Chiapas: Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules

Compartimos el comunicado del Movimiento Reddeldía de los Montes Azules que firmamos como Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Reserva de la Biósfera de los Montes Azules, Chiapas, México
A 10 de enero del 2018

Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules

Denunciamos que ayer, martes 9 de enero, entró el Ejército mexicano a nuestro territorio, usando la fuerza para provocar y asustar a la población. Entre las 13 y 16 horas, dos aviones del Ejército mexicano sobrevolaron toda la zona de Amador Hernández, es decir los ejidos Amador Hernández, Pichucalco, Nuevo Chapultepec, El Guanal, Plan de Guadalupe y Candelaria del municipio de Ocosingo, en la Reserva de la Biósfera de los Montes Azules, en el estado de Chiapas, México.

 
Después de que se retiraran los aviones, llegó un helicóptero del Ejército mexicano que en un primer intento, aterrizó cerca de una casa dentro del Ejido Amador Hernández, desprendiendo su techo. Finalmente, aterrizó a un costado de la pista de aterrizaje que usamos en el ejido para transportarnos en casos de emergencia.
 
Del helicóptero bajaron 9 elementos del Ejército, a quienes la autoridad de la comunidad fue a preguntar qué estaban haciendo en nuestro territorio. Contestaron que estaban «buscando una avioneta que se había caído en la zona» y pidieron permiso para revisar la zona, agregando que «no tenían idea» de dónde se encontraban. La autoridad explicó que no podían pasar ya que existe un acuerdo comunitario que prohíbe la entrada del Ejercito a la comunidad. Poco a poco se juntaron alrededor de 300 personas de la comunidad, con la mujeres en primera fila, que llevaron pacíficamente a los militares hacia la carretera para que regresaran al 38º Batallón de Infantería ubicado en el poblado de San Quintín, en Ocosingo, de donde provenían.
 
Mientras tanto, el helicóptero que había aterrizado y en el que se había quedado el piloto regresó a buscar refuerzos al 38º Batallón. Cuando volvió el helicóptero, aterrizó nuevamente en un potrero en la entrada del ejido y bajaron otros 9 elementos del Ejército. Cuando se juntaron los 18 elementos del Ejército, la comunidad, otra vez encabezada por las mujeres, les fue a repetir que se retiraran y pidió a un camión de volteo que pasaba en la carretera que los llevara a su Batallón. La población se quedó asustada y preocupada, pero también organizada, al pendiente de un nuevo intento del Ejercito de invadir su territorio.
 
Consideramos que la explicación que nos dieron los militares no justifica un despliegue tan importante del Ejército y sabemos que no es posible que elementos del Ejército no sepan donde se encuentran geográficamente cuando sobrevuelan una zona. Pensamos que se trataba de una operación de vigilancia y de control de nuestras comunidades en el marco de la implementación de la Gendarmería Ambiental anunciada en el 2016. Se trata de un nuevo cuerpo de la Policía Federal encargado oficialmente de «garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas» y oficiosamente de controlar y reprimir a la población para conservar los intereses del gobierno y las empresas. Bien sabemos que somos una molestia para el gobierno, ya que estamos organizados contra el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, en el Movimiento Reddeldía de los Montes Azules, en rechazo a los proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y todos los proyectos extractivos de biodiversidad.
 
Condenamos la agresión que sufrimos el 9 de enero y exigimos al gobierno mexicano que se respeten nuestros usos y costumbres. Sabemos organizarnos de manera autónoma y cuidar la selva. No es cierto que somos destructores y no queremos ser víctimas de la política conservacionista del gobierno que solo sirve de herramienta para reprimir y desplazar a los pueblos campesinos, como fue el caso en la comunidad Laguna Larga del Petén en Guatemala, donde los hermanos y hermanas Guatemaltecos fueron obligados a abandonar sus casas por la Comisión de Areas Naturales huyendo de los militares.
 
Sabemos también que la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Senado en diciembre del 2017 favorece la militarización de los territorios en México. Prevé que el Estado solicite la intervención del Ejército mexicano en situaciones de amenaza o riesgo a la seguridad interior sin definir en qué contextos, lo que implica la presencia de las fuerzas armadas en situaciones que no les incube. Se puede llegar a vulnerar los derechos de las personas que participan en protestas en las ciudades, pero también de nosotros los pueblos campesinos.
 
Rechazamos rotundamente la política mexicana que consiste en otorgar cada vez más poder a las fuerzas armadas y cada vez menos a nosotros los pueblos que defendemos legítimamente los territorios y nuestros derechos.

 
¡Basta de militarización!
¡Basta de hostigamiento a los pueblos campesinos de los Montes Azules!


Firmamos:
Movimiento Reddeldía de los Montes Azules
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
 
En la prensa:
Chiapas: comunidades denuncian «injustificado» despliegue militar que busca provocar miedo en las comunidades (RADIO MUNDO REAL)
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Denuncian hostigamiento del Ejército Mexicano a comunidades de los Montes Azules (SOMOS EL MEDIO)
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Más lectura:
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16 de enero-30 de marzo: Súmate a las brigadas de reconstrucción tras el sismo en la costa de Chiapas

A casi cuatro meses del sismo del 7 de septiembre 2017 que destrozó las viviendas de miles de familias en la costa de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y el Colectivo Bio-Reconstruye Chiapas siguen impulsando un proceso de reconstrucción comunitaria con la población.

Necesitan voluntarios y voluntarias entre el 16 de enero y el 30 de marzo 2018 para producir los adobes con los que se construirán las casas de 4 familias afectadas en las comunidades de Nueva Urbina y Gustavo López, municipio de Pijijiapan.

El adobe es una mezcla de la arcilla con arena y paja moldeada en forma de ladrillo. «Después de haber hecho todo un diagnóstico de necesidades, de platicar con la gente y conocer a las familias afectadas, hemos llegado a la conclusión, junto con la gente local, de que hay una voluntad de recuperar la tradición constructiva local, que es el adobe», explica Mariana Decorme, arquitecta e integrante del Colectivo Bio-Reconstruye Chiapas.

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El Acuerdo REDD+ entre California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión

> ENGLISH VERSION: REDD+ The carbon market and the California-Acre-Chiapas cooperation

Compartimos el informe de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) “El Acuerdo California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión” (Junio 2017) en el que participó Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Aborda el tema de la implementación del programa de Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación d los Bosques (REDD+) en el estado de Chiapas (México) como mecanismo de compensación de las emisiones de gases a efecto invernadero del estado de California (Estados Unidos) y de sus empresas.

Autora: Fabrina Furtado
Equipo de trabajo: Isaac Rojas (Amigos de la Tierra Internacional), Claudia Ramos (Otros Mundos – Amigos de la Tierra México), Gary Hughes y Jeff Conan (Amigos de la Tierra Estados Unidos), Lúcia Ortiz y Fernando Campos Costa (Amigos de la Tierra Brasil). Diseño: Nicolás Medina

>> DESCARGAR EL INFORME EN PDF <<

Introducción:

Desde la firma en 1997 del Protocolo de Kioto, que es un tratado complementario a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el mercado de carbono viene siendo promovido como uno de los principales instrumentos de enfrentamiento al cambio climático. La posibilidad de comprarle el derecho a emitir carbono más allá de la meta establecida por la CMNUCC, a otra parte cuyas emisiones son inferiores a esa meta, no solo ha demostrado la incapacidad de reducir emisiones y enfrentar el problema del clima, sino que ha tenido como resultado la generación de nuevos conflictos ambientales. Aunque cuestionados y deslegitimados, tanto el sistema de “topes y comercio” (Cap and Trade, en inglés), como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), instalaron la perspectiva de la comercialización y compensación (offset, en inglés) de emisiones, y llevaron a crear iniciativas como REDD+1 (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques), una propuesta de Pago por Servicios Ambientales (PSA). De esta manera, sigue prevaleciendo la idea de que los mecanismos, prácticas y lenguaje de la lógica mercantil y del sistema financiero, que son un traje a la medida de las empresas, deben seguir dominando las políticas y el pensamiento sobre el medio ambiente, el clima y la biodiversidad.

En este contexto, el gobierno de California viene buscando hacer una articulación entre su sistema de topes y comercio, mediante el cual comercializó el primer crédito de carbono en 2013, y otros programas subnacionales, así como insertar compensaciones sectoriales a nivel internacional, especialmente a través de REDD+. Sería el primer programa vinculante que permitiría la compra de créditos de carbono a partir de programas jurisdiccionales de REDD+ para compensar sus propias emisiones sectoriales. La propuesta de mecanismos de REDD+, que incluye inversiones públicas y privadas en manejo, conservación y aumento de la reserva de carbono forestal, permite remunerar a quienes mantienen sus bosques en pie, sin deforestar, con el fin de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la deforestación y la degradación forestal.

Al mismo tiempo, en 2010 en Acre, el estado amazónico brasileño conocido por la lucha de los trabajadores del caucho en la que fue asesinado el dirigente histórico Chico Mendes, se creó el Sistema de Incentivos a los Servicios Ambientales (SISA), con el objetivo de fomentar el mantenimiento y ampliación de la “oferta de servicios y productos ecosistémicos” en ese estado. El primero de los seis programas del SISA fue el Programa de Servicios Ambientales de Carbono (ISACarbono), considerado el programa jurisdiccional de REDD+ más avanzado en el mundo, con potencial de generar lecciones relevantes para otros regímenes de REDD+ y de PSA en el mundo.

En 2009 en el estado mexicano de Chiapas, que tiene una amplia historia de lucha que incluye al referente internacional Movimiento Zapatista, se comenzó a desarrollar un Programa de acción ante el Cambio Climático, cuya prioridad fue la implementación de un sistema jurisdiccional de REDD+.

El estado ya venía implementando programas de REDD+ en la Selva Lacandona, territorio en el que conviven grupos indígenas como los Choles, Tzeltales, Tzotziles, cuya posesión fue reconocida por decreto presidencial a los Maya Lacandones en 1978. La Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático del estado de Chiapas fue aprobada en 2010 incorporando acciones de REDD y la creación y uso de sistemas PSA, impulsados de manera “voluntaria” por organizaciones conservacionistas.

De esta manera, en noviembre de 2010, los gobiernos de California, Acre y Chiapas, firmaron un Memorando de entendimiento sobre Cooperación Ambiental (Memorandum of Understanding (MOU) on Environmental Cooperation) con el propósito de crear un sistema de créditos de carbono de REDD+ entre los tres estados, posibilitando así el financiamiento de REDD+ en Acre y en Chiapas y la compensación de emisiones en el estado de California.

Hasta el momento, la cooperación ha avanzado poco más allá de debates y publicaciones, debido a que el programa de comercialización de carbono de California todavía no permite que sus empresas compren créditos provenientes de iniciativas de reducción de emisiones en Chiapas y Acre con el objetivo de compensar sus propias emisiones.

Sin embargo, este proceso puede avanzar en 2017 junto a otras propuestas subnacionales, tanto en Brasil y México, como en China y otros países. Los errores del pasado se siguen cometiendo, ocultando e ignorando. Son muchas las lecciones que se pueden sacar de la cooperación California-Acre-Chiapas y de los impactos de REDD en estos estados, en su relación con los procesos internacionales y nacionales que avanzan en el sentido de lo que llamamos mercantilización y financierización de la naturaleza. Se trata de un proceso que viene siendo cuestionado por los grupos de Amigos de la Tierra Internacional en los tres países, y desde el Programa de Bosques y Biodiversidad, debido a su importancia en términos del establecimiento de un precedente para las políticas de clima y biodiversidad.

Los análisis contenidos aquí fueron elaborados a partir de investigaciones de fuentes secundarias, entrevistas con integrantes de organizaciones de los tres países y de los gobiernos de California y Acre, así como de actividades con dirigentes indígenas y campesinos. La primera parte de este informe aborda el memorando en sí, sus orígenes, objetivos y resultados, destacando los actores centrales en este proceso; la segunda, la política de California desde la perspectiva de las organizaciones sociales de EEUU; la tercera y cuarta, los impactos de las políticas y proyectos REDD en Acre y Chiapas respectivamente; y en la quinta, se comparten algunas reflexiones que esta cooperación tiene para enseñarnos, especialmente a partir de la idea de participación, de la incorporación de valores indígenas, tradicionales y de género, así como del papel de las grandes organizaciones conservacionistas; de la construcción e implementación de salvaguardas; y de algunos conceptos y prácticas fundantes como los de comunidad, deforestación evitada, servicios ambientales, y la idea del consenso respecto de las políticas sobre cambio climático. Por último, presentamos algunas recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones más impactadas por el cambio climático y la lógica fundante de REDD+ en el contexto de la cooperación California-Acre-Chiapas.

Foto: Extracción de madera, fruto del ‘manejo forestal sustentable» en el ancho de la carretera entre Rio Branco y Xapuri, Acre. (Crédito: Amigos da Terra Brasil)

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Honduras: El pueblo no reconoce la victoria de Juan Orlando Hernández y denuncia un fraude

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

El 17 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras anunció, en medio de grandes sospechas de fraude electoral, que «el próximo presidente del país es el abogado Juan Orlando Hernández», o «JOH», del Partido Nacional, quien preside el país desde el 2014 y violó la Constitución al ser candidato a su propia reelección el pasado 26 de noviembre. Su partido tomó el poder en el 2009 a través de un golpe de Estado militar que destituyó al ex-presidente Manuel Zelaya. Los resultados finales son: 42.95% para JOH; 41.42% para Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura (de la cual forma parte Manuel Zelaya); 14.73 % para el Partido Liberal.

EL RECHAZO

«Repudiamos la resolución del Tribunal Supremo Electoral que da como vencedor a Juan Orlando Hernández como presidente reelecto y por lo tanto, rechazamos el fraude generalizado dirigido por el Partido Nacional, la oligarquía nacional y el gobierno de los Estados Unidos a través de su encargada de negocios en Honduras», declaró la Plataforma del Movimiento Social y popular de Honduras (PMSPH) pocas horas después del anuncio.

A su vez, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) llamó «a la movilización y organización permanente en las calles a todo el pueblo lenca y hondureño en la legítima exigencia de que JOH salga inmediatamente del poder». En un comunicado publicado este 18 de diciembre, propone «en su defecto, que se llame a un nuevo proceso electoral con garantías y transparencia, supervisado por la comunidad internacional».

La victoria de JOH tampoco satisfizo la Organización de Estados Americanos (OEA), quien llamó a organizar nuevas elecciones: «Ante la imposibilidad de determinar un ganador, el único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras es un nuevo llamado a elecciones generales, dentro del marco del más estricto respeto al Estado de Derecho, con las garantías de un TSE que goce de la capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía y los partidos políticos.»

LA REPRESIÓN

Las protestas contra el fraude se multiplican en varias partes del país pero la respuesta del Estado es la represión.

Este 18 de diciembre, más de 50 agentes de la Policía Militar entraron con bombas lacrimógenas y armas de fuego en la comunidad de Sambo Creek (norte), donde viven y luchan lxs compañerxs garífunas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). El compañero Bryant Lopez de la OFRANEH se encuentra herido. «El día de hoy, la comunidad y el pueblo garífuna han enfrentando una situación sin precedentes (…) cuando el Ejército y la Policía Militar entraron a Sambo Creek en una verdadera cacería contra el pueblo garífuna», denunció la coordinadora de la organización Miriam Miranda.

Protesta pacífica de la OFRANEH en Sambo Creek este 18 de diciembre (Crédito:OFRANEH)

Población de Sambo Creek atacada con bombas lacrimógenas este 18 de diciembre (ver video) (Crédito:OFRANEH)

En los barrios populares de Tegucigalpa, capital del país, se desplegaron decenas de miembros de la Policía Militar en respuesta a las protestas pacíficas. En la Colonia Villanueva por ejemplo, atacaron a la población con bombas lacrimógenas hasta dentro de sus casas.

Colonia Villanueva, Tegucigalpa, el 18 de diciembre (DR)

Colonia Villanueva, Tegucigalpa, el 18 de diciembre (DR)

Colonia Villanueva, Tegucigalpa, el 18 de diciembre (DR)

EL FRAUDE

El anuncio del TSE se dio tres semanas después del cierre de las Elecciones Generales organizadas el 26 de noviembre. La oposición y gran parte de la población denuncian un fraude electoral a favor del Partido Nacional, obviado por la anormalmente larga duración del proceso de divulgación de los resultados. En los primeros resultados parciales, Salvador Nasralla tenía una ventaja de 5 punto (45% VS 40%) y era el favorito hasta el 29 de noviembre, día en que los resultados empezaron a invertirse a favor de JOH después de varias fallas técnicas. Ese día estallaron numerosas marchas en varias partes del país en las que los manifestantes gritaban «¡Fuera JOH!». Fueron violentamente reprimidas: entre el 29 de diciembre y el 6 de diciembre, hubo 14 personas asesinadas y 51 heridos, de los cuales 7 graves, en el marco de las protestas.

El 10 de diciembre, el TSE anunció resultados presentando como «finales»: 42.98% para JOH y 41.38% para Salvador Nasralla. Provocaron más protestas y bloques, en las que fueron retenidos lxs compañerxs del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). La población seguía denunciando un fraude, respaldada por la organización Human Rights Watch, cuyo director para las Américas José Miguel Vivanco denunció ese día que «hay indicios contundentes de fraude electoral en Honduras, y estos señalamientos deben ser investigados y debe respetarse la voluntad de los votantes».

En un último intento de volver a la tendencia inicial, Salvador Nasrallo entregó el 12 de diciembre a las Misiones de Obseravción Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) una carta denunciando el fraude así como 14.364 actas electorales que comprobaban según él su victoria, pero no las 18.128 actas restantes. No tuvo exito: el veredicto de la Misión de la UE fue que «tras el cotejo de una gran muestra aleatoria de las copias de las actas entregadas por la Alianza y de los originales publicados en la web del Tribunal, la Misión constató que los resultados de ambos grupos de actas no presentaban prácticamente ninguna diferencia.» Tampoco tuvieron efecto los recursos de nulidad interpuestos por la Alianza y el Partido Liberal.

Más info:

Pronunciamiento de Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra América latina y el Caribe ante la declaración de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE – UE) en Honduras

 

Informe por grave situación en Honduras (Amigos de la Tierra América latina y el Caribe – ATALC)

#AlertaHonduras: ¡No al fraude electoral, la represión y los ataques al derecho a la información!

Desplazados de Chalchihuitán: «Perturbador y cuestionable» el fallo a favor de Chenalhó según la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Compartimos este comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas que recibimos el día de hoy

Un fallo perturbador y cuestionable

Comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
14 de diciembre de 2017

«La obra de la justicia, será la paz,
y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre»
(Isaías 32,17)

1.- El 28 de noviembre pasado, el Consejo de Pastoral de esta diócesis advertía la grave situación provocada por el desplazamiento demiles de personas, agredidas por grupos armados ilegales que habían quemado viviendas, robado pertenencias  y aterrorizado a lapoblación con disparos de día y de noche, por la disputa limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó, con violación masiva de derechos humanos, con riesgos para la salud y la vida de las personas desplazadas, creando una grave emergencia humanitaria. El Consejo Diocesano reclamaba la relativa acción de las autoridades y la impunidad de los violentos. Expresaba la petición a las autoridades federales, estatales y municipales que garantizaran la seguridad de quienes llevaban la ayuda humanitaria a los desplazados, que se abocaran a la solución profunda de las causas, y a no dejar impunes los múltiples delitos que hasta entonces se habían cometido.

2.- Ante la prolongación y agravamiento del conflicto, las once parroquias de la zona tsotsil emitieron un comunicado, anteayer, en que denunciaban la amenaza explícita hecha por la asamblea de agentes municipales y comisariados de Chenalhó, convocados por la presidenta municipal, el 5 de diciembre, como consta en un documento firmado y sellado que dice: «En caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó». Este párrafo se eliminó, posteriormente, para proteger a la autoridad local, pero el pacto es auténtico. (Ver abajo el acta de asamblea original del 5 de diciembre)


Hemos sabido también que los grupos armados exigían a pobladores del municipio de Chenalhó a colaborar en la vigilancia.

Las parroquias denunciaban que el grupo armado había puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán, y no entendían por qué las autoridades estatales y federales lo habían permitido. También hacían notar que «se da de hecho un estado de excepción, en el que se niegan los derechos fundamentales y las garantías individuales a los habitantes de comunidades de Chalchihuitán y algunas de Chenalhó, y no se perciben pasos eficaces para establecer el estado de derecho mínimo en favor de esa población mexicana». Y agregaban: «Todo esto hace evidente que urge una solución de fondo e integral al conflicto… que, sin desconocer la dimensión jurídica, la incorpore en un contexto más amplio que tome en cuenta los factores culturales, sociales e históricos».

3.- Ahora, ante la comunicación a las partes del fallo del Tribunal Unitario Agrario, que tuvo lugar ayer, 13 de diciembre, invalidando el deslinde anterior, que la misma Secretaría de la Reforma Agraria había hecho hace 45 años, y ordenando a la SEDATU a realizar un nuevo deslinde, afirmamos que este hecho es un despojo de las hectáreas que el mismo gobierno había dotado legalmente a Chalchihuitán. Quienes habitaron esas tierras, no eran invasores, sino campesinos pobres que poseyeron de buena fe lo que se les entregó con documentos de una resolución presidencial.

Recordamos que, desde 2010, una comisión interdisciplinar indicaba: «Dado el estado actual de conflictividad social entre ambas comunidades, consideramos que ninguna resolución jurídica será socialmente sostenible, sino al contrario, puede terminar fortaleciendo los factores estructurales de tensión, cualquiera que fuera la resolución de los tribunales.» Esto no se tuvo en cuenta.

Los agentes de pastoral de la diócesis, reunidos en nuestro encuentro anual, presididos por don Felipe Arizmendi Esquivel, estamos desconcertados y preocupados ante la resolución hecha por el Tribunal Agrario, así como por la gravedad de la situación. Se dio un fallo en favor del municipio de Chenalhó, sin que mediara un diálogo previo y un proceso necesario e indispensable para resolver un conflicto tan profundo e histórico entre las dos partes. Se da con la oferta de una compensación a Chalchihuitán en dinero y vivienda del todo insuficiente, pues ahora los desplazados son despojados, sin acceso a la tierra.

Nos preocupa sobremanera descubrir que la resolución del Tribunal está fechada el 6 de noviembre de 2017, y las autoridades la dan a conocer hasta el día 13 de diciembre de 2017, mediando más de un mes en el que la población desplazada ha sufrido miedo, frío, hambre, hostigamiento, enfermedades, daño psicológico y hasta la muerte de varios infantes y adultos. Consideramos que las autoridades gubernamentales deben dar una explicación a la sociedad sobre el motivo por el que se aplazó la comunicación del resolutivo del Tribunal Agrario. Fue un tiempo en que los grupos armados ilegales sometieron a la población de Chalchihuitán y de Chenalhó a los sufrimientos ya descritos. Cualquiera que sea la razón, el hecho lo consideramos totalmente reprobable, ilegítimo e inhumano.

En esta etapa del conflicto, no se ha hecho el menor intento de escuchar a la población; por el contrario, se ha dado una solución impuesta a nivel exclusivamente de autoridades, lo cual hace muy frágil el fallo y no resuelve las divisiones.

El imprudente y cuestionable fallo se dio en favor de quien ha ejercido más violencia, del que ha gozado de impunidad, del que había hecho amenaza pública, de quien provocaba el desplazamiento forzado de tan numerosas familias, de quien usa armas ilegales, de quien ahora aparece como responsable de la muerte de varias personas.

Al no haber construido una solución con la participación de los pueblos implicados, al tener en una situación de sometimiento por medios violentos a una de las partes, al no haber creado condiciones de diálogo y buscar una solución consensuada a partir de la cultura, de las necesidades, de las alternativas posibles, en que no resultara una parte ganadora y la otra derrotada y despojada, se hace muy cuestionable y perturbadora la aplicación del resolutivo del Tribunal, aunque sea «legal».

Tememos que continúe la violencia. Tememos que los despojados de sus tierras no sean resarcidos integralmente, puesto que se les priva de su medio fundamental de subsistencia. Tememos que se aleje cada vez más la posibilidad de una paz basada en la justicia. Tememos que sea muy difícil, por no decir casi imposible, restaurar las relaciones armónicas entre los pueblos.

Urgimos a la autoridad federal, la causante de esta falta de conocimiento de la realidad histórica y cultural de estos pueblos, que se aboque a dotar a los despojados de condiciones de una vida digna, de buscar la forma de dotarles de tierra en algún lugar, de construirles casas adecuadas, de procurar su salud y su sostenimiento, pues se quedaron sin nada, sin casa y sin medios de subsistencia. Esto es lo mínimo en justicia y en humanidad. En vez de gastar tanto en campañas electorales, que demuestren su amor al pueblo haciendo lo más posible por proteger a estos hermanos.

Como cristianos, ante el dolor de los pueblos, vemos la urgencia de abrir un espacio a la esperanza y al diálogo; esto será una contribución a la paz tan deseada para los dos pueblos. Por nuestra parte, seguiremos impulsando la solidaridad con los despojados, y compartiendo con ellos la Palabra de Dios, que nos invita a construir la paz, siempre en base a la justicia y el respeto a los derechos de los demás.

Por los agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas,

Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel
Pbro. Luis Manuel López Alfaro
Hna. María del Refugio Esparza, MIF
Hna. María Isabel Hernández, O.P.
Pbro. Juan Manuel Hurtado López
Pbro. Víctor Manuel Pérez Hernández
Pbro. Marcelo Pérez Pérez
Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, O.P.

CÓMO APOYAR:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

Más info:

Más de 5 mil desplazados no podrán regresar, Tribunal Agrario resuelve controversia de límites a favor de Chenalhó (Chiapas Paralelo)

«Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas»: organizaciones de Chiapas exigen el desarme de los paramilitares tras el fallo (CDH Frayba)

10 personas muertas en el desplazamiento forzado (Informe de Brigada Médica CAM-SADEC)

Foto: Padre Marcelo de la Parroquia de Simojovel (25 de noviembre)

 

VIDEOS: La Cumbre de los Pueblos #FueraOMC Construyendo Soberanía en Buenos Aires

Del 11 al 13 de diciembre, cientos de hombres y mujeres de todo el mundo reunidos dentro de la Confluencia «Fuera OMC» levaron a cabo la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC-Construyendo Soberanía» en Buenos Aires, en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) recibida por el presidente Mauricio Macri en la capital argentina.

«Creemos que es muy importante esta confluencia que venimos organizando desde hace varios meses con muchísimas organizaciones sociales, ambientales, sindicales, docentes y de todo tipo, porque ante la apertura neoliberal que está sufriendo nuestro país, es necesario que nos organicemos. Creeemos que la venida de la OMC a Argentina es una muestra del rumbo que va a tomar en los proximos años, especialmente conociendo que el proximos años recibiremos el G20″, explica Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina, en un video publicado hoy por la Confluencia.

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En la víspera de su apertura oficial, la Cumbre organizó el festival «Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida» el 10 de diciembre, primer día de la Reunión Ministerial. Los participantes, reunidos en la Plaza de los Congresos, leyeron la Declaración de la Confluencia, firmada en junio 2017 por más de 250 organizaciones y personalidades incluyendo Otros Mundos A.C.: «Veinte años de tratados de ‘libre’ comercio (TLC) en la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente. Frente a esto, es hora de avanzar en las alternativas sociales, políticas, económicas, feministas y ambientalistas que pongan fin a la impunidad corporativa, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente.»

La Cumbre fue un espacio de formación políticia intensa y de contra-propuestas ante las decisiones neoliberales tomadas en la Reunión Ministerial. Se organizaron decenas de ponencias y debates en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una serie de foros y seminarios paralelos, como el Foro «Soberanía Sanitaria: El impacto del Neoliberalismo sobre el Derecho a la Salud», el Foro Feminista Frente al Libre Comercio, el Foro «Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder corporativo» o el Foro «Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética», entre otros. (Ver el programa completo aquí)

«Para nosotros la Cumbre Fuera OMC es muy importante porque la OMC forma parte de la arquitectura que está asegurando la impunidad de las empresas transnacionales», explicó Monica Vargas, miembro de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, en otro video realizado por la Confluencia.

«Estamos creando un movimiento de solidaridad transnacional para enfrenter el poder transnacional», agregó la activista, cuya Campaña estuvo presente en octubre en Ginebra, Suiza, para presionar a los países miembros de la ONU durante su tercera ronda de negociaciones hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. La Campaña había presentando su propia propuesta de texto, que incluía entre otro la creación de una «Corte Internacional sobre las Empresas Transnacionales y sus Directivos» y un «Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales», y espera será tomada en cuenta durante la próxima ronda de negociaciones en marzo 2018. (Leer la propuesta completa aquí)

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El 12 de diciembre en la tarde, la Confluencia organizó una gran marcha pacífica en las calles de Buenos Aires desde la Plaza de los Congresos. «Nuestra movilización fue masiva y diversa expresando voces que surgen desde la sociedad civil y no acuerdan con las políticas económicas que busca constantemente instalar organizaciones como la OM», declaró la Conflluencia en su página Facebook después de la marcha.

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La Confluencia denunció que la Policía intervinó, reprimió y detuvo a manifestantes. El 13 de diciembre, seguían detenidas tres personas: «lxs detenidxs son un docente de SUTEBA Escobar, una integrante de la Defensoría de Géneroa y un hombre en situación de calle», informó la Confluencia. «La otra novedad del estado de excepción del macrismo fue bloquear el paso a las abogadas e intentar impedirnos el ingreso a la comisaría para atender a nuestrxs defendidxs. Aflojaron ante la amenaza de denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y por negar el derecho a la defensa», agregó la Confluencia.

Fotos de la marcha y la represión policial del 12 de diciembre en Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

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I Was Banned From The WTO For Defending People’s Rights (Alberto Villareal)

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos «#FueraOMC – Construyendo soberanía»

 

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos «#FueraOMC – Construyendo soberanía»

Compartimos esta declaración de la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC – construyendo soberanía» – Buenos Aires, Argentina, a 13 de diciembre 2017

La Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC, construyendo soberanía» se reunió los días 11, 12 y 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, frente a la realización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad.

Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de pueblos originarios, de mujeres, territoriales, anti-extractivistas, de derechos humanos, entre otras, de todo el planeta que conformamos la Cumbre de los Pueblos reafirmamos nuestro rechazo a las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC refleja los intereses del capital transnacional más concentrado que pretende eliminar barreras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Se trata de una organización que sólo toma en cuenta las necesidades del capital, ayudando a reproducir las relaciones capitalistas de explotación y saqueo. Estas políticas afectan derechos históricamente conquistados por la lucha de los pueblos del mundo.

Las transnacionales actúan bajo el amparo de la Arquitectura de la Impunidad, la cual incluye al sistema de la Deuda, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de protección de inversiones y organismos multilaterales como la OMC. Estos generan una globalización en función de su afán de lucro. En este contexto, la Deuda pública se ha configurado en una herramienta privilegiada de la expansión capitalista de concentración, desigualdad y opresión. Subordina el modelo productivo y de consumo a la necesidad de pagar los intereses cada vez mayores. Nos comprometemos a trabajar para develar las repercusiones que la Deuda conlleva en las múltiples resistencias, denunciando su carácter ilegítimo, evidenciando quién realmente debe a quién y construyendo un horizonte de transformación y esperanza, asumiéndonos como Pueblos Acreedores de deudas no únicamente económicas, sino también sociales, históricas, ecológicas, democráticas, de género, entre otras. Necesitamos seguir construyendo desde las luchas de los pueblos para avanzar en este proceso, incluyendo acciones como las auditorías integrales y ciudadanas de la Deuda, tribunales éticos y consultas populares, entre otras estrategias.

Frente al poder corporativo, que protagoniza el despojo por parte de las transnacionales en los territorios, nos comprometemos a globalizar las luchas y seguir fortaleciendo los lazos y articulaciones. Debemos seguir peleando por lograr un tratado internacional que vincule las empresas transnacionales al respeto de los derechos humanos. Debemos disputar el espacio legislativo y judicial, denunciando cómo las leyes se violan, se tuercen, se malinterpretan y adaptan ante el interés de las transnacionales. Debemos mantener la autonomía de los movimientos sociales en relación a los gobiernos, señalando nuestra solidaridad con Pueblos, comunidades y organizaciones perseguidas y reprimidas.

La liberalización de los flujos comerciales y financieros impacta en forma diferencial la vida cotidiana de las mujeres y profundiza las desigualdades y la pobreza, ampliando el desempleo, la informalidad y financierizando compulsivamente nuestras vidas, profundizando así todas las formas de violencias patriarcales. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, gays, no binaries, afroargentinas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, refugiadas, indígenas, negras, campesinas, trabajadoras autogestionadas reunidas en el foro y gran Asamblea Feminista frente al libre comercio estamos afirmando nuestra lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista.

Por ello expresamos nuestro rechazo a la Declaración de la OMC sobre Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, por estar basada en afirmaciones falsas y en una visión reduccionista del empoderamiento económico de las mujeres. La evidencia proporcionada desde la Economía Feminista muestra que los procesos de liberalización comercial han resultado perjudiciales para la mayoría de las mujeres. Las reglas comerciales que promueve la OMC amenazan los medios de vida de las mujeres urbanas, campesinas, indígenas, afro y quilombolas, favorecen la desposesión de sus territorios, restringen el acceso de las mujeres a políticas públicas de acceso al agua, salud, educación y un largo etcétera, limitan el acceso a bienes básicos esenciales como los medicamentos, y promueven formas productivas basadas en la carrera hacia la baja de todos los estándares laborales, salariales y de protección social, lo que nos afecta especialmente. Repudiamos el uso político de nuestras luchas y reivindicaciones para salvar una cumbre fracasada.

¡No en nuestro nombre!

Los acuerdos de la OMC impiden el acceso a los derechos de los y las migrantes trabajadores y sus familias. La excluyente prioridad de valorizar el capital fomenta la explotación laboral de los y las migrantes. La búsqueda de más inversión extranjera da pie a la firma de tratados comerciales que impulsan la globalización y los flujos de capitales, mientras que se criminaliza y se pone en tela de juicio la movilidad de las personas en el mundo.

El reconocimiento de la migración como un derecho humano (nacional, regional y global), abre el espacio para debatir la libertad de transitar los territorios y la construcción de una ciudadanía universal. Para que este derecho se cumpla, es importante fomentar la participación política y de economías sustentables, solidarias e independientes que conlleven al desarrollo local y regional de las comunidades migrantes.

La OMC y los TLC avanzan en la conversión de nuestros alimentos en mercancías. Esto ha provocado la mayor crisis alimentaria que haya sufrido la humanidad. Actualmente más del 50% de los habitantes del mundo sufren hambre, malnutrición o son parte de la epidemia de obesidad y sobre peso que enfrentamos. Al mismo tiempo estas políticas apoyan la destrucción, acaparamiento y contaminación de nuestros territorios y expulsan a comunidades indígenas y campesinos de los mismos, poniendo en riesgo la continuidad cultural. El agronegocio, junto con la extracción indiscriminada de combustibles fósiles, son los principales responsables de las dos crisis socioambientales más importantes que vivimos hoy: la crisis climática y la extinción masiva de la biodiversidad.

Frente a esta situación, impulsamos la Soberanía Alimentaria que va de la mano de la producción agroecológica campesina, donde las semillas son entendidas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Proponemos reformas agrarias integrales y populares, mercados locales y fundamentalmente la voz de las campesinas y campesinos como protagonistas de las políticas que se impulsen.

La OMC y los TLC se esconden detrás de la máscara de «alternativas verdes», pero en definitiva solo sostienen el modelo extractivista, con énfasis en la minería y en la extracción de combustibles fósiles. En esta lógica, el agua es considerada una mercancía y no un Derecho Humano. Sabemos que no hay alternativa para la vida en el planeta dentro del capitalismo, que no solo nos explota sino también contamina y mata. Para poder superar estas contradicciones promovemos las alternativas populares, como el «buen vivir» propuesto por distintos pueblos indígenas; el eco-feminismo; el eco-socialismo; y prácticas concretas como la soberanía energética, la agroecología y la permacultura que pueden transformarse en alternativas sistémicas al capitalismo si son aplicadas no de manera individual, sino como una política general.

Estas experiencias enmarcadas en la economía popular, la social y la autogestiva son manifestaciones de la supervivencia de los pueblos pero al mismo tiempo son resistencia a los designios de la racionalidad capitalista. Utilizando los medios de producción a disposición de los trabajadores y trabajadoras, y a su vez reclamando por nuestros derechos es que podemos pensar en construir espacios de poder para disputar el modelo hegemónico. Desde esta perspectiva es que entendemos el rol de las experiencias productivas sin patrones, desde la marginalidad y desde una profunda identificación de clase para construir las alternativas. Depende de nosotras y nosotros continuar en una economía capitalista de pobres o avanzar en la construcción de un proyecto alternativo. No solo se trata de luchar por el poder para conseguir la sociedad que queremos sino también de ir construyendo los caminos que nos acerquen a ella. Reclamando al Estado lo que es nuestro mientras que consolidamos un poder alternativo basado en una economía desde y para los pueblos.

El libre comercio atenta contra el derecho a la salud y precariza los sistemas de salud públicos, provocando graves consecuencias sobre la vida de las personas. La salud y los medicamentos no deberían ser materia regulada por la OMC, ya que la salud es un derecho humano, no un negocio; y los medicamentos son un bien social y no una mercancía. Los acuerdos comerciales de la OMC nunca responderán a las necesidades de salud pública. Este énfasis en los intereses del mercado y en detrimento de la salud pública favorece a los capitales trasnacionales, quienes a través de precios extorsivos e injustificados impuestos por las grandes compañías farmacéuticas desembocan en enfermedad, desesperanza y muerte para los pueblos.

Por ello la soberanía sanitaria implica sostener modelos de salud pública que garanticen la primacía del interés público y la justicia social. En ese sentido, exigimos la suspensión del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) de la OMC para tecnologías de salud; rechazamos toda disposición de acuerdo comercial que afecte negativamente el acceso a medicamentos, como el Tratado entre Unión Europea-Mercosur; discutimos nuevos modelos de I+D (Investigación y Desarrollo) que promuevan tecnologías libres y accesibles para todos los pueblos, independientemente en qué país o región vivan, cuyos resultados (datos, procesos y productos) sean considerados bienes comunes.

El libre comercio y la OMC promueven un conjunto de iniciativas que intentan convertir a la educación en un bien comercializable, permeado por diferentes lógicas mercantiles y privatizadoras que presentan mayores o menores grados de visibilidad. Así, los derechos sociales y educativos son amenazados por la lógica del mercado, los derechos de propiedad y del capital y, de este modo, la educación pasa a constituirse en un servicio comercializable.

En cambio, la soberanía educativa constituye el derecho que tenemos como pueblos a la autodeterminación de cómo nos queremos educar, con qué valores, de qué manera. En medio de la crisis civilizatoria que atravesamos, proponemos formatos educativos alternativos, formas de participación más horizontales, contenidos y valores que expresan alternativas políticas y sociales.

Las políticas de libre comercio no serían posibles sin un fuerte aparato de seguridad y represión que acompaña la implementación de las políticas de austeridad. El aumento de bases militares a nivel global refleja esta situación, así como el uso de la fuerza policial al interior de los Estados nacionales. La militarización implica el genocidio y silenciamiento de pueblos enteros en pos de las necesidades del gran capital. Exigimos el retiro de las tropas de Haití. Exigimos la liberación y descolonización de Palestina, el fin del régimen de Apartheid, adherimos al Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción y manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la decisión unilateral de los EEUU de reconocer a Jerusalén como capital del Estado sionista de Israel.

La alternativa al militarismo y la guerra perpetua que es el imperialismo en todas sus formas, especialmente en su forma de sionismo, es la resistencia en creciente unidad de los pueblos y los Estados. El imperialismo es una de las principales causas de las guerras del mundo, de la carrera armamentista, del genocidio, la tortura, la mentira de masas, la acción psicológica terrorista, los asesinatos selectivos y las masacres de población civil, la formación y actuación de fuerzas paramilitares terroristas como ISIS.

Hacia el 2018, la Cumbre de los Pueblos hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo a movilizase contra la Cumbre Presidencial del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires en 2018. El G-20, al igual que la OMC y todos los TLC, sólo refleja la sed de lucro de las empresas y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se realicen en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial. Por ello, la movilización de nuestros pueblos es crucial. Somos nosotras y nosotros quienes debemos alzar la voz y hacer que nuestras propuestas alternativas a la crisis climática y civilizatoria sean escuchadas.

Asimismo, llamamos a construir un paro internacional de mujeres para el próximo 8 de Marzo desde una visión amplia del trabajo que tenga en cuenta nuestras realidades heterogéneas. No habría capitalismo sin el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.

Las organizaciones y movimientos de la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC convocamos a la continuidad de las luchas de resistencia a la presente ofensiva del capital internacional contra los derechos de los pueblos, en la construcción colectiva de la edición del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil, del 13 al 17 de marzo. ¡Resistir es crear, resistir es transformar!

La resistencia global se ha hecho ver y escuchar en Buenos Aires. Una vez más, adonde vayan los grandes foros globales, los esperará la resistencia de los pueblos en pie y luchando por sus derechos.

¡Fuera OMC! ¡Fuera G-20!

FIRMA:

Asamblea de los Pueblos

Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC, construyendo soberanía»

Más información:

VIDEOS: La Cumbre de los Pueblos #FueraOMC Construyendo Soberanía en Buenos Aires

 

#AlertaHonduras: ¡No al fraude electoral, la represión y los ataques al derecho a la información!

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

¡Alerta! ¡El pueblo de Honduras está siendo víctima de una serie de violaciones a los Derechos Humanos desde las Elecciones Generales del 26 de noviembre. Ante el flagrante fraude electoral orquestrado por el Partido Nacional y el Tribunal Superior Electoral (TSE) a favor del presidente Juan Orlando Hernandez (JOH), miles de Hondureños y Hondureñas llevan casi dos semanas protestando en las calles exigiendo el respeto de su voto y gritando «¡Fuera JOH!». No quieren que se repita el golpe de Estado militar del 2009 a través del cual el Partido Nacional destituyó al Partido Liberal de Manuel Zelaya para instalar un gobierno autoritario apoyado por los Estados Unidos de América. Pero la respuesta del Estado que buscar accallar las voces anti-fraude es la violencia.

>> Carta: Señor Videgaray, le llamamos a alzar la voz contra el fraude electoral y la represión en Honduras <<

LA REPRESIÓN

El 11 de diciembre, se llevaron a cabo grandes marchas y tomas de carretera en varias partes del país en el marco de un paro nacional convocado por Salvador Nasralla, el candidato de la Alianza de Oposición a la Dictadura, que reivindica la victoria en las elecciones. Hubo una fuerte represión en el sur, donde la Policía Militar lanzó gas lacrimógeno contra los manifestantes y «hasta dispararon contra la población e incluso contra un vehículo de un medio de comunicación en el que transportaba una comunicadora y su camarógrafo», informó Radio Progreso, agregando que «se reportan algunas personas heridas».

Ayer 12 de diciembre, las protestas y tomas de carretera seguían en varias partes del país. En el oeste, integrantes del Consejo Cívico de Organiaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fueron retenidos por la Policía Militar cuando se dirigían en bus hacia un bloqueo de carretera cerca de Siguatepeque, departamento de Comayagua. En otro vehículo viajaba la coordinadora Bertha Zúniga Cáceres, quien también fue retenida. «Durante la retención ilegal los militares han tomado fotografías de los documentos de identidad de cada unx de nosotrxs y por esto responsabilizamos al gobierno y sus fuerzas represivas de cualquier acto en contra de nuestras vidas y seguridad», denunció la organización en un comunicado. «Les instamos a seguir pendientes porque aquí la ALERTA sigue, hasta cuando caerá esta dictadura», advirtió.

«Este tipo de acciones de parte de las fuerzas militares y policiales ahondan las condiciones de vulnerabilidad para las y los luchadores sociales como consecuencia del régimen impuesto por Juan Orlando Hernández», reaccionó Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC).

Según el informe «Honduras: crisis política post electoral y su impacto en los derechos humanos», presentado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) el 6 de diciembre, a esa fecha se reportaban 14 personas asesinadas y 51 heridos, de los cuales 7 graves, en el marco de las protestas. La población fue particularmente indignada por la muerte de Kimberly Dayana Fonseca, de 19 años, asesinada en la noche del viernes al sábado en Tegucigalpa, víctima de los disparos de militares contra un grupo de manifestantes.

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Además, COFADEH reporta que 844 personas fueron detenidas. 501 de estas detenciones se dieron en el marco de la suspensión de las Garantías Constitucionales decretada por el gobierno del 1ero de diciembre al 11 de diciembre. Durante estos diez días, el decreto preveía, entre otro:

– Artículo 1: «Se prohíbe la libre circulación de las personas, prohibición que podrá aplicarse en horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., en todo o parte del territorio nacional en atención a los hechos que ocasiona la restricción de esta libertad a recomendación de autoridad competente»;

– Artículo 2: «Las Fuerzas Armadas, apoyarán conjunta o separadamente cuando la situación así lo requiera, a la Policía Nacional; debiendo poner en ejecución los planes necesarios para mantener el orden y la seguridad de la República y garantizar el ejercicio de los derechos democráticos»;

– Artículo 3: «Se ordena lo siguiente detener a toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido, o que de alguna manera sea sospechoso de causar daños a las personas o sus bienes, aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos o esté en peligro su propia vida.»

«La suspensión de garantías restringe y vulnera de forma arbitraria derechos democráticos fundamentales de los y las hondureñas, particularmente el derecho a la protesta, con el objetivo de acallar, inhibir y reprimir las masivas manifestaciones desarrolladas en todo el país ante las patentes irregularidades del proceso electoral para imponer la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández», denunció la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) en un comunicado publicado el 2 de diciembre.

Datos publicado en el informe de COFADEH

Marcha contra el Golpe en Tegucigalpa el 3 de diciembre (Giorgio Trucchi)

LOS ATAQUES AL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Radio Progreso, la radio nacional jesuita que da voz a los defensores y defensoras de los Derechos Humanos en Honduras y ha cubierto todas las protestas anti-fraude, fue víctima de un sabotaje que le impide estar al aire en Tegucigalpa. Su antena se cayó en la noche del 9 al 10 de diciembre y el equipo de la radio se dio cuenta de que sus tensores habían sido desatornillados. «Estamos con los datos suficientes para afirmar ante la comunidad nacional e internacional que Radio Progreso ha sufrido un sabotaje en las torres que permiten la transmision de RP en la zona central», denunció el director de la radio el Padre Ismael Moreno. «Responsabilizamos a Juan Orlando Hernández y a su grupo de ser los que sabotearon la voz de Radio Progreso», agregó.

En un comunicado publicado este 7 de diciembre, el equipo de producción del documental «Berta Soy Yo», actualmente en proceso de grabación, denunció que fue «objeto de seguimiento y registro fotográfico, especialmente en Tegucigalpa dando cobertura a las protestas y la actividad en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y postas policiales». En este documento titulado «Bajo amenazas y hostigamientos seguiremos filmando, es nuestro deber» los directores Sam Vinal y Katia Lara exponen cómo durante una visita al TSE fueron «hostigados por militares, censurados por funcionarios del Tribunal y obligados a abandonar el lugar».

>> FIRMAR EL COMUNICADO <<

Además, el 6 de diciembre, tres corresponsales extranjeros fueron expulsados del país al llegar al puesto de migración, tras ser sometidos a largos interragotorios. Entre ellos, Reed Lindsay, quien había cubierto el golpe de estado del 2009 para Telesur y realizado el documental «Detrás del Golpe» sobre cómo la complicidad del gobierno de Estados Unidos en este ataque contra el gobierno de Manuel Zelaya.

EL FRAUDE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tardó casi dos semanas en divulgar los resultados finales de las Elecciones que fueron publicados hasta el 10 de diciembre: 42.98% para Juan Orlando Hernández del Partido Nacional y 41.38% para Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición a la Dictadura.

En las primeras horas y los primeros días después del cierre de la jornada electoral del 26, los resultados eran a favor de Salvador Nasralla con una ventaja de 5 puntos (45% VS 40%). El 28 de noviembre en la noche, seguía en primera posición pero sus resultados empezaban a bajar a cada actualización a favor de JOH. Aún así, el 29 noviembre, los analistas, y hasta el mismo TSE, seguían considerando que la tendencia inicial que favorecía a Nasralla era irreversible. El sistema de conteo del TSE se cayó tres veces durante el proceso y los resultados de JOH subían a cada reactivación.

Los primeros resultados divulgados por el TSE (TSE)

El 4 de diciembre, el TSE divulgó resultados casi finales (faltaban 0.04% de las mesas electorales registradas por procesar) casi identicos a los del 10 (42.98% VS 41.39%), desatando una ola de indignación y de sospechas de fraude a nivel nacional e internacional. «Exigimos la inmediata renuncia del gobierno tirano y usurpador de la voluntad popular», expresaba la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) en un comunicado publicado ese día. Instaba «a que de forma inmediata se instale un Gobierno Provisional el que funja hasta el 27 de enero de 2018 compuesto por integrantes del movimiento popular y de los sectores democráticos del país, mientras asuma el presidente Salvador Nasralla, electo legítimamente por el pueblo hondureño.»

 

El fraude no solo fue denunciado a nivel nacional sino internacional. «Hay indicios contundentes de fraude electoral en Honduras, y estos señalamientos deben ser investigados y debe respetarse la voluntad de los votantes», destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, el 11 de diciembre, llamando además a las autoridades hondureñas a «adoptar medidas inmediatas para garantizar la credibilidad de las elecciones generales y respetar el derecho a la protesta pacífica.»

El 12 de diciembre, la Alianza de Oposición contra la Dictadura entregó a las Misiones de Obseravción Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) las 14,364 actas de mesas electorales que representan al 80% transmitidas de forma remota desde los centros de votación de todo el país para que las revisen. Además, les entregó una carta en la que denuncia las irrregularidades del conteo, entre las cuales el no respeto del protocolo de seguridad durante el transporte de las actas en camión hacia el centro d conteo, y la clonación de actas.

LOS POLICÍAS EN HUELGA

El 4 de diciembre, los agentes del Escuadrón COBRAS de la Policía Nacional de Honduras anunciaron que dejarán de reprimir al pueblo y se mantendrán «encuartelados mientras no se resuelva este conflicto político». «Instamos al TSE, observadores internacionales, que respete la voluntad del pueblo hondureño expresado en las urnas, contando voto por voto en su totalidad para dar transparencia a este proceso electoral y que el pueblo este conforme», agregó el portavoz, haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas de Honduras, «institución hermana», a que hagan lo mismo.

«La dignidad y fuerza de la lucha del pueblo en en la calle es la que ha llevado a la Policía Nacional y al escuadrón COBRAS a deponer sus armas contra el pueblo», reaccionó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en un comunicado. «Saludamos esa digna acción y llamamos a las Fuerzas Armadas y demás cuerpos represivos del Estado a entender su papel como miembros del pueblo y su deber a respetar los mandatos del mismo», agregó la organización

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Defensores y defensoras de Derechos Humanos de todo el mundo levantan la voz contra el fraude y la represión:

Amnistía Internacional: «El gobierno hondureño está desplegando tácticas peligrosas e ilegales para silenciar las voces de disenso en el marco de una de las peores crisis políticas que ha atravesado el país en una década, entre otras, evitando que abogados o activistas de derechos humanos visiten a manifestantes detenidos, indicó Amnistía Internacional luego de una visita a Honduras después de las disputadas elecciones presidenciales del 26 de noviembre.»

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4): «Repudiamos la decisión de suspender las garantías constitucionales y responsabilizamos a todo el aparato de gobierno por los muertos y heridos durante las manifestaciones, así como por todo hecho de violencia que ocurra contra la población en el futuro. Es inaceptable que un gobierno violente impunemente una y otra vez a su pueblo y pretenda continuar dirigiendo a su país.»

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA): «Exigimos que el Tribunal Supremo Electoral deje de actuar y enturbiar el proceso electoral al demorar la información, y validar una caída del sistema que lo único que fomenta es su actuación sin transparencia y sin legalidad. Exigimos se respete la libre voluntad del pueblo hondureño para manifestarse de forma libre, plena y pacífica en las calles de Honduras, sin intromisión e intervención de las fuerzas armadas legales e ilegales del estado hondureño.»

Amigos de la Tierrra América Latina y el Caribe (ATALC): «Desde ATALC, llamamos a América Latina y al Caribe, y a las organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo a denunciar y evidenciar la Dictadura que se impone en Honduras, y que ahora pretende además con el Estado de Sitio despojar a las y los hondureños de sus derechos constitucionales, señalando a las y los opositores a la Dictadura (periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, etcétera) como terroristas y poniendo en mayor riesgo sus vidas.»

Movimiento de Afectados por Represas de América Latina (MAR): «Exigimos que cese la represión, al Congreso de la República que declare Inconstitucional el Estado de Sitio para el restablecimiento del Estado de Derecho en Honduras; a la OEA exigimos justicia y esclarecimiento del fraude electoral como lo demanda la Alianza de Oposición contra la Dictadura de Honduras.»

La Campaña Global para Desmantelar y Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el poder de las Transnacionales y poner fin a la impunidad: «Desde 2009, año del golpe contra Manuel Zelaya, Honduras es un país capturado por las empresas transnacionales (ETN), que han impuesto su poder en todos los asuntos de la sociedad  y del estado. El fraude que se concreta ahora es la consolidación del poder de las ETN, representadas en Juan Orlando Hernández, su partido y demás poderes asociados. La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a la Impunidad expresa su más profunda preocupación la situación en Honduras.»

En las Embajadas de Honduras de varias capitales del mundo, personas solidarias con el pueblo Hondureño expresaron su rechazo al Golpe de Estado:

Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 4 de diciembre

San Salvador, El Salvador, el 4 de diciembre

Ciudad de México, México, el 4 de diciembre

Más info:

Carta: Señor Videgaray, le llamamos a alzar la voz contra el fraude electoral y la represión en Honduras

EE UU se mantiene en silencio y libera millones de dólares en fondos a Honduras a pesar de muertes de manifestantes y denuncias de fraude en la represión electoral

Dibujos contra el Golpe de Estado en Honduras

AUDIO: Entrevista con Carlos H Reyes, del movimiento sindical hondureño, sobre las claves internas y externas del fraude electoral y la continuidad del Juan Orlando Hernández

AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras

Desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó: los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil alertan sobre creciente crisis humanitaria

Compartimos el comunicado de los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil sobre la situación de desplazamiento forzado en la que se encuentran más de 5.000 personas de Chenalhó y Chalchihuitán – A 12 de diciembre

CÓMO APOYAR:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

Foto: Radio Zapatista

San Cristóbal de las Casas, a 12 de diciembre 2017

           Desde la cercanía que nos da el ser parroquias vecinas de lengua Tsotsil, en continuidad con la declaración del 28 de noviembre del Consejo de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal, con grande preocupación e impotencia vemos crecer el conflicto entre los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán y consideramos indispensable dar a conocer a la opinión pública la situación que prevalece.

  1. La crisis humanitaria crece día con día por el desabasto, ya cercano a un mes, provocado por el bloqueo de los tres accesos al municipio de Chalchihuitán, sumado a los efectos de las lluvias, el frio y la condición de desplazamiento de numerosas familias, muy mayoritariamente del municipio de Chalchihuitán.
  2. Crecen los reportes de crecientes problemas de salud y el limitado acceso a servicios médicos y medicamentos ofrecidos por personas de la sociedad civil y alguna presencia puntual de personal de instituciones públicas. Se informa ya de algunas defunciones de niños y ancianos, por hambre o por enfermedad.
  3. La dotación de ayuda humanitaria de la diócesis y de la sociedad civil está siendo insuficiente, dada la magnitud de las necesidades y la dificultad para hacerla llegar hasta las personas desplazadas.
  4. Continúan los reportes de disparos que mantienen el nivel del miedo y la imposibilidad de retornar a sus viviendas para la mayoría de los desplazados.
  5. Los acuerdos de las autoridades de Chenalhó de permitir sólo paso peatonal no significaron alivio alguno para la población de Chalchihuitán, pues no permiten el paso seguro de vehículos con víveres, personas y gasolina.
  6. Aunque el gobierno estatal ha tomado algunas medidas para atender la emergencia alimentaria y sanitaria, ha sido insuficiente. Lo más grave es que no se ve que procure un proceso de solución de fondo del conflicto.
  7. El problema limítrofe entre Chenalhó y Chalchihuitán ha crecido hasta parecer inmanejable. Se anuncia como inminente la resolución del Tribunal Agrario sobre este conflicto, pero nos preocupa cuál sea su sentido. No basta un documento de escritorio desde la ciudad de México, sin un consenso armónico entre los pueblos. Sin esto, las consecuencias pueden ser graves.
  8. La larga historia de este conflicto demuestra que las sentencias judiciales, aisladas de la verdadera atención a los aspectos sociales del problema, no solo no lo resuelven, sino que lo pueden empeorar.
  9. Esto se hace evidente porque la asamblea de agentes municipales y comisariados convocados por la presidenta municipal Chenalhó, indicó el 5 de diciembre que «en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la Resolución Definitiva a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó» (Ver Acuerdo Segundo del acta de asamblea abajo)
  10. Un grupo armado ha puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán y no entendemos por qué las autoridades estatales y federales lo han permitido. Recibimos noticias de que los armados están obteniendo más armas y aumentan sus amenazas. Es imprescindible su contención, desarme y procesamiento judicial, para garantizar la desactivación de las causales del desplazamiento forzado en curso.
  11. Se da de hecho un estado de excepción en el que niegan los derechos fundamentales y las garantía individuales a los habitantes de todas las comunidades de Chalchihuitán y algunas de Chenalhó, y no se perciben pasos eficaces para establecer el estado de derecho mínimo en favor de esa población mexicana.

Todo esto hace evidente que urge una solución de fondo e integral al conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán que, sin desconocer la dimensión jurídica, la incorpore en un contexto más amplio que tome en cuenta los factores culturales, sociales e históricos.

Ya hubo en el pasado un intento serio de encontrar una solución justa y respetuosa de los derechos de ambos municipios, con la creación de un «Comité Técnico para la Atención del Conflicto de Límites entre las Comunidades de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán». Después de aproximadamente dos años de trabajo, ese esfuerzo se abandonó inexplicablemente.

Pensamos que hoy es posible recuperar el estudio encomendado por el Comité Técnico a un Grupo de estudio Interdisciplinario que en 2010 indicaba:

«Dado el estado actual de conflictividad social entre ambas comunidades, consideramos que ninguna resolución jurídica resulta aceptable para las dos partes en disputa, por lo que no será socialmente sostenible sino al contrario, puede terminar fortaleciendo los factores estructurales de tensión; cualquiera que fuera la resolución de los Tribunales, produce el riesgo de perpetuar la actual incertidumbre jurídica sobre todo el edificio de los dos procesos de RTBC (Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales)».[Recomendación no. 1 contenida en el Resumen Ejecutivo del Informe del GEI al Comité Técnico].

En otra Recomendación (No. 6) se afirma: «Consideramos inaplazable que se concerte y se instale una mesa de diálogo político y comisión tripartita, considerando en condiciones de equidad a los Bienes Comunales de Chenalhó y Chalchihuitán así como al Gobierno del Estado», pero no solo éstos sino otro actores coadyuvantes al proceso de diálogo tales como «ancianos y autoridades indígenas actuales y pasadas» y «expertos de la sociedad civil, así como de los organismos multilaterales especializados» (Recomendaciones 10 y 11).

Instamos al gobierno federal, al estatal y a los municipales a que retomen el camino de una solución integral al problema, dado que en esta ocasión el conflicto se ha agravado más que en ninguna otra ocasión que se recuerde, por la creciente participación de grupos armados.

Urgimos y, en nombre de las víctimas, exigimos, a las autoridades tres niveles de intervención inmediata:

  1. Reconocer el conflicto violento y el desplazamiento forzado, imponiendo y garantizando un alto a cualquier acto de violencia, con la consiguiente determinación de responsabilidades de las graves violaciones a los Derechos Humanos y a la Constitución.
  2. Garantizar de manera inmediata un convoy de ayuda humanitaria, suficiente y continua, hasta atender a total de las familias desplazadas de ambos municipios y los efectos del desabasto en la población de Chalchihuitán.
  3. Hacer un verdadero desagravio a los dos pueblos, puesto que el conflicto surge a partir de la intervención gubernamental federal y es acrecentado por los intereses de partidos políticos, como condición para instalar una impostergable mesa de diálogo de alto nivel, encabezada por el gobierno federal, con participación de la sociedad civil y otros actores institucionales.

Por los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil

Fray Gonzalo Ituarte Verduzco O.P.

Vicario de Justicia y Paz

Con la anuencia de

+ Felipe Arizmendi Esquivel

Administrador Apostólico de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

CÓMO APOYAR:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
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Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

Más info:

Comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas a 28 de noviembre 2017

Comunicado de la Misión de Observación de Derechos Humanos en Chalchihuitán a 13 de diciembre: «Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado»

Fallecen 4 niños y 2 adultos de Chlachiuitán, víctimas del desplazamiento forzado en Chiapas (Chiapas Paralelo)

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? (Radio Zapatista)

ueren otros 2 desplazados en Chalchihuitán: Iglesia Católica; suman 9

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://chiapas.quadratin.com.mx/principal/mueren-otros-2-desplazados-chalchihuitan-iglesia-catolica-suman-9/

Este contenido se encuentra protegido por la ley. Si lo cita, por favor mencione la fuente y haga un enlace a la nota original de donde usted lo ha tomado. Agencia Quadratín. Todos los Derechos Reservados © 2016.

Reunión de la OMC en Buenos Aires: Porqué los pueblos dicen «¡Fuera OMC!»

En junio 2017, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra firmamos la Declaración «Los pueblos nos ponemos de pie frente a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires» en el marco del Encuentro Nacional contra la OMC organizado en la capital argentina. LLamábamos a relizar una Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la OMC que está teniendo lugar ahora (10-13 de diciembre) en dicha ciudad, para fortalecer «la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza», «visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial».

Hoy, segundo día de la Conferencia y primer día de la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC – Construyendo Soberanía», les compartimos un artículo de Leandro Morgenfel, co-coordinador del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) de Estudios sobre Estados Unidos y miembro de la Confluencia «Fuera OMC», para entender la situación:

¿Por qué decimos NO a la OMC?

Por primera vez, la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio se hace en América del Sur. Las grandes corporaciones trasnacionales van a intentar imponer sus intereses. En paralelo, organizaciones sociales y políticas de todo el mundo nos movilizamos en Buenos Aires para rechazar la agenda de la OMC y debatir sobre las alternativas.

¿Qué es la OMC?

Al final de la Segunda Guerra Mundial surgieron nuevas instituciones multilaterales. En 1948, se estableció el Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT por sus siglas en inglés), que funcionó hasta 1994. Sus sucesivas rondas de negociación promovieron reglas para liberalizar el comercio de manufacturas, pero no el de bienes agrícolas y servicios. En efecto, se disminuyeron progresivamente las tarifas y barreras comerciales a escala global. En la Ronda Uruguay (1986-1994), corporaciones farmacéuticas y agropecuarias, entre otras, presionaron para incorporar nuevos temas comerciales. Se creó una nueva institución, la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Surgida en el particular contexto de la posguerra fría, la OMC fue el marco para garantizar que el proceso de acumulación del capital, tras el derrumbe del llamado «mundo socialista», operara a escala planetaria. Paralelamente, estos temas se fueron incorporando en los nuevos acuerdos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Hoy, la OMC está compuesta por 164 de los cerca de 200 países existentes. Su actual director general es un brasilero, Roberto Azevedo, pero la máxima autoridad del organismo es la Reunión Ministerial que se realiza cada dos años.

La XI Reunión Ministerial se realiza en Buenos Aires, Argentina, entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017. Allí, las grandes corporaciones de los países centrales pretenderán relanzar esta institución, luego de la parálisis de los mega-acuerdos regionales, generada, en parte, tras el Brexit y la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Intentarán que se dé por clausurada la Ronda de Doha, conocida como Ronda del Desarrollo, que se inició en 2001; también procurarán introducir nuevos temas en la agenda.

Más allá de estos objetivos, en la cumbre de la OMC se expondrán las contradicciones internas: por un lado, las críticas de Trump, que prefiere los acuerdos bilaterales y expresó su desdén hacia la OMC y otros organismos multilaterales; por el otro, las demandas de los países menos desarrollados, que no quieren dar por muerta la Ronda del Desarrollo; y, frente a ellas, las de las organizaciones sociales y políticas que proponen agendas alternativas.

A la vez que las corporaciones trasnacionales promovieron sus intereses en esta institución global, emergieron resistencias. En noviembre de 1999 se produjo la famosa «Batalla de Seattle», más de 40 mil manifestantes bloquearon la reunión ministerial, iniciando el movimiento por la alter-globalización. Cuatro años más tarde, en Cancún, hubo enormes protestas de organizaciones sindicales, ecologistas y campesinas, lideradas por La Vía Campesina, que lograron que colapsara la ministerial. Allí, los gobiernos de países no centrales, muchos de ellos perjudicados por los subsidios agrícolas de Estados Unidos, Europa y Japón, entendieron que antes que conseguir un mal acuerdo era mejor que no hubiera ninguno.

Ante la parálisis de las negociaciones multilaterales, las potencias impulsaron los tratados mega-regionales, que incorporan nuevos temas como la llamada «coherencia regulatoria»: ningún país miembro podría establecer una nueva regulación sin acordarla con los demás, afectando así la capacidad de los estados de desplegar políticas públicas, ya sea en materia laboral, medioambiental, de salud o educación.

En la XI Reunión Ministerial de la OMC, uno de los tópicos centrales será el de comercio electrónico. Como bien señalan Francisco Cantamutto y Mariano Treacy en un reciente artículo, «… la OMC busca abrir una nueva frontera de negocios como salida -siempre precaria- a la crisis global». De la mano de la revolución tecnológica en curso, las grandes multinacionales pretenden que la OMC en Buenos Aires sea sede de una globalización «recargada» donde se consolide la regulación de los «nuevos temas» como el comercio de servicios o la propiedad intelectual. En este sentido, uno de los puntos más peligrosos en curso es que se busca lograr una suerte de desregulación preventiva del comercio electrónico y del tráfico de datos.

Deborah James, coordinadora de la red Nuestro mundo no está en venta, explicó en un detallado análisis de la Ministerial de Buenos Aires de qué manera la agenda que intentan imponer los países ricos en la OMC refuerza las asimetrías a nivel global, en detrimento de los países menos desarrollados, a la vez que limita la posibilidad de que estos últimos, a través de políticas regulatorias, reduzcan esas diferencias. En su artículo «Malestar en el libro comercio», Clara Weinhardt y Fabian Bohnenberger explican las crecientes impugnaciones a la liberalización que promueve la OMC, «…la oposición pública frente a la liberalización del comercio en muchas sociedades occidentales se alimenta de la preocupación por su efecto en el proceso democrático de formulación de leyes, en especial si los acuerdos comerciales conducen a una erosión de las ‘regulaciones sociales’ tales como la protección al consumidor y los estándares laborales y medioambientales. Mientras tanto, en muchas regiones de países en desarrollo –como América Latina–, la preocupación por la privatización y la desregulación ya había conducido previamente a una crítica de la agenda de globalización neoliberal en respuesta al desempleo creciente».

La resistencia en Buenos Aires

Este año se conformó en la Argentina la Confluencia Fuera OMC, integrada por organizaciones y redes sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas que hace años rechazamos los acuerdos de libre comercio. Lo hicimos con el ALCA, hasta su derrota en 2005, y con los que se vienen negociando en los últimos años: Mercosur-Unión Europea, Transatlántico (TTIP), Transpacífico (TTP) y de Servicios (TISA).

El 24 de junio de 2017, se realizó en Buenos Aires el primer Encuentro Nacional para promover la Semana de Acción Global contra el libre comercio, que está teniendo lugar ahora mismo en la capital argentina, en forma paralela a la ministerial de la OMC. En julio, se dio a conocer nuestra primera Declaración, a la cual adhirieron numerosas organizaciones y redes de diversos países:

«Llamamos a los pueblos del mundo a movilizarse en el marco de la XI Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Argentina entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017. Para ello, convocamos a realizar una Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Buenos Aires que colabore en la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza, y que avance en visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial.

Entendemos que la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de movilizaciones y articulaciones, ya que esta institución representa los intereses de las empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los pueblos. Un hito en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, Estados Unidos, y que inspiró a un amplio movimiento de resistencias anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la gran movilización popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional.

Pretendemos, asimismo, que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional, sumándose en la recuperación de nuestra valiosa historia de organización social y política contra las múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital en los últimos años. 
La lucha contra el ALCA fue un proceso destacado de articulación continental, y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata, en 2005, habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de integración. Más de diez años después, es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas para movilizarnos contra la libertad corporativa y los privilegios de los inversionistas en la región. La libertad debe ser para las personas: la libertad de movilidad para los trabajadores, y no para los empresarios e inversionistas que especulan con nuestras riquezas sociales y naturales. En este contexto debemos discutir nuevamente la cuestión de las alternativas populares y la urgente necesidad de avanzar en proyectos que construyan nuevas formas de relaciones entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias» (..)

El 30 de septiembre se hizo un segundo encuentro y se lanzó la Confluencia Fuera OMC, que organiza ahora el Encuentro de los Pueblos contra el libre comercio y por las alternativas (11 y el 13 de diciembre) en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, e impulsa las movilizaciones que se realizarán durante esos días en la ciudad.

Recogiendo las mejores tradiciones de coordinación de las luchas globales, la Campaña está llamando a recuperar el espíritu de Mar del Plata, y de anteriores batallas, como la de Seattle y Cancún. Aquella lucha contra el proyecto hegemónico con el cual Estados Unidos pretendía consolidar su dominio continental, se ganó hace casi 12años.

>> Programa <<

Domingo 10 de diciembre. Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tomó la palabra durante el Festival «Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida» en la Plaza de los Congresos, Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

Lunes 11 de diciembre. Cecilia Olivet, de Transnational Institute (TNI), durante el Foro «Derechos y soberanía frente al libre comercio, la deuda y el poder corporativo» en el marco de la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC-Construyendo Soberanía»

Frente a la OMC y al G20: Foro Mundial del Pensamiento Crítico

La lucha contra la ministerial de la OMC atraerá la atención mundial hacia Buenos Aires; la Cumbre Presidencial del G20, que el presidente argentino Mauricio Macri insistió en que se realizara en la Argentina, también.

En 2016, se repudió la visita de Obama a la Argentina, que coincidió con el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Más allá de las masivas movilizaciones promovidas por los organismos de derechos humanos, hubo que soportar el enorme embelesamiento de la prensa hegemónica local con la familia Obama. Con Trump, la situación no será igual: si sobrevive a las iniciativas para realizarle un juicio político y todavía es presidente a mediados de 2018, visitará la Argentina para asistir a la Cumbre Presidencial del G20. Allí va a enfrentar en las calles concentraciones similares a las que se produjeron en Mar del Plata, durante la IV Cumbre de las Américas, en noviembre del 2005, con las consignas No al ALCA y Fuera Bush de Argentina y América Latina.

Enfrentamos grandes desafíos. Tanto los defensores de la globalización neoliberal como los nuevos líderes xenófobos de las potencias centrales defienden a los intereses de las grandes corporaciones. La llegada de Trump a la Casa Blanca es un gran peligro. Sus iniciativas misóginas, xenófobas, anti-obreras, plutocráticas, militaristas, injerencistas y contra cualquier protección del medio ambiente son una amenaza para el mundo entero, pero a la vez una oportunidad, por el rechazo que genera, para retomar el debate sobre nuevas agendas y estrategias, con una perspectiva antiimperialista y anticapitalista. También, para ampliar la coordinación y cooperación políticas, confluyendo con las organizaciones populares que lo enfrentan en Estados Unidos.

Trump expresa descarnadamente el afán de dominio imperial de Estados Unidos sobre Nuestra América. Y eso puede incrementar aún más el rechazo a la subordinación claudicante que proponen las derechas regionales como único camino posible. Pero esto, de ninguna manera, debe llevarnos a abrazar la estrategia neoliberal que, en contra del discurso de Trump, edulcora y promociona una agenda corporativa que sólo beneficia al 1% que concentra cada vez más riquezas a expensas del resto de la sociedad y de la depredación de los bienes comunes de la tierra. Más “libre comercio” no equivale a más desarrollo, ni a menos pobreza ni a menor desigualdad. Las opciones que nos ofrecen los defensores de la OMC y los críticos como Trump son en realidad funcionales a distintas fracciones de las clases dominantes de los países centrales. Frente a ese escenario, la salida no es optar por esa falsa disyuntiva, ni limitarse a aceptar meras reformas cosméticas de la OMC, sino avanzar en la construcción de un orden social menos desigual y depredatorio.

El gran desafío para las izquierdas, los movimientos populares y las fuerzas progresistas, es articular las luchas globales, regionales y nacionales –»pensar global y actual local»-, y ofrecer una alternativa favorable a nuestros pueblos y a la preservación de los bienes comunes de la tierra. La lucha contra los mega-acuerdos de libre comercio y la agenda pro corporaciones que promueven las potencias en la OMC y el G20 es una oportunidad para coordinar con las organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, migrantes, LGBT y de derechos humanos que resisten en todo el mundo.

En noviembre de 2018 se realizará también en Buenos Aires el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, impulsado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Esa cita, sin lugar a dudas, será un acontecimiento histórico, no sólo para enfrentar la ofensiva del capital contra el trabajo a escala global sino para avanzar en la construcción de nuestras agendas alternativas.

Más información:

La página web de la Confluencia «Fuera OMC»

Argentina: Carta a Macri tras su decisión de excluir a activistas y expertos de la Conferencia de la OMC en Buenos Aires

Nuestra América XXI, Desafíos y Alternativas – con artículos sobre la OMC en Argentina

Reconstrucción post-sismo en la Costa de Chiapas: Voluntariado del 19 al 22 de diciembre y del 2 al 5 de enero

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y el Colectivo Bio-Reconstruye Chiapas necesitan entre 10 y 15 voluntari@s del 19 al 22 de diciembre y del 2 al 5 de enero para producir adobe en la comunidad de Nueva Urbina, municipio de Pijijiapan, zona costa de Chiapas, con el fin de apoyar a Tomás y Lupita a reconstruir su casa tras el sismo del 7 de septiembre 2017.

>> Regístrate: cambalache@autoproduzioni.net <<

 

>> DESCARGAR Y DIFUNDIR EL AUDIO DE LA CONVOCATORIA <<

Tras el sismo del 7 de septiembre que golpeó la Costa de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y el Colectivo Bioreconstruye Chiapas visitaron las comunidades afectadas de los municipios de Tonalá y Pijijiapan para evaluar daños en las viviendas, tanto parciales como totales. «Después de haber hecho todo un diagnóstico de necesidades, de platicar con la gente y conocer a las familias afectadas, hemos llegado a la conclusión, junto con la gente local, de que hay una voluntad de recuperar la tradición constructiva local, que es el adobe«, explica Marianne Decorme, arquitecta e integrante del Colectivo Bio-Reconstruye Chiapas.

El adobe es una mezcla de la arcilla con arena y paja moldeada en forma de ladrillo. Es con este material que Tomás y Lupita, pareja de la comunidad de Nueva urbina (Pijijiapan), quieren reconstruir su casa ahora. La casa, co-diseñada con Bio-Reconstruye Chiapas, medirá 68 metros cuadrados. «La intención para esta casa es aprovechar los recursos que ellos recibieron del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para que no se usen solamente para construir una casa de bloc sino para ir fortaleciendo todo el sistema constructivo de adobe, con una buena cimentación, un bien piso, una cubierta digna y buena ventilación», agrega Marianne.

Tras recibir un acompañamiento técnico, Tomás, Lupita y sus familiares hicieron el trazo de la casa, excavaron y cimentaron una parte, además de fabricar los moldes de adobe. Del 27 al 29 de noviembre, produjeron 100 adobes y del 5 al 8 de diciembre un primer grupo de voluntarios llegó a apoyarles para producir otros 277.

¡Pero falta producir 1623 adobes para llegar a un total de 2000! Se necesita entre 10-15 voluntarios para producirlos, además de apoyar en sacar los escombros de la otra parte de la casa aún no excavada.

No se requiere ninguna experiencia en construcción. Los organizadores ofrecen el transporte desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas hasta Nueva Urbina, el alojamiento en una zona de camping (es importante llevar su casa de campaña o su hamaca) y la alimentación.

«Esto es una oportunidad para conocer la técnica constructiva tradicional de la región que es el adobe, en un ambiente de compañerismo y de solidaridad, apoyando un proceso autónomo y autogestivo», concluye Marianne.

FOTOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE TOMÁS Y LUPITA (4-8 DE DICIEMBRE):

Crédito: Bio-Reconstruye Chiapas

AUDIO: Ayúdanos a construir un albergue en nuestro centro ecológico «Alter Natos»

Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, dio una entrevista al programa Kilombo de la Radio Ibero 90.9 el 30 de noviembre 2017, para dar a conocer nuestra campaña de recaudación de fondos con la que buscamos financiar la construcción de una albergue de 320 metros cuadrados en materiales naturales en donde recibiremos a tod@s l@s quienes quieran compartir alternativas en nuestro Centro Ecológico Alternativo «Alter Natos».

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Kilombo: Qué tipo de actividades realiza el centro ecológico alternativo «Alter Natos» en Chiapas?

Claudia Ramos: Otros Mundos A.C. somos una organización que forma parte de la federación Amigos de la Tierra Internacional. Tenemos 10 años de estar constituidos en San Cristobal de las Casas, Chiapas, caminando junto a las comunidades y organizaciones campesinas en la defensa de los ríos, la soberanía alimentaria, la salud, la tierra y los territorios ante la depredación del sistema capitalista.

Este acompañamiento y este análisis nos han llevado a dar seguimiento a procesos de resistencia en contra de megaproyectos como minería y represas y a darnos cuenta de que no podemos estar solo resistiendo frente al modelo, sino que debemos generar alternativas. Muchas ya están desarrolladas desde los pueblos y las podemos compartir. De allí nace nuestra propuesta de los «Alter Natos» que son formas de vida diferentes al modelo dominante, que nacen desde abajo, desde los pueblos.

Para esto, desde febrero 2015, hemos iniciado la creación de este centro ecológico alternativo «Alter Natos» como un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo. El centro tiene la particularidad de estar construido con materiales naturales y ecotecnologías que están en harmonía con el entorno. Contamos con sistemas de captación de agua de lluvia, manejo de residuos sólidos con baños secos, etc.

Queremos brindar opciones compartidas y espacios de construcción compartidos que se pueden vivir desde los mismos centros urbanos. Aunque San Cristóbal de las Casas es una ciudad pequeña, tiene también muchos problemas de tratamiento de agua, de construcción convencional con mampostería y cemento y las minas de arena que tenemos alrededor de la ciudad son un gran problema. El centro «Alter Natos», aunque está ubicado en las afueras de la ciudad, representa una alternativa ante lo avasallador de los sistemas de construcción convencionales y demuestra que en los espacios urbanos, otras formas de vivir y de relacionarnos con nuestro medio son posibles.

Kilombo: En este centro se pretende ampliar los servicios construyendo un albergue y para eso están solicitando la ayuda de la gente.

Claudia Ramos: Hasta ahora hemos avanzado un 75% del centro. Ahora necesitamos apoyo para construir el albergue de 320 metros cuadrados para 40 personas con 10 habitaciones compartidas que recibiría mucha gente en este espacio de intercambio que será «Alter Natos». Recibimos a muchas personas en el Centro cuando se organizan talleres, por ejemplo ahora mismo se está dando un taller de construcción con barro allí.En la página web de Otros Mundos A.C., encontrarán información sobre cómo pueden ayudarnos a construir este sueño.

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