15 de octubre, SCLC: Feria de Economía Solidaria y Celebración del Día Internacional de las Mujeres Campesinas

Este sábado 15 de octubre del 2016, la asociación civil Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, integrante de la Feria Popular Alternativa, participará en dos eventos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas:

– La Feria Artesanal de Economía Solidaria (entrada libre)

Horario: 9.30 AM – 3.00 PM

Lugar: Casa Pastoral, Calle 5 de febrero, esquina General Utrilla, atrás de la Catedral

Programa: Venta de productos artesanales locales- Posibilidad de pagar con Túmin, la moneda alternativa y solidaria local + Proyección de videos sobre mujeres campesinas

– La celebración del Día Internacional de las Mujeres Campesinas (entrada libre)

Horario: 9.00 AM – 6.00 PM

Lugar: Plaza de la Paz, frente a la Catedral

 

Programa: Mercado de trueque (12 PM-1 PM) + Rifa + Proyección de videos sobre mujeres campesinas en la Casa Pastoral (ver dirección arriba) + Mesas de difusión

Juzgarán a Monsanto en tribunal especial de La Haya por crímenes contra la humanidad

Revista emeequis.mx

Por primera vez la comunidad civil internacional se organizó a los fines de juzgar, a nivel simbólico, a una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo por crímenes contra la humanidad.

Del 14 al 16 de octubre, la estadounidense Monsanto, fabricante de productos agroquímicos y de biotecnología, será juzgada en La Haya en una especie de tribunal popular en un hecho que no tendrá valor jurídico real, pero que servirá para llamar la atención sobre las prácticas de la empresa con testimonios de todo el mundo.

El jurado del autodenominado Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, creado a iniciativa de un grupo de activistas, evaluará los posibles daños causados por la multinacional estadounidense a la salud humana y al medio ambiente. Un grupo de expertos escuchará testimonios de víctimas y ofrecerá luego una opinión consultiva, siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia.

La acusación es la siguiente: El modelo agroindustrial impulsado por Monsanto es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. También es en gran parte responsable del desgaste de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y de la marginación de millones de pequeños agricultores.

 

Por otra parte, reza la acusación, es un modelo que amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos a través de las patentes sobre las semillas y es responsable del aumento de casos de cáncer en las zonas fumigadas por el herbicida glifosato.

La periodista francesa Marie-Monique Robin, una de las organizadoras del tribunal, señaló en una visita reciente a Buenos Aires que la iniciativa tiene dos metas: que jueces y abogados evalúen los daños causados por la empresa a lo largo de la historia con químicos como el PCB, el agente naranja y el glifosato, y que revisen el derecho internacional para ver si se debe incluir la figura de “ecocidio”.

“Es una figura penal que permitiría juzgar a los directivos de las multinacionales como Monsanto o Bayer. Hoy en día la única opción para las víctimas es buscar una reparación financiera en una acción civil, pero no pueden ir a la cárcel los directivos”, explicó Robin.

Monsanto, recientemente adquirida por la farmacéutica alemana Bayer, es una de las empresas más polémicas del mundo por las semillas transgénicas que vende, resistentes al herbicida glifosato, principal ingrediente del producto Roundup, que fabrica la misma empresa y que está bajo sospecha de causar cáncer.

Robin denunció las prácticas de la empresa para imponer sus productos en diferentes territorios en el documental El mundo según Monsanto (2008). Ahora, está trabajando en una investigación centrada exclusivamente en el glifosato, que se hará pública en marzo de 2017.

En la nueva película de Robin aparecerán, entre otras cosas, los campamentos sanitarios que realiza la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Argentina), con el fin de recopilar información sobre enfermedades y causas de muerte.

Argentina es junto con Estados Unidos uno de los dos países que más utilizan el glifosato, ya que es donde más creció en los últimos años el cultivo de organismos genéticamente modificados como la soja.

Desde hace seis años, los futuros médicos de Rosario recopilan datos en diferentes poblaciones de la zona sojera argentina y detectaron un aumento considerable de casos de cáncer, hipotiroidismo, obesidad, infertilidad, abortos espontáneos, malformaciones, entre otros, que atribuyen a las fumigaciones con glifosato.

Por eso, el creador de estos campamentos, el médico argentino Damián Verzeñassi, es uno de los invitados a prestar testimonio en La Haya. Para él, la situación se resume así: “Territorios que eran productores de alimentos ahora producen enfermedades”.

En declaraciones antes de viajar a La Haya, Verzeñassi resaltó la importancia del juicio. “Es la primera vez que se lleva a esta empresa ante un tribunal con el objetivo de fundamentar y documentar la importancia de incluir en los códigos de derecho internacional la figura del ‘ecocidio’”.

Para Verzeñassi, la compra de Monsanto por parte de Bayer “es parte de la estrategia de las corporaciones para ‘blindarse’” ante posibles juicios.

“Ya lo vimos con Texaco-Chevron, que ante la inminencia de la derrota en tribunales de Texaco, acusada por el gobierno ecuatoriano de daño y contaminación de los territorios en donde explotaba petróleo en ese país, fue adquirida por Chevron, quien ante el fallo en contra adujo que ellos no eran Texaco y por eso no se hicieron cargo de los pasivos ambientales de ésta”.

Además, Monsanto y Bayer han actuado juntas en varias oportunidades, recuerda Verzeñassi, desde la guerra de Vietnam con el agente naranja. “Actualmente están ligadas al negocio de la enfermedad en el mundo. Mientras una genera el daño en la salud, la otra te vende las ‘drogas’ que ‘tratan’ los problemas que generan los productos de la primera”.

Monsanto, de todas maneras, desmiente enérgicamente que el glifosato sea peligroso para la salud de las personas. En su página web afirma que “no presenta efectos nocivos sobre la fauna, microfauna, ni sobre la salud humana, ni tiene efectos para el ambiente, cuando es empleado correctamente para los fines previstos en su etiqueta”.

En una carta abierta, la compañía alega que la iniciativa popular que arranca el jueves “es un evento escenificado, un juicio simulado donde los críticos de la tecnología anti-agricultura y anti-Monsanto juegan el rol de organizadores, jueces y jurado, y donde el veredicto está prefijado”.

Además, la empresa sostiene en su web que los transgénicos que ofrece son la solución al hambre en el mundo, ya que se trata de plantas productivas y sencillas de recolectar.

El negocio es lucrativo: en 2015, el grupo obtuvo un beneficio neto de 2 mil 300 millones de dólares (2 mil 50 millones de euros). Queda por verse si algo de lo que se plantee en La Haya en los próximos días hará mella en este desempeño.

Adicción a la ‘coca-cola’ en el México indígena

David Marcial Pérez. San José del Rincón (Estado de México) elpais.es

Una alarmante epidemia de sobrepeso y obesidad esta causando enfermedades graves en las poblaciones indígenas. Los causantes son las grandes refresqueras como Coca Cola-Femsa y Pepsi-Pesico con sus productos chatarra.

Guadalupe Sánchez tiene las manos agrietadas de un campesino del maíz y la sangre limpia de azúcar de un ex adicto a la coca-cola

“Yo tomaba unas tres botellas de litro al día. Nada más me despertaba, con las tortillas me tomaba el primer vasito y así seguía por la tarde y por la noche”, dice mientras un remolino de pavos con el gaznate colorado picotea la tierra a la puerta de su casa. La levantó él mismo para su familia: esposa, ocho hijos y siete nietos. Las paredes son de cemento gris y tiene el tejado sin terminar.

— ¿Cómo se sentía bebiendo tanto refresco?

— Tenía mucha flojera. Casi no podía ir a trabajar. Con el calor del campo, pues bebía más coca. Pero empecé a notar que perdía vista y la lengua como que se me iba pa delante.

— ¿Y cómo consiguió dejarlo?

— Es difícil porque todo el mundo te invita. Cuando vas a visitar a alguien te dan un vasito y está feo rechazarlo. Pero el médico me dijo que lo tenía que dejar y me dio unas pastillas. Yo además empecé a masticar una hierba que nosotros llamamos Hoja de burro, que ayuda a no tomar.

En la comunidad indígena mazahua de San José del Rincón, un pueblo boscoso y húmedo al oeste del Estado de México, hay casas donde no llega el suministro de agua potable, pero en la mesa está fija la botella roja de refresco. A los 47 años, Sánchez ha llegado a tener un nivel 200 de glucosa en sangre: el doble del umbral de riesgo y algo muy frecuente entre sus vecinos.

“Es como un veneno, nos hace mucho daño”, dice Leticia Cruz, 41 años, que vuelve de dar un paseo con sus tres nietos. “Cuando me quedo con ellos porque su mamá sale a trabajar, está prohibida la coca-cola”. Uno de los críos mira a su abuela desde abajo y descascarilla con los dientes una vaina de haba que ha arrancado por el camino.

Desde el Tec de Monterrey, una de las universidades más caras y prestigiosas del país, un grupo de estudiantes de la carrera de Nutrición lleva todo el mes de septiembre visitando la comunidad. Los dedos de José Polo, 18 años, también son ásperos y rugosos de descargar camiones y colocar estanterías en el mercado. Nunca se los habían pinchado para sacarle sangre. Los chicos del Tec tampoco habían agujereado antes una piel tan rocosa. Cambio de aguja. Hace falta otra más afilada. José Polo ha dado 150 de azúcar en sangre.

“Nos estamos encontrando con fuertes niveles de hiperglucemia. Esto es un fiel reflejo de alto consumo de bebidas azucaradas y comida procesada, carente de los nutrientes necesarios”, apunta Yaremi Gutierrez, la profesora que está dirigiendo las visitas. Los mazahuas del Estado de México están abandonando su dieta milenaria basada en legumbres, verduras y hortalizas para pasarse cada vez más a la chatarra. El maridaje entre pobreza, exclusión y comida basura es letal: “Sobre todo en niños, estamos encontrando también lo que se conoce como la doble carga de la enfermedad: desnutrición y sobrepeso”

México vive una epidemia de grasa y azúcar. Siete de cada 10 adultos tiene sobrepeso u obesidad, por uno de cada tres niños. Es el segundo país con más exceso de kilos del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Según la OMS, los mexicanos son los que más refrescos consumen 163 litros al año—  y los que más mueren por diabetes en toda Latinoamérica.

“La diabetes antes era una enfermedad rara que afectaba sobre todo a la población con predisposición genética y edad madura. En los últimos 30 años ha habido una explosión brutal de tal manera que en los últimos seis años medio millón de mexicanos murieron a causa de la diabetes”, apunta el doctor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Abelardo Ávila. “En este panorama, la población indígena es la más vulnerable y registra unas tasas más altas —continúa Ávila—. Antes la pobreza les protegía porque les obligaba a alimentarse del campo. A partir de 2010 empieza una expansión de las refresqueras, una estrategia de invadir de refrigeradores las comunidades con electricidad y de favorecer las trasferencias de ayudas públicas al consumo de estos alimentos”

En las tiendas de abarrotes que tapizan las carreteras del pueblo, el litro de leche, -cuando hay- cuesta 16 pesos, la botella de tres litros de coca-cola, 35 y la de refresco sin marca, 20. La diabetes puede además desencadenar toda una serie de trastornos como la ceguera –retinopatía diabética–, la insuficiencia renal o el llamado pie de elefante: la glucosa adormece los nervios y uno va perdiendo la sensibilidad en las articulaciones. Esta última derivada se ha traducido en 75.000 amputaciones el año pasado según la asociación El Poder del consumidor.

“Los más grave es que la diabetes es una enfermedad controlable, pero al carecer de acceso a los servicios, esta población está muy expuesta”, añade la profesora del Tec. Un grupo de mujeres ha bajado andando por una colina desde su comunidad hasta el único ambulatorio. Una hora de caminata. El médico no está. Para el hospital más cercano queda otra hora en coche. La diálisis, el tratamiento para la diabetes, no está cubierta por el seguro popular, la asistencia pública para los trabajadores informales como los campesinos. Cada sesión vale entre 2000 y 6000 pesos.

Ildefonso Álvarez lleva dos años trabajando al frente de su asociación, Concreta, con las comunidades: “Aquí llega más fácil la coca-cola que los servicios médicos, de agua potable o de salubridad”. El relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación ha llegado a hablar de una cocacolización de los hábitos de consumo en México. “Para 2017, el sistema público necesitará para tratar la diabetes 5.600 millones de dólares al año. Este es el resultado de unas políticas públicas que no han tomado en cuenta la dimensión del grave problema”, dijo Oliver de Schutter en una reciente documental producido por organizaciones civiles en México.

El Gobierno implementó el año pasado una tasa especial sobre las bebidas azucaradas siguiendo el ejemplo de otros países. De momento, ha crecido la recaudación, pero el consumo apenas baja. 

En casa de Tomasa Rodriguez e Hilario Cruz no hay agua potable. Son cuatro y compran una garrafa de 20 litros en la tienda cada semana. Llevan años pidiendo al alcalde un pozo, como el que tienen otras comunidades de la zonas. Cruz acaba de salir hace poco del hospital. “Me encontraba muy pesado, casi no podía comer”. Sí bebía refresco, “y cerveza y pulque”, añade su esposa. Tuvieron que hacerle un lavado intestinal por un estreñimiento severo. Le han prohibido los refrescos y el alcohol. Ahora sólo toma agua y Hoja de Burro. En infusión o cruda, el amargor que inunda toda la boca al tomarla es más efectivo que la criptonita.

 

Justin Trudeau y el lodo de las mineras canadienses en América Latina

Por Jaime Porras Ferreyra, nytimes

Canadá está de regreso”, ha dicho Justin Trudeau —carismático y bilingüe— en reuniones internacionales, como para mostrar la impronta que quiere darle a la política exterior canadiense respecto de la de su predecesor, Stephen Harper. El primer ministro de Canadá ha empleado en sus discursos términos muy precisos: justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos. Incluso se atrevió a evocar alguno de ellos en su visita oficial a China hace algunas semanas, pero los chinos no lo aplaudieron por eso, sino por sus sonrisas y propuestas de negocios.

Trudeau ya ha dado algunos pasos. Acogió a miles de refugiados sirios, incluyó a Canadá en la lucha contra el cambio climático y ofreció tropas para los cascos azules. América Latina comienza también a sentir los efectos de este viraje diplomático. A partir de diciembre, los mexicanos ya no tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá. Además, el gobierno canadiense anunció hace unos días un paquete de ayuda a Colombia —en el marco de la firma de los acuerdos de paz— para auxiliar a los desplazados y apoyar en la reforma de los cuerpos policiales. Aunque se desconoce qué pasará con esta ayuda a raíz del triunfo del No en el plebiscito.

La Trudeaumanía avanza en el mundo entre ciertas acciones, un estilo fresco y palabras de terciopelo, pero puede que esté apuntando demasiado lejos al prometer a mansalva. Trudeau ha levantado esperanzas tan grandes que resulta difícil comprender su mutismo ante uno de los temas más importantes para los latinoamericanos; el mismo que ha provocado que la imagen de Canadá porte gruesas capas de lodo: el reprobable proceder de varias mineras en la región, sobre todo desde que Harper promovió con tesón la presencia canadiense en el sector extractivo fuera de sus fronteras. En los últimos años, entre 50% y 70% de la actividad minera en América Latina ha estado a cargo de compañías de Canadá.

Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros puntos.

Indígenas guatemaltecas acusan a Hudbay Mineral Inc. de estar detrás de un desalojo de las tierras donde habitaban. Las mujeres sufrieron agresiones sexuales y sus hogares fueron quemados durante el operativo. En Zacatecas, México, grupos responsabilizan a la compañía Goldcorp de contaminar los mantos freáticos y de afectar la vida silvestre por sus actividades en la mina Peñasquito. Además de Guatemala y México, la situación es preocupante en países como Perú, Chile, Argentina, Panamá y Honduras. El tema ha sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, un informe de la ONU sobre Canadá y los derechos humanos publicado en julio de 2015 incluía la inquietud por los abusos de mineras canadienses en el extranjero.

La llegada de Justin Trudeau al cargo de primer ministro ha oscilado entre la esperanza y el pesimismo para poner freno a estas prácticas. Hay que recordar sus mítines en campaña afirmando que sería la antítesis de Harper en política exterior. Un signo positivo es que, cuando era diputado, Trudeau votó a favor de una propuesta de ley presentada ante el parlamento por su colega liberal John McKay en 2010. La propuesta C-300 buscaba imponer sanciones a compañías extractivas canadienses envueltas en actividades ilegales fuera del país. El proyecto finalmente fue derrotado por los votos conservadores. Sin embargo, los liberales no han retomado el tema desde que están en el poder. ¿Acaso preparan una dulce sorpresa o simplemente desean preservar el statu quo?

En abril de este año, Trudeau recibió una carta donde más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y de otras latitudes, le piden realizar reformas que regulen seriamente la actividad de las mineras canadienses en el exterior. Harper creó en 2009 la Oficina del consejero en responsabilidad social de las empresas de la industria extractiva, aunque dicho órgano se enfoca en dar consejos técnicos y en favorecer el diálogo entre partes en conflicto. Los liberales catalogaron la iniciativa como insuficiente cuando se encontraban en la oposición, pero ahora que son gobierno siguen contando con ella. Y, hasta el momento, no ha existido respuesta oficial a la misiva que recibió Trudeau.

No hay que tener el cerebro de Kasparov para comprender que la culpa va más allá de las compañías canadienses. Es conocida la larga lista de problemas en América Latina que contribuyen a esta situación: deficiencias en los sistemas de justicia, facilidad para torcer leyes a cambio de sobres llenos de dólares, deseos de crear fuentes de empleo pese a los altos costos sociales, económicos y medioambientales, entre otros. No obstante, el gobierno de Canadá debe también asumir sus responsabilidades. Los informes subrayan que las autoridades canadienses han apoyado con vigor a las compañías mineras en el exterior sin contar necesariamente con la información que asegure su respeto por los derechos humanos y el medioambiente. Además, el discurso oficial grita a los cuatro vientos que las cosas están cambiando, que ha salido el sol luego de tantos años nublados.

Transitar hacia una diplomacia que tome en cuenta las múltiples preocupaciones globales señaladas por Trudeau no es tarea sencilla, sobre todo cuando ello exige tocar puntos neurálgicos de la economía canadiense. De acuerdo con la Asociación Minera de Canadá, esta industria contribuyó con el 3.5% del PIB del país en 2014 y el 66% de los activos mineros canadienses están ubicados en el exterior. Justin Trudeau no es el primer político que debe hacer frente a dilemas de esta naturaleza, aunque se recuerdan pocos ejemplos de líderes empuñando tantas banderas al mismo tiempo. Ya se sabe: la coherencia entre hechos y palabras es prueba de gran estatura política. Trudeau haría bien en adherirse sin excepciones a los principios que figuran en su visión internacional.

Los distintos informes incluyen recomendaciones para combatir el problema, destacando la creación de un organismo canadiense de monitoreo con verdaderas atribuciones, la posibilidad de presentar demandas por parte de individuos o grupos afectados en el exterior ante instancias legales de Canadá, y el cese de toda ayuda gubernamental a empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Acciones de este tipo contribuirían significativamente a reducir el impacto negativo de la minería canadiense fuera de sus fronteras. Trudeau defendería la justicia, el cuidado medioambiental, la democracia y los derechos humanos al intervenir en el tema. Tiene la oportunidad de matar varios pájaros de un tiro y de obtener el reconocimiento permanente de millones de personas que han tomado muy en serio su compromiso global. De otro modo, la decepción sería colosal.

Soconusco, Chiapas: llevan 15 días en campamentos para detener la minería (+VIDEO)

Por Pia Rioblanco / Otros Mundos A.C.

{YOUTUBE}csoQarSWQCQ{/YOUTUBE}

Un video de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México /

Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA)

Desde el 26 de septiembre del 2016, habitantes de 29 barrios y comunidades de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, en la Sierra Madre de Chiapas, protagonizan una etapa importante de la defensa del territorio ante la expansión de la actividad minera en la entidad. Están reunidos dentro del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), un movimiento ciudadano pacífico, nacido el 20 de junio del 2015, que tiene como objetivo proteger del despojo esta hermosa región, ubicada en el Soconusco (la zona costera de Chiapas) y en las faldas de la reserva de la biósfera El Triunfo.

Con unas simples cuerdas atadas a los árboles, están impidiendo el paso de las maquinas de la empresa minera mexicana El Puntal S.A. de C.V. hacia el predio de explotación de 500 hectáreas “Casas Viejas”, ubicado entre las comunidades Magnolia, Los Cacaos y Satélite Morelia, en Acacoyagua.

21 concesiones mineras en Acacoyagua y Escuintla, 99 en todo Chiapas

Expresan así su rechazo a perder la salud y la vida por la contaminación que genera este proyecto de extracción de oro, plata, titanio y hierro, activo desde alrededor de quince años. Desgraciadamente, “Casas Viejas” es solo uno de los 3 proyectos mineros en actividad en el municipio, que abarca en total 13 concesiones mineras (más de 36 000 hectáreas). A éstas se suman las 8 concesiones ubicadas en el municipio vecino de Escuintla (más de 15 000 hectáreas). Son 99 las concesiones mineras en todo el territorio chiapaneco.

Los miembros del Frente tienen dos campamentos. Uno en la comunidad de Santa Anita, bautizado “Campamento Alberto Montaño Espejel”, y otro en la comunidad de Las Cadenas, llamado “Campamento José Luciano”. El primer personaje luchó por la creación del municipio libre de Acacoyagua (quedó bajo el dominio de Escuintla hasta 1947) y el segundo dio su vida por recuperar tierras para la gente de su pueblo bajo Porfirio Díaz. “Estamos defendiendo nuestro territorio para que nuestros hijos puedan seguir viviendo tan felices como nosotros lo hemos sido en estos lugares”, cuenta una habitante del municipio asentada en el plantón “José Luciano”.

22% de muertes por cáncer en Acacoyagua

Los derechos de los habitantes de Acacoyagua y Escuintla a un medio ambiente sano, a la salud y al agua, están siendo violados cotidianamente por la actividad minera. Una de las comunidades afectadas, Jalapa, en Acacoyagua, ha sido víctima de un desastre ambiental muy preocupante. La mina “Casas Viejas” se encuentra a solo unos 200 metros del sistema de captación de agua que abastece a la comunidad. Durante esta temporada de lluvia, los desechos mineros taparon el tanque, dejando a los habitantes sin agua. Al constatar la catástrofe, una gran parte de Jalapa decidió oponerse al proyecto.

Juan Velázquez, doctor en Acacoyagua, calcula que entre el 2005 y el 2015, la tasa de muertes por cáncer en el municipio subió del 7% al 22%. “Los cánceres de todos tipos, principalmente el del hígado, se volvieron las primeras causas de muerte en la localidad”, recuerda el médico. “Nosotros estamos luchando para sobrevivir”, dijo, asegurando que la actividad minera libera partículas tóxicas y radioactivas como el torio y el silicio.

Ríos contaminados y enfermedades de la piel

Muchos habitantes se quejan de haber sufrido enfermedades de la piel al estar en contacto con el agua de los ríos, en los que se sabe que las mineras descargan materiales extraídos del subsuelo. “Uno de los motivos por los que la SEMARNAT no aprobó el cambio de uso de suelo para el proyecto minero Bambú en Acacoyagua es porque la empresa que lo manejaba (Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V) descargaba directamente sus desechos en el río Cintalapa, el cuál abastece de agua a alrededor de 3,000 habitantes de Escuintla”, recuerda Libertad Díaz, integrante de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México y la REMA apoyan la lucha del FPDS. Exigen junto con sus miembros que el ayuntamiento de Acacoyagua cumpla con la promesa que hizo al declarar el municipio territorio libre de minería el 16 de agosto del 2016: revocar las licencias de exploración y explotación vigentes y comprometerse a no entregar una sola más.

LLAMAMOS a la comunidad nacional e internacional a que se solidarice con el Frente Popular en Defensa del Soconusco y exija la revocación de las licencias de los proyectos mineros.

RESPONSABILIZAMOS al gobierno de Chiapas por cualquier atentado a la integridad física y psicológica de los integrantes del movimiento.

Pueden mandar sus cartas de apoyo a frentesoconusco@gmail.com

#RiosLibres
#NoALaMineria

+++ Avances en la lucha del FPDS, a 17 de noviembre del 2016

Minería y despojo: Existen 407 concesiones distribuidas en 220 municipios de Oaxaca

La Minuta.

En esta segunda entrega del trabajo de investigación realizado por EDUCA en el proyecto Observatorio de Derechos Territoriales, se revela que con datos del 2015, en Oaxaca se encontraban registradas ante la Secretaría de Economía 407 concesiones en todo el estado y 35 proyectos mineros impulsados por 38 empresas registradas en Canadá, USA, Perú, Australia y México. Según datos de la Secretaría de Economía 29 se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de desarrollo, 2 postergados y 2 en etapa de explotación. Éstos últimos han sido ubicados por el Gobierno del Estado de Oaxaca como “dos de los proyectos mineros más importantes de la historia, generando una inversión privada durante el periodo 2011-2015 por 6 mil 382 millones de pesos, lo cual ha colocado al estado en el séptimo lugar nacional en producción minera”. Pero también Oaxaca ocupa el nada honroso segundo lugar en pobreza extrema. Las concesiones mineras están distribuidas en 220 municipios del estado, casi un 40 % del total de municipios de la entidad.

Ver mapa

Ver CONTEXTO SOBRE MINERÍA EN OAXACA.

Gustavo Castro: «Cuando mataron a Berta Cáceres a mí me dieron por muerto»

Entrevista

El sociólogo ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto es testigo directo del asesinato de la activista de la tierra y el medioambiente de Honduras. Se encuentra en La Palma invitado por el grupo local de Amnistía Internacional. “Merece la pena morir por defender el planeta”, asegura.

Esther R. Medina – eldiario.es

Está convencido de que merece la pena morir por defender los derechos humanos y el patrimonio natural del planeta. El sociólogo ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto se encuentra en La Palma invitado por el grupo local de Amnistía Internacional. Durante su estancia en la Isla mantendrá encuentros con los estudiantes de diferentes institutos y el próximo viernes, 7 de octubre, a las 20:00 horas, ofrecerá una conferencia en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma. Es defensor de los derechos humanos y de la tierra y el medioambiente y fundador de la organización Otros Mundos con sede en Chiapas. Este destacado activista es asimismo miembro de la coordinación nacional de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), del Movimiento Mexicano de los afectados por las Represas (Mapder), de la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4). Gustavo Castro era compañero y amigo de Berta Cáceres, la líder y defensora de la tierra y el medioambiente de Honduras que fue asesinada en marzo de 2016. Fue testigo directo de su muerte. “Este hecho ha supuesto un antes y un después y me ha marcado la necesidad de revisar la vida”, ha manifestado en una entrevista con La Palma Ahora. Está amenazado de muerte y lleva dos meses en España acogido en el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

-¿Merece la pena morir por defender los derechos humanos y el patrimonio natural?

-Pues creo que a fin de cuentas sí, porque se trata de la vida de todos y todas. La defensa del medioambiente es también la defensa de la propia vida, de la vida de nuestros hijos, y es la vida del planeta en el que vivimos todos y todas. No tenemos otra opción, hay que hacerlo.

-Ha sido testigo directo de la muerte de Berta Cáceres. ¿Cómo le ha marcado esa experiencia?

-Ha sido como un antes y un después. Fui testigo del momento en el que asesinan a Berta, la vi fallecer, y también sufrí yo un intento de homicidio, me dieron por muerto aunque quedé herido. Este hecho me ha marcado la necesidad de revisar la vida, las estrategias de lucha y de resistencia que se tienen que hacer en América Latina para defender el medioambiente, porque no solo estoy yo, hay mucha gente más: comunidades, pueblos, hombres y mujeres que están en la misma situación defendiendo el patrimonio de la humanidad, los ríos, los bosques, en bien de todo. 

-¿Piensa regresar a América Latina?

-Por lo pronto, no. Estoy en el programa de protección de Amnistía Internacional, y el proceso legal y jurídico contra el Gobierno de Honduras por el asesinato de Berta y de la tentativa de asesinato en mi caso, sigue todavía, se han detenido a cinco presuntos delincuentes -que son los que estuvieron en el atentado-, el gerente de una empresa hidroeléctrica, un militar, un ex militar, sicarios… y la inseguridad para mí continúa porque yo vivo muy cerca de Honduras, por eso veo la necesidad de estar un tiempo fuera, y desde España seguir colaborando en la investigación para que se haga justicia por el caso de Berta.

-¿Qué mensaje desea transmitir a la sociedad palmera?

-Me gustaría platicar mucho con los chicos sobre el amor a la tierra, el amor a este planeta que es de todos y todas, y que no solo es responsabilidad nuestra cuidarlo sino responsabilidad de todos estemos donde estemos. En este sentido, vale la pena protegerlo porque estamos hablando de nuestro futuro. Alguien en una comunidad dijo que los adultos debemos preocuparnos por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y otro comentó que habría que preocuparse qué hijos vamos a dejar a este planeta, hijos críticos, hijos sanos, hijos con ganas de cambiar la realidad, de defender la humanidad, el medioambiente, y yo quiero transmitir eso, enseñar a no ser pasivos, a enamorarnos de nuestro planeta, de nuestra vida y de nuestro futuro.

Honduras: Experto de la ONU advierte sobre el riesgo de impunidad en el caso de Berta Cáceres

Pronunciamiento Naciones Unidas sobre caso BERTA CÁCERES

GINEBRA (6 de octubre de 2016) – El experto independiente de las Naciones Unidas Michel Forst expresó hoy graves preocupaciones sobre la marcha de la investigación judicial en el caso de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, asesinada en marzo de este año.

Las declaraciones del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos se producen tras la desaparición del expediente original del caso. Según la información recibida, el miércoles 28 de septiembre la jueza encargada del proceso fue interceptada por hombres armados que robaron su auto y el expediente que en él se encontraba.

“El robo del expediente original del caso de Berta Cáceres es muestra de la vulnerabilidad del sistema judicial hondureño y da cuenta, en este sentido, del problema de fondo que perpetúa la impunidad en Honduras: la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades hondureñas para investigar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos”, recalcó el Sr. Forst.

“Las autoridades hondureñas deben investigar de manera prioritaria el robo del expediente y las condiciones en las que sucedió, así como tomar medidas adecuadas y eficaces para evitar la repetición de tales hechos”, señaló.

Asimismo, el Relator Especial pidió que “la reconstrucción del expediente se haga de manera transparente y con la plena participación de los representantes de la víctima y sus familiares”.

“Las autoridades hondureñas deben actuar con profesionalidad, transparencia e independencia en la búsqueda de justicia en el caso de Berta Cáceres”, indicó el Sr. Forst. “De igual forma, deben tomar las medidas necesarias para garantizar la participación plena y efectiva de las víctimas y sus representantes legales en todas las etapas del proceso judicial”.

Para el experto de la ONU, “es fundamental que se restablezca la confianza de las víctimas en el funcionamiento del sistema judicial, no sólo para obtener justicia en el caso de Berta Cáceres, sino para combatir activamente la impunidad en Honduras”.

“Insto al Estado hondureño a aceptar la creación de la comisión independiente de expertos propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cooperar en la investigación del asesinato de Berta Cáceres”, dijo el Relator Especial.

“El caso de Berta Cáceres es un ejemplo del nivel de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras y, en particular, las mujeres defensoras”, concluyó.

Las declaraciones del Sr. Forst cuentan con el respaldo del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.

El Sr. Michel Forst (Francia) fue designado Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en 2014. El Sr. Forst tiene una vasta experiencia en el tema de los derechos humanos, específicamente sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Fue Presidente de Amnistía Internacional (Francia) y Secretario de la primera Cumbre Mundial sobre Defensores de Derechos humanos en 1998. Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx

Lea el informe del Relator Especial sobre las amenazas globales que enfrentan los defensores, y sobre la situación de los defensores de los derechos de la mujer:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/AnnualReports.aspx

Técnico de captación de fondos: Centre d’Estudis per la Pau

TÈCNIC DE CAPTACIÓ DE FONS
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau


FUNCIONS
Elaboració i implementació d’una estratègia de captació de fons privats, prestant especial
atenció als següents aspectes:
– Fundacions privades locals i internacionals
– Empreses, seguint el codi ètic de l’entitat
– Captació de socis
– Donatius
Organització, planificació i gestió dels arxius i documents per les subvencions de l’entitat
Suport tècnic a altres activitats i tasques que siguin necessàries

PERFIL REQUERIT
Titulació universitària preferentment en l’àrea de l’Administració i Direcció d’Empreses
o similar
Experiència en captació de fons públics i privats
Capacitat de treballar amb autonomia
Capacitat de treball en equip
Bon nivell de català, castellà i anglès
Coneixements informàtics de la utilització de processadors de textos i fulls de càlcul
Es valorarà:
 Coneixements sobre cultura de pau
Experiència en el sector de les ONG
Condicions:
Horari: Jornada parcial de 20h setmanals
 Lloc de treball: Oficines del Centre Delàs
Remuneració: segons barem salarial de l’entitat
Contracte temporal de 2 mesos (possibilitat d’ampliació futura segons disponibilitat
pressupostària)
 Incorporació: immediata

Les persones interessades han d’enviar carta de motivació i CV fins el 20 d’octubre a
info@centredelas.org

Nuevo estudio confirma que las grandes represas son una fuente principal de los gases causantes del cambio climático

Investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producido por la humanidad. El hallazgo ratifica una vez más que las represas no son energía limpia y afectan el clima.

AIDA America

Seattle, Estados Unidos. Un nuevo e importante estudio a cargo de investigadores de la Universidad del Estado de Washington da cuenta que los embalses de las grandes represas son una fuente “subestimada” de gases de efecto invernadero, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La investigación evidencia además que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, son gran fuente de emisiones contaminantes a la atmósfera.

De acuerdo con el estudio, los gases contaminantes provienen de la descomposición de la materia orgánica que es inundada por los embalses artificiales de agua. La contaminación generada es de gran magnitud. Los embalses generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano, señala la investigación.

“En toda América, gobiernos están impulsando la construcción de cientos de grandes represas, sobretodo para producir energía, argumentando que ayudan a mitigar el cambio climático al ser fuentes limpias”, explicó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es cada vez más claro que las grandes represas, más que una solución, son un problema. Los líderes del mundo deben con urgencia empezar a planificar e implementar soluciones energéticas alternativas a fin de conseguir un avance real en la lucha contra el cambio climático”.

Junto con una coalición de organizaciones de la sociedad civil, AIDA, Amazon Watch e International Rivers hemos insistido por años que la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos —como la represa Belo Monte en Brasil— causan daños serios al ambiente, el clima, y a los derechos de las comunidades afectadas.

“Las grandes represas son uno de los causas más importantes de la destrucción ambiental en la Amazonía”, dice Leila Salazar-López, directora ejecutiva de Amazon Watch. “Además de emitir metano, destruyen la biodiversidad y los bosques ancestrales de miles de comunidades indígenas y tradicionales que han vivido por siglos de los ecosistemas ribereños. Es imprescindible calcular los costos reales de las grandes represas para entender todos sus impactos y no generar más daños que beneficios”.

Como organizaciones trabajando en la promoción de soluciones reales al cambio climático, estamos dispuestas a compartir evidencia científica sobre los daños de las grandes represas con gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras, para contribuir al cambio energético que todos necesitamos.

“Los nuevos hallazgos tumban el mito de las hidroeléctricas como fuente limpia de electricidad y ponen de relieve porqué las grandes represas deben ser excluidas de los mecanismos de financiamiento climático”, dijo Kate Horner, directora ejecutiva de International Rivers.

Los hallazgos de este nuevo estudio deben ser considerados en los inventarios de emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático, y en la ejecución de programas y planes orientados a resolver nuestras necesidades energéticas.

Para más información consulte:

  • Estudio de la Universidad del Estado de Washington (inglés).
  • Comunicado de la Universidad del Estado de Washington sobre el estudio (en inglés).
  • 10 razones por las que las iniciativas climáticas no deberían incluir grandes proyectos hidroeléctricos (manifiesto).
  • Carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático.

 

COPINH y familia de Berta Cáceres piden al Ministerio Público que rompa la secretividad

COPINH y la familia de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, pidió al Ministerio Público que rompa la secretividad decretada sobre este emblemático caso que está siendo discutido nacional e internacionalmente.

7 meses de Impunidad e Injusticia.

COPINH

La petición la hizo el apoderado legal de la familia Cáceres, Víctor Fernández, quien consideró como un absurdo que el Ministerio Público no le permita tener acceso a la información y al expediente, cuando ahora éste está en manos de criminales, luego que le fuera hurtado a la magistrada María Luisa Ramos.

El caso de Berta Cáceres, quien fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa de habitación en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, fue declarado en secretividad por el Ministerio Público, sin embargo desde ese entonces el proceso ha estado plagado de irregularidades.

 

“Rompan con la secretividad para que nos demos cuenta, para contribuir al proceso de investigación, para tener posiciones oportunas sobre lo que está pasando en el caso”, expresó Fernández, quien además es el coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) una organización sin fines de lucro, cuyas oficinas fueron asaltadas recientemente y donde curiosamente se maneja el connotado juicio.

El profesional del derecho reveló este martes que mediante un allanamiento practicado por fiscales del Ministerio se encontró el pasado 2 de mayo en las oficinas de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), una camiseta, supuestamente del Fiscal General de la República.

“Este dato a nosotros nos parece sobremanera relevante y hoy el que el caso lo tiene cualquier gente que se lo robó ¿por qué nosotros debemos seguir conservando el secreto?”, dijo Fernández.

Apuntó que la familia Cáceres quiere que el Ministerio Público tenga éxito en el proceso de juzgamiento, “pero con este comportamiento, con estos datos, cuya respuesta es el secreto, el silencio, es un poco difícil mantener la confianza”, señaló.

Insistió en que es insostenible que el Ministerio Público mantenga en secreto un caso que ya está en manos de la delincuencia, por lo que a reglón seguido pidió la conformación de una comisión internacional. Desde un inicio la familia Cáceres ha venido solicitando la integración de una comisión internacional, liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El coordinador de la MADJ pidió que al caso de Berta Cáceres no se le siga dando el trato de cualquier asesinato, porque debe ser considerado un crimen de lesa humanidad.

Fuente: Criterio hn

 

 

Honduras: El FMO y su informe mentiroso

COPINH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras rechaza enérgicamente el informe de la Misión contratada por el FMO para legitimar sus actuaciones como banco financiador, así como las de la empresa DESA, la misión en su informe busca desestimar las responsabilidades de estas instituciones en la creación de una situación de conflictividad, intimidaciones, agresiones y asesinatos en las comunidades de Río Blanco y en contra del COPINH, así como en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Este informe busca desacreditar la resistencia legítima que han presentado las comunidades de Río Blanco en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, mediante la criminalización del COPINH, las comunidades indígenas y sus liderazgos.

Al mismo tiempo busca deslegitimar la búsqueda de justicia en el asesinato de nuestra Coordinadora General Berta Cáceres quitando las responsabilidades que claramente tiene DESA, e incluso el documento promueve la reapertura del proyecto.

El COPINH rechaza, una vez más la imposición de las ideas occidentales acerca del “desarrollo” enmascarado en el capitalismo verde que en realidad significa el saqueo del territorio Lenca, de nuestra cosmovisión y espiritualidad.

El informe trata al proyecto Agua Zarca como una solución mágica para los problemas de las comunidades, obviando que los beneficiados son los grupos económicos que en complicidad con las autoridades imponen su beneficio económico sin importar cuántas vidas cueste, arrojando migajas para las comunidades, las cuales debemos suponer que reemplazan las responsabilidades del Estado.

El Convenio 169 de la OIT, al igual que los demás instrumentos jurídicos, han sido producto de las luchas de los pueblos indígenas del mundo por el reconocimiento de nuestros derechos y su letra no puede ser tergiversada al beneficio de las empresas, los bancos o el Estado. El informe busca quitarle las responsabilidades a DESA y a los bancos, en especial al FMO, en la violación de la Consulta y Consentimiento, Libres, Previos e Informados (CLPI).

Agua Zarca es un proyecto aprobado por el Estado, sin consulta a las comunidades afectadas ni a sus organizaciones. Por lo cual desde su origen es ilegal e ilegítimo, y los funcionarios quienes firmaron cualquier contrato o disposición son igual de responsables por la violación a la CLPI y sus resultados en Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres. Jonathan Laínez, exvice-ministro de SERNA y Martiniano Domínguez, exalcalde de Intibucá, están siendo procesados por abuso de autoridad en la violación a la CLPI por los permisos otorgados a DESA sobre el Río Gualcarque. Exigimos castigo por esa violación flagrante de los derechos del pueblo Lenca.

La Misión del FMO se parcializó para favorecer a los actores involucrados en la violación de los derechos del pueblo de Río Blanco y construyó un discurso que respalda las nefastas actuaciones de la empresa. La Misión ignoró y desestimó testimonios de personas e instituciones claves para entender el contexto de violencia y conflictividad creado por la empresa y el Estado hondureño. E incluso evitó hablar con la familia de nuestra compañera Berta Cáceres aún cuando su tarea es producto de su vil asesinato y la vinculación de DESA en este.

La violencia sufrida en las comunidades de Río Blanco ha sido producto de la instauración de un modelo de terror paramilitar y división implantado desde la empresa DESA, dirigida por su gerente, militar de inteligencia, David Castillo, en complicidad con todos los niveles del Estado (Ejecutivo, congreso, alcaldes municipales), para imponer a toda costa un proyecto que no brinda beneficios a las comunidades, sino muerte y destrucción.

La responsabilidad de la violencia recae en las actuaciones de esta empresa y su alianza con las instituciones estatales que han agredido, humillado y asesinado con impunidad. Sin embargo, el informe de la misión del FMO busca alegar que la violencia proviene de las comunidades y criminaliza al COPINH. El informe ignora la naturaleza sistemática de la violencia, lo cual incluye los asesinatos de cuatro miembros de COPINH, así como los cientos de casos de intimidación y agresiones por parte guardias de seguridad, policías y militares contra las comunidades.

Este informe es sacado a la luz con el objetivo de tergiversar la verdad acerca del proyecto de muerte Agua Zarca y permitir que DESA/Agua Zarca continúen sembrando la muerte para lucrarse.

La Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU, ha expresado en su reciente informe acerca de la situación de los pueblos indígenas en Honduras “El Caso de Río Blanco es emblemático de la situación de violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia que amenaza a los pueblos indígenas de Honduras, particularmente en relación con los proyectos de inversión”. Y ha añadido; “Deben profundizarse las líneas de investigación del asesinato de Berta Cáceres respecto a la posible participación de personas adicionales, incluyendo empleados y agentes de la empresa y agentes estatales, policiales, militares y de seguridad privada”.

Sabemos que se está desarrollando toda una estrategia mediática a nivel nacional para limpiar la imagen de DESA/Agua Zarca y poner en funcionamiento el proyecto, con la aparición de figuras indignas y vendidas como Elsia Paz entre otras.

El COPINH deja claro que no vamos a permitir de ninguna manera que Agua Zarca continúe y que se sigan despojando nuestros territorios. Nuestra búsqueda de justicia por Berta será inagotable y todos los responsables deben ser castigados.

Exigimos que el FMO, Finn Fund, y el BCIE se retiren de manera inmediata y definitiva del Proyecto Agua Zarca.  Exigimos la cancelación inmediata del Proyecto Agua Zarca en el sagrado Rio Gualcarque.

Seguimos en pie de lucha. Por Berta y por todos y todas nuestras mártires. Por nuestros ríos, bosques y montañas. Por todas las comunidades que resistimos este sistema capitalista, racista y patriarcal.

En el documento adjunto se amplían las inconsistencias, sesgos, y errores del informe de la misión del FMO, solicitamos a la solidaridad nacional e internacional su difusión y apoyo.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

Dado a los 30 días del mes de septiembre de 2016.

AQUI PUEDEN LEER EL DOCUMENTO ADJUNTO COPINH rechaza el informe de la Misión del FMO

ADEMAS: Mediante asalto roban expediente judicial del asesinato de Berta Cáceres http://www.clibrehonduras.com/alerta/mediante-asalto-roban-expediente-judicial-del-asesinato-de-berta-c%C3%A1ceres