidos crea la Alianza Estratégica para la Prosperidad del Triángulo Norte de la América Central con el fin de afianzar su hegemonía en Guatemala, El Salvador y Honduras, y hacer frente a la presencia de China y otros sectores económicos con fuertes intereses en la región. Otra estrategia fundamental fue potenciar las inversiones norteamericanas, bajar las tasas de inseguridad social y para las inversiones, mejorar el acceso a la justicia y con todo ello pretender disminuir la migración hacia los Estados Unidos. Entre 2015 y 2018 Washington comprometió USD$2.600 millones, pero los tres países de manera conjunta aportaron a la estrategia norteamericana USD$8.600 millones. Se acusa que la mayoría de estos fondos fueron destinados a las fuerzas de seguridad, a las empresas privadas y a la corrupción gubernamental. Estos son parte de los recursos que el presidente Donald Trump amenaza con retirar si los países de la región no detienen el éxodo hondureño hacia su país al que se han sumado guatemaltecos y salvadoreños.

Se calculó que entre 2010 y 2014, cada año 75 mil hondureños, que representan un promedio de 8 personas cada hora, huyen de la violencia buscando refugio allende sus fronteras. Se registraba que las remesas de los migrantes al país equivalían a 2,600 millones de dólares al año captando más divisas que la exportación, el turismo o la industria de la maquiladora. Hoy se calcula que las remesas equivalen al 20% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2015, la Comisión Económica para América Latina y el El Caribe (CEPAL) colocó a Honduras como el país más pobre del Continente, cuya deuda había aumentado USD$2,000 millones de enero de 2014 a abril de 2017 y que equivalía al 42.4% de su PIB.

No sólo los intereses estratégicos de Estados Unidos sobre Honduras han incidido negativamente, sino de la misma Unión Europea que quiso salvar al país destinando en el año 2013 de su fondo EuroJusticia millones de euros para combatir la impunidad, la corrupción y los crímenes violentos; garantizar el acceso de la población a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable. Pero tampoco lo logró. Se disparó la corrupción, la violencia y la impunidad. Por su lado, la empresa alemana Voith Hydro/Siemens también invertía en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca pese a la violencia que desataba el proyecto contra las comunidades indígenas. Bancos y empresas siguieron haciendo negocios ignorando las violaciones a los derechos humanos. La empresa austriaca Geppert Hydropower invierte en el proyecto hidroeléctrico «Los Planes» en Atlántida donde se registró inmediatamente un aumento de la militarización, amenazas de muerte, desalojos violentos y ejecuciones contra la población. Por su lado el Banco de Cooperación al Desarrollo Austriaco está involucrado en proyectos de energía “Valle Solar” en la costa pacífica en conflicto con los pobladores. La empresa de aeropuertos de Munich FGM (asociada del estado de Babiera, Alemania, y del gobierno de la ciudad de Munich), participan en la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola donde se encuentra la base militar de Estados Unidos.

En 2014 asume la presidencia Juan Orlando Hernández y en el 2015 estalla el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social que vinculó en el desfalco a Rosa Elena Bonilla, esposa del ex Presidente Porfirio Lobo y a otros diputados, lo que provocó fuertes movilizaciones y huelgas exigiendo justicia y la renuncia del Presidente Juan Orlando Hernández. Este caso, con todos los antecedentes, generó la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en enero de 2016, dos meses antes del asesinato de Berta Cáceres, convirtiéndose en la primera Misión de la OEA para el combate a la corrupción y la impunidad en un Estado miembro. Sin embargo, aún así los movimientos sociales no ven avances en la lucha contra la impunidad ni contra la corrupción.

(…)

También pueden leer el artículo «Las razones del éxodo hondureño» en la página web de Rosa Luxemburg Stiftung

Más Escaramujos:

El Escaramujo 83: LA LEY GENERAL DE AGUAS (LGA) Y LOS DECRETOS DE LEVANTAMIENTO DE VEDA EN MÉXICO    
El Escaramujo 82: ¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ? (Parte II)    
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[VIDEO] «Mesoamericanas»: corto-documental sobre defensoras de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua

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Este documental, dirigido por Alma Laura Hernández Arévalo, pone el foco sobre el trabajo y el contexto que enfrentan las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica, a partir del testimonio de compañeras como Francisca Ramírez (Nicaragua), Miriam Miranda (Honduras), Sonia Sánchez (El Salvador), Trinidad Ramírez (México) o Cesia Juárez, Guadalupe Marcos y Ana Karen Juarez (Guatemala).

Más información:

Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

El Manifiesto de la Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

Los Perfiles de la Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

[INFORME] Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística

[AUDIO] Represa impuesta con sangre: asesinan a dos defensores del río Pojom en Guatemala

Nota y audio de Radio Mundo Real – A 20 de diciembre 2018

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El Consejo de Pueblos Wuxhtaj y el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que integran el Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR), denunciaron que el 16 de diciembre fueron asesinados los hermanos Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, oriundos de la comunidad Bella Linda, microrregión de Ixquisis (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala).

Ambos eran defensores del río Pojom y se oponían a la construcción de las hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés. «Fueron asesinados a balazos, en el marco de una serie de ataques perpetrados por fuerzas oficiales y paramilitares encargadas de proteger estos tres proyectos, contra los cuales la población indígena Chuj lleva más de una década resistiendo de manera pacífica», denunciaron desde el Movimiento de Afectados por Represas.

Joel, responsable de la organización comunitaria de Bella Linda, dijo a RMR que el Ministerio Público Fiscal y la Policía Nacional Civil (PNC) actuaron con negligencia luego que organizaciones de derechos humanos denunciaran ante las autoridades la aparición de los cuerpos de los hermanos en la casa de máquinas de la empresa hidroeléctrica.

Desde el Consejo del Pueblo Maya (CPO) señalaron que estos crímenes son parte del hostigamiento y otros tipos de violencia ejercida por integrantes de la empresa panameña Energía y Renovación Holding S.A., que ha impuesto sus proyectos en el territorio con la complicidad del gobierno guatemalteco, la represión de la PNC y el apoyo de inversiones de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Francisco Rocael, integrante del CPO,  dijo a Radio Mundo Real que estos proyectos extractivistas han dividido a muchas comunidades, generando conflictos a través de «infiltrados» que enfrentan a pobladores entre sí. El defensor pidió justicia por los asesinatos de los Esteban Pedro y recordó que también sigue impune el crimen de Sebastián Alonso, cometido en enero de 2017, asesinado por fuerzas paramilitares durante una marcha pacífica organizada contra Pojom I.

«Esta situación se suma a una serie de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas por la implementación de una política energética en Guatemala para satisfacer una demanda de las grandes industrias y no las demandas de las comunidades. Una política energética que se está imponiendo con sangre, con división comunitaria, con represión estatal y militarización, que pretende convertir al país en uno de los exportadores de energía a nivel regional», dijo Rocael.

«Se debe llegar no solo a los autores materiales sino también intelectuales de estos crímenes, perpetrados para proteger altos intereses económicos. Este tipo de proyectos que se presentan como vectores de desarrollo para los pueblos campesinos de nuestro continente no garantizan ningún derecho, ni el derecho básico a la electricidad», agregaron desde el Movimiento de Afectados por Represas y Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México, que adhiere a esta denuncia.

Desde MAR y CPO también denunciaron “la farsa” de “los Acuerdos de paz y desarrollo de San Mateo Ixtatán” firmados en octubre sin el consentimiento de la comunidad local, luego de una intimidación de 300 efectivos de la Policía Nacional Civil que custodiaban las instalaciones de la empresa Energía y Renovación para hostigar a la población en resistencia. Ante estos hechos, los movimientos sociales exigen, una vez más, la cancelación definitiva e inmediata de los proyectos Pojom I, Pojom II y San Andrés.

Más información:

Denunciamos el doble asesinato de miembros de la resistencia de Ixquisis (comunicado del Consejo de Pueblos Wuxhtak)

Guatemala: asesinan a dos defensores que resisten a proyectos hidroeléctricos en Ixquisis (comunicado de Otros Mundos A.C. y MAR)

Pronunciamiento ante doble asesinato, agresión física y situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala

Mensaje de la REMA al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: «Coincidencias y Discordancias»

Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de diciembre 2018

LIC. ADELFO REGINO MONTES,

En REMA leímos con atención su repuesta a nuestro comunicado del 13 de diciembre 2018. De su respuesta apreciamos la importancia en la cual hace pública su postura y «reitera su firme convicción de llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar a los pueblos indígenas su derecho fundamental a sus tierras, territorios y recursos naturales», porque tomando en cuenta la legitimidad con la cual ingresan a tomar las riendas del mando en este sexenio, muchas y muchos no esperaremos menos de ninguno de los funcionarios del nuevo gobierno, porque en términos concretos es su obligación.

Sin embargo, no compartimos algunas de sus apreciaciones cuando usted señala: «es necesario enfatizar que en la Constitución Política Federal, en el Convenio número 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas, la consulta y el consentimiento no están previstos como una herramienta estatal, sino como un derecho fundamental de los pueblos indígenas”, porque son varios pueblos originarios en Latinoamérica que realizan álgidos debates sobre los cambios constitucionales que citan la importancia de los pueblos originarios y sin embargo, a través del uso de la consulta, han sufrido la imposición del modelo extractivo. También revisan y cuestionan el pero real que en verdad tienen tanto el convenio como la declaratoria, para los cuales mencionan por lo menos los siguientes argumentos: 1. El hecho de que exista un marco normativo sobre los derechos humanos y de los pueblos originarios, no significa que estén bien hechos ni que tengan efectos vinculantes de forma directa, porque si así fuera, nada de lo que ocurre actualmente con el modelo extractivo sucedería. 2. Tampoco se garantiza que los gobiernos hagan cabal cumplimiento de su uso, porque desde hace años, no se respeta los derechos reconocidos en la constitución, el convenio y la declaratoria. Por el contrario, hoy son utilizadas para manipular el marco ético y de buena fe que dichos documentos refrendan, para pasar encima de la historia de los pueblos originarios. Para REMA son temas para el debate, porque recurrentemente usan esos argumentos para imponer los megaproyectos.

Por otro lado, cuando nos plantea que «el Instituto tiene el mandato de ser el órgano técnico para el ejercicio de este derecho, por lo que será garante que se cumplan los más altos estándares internacionales», por supuesto que lo sabemos, pero hay contrastes que ponemos a su consideración por ejemplo; ¿cómo fue que aplicaron los «más altos estándares» cuando implementaron los “Foros de Consulta sobre la Ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”? ¿En qué posición de respeto y credibilidad por la lucha de los derechos de los pueblos originarios lo ponen a usted, las ocurrencias folclóricas de los rituales para imponer el tren maya? ¿Los más altos estándares internacionales para realizar consultas a los pueblos cuando se aplicarán?, porque nos queda claro que en el tren maya, por lo menos lo previo como derecho ya fue vulnerado.

En REMA no actuamos con dolo como nos lo hace saber a través de un twitter, hacemos planteamientos críticos y denuncias sobre un modelo que genera despojo y desplazamiento forzado, el cual no podemos permitir siga protegiéndose con actuaciones vagas, sumisas o por desconocimiento. De este nuevo gobierno no queremos titubeos, sino decisiones firmes que refuercen y refrenden el respeto de los derechos de los pueblos originarios, porque ya los gobiernos anteriores fueron fiel referente de la sumisión, la impunidad, y la violación de derechos. En ese contexto, desde nuestro nacimiento trabajamos, entre otras cosas, por desmitificar el «progreso y desarrollo» del modelo minero y de aquellos personeros que desde el gobierno y desde las empresas lo pretenden perpetuar. Con ello no decimos que a usted lo tenemos en esa categoría, pues no tenemos más argumentos para que ello suceda en estos momentos, pero es nuestro deber exigirle trabaje bien y a mil por hora no porque sea necesario para REMA, sino para los pueblos que en estos momentos ya les han sido vulnerados sus derechos, como los cientos de comunidades de Oaxaca con concesiones mineras.

Coincidimos con usted; en estos momentos álgidos del modelo extractivo, es prioritario luchar por garantizar que los pueblos originarios ejerzan el pleno disfrute de su derecho fundamental a sus tierras, territorios y bienes naturales, a lo cual sumaríamos también el derecho a su cultura, a mantener y fortalecer sus procesos identitarios y no folclorizarlos, y dar total certidumbre y garantía a su libre determinación.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS/AS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

 

Pronunciamiento ante doble asesinato, agresión física y situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala

Pronunciamiento de organizaciones sociales de Guatemala, México y el mundoHuehuetenango, Guatemala, A 20 de diciembre 2018

Las organizaciones organizaciones, colectivos y personas firmantes, entre las cuales Otros Mundos A.C., manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo que enfrentan las comunidades y personas defensoras de derechos humanos de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán.

Las personas defensoras del territorio y del medioambiente de la Microrregión de Ixquisis enfrentan desde el año 2009 violaciones de derechos humanos en el marco de su oposición a los proyectos hidroeléctricos San Andrés, Pojom I, Pojom II. Los tres proyectos son promovidos por la empresa Energía y Renovación S.A. (antes PDH S.A.) que es propiedad actualmente de las familias Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), y cuentan con financiamiento del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco alemán KfW.

Desde mayo del presente año, la Resistencia Pacífica de Ixquisis ha realizado una serie de acciones públicas, manifestaciones y plantones para expresar y reiterar su oposición a los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Actualmente tres acciones de amparo en contra de las licencias de operación de la hidroeléctrica Pojom II, se encuentran a la espera de resolución en las cortes nacionales. En junio las comunidades de Ixquisis recibieron el premio Front Line Defenders en reconocimiento a su esfuerzo colectivo y su lucha pacífica. En agosto las comunidades afectadas presentaron una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, solicitando la investigación y el retiro de su inversión debido al incumplimiento de las propias políticas operativas del banco.

En este contexto, organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso han observado un aumento significativo de las difamaciones y agresiones en contra de la población que participa en la Resistencia Pacífica y de la población de la microrregión, que culminaron en el asesinato de dos pobladores de la comunidad de Ixquisis los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, el pasado 16 de diciembre. Sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del Río Yal Witz, cerca de la hidroeléctrica San Andrés en la carretera de la Franja Transversal del Norte con impactos de bala en la cabeza. Este hecho hace recordar el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, quien falleció a causa de disparos en el marco de una manifestación pacífica en enero del 2017; asesinato que sigue sin esclarecerse.

 

Además de este doble asesinato se destacan los siguientes hechos acaecidos en 2018:

– Julio y octubre: Violación del derecho de manifestación y del derecho de libre locomoción por parte de la PNC; y uso desmedido de la fuerza en contra de manifestantes, resultando en seis (6) personas heridas, tres de ellas con necesidad de ser hospitalizadas.

– 12 de octubre: En el transcurso del día dos integrantes de la Resistencia Pacífica sufrieron ataques armados; Alfonso Miguel Francisco Pedro, de la aldea Pojom tuvo que ser hospitalizado durante siete (7) días.

– 20 de octubre y 7 de noviembre: hostigamiento y uso de gas lacrimógeno en contra de comunitarios, provocando intoxicación en niños y en una mujer embarazada.

– 9 de diciembre: agresión física en contra de Lucas Jorge García, presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis y dos mujeres de su familia, una de ellas en estado de embarazo. Dos hombres atacaron al defensor en su casa, golpeándolo en la cabeza con piedras y palos. Al querer defenderlo su hija Maria Jorge Gómez y su nuera, Ana Gómez Domingo también fueron golpeadas.

La constante campaña de difamación y desprestigio emprendida en contra de la Resistencia Pacífica desde hace más un año nuevamente ha aumentado de intensidad impactando además a organizaciones aliadas como el Gobierno Ancestral Maya Plurinacional de las naciones Akateko Chuj, Popti’, Q’anjob’al y pueblo mestizo, y en particular de uno de sus coordinadores, Rigoberto Juárez.

A principios de noviembre de 2018 fue anunciado en los diferentes medios de comunicación la firma de un «Acuerdo para la Paz y el Desarrollo» en el municipio de San Mateo Ixtatán, acuerdo que concluye como el principal resultado de una mesa de diálogo en la que participaron únicamente actores que están a favor de las hidroeléctricas y con vínculos directos con la empresa Energía y Renovación, S.A. La legitimidad de este acuerdo y representatividad de las personas que en nombre de la Microrregión de Ixquisis firmaron dicho acuerdo, ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la Resistencia Pacífica de esta Microrregión, que desde el inicio de este proceso de diálogo, han registrado un aumento de ataques en su contra.

Ante esta grave situación de riesgo las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las personas defensoras de la Microrregión de Ixquisis, y solicitamos:

– Al Ministerio Público que investigue y procese a los responsables materiales e intelectuales de todos los ataques cometidos en contra de la Resistencia Pacífica de Ixquisis, incluyendo las agresiones físicas en contra de Lucas Jorge García, Presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis, así como los asesinatos de los hermanos Nery y Domingo Pedro Esteban y Sebastián Alonso Juan.

– Al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de las comunidades de Ixquisis y el derecho de manifestación y de defender derechos.

– Al Estado de Guatemala que tome todas las medidas para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencias y que tome medidas de protección especificas para las mujeres y lideresas de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis.

– Al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación que se cumpla con el retiro de las fuerzas de seguridad estatales, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, de las instalaciones privadas donde funciona la empresa Energía y Renovación, propietaria de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en esta Microrregión, para garantizar la independencia de las fuerzas públicas en la Microrregión de Ixquisis.

– A la comunidad internacional presente en Guatemala, que observe de cerca la situación de las personas defensoras de derechos humanos, realizando visitas el territorio referido.

– A las instituciones financieras internacionales involucradas en el financiamiento de estos proyectos hidroeléctricos, que adopten medidas para que sus inversiones se den bajo condiciones de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

FIRMAMOS:

Accountability Counsel, Estados Unidos
ACODET, Guatemala
Alerte Honduras, Francia
Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH), Guatemala
Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia
Asociación Civil El Observador, Guatemala
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Regional
ALIANZAS Unitarian Universalist Church of Arlington, Estados Unidos
American Jewish World Service, Estados Unidos
Asociación Civil Verdad y Vida, Guatemala
Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), Guatemala
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA), Guatemala
Bank Information Center, Estados Unidos
Bank Information Center Europe, Regional
BC CASA-Cafe Justicia, Canadá
Both Ends, Holanda
Anne Bordatto, Guatemala
Lorena Bugueño, Chile
Cadena para un Retorno Acompañado (CAREA), Alemania
Carlos Alfaro Aldana, Guatemala
Carlos Salamanca, Investigador Adjunto Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, (CONICET), Argentina
Cataylst Project, Estados Unidos
Center for International Environmental Law (CIEL), Estados Unidos
Center for Participatory Change, Estados Unidos
Alejandro R. Chan S. Politólogo, Guatemala
Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Estados Unidos
Sandra Elizabeth Chuc Norato, Guatemala
CISPES, the Committee in Solidarity with the People of El Salvador, Estados Unidos
Collectif Guatemala, Francia
Colectivo Madreselva, Guatemala
Columban Mission Center, Estados Unidos
Comite Campesino del Altiplano-CCDA, Guatemala
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL), Canadá
Community Alliance for Global Justice (CAGJ), Estados Unidos
Consejo Mam te Txe Chman San Marcos, Guatemala
Consejo De Mujeres Mayas Ixmucane, Guatemala
Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Guatemala
Coordinación de Ong y Cooperativas (CONGCOOP), Guatemala
The Copper Country Guatemala Accompaniment Project (CCGAP), Estados Unidos
Crude Accountability, Estados Unidos
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Peru
Development International, Estados Unidos
Earth Guardians, Estados Unidos
Nelson Escobar Ruiz, Guatemala
Festivales Solidarios, Guatemala
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, América Latina
FONGI – Foro de ONGs Internacionales en Guatemala, Guatemala
France Amérique Latine, Francia
Friends of the Earth United States, Estados Unidos
Friendship Office of the Americas, Estados Unidos
Front Line Defenders, Irlanda
Frontera Water Protectors, Estados Unidos
Fundación para el Debido Proceso/Due Process of Law Foundation (DPLF), Estados Unidos
GegenStroemung–ContraCorrientes, Alemania
Gender Action, Estados Unidos
Global Labor Justice, Estados Unidos
Global Witness, United Kingdom / Internacional
Guatemala Human Rights Commission, Estados Unidos
Guatemalanetz Bern, Suiza
Guatemala-Netz Zürich, Suiza
Guatemala Partnership Committee, Congregational Church of Needham, Estados Unidos
Heart of the Sky Fair Trade, Estados Unidos
Human Rights Defenders Project, Estados Unidos
Indigenous Climate Action, Estados Unidos
Indigenous Goddess Gang of the Diné (Navajo) Nation, Estados Unidos
International Rivers, Estados Unidos
International Accountability Project, Global
InterReligious Task Force on Central America and Colombia, Estados Unidos
Jennifer Casolo -geógrafa, Estados Unidos
JusticiaYA, Guatemala
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Canadá
Kickapoo Guatemala Accompainment Project (KGAP), Estados Unidos
Km207 Guatemala-Suisse, Suiza
Leocadio Juracán, Diputado, Guatemala
The Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canadá
Mining Injustice Solidarity Network (MISN), Canadá
Movimiento de Reconciliación, Austria
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), Estados Unidos
OTROS MUNDOS A.C., México
Parlamento del Pueblo Xinka, Guatemala
El Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG), Canadá
Peace Watch Switzerland (PWS), Suiza
Perifèries del Món, España
Plataforma Internacional contra la Impunidad, Suiza
Prensa Comunitaria, Guatemala
Programa Interdisciplinario de Investigación en Espacios, Políticas y Sociedades del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Protection International, Bélgica
Protection International Mesoamérica, Guatemala
Public Service Alliance of Canada, Canadá
Red por la Justicia Ambiental, Colombia
Resistencia Pacífica La Puya, Guatemala
Resistencia Pacífica Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, Guatemala
Sandra Sanchez, Guatemala
SEFCA, Guatemala
Solidaridad de Austria con Guatemala, Austria
Südwind Entwicklungspolitik, Austria
Terre et Liberté pour Arauco, Francia
The Santa Elena Project of Accompaniment (SEPA), Estados Unidos
TreeSisters, Estados Unidos
urgewald, Alemania
Welthaus Viena, Austria
WIDE – Red de Mujeres y Desarrollo, Austria
WoMin African Alliance, Sudafrica

Foto: Domingo Esteban Pedro

[INFORME] Manejo Comunitario del Territorio y Soberanía Alimentaria en América latina y el Caribe

Informe publicado por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) – A 19 de diciembre 2018

 >> DESCRAGAR EL INFORME EN PDF <<

Introducción

Desde Amigos de La Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), vemos la importancia de reconocer las prácticas que desde las organizaciones, comunidades y movimientos se realizan para la búsqueda de la soberanía alimentaria y la conservación, manejo y protección de bosques, montes y montañas, enmarcadas en manejo, cuidado y gestión del territorio. Estas acciones son producto del conocimiento desarrollado a través de años de convivencia de las comunidades con sus territorios, que han enriquecido la biodiversidad a través de sus prácticas tradicionales y en su derecho a seguir siendo quienes deciden libremente sobre sus bienes comunes naturales. Este planteamiento cobra importancia en el contexto del desarrollo de un modelo extractivo que pretende imponer a las comunidades, formas de manejo de sus territorios, bajo la premisa del conservacionismo de bienes naturales y el discurso del desarrollo.

La intención de la publicación es contribuir a una narrativa común de las sinergias entre Agroecología y Manejo Comunitario del Territorio, compartiendo elemento Amigos de La Tierra Brasil muestra como la relación y articulación con organizaciones, comunidades y movimientos, construyen la Feria Agroecológica, fruto de la Resistencia que se lleva a cabo en su sede CasaNAT (Centro de Arquitectura Socio Ambiental – Sede de ATBr). La Feria tiene como objetivo articular la permanencia de grupos en sus tierras y territorios, a partir del intercambio de saberes y resistencias con apoyo mutuo y procesos de solidaridad entre los que luchan en el campo y la ciudad.

Otros Mundos A.C. en Chiapas, México, presenta el proceso de la Escuela Popular de Agua y Energía y el trabajo en agroecología y tecnología apropiada, en el marco de defensa del territorio y derechos colectivos de pueblos para reivindicar otras formas de vivir frente al sistema económico de dominación actual.

Amigos de La Tierra Argentina muestra la lucha defensiva de la gestión comunitaria de bosque en un entorno cercano a lo urbano donde las comunidades enfrentan amenazas de mega emprendimientos inmobiliarios. Se ve cómo la organización enriquece la relación entre trabajo y naturaleza, empodera a productores para defender el territorio como guardiana y posibilitadora de mantener viva la cultura.

REDES Uruguay presenta el trabajo con la Red nacional de semillas nativas y criollas, desarrollada a nivel Nacional para recuperar variedades nativas y criollas y construir un reservorio vivo común de semilla para la producción de alimentos, se destaca el valor de los encuentros como espacios de celebración de semillas y biodiversidad. Esta sirve como plataforma política del Plan Nacional de Agroecología y de interacción con otros movimientos, decisores/as políticos y académicos/as. CENSAT-Colombia expone los discursos y políticas incongruentes para el cuidado del patrimonio ambiental, pues mientras se habla de la necesidad de conservar bosques, se entregan zonas para el extractivismo minero energético y agroindustrial. Las comunidades que comparten su experiencia trabajan en iniciativas de rescate de semillas, monitoreo de la biodiversidad, acueductos comunitarios, apicultura, viveros forestales, uso de biomateriales, educación de jóvenes y fortalecimiento organizativo. CEIBA de Guatemala destaca las sinergias entre el manejo integrado del territorio y la agroecología, también manifiestan la organización comunitaria, articulación en redes, promoción de políticas y estrategias de soberanía alimentaria y defensa de territorios trabajados desde los grupos y comunidades, contribuyendo a posicionar la propuesta de manejo integrado del territorio desde los pueblos y de la práctica agroecológica.

En estas experiencias las comunidades locales desarrollan prácticas de manejo comunitario de bosques y agroecología, donde quedan expuestos elementos con denominadores comunes como: La organización comunitaria, base fundamental para prácticas de manejo comunitario de bosque y agroecología, el ejercicio soberano de las comunidades por el control de sus territorios. En las experiencias se visibiliza el papel y autonomía de mujeres en estos procesos de cuido del bosque y manejo agroecológico y las posiciona como sujetos políticos que deciden en sus territorios. La apuesta a ciclos cortos de mercado, el fomento a economías locales y solidarias que acercan el campo a espacios urbanos, el reconocimiento a los saberes locales, cultura, espiritualidad y la diversidad. Aspectos como la educación y comunicación popular son centrales en estos procesos. Las experiencias descritas en este documento demuestran que el modelo extractivo, la economía verde, el agronegocio y la financiarización de la naturaleza causan no solo destrucción ecológica y muerte material, sino también daños irreparables y exterminio de culturas, biodiversidad y modos de vida tradicionales. Es perceptible que las injusticias que afectan la tierra, las aguas y toda la biodiversidad igualmente afectan a las personas, sus cuerpos, sus autonomías y autodeterminación. De ese modo se solidifican los argumentos que fundamentan la importancia del manejo, cuidado y defensa que los pueblos hacen en sus territorios para mantener y aumentar la biodiversidad, reforzando nuestra mirada de que la presencia de los pueblos en los territorios conservados no solamente los beneficia, sino que es una relación de profunda interconexión en donde los seres humanos formamos parte de la naturaleza.

Autores: Aldrin Calixte, Amigos de La Tierra Haití; Mariana Porras, COECOCEIBA Amigos de La Tierra Costa Rica, Equipo CENSAT, Agua
Viva – Amigos de la Tierra Colombia; Claudia Ramos Guillén, Tania E. González Flores, Amigos de La Tierra México; Walter
Gómez, CESTA-Amigos de la Tierra El Salvador; Equipo REDES, Uruguay; Rocael Cárdenas, Elías Raymundo Raymundo y Awex
Mejía Cipriano, CEIBA-Amigos de La Tierra Guatemala; Camila Trama y Diego Andrés Martínez Zambrano, Amigos de La
Tierra Argentina; Leticia Paranhos M. de Oliveira, Marilia Gonçalves y Fernando Campos Costa, Amigos de La Tierra Brasil.

Edición, contenido y sistematización: Claudia Ramos, AT México y Leticia Paranhos M, AT Brasil.

Diseño: Nicolás Medina Redes AT Uruguay / RMR.

Información relacionada:

Agroecología: innovaciones para sistemas agrícolas y alimentarios sustentables

Ante la fusión Bayer-Monsanto, defendemos el derecho de los campesinos y las campesinas a producir de manera agroecológica

Sierra Norte de Puebla: El Subsecretario de Minería avala proyecto minero repudiado por comunidades indígenas

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Ciudad de México, 18 de diciembre 2018

  • Da respaldo a pesar de que el proyecto minero sería realizado sobre concesiones que violaron derechos, y por las cuales, está demandada judicialmente la Secretaría de Economía.

El pasado 9 de diciembre, el recién nombrado Subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, se presentó en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, para expresar su respaldo abierto y explícito al proyecto minero de oro y plata a cielo abierto que la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, pretende realizar sobre dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía le otorgó sobre dicho municipio.

Ello a pesar del rechazo público de diversas comunidades al proyecto, y a pesar de que las concesiones sobre las cuales pretende implementarse, fueron otorgadas violando derechos de pueblos indígenas y de ejidos del municipio. El Subsecretario soslaya incluso que existe un Juicio de Amparo interpuesto por la Comunidad Nahua de Tecoltemi, en contra de las referidas concesiones, en donde la Secretaría de Economía, que él representa, es la demandada.

El apoyo de Luis Francisco Quiroga se dio durante su asistencia a la 9ª Junta Informativa del proyecto minero Ixtaca, organizada por la empresa. En ella, el representante de la Secretaría de Economía, acompañado por integrantes de su equipo, elogió a la minera y su proyecto, afirmando que «los ojos de la minería mexicana están puestos en Ixtaca, que aquí está pasando algo que será el ejemplo de cómo se hace la minería en el resto del país», llamando «voces disidentes» a quienes defienden sus derechos y al territorio de la devastación y los daños que causa la minería a cielo abierto[1].

El día de ayer, entregamos una carta a la Secretaria de Economía, Lic. Graciela Márquez Colín, en la que manifestamos nuestro rechazo y condena por la presencia y declaraciones del Subsecretario en un evento de la empresa. En ella, y ahora también, preguntamos a la Titular de la Secretaría de Economía, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si acaso el proceder del Subsecretario es la muestra de la política con que el nuevo Gobierno Federal se conducirá en materia de minería, a pesar de la innegable conflictividad social existente en el país debido a la imposición de concesiones y de proyectos mineros; si acaso pretende dar continuidad al modelo extractivo minero impuesto por los sexenios pasados, y que sólo ha generado división, violencia, despojo y depredación de los recursos del territorio.

El Gobierno Federal tiene ahora una oportunidad única para demostrar que cumplirá con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, que no se conducirá con las mismas prácticas violatorias, y que por tanto, pondrá la vida y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y agrarias, por encima de los intereses de las empresas.

FIRMAN:

Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhuac

Consejo Tiyat Tlali

Fundar Centro de Análisis e Investigación

Red Mexicana de Afectados por la Minería

Contacto:

– consejotiyattlali@gmail.com  Cel. (044) 2331045534 y (044) 2225488060

– Diana Amador. Coordinadora de Comunicación Fundar:  dianaa@fundar.org.mx

[1] Lo dicho por el Subsecretario puede constatarse en el siguiente video que fue tomado durante la reunión:

{YOUTUBE}N8LNmajLKOs{/YOUTUBE}

Más información:

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

Los conflictos y controversias de la minería de Canadá en América Latina (que van en contra de su imagen progresista)

 

Guatemala: asesinan a dos defensores que resisten a proyectos hidroeléctricos en Ixquisis

Comunicado de Otros Mundos A.C. y el Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR) en solidaridad con la resistencia pacífica de la Microrregión de Ixquisis en Guatemala – A 18 de diciembre 2018 (Descargar el comunicado en PDF)

¡ALTO A LOS ATAQUES Y ASESINATOS CONTRA LA RESISTENCIA A HIDROELÉCTRICAS

EN LA MICRORREGION DE IXQUISIS!

A 18 de diciembre 2018
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Dos defensores de la Microrregión de Ixquisis (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango) acaban de sumarse a la lista de las víctimas de la guerra que el gobierno guatemalteco y empresas como Energía y Renovación Holding S.A. (antes Promoción y Desarrollo Hídrico, S.A.) llevan contra la población local para imponer una serie de represas hidroeléctricas sin su consentimiento.

El domingo 16 de diciembre fueron encontrados sin vida Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, dos líderes de la comunidad de Bella Linda, donde defendían el río Pojom ante la construcción de las hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés. Fueron asesinados a balazos, en el marco de una serie de ataques perpetrados por fuerzas oficiales y paramilitares encargadas de proteger estos tres proyectos, contra los cuales la población indígena Chuj lleva más de una década resistiendo de manera pacífica.

Nery y Domingo no fueron las primeras víctimas de la violencia letal con la cual la empresa panameña Energía y Renovación Holding S.A. impone sus proyectos, con la complicidad del gobierno guatemalteco y de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE) y la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que invierten en ellos. El 17 de enero 2017, el compañero de 72 años Sebastián Alonso fue asesinado por fuerzas paramilitares durante una marcha pacífica organizada contra Pojom I en la cual participaba.

Exigimos se esclarezcan los asesinatos de Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, además del de Sebastián Alonso, el cual sigue impune. Se debe llegar no solo a los autores materiales sino también intelectuales de estos crímenes, perpetrados para proteger altos intereses económicos.

Además de asesinatos, estos proyectos se acompañan de una serie de actos de hostigamiento, como lo pudimos ver en octubre del presente año cuando un cerco de 300 efectivos de la Policía Nacional Civil protegió las instalaciones de la empresa Energía y Renovación para intimidar a la población en resistencia. Junto con nuestros compañeros del Consejo de Pueblos Wuxhtaj y el Consejo del Pueblo Maya (CPO), con quienes hacemos parte del Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR), denunciamos la farsa que constituyen «los Acuerdos de paz y desarrollo de San Mateo Ixtatán» firmados después de este episodio, ya que no hay nada más alejado de la paz y el desarrollo que la invasión de los territorios y la violación de los derechos colectivos de las comunidades locales. Por ello, exigimos la cancelación definitiva e inmediata de los proyectos Pojom I, Pojom II y San Andrés.

De manera general, en todo México, Centroamérica y América del sur, rechazamos el modelo energético capitalista que consiste en acaparar bienes comunes naturales, inundar tierras y represar ríos para generar energía eléctrica sin que esta sea deseada por ni destinada a la población local, con el simple fin de lucrar con la naturaleza. Denunciamos que este tipo de proyectos que se presentan como vectores de desarrollo para los pueblos campesinos de nuestro continente no garantizan ningún derecho, ni el derecho básico a la electricidad. Al contrario, violan los derechos colectivos de los pueblos, entre los cuales el derecho a la autodeterminación, y violan el derecho a la vida y a la protesta, asesinando y criminalizando.

Como Otros Mundos A.C. y miembros del MAR, seguiremos luchando por un modelo energético pensado y construido por y para los pueblos. Nos solidarizamos con las familias de los compañeros asesinados y saludamos a la digna lucha de la Microrregión de Ixquisis, esperando encontrar justicia para los pueblos afectados por los proyectos de represas.

¡Justicia para Nery y Domingo!
¡Agua y energía no son mercancía!
¡Fuera las represas de nuestros ríos!

FIRMAMOS:
OTROS MUNDOS A.C
MOVIMIENTO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS EN AMÉRICA LATINA (MAR)

Más información:

Comunicado Urgente: Denunciamos el doble asesinato de miembros de la resistencia de Ixquisis

Denunciamos el Falso Dialogo y desarrollo por el caso Pojom I, San Mateo Ixtatan. La paz y desarrollo se construye, no se impone con violencia

Guatemala: ¡Cese al cerco policíaco en las comunidades Ixquisis en resistencia!

Hubo avances para los pueblos y la naturaleza en la COP14, pero la influencia de las empresas se mantiene

Artículo de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – A 13 de diciembre 2018

Las negociaciones de la 14a Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 14) tuvieron como resultado algunas victorias para los pueblos y la naturaleza, pero las empresas siguen influyendo fuertemente el proceso.

Los últimos ocho años hemos estado trabajando en base a las Metas de Aichi de 2010-2020. En el marco de estas metas, el mundo supuestamente debía avanzar a grandes pasos en pos de solucionar la crisis de la biodiversidad. Durante este tiempo no se ha logrado prácticamente nada, más allá de algunos pequeños avances, y hubo importantes deterioros en varias áreas. Esto se debió a la falta de implementación de las Metas de Aichi por la mayoría de los países que son partes del Convenio. En la COP14, realizada del 17 al 29 de noviembre de 2018 en Egipto, uno de los ministros proporcionó información importante que demuestra que se ha invertido al menos 160 veces más en actividades y sectores destructivos que en la protección de la biodiversidad.

Consideración a los pueblos indígenas y las comunidades locales

Los pueblos indígenas y la sociedad civil lograron garantizar la aprobación de terminología para las áreas conservadas por comunidades indígenas y locales – ICCA, por su sigla en inglés. Este texto trata sobre las prácticas que llevan a cabo las comunidades para conservar sus propios territorios, como los bosques u otros tipos de ecosistemas. El concepto es muy similar a lo que en Amigos de la Tierra Internacional denominamos Manejo Comunitario del Bosque.

A su vez, logramos garantizar que se reconozcan «otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas» (OECM, por su sigla en inglés), que refiere a las áreas que no son protegidas oficialmente, pero que son áreas ricas en biodiversidad y ecosistemas conservados, la mayoría de los cuales son manejados por pueblos indígenas.

El hecho que el Convenio reconozca que estos territorios son tan importantes como las áreas oficialmente protegidas es muy significativo, porque las áreas protegidas a menudo le arrebatan su gobernanza a los pueblos indígenas. Además, gran parte de la naturaleza mejor protegida se encuentra en estas áreas ICCA. Que su gobernanza esté en manos de los pueblos indígenas es importante para su conservación. Ahora, los gobiernos reconocen este hecho un poco más claramente.

Conflictos de intereses de las empresas

Al Convenio se introdujo un texto relacionado con los conflictos de intereses. Durante la COP14, la sociedad civil fue testigo de cómo las empresas se volvían más y más activas, y cómo los portavoces de las empresas presionaban a las Partes y buscaban ser parte de los órganos científicos asesores.

Aunque el texto que se aprobó sobre los conflictos de intereses no abarca lo suficiente como para reducir la influencia empresarial, estamos felices de que exista y de que los conflictos de intereses se hayan identificado como un problema. Esto es esencial, particularmente ya que los representantes de las industrias invitados a formar parte en calidad de asesores ahora tendrán que declarar la existencia de conflictos de intereses. Ahora tenemos una mayor conciencia del hecho de que hay intereses que son incompatibles con proteger la biodiversidad.

Presencia empresarial a todo nivel

El cabildeo empresarial se hizo visible en todo el proceso referido a la biología sintética y en todas las discusiones relacionadas con los impulsores genéticos y la Información Digital sobre Secuencias, que son formas sumamente avanzadas de organismos genéticamente modificados y transgénicos. Las empresas que están experimentando en estos campos quieren tener rienda suelta y nada de reglamentación. Las/os colegas de los grupos miembros de Amigos de la Tierra, entre ellos de Nigeria y Estados Unidos, trabajaron mucho para hacerle frente a la poderosa influencia empresarial.

Aunque como sociedad civil no logramos garantizar todas las reglamentaciones que hubiésemos querido, sí estatuimos el reconocimiento del Principio Precautorio. Toda empresa que quiera liberar al medioambiente un organismo impulsor genético, que puede exterminar o modificar toda una especie, tendrá que obtener en primer lugar el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Impiden el acceso y acaparan los beneficios

La mayoría de las Partes deberían estar haciendo más para cumplir con los tres objetivos principales del Convenio sobre la Diversidad Biológica: conservación de la diversidad biológica, ‘utilización sostenible’ de los componentes de la biodiversidad, y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

La delegación de Suiza en particular impidió que se avanzara en lo relativo a la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la Información Digital sobre Secuencias. Aunque esto aparentemente no tiene que ver con las plantas reales, implica que los códigos genéticos de, por ejemplo, las plantas que existen en la Amazonia, puedan enajenarse vía la Internet. De ese modo, la participación justa y equitativa en los beneficios puede eludirse. El interés suizo es proteger a su gran industria farmacéutica, y por eso la delegación impidió el avance del texto relacionado con este tema. No obstante, entre las Partes hubo algún grado de reconocimiento de que hay que trabajar más en torno a este tema, por lo que aspiramos a que en la COP15 que se realizará en China en 2020 se establezca la reglamentación al respecto.

2020 y más allá

Ahora estamos iniciando el proceso de construcción de un nuevo plan estratégico que se implementará a partir del año 2020. En la COP14 se aprobó el proceso de planificación, que todos los delegados abogaron que sea participativo e inclusivo, aunque nos preocupa que al leer la letra chica, esto en realidad no suceda.

Amigos de la Tierra Internacional y nuestros abnegados aliados seguiremos presionando por un proceso que sea genuinamente participativo. Estamos trabajando mancomunadamente para que se incorporen nuestras demandas por justicia social, economías fuertes que respeten los límites planetarios, la inclusión de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y la inclusión de la agroecología –componentes todos que sabemos son vitales para salvar a la Naturaleza.

En los próximos dos años contaremos con una voz fuerte para mostrarle al mundo lo que debe hacerse.

Más información:

COP 14: El Convenio sobre la Diversidad Biológica debe conducirnos a un mundo que viva dentro de los límites planetarios

COP 14: Poder corporativo y disminución de la biodiversidad

La sociedad civil exige medidas contra la pérdida de biodiversidad

Foto: Mariann Bassey de Amigos de la Tierra Nigeria durante la COP 14