Gustavo Castro: «¿Qué hijos vamos a dejarle a este mundo?»

Artículo de Eleuterio Gabón, publicado en Rebelión el 31 de enero 2018

El activista mexicano Gustavo Castro se encontraba con Berta Cáceres cuando fue asesinada en Honduras. A él lo dieron por muerto en el ataque. Hablamos con él sobre las políticas extractivistas, sobre las multinacionales, sobre la lucha por la defensa de la tierra y los derechos humanos, sobre los procesos de resistencia y la solidaridad entre los pueblos.

Gustavo Castro es un activista mexicano defensor de derechos humanos. En marzo de 2016 fue invitado por el COPINH en Honduras para dar unos talleres de formación a sus miembros. Durante su estancia se hospedó en casa de Berta Cáceres. La noche en que la asesinaron también le dispararon a él, lo dieron por muerto pero sólo estaba herido. A la espera de que se resuelva el crimen por el asesinato de su compañera, aprovechamos su paso por Valencia para tener un coloquio con él y con varias compañeras en lucha por la defensa de la tierra y los derechos humanos. Lo que aquí recogemos son las historias, reflexiones e ideas que nos dejó su conversación.

La humanidad entera viaja toda en el mismo tren. Un tren enorme, rápido, que sigue su camino con determinación. En este tren hay vagones de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta clase. Incluso hay, y no son pocos, quienes viajan agarrados como pueden por fuera o trepados al techo de los vagones.

Son estos quienes primero advierten que apenas a unos 500 metros, hay en la vía un socavón enorme hacia el que el tren se dirige a toda velocidad. De continuar así, se precipitarán inevitablemente hacia el abismo. Son pues, los más pobres, los viajeros marginados, quienes dan la voz de alarma.

«La progresiva implantación de los tratados de libre comercio en América Latina está suponiendo la criminalización de los defensores de derechos humanos, el aumento de los despojos y el saqueo en los territorios de nuestros pueblos y países. Hablo de mi país México. Un ejemplo: De 2000 a 2011 se ha extraído más oro, que en 300 años de colonia. Les daré otro: antes del tratado de libre comercio aprobado en 1994, 100 millones de personas comían maíz cuya producción era en un 90% autóctona. Hoy el abastecimiento de maíz proviene mayoritariamente de empresas extranjeras.

Con los acuerdos comenzaron las facilidades otorgadas por los gobiernos para las inversiones de las grandes multinacionales. Aparece la precariedad laboral, se destruye el empleo, aumenta el paro y la consiguiente migración hacia EEUU. Se privatizan los recursos, los servicios, las empresas nacionales, todo está en venta. Como resultado el Estado se queda sin ingresos y comienza a subir los impuestos y a recortar en sanidad y educación, los derechos también se van privatizando.»

Ante el desastre inminente la gente se apresura a movilizarse e intenta dar soluciones. Hay que avisar al maquinista, decirle que se pare, que detenga el tren. Pero eso es imposible, para llegar hasta el maquinista hay que atravesar todos los vagones, ir pidiendo permisos para pasar de uno a otro. Además, el maquinista es un mandado, hay que rellenar solicitudes, hacer requerimientos para hablar con quienes dan las ordenes y lograr que manden al maquinista detener el tren. Demasiado complejo, ya no llegamos.

Hay quien arguye que no puede ser decisión de unos pocos el tomar una resolución tan importante y que repercute en todos, en la humanidad entera. Es necesario comenzar a convocar asambleas en cada vagón para que la gente debata, opine y tome resoluciones que puedan después ser puestas en común en una asamblea general por los representantes de cada vagón. ¡Uy, no! Pues ya quedan 400 metros, tampoco nos da para organizar todo eso.

«Además de los EEUU y Canadá, la Unión Europea comienza a participar de los tratados de libre comercio, no quiere quedarse fuera, tampoco China. Las empresas europeas se especializan en proyectos de mineras, represas e hidroeléctricas. Estos se suman a otros grandes negocios de saqueo y de muerte: monocultivos de aceite de palma, de maíz y soja transgénica, minas a cielo abierto, extractivismo, fracking, petróleo, maquilas… Todas las multinacionales tienen la misma consigna: poder extraer la mayor cantidad de riqueza con los mínimos impedimentos legales. Son los principios del neoliberalismo.

Esto sucede en toda Latinoamérica: las mismas multinacionales y las mismas políticas neoliberales. También van llegando a Europa. En pocos años y al amparo de la crisis económica, las multinacionales han aprovechado las deudas de los países para invertir sin cortapisas. Su presión consigue modificar legislaciones, constituciones, eliminar derechos laborales, liberar servicios, privatizar territorios y derechos. La amenaza no se sufre en todos lados con la misma intensidad pero es global.»

Siguen las propuestas y las discusiones a penas a 300 metros para llegar al gran socavón que pondrá fin a la historia del tren de la humanidad. El problema es que hay que informar a la gente de lo que está pasando para poder revertir la situación. Hay quienes nunca han salido de su vagón, ni se han levantado de su asiento, ni siquiera han mirado por la ventanilla. Podemos montar antenas en cada vagón y emitir por radio contando lo que sucede, la gente reaccionará. Aunque reaccionaran, no queda tiempo para todo eso.

Pues cambiemos el combustible del tren para que no contamine tanto, para que vaya más lento, reduzca la velocidad y nos dé tiempo a pensar mejor las cosas. Pero es igual, aunque vaya más lento, la dirección es la misma y vamos derechitos al precipicio.

«Así es el tren del progreso, la ola neoliberal que se viene, la lógica de la explotación en la que los recursos se agotan, el clima se pervierte, la tierra se destruye y los humanos que no producen o no consumen, sobran y mueren o se les deja morir o se les mata. Los llamados gobiernos del cambio que surgieron en América Latina en la década del 2000 paliaron algunas desigualdades pero fueron cambios de chofer en el mismo tren, el mismo modelo. Políticas desarrollistas, izquierda capitalista…

Mientras, en nuestros territorios a la tierra se la asfixia, al agua se la envenena, el ganado se muere, los niños salen con ronchas tras bañarse en ríos contaminados. En las comunidades se da la división entre quienes resisten y quienes colaboran con las multinacionales. Mariano Abarca fue de los que resistió y acabó en la cárcel con falsas imputaciones. Los abogados y defensores lograron sacarlo. Lo mataron a la puerta de su casa en Chiapas. En Oaxaca mataron a Bernardo…

A los gobiernos les resulta más barato criminalizar la protesta que pagar las indemnizaciones que supone quitarles los proyectos a las empresas. Protestar es oponerse al progreso inevitable, a quienes se oponen se les considera poco menos que terroristas. La recién aprobada Ley de Seguridad Interior mexicana, permitirá la intervención del ejército cuando se considere que existe una amenaza al orden social…»

Apenas queda ya tiempo, unos 100 metros para el fatal desenlace… ¿Y si probamos parar el tren tratando de frenarlo con nuestros propios pies? Pues la mitad vamos a perder la pierna sin lograr nada. Lo que hay que hacer es tomar el control por la fuerza, llegar hasta el maquinista, sacarlo y ponernos a los mandos nosotros. Pero es que somos gente pacífica, no queremos causar violencia contra nadie, defendemos los derechos humanos para todas las personas. No, eso tampoco puede ser.

«Hay mucha violencia porque hay una gran resistencia. Los pueblos están en resistencia ante la agresión a los territorios. Las mujeres están encabezando estas protestas. Nacen alternativas al modelo hegemónico; asambleas, monedas locales, huertos urbanos, intercambios locales, colectivizaciones, otros tipos de educación, de cuidados… Tratamos de crear autonomía, de estar juntos luchando, resistiendo, aprendiendo, conviviendo. La violencia es grande porque somos muchos y nos tienen miedo. Por eso es importante que, a pesar de las agresiones, seamos capaces de vivir, de compartir, de estar alegres, de divertirnos, de mantener la esperanza. Y la gente así lo hace.

Y no queda de otra, no se engañen. Hay que salirse del sistema, saltar del tren en marcha, aunque no todos sobrevivan a la caída… como le pasó a Bertita…

La mejor forma de solidaridad entre los pueblos es defender lo que cada uno tiene en su entorno, así es como mejor podemos resistir juntos a un mismo enemigo, así es como mejor podemos ayudarnos. Luchar, resistir con mucha alegría, con mucha esperanza. Así es como crearemos un mejor futuro. Porque no se trata de pensar qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. La pregunta acertada, la lanzó una anciana chiapaneca en su asamblea: ¿Qué hijos le vamos a dejar a este mundo?.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Este artículo también fue publicado en El Salto y Desinformémonos

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Chiapas: LLaman a defender los humedales de San Cristóbal de las Casas ante los intereses privados

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

En el marco del Día Mundial de los Humedales celebrado cada 2 de febrero, la Red por el cuidado de la vida y la Madre Tierra del Valle de Jovel organizó este viernes un foro informativo en la Plaza de la Paz de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para denunciar el «ecocidio» que se está actualmente perpetrando en la ciudad.

«Con profunda tristeza manifestamos nuestra preocupación por el profundo deterioro de los humedales de montaña en San Cristóbal de las Casas», declaró la Red en un pronunciamiento leído ante mas de cincuenta personas. «En el año 1528 en el Valle de Jovel existían más de 2500 hectáreas de humedales, actualmente existen alrededor de 400 hectáreas, las cuales se encuentran llenas de cascajo, basura, y el agua contaminada por aceites», denuncia la red en su declaración. (ver la declaración completa abajo)

Foro en el marco del Día Mundial de los Humedales en San Cristóbal de las Casas el 2 de febrero 2018 (Foto: Otros Mundos A.C.)

La Red, que representa a varios barrios y colonias de San Cristóbal de las Casas, organizaciones de la sociedad civil como el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH) y Comunidades eclesiales de base, instaló una exposición fotográfica en frente de la Catedral, en la que se visibilizó la destrucción de los humedales de montaña María Eugenia y de la Kisst, dos Áreas Naturales Protegidas muy importantes para la ciudad en términos de abastecimiento en agua y retención de agua de lluvias. Además albergan especies endémicas como el pez popoyote (Profundulus hildebrandi). A pesar de haber sido incorporados a la lista de los humedales de importancia internacional «Ramsar» en el 2012, están siendo víctimas de la multiplicación de permisos de construcción de locales comerciales y fraccionamientos de viviendas.

«Nuestra intención es generar conciencia dentro de la población sobre la necesidad de cuidar nuestros humedales y evidenciar el grave daño que los intereses privados les están causando», comentó Nicolás Gómez, habitante de la colonia FTSE 2001 y representante de la Red. «Además queremos invitar a la gente que conoce más el centro de la ciudad a darse cuenta de la importancia de los bosques y los ríos que se encuentran en los alrededores».

Humedal de la Kisst (Foto: León Ávila)

Aplanado para construcción en frente de Salsipuedes en zona de los humedales de María Eugenia
(Foto: León Ávila)

Los humedales de montaña María Eugenia ofrecen el 70% del agua bombeado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) de San Cristóbal de las Casas y el Estado mexicano tiene la obligación de cuidarlos por estar en la lista «Ramsar». Sin embargo, han sido alterados en más de 15 puntos, por rellenos, aplanaciones o construcciones, con superficies que van desde 100 metros cuadrados hasta 5 hectáreas.

Los 15 puntos de alteración de los humedales de montaña María Eugenia

Construcción de locales comerciales en frente de la UNICH en la zona de los humedales de María Eugenia
(Foto: León Ávila)

En la última foto, se puede observar la maquinaria con la que se pretendió a principios de este año construir locales comerciales en frente de la UNICH. Ante este acto de destrucción, representantes de 20 colonias del sur, norte y oriente de San Cristóbal de las Casas se juntaron el pasado 10 de enero para clausurar simbólicamente esta obra para la cual la familia Rovelo (Héctor Rovelo funge como secretario adjunto del PRI estatal) había recibido un permiso ilegal por parte del municipio. Dos días después, la obra se suspendió.

«Esta suspension se logró gracias a la movilización de la sociedad civil», comenta León Ávila, representante de la colonia FSTSE 2001 quien participó en la protesta. Precisa que sigue en pie la demanda que los habitantes de San Cristóbal de las Casas interpusieron ante la PROFEPA contra los constructores de estos locales.

Suspensión de la construcción de locales comerciales en frente de la UNICH (Foto: León Ávila)

>> Declaración de la Red por el cuidado de la vida y la Madre Tierra del Valle – 2 de febreo 2018 <<

Informe: 312 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el mundo en 2017

«Informe anual sobre defensore/as de derechos humanos en riesgo» publicado el 22 de enero 2018 por Front Line Defenders, una ONG con sede en Dublin, Irlanda, que brinda ayuda a defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo

  • En el año 2017, Front Line Defenders recibió información sobre el asesinato de 312 defensores/as en 27 países.
  • El 80% de los asesinatos tuvo lugar en solo cuatro países: Colombia (91 asesinatos), Brasil (65 asesinatos), Filipinas (60 asesinatos) y México (31 asesinatos).
  • El 67% de las y los defensores asesinados defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas.
  • El 84% habían recibido al menos una amenaza antes de su muerte.
  • Las técnicas de difamación, intimidación y amenaza fueron generalmente más utilizadas contra las defensoras que contra sus homólogos masculinos.

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Panorama Global

En un contexto mundial extremadamente polémico en el que el avance de los derechos humanos ha puesto cada vez más en entredicho a dictadores, conservadores religiosos y grandes capitales, se ha llevado a cabo una estrategia coordinada y con amplios recursos de difamación, criminalización y violencia para intimidar, marginar y silenciar a los/as defensores/as de derechos humanos (DDH). El coste humano ha sido alto. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, hoy hay más DDH que nunca trabajando en un mayor número de asuntos y países.

En el año 2017, Front Line Defenders recibió información sobre el asesinato de 312 defensores/as en 27 países. (Esta cifra representa el número de personas que trabajaban pacíficamente en la defensa de los derechos humanos de otras personas y que fueron asesinadas en 2017. No incluye a aquellas personas que trabajaban en asuntos que, por muy elogiables y positivos que puedan ser, no son reconocidos como derechos humanos por el derecho internacional.)

Sin embargo, la criminalización siguió siendo la estrategia más común utilizada para obstaculizar y deslegitimar el trabajo de los/as defensores/as. Miles de DDH fueron objeto de detenciones, acusaciones falsas, sometidos/as a procesos legales largos, costosos e injustos y, en algunos casos, condenados/as a largas penas de prisión. La ola de legislaciones restrictivas utilizadas para perseguir a DDH y medios independientes continuó en 2017 y tanto las tácticas cuasilegales como aquellas más violentas utilizadas por los opresores estuvieron acompañadas de campañas difamatorias profesionales que contaban con amplios recursos.

El número de asesinatos de defensores/as de derechos humanos siguió siendo verdaderamente alarmante y la débil respuesta tanto de Gobiernos nacionales como de la comunidad internacional ofrece un panorama de cambio poco esperanzador a corto plazo. El 80% de los asesinatos tuvo lugar en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.

El análisis sobre el trabajo que realizaban las personas asesinadas es muy revelador: el 67% defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas. En muchos países, los Gobiernos y las fuerzas de seguridad se mostraron, en el mejor de los casos, impasibles ante las amenazas y ataques sufridos por los/as DDH, y, en el peor de los casos, fueron las mismas fuerzas de seguridad del Estado las responsables de los asesinatos. La mayoría de los inversionistas internacionales y empresas matrices que iniciaron y posibilitaron tales proyectos con sus fondos y apoyo, siguen sin considerar a los líderes de las comunidades locales y a los/as DDH como actores clave a los que deben consultar a la hora de planificar los proyectos. Esta falta de consulta aumenta el riesgo de una futura confrontación y, al no hacerlo, las compañías no reciben señales de alerta temprana cuando surgen conflictos en áreas locales.

De los casos sobre los cuales Front Line Defenders pudo recopilar datos sobre amenazas previas, el 84% de las y los defensores asesinados habían recibido al menos una amenaza antes de su muerte. Por tanto, es importante destacar que si la policía hubiese tomado medidas preventivas en una fase temprana, los ataques podrían haberse reducido drásticamente.

La impunidad por los actos de violencia contra DDH sigue posibilitando un entorno de asesinatos frecuentes. De los casos sobre los que Front Line Defenders ha recopilado información, solo el 12% resultó en el arresto de las personas sospechosas. Los niveles de impunidad existentes quedan evidenciados en un caso que tuvo lugar en Guatemala en abril, cuando un tribunal absolvió al jefe de seguridad de una mina -entonces propiedad de la compañía canadiense Hudbay Minerals-  por el asesinato del DDH indígena Adolfo Ich, y de haber disparado a German Chub, otro DDH en 2009. La absolución se produjo a pesar de la evidencia de un testigo que relacionó al acusado con el tiroteo, y de las pruebas balísticas y forenses que lo ubicaron en la escena del crimen. Tras el fallo, el juez solicitó que se iniciaran acciones penales contra muchos de los responsables de la acusación, incluida la viuda del DDH por presunta «obstrucción a la justicia y falsificación de información». La familia del defensor fallecido ha sido objeto de intimidaciones en los últimos tres años, tales como disparos efectuados junto a su casa mientras dormían.

El mundo de los derechos humanos sufrió una cruel pérdida en julio, cuando el ganador del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, falleció en China de cáncer de hígado en el octavo año de una sentencia de 11 años de prisión. Desarrolló el cáncer algo después de su encarcelamiento en 2009. Sin embargo, los funcionarios de la prisión no le proporcionaron la suficiente atención médica. Finalmente, los médicos lo evaluaron a finales de mayo de 2017 y le diagnosticaron la enfermedad; pero, para entonces, el cáncer de Liu Xiaobo ya había alcanzado una fase terminal. En ese momento fue trasladado al hospital, pero no fue liberado, permaneciendo bajo estricta vigilancia. Su esposa, Liu Xia, permaneció bajo arresto domiciliario incluso después de su muerte, a pesar de nunca haber sido acusada, imputada o condenada por ningún delito. Liu Xiaobo fue el primer premio nobel en morir bajo custodia desde que en 1935 muriera bajo custodia nazi en un hospital Carl von Ossietzky, un pacifista y disidente alemán. El trato y la muerte de Liu fueron, como señaló el Representante Especial de la UE Stavros Lambrinidis en la Plataforma de Dublín para defensores/as de derechos humanos, «un vergonzoso, vergonzoso ejemplo que China da a su pueblo y al mundo». Privar a los/as DDH que se encuentran bajo arresto de la atención médica necesaria es una tendencia recurrente así como una herramienta más del arsenal de los Estados represivos para castigarlos/as. Noviembre fue testigo de la muerte en Egipto del defensor de derechos humanos nubio Gamal Sorour debido a una negligencia médica. Gamal se encontraba en prisión tras haber sido arrestado por participar en una protesta pacífica.

En todas las regiones del mundo, la criminalización siguió siendo la técnica más comúnmente utilizada por los Gobiernos para frenar el trabajo de los/as DDH y deslegitimarlos ante sus comunidades. Estos se sirvieron de numerosas acusaciones falsas para encarcelar a los/as DDH, a quienes veían como una amenaza tal que intentaron encarcelarlos de por vida, o incluso algo peor. En varios países, los/as DDH fueron acusados/as de delitos como «librar una guerra contra el Estado» y de «secesión», cargos castigados con pena de muerte. El hecho de que en dos países -Sudán y Camerún- DDH recibieran indultos presidenciales por estas graves acusaciones solo sirvió para poner de manifiesto lo absurdo de las acusaciones.

Los Estados siguieron utilizando leyes antiterroristas que permiten un amplio margen de interpretación para perseguir a los/as defensores/as e intentaron declarar o prolongar estados de emergencia durante períodos de tiempo indefinidos tras ataques terroristas. En su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo señaló con preocupación «la proliferación de estados de emergencia permanentes y la normalización de poderes excepcionales de seguridad nacional en el marco de sistemas jurídicos comunes». Turquía fue un claro ejemplo de ello, donde el continuado estado de emergencia declarado a raíz del intento de golpe de Estado a mediados de 2016 posibilitó la detención de cientos de DDH, entre ellos diez activistas que asistieron a un taller sobre derechos humanos y fueron acusados/as de apoyar el terrorismo.

En otras partes del mundo, aquellos/as defensores/as que organizaron protestas, defendieron tierras ancestrales o documentaron violaciones de derechos a raíz del uso de fuerza por parte de la policía para dispersar reuniones, fueron regularmente objeto de detenciones, amenazas y acoso. El uso de la violencia como «primer recurso» para reprimir a personas que ejercen pacíficamente su libertad de reunión ha sido cada vez más común. Esto se ha visto claramente en África, Asia, América, la región MENA y Europa, donde la policía española hizo uso de una fuerza excesiva contra personas que pacíficamente se mostraron partidarias de la independencia de Catalunya. También se produjo un aumento de la persecución de observadores/as internacionales y de organizaciones que tratan de documentar las violaciones de derechos humanos. En Bielorrusia, 58 observadores/as internacionales, entre ellos/as una integrante del personal de Front Line Defenders, fueron detenidos/as por unas horas e interrogados/as por la policía cuando se preparaban para observar una manifestación pacífica. Global Witness fue objeto de una campaña difamatoria en Honduras (en la que también se mencionó a Front Line Defenders y Oxfam). Dicha campaña acusaba a la organización de tener intereses políticos en su trabajo de apoyo a los/as defensores/as de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, haciéndose eco de una acusación utilizada frecuentemente contra los/as DDH.

Los Gobiernos siguieron utilizando el discurso de que el monitoreo de su historial de derechos humanos constituye una «injerencia extranjera en sus asuntos internos», ignorando así en gran medida las normas internacionales que voluntariamente han aceptado. Cuando medios de comunicación controlados por el Estado difunden campañas incendiarias defendiendo estos sentimientos y miles de tertulianos fervientemente patrióticos se hacen eco de tales acusaciones en Internet, el mero acto de cuestionar la política del Gobierno o señalar violaciones de derechos humanos se vuelve extremadamente peligroso. Los/as defensores/as se enfrentan a un bombardeo de correos cargados de odio y amenazas, así como a un mayor riesgo de ser atacados en espacios públicos después de que sus fotografías e información personal sean publicadas online. Una defensora de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de Indonesia informó haber recibido más de 500 comentarios violentos a raíz de un poema que publicó online en el que repudiaba un tweet anti-LGBTI por parte de un ministro. Otro efecto (y objetivo) de difamar a los/as DDH es aislarlos y alejarlos del público en general, creando una brecha entre ellos y aquellas personas por cuyos derechos luchan. De esta forma, los Gobiernos pueden retratarlos/as como enemigos públicos, desviando convenientemente la atención de sus propias deficiencias.

Otra táctica comúnmente utilizada por los Gobiernos ha sido la de aislar a los/as DDH de sus aliados internacionales, mediante prohibiciones de viaje y legislaciones que restringen la financiación extranjera de las ONG con el fin de limitar su contacto con agentes internacionales. Las represalias contra personas que están en contacto con mecanismos internacionales de derechos humanos siguieron siendo un motivo de gran preocupación. El informe del Secretario General de las Naciones Unidas a la Asamblea General de septiembre en el que se mencionaba a 26 países que habían tomado represalias fue bien recibido al llamar la atención sobre este tema. Sin embargo, es probable que las represalias sigan produciéndose a menos que el Consejo de Derechos Humanos cuente con un medio para sancionar a los países que sistemáticamente obstaculizan la libre cooperación de los/as defensores/as con la ONU.

Las técnicas de difamación, intimidación y amenaza fueron generalmente más utilizadas contra las defensoras que contra sus homólogos masculinos y, a menudo, contenían una dimensión de género; el 23% de los llamados urgentes emitidos
por Front Line Defenders en 2017 estuvieron relacionados con amenazas o intimidación a las defensoras por su trabajo, en comparación con el 10% de sus contrapartes masculinos. En algunos casos se trataba de amenazas de violencia sexual; en julio, Siti Kasim, defensora de derechos humanos y abogada de Malasia, recibió amenazas online de violación, muerte y agresión con ácido a raíz de unos comentarios que hizo en defensa de los derechos LGBTI. En Baréin, la policía amenazó a Ebtisam al-Saegh con violarla si no detenía su trabajo de defensa de los derechos humanos. Además, fue objeto de una agresión sexual mientras se encontraba bajo custodia policial, aparentemente en represalia por su cooperación con los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Los/as hijos/as de las defensoras también fueron objeto de amenazas, como en el caso de la hija de María Leonilda Ravelo Grimaldo en Colombia, quien fue encañonada por dos hombres en una moto. En 2017, predominaron en todas las regiones mecanismos añadidos de persecución de las defensoras con un componente de género. Además de eso, son frecuentemente discriminadas dentro del propio movimiento de derechos humanos al desafiar normas culturales y sociales en su participación pública de defensa de los derechos humanos.

La represión de los Estados siguió extendiéndose a terceros países, donde los/as DDH fueron objeto de vigilancia, acoso y ataques por su labor de defensa de los derechos humanos, algo que ha puesto de manifiesto una preocupación cada vez mayor por la autocensura. En mayo, el periodista de investigación exiliado Afgan Mukhtarli fue secuestrado y conducido a través de la frontera desde Georgia hasta Azerbaiyán, donde apareció 24 horas después bajo custodia policial. Ese mismo mes, un grupo de defensores/as egipcios/as que participaban en una reunión sobre derechos humanos en Roma fue perseguido, acosado y grabado. El video fue posteriormente utilizado para crear una campaña de desprestigio contra ellos/as en la televisión egipcia, donde un parlamentario y un presentador de televisión pidieron su secuestro y declararon que «cualquier traidor/a debería ser traído en un ataúd desde el extranjero».

Los/as DDH que trabajan en zonas de guerra operaron quizá en el entorno más peligroso de todos, ya que la naturaleza impredecible de algunos conflictos hizo extremadamente difícil la planificación de la seguridad. A menudo, esta situación estuvo acompañada de la ausencia total de un Estado de derecho o de redes de apoyo para asistir a los/as DDH en su trabajo, así como de la presencia de múltiples agresores, que consideran problemática su labor de documentación de violaciones de derechos humanos. Afganistán, Iraq, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen fueron solo algunos de los países donde los/as defensores/as continuaron valientemente su trabajo a pesar de los conflictos armados. En Libia, observadores/as del Centro de Libia para la Libertad de Prensa documentaron agresiones físicas sistemáticas y serias amenazas contra periodistas y blogueros/as libios/as que informan de las atrocidades cometidas por los grupos armados que luchan en el país. En diciembre, las autoridades de Trípoli impidieron que el Centro celebrara un evento público y amenazaron a sus líderes.

A pesar de las difíciles circunstancias descritas anteriormente, el movimiento de derechos humanos consiguió algunas
victorias a lo largo del año. La presión ejercida sobre los Gobiernos a través de campañas de movilización de masas bien coordinadas, contribuyó a la liberación de defensores/as que se encontraban bajo custodia o a la anulación de sus
condenas en Camerún, Sudán, Tanzania y Turquía. En noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por consenso una resolución promovida por Noruega que reafirmaba la importancia del trabajo realizado por los/as DDH, poniendo de manifiesto que, a pesar de que los/as DDH están siendo objeto de ataques en más países que nunca, sigue existiendo un compromiso internacional para su protección. Dado que en 2015 la Asamblea General adoptó una resolución que apoyaba a los/as DDH únicamente por mayoría de votos, la vuelta a la adopción por consenso supuso una reafirmación de este compromiso.

No obstante, el panorama político global, que incluye el apoyo del presidente estadounidense Trump a autócratas acusados de violaciones sistemáticas de derechos humanos como el presidente filipino Duterte, garantizó la continuación de dificultades para los/as DDH. Por su parte, la UE, que siguió centrada en las cuestiones migratorias y el Brexit, se distrajo de uno de sus objetivos generales, concretamente, el de «influir en terceros países para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de respeto de los derechos de los/as DDH » y del retroceso en materia de derechos en países de la UE como Polonia y Hungría. Turquía y Egipto cayeron cada vez más en el autoritarismo, mientras que numerosos países de América atravesaron crisis políticas, provocando el encarcelamiento y muerte de DDH. Xi Jinping consolidó aún más su poder en China en el XIX Congreso del Partido. Sin embargo, es probable que la desaceleración del crecimiento económico y el aumento de las protestas y frustraciones por corrupción sigan restando legitimidad al partido, lo que garantizará la continuidad en los próximos años de la brutal represión contra los/as defensores/as que ha tenido lugar bajo su mandato. El anuncio de Vladimir Putin de volver a postularse a la presidencia en 2018 augura la posibilidad de que se produzca una situación similar en Rusia.

El año 2018 marca el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los/as Defensores/as de Derechos Humanos. En las dos décadas transcurridas desde la Declaración, el crecimiento significativo del movimiento mundial de derechos humanos y sus logros no se han visto igualados por el compromiso y la determinación de los Gobiernos con los mismos. Muchos de ellos se siguen comprometiendo a apoyar a los/as DDH a nivel internacional, mientras aprovechan cualquier oportunidad para deslegitimarlos a nivel nacional.

Más información:

 

22-24 marzo 2018 en La Esperanza: El COPINH celebra su 25º aniversario a 2 años del asesinato de Berta Cáceres

 
 
25 años atrás fue fundado en La Esperanza, Intibucá el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) como una organización para defender los derechos territoriales del pueblo Lenca.
 
Nació mientras se experimentaba una época sangrienta de inicios de los Tratados de Libre Mercado y de entrega de los territorios que dieron paso al inicio de luchas reinvidicativas en Honduras y América Latina. En ese momento de crisis y cambio histórico el COPINH hizo crecer la semilla de la rebeldía en los pueblos y en las comunidades indígenas.
Durante este tiempo nuestra organización multicomunitaria ha recorrido un gran camino de enseñanzas y resistencias frente a los sistemas de dominación que se sustentan en el saqueo de los territorios y la explotación de las poblaciones. Han sido años de mucha represión, de luchas duras, de comenzar desde cero, pero que sin duda ha sido uno de los proceso políticos y sociales más importantes de Honduras que también han significado muchas victorias que han posicionado a los pueblos. El hoy de COPINH es enfrentar muchos retos y de reencuentro del sentido del COPINH para seguir luchando en esta coyuntura.
 
No pasa desapercibido que este proyecto de lucha fue fuertemente empujado por el trabajo y pensamiento de nuestra hermana Berta que desafió las múltiples opresiones que recaen sobre los pueblos y que hoy se expresan en la voracidad de las empresas nacionales y transnacionales que lucran con el pujante negocio de la producción energética basado en el saqueo de las comunidades y que 2 años atrás fue asesinada por esta lucha.
 
En el marco del 2do. aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta que al día de hoy continúa en la impunidad, sabiéndose quiénes son los autores intelectuales, rescatamos la demanda del pueblo Lenca por verdad, justicia y los cambios estructurales y profundos para nuestros pueblos y para Honduras.
 
Para demandar justicia para Berta y hacer latir el tejido viviente que dio vida a esta semilla libertaria y para que en nuestra Honduras hagamos surgir otras semillas libertarias que brotan en los períodos de opresión profunda, les invitamos a encontrarnos en La Esperanza, Intibucá del 22 al 24 de marzo del 2018. Recogiendo la alegre rebeldía, la música, la acción en la calle y el diálogo entre quienes deseamos un futuro de vida, justicia,  y de respeto a la decisión soberana de los pueblos les esperamos.
 
En este encuentro hablaremos del caso de nuestra hermana y enlazaremos los distintos esfuerzos para que se forje un camino fuerte de la lucha por la refundación de Honduras que será la que garantice la soberanía de los pueblos a decidir sin la imposición y autoritarismo corrupto para la justicia verdadera.
 
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Guerrero: ¡Alto a los actos criminales de la minera canadiense Torex Gold Resources!

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 29 de enero 2017

Pasando por alto el derecho de asociación sindical de los trabajadores de la mina «Media Luna» en el municipio de Cocula, Guerrero, la empresa canadiense Torex Gold Resources recurre a la acción de pistoleros de grupos delincuenciales para mantener sujetos a quienes trabajan en ella a un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) acorde con los intereses de dicha compañía.

Ahora, ante las acciones de defensa legítima de los trabajadores en paro ante la agresión de dicha gente armada al servicio de la empresa, los cuales asesinaron el pasado 24 de enero a Quintin Salgado Salgado, uno de los dirigentes obreros, un contingente de las policías estatal y ministerial y del ejército, luego de entrar con lujo de violencia en las comunidades de La Fundición y Real de Limón, ocuparon las instalaciones de la mina, amedrentando a los trabajadores y escalando la confrontación.

Este problema tiene un marco, y es el de la política federal y estatal actual de entrega de recursos y de apoyo irrestricto y servil a las empresas nacionales y extranjeras que imponen este tipo de explotaciones, afectando a los territoriosde manera irreversible en términos ambientales, sociales y sanitarios. Una vez intaladas, las empresas, como parte de la devastación múltiple que generan, colocan a sus trabajadores locales en condiciones de explotación intensiva violando sus derechos con apoyo gubernamental. Es importante señalar que lo anterior pone de nuevo en manifesto:

1. La clara articulación entre estas empresas y los grupos delincuenciales «pistoleros» a los que financian para su protección;

2. Que a solicitud de una empresa trasnacional, el estado envía a su ejército y a su policía para no poner en riesgo al proyecto con mayor inversión extranjera directa en el estado de Guerrero.

¡Alto a las agresiones y represalias contra los trabajadores en paro de la empresa canadiense Torex Gold Resources!

¡Alto a la complicidad y la acción violenta del gobierno federal y estatal en contra de los trabajadores mineros y las poblaciones!

¡Alto a la entrega del país a intereses ajenos a nuestra población y a la vida en nuestros territorios!

Correo: rema@remamx.org Facebook: REMAMX Twiter: @MXREMA Página web: www.remamx.org

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El Escaramujo 73: Ley de Seguridad Interior en México

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 73<<

La Ley de Seguridad Interior legaliza y pone los cimientos de una especie de «Dictadura» o de estado totalitario con el uso a discreción del Presidente sobre las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada o Marina y Fuerza Área), así como de las instituciones policiales de todo el país. México estará bajo la lupa de la inteligencia y el espionaje militar. Gobiernos estatales y municipales podrán quedar relegados por el Presidente y pierden su autonomía además de obligarse a financiar las acciones que realicen las instituciones de los tres niveles de gobierno, Fuerzas Armadas y policiales que el Ejecutivo defina. El Decreto Presidencial le permite al Ejecutivo un marco jurídico para usar la represión, estados de excepción y otras violaciones a los derechos humanos al margen de la Constitución, derogando toda disposición que contravenga esta Ley que otorga al Ejército demasiadas atribuciones. Este Decreto no encuentra consenso social. Sectores de todo tipo, tanto nacionales como internacionales han levantado la alerta y los peligros que conlleva esta Ley. Esta concentración de poder por encima de la Constitución, de estructuras y mecanismos democráticos de control, lleva a un exceso de autoridad y abuso de ella por parte de la figura presidencial como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que llevará inequívocamente a más violación de los derechos humanos.

Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la criminalización al movimiento social, el Presidente ofrece la seguridad política, social, territorial y legal para la extracción de los recursos que se llevan a cabo y los que se avecinan en el marco de la liberalización total del comercio y de la imposición de las Zonas Económicas Especiales. Minería, gas, fracking, petróleo, monocultivos forestales y transgénicos, complejos turísticos, parques industriales, gasoductos, oleoductos, regasificadoras, puertos marítimos, aeropuertos, autopistas, represas, hipermercados, puentes y los parques eólicos son el horizonte del supuesto desarrollo y con ello del despojo de la población de su territorios rurales y urbanos. Ante ello, en el marco de la acumulación de capital, de la profundización de los tratados de libre comercio e inversiones multimillonarias en estos magaproyectos con irreversibles consecuencias sociales y ambientales, donde la protesta social acumula fuerza y movilización, esta Ley llega en el momento adecuado para la dictadura del capital. Esta acumulación llega a tal cenit que requiere el uso de las fuerzas militares y policiacas para imponerse.

Analicemos el Decreto de Ley y los elementos fundamentales

¿Quiénes fueron responsables de esta Ley?

La enorme y trascendente responsabilidad de los partidos políticos y en concreto de los diputados que la votaron en 2017 traerá enormes consecuencias para el pueblo mexicano. La Ley se aprobó con el voto de 248 personas en el Congreso mientras que 87 de ellos no asistieron. Votaron en contra 115 y 48 se abstuvieron. De los diputados que votaron a favor 183 fueron del PRI, 35 del Partido Verde Ecologista de México, 14 del PAN, 9 del Partido Encuentro Social, 9 de Nueva Alianza y 2 del PRD. Votaron en contra 17 diputados del PAN, 39 del PRD; todos los 39 de Morena y 17 de Movimiento Ciudadano, y un diputado independiente. Las 48 personas que se abstuvieron todas fueron del PAN. Así, el 21 de Diciembre de 2017 el Presidente Enrique Peña Nieto publicó el Decreto de la Ley de Seguridad Interior que contiene 35 artículos. Por tanto, la izquierda partidista en el Congreso con capacidad de incidir, sigue inexistente.

¿Existe una fuerza política de izquierda capaz de revertir esta tendencia? ¿Es el escenario político-partidistaelectoral el que detendrá este capitalismo atroz?

Los conceptos claves para entender esta Ley

Para entender el contenido, esta Ley define como: (Artículo 4)

a) «Acciones de Seguridad Interior»: «Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior.»

Queda ambiguo lo que significa “identificar”, “prevenir”, “atender”, “reducir”, “contener riesgos” y “amenazas”. Si hubiera un problema de educación o salud, podríamos adivinar más o menos el tipo de políticas y acciones preventivas que definieran estos conceptos y sus acciones. Pero en el uso de la fuerza militar y policiaca, reducir y contener lo que se considere una amenaza no garantiza el respeto a los derechos humanos por parte de los cuerpos de represión que lo que menos tienen es conocimiento y formación en materia de derechos humanos.

>>Seguir leyendo el Escaramujo 73<<

Solidaridad con Palestina: Firma la declaración del movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel en México

Compartimos la Declaración del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel en México que les invitamos a firmar

En el 2004 nace la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel. Se trata de un llamado lanzado por más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina a la comunidad internacional pidiéndole que aplique dichas medidas coercitivas «hasta que Israel cumpla con el Derecho Internacional y los principios universales de los Derechos Humanos».

El objetivo principal del BDS es dar fin a las políticas que el régimen sionista implementa en Palestina desde 1948, cuyos tres rasgos principales son: ocupación, colonización y apartheid.

La campaña no se dirige contra las ciudadanas y ciudadanos del Estado judío, ni mucho menos contra los judíos del mundo (muchos judíos participan en el BDS, también dentro de Israel), sino contra las instituciones que sostienen y financian dicho régimen opresor.

Razón por la cual, como organizaciones, grupos y colectivos defensores de los derechos humanos, protectores del medio ambiente y promotores culturales en México, los abajo firmantes nos unimos al llamamiento de la sociedad palestina para no consumir productos provenientes de los territorios ocupados y productos cómplices de la ocupación en Palestina. Y además nos comprometemos a apoyar cada una de las campañas dirigidas a exponer los crímenes de ocupación y apartheid que el régimen ocupante sionista comete contra el pueblo Palestino.

El presente boicot se mantendrá, tal y como lo exige el pueblo Palestino, hasta que Israel cumpla su obligación de reconocer el derecho inalienable del pueblo Palestino a la autodeterminación, y acate completamente los principios de la legislación internacional por medio de:

1. La finalización de su ocupación y colonización de todas las tierras palestinas y el desmantelamiento del Muro;
2. El reconocimiento de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos árabe-palestinos de Israel y su total igualdad ante la ley.
3. El respeto, la protección y la promoción del derecho de las y los palestinos refugiados de retornar a sus casas y propiedades, tal como lo estipuló la resolución 194 de las Naciones Unidas.

Si deseas sumarte puedes escribirnos a bdsmexicomx@gmail.com

Firman:

  1. Brigada Une, AC
  2. Casa Experimenta (Galeria de Arte Feminista en Ecatepec)
  3. Colectivo DILE (Artes Escénicas Ecatepec)
  4. Colectivo de Estudios Autogestivos – Agoras de Fuego
  5. Colectivo Huitzilin Ahimsa
  6. Colectivo Revuelta Verde
  7. Colectivo Sonora Caos
  8. Colectivo Solo Miradas y Bordados de Memorias
  9. Colectivo Trueke de Ideas Zalihuitl
  10. Colectivo Unitierra Tehuiloyocan
  11. Colectivo Unitierra Xochiteopan
  12. Colectivo Utopía Puebla
  13. Comunidad Palestina en México
  14. Compañía Multidisciplinaria Cuarto Para Después.
  15. Gaza News
  16. Mexicanos Unidos
  17. Molcajete, proyecto de justicia alimentaria.
  18. Movimiento BDS en México
  19. No Fracking Tamaulipas
  20. Laboratorio en Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, LIDECS
  21. La Sexta con Palestina
  22. Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
  23. Periódico Derecho de Réplica
  24. Promotora cultural Dread Pirate Roberts
  25. Proyecto 21. Colectivo artístico
  26. Red feminista La lechuza buza.
  27. Sustentartenatural
  28. Universidad de la Tierra Puebla
  29. Voz Ciudadana

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Foto: BDS México

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

Análisis del colectivo Geocomunes – Enero 2018

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

Parte I: Territorialización de los decretos de ZEE de Lázaro Cardenas, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Salina Cruz

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Los 28 septiembre y 18 de diciembre del 2017, el presidente de la República Enrique Peña Nieto firmó los primeros decretos de Zonas Económicas Especiales (ZEE) para Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Progreso. La firma de estos decretos representa una avance en el desarrollo de este proyecto neoliberal al definir las áreas geográficas para la implantación de las poligonales de las tres primeras ZEE. Nos parece importante detallar cómo se territorializa la firma de esos decretos en las distintas regiones.

1 – ¿Qué son las Zonas Económicas Especiales (ZEE)?

Para el gobierno, las ZEE son un lugar o área con «un excepcional ambiente de negocios» en que las empresas privadas nacionales o extranjeras tienen la facultad de definir la organización de esa área a partir de sus intereses económicos. Áreas que «tienen ciertas ventajas tanto logísticas como naturales con potencial para convertirse en regiones altamente productivas».

Una ZEE es definida como un área geográfica delimitada que tiene un régimen para el pago de impuestos especial y diferente a cualquier otra parte del país. Al interior de una ZEE se pueden realizar actividades de manufactura, agroindustria, transformación de materias primas, innovación y desarrollo científico y tecnológico, etc, por medio de clústers (o parques industriales) en los que se concentran un conjunto de empresas que funcionarán como las «maquiladoras» que sobreexplotan a l@s trabajador@s además de beneficiarse de las ventajas fiscales que la ZEE les ofrece.

ZEE: concentra los clústers o parques industriales que pueden ser dedicados a diferentes sectores (agroindustria, automotriz, textil, etc). Recibe las materias primas desde la zona de influencia y exporta los productos transformados por el medio de una infraestuctura de transporte masiva (ej: puerto).

Área de Influencia: son las poblaciones urbanas y rurales aledañas a la ZEE donde se desarrollan un conjunto de proyectos de infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarril) o energética (gasoductos, parques eólicos, hidroeléctricas) necesarios para abastecer las actividades de la ZEE.

Otros proyectos exctivos como la minería o la actividad petrolera que necesitan también este tipo de infraestructura para operar pueden ser favorecidos en el área de influencia.

Algunos elementos definidos por los decretos de las ZEE:

  • La poligonal de la ZEE con sus coordenadas geográficas y superficie total (artículo II).
  • Los municipios que conforman el área de influencia de las ZEE (artículo IV).
  • La modalidad de la ZEE (artículo II). Para los cinco decretos hasta la fecha, se definió la modalidad por secciones y la poligonal detallada de la primera sección a cargo de la autoridad federal y la lista de los inmuebles que la conforman (artículo III).
  • Las actividades de refinación de petróleo y procesamiento de gas natural no se desarrollarán dentro de las secciones (artículo VII) con la justificación de que ya «están siendo impulsadas a través de los instrumentos previstos en la reforma energética».
  • Exclusión de las instalaciones de los distintos puertos de la poligonal y de los posibles inmuebles de las ZEE.
  • Precisiones sobre las ventajas fiscales dentro de la ZEE (IVA, ISR) de las cuales destacan:

          – el descuento del 100% del sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para empresas durante los primeros diez años y un descuento de 50% durante los siguientes cinco años.
          – la ausencia de Impuesto de Valor Agregado (IVA) para los productos introducidos en la ZEE o para los productos extraídos de la ZEE (ya no existirán impuestos sobre los recursos extraídos dentro de las ZEE y destinados a la exportación al extranjero).

La ley de ZEE aparece claramente como una nueva etapa en el desarrollo de un proyecto neoliberal que pasa por profundos cambios al marco legal. En las dos últimas décadas se han realizado varios cambios para «legalizar» el saqueo de los territorios y permitir la participación del sector privado en este proceso como son la ley minera (1992), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), la ley de bioseguridad (2005), la ley de inversión extranjera (2012), la ley de asociación pública-privada (2012) y la reforma energética (2016). Después de haber permitido la participación del sector privado y de empresas extranjeras en este saqueo, la ley de ZEE aparece ahora como el instrumento legal para favorecer la participación delsector privado por medio de las númerosas ventajas citadas previamente.

¿Dónde se ubican las ZEE y en qué fase están?

Existen actualmente 9 proyectos de ZEE en México todos localizados en la parte sur y sureste del país que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Primera etapa: Son las 5 ZEE que cuentan con los dictámenes aprobados desde junio 2017 y los decretos firmados. Los decretos de Lázaro Cárdenas (Michoacán y Guerrero), Coatzacoalcos (Veracruz) y Puerto Chiapas (Chiapas) fueron firmados en septiembre y los de Salina Cruz (Oaxaca) y Puerto Progreso (Yucatán) en diciembre de 2017.

Segunda etapa: Las ZEE de Puerto Dos Bocas (Tabasco) y Champotón (Camp eche) podrian tener sus dictámenes aprobadas antes del cierre del año 2017 (noviembre o diciembre). Estas dos ZEE conforman un corredor entre Tabasco y Campeche que se pretende dedicar principalmente a la extracción de hidrocarburos.

Tercera etapa: En una tercera etapa están previstas dos ZEE en Hidalgo y Puebla con especializaciones respectivamente en textil y autopartes. En el caso de Puebla se ha anunciado que la ZEE será la Ciudad Modelo de la automotriz Audi y para Hidalgo por el momento no está definida la ubicación precisa.

Según la versión oficial, la ubicación de las ZEE tiene por objetivo mejorar las condiciones económicas en los estados del sur del país, que siempre han sido los más marginados, y reducir las desigualdades existentes al nivel nacional en cuestión de pobreza y de ingreso per cápita. Sin embargo el mapa anterior permite vizualizar que existen otros intereses que influyen en la ubicación de las ZEE.

Como se puede observar en el mapa, en el contexto nacional la zona del sur-sureste del país es muy codiciada para la extracción de minerales e hidrocarburos mediante numerosas concesiones. También es una zona con una gran valor ambiental y altos niveles de biodiversidad que se ven amenazados por el conjunto de proyectos que estimulará el desarrollo de las ZEE (extactivos, energéticos, de transporte, etc) y que podría ser aprovechada y mercantilizada mediante proyectos dentro de las ZEE (biomasa, industria del papel, agroindustria, biopirateia, etc). Además las ZEE están relacionadas con corredores multimodales que consisten en infraestructura de transporte de mercancías (carreteras, vías férreas, puertos) o de energía (gasoductos) que permiten el saqueo de esos recursos.

En el contexto mesoaméricano el establecimiento de las ZEE permitiría reactivar ciertos proyectos de corredores que se trataron de llevar a cabo por medio del Plan Puebla Panamá ahora llamado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. En el mapa está muy claro como varias ZEE (Chipas, Veracruz y Puebla) están conectadas por la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), uno de los proyectos del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. El desarrollo de esas ZEE permitirá dar vida al famoso corredor atlántico que se intento impulsar por el medio del Plan Puebla Panamá. De la misma manera las ZEE de Coatzacoalcos y Salina Cruz pretenden reactivar el muy deseado corredor transístmico, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que se ha intentado desarrollar desde hace muchos años y sobre el cual hablaremos más adelante.

Además como se ve en el mapa, esos corredores y de manera general la ubicación de todas las ZEE coinciden con las principales rutas migratorias en México. Esos flujos migratorios ofrecen una mano de obra sobre explotable para las distintas maquiladoras previstas dentro de las ZEE. La superposición de las rutas migratorias y de las ZEE ofrece además una justificación para la militarización y el control socioterritorial de la zona sur del país.

A escala continental e internacional es interesante analizar el papel que tendrán las ZEE en el reacomodo géopolitico actual. En 1994 México, EEUU y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para estimular los intercambios de mercancías entre esos tres países. Por esta razón las relaciones comerciales actuales de México son muy dependientes del mercado estadounidense (representan 81% de las exportaciones y 47% de las importaciones totales de México en 2016). El TLCAN ha acelerado el proceso de industrialización en México para la exportación de productos manufacturados hacia EEUU (el sector manufacturero representó el 90% de las exportaciones total en 2016), principalmente en la zona del Bajío y en el norte del país por medio de maquiladoras. La implantación de las ZEE tiene por objetivo ampliar a la zona sur del país este modelo industrial explotador y subordinado a los intereses de las transnacionales.

Sin embargo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU el contexto géopolitico ha cambiado bastante. Existe una probabilidad de que se termine el TLCAN y que se abre la puerta a posible acuerdos bilaterales entre los tres países. También el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) fue cancelado por la decisión de EEUU al retirase del mismo a principios del año 2017, lo que incitó a los 11 países restantes a buscar otras alternativas. En este sentido se reunieron en marzo de 2017 con China y Corea del Sur para discutir las posibilidades de un nuevo pacto de libre comercio entre los países del pacifico o posibles acuerdos bilaterales. Frente a las medidas proteccionistas impulsadas por Trump existe ahora un reacomodo géopolitico para México y los demás países de la Alianza del Pacifico (Chile, Colombia y Perú) para orientarse hacia el mercado asiático en busqueda de nuevos acuerdos de libre comercio.

En este contexto no es casual que todas las ZEE de la primera y segunda etapa están ubicadas en puertos con vínculos hacia los dos océanos. Un tercio de la carga total en México se transporta actualmente por vía marítima y el objetivo es duplicar la capacidad de carga total de 260 a 520 millones de toneladas anuales, por medio de la ampliación de puertos y algunos proyectos de las ZEE relacionados.

Con la entrada en vigor de la reforma energética la presencia de cuatro ZEE en la zona del golfo (donde se concentran las principales reservas petroleras del país) resulta estratégica para la exportación de hidrocarburos hacia EEUU o la Unión Europea (con quién México está actualmente negociando un nuevo tratado de libre comercio). La nueva red de gasoductos actualmente en construcción por todo el país permitirá además mover el gas extraído en México (o importado de EEUU) bajo la técnica de fracking hacia las ZEE ubicadas en el litoral pacífico para su exportación hacia Centroamérica.

Además de los nuevos flujos comerciales que se pueden generar con centroamérica, las tres ZEE situadas en el litoral pacífico resultan estratégicas para desarrollar nuevas relaciones comerciales con el mercado asiático. Aún que México cuenta actualmente con 12 tratados de libre comercio con 44 países diferentes solo existe uno con un país asiático (Japón). Uno de los principales países asiáticos con quién México podría aumentar sus intercambios en un futuro cercano es China. Siendo la segunda fuente de importación y el tercer destino de exportaciones China es actualmente el segundo socio comercial de México, después de EEUU. Por esta razón ambos países han discutido las posibilidades de un tratado de libre comercio y varias empresas chinas se han mostrado interesadas por invertir en México sobre todo en el sector energético en el contexto de la reforma energética y de las ZEE. Las autoridades mexicanas hicieron también, en octubre del 2017, una gira asiática para promover oportunidades de inversión dentro de las ZEE con gobiernos y empresas de Singapur, Vietnam y Indonesia. En el caso de Singapur, IE Singapore una agencia de gobierno está interesada en competir para la administración de las ZEE de Coatzacoalcos y Lázaro Cardenas.

Más información:

El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 2

Rosy Govela, ¡Siempre estarás presente!

Compartimos la carta de la Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA) dirigida a la compañera Rosy Govela, fallecida el 19 de enero 2018, y a su familia. Rosy dirigió la licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) en Zautla, Puebla e integró el Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla, el cual forma parte de la REMA.

19 de enero de 2018

QUERIDÍSIMA ROSY

Te has adelantado en este camino, en el que con cariño coincidimos, en donde la esperanza, la lucha, las risas y los alientos de las resistencias seguirán acompañándote en abundancia, porque tú las sembraste en nosotros y nosotras.

Tu partida nos deja un gran vacío, nos pone tristes y cabizbajos, al mismo tiempo que la fuerza de tu espíritu ya revolotea en nuestros corazones, alentando y renovando nuestros ánimos para que juntos y juntas continuemos defendiendo el territorio comunitario.

Querido Rafa, hermano, no tenemos palabras para atenuar el dolor que suscita la partida tan inesperada y pronta de la querida Rosy, tu compañera de vida, pero te abrazamos muy fuerte, fraterna y solidariamente.

Queridos Emilio y Xavier, hermanitos, les mandamos todo nuestro apapacho y cariño para acompañar su tristeza. Sabemos que son fuertes y seguirán caminando y creciendo con el gran amor de su madre que nunca los abandonará.

Buen viaje al Mictlán, Queridísima Rosy

Tu familia de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Más lectura:

Rosa Govela, en memoria

Chiapas: habitantes de San Cristóbal de las Casas protestan contra el saqueo de los humedales María Eugenia

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

>> EVENTO EL 2 DE FEBRERO 2018 EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS <<

Expo Ecocidio 2018 Jornada Por Los Humedales Y Bosques

 

El 10 de enero, representantes de 20 colonias del sur, norte y oriente del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se agruparon en la entrada de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) en el sureste de la ciudad para realizar la clausura simbólica de la construcción de locales comerciales en la zona de los humedales de montaña María Eugenia.

Los habitantes habían sido testigos el día anterior de la entrada de una maquinaria pesada en un terreno ubicado dentro de esta zona de 115 hectáreas de la cual proviene el 70% del agua potable de la ciudad a través del sistema de bombeo del Sistema de Agua Potable y alcantarillado Municipal (SAPAM) de San Cristóbal de las Casas. «Vemos con mucha preocupación que solo en este humedal de María Eugenia existen más de 15 lugares que han sido alterados, con superficies que van desde 100 metros cuadrados hasta 5 hectáreas», denuncia León Ávila, representante de la colonia FSTSE 2001 quien participó en la protesta.

En el 2008 la zona fue declarada «Área Natural Protegida con el carácter Zona Sujeta a Conservación Ecológica» por el estado de Chiapas (Decreto Número 138). El objetivo oficial de este decreto era «preservar, conservar y rehabilitar los ecosistemas de la zona, sus recursos naturales, biodiversidad y procesos evolutivos, así como inducir y orientar un aprovechamiento ordenado de los componentes naturales que permita su permanencia para las generaciones futuras». Además, en el 2012, fue incorporada a la lista de los 142 sitios RAMSAR que cuenta México, es decir a la lista de los humedales mexicanos considerados de importancia internacional. Ese reconocimiento obliga al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a garantizar su conservación en virtud del Convenio de Ramsar (Irán) al cual México se adhirió en el 1986.

«Estamos preocupados por el futuro de nuestra ciudad y de nuestros hijos, pero el gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas, en lugar de hacer su labor y evitar que este espacio se deteriore, da permisos para destruirlo», se indigna el León Ávila, también profesor en Desarrollo Sustentable en la UNICH.

Los humedales María Eugenia no solo abastecen la ciudad en agua limpia a los más de 250.000 habitantes de San Cristóbal de las Casas, sino que son esenciales para captar las aguas pluviales y evitar inundaciones. Son también el hábitat de numerosas especies de peces, reptiles y anfibios, incluyendo 10 especies endémicas como el pez popoyote (Profundulus hildebrandi), y el chipe cabeza plateada (Ergaticus versicolor), ambos en peligro de extinción.

Desgraciadamente, no todos los habitantes ven a los humedales Maria Eugenia como un tesoro ecológico que deben cuidar. Para algunos, la declaratoria del 2008 y el reconocimiento del 2012 son un estorbo que les impide sacar provecho de estas tierras. Se trata de los dueños de los terrenos que se encuentran dentro del polígono del Área Natural Protegida (ANP), que el Estado de Chiapas, por falta de presupuesto y de voluntad política, no expropió al momento de publicar el decreto.

En la ley mexicana, rellenar un humedal es un delito, pero en San Cristóbal de las Casas, el poder del dinero y los vínculos políticos sirven de inmunidad. Los que pretenden actualmente construir los locales comerciales en frente de la UNICH son de la familia Rovelo, dentro de la cual Héctor Rovelo funge como secretario adjunto del PRI estatal. En otro sitio de los humedales, hubo en el 2015 un intento de construir un fraccionamiento de lujo con 60 casas por parte de Ricardo Díaz Ochoa, familiar del diputado local del Partido Verde Mariano Díaz Ochoa quien había recibido permisos ilegales de la cual afortunadamente los habitantes lograron obtener una suspensión por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

La lucha por la defensa de los humedales María Eugenia no ha sido fácil. En el 2015, los que se opusieron al fraccionamiento de Díaz Ochoa sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos por proteger este bien común natural. Las mujeres fueron agredidas y amenazadas por los constructores, y varios inconformes recibieron demandas por parte de los constructores.

A pesar la criminalización de su lucha, los habitantes siguen resistiendo y exigiendo el respeto de la ley que obliga al Estado proteger los humedales. Interpusieron una demanda ante la PROFEPA contra los constructores de los locales comerciales que se pretenden en frente de la UNICH. «El gobierno federal tiene la obligación de garantizar para todos los Mexicanos un medio ambiente sano, es una obligación constitucional y es lo que queremos», concluyó León Ávila, quien a nombre de los representantes de las 20 colonias que participaron en la acción del 10 de enero exige la clausura de los 15 proyectos de construcción que existen actualmente en la zona de los humedales María Eugenia.

Fotos: Clausura simbólica de la construcción de locales comerciales en los humedales María Eugenia el 10 de enero (León Ávila)

>> EVENTO EL 2 DE FEBRERO 2018 EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS <<

Expo Ecocidio 2018 Jornada Por Los Humedales Y Bosques

 

Crece la resistencia a la explotación de recursos naturales en México

Artículo publicado el 30 de diciembre del 2017 en la revista en línea Sputnik Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La resistencia a la «voracidad de las multinacionales» que extraen minerales y petróleo y explotan gigantescos proyectos hidroeléctricos, es una creciente batalla social de las comunidades originarias, dijo a Sputnik la dirigente de la asociación civil Otros Mundos, Claudia Ramos.

«La resistencia contra la agudización del modelo extractivo es notable hace más de 10 años en estados del sur del país, como Chiapas [fronterizo con Guatemala], frente a la agresiva expansión de la minería de empresas canadienses, británicas y chinas», dijo la activista.

Esos conflictos entre ambientalistas y empresas multinacionales dedicadas a explotar recursos no renovables, ocurren «más allá de la coyuntura electoral, porque el modelo extractivo amoral es un despojo con una lógica depredadora que no cambia en las ofertas políticas«, observó.

Según Ramos, hay por lo menos un centenar de concesiones mineras en Chiapas, y la cuarta parte de ellas se concentran en dos municipios, Escuintla y Acacoyagua, corazón de la histórica región del Soconusco que desde la época colonial conectó el centro de México con América Central a través del istmo de Tehuantepec.

Según los testimonios recogidos por Otros Mundos, que integra la red internacional Amigos de la Tierra, en el centro de los conflictos de las comunidades indígenas están los intereses de empresas extranjeras, como la china Honour Up Trading, o las canadienses Riverside Resources y Blackfire Exploration.

Esta última explota 360.000 toneladas anuales de barita (sulfato de bario), utilizada para los lodos que se inyectan en la construcción de pozos petroleros.

Estas compañías han demostrado su agresividad para defender las concesiones otorgadas por el Estado, según la activista.

Además, «muchas concesiones mineras en manos de particulares operan con testaferros de origen mexicano», dijo.

El Observatorio de Conflictos Mineros detectó casi medio centenar de conflictos de pueblos originarios con empresas mineras trasnacionales, y unas 20 compañías de capital canadiense se destacan en casi la mitad de ellos.

Otros nombres de origen anglosajón, como British Gold, Millrock Resources, Mining Corporation o Radius Gold se han vuelto familiares para las comunidades indígenas que resisten agresiones por oponerse a las consecuencias de esos «megaproyectos», indicó Ramos.

En la región costera del Pacífico sur mexicano, los ecologistas calculan que casi 1,6 millones de hectáreas son blanco de grandes proyectos extractivos que abarcan casi 15 por ciento de la superficie de Chiapas.

A contracorriente

El trabajo de Otros Mundos y varias organizaciones ecologistas se ha enfocado en la urgencia de producir investigaciones independientes sobre los grandes proyectos de explotación de recursos naturales de la exuberante naturaleza de la zona fronteriza con Centroamérica.

Entre las consecuencias de esos proyectos están, en primer lugar, que «las poblaciones son desplazadas sin consulta para construir represas y explotar el subsuelo», dijo.

En segundo lugar, los proyectos ambientales llamados de Reducción de Emisiones por Desforestación y Degradación (REDD), «son fondos de los países desarrollados para que sus empresas reduzcan las emisiones» de gases de efecto invernadero y justificar así la explotación de riquezas naturales en suelos extranjeros, aseguró.

Pero el llamado «modelo de explotación extractivista» deviene en «otras formas de control del territorio, que acusa a las comunidades por realizar sus actividades agrícolas tradicionales», afirmó Ramos.

Otras inversiones que comprometen el cambio climático que calienta el planeta, derriten los polos y aumentan desastres naturales por inundaciones y huracanes, «están relacionadas con la expansión de ganadería extensiva, el cultivo masivo de palma aceitera y plantíos maderables«, enumeró.

Esos proyectos son promovidos por los gobiernos que «expanden los monocultivos de exportación«, aseguró.

Frente a esa avalancha, las redes ciudadanas «buscamos clarificar otras formas de relacionarnos con los recursos naturales, resistir a la creación de grupos de poder que amedrentan a líderes comunitarios y criminalizan a quienes defienden su tierra y su forma de vida«, dijo la responsable de Otros Mundos.

En el norte de Chiapas, ante la promesa de explotación de una docena de pozos petroleros, «los pueblos de la etnia zoque se oponen al despojo de sus bienes naturales comunes», sostuvo Ramos.

El fenómeno se extiende a otros estados del sur del país, como Guerrero y Oaxaca, con predominio de empobrecidas poblaciones indígenas, donde se concentran las etnias prehispánicas que viven en extrema pobreza.

Los grandes proyectos de desarrollo «siempre vienen acompañados de control social, que obliga a fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades en defensa de los territorios donde coexisten la milpa o el bosque», dijo.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) vinculan al sur de México con el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

La vinculación de Otros Mundos con Centroamérica llevó a que uno de sus fundadores, el sociólogo Gustavo Castro Soto, fuera baleado en Honduras el año pasado y sobreviviera al mismo atentado en el que fue asesinada la líder ambientalista Berta Cáceres, por oponerse a un proyecto hidroeléctrico.

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Chiapas: Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules

Compartimos el comunicado del Movimiento Reddeldía de los Montes Azules que firmamos como Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Reserva de la Biósfera de los Montes Azules, Chiapas, México
A 10 de enero del 2018

Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules

Denunciamos que ayer, martes 9 de enero, entró el Ejército mexicano a nuestro territorio, usando la fuerza para provocar y asustar a la población. Entre las 13 y 16 horas, dos aviones del Ejército mexicano sobrevolaron toda la zona de Amador Hernández, es decir los ejidos Amador Hernández, Pichucalco, Nuevo Chapultepec, El Guanal, Plan de Guadalupe y Candelaria del municipio de Ocosingo, en la Reserva de la Biósfera de los Montes Azules, en el estado de Chiapas, México.

 
Después de que se retiraran los aviones, llegó un helicóptero del Ejército mexicano que en un primer intento, aterrizó cerca de una casa dentro del Ejido Amador Hernández, desprendiendo su techo. Finalmente, aterrizó a un costado de la pista de aterrizaje que usamos en el ejido para transportarnos en casos de emergencia.
 
Del helicóptero bajaron 9 elementos del Ejército, a quienes la autoridad de la comunidad fue a preguntar qué estaban haciendo en nuestro territorio. Contestaron que estaban «buscando una avioneta que se había caído en la zona» y pidieron permiso para revisar la zona, agregando que «no tenían idea» de dónde se encontraban. La autoridad explicó que no podían pasar ya que existe un acuerdo comunitario que prohíbe la entrada del Ejercito a la comunidad. Poco a poco se juntaron alrededor de 300 personas de la comunidad, con la mujeres en primera fila, que llevaron pacíficamente a los militares hacia la carretera para que regresaran al 38º Batallón de Infantería ubicado en el poblado de San Quintín, en Ocosingo, de donde provenían.
 
Mientras tanto, el helicóptero que había aterrizado y en el que se había quedado el piloto regresó a buscar refuerzos al 38º Batallón. Cuando volvió el helicóptero, aterrizó nuevamente en un potrero en la entrada del ejido y bajaron otros 9 elementos del Ejército. Cuando se juntaron los 18 elementos del Ejército, la comunidad, otra vez encabezada por las mujeres, les fue a repetir que se retiraran y pidió a un camión de volteo que pasaba en la carretera que los llevara a su Batallón. La población se quedó asustada y preocupada, pero también organizada, al pendiente de un nuevo intento del Ejercito de invadir su territorio.
 
Consideramos que la explicación que nos dieron los militares no justifica un despliegue tan importante del Ejército y sabemos que no es posible que elementos del Ejército no sepan donde se encuentran geográficamente cuando sobrevuelan una zona. Pensamos que se trataba de una operación de vigilancia y de control de nuestras comunidades en el marco de la implementación de la Gendarmería Ambiental anunciada en el 2016. Se trata de un nuevo cuerpo de la Policía Federal encargado oficialmente de «garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas» y oficiosamente de controlar y reprimir a la población para conservar los intereses del gobierno y las empresas. Bien sabemos que somos una molestia para el gobierno, ya que estamos organizados contra el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, en el Movimiento Reddeldía de los Montes Azules, en rechazo a los proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y todos los proyectos extractivos de biodiversidad.
 
Condenamos la agresión que sufrimos el 9 de enero y exigimos al gobierno mexicano que se respeten nuestros usos y costumbres. Sabemos organizarnos de manera autónoma y cuidar la selva. No es cierto que somos destructores y no queremos ser víctimas de la política conservacionista del gobierno que solo sirve de herramienta para reprimir y desplazar a los pueblos campesinos, como fue el caso en la comunidad Laguna Larga del Petén en Guatemala, donde los hermanos y hermanas Guatemaltecos fueron obligados a abandonar sus casas por la Comisión de Areas Naturales huyendo de los militares.
 
Sabemos también que la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Senado en diciembre del 2017 favorece la militarización de los territorios en México. Prevé que el Estado solicite la intervención del Ejército mexicano en situaciones de amenaza o riesgo a la seguridad interior sin definir en qué contextos, lo que implica la presencia de las fuerzas armadas en situaciones que no les incube. Se puede llegar a vulnerar los derechos de las personas que participan en protestas en las ciudades, pero también de nosotros los pueblos campesinos.
 
Rechazamos rotundamente la política mexicana que consiste en otorgar cada vez más poder a las fuerzas armadas y cada vez menos a nosotros los pueblos que defendemos legítimamente los territorios y nuestros derechos.

 
¡Basta de militarización!
¡Basta de hostigamiento a los pueblos campesinos de los Montes Azules!


Firmamos:
Movimiento Reddeldía de los Montes Azules
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
 
En la prensa:
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