Chiapas: buscan autorización de pueblos zoques para abrir 12 pozos de hidrocarburos

Inicia consulta en tres municipios. No autorizaron presencia de observadores en el proceso. EZLN se opone.

Por Ángeles Mariscal desde Chiapas. Aristegui Noticias

La Secretaría de Energía inició el martes la consulta a los pueblos indígenas zoques de los municipios Francisco León, Ixtacomitán y Pichucalco, con el fin de lograr su autorización para abrir 12 pozos de donde se espera extraer gas y aceite que actualmente se licitan.

La consulta se llevó a cabo en el ejido Miguel Hidalgo, del municipio de Tecpatán; el jueves se efectuará en el municipio Francisco León; el viernes en los poblados La Providencia y El Escobar de Ixtacomitán; y el sábado en Pichucalco. Estos municipios ubican en la zona norte de Chiapas, donde habitan indígenas de la etnia zoque, de acuerdo al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH).

 

De acuerdo a la Constitución mexicana, para explorar y explotar hidrocarburos que se encuentren en zonas indígenas, se debe tomar en cuenta los intereses y derechos de esas comunidades y pueblos.

Sin embargo, de acuerdo a integrantes del Centro de Lengua y Cultura Zoque, originarios de esa región, en la consulta fue impedida la presencia de observadores externos y especialistas.

“Sobre el proyecto sólo se informó a las autoridades ejidales a través de los ayuntamientos, sin darles mayores detalles. Es hasta el día de la votación cuando someramente se mencione a los habitantes la implicación de los proyectos, explicó Fermín Ledesma, integrante del Centro.

Para acceder a los detalles del proyecto, cada empresa licitante debe pagar 2.5 millones de pesos, por concepto de acceso por cada uno de los “cuarto de datos” que componen las características de los yacimientos sujetos a la licitación que fue abierta el pasado 24 de agosto.

“Primero se les debió informar, para que los ejidatarios analizarán y consultaran sobre los alcances con personas de su confianza y efectos, para que tuvieran un periodo de discusión interna. En estas condiciones no se está llevando a cabo una consulta libre e informada”, explicó el Centro de Lengua y Cultura Zoque.

De acuerdo a la convocatoria CNH-R02-L02/2016, la licitación comprende 12 pozos localizados en una extensión de 845 kilómetros cuadrados donde se encuentran yacimientos de gas y aceite. Se convocó a personas morales nacionales y extranjeras, y a empresas productivas del Estado. Extraoficialmente ya hay tres empresas extranjeras interesadas en la licitación.

La licitación también comprende 20 pozos en el municipio de Macuspana, Tabasco, en la zona conocida como Cuencas del Sureste, señala el CNIH. El 7 de abril de 2017 se dará a conocer el resultado del proceso. Actualmente, en Chiapas los poblados que forman parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e integrantes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, se oponen a los proyectos de la industria extractiva en sus territorios.

Bayer, Monsanto y compañía: agricultura como si no hubiera un mañana

Gabriela Vázquez, eldiario.es

El pasado 14 de septiembre recibíamos, después de varios avisos, la noticia del acuerdo definitivo de Bayer con Monsanto para la compra de la primera por 66.000 millones de dólares. Esta unión se sumaba a la de Dow-Dupont ( diciembre de 2015) y a la de Syngenta-ChemChina ( febrero de 2016), y dejaba “desparejada” a la otra gran empresa del sector semillero y de agroquímicos, BASF, de quien se espera que mueva ficha próximamente.

Pero esta agitación no sólo está dándose en este sector, sino también en otros sectores vitales en el mundo de los insumos agrícolas, y con unos volúmenes de mercado mucho mayores, como son el de los fertilizantes (175.000 millones de dólares en el año 2013, respecto a los 93.000 del mercado de pesticidas-semillas) y el de la maquinaria agrícola (116.000 millones). Todas estas empresas se encuentran igualmente en un frenesí de compras y fusiones, de apuesta por nuevos mercados y de concentración en cada vez menos manos.

Estas fusiones aún pueden ser evitadas por la legislación anti-monopolio de los distintos países (aunque, cuando aún intentaba comprar Syngenta, Monsanto estaba tan segura de que nadie bloquearía el acuerdo que ofrecía una fianza de 2.000 millones de dólares en caso de que así fuera ), y nadie puede saber cómo será exactamente el panorama final: ¿a qué escenario nos llevará esta tendencia que comenzó con la compra de pequeñas empresas semilleras por todo el mundo hace unas décadas?

La acumulación de poder por parte de estas empresas multinacionales se retroalimenta, haciéndose cada vez mayor: su tamaño les da una gran capacidad de lobby, lo que permite que la legislación de todo el mundo se adapte a sus intereses. En el año 2015 las empresas del sector agroquímico invirtieron 132 millones de dólares en labores de lobby sólo en el Congreso de EEUU. También les otorga una enorme influencia a la hora de decidir qué es lo que se investiga y cómo, ganándole terreno cada vez más a la investigación pública y decidiendo de facto hacia dónde se encaminan nuestros sistemas agroalimentarios.

Sin embargo, el mayor poder de estos oligopolios reside en su capacidad para dar lugar a sus propias narrativas sobre lo que debe ser y será la alimentación del futuro. Un modelo alimentario basado en la cantidad de calorías producidas, quizá con algunos suplementos para combatir, considerándolas de forma aislada, algunas deficiencias vitamínicas. Las medidas ambientales que se introducen intentan reconciliar al modelo agroindustrial con el medio en el que vive, sin replantearse este en su conjunto.

En estas narrativas el modelo de monocultivos destinados a la exportación y largas distancias se mantiene. También se mantiene la dinámica del agricultor cada vez más dependiente del suministro de insumos externos, aunque no se cierra la puerta a que estos insumos puedan cambiar. Se defiende la “intensificación sostenible”, que se fundamenta en que, ya que la agricultura va a degradar inevitablemente el territorio, lo mejor es maximizar mediante el uso de insumos externos la productividad de un terreno dado, para ocupar el menor espacio posible. Esta argumentación, aparte de dar por hecho que es inevitable que la actividad agrícola destruya el medio en el que se desarrolla, supone que el único impacto de ésta se da en la parcela en que se cultiva, sin considerar el impacto que la obtención de esos insumos genera en otros lugares.

No es esta una defensa de la autosuficiencia radical de las explotaciones agrícolas. Quiero reivindicar más bien una lógica que no sólo tenga en cuenta cuánto se produce y a qué coste económico, sino que considere igualmente los materiales y energía (incluida la energía necesaria para mover esos materiales por el mundo) que han tenido que consumirse en el proceso. Lamentablemente, nuestro sistema económico no es capaz de medir adecuadamente estos costes, por lo que no podemos dar por hecho que lo más barato económicamente es lo más “barato” en términos de materiales y energía.

Algunas de las soluciones tecnológicas que se plantean, al no ser claramente destructoras o contaminantes de por sí, permiten imaginar un campo que se desarrolla a espaldas del mundo físico que lo sostiene. En muchos casos la cuestión no es el rechazo a la propia tecnología, sino preguntarnos si se han echado las cuentas de hasta qué punto podemos disponer de los recursos para generalizar su utilización. En un mundo de recursos finitos y políticas neoliberales, el acceso de unos pocos agricultores de élite a la maquinaria más avanzada podría impedir a todo el resto el acceso a herramientas mucho más básicas. Si sabemos que necesitaríamos siete planetas para que todo el mundo viviera como un estadounidense medio, ¿cuántos necesitaríamos para que todos los agricultores trabajasen en el futuro que se imaginan Bayer y Monsanto?

Lo que no es posible, bajo este modelo ni bajo ningún otro, es conseguir un sistema de producción justo y viable a largo plazo que garantice los niveles de consumo y despilfarro que tenemos actualmente en los países enriquecidos. Sencillamente, no existen en el planeta que tenemos los materiales para hacer algo así.

Afortunadamente, existen formas de producir lo suficiente para asegurar que se cubran las necesidades (que no los deseos, que son ilimitados) de todas las personas, tanto en el plano alimentario como en otros. Olivier de Schutter, anterior relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, ya explicaba hace algunos años cómo la agroecología (un concepto que va más allá de la agricultura ecológica, con la que a menudo se confunde) sería capaz de “alimentar al mundo” en un contexto de crisis económica, ecológica y energética. Es más, sería posible hacer esto desde una perspectiva de recuperación de la soberanía alimentaria de los pueblos, es decir, de recuperación de la toma de decisiones que en estos momentos, y cada vez más con acuerdos como el de Bayer y Monsanto, se encuentra muy lejos de las comunidades que en la práctica sustentan la vida.

Uno de los cambios clave entre un modelo y otro sería el de recuperar el enfoque centrado en la adaptación de la producción al medio (basado en la diversificación de soluciones según las condiciones particulares de cada lugar), en lugar de continuar con el enfoque centrado en la modificación del medio (basado en la estandarización de muchos lugares diferentes mediante el aporte de insumos externos). El segundo enfoque, en el que un menor número de soluciones son válidas para todo el mundo, encaja mejor con un modelo globalizado y concentrador de poder.

El cómo podría funcionar un modelo basado en la diversificación, qué datos sobre su efectividad tenemos hasta ahora, qué elementos del modelo industrial actual convendría mantener y cuales convendría desechar, y cómo podría realizarse la transición de uno a otro son temas abordados en el informe “ From uniformity to diversity” del comité IPES-Food. Este comité está formado por expertos relacionados con las Naciones Unidas (entre ellos el ya mencionado de Schutter), la academia y diversas organizaciones relacionadas con el medio ambiente y la cooperación internacional.

Según ellos, “el que el potencial de la agroecología para mejorar los resultados de los sistemas alimentarios no coincida con un potencial para generar beneficios para el agronegocio podría explicar por qué ha tardado tanto en hacerse hueco en la agenda política.” Aunque distintos organismos de la ONU lleven varios años haciéndose eco del potencial de la agroecología, especialmente en países del Sur, el primer Simposio sobre Agroecología de la FAO no tuvo lugar hasta el año 2014.

El informe señala también el riesgo fundamental de que, en un momento en el que el cambio es tan necesario, las prioridades políticas se centren no en fomentar y salvaguardar el desarrollo de modelos alternativos, sino en realizar retoques a las prácticas de las multinacionales que en realidad dejen intactos los aspectos esenciales del modelo actual.

Existen distintas medidas que pueden ponerse en marcha para, poco a poco, ir cambiando el centro de gravedad de nuestros sistemas alimentarios, pero la concentración de poder en el sistema actual ha alcanzado cotas tan altas que la acción política resulta también esencial para su desmantelamiento. Aunque no parece que nuestros gobiernos tengan ninguna intención de hacerlo, el bloqueo de acuerdos como el de Bayer-Monsanto sería un buen lugar para empezar.

Boletín del WRM: Los pueblos de “América Media” luchando por sus territorios y contra toda forma de opresión

Boletín nº 226- Octubre 2016

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“América Media”: pueblos en resistencia ante un pasado colonial que perdura con imposición y violencia

Cuando pensamos en los países que van desde el sur de México hasta Panamá, acostumbramos hablar de América Central o Centroamérica. Es decir, en nuestro imaginario, ese sería el nombre que usaríamos para situar el territorio que se encuentra entre la región Sur y la región Norte del continente americano. Sin embargo, las historias, culturas, economías y políticas de este territorio cuentan una historia diferente y nos obligan a reflexionar más allá sobre sus límites y definiciones.
 
Mientras que administrativamente, Centroamérica comprende siete países: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; algunos historiadores aún delimitan la región de acuerdo a los límites establecidos por uno de los virreinatos de la colonia española, es decir, los actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.


Por otra parte, la antropología definió como Mesoamérica a los territorios que comprenden desde la mitad sur de México, los territorios de Guatemala, Belice y El Salvador, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde se asentaron grupos de las zonas precolombinas de México y del Caribe – tales como los pueblos Mayas, Lencas, Pipiles, Kunas, Chorotegas, Nasos, Bribris, entre otros -, y que han habitado estos parajes durante milenios. No debemos confundirnos con otras divisiones que han sido creadas por organizaciones internacionales para pretender una “integración” económica que apunta a expandir el comercio neoliberal en estos territorios.
 
Pero la historia oficial, antropológica y colonial no considera las otras diversas historias que los pueblos, culturas y geografías nos cuentan. Aquellas que tienen que ver con los intercambios culturales y políticos, las luchas de resistencia, las percepciones y formaciones de lugares sagrados, territorios y que dan un sentido de pertenencia a esta “América Media”, en el sentido amplio de la palabra, desde el sur de México hasta Panamá.
 
Esta “América Media” entonces es un territorio definido y re-definido a lo largo de los años por sus pueblos y culturas. A través del tiempo, no obstante, y sobretodo desde la era de la colonización, su papel ha sido el de zona de disputa territorial entre las grandes potencias europeas —a las que se sumó a fines del siglo XIX, Estados Unidos—, con el objetivo de explotar y controlar sus “recursos naturales”. Su ubicación es estratégica, ya que permite cortar camino en la comunicación de los océanos Atlántico y Pacífico por vía marítima. Además, es una zona de altísima biodiversidad en términos de bosques y manglares, suelos fértiles, ricas reservas de agua dulce, así como de enormes reservas de petróleo y minerales.
 
Durante poco más del último siglo, estos territorios han estado modulados por movimientos de liberación y emancipación social, seguidos por cruentas dictaduras militares. La fuerte violencia política y persecución social que continúa en la actualidad no ha impedido a que las luchas de resistencia se siguieran multiplicando por todos sus rincones. Sin embargo, en la actualidad, con los movimientos y organizaciones de base enfocados especialmente en la defensa de los territorios y contra la imposición de un modelo extractivista destructivo, los niveles de violación a los derechos humanos y colectivos de los pueblos es alarmante.
 
Este boletín busca apoyar y honrar a estos pueblos diversos y sus luchas de resistencia. Por tanto, es un boletín dedicado a reflexionar sobre esa “América Media”, es decir, a los territorios definidos por sus pueblos, historias y luchas que van desde el sur de México hasta Panamá. De la mano de organizaciones aliadas en estos territorios, el WRM ha buscado resaltar las imposiciones y luchas que desde hace muchísimos años vienen pugnando los pueblos en la defensa de sus bosques, tierras y culturas.
 
El empuje por expandir las plantaciones de monocultivos, las concesiones mineras y petroleras, los proyectos de “conservación” tipo REDD+, las hidroeléctricas, los proyectos de infraestructura, entre otros, ha ido de la mano de una violenta represión -con casi total impunidad- de cada vez más personas que resisten ese modelo económico que está al servicio del gran capital. En palabras de Berta Cáceres, líder indígena asesinada en Honduras, cuyo legado ha trascendido los territorios de la “América Media”, “La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos sociedades capaces de coexistir  de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y sus espíritus”.
 
Esperamos que este boletín ayude a dar visibilidad a estas luchas y así entender mejor los diversos procesos que pretenden imponerse en estos territorios.

LOS PUEBLOS DE «AMÉRICA MEDIA» LUCHANDO POR SUS TERRITORIOS Y CONTRA TODA FORMA DE OPRESIÓN
Modelo extractivista: el despojo de territorios y la criminalización de la protesta en Centroamérica
Un modelo impuesto que saquea y expulsa a pueblos enteros de sus tierras, que criminaliza y reprime la protesta, que asesina gozando de total impunidad. Pese a esto, la resistencia crece y clama solidaridad.
 
Expansión de las plantaciones de palma aceitera como política de Estado en Centroamérica
Aspectos históricos, ambientales, laborales y económicos unen el fenómeno de expansión de los monocultivos de la palma aceitera en Centroamérica, el cual se incrementa con la demanda de este aceite a nivel global.
 
Madre Vieja: el río que llegó al mar
En febrero de 2016, varias comunidades de la cuenca del río Madre Vieja en Guatemala, se armaron de valor, denunciaron el desvío y robo del agua por parte de las agroindustrias, y emprendieron una pacífica batalla por la liberación de su río.
 
Neocolonialismo y plantaciones en la costa Garífuna de Centroamérica
Un siglo después de la invasión a Honduras por Sam Zemurray y Manuel Bonilla con las empresas bananeras y luego de palma aceitera, se inicia una nueva imposición con la amenaza de las llamadas “ciudades modelo”.
 
El Modelo Extractivo Minero: amenaza potencial contra la diversidad biológica en Mesoamérica
A pesar de los intentos para hacerle creer a la población que el extractivismo minero significa desarrollo sustentable, los pueblos de Mesoamérica, alertados sobre la contaminación que éste produce, caminan en la construcción de diferentes formas de resistencia.
 
La defensa del territorio cuerpo-tierra: una alternativa para los movimientos sociales en resistencia
Es necesario hacer una defensa integral por el derecho a decidir sobre el territorio, el cuerpo y la vida. Solamente uniendo las luchas, éstas tienen posibilidades de resistir y crear alternativas para transformar el sistema capitalista, patriarcal y colonial.
 
Semuc Champey, Guatemala: donde el río se esconde
Un extraordinario bosque fue convertido en “área protegida” sin siquiera consultar con las comunidades que habitaron y cuidaron de esas tierras desde hace siglos. Este “modelo de conservación” se suma a una serie de violaciones históricas.
 

 

 

[Conversatorio] Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina

Este martes 25 de octubre del 2016 a las 7 PM,

Otros Mundos A.C. les invita al conversatorio

«Resistencia al modelo extractivo:
criminalización e impunidad en América latina»

en el Foro Kinoki de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Dirección: Belisario Domínguez #5A, Colonia Centro,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

 

Les queremos invitar al conversatorio «Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina», en el que reflexionaremos sobre este sistema económico basado en la acumulación del capital y la extracción de bienes comunes naturales mediante la actividad minera, la construcción de represas hidroeléctricas, la extracción de gas y petróleo, la explotación de los bosques y de la biodeversidad. Este modelo se impone a través de megaproyectos que violan los derechos humanos de los pueblos rurales, negros e indígenas de América latina, destruyendo el medioambiente y las fuentes de vida de las comunidades. Es el modelo contra el cual miles de pueblos están resistiendo para proponer otra forma de vida, más respetuosa del medioambiente y de las tradiciones ancestrales de los pueblos.

Contaremos con la presencia de Bertha Zúñiga Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), para hablarnos de la resistencia al modelo extractivo en Centroamérica. Es hija de Berta Cáceres, quien coordinaba dicha organización cuando fue asesinada en la noche del 2 al 3 de marzo de este año en Honduras. Le quitaron la vida por defender al pueblo Lenca del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Tendremos un enlace vía Skype con Gustavo Castro Soto, integrante de Otros Mundos A.C., quien nos hablará de los impactos del modelo extractivo sobre los pueblos y el medioambiente en México y América latina. Como defensor, ha trabajado de cerca con el COPINH durante 20 años, creando redes de resistencia a megaproyectos en la región.

Estará presente también el abogado Miguel Ángel de Los Santos, profesor en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), quien lleva el caso de Gustavo Castro Soto en su proceso de demanda a las autoridades hondureñas por el intento de asesinato del que fue víctima en la noche en la que asesinaron a Berta Cáceres. Nos hablará de los mecanismos de criminalización de los movimientos sociales y de la impunidad en la que permanecen los autores de violaciones de derechos de las y los que resisten al modelo extractivo en la región.

 

Apicultores mayas denuncian ante el tribunal de La Haya a Monsanto

Ecocidio y crímenes contra la humanidad, entre los cargos

Luis A. Boffil Gómez, La Jornada

Dirigentes apícolas mayas de Hopelchén, Campeche, acudieron a La Haya, en los Países Bajos, para denunciar ante la Corte Internacional de Justicia a la trasnacional Monsanto, y dar testimonio de carácter ético de las «graves violaciones a los derechos humanos en sus comunidades a raíz de los productos que la empresa desarrolla y comercializa en México».

En un comunicado emitido por el grupo de derechos humanos estatal Indignación, Greenpeace y los colectivos Sin Transgénicos y Apícola Los Chenes, se informó que Angélica Ek y Feliciano Ucán visitaron La Haya este fin de semana para pedir que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio.

Oposición desde 2012

En 2012, Angélica y Feliciano –apoyados por el Colectivo Apícola Los Chenes, organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos y comunidades mayas de Campeche y Yucatán– presentaron diversos amparos contra el permiso que el gobierno mexicano otorgó a Monsanto para sembrar en forma comercial soya transgénica resistente al herbicida llamado glifosato.

El comunicado refiere que para entregar el permiso las autoridades de agricultura y del medio ambiente ignoraron los dictámenes de los órganos técnicos a cargo de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas; por ejemplo, lo referente al destino final del herbicida en los mantos freáticos de la península de Yucatán, que tiene un suelo altamente permeable.

Además, en esta región se produce miel para exportación, por lo que se pone en riesgo el mercado por el rechazo del consumidor europeo a los productos transgénicos. Asimismo, habría restos de polen de soya transgénica en el producto.

Los apicultores destacaron que el glifosato pone en riesgo la salud de los agricultores y de las especies benéficas. Es el producto más empleado a escala mundial, junto con otros agroquímicos, y en la región aumentó su uso.

Denunciaron que en Hopelchén, entre 2005 y 2015, se perdieron 59 mil 880 mil hectáreas de selvas, muchas de las cuales eran cultivadas con soya y maíz naturales. «Es tan sólo una lista de impactos de la empresa Monsanto que, con sus productos, ha provocado la muerte de abejas y afectaciones en flora y fauna, la construcción de pozos de agua ilegales y la pérdida de masa forestal».

Lo único que se busca, finaliza el reporte de los ambientalistas, es que se respete el modo de vida de los pueblos originarios y su medio ambiente.

…………………

El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Prestigiosos jueces escucharán testimonios de víctimas y brindarán una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia. Una asamblea popular, será un evento diferente que de forma paralela brindará la oportunidad para que los movimientos sociales puedan congregarse y planear el futuro que queremos. El Tribunal Monsanto y la Asamblea Popular se llevarán a cabo entre el 14 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya, Países Bajos

 

VIDEO: Defendamos el maíz mexicano ante los tratados de libre comercio

Pronunciamiento de la Feria Popular Alternativa en el marco del día nacional del maíz – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

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El 29 de septiembre del 2016, día nacional del maíz, las organizaciones reunidas en la Feria Popular Alternativa celebramos la diversidad de las semillas que tenemos la suerte de poder sembrar en nuestro país. México es la cuna del maíz, con alrededor de 60 razas y miles de variedades de este cereal, fundamental en nuestra alimentación y nuestra cultura.

Agradecemos el trabajo de l@s miles de pequeñ@s agricultore/as que cuidan las semillas criollas heredadas de sus abuel@s gracias a sus saberes ancestrales. Hoy, más que nunca, necesitamos sus conocimientos y sus semillas diversas para que los cultivos resistan a los cambios climáticos en medio de la crisis ambiental que estamos enfrentando. Por ello, rechazamos todas las leyes que pretendan restringir la libertad de l@s campesin@s de usar, preservar y multiplicar sus semillas. Esta libertad se ve amenazada hoy por el Acuerdo Transpacífico (TPP), firmado en febrero de este año por México y otros once países de la región pacífica.

Nos oponemos a este acuerdo impulsado por Estados Unidos y empresas trasnacionales, negociado a espaldas de la ciudadanía. Exigimos al Senado mexicano que está actualmente examinando el acuerdo, no ratificarlo. Al ratificarse el TPP, México debería adherirse al convenio de la Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV 91), que permitiría a las empresas biotecnológicas, como Monsanto, Bayer, Dupont Pioneer o Syngenta Crop, controlar la circulación de las semillas campesinas.

No queremos que l@s campesin@s sean multad@s o encarcelad@s por sembrar o intercambiar una semilla porque una empresa ha decidido hacerse dueña de ella. Nosotr@s Mexican@s no necesitamos que ninguna empresa trasnacional pretenda encargarse de nuestra alimentacion, ya que nuestr@s campesin@s saben hacerlo mejor. En realidad, no creemos que dichas empresas se preocupen por nuestro bienestar. Sólo quieren generar poder y dinero despojando a l@s campesin@s de México y del mundo de sus semillas y de sus conocimientos para volverlos dependientes de sus productos. Creemos que las semillas son un bien común y nunca aceptaremos que se privaticen.

En esta celebración, tuvimos la suerte de ser acompañad@s por los representantes de las Naciones Indígenas de América que corren a través del continente en el marco de las Jornadas de Paz y Dignidad y hicieron ese día una parada en San Cristóbal de Las Casas, para celebrar con nosotr@s la diversidad de las semillas.

Somos orgullos@s de ser de un país en el que la siembra de maíz transgénico fue prohibida, gracias a la lucha jurídica del colectivo “ Demanda colectiva Maíz”. Sin embargo, la lucha no está terminada, pues la prohibición es temporal. Exigimos que nunca se vuelva a permitir la siembra de maíz OGM en México, ya que las empresas que los comercializan pretenden también instaurar una dependencia de los campesinos hacia sus productos.

Preferimos mil veces comer tortillas hechas con maíz criollo que con maíz que contiene genes de bacterias. Queremos estar en buena salud, y por ello seguir comiendo el maíz de nuestr@s campesin@s.

¡No a la privatización de las semillas campesinas de México!
¡No al TPP en México!
¡No al maíz transgenico!
¡Si al maíz criollo y a las semillas campesinas!

¡Vivan l@s campesin@s mexican@s que defienden sus semillas y sus saberes ancestrales!

15 de octubre, SCLC: Feria de Economía Solidaria y Celebración del Día Internacional de las Mujeres Campesinas

Este sábado 15 de octubre del 2016, la asociación civil Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, integrante de la Feria Popular Alternativa, participará en dos eventos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas:

– La Feria Artesanal de Economía Solidaria (entrada libre)

Horario: 9.30 AM – 3.00 PM

Lugar: Casa Pastoral, Calle 5 de febrero, esquina General Utrilla, atrás de la Catedral

Programa: Venta de productos artesanales locales- Posibilidad de pagar con Túmin, la moneda alternativa y solidaria local + Proyección de videos sobre mujeres campesinas

– La celebración del Día Internacional de las Mujeres Campesinas (entrada libre)

Horario: 9.00 AM – 6.00 PM

Lugar: Plaza de la Paz, frente a la Catedral

 

Programa: Mercado de trueque (12 PM-1 PM) + Rifa + Proyección de videos sobre mujeres campesinas en la Casa Pastoral (ver dirección arriba) + Mesas de difusión

Juzgarán a Monsanto en tribunal especial de La Haya por crímenes contra la humanidad

Revista emeequis.mx

Por primera vez la comunidad civil internacional se organizó a los fines de juzgar, a nivel simbólico, a una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo por crímenes contra la humanidad.

Del 14 al 16 de octubre, la estadounidense Monsanto, fabricante de productos agroquímicos y de biotecnología, será juzgada en La Haya en una especie de tribunal popular en un hecho que no tendrá valor jurídico real, pero que servirá para llamar la atención sobre las prácticas de la empresa con testimonios de todo el mundo.

El jurado del autodenominado Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, creado a iniciativa de un grupo de activistas, evaluará los posibles daños causados por la multinacional estadounidense a la salud humana y al medio ambiente. Un grupo de expertos escuchará testimonios de víctimas y ofrecerá luego una opinión consultiva, siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia.

La acusación es la siguiente: El modelo agroindustrial impulsado por Monsanto es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. También es en gran parte responsable del desgaste de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y de la marginación de millones de pequeños agricultores.

 

Por otra parte, reza la acusación, es un modelo que amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos a través de las patentes sobre las semillas y es responsable del aumento de casos de cáncer en las zonas fumigadas por el herbicida glifosato.

La periodista francesa Marie-Monique Robin, una de las organizadoras del tribunal, señaló en una visita reciente a Buenos Aires que la iniciativa tiene dos metas: que jueces y abogados evalúen los daños causados por la empresa a lo largo de la historia con químicos como el PCB, el agente naranja y el glifosato, y que revisen el derecho internacional para ver si se debe incluir la figura de “ecocidio”.

“Es una figura penal que permitiría juzgar a los directivos de las multinacionales como Monsanto o Bayer. Hoy en día la única opción para las víctimas es buscar una reparación financiera en una acción civil, pero no pueden ir a la cárcel los directivos”, explicó Robin.

Monsanto, recientemente adquirida por la farmacéutica alemana Bayer, es una de las empresas más polémicas del mundo por las semillas transgénicas que vende, resistentes al herbicida glifosato, principal ingrediente del producto Roundup, que fabrica la misma empresa y que está bajo sospecha de causar cáncer.

Robin denunció las prácticas de la empresa para imponer sus productos en diferentes territorios en el documental El mundo según Monsanto (2008). Ahora, está trabajando en una investigación centrada exclusivamente en el glifosato, que se hará pública en marzo de 2017.

En la nueva película de Robin aparecerán, entre otras cosas, los campamentos sanitarios que realiza la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Argentina), con el fin de recopilar información sobre enfermedades y causas de muerte.

Argentina es junto con Estados Unidos uno de los dos países que más utilizan el glifosato, ya que es donde más creció en los últimos años el cultivo de organismos genéticamente modificados como la soja.

Desde hace seis años, los futuros médicos de Rosario recopilan datos en diferentes poblaciones de la zona sojera argentina y detectaron un aumento considerable de casos de cáncer, hipotiroidismo, obesidad, infertilidad, abortos espontáneos, malformaciones, entre otros, que atribuyen a las fumigaciones con glifosato.

Por eso, el creador de estos campamentos, el médico argentino Damián Verzeñassi, es uno de los invitados a prestar testimonio en La Haya. Para él, la situación se resume así: “Territorios que eran productores de alimentos ahora producen enfermedades”.

En declaraciones antes de viajar a La Haya, Verzeñassi resaltó la importancia del juicio. “Es la primera vez que se lleva a esta empresa ante un tribunal con el objetivo de fundamentar y documentar la importancia de incluir en los códigos de derecho internacional la figura del ‘ecocidio’”.

Para Verzeñassi, la compra de Monsanto por parte de Bayer “es parte de la estrategia de las corporaciones para ‘blindarse’” ante posibles juicios.

“Ya lo vimos con Texaco-Chevron, que ante la inminencia de la derrota en tribunales de Texaco, acusada por el gobierno ecuatoriano de daño y contaminación de los territorios en donde explotaba petróleo en ese país, fue adquirida por Chevron, quien ante el fallo en contra adujo que ellos no eran Texaco y por eso no se hicieron cargo de los pasivos ambientales de ésta”.

Además, Monsanto y Bayer han actuado juntas en varias oportunidades, recuerda Verzeñassi, desde la guerra de Vietnam con el agente naranja. “Actualmente están ligadas al negocio de la enfermedad en el mundo. Mientras una genera el daño en la salud, la otra te vende las ‘drogas’ que ‘tratan’ los problemas que generan los productos de la primera”.

Monsanto, de todas maneras, desmiente enérgicamente que el glifosato sea peligroso para la salud de las personas. En su página web afirma que “no presenta efectos nocivos sobre la fauna, microfauna, ni sobre la salud humana, ni tiene efectos para el ambiente, cuando es empleado correctamente para los fines previstos en su etiqueta”.

En una carta abierta, la compañía alega que la iniciativa popular que arranca el jueves “es un evento escenificado, un juicio simulado donde los críticos de la tecnología anti-agricultura y anti-Monsanto juegan el rol de organizadores, jueces y jurado, y donde el veredicto está prefijado”.

Además, la empresa sostiene en su web que los transgénicos que ofrece son la solución al hambre en el mundo, ya que se trata de plantas productivas y sencillas de recolectar.

El negocio es lucrativo: en 2015, el grupo obtuvo un beneficio neto de 2 mil 300 millones de dólares (2 mil 50 millones de euros). Queda por verse si algo de lo que se plantee en La Haya en los próximos días hará mella en este desempeño.

Adicción a la ‘coca-cola’ en el México indígena

David Marcial Pérez. San José del Rincón (Estado de México) elpais.es

Una alarmante epidemia de sobrepeso y obesidad esta causando enfermedades graves en las poblaciones indígenas. Los causantes son las grandes refresqueras como Coca Cola-Femsa y Pepsi-Pesico con sus productos chatarra.

Guadalupe Sánchez tiene las manos agrietadas de un campesino del maíz y la sangre limpia de azúcar de un ex adicto a la coca-cola

“Yo tomaba unas tres botellas de litro al día. Nada más me despertaba, con las tortillas me tomaba el primer vasito y así seguía por la tarde y por la noche”, dice mientras un remolino de pavos con el gaznate colorado picotea la tierra a la puerta de su casa. La levantó él mismo para su familia: esposa, ocho hijos y siete nietos. Las paredes son de cemento gris y tiene el tejado sin terminar.

— ¿Cómo se sentía bebiendo tanto refresco?

— Tenía mucha flojera. Casi no podía ir a trabajar. Con el calor del campo, pues bebía más coca. Pero empecé a notar que perdía vista y la lengua como que se me iba pa delante.

— ¿Y cómo consiguió dejarlo?

— Es difícil porque todo el mundo te invita. Cuando vas a visitar a alguien te dan un vasito y está feo rechazarlo. Pero el médico me dijo que lo tenía que dejar y me dio unas pastillas. Yo además empecé a masticar una hierba que nosotros llamamos Hoja de burro, que ayuda a no tomar.

En la comunidad indígena mazahua de San José del Rincón, un pueblo boscoso y húmedo al oeste del Estado de México, hay casas donde no llega el suministro de agua potable, pero en la mesa está fija la botella roja de refresco. A los 47 años, Sánchez ha llegado a tener un nivel 200 de glucosa en sangre: el doble del umbral de riesgo y algo muy frecuente entre sus vecinos.

“Es como un veneno, nos hace mucho daño”, dice Leticia Cruz, 41 años, que vuelve de dar un paseo con sus tres nietos. “Cuando me quedo con ellos porque su mamá sale a trabajar, está prohibida la coca-cola”. Uno de los críos mira a su abuela desde abajo y descascarilla con los dientes una vaina de haba que ha arrancado por el camino.

Desde el Tec de Monterrey, una de las universidades más caras y prestigiosas del país, un grupo de estudiantes de la carrera de Nutrición lleva todo el mes de septiembre visitando la comunidad. Los dedos de José Polo, 18 años, también son ásperos y rugosos de descargar camiones y colocar estanterías en el mercado. Nunca se los habían pinchado para sacarle sangre. Los chicos del Tec tampoco habían agujereado antes una piel tan rocosa. Cambio de aguja. Hace falta otra más afilada. José Polo ha dado 150 de azúcar en sangre.

“Nos estamos encontrando con fuertes niveles de hiperglucemia. Esto es un fiel reflejo de alto consumo de bebidas azucaradas y comida procesada, carente de los nutrientes necesarios”, apunta Yaremi Gutierrez, la profesora que está dirigiendo las visitas. Los mazahuas del Estado de México están abandonando su dieta milenaria basada en legumbres, verduras y hortalizas para pasarse cada vez más a la chatarra. El maridaje entre pobreza, exclusión y comida basura es letal: “Sobre todo en niños, estamos encontrando también lo que se conoce como la doble carga de la enfermedad: desnutrición y sobrepeso”

México vive una epidemia de grasa y azúcar. Siete de cada 10 adultos tiene sobrepeso u obesidad, por uno de cada tres niños. Es el segundo país con más exceso de kilos del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Según la OMS, los mexicanos son los que más refrescos consumen 163 litros al año—  y los que más mueren por diabetes en toda Latinoamérica.

“La diabetes antes era una enfermedad rara que afectaba sobre todo a la población con predisposición genética y edad madura. En los últimos 30 años ha habido una explosión brutal de tal manera que en los últimos seis años medio millón de mexicanos murieron a causa de la diabetes”, apunta el doctor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Abelardo Ávila. “En este panorama, la población indígena es la más vulnerable y registra unas tasas más altas —continúa Ávila—. Antes la pobreza les protegía porque les obligaba a alimentarse del campo. A partir de 2010 empieza una expansión de las refresqueras, una estrategia de invadir de refrigeradores las comunidades con electricidad y de favorecer las trasferencias de ayudas públicas al consumo de estos alimentos”

En las tiendas de abarrotes que tapizan las carreteras del pueblo, el litro de leche, -cuando hay- cuesta 16 pesos, la botella de tres litros de coca-cola, 35 y la de refresco sin marca, 20. La diabetes puede además desencadenar toda una serie de trastornos como la ceguera –retinopatía diabética–, la insuficiencia renal o el llamado pie de elefante: la glucosa adormece los nervios y uno va perdiendo la sensibilidad en las articulaciones. Esta última derivada se ha traducido en 75.000 amputaciones el año pasado según la asociación El Poder del consumidor.

“Los más grave es que la diabetes es una enfermedad controlable, pero al carecer de acceso a los servicios, esta población está muy expuesta”, añade la profesora del Tec. Un grupo de mujeres ha bajado andando por una colina desde su comunidad hasta el único ambulatorio. Una hora de caminata. El médico no está. Para el hospital más cercano queda otra hora en coche. La diálisis, el tratamiento para la diabetes, no está cubierta por el seguro popular, la asistencia pública para los trabajadores informales como los campesinos. Cada sesión vale entre 2000 y 6000 pesos.

Ildefonso Álvarez lleva dos años trabajando al frente de su asociación, Concreta, con las comunidades: “Aquí llega más fácil la coca-cola que los servicios médicos, de agua potable o de salubridad”. El relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación ha llegado a hablar de una cocacolización de los hábitos de consumo en México. “Para 2017, el sistema público necesitará para tratar la diabetes 5.600 millones de dólares al año. Este es el resultado de unas políticas públicas que no han tomado en cuenta la dimensión del grave problema”, dijo Oliver de Schutter en una reciente documental producido por organizaciones civiles en México.

El Gobierno implementó el año pasado una tasa especial sobre las bebidas azucaradas siguiendo el ejemplo de otros países. De momento, ha crecido la recaudación, pero el consumo apenas baja. 

En casa de Tomasa Rodriguez e Hilario Cruz no hay agua potable. Son cuatro y compran una garrafa de 20 litros en la tienda cada semana. Llevan años pidiendo al alcalde un pozo, como el que tienen otras comunidades de la zonas. Cruz acaba de salir hace poco del hospital. “Me encontraba muy pesado, casi no podía comer”. Sí bebía refresco, “y cerveza y pulque”, añade su esposa. Tuvieron que hacerle un lavado intestinal por un estreñimiento severo. Le han prohibido los refrescos y el alcohol. Ahora sólo toma agua y Hoja de Burro. En infusión o cruda, el amargor que inunda toda la boca al tomarla es más efectivo que la criptonita.

 

Justin Trudeau y el lodo de las mineras canadienses en América Latina

Por Jaime Porras Ferreyra, nytimes

Canadá está de regreso”, ha dicho Justin Trudeau —carismático y bilingüe— en reuniones internacionales, como para mostrar la impronta que quiere darle a la política exterior canadiense respecto de la de su predecesor, Stephen Harper. El primer ministro de Canadá ha empleado en sus discursos términos muy precisos: justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos. Incluso se atrevió a evocar alguno de ellos en su visita oficial a China hace algunas semanas, pero los chinos no lo aplaudieron por eso, sino por sus sonrisas y propuestas de negocios.

Trudeau ya ha dado algunos pasos. Acogió a miles de refugiados sirios, incluyó a Canadá en la lucha contra el cambio climático y ofreció tropas para los cascos azules. América Latina comienza también a sentir los efectos de este viraje diplomático. A partir de diciembre, los mexicanos ya no tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá. Además, el gobierno canadiense anunció hace unos días un paquete de ayuda a Colombia —en el marco de la firma de los acuerdos de paz— para auxiliar a los desplazados y apoyar en la reforma de los cuerpos policiales. Aunque se desconoce qué pasará con esta ayuda a raíz del triunfo del No en el plebiscito.

La Trudeaumanía avanza en el mundo entre ciertas acciones, un estilo fresco y palabras de terciopelo, pero puede que esté apuntando demasiado lejos al prometer a mansalva. Trudeau ha levantado esperanzas tan grandes que resulta difícil comprender su mutismo ante uno de los temas más importantes para los latinoamericanos; el mismo que ha provocado que la imagen de Canadá porte gruesas capas de lodo: el reprobable proceder de varias mineras en la región, sobre todo desde que Harper promovió con tesón la presencia canadiense en el sector extractivo fuera de sus fronteras. En los últimos años, entre 50% y 70% de la actividad minera en América Latina ha estado a cargo de compañías de Canadá.

Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros puntos.

Indígenas guatemaltecas acusan a Hudbay Mineral Inc. de estar detrás de un desalojo de las tierras donde habitaban. Las mujeres sufrieron agresiones sexuales y sus hogares fueron quemados durante el operativo. En Zacatecas, México, grupos responsabilizan a la compañía Goldcorp de contaminar los mantos freáticos y de afectar la vida silvestre por sus actividades en la mina Peñasquito. Además de Guatemala y México, la situación es preocupante en países como Perú, Chile, Argentina, Panamá y Honduras. El tema ha sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, un informe de la ONU sobre Canadá y los derechos humanos publicado en julio de 2015 incluía la inquietud por los abusos de mineras canadienses en el extranjero.

La llegada de Justin Trudeau al cargo de primer ministro ha oscilado entre la esperanza y el pesimismo para poner freno a estas prácticas. Hay que recordar sus mítines en campaña afirmando que sería la antítesis de Harper en política exterior. Un signo positivo es que, cuando era diputado, Trudeau votó a favor de una propuesta de ley presentada ante el parlamento por su colega liberal John McKay en 2010. La propuesta C-300 buscaba imponer sanciones a compañías extractivas canadienses envueltas en actividades ilegales fuera del país. El proyecto finalmente fue derrotado por los votos conservadores. Sin embargo, los liberales no han retomado el tema desde que están en el poder. ¿Acaso preparan una dulce sorpresa o simplemente desean preservar el statu quo?

En abril de este año, Trudeau recibió una carta donde más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y de otras latitudes, le piden realizar reformas que regulen seriamente la actividad de las mineras canadienses en el exterior. Harper creó en 2009 la Oficina del consejero en responsabilidad social de las empresas de la industria extractiva, aunque dicho órgano se enfoca en dar consejos técnicos y en favorecer el diálogo entre partes en conflicto. Los liberales catalogaron la iniciativa como insuficiente cuando se encontraban en la oposición, pero ahora que son gobierno siguen contando con ella. Y, hasta el momento, no ha existido respuesta oficial a la misiva que recibió Trudeau.

No hay que tener el cerebro de Kasparov para comprender que la culpa va más allá de las compañías canadienses. Es conocida la larga lista de problemas en América Latina que contribuyen a esta situación: deficiencias en los sistemas de justicia, facilidad para torcer leyes a cambio de sobres llenos de dólares, deseos de crear fuentes de empleo pese a los altos costos sociales, económicos y medioambientales, entre otros. No obstante, el gobierno de Canadá debe también asumir sus responsabilidades. Los informes subrayan que las autoridades canadienses han apoyado con vigor a las compañías mineras en el exterior sin contar necesariamente con la información que asegure su respeto por los derechos humanos y el medioambiente. Además, el discurso oficial grita a los cuatro vientos que las cosas están cambiando, que ha salido el sol luego de tantos años nublados.

Transitar hacia una diplomacia que tome en cuenta las múltiples preocupaciones globales señaladas por Trudeau no es tarea sencilla, sobre todo cuando ello exige tocar puntos neurálgicos de la economía canadiense. De acuerdo con la Asociación Minera de Canadá, esta industria contribuyó con el 3.5% del PIB del país en 2014 y el 66% de los activos mineros canadienses están ubicados en el exterior. Justin Trudeau no es el primer político que debe hacer frente a dilemas de esta naturaleza, aunque se recuerdan pocos ejemplos de líderes empuñando tantas banderas al mismo tiempo. Ya se sabe: la coherencia entre hechos y palabras es prueba de gran estatura política. Trudeau haría bien en adherirse sin excepciones a los principios que figuran en su visión internacional.

Los distintos informes incluyen recomendaciones para combatir el problema, destacando la creación de un organismo canadiense de monitoreo con verdaderas atribuciones, la posibilidad de presentar demandas por parte de individuos o grupos afectados en el exterior ante instancias legales de Canadá, y el cese de toda ayuda gubernamental a empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Acciones de este tipo contribuirían significativamente a reducir el impacto negativo de la minería canadiense fuera de sus fronteras. Trudeau defendería la justicia, el cuidado medioambiental, la democracia y los derechos humanos al intervenir en el tema. Tiene la oportunidad de matar varios pájaros de un tiro y de obtener el reconocimiento permanente de millones de personas que han tomado muy en serio su compromiso global. De otro modo, la decepción sería colosal.

Soconusco, Chiapas: llevan 15 días en campamentos para detener la minería (+VIDEO)

Por Pia Rioblanco / Otros Mundos A.C.

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Un video de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México /

Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA)

Desde el 26 de septiembre del 2016, habitantes de 29 barrios y comunidades de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, en la Sierra Madre de Chiapas, protagonizan una etapa importante de la defensa del territorio ante la expansión de la actividad minera en la entidad. Están reunidos dentro del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), un movimiento ciudadano pacífico, nacido el 20 de junio del 2015, que tiene como objetivo proteger del despojo esta hermosa región, ubicada en el Soconusco (la zona costera de Chiapas) y en las faldas de la reserva de la biósfera El Triunfo.

Con unas simples cuerdas atadas a los árboles, están impidiendo el paso de las maquinas de la empresa minera mexicana El Puntal S.A. de C.V. hacia el predio de explotación de 500 hectáreas “Casas Viejas”, ubicado entre las comunidades Magnolia, Los Cacaos y Satélite Morelia, en Acacoyagua.

21 concesiones mineras en Acacoyagua y Escuintla, 99 en todo Chiapas

Expresan así su rechazo a perder la salud y la vida por la contaminación que genera este proyecto de extracción de oro, plata, titanio y hierro, activo desde alrededor de quince años. Desgraciadamente, “Casas Viejas” es solo uno de los 3 proyectos mineros en actividad en el municipio, que abarca en total 13 concesiones mineras (más de 36 000 hectáreas). A éstas se suman las 8 concesiones ubicadas en el municipio vecino de Escuintla (más de 15 000 hectáreas). Son 99 las concesiones mineras en todo el territorio chiapaneco.

Los miembros del Frente tienen dos campamentos. Uno en la comunidad de Santa Anita, bautizado “Campamento Alberto Montaño Espejel”, y otro en la comunidad de Las Cadenas, llamado “Campamento José Luciano”. El primer personaje luchó por la creación del municipio libre de Acacoyagua (quedó bajo el dominio de Escuintla hasta 1947) y el segundo dio su vida por recuperar tierras para la gente de su pueblo bajo Porfirio Díaz. “Estamos defendiendo nuestro territorio para que nuestros hijos puedan seguir viviendo tan felices como nosotros lo hemos sido en estos lugares”, cuenta una habitante del municipio asentada en el plantón “José Luciano”.

22% de muertes por cáncer en Acacoyagua

Los derechos de los habitantes de Acacoyagua y Escuintla a un medio ambiente sano, a la salud y al agua, están siendo violados cotidianamente por la actividad minera. Una de las comunidades afectadas, Jalapa, en Acacoyagua, ha sido víctima de un desastre ambiental muy preocupante. La mina “Casas Viejas” se encuentra a solo unos 200 metros del sistema de captación de agua que abastece a la comunidad. Durante esta temporada de lluvia, los desechos mineros taparon el tanque, dejando a los habitantes sin agua. Al constatar la catástrofe, una gran parte de Jalapa decidió oponerse al proyecto.

Juan Velázquez, doctor en Acacoyagua, calcula que entre el 2005 y el 2015, la tasa de muertes por cáncer en el municipio subió del 7% al 22%. “Los cánceres de todos tipos, principalmente el del hígado, se volvieron las primeras causas de muerte en la localidad”, recuerda el médico. “Nosotros estamos luchando para sobrevivir”, dijo, asegurando que la actividad minera libera partículas tóxicas y radioactivas como el torio y el silicio.

Ríos contaminados y enfermedades de la piel

Muchos habitantes se quejan de haber sufrido enfermedades de la piel al estar en contacto con el agua de los ríos, en los que se sabe que las mineras descargan materiales extraídos del subsuelo. “Uno de los motivos por los que la SEMARNAT no aprobó el cambio de uso de suelo para el proyecto minero Bambú en Acacoyagua es porque la empresa que lo manejaba (Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V) descargaba directamente sus desechos en el río Cintalapa, el cuál abastece de agua a alrededor de 3,000 habitantes de Escuintla”, recuerda Libertad Díaz, integrante de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México y la REMA apoyan la lucha del FPDS. Exigen junto con sus miembros que el ayuntamiento de Acacoyagua cumpla con la promesa que hizo al declarar el municipio territorio libre de minería el 16 de agosto del 2016: revocar las licencias de exploración y explotación vigentes y comprometerse a no entregar una sola más.

LLAMAMOS a la comunidad nacional e internacional a que se solidarice con el Frente Popular en Defensa del Soconusco y exija la revocación de las licencias de los proyectos mineros.

RESPONSABILIZAMOS al gobierno de Chiapas por cualquier atentado a la integridad física y psicológica de los integrantes del movimiento.

Pueden mandar sus cartas de apoyo a frentesoconusco@gmail.com

#RiosLibres
#NoALaMineria

+++ Avances en la lucha del FPDS, a 17 de noviembre del 2016

Minería y despojo: Existen 407 concesiones distribuidas en 220 municipios de Oaxaca

La Minuta.

En esta segunda entrega del trabajo de investigación realizado por EDUCA en el proyecto Observatorio de Derechos Territoriales, se revela que con datos del 2015, en Oaxaca se encontraban registradas ante la Secretaría de Economía 407 concesiones en todo el estado y 35 proyectos mineros impulsados por 38 empresas registradas en Canadá, USA, Perú, Australia y México. Según datos de la Secretaría de Economía 29 se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de desarrollo, 2 postergados y 2 en etapa de explotación. Éstos últimos han sido ubicados por el Gobierno del Estado de Oaxaca como “dos de los proyectos mineros más importantes de la historia, generando una inversión privada durante el periodo 2011-2015 por 6 mil 382 millones de pesos, lo cual ha colocado al estado en el séptimo lugar nacional en producción minera”. Pero también Oaxaca ocupa el nada honroso segundo lugar en pobreza extrema. Las concesiones mineras están distribuidas en 220 municipios del estado, casi un 40 % del total de municipios de la entidad.

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