Dibujos contra el Golpe de Estado en Honduras

#AlertaHonduras #HondurasNoEstásSola

Lamentablemente, hoy estos dibujos que nacieron de las imágenes de esas luchas en las calles, son vigentes de nuevo. Les compartimos algunos como aportes a la protesta contra el fraude electoral actual y para que las utilicen si les sirven en sus acciones y materiales de denuncia contra este nuevo Golpe de Estado en Honduras y contra la Represión.

Ilustraciones: Nieves Capote

>> Descargar el documento completo de «La Declaración de las Caminatas» aquí <<

>> Descargar todos los dibujos en alta calidad <<

>> Descargar todos los dibujos en Facebook (baja calidad) <<

Más información:

#AlertaHonduras: ¡No a un nuevo golpe de Estado y alto a la represión!

AUDIO: Entrevista con Carlos H Reyes, del movimiento sindical hondureño, sobre las claves internas y externas del fraude electoral y la continuidad del Juan Orlando Hernández

AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras

¡Alto a la violencia policiaca y militar contra el pueblo de Honduras!

Comunicado urgente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 1 de diciembre 2017

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería condenamos enérgicamente la violencia que ha desatado el gobierno golpista de Juan Orlando Hernández, contra el pueblo hondureño que ha salido a las calles, a manifestar su hartazgo por el evidente fraude electoral perpetrado desde el gobierno actual que, en consecuencia, atenta y viola de manera directa el respeto y voluntad de las mayorías para, de forma pacífica, elegir a su presidente nacional.

Hemos recibido comunicados de organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos amigas, quienes de forma dramática nos indican que la violencia perpetrada desde el estado nacional, ya empezó a cobrar sus primeras víctimas mortales.

Los hechos se enmarcan en el proceso electoral realizado este 26 de noviembre del año en curso, en el cual el presidente Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección presidencial, ha utilizado a las instituciones del estado para que maquilen y manipulen tanto el sistema de cómputo, como a la propia autoridad electoral, y con ello dar un sesgo y evitar reconocer los resultados que ya daban por virtual y estadísticamente ganador al candidato de la Alianza de Oposición, el C. Salvador Narsalla.

Es importante recordar que Juan Orlando Hernández asume el poder en Honduras tras el golpe de Estado que en el 2009 se llevó cabo, en una clara colusión y alianza con Estados Unidos. Desde entonces su mandato ha sumido al pueblo hondureño en una profunda crisis social, económica de seguridad y de mercado global para facilitar la libre entrada de empresas transnacionales, que desde esas fechas han estado saqueando a las comunidades de sus bienes comunes, además de hacer brutales actos de despojo del territorio a partir de asesinar a cientos de defensoras y defensores que se oponen a ello, tal como sucedió con nuestra querida compañera Berta Cáceres, integrante del COPINH.

Exigimos que el Tribunal Supremo Electoral deje de actuar y enturbiar el proceso electoral al demorar la información, y validar una caída del sistema que lo único que fomenta es su actuación sin transparencia y sin legalidad.

Exigimos se respete la libre voluntad del pueblo hondureño para manifestarse de forma libre, plena y pacífica en las calles de Honduras, sin intromisión e intervención de las fuerzas armadas legales e ilegales del estado hondureño.

¡Respeto a la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas!

Exigimos al gobierno de Juan Orlando Hernández detener la persecución, criminalización y represión que ha desatado contra la población.

¡¡Alto al Fraude Electoral en Honduras!!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

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REDD y derechos: lo bueno, lo malo y lo feo

Artículo de Ivonne Yánez, integrante de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, publicado en el Boletín Nº234 – Noviembre 2017 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés)

«El fundamento del pensamiento crítico, entonces, está en la disconformidad
con el estado de cosas existentes y en la búsqueda de alternativas,
a partir de caracterizaciones de la situación presente, cuyas
causas pueden, evidentemente, ser buscadas en el pasado.» (1)
in memorian Hector Alimonda

La propuesta de incluir los bosques en las negociaciones sobre clima de la ONU cumplirá 10 años. Desde 2007, cuando se llevó a cabo la conferencia sobre clima en Bali, Indonesia, en el marco del avance del mecanismo REDD+ (2), el tema de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las comunidades locales, entre otros, ha sido un ir y venir de actores, guiones, escenarios, repartos, comedias, pero sobre todo han primado los efectos especiales y el arte del maquillaje.

LO BUENO

Hay que reconocer que el hecho de que en estos años se haya tratado de abordar el asunto de los derechos de los pueblos ante un problema tan grave como es el cambio climático es algo bueno. Quienes hemos levantado la voz desde hace veinte años, clamando por verdaderas soluciones al calentamiento global como la de dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo, apelamos siempre a los derechos de los pueblos en donde se los extraen, a los derechos de las comunidades en donde se han aplicado proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) u otros de compensación de carbono, o también a los derechos de la naturaleza.

Así, desde que se empezó a discutir el mecanismo REDD+ en las negociaciones sobre clima, muchas organizaciones sobre todo a nivel internacional presionaban para que se incluyera el término de derechos de los pueblos indígenas. Esta presión se encaminó eventualmente hacia la propuesta de «No Rights, no REDD+” (sin derechos no hay REDD+) en diciembre de 2008. Sin embargo, estas justas demandas tomaron otro curso en los años siguientes.

Un ejemplo es el del derecho al territorio que es un derecho colectivo que ha sido reivindicado por decenios, en particular el de la titulación de tierras y territorios. Si bien este último es un derecho ajeno a las prácticas consuetudinarias de demarcar y organizar sus territorios, ha sido necesario demandarlo ante la arremetida de los Estados.

En este contexto, el mecanismo REDD+ y los programas tipo REDD+ a nivel nacional, claramente están tergiversando este derecho esencial de los pueblos, puesto que para que el negocio del carbono funcione, a la propiedad colectiva se le debe dar un uso privado, pues en la transacción de créditos de carbono tiene que estar claro quién es el dueño de qué, en qué cantidad y, para este caso, en dónde y en qué extensión. Los compradores serán dueños de un título de propiedad sobre el carbono que se encuentra en una determinada –delimitada y titularizada- cantidad de tierra cubierta por bosques. La titulación de tierras entonces está siendo promovida y utilizada en este caso por los mercaderes de carbono para presentar ante los compradores una garantía de propiedad del carbono contenido.

Lo bueno de que los derechos humanos y de los pueblos hayan podido ser parte de la base de cualquier medida frente al cambio climático se corrompió.

LO MALO

Quienes han dominado las negociaciones sobre clima, desde actores corporativos, financieros hasta ONGs de la conservación y representantes gubernamentales hegemónicos, entienden y asumen el tema de los derechos de una manera totalmente diferente a la de los pueblos indígenas y otras comunidades locales. Los derechos humanos y de la naturaleza han sido sometidos al capital y a supuestos derechos empresariales y financieros. Los espacios de lobby y negociación empresarial que cooptan las cumbres sobre cambio climático han garantizado que los intereses corporativos primen por sobre el sentido común bajo el guion de que son los superhéroes salvadores del planeta. Así se establece un claro conflicto de derechos pues el dinero, como capital, ha pasado a ser sujeto de derechos, por encima del humano y de todas las formas de vida.

El Acuerdo de París, firmado en las negociaciones sobre clima de 2016, COP21, presenta una nueva escenografía pero con los mismos protagonistas. Entre otros inconvenientes, ratifica (Art. 5) la inclusión de los bosques «para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero». Esto profundizará la pérdida de derechos de los pueblos a nivel local y, con la posibilidad de compensar las emisiones a través de proyectos tipo REDD+, se seguirá aumentando la extracción y quema de petróleo, gas y carbón y ahondará el problema del cambio climático. El Acuerdo de París, al mejor estilo de la Comedie-Française con su troupe permanente de actores, perenniza el reparto de cuotas de contaminación entre los más contaminantes y la posibilidad de hacer un negocio global, ya no solo con empresas sino también entre Estados.

Con el Acuerdo de París, la lógica de entregar los bosques para compensar contaminación se imprime con carácter planetario. Si bien REDD+ incluye plantaciones forestales, agricultura y suelos, es decir, cualquier vegetación o suelo que pueda contener carbono, pone la mira principalmente sobre los bosques de África, Asia y América Latina, que están en su mayor parte bajo sistemas de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y son, por esta misma razón, los mejor cuidados y los de mayor extensión.

REDD+ convierte a los pueblos indígenas y a la naturaleza en proveedores permanentes de servicios ambientales o ecosistémicos, por lo que podemos afirmar también que REDD+, no solamente contribuye a más pérdida de derechos de los pueblos y hace que empeore el cambio climático sino que, además, viola los derechos de la naturaleza, sometiéndola –como se hace con los pueblos- a procesos de esclavitud, servidumbre, y apropiación de sus obras, al convertir a sus ciclos biológicos, funciones, la recreación de la vida y ciclos reproductivos en un trabajo y mercancías que pueden ser compradas y vendidas.

LO FEO

Entre los objetivos de los promotores de REDD+ está el de tratar de disminuir las resistencias a la implementación de los proyectos en territorios indígenas, principalmente, y buscan convencer a las organizaciones para que el mecanismo REDD+ sea bien visto y aceptado.

Así, como un efecto especial cinematográfico, los derechos humanos y de los pueblos en las negociaciones sobre el clima se han ido esfumando o sufrieron metamorfosis. Derechos se convirtieron en estándares; derechos de las mujeres se transformaron en salvaguardas voluntarias; otros derechos se convirtieron en participación e involucramiento en el reporte y monitoreo; derechos colectivos y territoriales se convirtieron en gobernanza forestal; la protección y exigibilidad de derechos pasó a ser solo promoción o algo que se tomará en cuenta; derechos se convirtieron en establecer modelos operacionales para cumplir con las salvaguardas y consolidar los co-beneficios es decir «beneficios no-carbono» como señala la iniciativa  REDD+ Indígena que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) sostiene a nivel internacional (3).

En definitiva, la inclusión de los derechos humanos en REDD+ no es más que un maquillaje para que se vea bonito, para tratar de detener la rebelión de los pueblos y para ocultar la verdad detrás de estos proyectos.

Ante esto, se debe proteger el derecho a la resistencia, a decir NO a proyectos de compensación de carbono, a no ser desplazados, a no ver restringido el acceso y uso tradicional de sus territorios, o a no ser utilizados para que compañías petroleras o mineras puedan violar los derechos de otra comunidad en algún otro lugar del planeta, a no ser manipuladas por el mercado internacional para que la maquinaria siga funcionando.

EPÍLOGO

Para terminar, se debe acotar más el sentido al que nos referimos cuando decimos derechos.

Aun cuando sabemos que los derechos son inherentes a los sujetos -humanos y no humanos-, estos no son estáticos. Los derechos son un proceso: histórico, político, social y natural.  Son una cuestión de dignidad y van surgiendo como una reacción frente a la opresión, la discriminación, la pérdida del sustento de vida. Son un ideal a conquistar y no son donados por Naciones Unidas, ni menos por el Banco Mundial o las transnacionales de la conservación.

REDD+ asume que los derechos son una realidad ya conseguida, adjudicados por los operadores de este tipo de proyectos y los tergiversa al considerarlos una cuestión de gobernanza, burocracia o ingeniería institucional. También pervierte los derechos porque los «universaliza» en un marco de modernidad occidental capitalista; hoy los derechos por circunstancias históricas y políticas están embebidos de pluriversalidad cultural y natural.

Cuando se incluye el concepto de derechos en las negociaciones sobre el clima, como en el binomio REDD-derechos, se prioriza el beneficio del libre mercado y al mismo tiempo se anulan los contextos culturales y políticos de los pueblos en donde se desarrollan este tipo de programas y proyectos.

La propuesta de incluir los derechos en REDD+ debiera haber exigido el derecho a la real práctica de los derechos colectivos que se nutren de, según el mexicano Enrique Leff, los «derechos del ser cultural a la construcción de mundos de vida diversos», de los «derechos a reinventar sus identidades culturales», o de los «derechos para reconstruir mundos de vida y diseñar futuros posibles». (4) REDD+ claramente impide el ejercicio de estos derechos.

(1) CLACSO. Pensamientos críticos contemporáneos: análisis desde Latinoamérica. Piedrahita C., Díaz A., Vommaro P. (comp.). Bogotá, 2015.

2) «Por ejemplo REDD+ aspira a cubrir 4.000 millones de hectáreas, es decir el 31 por ciento de la superficie de la tierra (no marina)». Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. Presentación REDD+ COMO UN CASO DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. Lima, 2014.

(3) CBC-GIZ. REDD+ INDÍGENA EN EL PERÚ: Perspectivas, avances, negociaciones y desafíos desde la mirada de los actores involucrado. Pinto, V. Molero, M. (Eds). Lima, febrero 2014.

(4) Leff, Enrique. “Las relaciones de poder del conocimiento en el campo de la ecología política: una mirada desde el sur”. En: ECOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA. VOLUMEN I. Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. CLACSO. Héctor Alimonda [et al.] (Coords). Buenos Aires 2017.

Más lectura:

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Foto: Manifestación contra REDD en Chiapas

8 años del asesinato de Mariano Abarca, 8 años de impunidad

Comunicado de prensa de la Familia Abarca Montejo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Chicomuselo, Chiapas, México
A 27 de noviembre del 2017

8 años del asesinato de Mariano Abarca, 8 años de impunidad

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El 27 de noviembre 2009, nuestro compañero de lucha y padre de familia Mariano Abarca Roblero fue asesinado afuera de su casa en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, por oponerse a la empresa canadiense Blackfire que explotaba una mina de barita en su pueblo. Anteriormente él y diferentes organizaciones de la sociedad civil, colectivos, movimientos, estudiantes y comunicadores/as de diferentes países advertimos al gobierno de Chiapas y al gobierno federal el peligro en el que se encontraba Mariano por defender a las comunidades de la extracción minera.

A ocho años de los hechos, la familia Abarca Montejo, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) exigimos una vez más a los gobiernos de México y de Chiapas que se haga justicia, fortalecidos por las muestras de solidaridad que se multiplicaron en el transcurso de todo el año 2017.

En junio, interpusimos entre los cuatro una denuncia contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho a la vida de Mariano Abarca. Esta acción colectiva es de suma importancia tanto para los que exigimos justicia para nuestro compañero, como para todo/as lo/as defensore/as de los territorios y los derechos colectivos que sufren el patrón de criminalización y de muerte impuesto por el poder corporativo y el modelo extractivo canadiense. Más de 200 organizaciones y personas nos han expresado su apoyo en este proceso legal de largo aliento al firmar nuestra petición en línea.

> Firma: Exigimos a los gobiernos de Chiapas y de México, Justicia para Mariano Abarca <

Este año hemos denunciado en reiteradas ocasiones el infame papel que tuvo el gobierno canadiense en el crimen. Antes del asesinato, Mariano y sus compañeros de lucha habíamos informado a la Embajada de Canadá en México que Blackfire mostraba intención de atentar contra su vida. Sin embargo él no fue escuchado, ni su familia ni quienes fuimos testigos/as de las amenazas que recibía: allanamiento en su casa, detención arbitraria, amenazas de muerte a su familia. Por ser promotora de la minería en México y América Latina, la Embajada no mostró disposición de tomar medidas para evitar una muerte humana.

Es hora de que la impunidad de la mineras canadienses, que solo traen muerte y contaminación en México y toda América Latina, acabe ya. El presidente canadiense Justin Trudeau debe prestar atención a las múltiples denuncias que le están llegando dede la REMA y de defensores latinoamericanos. Apenas el 19 de noviembre, dos trabajadores de la mina Media Luna de la empresa canadiense Torex Gold Resources fueron asesinados y no quisiéramos que se continuara derramando más sangre a nombre del mercado del oro y de la avaricia de las empresas mineras canadienses.

Nuestra denuncia ante la CIDH permitió que se reabriera el caso, sin embargo la Fiscalía del Estado de Chiapas no ha mostrado voluntad de llevar a cabo una investigación seria, profunda y objetiva que permita la consignación ante los tribunales de los autores materiales e intelectuales del crimen. Desde las primeras investigaciones, se negó a abordar la línea de investigación que sugiere que el crimen pudo haber sido ordenado por un alto funcionario del Gobierno de Juan Sabines Guerrero en coordinación con la empresa Blackfire.

El esclarecimiento del homicidio requiere de las declaraciones de funcionarios de alto nivel en Chiapas, así como de los directivos de la empresa. Pero hasta ahora, la Fiscalía no ha querido obtener esas declaraciones, pese a que la esposa de Mariano, Mirna Montejo, ha solicitado formalmente que se les llame a declarar.

Solicitamos su apoyo para continuar haciendo presión hasta obtener esas declaraciones y encontrar a los asesinos materiales e intelectuales de Mariano Abarca Roblero. La solidaridad nacional e internacional es necesaria para lograr que las empresas mineras canadienses dejen de asesinar a más personas y despojar los bienes comunes naturales.

Firman:

Familia Abarca Montejo
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

> Firma: Exigimos a los gobiernos de Chiapas y de México, Justicia para Mariano Abarca <

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Materiales:

Comunicado de MiningWatch Canada: ¡Justicia! Ocho años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca en Chiapas, México

La petición en línea

La historia de un asesinato anunciado

El resumen de nuestra petición a la CIDH contra el Estado mexicano

En la prensa:

En Chiapas claman justicia a ochos años del asesinato del activista Mariano Abarca (Proceso)

Mariano Abarca; defendió su tierra de las mineras canadienses y a ocho años sigue sin obtener justicia (Chiapas Paralelo)

Mariano Abarca, ocho años de impunidad (Contralínea)

Se cumplen 8 años del asesinato de líder comunitario de Chiapas (La Jornada)

Claman por justicia en Chiapas a ocho años del asesinato del activista Mariano Abarca (Contra Poder)

En Chiapas claman justicia a ochos años del asesinato del activista Mariano Abarca (Noticias TLN)

#AlertaMaíz: la supensión de la siembra de maíz transgénico en México se mantiene por ahora

Este viernes 24 de diciembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito decidieron que sí se mantiene en México la prohibición de la siembra de maíz transgénico a nivel nacional. Esta prohibición existe desde septiembre del 2013 gracias a los esfuerzos de la «Demanda Colectiva Maíz». Se trata de un grupo de abogados, científicos, campesinos y defensores de derechos humanos quienes emprendieron una batalla legal contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cinco transnacionales -Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto-, que pudieron ganar al obtener la implementación de una Medida Precautoria.

«Se mantiene esta suspensión» y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito «remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estudie la constitucionalidad del Código Federal de Procedimiento Civil», informó el abogado René Sánchez Galindo, de la «Demanda Colectiva Maíz», al salir de la sesión.

Desde el 2013, la prohibición se enfrenta a los constantes intentos del gobierno federal y de las transnacionaes de revocarla.»Les llamamos a seguir de cerca esta resolución ya que sabemos que hay un embate muy fuerte de (des)información en torno a los transgénicos que tenemos que aplacar desde la sociedad dando información verídica en nuestros centros de trabajo, en universidades», agregó la Demanda en un mesaje video difundido en las redes sociales.

Compartimos el boletín de prensa de la Demanda Colectiva Maíz previo a la sesión del Tribunal de este viernes – México, A 22 de noviembre 2017

Primer Boletín de prensa extraordinario

  • A votación la medida precautoria que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico en México
  • Futuro del maíz en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
  • Afectaciones irreversibles si se autoriza sembrar millones de hectáreas

Este viernes 24 de noviembre los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, decidirán si se conserva la medida cautelar que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico por más de 4 años en todo el país.

La suspensión judicial fue solicitada por un colectivo de científicos, campesinos y defensores de derechos humanos que en 2013 promovieron una demanda de acción colectiva. Hasta el momento la acción ha soportado 26 juicios de amparo y decenas de impugnaciones del gobierno federal y de la agroindustria en 17 tribunales federales.

 

Los ojos del mundo están puestos sobre México, nuestro país es centro de origen y diversificación constante del maíz. Hoy contamos con las reservas genéticas más importantes en el mundo, que se mantienen como resultado de una herencia milenaria de la interacción entre las comunidades humanas y los ecosistemas agrícolas.

México representa un escenario único en el que uno de los cultivos más importantes del mundo se siembra en diversos sistemas agroecológicos en algunas áreas, al tiempo que se plantan como monocultivos industriales masivos y sin transgénicos, en otros.

Para México el maíz constituye el 69% del sostenimiento de la alimentación de toda la población y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, el 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje el 75% de maíz amarillo mayormente importado.

Sin embargo, en el mundo el maíz como alimento apenas alcanza el 13%, mientras que como forraje alcanza el 56%. Puede decirse que en México el maíz es un alimento básico y corazón del cocina tradicional reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, mientras que el mundo lo utiliza como forraje.

Esta diferencia en la utilización del maíz, aunada al carácter de país de origen, representan la importancia de conservar nuestros maíces nativos y de evitar el riesgo de la siembra de maíces transgénicos en más de tres millones de hectáreas.

¿Se mantendrá la medida cautelar otorgada desde septiembre de 2013, por lo menos mientras el juicio principal se resuelve? o ¿se levantará la medida, provocando afectaciones irreversibles en la conservación, utilización e intercambio de maíces nativos y sus parientes silvestres, además de los riesgos para la salud?

Informes: René Sánchez Galindo, 55-5436-4248

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[AUDIO] «Los principios del anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado fueron impulsados por Berta Cáceres»

Compartimos el audio de la participación de Bertha Zúñiga Cáceres, actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e hija de Berta Cáceres, en el cine-debate organizado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México el 21 de noviembre en el Foro Cultural Kinoki * en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo 2016 por defender al pueblo lenca y al río Gualcarque ante la contsrucción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en Honduras.

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Siempre se ha visto con mucha claridad el tema de las luchas integrales, asumiendo que gran parte de los problemas que se sufren en las comunidades, el tema del despojo territorios y de la marginalidad en la que ha vivido históricamente el pueblo lenca, tienen que ver con el racismo del Estado que se instaló desde hace muchos años atrás y que sigue siendo una constante importante a nivel de Honduras y del mundo.

Entonces entre las reflexiones sobre el tema de las opresiones, se ha visto la necesidad de proyectar las voces y las decisiones en los proyectos comunitarios que existen desde el pueblo lenca y también de trabajar el tema del antipatriarcado que no consiste solamente en que las mujeres participen o estén allí sino que es una cosa mucho más compleja. Esa trípoda de principios del anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado fueron impulsados mucho por nuestra coordinadora general.

Nosotros siempre decimos que se manifiesta internamente, que se manifiesta en estos proyectos de muerte, que uno de los agravantes importantes en el asesinato de nuestra coordinadora general es de ser una mujer fuerte, desafiante, que nombraba a los empresarios, que ella denunciaba cuando nunca nadie lo había hecho. Eso suscitaba mucho odio por parte de  los mismos y ese es un factor que jugó un papel durante toda la persecución y toda el hostigamiento judicial.

Nosotras logramos tener una coordinadora mujer que no solo era una coordinadora sino que era una lideresa. Eso no es una cosa sencilla de construir, un liderazgo de ese tipo en el contexto que tenemos en la localidad. Hacer acciones concretas, incluso entre las organizaciones, para justiciar a las mujeres, es un tema que no es sencillo, que no muchas organizaciones han logrado asumir.

Se han desarrollado distintos procesos, por ejemplo las cortes populares de mujeres donde las mujeres pueden denunciar violencias, agresiones y acosos de compañeros que no solamente son externos a las comunidades sino que son parte de las comunidades.

Aquí se siguen organizando los consejos de mujeres. Estamos por realizar a finales de este año una Asamblea de mujeres que esperamos permita dialogar con este proceso de dignificación, de justicia, de crear verdad para las comunidades para todos y todas.

Nos queda allí como esa tarea de cumplir con lo que se llama muchas veces «el legado de Berta Cáceres».

*Se proyectó el nuevo documental «Berta no se murió, se multiplicó», realizado este año por el director estadounidense Sam Vinal, de Mutual Aid Media:

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Más lectura sobre Berta Cáceres:

[AUDIO] Hallazgos en el caso Berta Cáceres deben frenar las violaciones de los derechos de los pueblos perpetradas por las empresas

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Compartimos el audio de la participación de Bertha Zúñiga Cáceres, actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e hija de Berta Cáceres, en el cine-debate organizado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México el 21 de noviembre en el Foro Cultural Kinoki * en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo 2016 por defender al pueblo lenca y al río Gualcarque ante la contsrucción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa
Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en Honduras.

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO <<

Otros Mundos A.C.: ¿Nos puedes hablar de lo que salió ahora en el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) titulado «Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres» que permitió sacar a nivel internacional la información de que el asesinato de Berta Cáceres fue planeado desde la empresa DESA?

Bertha Zúñiga Cáceres (por videollamada):

Tiene algunos hallazgos importantes que yo creo que reafirman  objetivamente lo que siempre hemos venido diciendo. Como que empieza a demostrar con más claridad el tema de cómo operaban las empresas y a nombrar y tener más identificadas a las personas que participaron directamente en el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo 2016.

Una cosa bastante importante es que este informe aquí muestra las grandes negligencias que han habido en el proceso y sobre todo la poca voluntad de investigar el autor intelectual del crimen.

Otro punto importante del informe es poder tener más certeza de que realmente los bancos financiadores del proyecto Agua Zarca como el banco holandés FMO y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sí tenían un amplio conocimiento de lo que estaba pasando en la zona y no hicieron nada para frenar el financiamiento aún teniendo violaciones muy graves.

Otra cosa importante es poder demostrar el nivel de planificación que tenía este asesinato. Este informe tiene un anexo en el que vienen algunos de los chats que se intercambiaba la junta directiva de DESA que tenía un chat específicamente para abordar el tema de Berta Cáceres y del COPINH considerados como un estorbo para continuar con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.

En este informe no se ponen los nombres de las personas que se miran ya con bastante claridad como autores intelectuales del crimen pero nosotros sabemos a quienes pertenecen estos números de teléfono.

También algo que se muestra mucho en el informe y que es algo de lo que hablaba mucho mi mami es el tema del racismo tan grande que expresan estos proyectos, estos bancos y estos funcionarios del Estado. Se refieren en reiteradas oportunidades a los pueblos indígenas de maneras extremadamente despectivas, hablando de que son ignorantes y expresando su desprecio. Sienten que los suelos indígenas no somos sujetos de derechos y que no tienen porque consultarnos o darnos explicación. Aquí hay expresiones bastante terribles como por ejemplo: «Estos indios no paran de joder».

Ellos refieren que siempre una de las ventajas o cualidades que tienen es que tienen muchos contactos con funcionarios del Estado y que eso les daría seguridad a los bancos inversores de meter su dinero en este proyecto. Se identifica que la familia Atala, que nosotros mencionamos, está muy involucrada en el tema de la autoría intelectual. Aparecen los que son parte de la junta directiva de DESA: Jacobo Atala, Pedro Atala, José Eduardo Atala, Daniel Atala, que no solo son dueños de esta represa, sino que tienen una equipo de fútbol, que su principal inversión es el tema financiero, que tienen un montón de proyectos, o sea que no son cualquier persona en este país. La familia Atala es financiadora de la campaña del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, candidato a la presidencia nuevamente.

En síntesis, yo creo que un crimen de esta magnitud, muy pocas veces tiene la posibilidad de encontrar unas pruebas tan claras y que involucren tan claramente muchas personas como éste. Nosotros decimos eso: que sea un caso para poner un poco el freno a las actuaciones violatorias de los derechos de los pueblos que tienen estas empresas hidroeléctricas, que tienen los bancos financiadores, que tienen los funcionarios del Estado, especialmente las fuerzas de seguridad que aparecen muy muy claramente.

Entendemos que bajo estos gobiernos que tienen un carácter dictatorial, va a ser muy difícil, pero que con el trancurso de los años, como suele pasar, van a revelarse los nombres y vamos a llegar a enjuiciarlos. Son tareas de largo aliento. Mientras tengamos también el enfoque de la lucha integral, es decir de que no solo se trata de la justicia sino de construir un proceso organizativo, apoyar los movimientos sociales y apoyar a las luchas contra todo este modelo de despojo y de saqueo, allí se está contribuyendo realmente a esa ganancia por la justicia.

Las exigencias que hemos posicionado a partir de este informe son:

– Seguir exigiendo la captura, el juicio y la condena de los autores intelectuales del crimen contra nuestra coordinadora y contra nuestro compañero Gustavo Castro;

– Cancelar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que sigue intacto es una prioridad;

– Tener la certeza que la veeduría internacional en el proceso de justicia en los tribunales es fundamental;

– Pedir por la seguridad, sobre todo para nuestro equipo legal que está haciendo bastante acciones legales contra los autores intelectuales, con los nombres de varios de ellos y que nosotras sabemos que esta gente es bastante poderosa y tiene mucha influencia y muchos contactos. Obviamente aquí hay un temor casi permanente por la vida de todas la personas que estamos en la búsqueda de justicia.

*Se proyectó el nuevo documental «Berta no se murió, se multiplicó», realizado este año por el director estadounidense Sam Vinal, de Mutual Aid Media:

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Más lectura sobre el caso Berta Cáceres:

Petición: Más de 600 organizaciones y personalidades exigimos Justicia para Berta Cáceres

Comunicado del COPINH: ¡DESA Asesinó a Berta! ¡Captura de los autores intelectuales ya

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«Guancasco de Medios»:

Un sitio web para seguir las elecciones en Honduras desde la perspectiva de los Derechos Humanos

Les invitamos a descubrir la página web «Guancasco de Medios»: ya que se acercan las Elecciones Generales del 26 noviembre 2017 en Honduras, es hora de informarse sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos que se están perpetrando en ese país centroamericano

El Escaramujo 72: La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 72<<

El Presidente Enrique Peña Nieto emitió en septiembre de 2017 el Decreto de la Declaración de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas (ZEEPChis) ubicado en el sureste de México, previo consentimiento del gobierno de Chiapas y del presidente municipal de Tapachula.

Ya en otro momento hemos descrito qué es y en qué consiste una Zona Económica Especial (ZEE) en el marco de la ley publicada el 1 de junio de 2016. Ahora corroboramos que esta ZEE implicará el despojo a los productores campesinos de sus territorios ejidales para entregarlos a las corporaciones transnacionales. Del mismo modo acelerará la extracción de bienes comunes de la región y fortalecerá la instalación de proyectos mineros, represas, gasoductos, así como los monocultivos de palma de aceite y todo lo necesario para alimentar de insumos a esta especie de ciudad “amurallada” o “país” dentro del país. El tamaño de esta ZEE inicialmente equivale al 9% del territorio del municipio de Tapachula; será alrededor de dos veces más grande que la ciudad de San Cristóbal de las Casas y 1,5 veces más grande que la ciudad de Tapachula. Al menos 20 municipios del estado de Chiapas son de menor extensión territorial que la ZEEPChis.

Las empresas que se instalen en la ZEE no pagarán impuestos y tampoco lo hará por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación, lo que significará disminuir los ingresos públicos que podrían ser destinados a educación, salud, entre otros rubros. Se acrecentará la pobreza y encarecerá la vida de la región. Su operación implicará un exceso de consumo de energía pero además de agua que la competirá con las comunidades y la región aledaña. Sus residuos solidos y líquidos pondrán en crisis no sólo la actividad pesquera local sino la Reserva La Encrucijada que pretende proteger el bosque de manglar.

Así, los más ricos se harán más ricos. Y las grandes empresas trasnacionales chinas, europeas y de otras latitudes se beneficiarán todavía más en el marco de los Tratados de Libre Comercio que se perfilan hacia el mercado asiático.

Esta especie de ciudad amurallada, territorio liberado a las empresas trasnacionales, tendrán un paraíso fiscal y su propio régimen aduanal. La población mexicana subsidiará esta especie de supuesto “desarrollo” para que las corporaciones trasnacionales se enriquezcan más. No pagarán impuestos por importar ni exportar; podrán recibir descuentos fiscales si capacitan a los trabajadores y podrán acceder a los insumos de la región como esponjas que absorberán los recursos locales para añadirles valor y hacer grandes negocios.

El municipio fronterizo de Tapachula donde se ubicará la ZEEPChis cuenta con 348,156 habitantes; se ubica en la Región X – Soconusco. Según el Decreto ésta Región cuenta con la mayor superficie sembrada, número de cultivos, producción y valor de las 15 Regiones Socioeconómicas de Chiapas. Las actividades económicas se concentran en el sector terciario ya que el 51% de la población se ocupa en actividades del comercio y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas; y el 10% en actividades de mayor valor agregado como las industrias manufactureras.

Sin embargo, pese al significado real de esta ZEE, el texto del Decreto insiste en que impulsará el “crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.” El Decreto insiste en que la ZEEPChis es un “proyecto ambientalmente viable”, y que cuenta con “la realización de las medidas de mitigación que deban realizarse para prevenir, reducir o compensar los impactos ambientales” que “podrían ocasionarse”.

Hagamos entonces un resumen del contenido del Decreto de la ZEEPChis. Según este Decreto, contará con las siguientes características:

  • 1) UBICACIÓN: Se ubicará en Tapachula, municipio fronterizo con Guatemala y en un polígono adyacente al Puerto Chiapas. Este municipio colinda con los municipios de Motozintla, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Suchiate, Huehuetán, Mazatán y Tuzantán. También colinda con el Océano Pacífico y la República de Guatemala. Estará custodiada por la 36 Zona Militar de Tapachula, la Comandancia del Sector Naval Militar de Chiapas y la Comandancia del Grupo ASIECHIS de Infantería en Chapas ubicado en Puerto Chiapas. Así como de otros muchos batallones y controles militares de la región.
  • 2) INFRAESTRUCTURA: “(…) el Dictamen de viabilidad establece que, con base en los criterios de cercanía e integración con la infraestructura portuaria, aeroportuaria, carretera y ferroviaria; el entorno de usos industriales existentes o previos; la proximidad a asentamientos humanos de más de cincuenta mil habitantes que permitan la disponibilidad de mano de obra, así como el acceso disponible o potencial a fuentes de energía, agua, red de drenaje, y tratamiento de aguas y residuos sólidos, entre otros.”
  • 3) EXTENSIÓN: La ZEEPChis tendrá una superficie es de 8,611-55 hectáreas (ocho mil seiscientas once hectáreas, cincuenta y cinco áreas) que equivalen a 86.11 kilómetros cuadrados y a la extensión que ocupan 8 mil campos de fútbol. Incluye 8,216-51 hectáreas (ocho mil doscientas dieciséis hectáreas, cincuenta y un áreas) sin restricciones ambientales, de uso de suelo o de otra índole. El tamaño de esta ZEE inicialmente equivale al 9% del territorio del municipio de Tapachula que cuenta con 93,615 has; será alrededor de dos veces más grande que la ciudad de San Cristóbal de las Casas y 1,5 veces más grande que la ciudad de Tapachula. La ZEEPChis tiene una extensión mayor a los de 20 municipios de Chiapas. Esto equivale a que la ZEEPChis es mayor al 16% de los municipios de la entidad:

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Documental: «Berta no se murió, se multiplicó»

Les compartimos el documental «Berta no murió, se multiplicó» realizado este año por el director estadounidense Sam Vinal, de Mutual Aid Media, que Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra proyectamos el 21 de noviembre en el Foro Cultural Kinoki de San Cristóbal de las Casas. A partir del caso de la defensora hondureña Berta Cáceres asesinada el 2 de marzo 2016, la película cuenta cómo la organización que ella coordinaba, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sigue luchando hoy contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado en un país devorado por los megaproyectos extractivos.

El documental retrata la estrecha relación que existe entre la defensa de los bienes comunes naturales y la lucha contra la violación de los derechos colectivos de los pueblos, de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTTI, que lleva a cabo el COPINH con otras organizaciones de Honduras, en particular la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

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«Aquí en México, estamos viviendo una lucha fuerte contra las mineras y todas las empresas que están haciendo lo mismo en las sierras de nuestro país. Me movió mucho la película porque es una realidad muy cercana que pasa en toda América latina.»

>> Escuchar todas las reacciones a la proyección del documental en Kinoki: AQUÍ

Después de la proyección, nos conectamos con Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora del COPINH, para comentar la película e informarnos sobre los últimos avances en la investigación sobre el asesinato, en particular los hallazgos del informe «Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres» publicado en noviembre por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).

«Una cosa importante es poder demostrar el nivel de planificación que tenía este asesinato. Este informe tiene un anexo en el que vienen algunos de los chats que se intercambiaba la junta directiva de DESA que tenía un chat específicamente para abordar el tema de Berta Cáceres y del COPINH considerados como un estorbo para continuar con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.»

>> Escuchar la participación de Bertha Zúñiga Cáceres: Hallazgos en el caso Berta Cáceres deben «poner el freno a las actuaciones violatorias de los derechos de los pueblos que tienen las empresas»

«Uno de los agravantes importantes en el asesinato de nuestra coordinadora general es de ser una mujer fuerte, desafiante, que nombraba a los empresarios, que ella denunciaba cuando nunca nadie lo había hecho.»

>> Escuchar la participación de Bertha Zúñiga Cáceres: «Los principios del anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado fueron impulsados por Berta Cáceres»

Fotos de la proyección en el Foro Cultural Kinoki

 

La minería canadiense trae muerte a México: asesinan a dos trabajadores de la mina Media Luna en Guerrero

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 20 de noviembre del 2017

Nuevamente el «progreso y desarrollo» minero derrama sangre del pueblo de Guerrero

«Dos muertos más a la concienca del Sr. Trudeau»

Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña fueron asesinados por luchar y defender los magros y deshilachados derechos laborales que todavía existen en México, esos derechos que las poderosas y corruptas multinacionales canadienses, entre muchas otras, se niegan a respetar e incluir de forma automática a las y los trabajadores que operan en sus minas. El asesinato de ambos se suma a una larga lista de compañeras y compañeros que han caído y que están relacionados con empresas mineras canadienses.

Ya desde el año pasado tuvimos un escenario parecido por parte de la empresa canadiense Goldcorp/Leagold, operadora del proyecto «Los Filos» en el vecino pueblo de Carrizalillo, quien pactó un acuerdo en lo oscuro con líderes sindicales y despidieron a cientos de trabajadores, para luego, sólo algunos de ellos, reasignarlos en otras áreas con contratos de tres meses, tiempo en el cual ocurrieron varios accidentes durante el ejercicio de las nuevas funciones de los trabajadores, accidentes que la empresa mantuvo en silencio.

Ahora la otra canadiense, la empresa Torex Gold Resources, que opera el proyecto denominado Media Luna, en el municipio de Cocula, en franca y abierta colusión con grupos de corporativos sumisos y obedientes a la empresa, se niega a respetar los derechos laborales más elementales para las y los trabajadores mineros, quienes ante la negativa de la empresa, instalaron un paro de labores que el día sábado 19 de noviembre fue violentado por un grupo de sicarios que abiertamente ha operado en la zona, siempre ayudando a defender los intereses de la empresa.

La mina Media Luna en Guerrero/Crédito: Forbes

Ya antes habían actuado también en contra el grupo de pescadores de la comunidad de Nuevo Balsas, por cierto, grupo que continúa siendo una deuda pendiente tanto para la empresa como para el gobierno del estado quienes continúan mintiéndoles y administrando el conflicto. Toda la semana se transcribieron notas sobre el asunto del paro laboral; se manifestaron sindicatos canadienses solicitando la intervención de su primer ministro; igualmente, hace unas semanas varios grupos de México estuvieron en Canadá, justo haciendo una serie de señalamientos y denuncias por las recurrentes y terribles violaciones a los derechos humanos, ambientales y laborales que realizan todas las empresas canadienses que operan en México, y en especial las que operan en el estado de Guerrero, mismos señalamientos que esquivó y continúa esquivando el Sr Trudeau, ese primer ministro del partido liberal que durante su campaña prometió meterlas en cintura; también en la semana se solidarizaron varias organizaciones sociales y sindicales quienes mostraron preocupación ante la potencial represión y desalojo que dejaba mirar el arribo de la gendarmería al sitio de conflicto, misma que «casualmente» el día del asesinato, saber dónde estaban.

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Hay otros involucrados en este asesinato, como el Sr. Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, quien desde que arribó a México el 7 de abril de 2015, ha mostrado su racismo hacia el pueblo mexicano y en especial al del estado de Guerrero. Otro responsable de esta tragedia es el gobernador del estado, el Sr. Astudillo, al cual de plano ni cómo ayudarlo, ya que, en su decadente mandato, es enormemente visible su falta de visión y compromiso social, es totalmente sumiso al gobierno canadiense y al gobierno federal y además, ha sido muy ignorante sobre la problemática real del estado. Ambos, al igual que varios de sus operadores políticos, se la pasan hablando del beneplácito que deberíamos tener en
Guerrero por la «enorme» cantidad de oro que hay bajo nuestros guaraches.

Por su parte, la Sra. Rosario Robles nos dice que hasta las gracias hay que darles porque invierten en nuestro país y sus bondades ya son parte del progreso financiero del estado y nacional a través del fondo minero. Los presidentes municipales -algunos empiezan a arrepentirse de
haber entregado permisos a estas empresas-, están atrapados en una espiral de violencia y de carencia financiera, que simplemente su mayor deseo es concluir su mandato para irse a la buenas curules de la tradicional ascendencia política, en donde el riesgo es menor, aunque cada vez el riesgo se les acerca más.

Y así, mientras el oro continúa trayendo «Progreso y Desarrollo» al estado, y las empresas chinas se saborean los bigotes por la entrega de territorio estatal a través de las Zonas Económicas Especiales, que significan la cereza del pastel en la entrega del territorio y los bienes naturales para las trasnacionales, mientras todo eso ocurre, cada día hay más pueblos despojados y desplazados en el «afamado cinturón dorado de Guerrero», cada vez tenemos más estructuras de gobernanza atrapadas en las redes de las trasnacionales y del crimen organizado y, cada vez hay menos salidas para dialogar y establecer acuerdos sociales que nos den paz.

En efecto contrario, es natural que también cada vez tengamos más resistencias de necios y necias que continuaremos ejerciendo, defendiendo y exigiendo nuestros derechos, nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a la libre determinación.

Un abrazo fraterno a la familia de Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña. Nos sumamos a las demandas de justicia, esclarecimiento y castigo a los culpables materiales e intelectuales de estos lamentables sucesos. Víctor y Marcelino sólo querían un poco de respeto sobre sus derechos laborales. Ni eso permite el desarrollo y progreso minero.

¡FUERA MINERAS DE NUESTROS PUEBLOS!
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Video: Las minas canadienses que empobrecen a México
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Nota relacionada:

Trudeau Government Must Act after Striking Workers Murdered at Canadian-Owned Mine in Mexico

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El caso de la defensora Jen Moore de MiningWatch Canada, injustamente expulsada de Perú, será revisado por la Corte Superior de Lima

Compartimos el boletín de prensa de la organización Mining Watch Canada/Alerta Minera Canada – Lima/Ottawa, a 20 de noviembre 2017

Mañana, martes 21 de noviembre, la Corte Superior de Lima verá el caso del hostigamiento y detención ilegal y arbitraria de la coordinadora del programa con América Latina de Alerta Minera Canadá Jen Moore, y el periodista estadounidense John Dougherty, ocurrida el pasado 21 de abril en Cusco. Los defensores fueron rodeados por la policía nacional, muchos vestidos de civil, y detenidos por cuatro horas mientras la policía intentaron interrogarles tras la presentación de un largometraje documental sobre abusos relacionados a las operaciones de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals en las Américas.

Evidencia entregada a la corte muestra que, horas después de que Moore y Dougherty salieron voluntariamente del país el 23 de abril, la Superintendencia de Migraciones les impuso una alerta migratoria por un plazo de tiempo indefinido, prohibiendo su reingreso al país, y así determinando que presentar un documental sobre la minería constituye una amenaza al orden interno del país. Los defensores no fueron notificados, sino se enteraron de la decision dos meses después por otra vía.

El Cuatro Sala Penal Con Reos Libres de la Corte Superior de Lima verá el habeas corpus interpuesto por el Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco y Aporvidha en representación de Alerta Minera Canadá.

«Mientras ha habido cientos de casos de criminalización y represión de la protesta en Perú en los últimos años para silenciar los reclamos de las comunidades afectadas por la minería, este caso representa una tendencia hacia la criminalización de los periodistas y demás defensores del medio ambiente por compartir información y expresar opiniones sobre lo que está pasando en el país”, comentó Jaime Borda de Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco.

La privatización del aparato de seguridad pública en Perú podría haber facilitado este proceso de criminalización. Organizaciones de los derechos humanos han encontrado 118 contratos entre empresas energéticas y mineras con las fuerzas estatales para brindarles servicios de seguridad en Perú. Esta situación se repite con la empresa HudBay.

«De acuerdo a la información obtenida sobre estos contratos que privatizan a la Policía Nacional de Perú, es muy probable que este acoso, perseguimiento y detención de Moore y Dougherty se haya producido bajo el acuerdo contractual entre HudBay y la policía. Este tipo de convenios someten a la fuerza pública a las necesidades de las empresas, generando un conflicto de interés con su rol de proteger a la población, razón por la que es imperativo eliminar estos convenios», constató Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos.

90 redes y organizaciones internacionales han enviado un carta a las autoridades peruanas el viernes pasado para que tomen todas las medidas necesarias para poner alto a este proceso de criminalización y para asegurar que no se repita, inclusive instaron a las autoridades peruanas a que eliminen la privatización de los servicios de la policía por facilitar la criminalización de la disidencia y la defensa de los derechos humanos, sobre todo en áreas donde las comunidades están en conflicto con proyectos extractivos que amenazan su vida.

«Es altamente preocupante que empresas mineras como Hudbay podrían estar usando la policía para tratar de cortar el acceso que tiene las comunidades a fuentes independientes de información y apoyo. Parece ser parte de una serie de esfuerzos parecidos para perseguir los que buscan respaldar comunidades afectadas por la minería en Peru. En 2011, por ejemplo, un cable de Wikileaks mostró como empresas mineras transnacionales en Perú buscaron la ayuda de la diplomacia canadiense, estadounidense y otros en Lima para presionar las autoridades peruanas y impedir los esfuerzos de maestros, sacerdotes, partidos políticos, organizaciones campesinas y ONGs que trabajaba con comunidades afectadas por la minería. La criminalización de tales grupos ha aumentado tremendamente desde ese entonces. Esto tiene que parar», comentó Jen Moore para MiningWatch Canada.

Contacto: Jen Moore, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada/Alerta Minera Canadá, (613) 569-3439, jen(at)miningwatch.ca

Video: el documental «Fraude de Flin Flon» proyectado en Perú

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Más información:

Carta a las autoridades peruanas: «Criminalización de la libertad de expresión y de la solidaridad internacional en Perú»

MiningWatch Canada demanda a Perú por la detención arbitraria de Jen Moore

Sobre la detención de Jen Moore y John Dougherty en Perú: ¿Qué tiene que esconder la minera canadiense Hudbay a los peruanos?

Declaración Final del Encuentro de Montevideo por la Democracia y Contra el Neoliberalismo

Compartimos la Declaración Final del Encuentro Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo organizado en Montevideo, Uruguay, del 16 al 18 de noviembre 2017

Declaración de Montevideo

Foto: Asamblea durante el Encuentro de Montevideo el 18 de noviembre
 Crédito: Alexandre Garcia (Más fotos)


Montevideo, Uruguay, a 18 de noviembre 2017

  1. Los movimientos, organizaciones sociales y diversas expresiones del campo popular de las Américas, herederos y protagonistas de las luchas contra el imperialismo y los regímenes militares en América Latina y El Caribe, que nos levantamos contra la agenda neocolonial de libre comercio, privatización, saqueo y pobreza representada en el derrotado proyecto del ALCA, reafirmamos los principios de solidaridad e internacionalismo que nos unen, así como el compromiso de seguir luchando por una transformación sistémica contra el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el racismo.
  2. Reunidos en el Encuentro Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, realizado en Montevideo, Uruguay, entre los días 16 al 18 de noviembre, luego del intenso intercambio de experiencias y luchas, ratificamos la agenda unitaria y de articulación de fuerzas sociales y políticas que acordamos en el Encuentro de La Habana, en noviembre de 2015. Reafirmamos la necesidad de re articular las diversas alternativas e iniciativas populares para enfrentar el modelo de dominación capitalista neoliberal.
  3. El avance del Capital sobre los pueblos y sus territorios nos muestra que capitalismo, racismo y patriarcado forman un modelo entrelazado de múltiples dominaciones. La nueva ofensiva de fuerzas neoliberales profundiza los mismos mecanismos de acaparamiento de territorios, saqueo de los bienes comunes, explotación del trabajo y control de los cuerpos. Las tasas de ganancia son garantizadas por ajustes que se sostienen sobre más trabajo sin derechos y sobrecarga de trabajo no pagado de las mujeres, que garantizan que la vida se sostenga en el marco de la precarización acelerada de sus condiciones de vida. Las Empresas Transnacionales (ETN), y las elites nacionales asociadas, son las mayores beneficiarias del modelo de globalización neoliberal. La arquitectura de esta dominación se expresa en los tratados de libre comercio y de inversión de nueva y vieja generación cuyo garante es, entre otros, la Organización Mundial de Comercio (OMC).
  4. A su vez, el sistema de endeudamiento perpetuo es un mecanismo de dominación, de condicionamiento del modelo productivo y de expropiación de los recursos públicos y bienes colectivos, al mismo tiempo que profundizan el lucro de las elites locales, cada vez más corruptas y dependientes del sistema financiero internacional.
  5. Esa misma alianza es la que agudiza la disputa entre el proceso de acumulación permanente del capital y los procesos de sostenibilidad de la vida, generando una explosión de conflictos socio-ambientales en la región, facilitando el acaparamiento de tierras y el desplazamiento de grandes masas de campesinas y campesinos y pueblos originarios, creando una crisis migratoria, ambiental y alimentaria. Al profundizar los procesos de financierización de la economía y de la naturaleza, se están destruyendo las bases nacionales y las competencias soberanas de los estados para desarrollar políticas públicas ambientales y laborales en favor de los pueblos.
  6. Las instituciones de la democracia formal y el ejercicio de los derechos humanos se han convertido en un obstáculo para esa dinámica del capital. Eso explica la reducción de los espacios de la democracia, el desconocimiento de la voluntad popular, la criminalización y judicialización de la política, cuyo expresión culminante, entre otros, ha sido el golpe parlamentario, jurídico y mediático contra la presidenta Dilma Rousseff y la pretensión de impedir la candidatura del expresidente Lula da Silva en Brasil.
  7. El proceso de monopolización, concentración y control de la información y la tecnología por parte de corporaciones mediáticas, con ramificaciones hacia otras ramas de la economía, es un atentado a las bases de la democracia. Ya que en un mundo globalizado quien controle y distribuya la información tiene poder incluso por sobre los poderes políticos y la soberanía popular.
  8. La derecha continental pretende avanzar en la precarización de las relaciones laborales y la eliminación de la negociación colectiva, la desregulación de las contenidas en las reformas brasileñas y argentinas, así como la ofensiva de la patronal uruguaya contra la negociación colectiva en la OIT, son claros ejemplos de esa estrategia.
  9. Este nuevo avance conservador y reaccionario refuerza discursos de odio y misoginia concretizados en prácticas racistas y discriminatorias contra afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y la población joven de los sectores populares. El control sobre los cuerpos y la sexualidad se impone con feminicidios, criminalización del aborto, violencia contra las mujeres y la población LGBTI. Las políticas xenofóbicas, racistas y de criminalización de los migrantes que se han instalado en el discurso político en EE.UU y la Unión Europea, son peligrosamente imitadas por la derecha fascista de América Latina y el Caribe.
  10. A esto hay que sumarle el ataque a los derechos humanos, la criminalización de los movimientos populares, el asesinato y la desaparición de líderes y lideresas sociales. La impunidad del terrorismo de estado de ayer se convierte en base fundante de la impunidad de hoy del gran capital.
  11. Como parte de esa avanzada, el gobierno de los EE.UU. pretende reforzar su influencia imperial en la región y despliega una política de intervencionismo abierto que, utilizando todos los dispositivos diplomáticos, culturales, económicos y militares, ataca la soberanía de los países de la región. La estrategia de militarización a través de la ampliación de bases militares y la presencia de tropas con ejercicios «humanitarios» ocultan la pretensión de control territorial sobre los bienes comunes estratégicos de la región. La permanencia de fuerzas de seguridad extranjeras en Haití, como parte de la nueva misión de la ONU, Misión de Naciones Unidas para la Justicia de Haití (MINUJUSTH), continua la ocupación de ese pueblo y responde a esta misma lógica.
  12. Esta estrategia imperial se condensa en la guerra multidimensional contra Venezuela, que tiene momentos de violencia paramilitar, de bloqueo económico, asfixia financiera, sanciones internacionales, criminalización mediática y aislamiento diplomático.
  13. El grave incumplimiento de los acuerdos de La Habana pone en serio peligro al proceso de Paz en Colombia y profundiza la violencia en la ocupación de territorios por parte de fuerzas paramilitares, con el recrudecimiento de los asesinatos de líderes sociales populares. A su vez se ve estancado el proceso de diálogo con el ELN por parte del gobierno, que desconoce al mismo tiempo la participación de los sectores agrarios, campesinos y afros en dicho proceso.
  14. Por otro lado, el imperialismo continua el ataque a los procesos que mantienen gobiernos progresistas y de orientación popular, recrudece el criminal bloqueo contra Cuba y hace retroceder el proceso de normalización de las relaciones entre EEUU y la isla; toma medidas contra el gobierno de Nicaragua; impulsa el sabotaje a la gestión del gobierno de El Salvador; y asedia al gobierno de Bolivia.
  15. También se ve amenazada la nueva institucionalidad regional impulsada los últimos años, como la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que aún con déficits en sus contenidos y participación, constituyen esfuerzos importantes hacia una integración no subordinada a la política de EE.UU., hacia la región. Así mismo denunciamos los retrocesos que afectan el proceso de Mercosur y lo reorienta a la agenda del neoliberalismo.
  16. Reivindicando las importantes conquistas sociales y políticas obtenidas por los gobiernos populares en los últimos años, reconocemos limitaciones que enfrentamos en estos procesos, especialmente la falta de reconocimiento de la importancia de la movilización social organizada para avanzar en esa transformación y superar la lógica depredadora del sistema capitalista.
  17. Desde Montevideo y bajo el influjo enriquecedor de haber compartido las diferentes experiencias de lucha y resistencia y creatividad, de comunidades, colectivos y organizaciones que construyen formas diversas de enfrentamiento al poder del capital y de alternativas solidarias desde y para los pueblos, ratificamos nuestra apuesta a la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, como proceso amplio, diverso, plural y unitario y espacio de articulación de las resistencias y alternativas de nuestros pueblos.
  18. Es fundamental reforzar la acción política de movilización, organización y lucha desde las fuerzas populares para construir las democracias verdaderas e impulsar un proyecto político de unidad de transformación de carácter popular en América Latina y el Caribe. No puede haber democracia sin participación, sin distribución de la riqueza, sin acceso a la información y la justicia.
  19. Continuaremos luchando por la integración de nuestros pueblos y naciones reivindicando nuestra diversidad cultural, social, política y económica, colocando en el centro los derechos de los pueblos.
  20. Enfrentaremos la ofensiva reaccionaria, afirmando la libre circulación de las personas y el reconocimiento de la ciudadanía universal.
  21. Asumiremos la defensa innegociable de la autonomía y libertad de las mujeres, la lucha para poner fin al feminicidio y todas las violencias machistas, también afirmamos el derecho al aborto legal, público y seguro.
  22. Enfrentaremos a las empresas transnacionales y sus estrategias de captura y sometimiento de las instituciones democráticas, promoviendo acciones concretas para reducir el espacio que tienen para evadir y eludir sus responsabilidades.
  23. Nos movilizaremos para que se establezcan instrumentos nacionales e internacionales que impidan que los derechos de las empresas tengan primacía sobre los derechos humanos y de los pueblos, participando del proceso para la adopción de un Tratado Internacionalmente Vinculante sobre Empresas Trasnacionales y DDHH.
  24. Impulsaremos una integración popular que respete la diversidad de nuestras culturas. Que se construya desde la participación protagónica de nuestros pueblos. Que defienda la paz y la autodeterminación en nuestros territorios, libre de bases militares e intervencionismos, con complementariedad de las economías y relaciones de solidaridad y cooperación.
  25. Continuaremos reivindicando la reforma agraria integral y popular, como proceso que garantice a los y las campesinas el acceso a la tierra, el agua y el territorio así como la protección de la semilla criolla, y de los saberes ancestrales fomentando de esta manera el desarrollo de la soberanía alimentaria y la agroecología para alimentar a nuestros pueblos.
  26. Continuaremos impulsando la articulación de nuestros medios alternativos y populares bajo una estrategia de comunicación coordinada y también sostendremos la lucha por la democratización de la comunicación en cada uno de nuestros países como una forma de limitar el poder mediático en la región. Enfrentaremos el poder de las transnacionales defendiendo la internet libre y las tecnologías libres.
  27. Mantendremos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y su derecho soberano a desarrollar su proyecto social, político y económico sin agresiones, ni injerencias, con garantía de la paz y el respeto de sus instituciones.
  28. Desde Montevideo, convocamos a todos los actores sociales que no hacen parte de la Jornada y a las fuerzas políticas del continente para construir de conjunto una estrategia que nos permita fortalecer la movilización popular y las luchas en la región.
  29. Ese camino de unidad es condición para trascender los marcos de la economía dominante y plantear otras formas de organizar las relaciones sociales, productivas y reproductivas que, asentadas en la igualdad, la solidaridad y la justicia social y ambiental, construyan la soberanía alimentaria y energética de nuestros pueblos y la vida digna en nuestros territorios.

En Tal sentido nos convocamos a:

  • Movilizarnos para repudiar la Cumbre Ministerial de la OMC en Buenos Aires en diciembre de 2017.
  • Movilización unitaria de todos los movimientos el 8 de marzo de 2018
  • Estar presentes y colocar nuestra agenda contra el libre comercio y las transnacionales en el Foro Mundial Alternativo del Agua (FAMA), Brasilia, en marzo de 2018
  • Movilización unitaria de todos los movimientos el 1ero de mayo de 2018
  • Movilizarnos para denunciar la realización de la Cumbre de las Américas en Lima, en junio de 2018, como escenario en el que se pretende reinstalar la agenda de dominación neocolonial e imperialista en el continente.
  • Organizar nuestra acción unitaria alrededor de la Cumbre del G20 en Argentina, segundo semestre de 2018.
  • Finalmente llamamos a todos los pueblos del continente a movilizarnos de manera unitaria, combativa y solidaria en todos nuestros países la semana del 19 al 25 de noviembre de 2018, reivindicando la agenda acordada en el Encuentro de Montevideo, como expresión de la acción de nuestros pueblos en Defensa de la Democracia y Contra el Neoliberalismo.

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Más lectura:

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