Autor: Otros Mundos AC

Minería, un peligro para Chiapas y México

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* A base de engaños y repartiendo dinero las empresas mineras entran a las comunidades

* A cuatro años del asesinato de Mariano Abarca Roblero. No hay justicia y los autores intelectuales libres y en la impunidad

Víctor Hugo Roblero. El Fronterizo Sur.

Así como la mayor parte de las comunidades del municipio de Acacoyagua y algunas del municipio de Escuintla y otras en el estado se han blindado y juntos unidos a las más de 2000 declaratorias de territorio libre de minería en el país, a las más de 80 actas ejidales y bienes comunales, y los 30 municipios de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas que han declarado sus territorios libres de minería. Manifiestan su rotundo rechazo a la minería consientes de los daños que como secuelas negativas deja la minería, de cómo trabaja y contamina, importándoles un bledo la vida de los pobladores, lo único que a las empresas mineras les interesa es el dinero para darse la vida de reyes, mientras a las poblaciones lo único que les dejan son: entre otras, la desolación, contaminación, deforestación, enfermedades, enemistades entre pobladores -muchos de ellos- por dinero trabajan con estas empresas y por lógica hay descontento entre los que rechazan a las mineras.

Un caso de cómo las mineras penetran a los ejidos es ofreciéndoles dinero y promesas de que construirán carreteras, escuelas, clínicas, despensas, para mientras el ejido otorga el permiso para la exploración y seguidamente la explotación y extracción de minerales que se localizan en la geografía chapaneca.

Un caso es el del ejido Los Cacaos municipio de Acacoyagua, Chiapas, esto en la zona Costa, bajo engaños adquirieron el lote “Casas Viejas” en una superficie de 500 hectáreas (Inicio de vigencia 04/11/2009 y el termino de vigencia 03/11/2059). La empresa que después quedó como “El Puntal S.A. de C.V. de Cd. Mante Tamaulipas”, la cual representa el Ing. Víctor Espinoza Almaguer. Este Ing. junto con el comisariado ejidal y la directiva. Sr. Orlando Ramírez Tomas. Presidente; María Esther Ventura Ruiz. Secretaria; Sr. Edesva Reyna Tomas. Tesorero; y Edgar Rusbel Pérez Pérez. Presidente del Consejo de Vigilancia.

Por otra parte el Ing. Víctor Espinoza Almaguer. Y de testigos de dicho contrato Humberto Ríos Córdova y Alejandro Ríos Peiffer. La directiva en si otorgaron el proyecto.

El suscrito notario público Lic. María del Carmen Rosales Tirado, da fe según cotejo número ciento noventa y ocho, libro uno. Certifica que en un copia fotostática integrada por tres hojas útiles tamaño oficio ocupada en su anverso y reverso, concuerda fiel y exactamente con acta asamblea general extraordinaria del ejido “Los Cacaos” municipio de Acacoyagua, Chiapas. México de fecha 9 de febrero de 2013. Que le fue exhibida y dice “tuve a la vista solicitada por el señor Orlando Ramírez Tomas quien acciona en su carácter de presidente del consejo de vigilancia del ejido “Los Cacaos”. Fechado a los once días del mes de febrero del año dos mil trece. Aclararon los denunciantes que este señor Orlando Ramírez Tomas es presidente del comisariado, no presidente del consejo, “acá hay usurpación de funciones” y con fe notarial.

Acta número quinientos diecinueve, Volumen seis. De la Notaría número 125 del estado de Chiapas. Quien da fe del contrato de constitución para ocupación temporal y servidumbre de paso en el ejido de Los Cacaos, municipio de Acacoyagua, Chiapas. Fechado y sellado por la Lic. María del Carmen Rosales Tirado. En Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. 11 de febrero del año 2013.

Habitantes inconformes con los malos manejos de las autoridades ejidales que otorgaron el permiso. Dieron a conocer a este medio que en 2013. Que en un contrato amañado fechado y sellado el 9 de febrero de 2013 y con fe notarial (Notario público. Lic. María del Carmen Rosales Tirado). En dicho contrato respecto a las declaraciones habla sobre los derechos de la “concesión” con el título número 233435. Titular de la concesión Valentín Zárate Marroquín. De la concesión denominada “Casas Viejas” y la empresa. Grupo Minero “El Puntal” S.A de C.V. representado por el Ing. Víctor Espinoza Almaguer. Presidente del Consejo de administración.

Que existía un convenio de exploración, explotación y extracción minera. Y dentro de una de las cláusulas. Dice que: El ejido y el beneficiario (minera) que en las parcelas donde exista mineral se tendrá que negociar en forma privada con el propietario de dicha parcela para que en forma individual se haga un contrato en el que se acuerda entregar una “regalía” de 2 (dos dólares americanos por tonelada extraída). En este contrato manifiestan que existe un pago de $500,000.00 (Quinientos mil, pesos M/N. para la realización del contrato, mismos que fueron liquidados en los meses diciembre de 2012 y enero del 2013, así como una regalía de 5 dólares americanos por tonelada extraída.

En el ejido de Los Cacaos se localiza la mina 7 km al norte de Escuintla. 5,5 Km. de la cabecera municipal de Acacoyagua y a 200m al noroeste de poblado Los Cacaos.

La directiva del ejido “Los Cacaos” no emitió la convocatoria y por lo tanto ni estuvo presente la Procuraduría Agraria ni la Notario Público, violando la Ley Agraria en su art. 24. El 9 de febrero de 2013. Ese mismo día la directiva lanza la supuesta “convocatoria” a la asamblea, ese mismo día y firman el convenio con la empresa minera. Lo cual no tiene validez y esto hasta la SEMARNAT fue engañada, asimismo los documentos firmados no tienen validez ante la Subdirección del Registro Público de Minería. Por lo que los inconformes han presentado denuncias ante las instancias correspondientes, pero nadie les hace caso hasta el momento.

Frente Popular en la Defensa del Soconusco “20 de junio”, grupo de ciudadanos preocupados por los daños que las mineras están ocasionando en esta zona, y con sede en Acacoyagua, han concientizado a los habitantes de los riesgos que conlleva dejar penetrar a las comunidades a estas mineras, por lo que este frente ha encontrado eco y se han blindado y unidos hacen frente a las empresas mineras.

Existe inconformidad entre la población porque ya se ven casos de cáncer según lo ha reportado médicos de las comunidades cercanas a donde trabajan las mineras, que es preocupante los casos registrados por esta situación. “TODOS SOMOS LIDERES” grupo de estudiantes y personas mayores que el 30 de marzo de 2014. Presentaron su inconformidad ante la junta de pobladores de Los Cacaos que preside el C. Ángel Pérez López. en el documento hacen la petición y considerada tan necesaria y preocupante, “debido al seguimiento de la explotación del mineral de oro, plata, cobre, titanio, hierro, plomo y zinc, entre otros, en las tierras de nuestro ejido, dicen que los daños pueden ser irreparables en los bosques, contaminación del agua y en la salud humana”. Y exigen paren los trabajos de la minera.

Los integrantes del Frente Popular en la Defensa del Soconusco “20 de junio”, han apoyado a los habitantes de 19 comunidades de Acacoyagua, 14 comunidades de Escuintla, 7 de Acapetahua, quienes se han manifestado y blindado en contra de la minería, así han apoyado a gente de El Triunfo, La Independencia, Jalapa, y especialmente a los habitantes de Nueva Francia, en donde trabajan el lote “El Bambú” del Ing. Héctor Silva Camacho, lote en donde extraen titanio y al parecer otros minerales, la población en su mayoría decidieron bloquear el acceso, en el crucero de la carretera El Triunfo- Escuintla en crucero que va a Nueva Francia, con cadenas no permitiendo la entrada ni salida de los camiones propiedad de la empresa minera, no permitiendo más saqueo de mineral, aunque se tiene conocimiento de que el comisariado ejidal está de acuerdo con los mineros y todo por dinero que le dan, dicen que según para medio controlar a la gente, pero esta vez fue rebasado por la mayoría de los pobladores quienes pedirían su renuncia por afectar los intereses de la comunidad para beneficiase personalmente según se supo por parte de los inconformes.

La ranchería de Jalapa del municipio de Acacoyagua ha presentado ante la asamblea de Los Cacaos, un documento a modo de advertencia, -un extracto de la asamblea ordinaria- (05 de abril de 2014) donde hacen responsable al ejido por permitir que el Grupo minero “El puntal” S.A de C.V. extraiga mineral y que al parecer contaminando el medio ambiente, y que lo responsabilizan también de la contaminación de los mantos acuíferos.

Existen denuncias de personas que acuden a lavar ropa y a bañarse en los ríos de que al tener contacto con el agua le salen ronchas y otras alergias en el cuerpo y en algunos casos llagas, varios casos de estos han sido denunciados ante la Red de Afectados por la Minería. (REMA).

Por su parte el presidente municipal de Escuintla, Ing. Mauro Cruz Jabalois al inicio de su administración (2 de octubre de 2015). En las oficinas de la presidencia municipal los representantes de los ejidos Cintalapa, ejido Nueva Francia, ejido Nueva Independencia ejido Las Brisas del Soconusco y un representante de la OCEZ-MLN. Con la finalidad de definir tiempos y formas a la problemática de la minería sobre todo la ubicada en Nueva Francia, lote Bambú.

Llegando a acuerdos, en el uso de la palabra el presidente municipal se propone a los asistentes un tiempo de 20 días hábiles para hacer la gestión ante las autoridades superiores correspondientes para la solución de la problemática de la minería. Y en una breve entrevista con este medio dejó en claro que “No está de acuerdo con la minería.

Según la Delegación Federal Chiapas de la SEMARNAT a través de la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental. La Unidad de Gestión Ambiental. Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental. Fechado y emitido en Tuxtla Gtz. (12 de junio de 2013). Da a conocer que de los 51 impactos identificados el 31% se llevarán a cabo en los factores abióticos: Aire, agua, suelo. El 37% se efectuarán en los factores bióticos, como flora y fauna. La afectación del suelo y la calidad del agua superficial y subterránea entre otros factores e impactos.

La Red de Afectados por la Minería, (REMA) ha documentado la mayoría de los daños, que las empresas mineras han afectado el entorno ambiental, las secuelas que estas empresas dejan en los lugares donde extraen minerales, las afectaciones en seres humanos y las afectaciones a la agricultura y a la ganadería, como sucedió en Chicomuselo, ahí murieron cerca de 200 cabezas de ganado debido a la contaminación de los ríos,-aunque la minera dijera que eran muertes por la enfermedad del dengue, lo cual Médicos Veterinario Zootecnistas (MVZ) dijeron a este medio que era falso y que aseguraban era por la contaminación del agua. Todos los estudios e investigaciones que REMA ha realizado las ha compartido en múltiples foros -sobre todo de salud-. Aquí se da a conocer sobre todo la magnitud del daño en todos los ámbitos que las empresas mineras llevan a cabo y el peligro para el territorio chipaneco y por consiguiente del daño a México.

Algunas personas de comunidades que omiten su nombre dijeron en voz amenazante que “si el gobierno no actúa, ellos se harán justicia por mano propia”, y que el gobierno es quien otorga las concesiones y dijeron “total ellos no viven por acá y tampoco les interesa que todo por nuestro estado se contamine, así que si no actúa que sea consecuente con los actos y hechos que pudieran suscitarse en estas comunidades”.

Podría darse enfrentamientos entre pobladores y mineros como sucedió en Motozintla, Chiapas. 12 de marzo de 2012. Los habitantes de 14 barrios pertenecientes al ejido Benito Juárez, de este municipio, detuvieron a cuatro personas que se encontraban explorando una mina en una propiedad, y las comunidades han dicho no a la minería y estuvieron a punto de lincharlos ante los ojos de unas 300 personas enardecidas.

De inmediato dieron la voz de alerta a las demás comunidades, concentrándose en el ejido Benito Juárez, a donde habían llevado a los señores que respondieron al nombre de Víctor Manuel Ramírez Díaz, originario de Villa Flores Chiapas. Quien dijo que tenía una concesión de exploración y explotación minera. Pivaral, dueño de la propiedad donde está la mina y vecino del barrio San Lucas de Motozintla, Chiapas, y Lester Medina Aguilera, originario de Villa Flores y radicado en ejido Benito Juárez, e Ismael Pérez Roblero originario de Tacana, Guatemala.

En ese entonces el delegado de Gobierno de Motozintla José Luis Chang, intervino y evitó que los individuos fueran linchados. Este hecho es un aviso que dan las comunidades que están en contra de la explotación de minas en la región Xl Sierra-Mariscal. Cabe señalar que el apercibimiento, también lo firmaron los individuos mineros en el ejido Benito Juárez, a quienes los amenazaron que de continuar explorando minas en la región, serán linchados. Por acuerdo y ante la falta de respuestas del gobierno federal que otorga las concesiones. Fsur.

Seis años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

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Chicomuselo, Chiapas, México, 27 de noviembre de 2015

A seis años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, el homicidio no solo sigue impune sino que la mina de barita contra la que Mariano luchó por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, amenaza nuevamente con iniciar sus operaciones en el ejido Grecia, Chicomuselo, en medio de mayores divisiones y tensiones entre la población como las que genera también la extracción de barita en el ejido Santa María. Del mismo modo sigue impune la corrupción generada entre la empresa minera canadiense apoyada por su embajada y el ex presidente municipal Julio César Velázquez Calderón ya que, pese a las pruebas contundentes, tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Chiapas, desistieron de esta investigación.

La minera canadiense Blackfire, cuyos empleados amenazaron a la familia y dieron muerte a Mariano Abarca Roblero, aparentemente desapareció de su sede en Canadá y reaparace en el mes de octubre como empresa estadounidense presumiendo todavía concesiones en Chiapas (http://www.blackfireexploration.com/)

La familia Abarca Montejo, su viuda e hijos, así como la REMA, exigimos justicia frente a este homicidio y la corrupción, así como la eliminación de las concesiones mineras en Chiapas que traen muerte, deforestación, contaminación y mayor cambio climático.

Nos solidarizamos con la lucha en contra la mina Nueva Francia que llevan a cabo comunidades del municipio de Escuintla y otros municipios de la región. Nos sumamos a la convocatoria del Acto de Ratificación de los Territorios Libres de Presas y Minas que se llevará a cabo el 8 de diciembre del presente año en Tapachula, para refrendar la defensa de la Madre Tierra.

¡Fuera Mineras de Chiapas!
Fundación Ambientalista Mariano Abarca, A.C. (FAMA)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos, A.C.

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Mensaje sobre cambio climático, Convención de París y Cumbre de los Pueblos

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Cuba Debate

“La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. (…) Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. (…) Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño.”
Fidel Castro, Río de Janeiro, 1992.

Han pasado tres años desde que se realizara en junio 2012, la Cumbre de los Pueblos paralela a la de Naciones Unidas conocida como Rio+20. En aquel momento la Red En defensa de la humanidad hizo un llamado a los movimientos sociales, a líderes sociales en general, gobiernos, y a todas las personas de buena voluntad a movilizarse en contra del modelo suicida que se ha impuesto al mundo, y que nos deja como única alternativa la extinción de la especie humana.

Hoy, a las puertas de la COP 21, París 2015, donde se espera la firma de un nuevo acuerdo climático, no existen motivos para estar satisfechos, pues nada nos induce a pensar que habrá consenso en adoptar las verdaderas soluciones que reclama la gravedad del momento. Cabe retomar la consigna abrazada en Copenhague: No cambiemos el clima ¡Cambiemos el sistema! Si no enfrentamos las verdaderas causas de la catástrofe, no podremos evitarla.

En la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, celebrada en Tiquipaya, Bolivia, del 10 al 12 de octubre de este año, los allí presentes adoptaron la decisión de retomar por su vigencia, y así quedó recogido en la Declaración Final, el mensaje que la Red En defensa de la humanidad hiciera en junio de 2012 a la Cumbre de Río+20 y exigir, por todos los medios a nuestro alcance, ante el sistema de organismos internacionales de las Naciones Unidas:

1. Refutar la pretensión de las nuevas tesis planteadas en torno a la “economía verde”. Rechazar este concepto y cualquier otra forma de explotación por parte del poder transnacional y exigir un abordaje multisectorial y multidimensional del enfrentamiento a la crisis.

2. Condenar la privatización de los recursos naturales y toda forma de mercantilización de la naturaleza. Reconocer y valorar la concepción integral de la vida de las culturas originarias y de los principios de solidaridad, igualdad, complementariedad y reciprocidad en que se basan alternativas como el Buen Vivir y otras, para la relación armónica con la naturaleza y la supervivencia de la especie humana.

3. Reconocer la urgencia de colocar la defensa de los derechos de nuestra especie y de la naturaleza como eje central de las negociaciones e instrumentos normativos internacionales en detrimento de los derechos del capital. Desde esa perspectiva, reconocer la necesidad de un tribunal penal sobre el ambiente.

4. Que se condenen las guerras, las políticas imperiales y la carrera armamentista como las mayores agresiones al medio ambiente y a la preservación de la especie humana, tanto por sus consecuencias directas como por los gastos incalculables que provocan. Estos recursos bien podrían utilizarse para solventar los principales retos sociales y medioambientales que enfrenta la humanidad. Que se denuncie el carácter suicida de los arsenales nucleares y se demande su eliminación y prohibición absoluta.

5. Que las autoridades públicas asuman como obligación principal aplicar un enfoque basado en los derechos de sustentabilidad, bienestar y progreso de la sociedad, y se reivindique la responsabilidad inexcusable de los gobiernos de proporcionar servicios esenciales para la vida a la totalidad de los ciudadanos. Que cambien radicalmente los indicadores de desarrollo y progreso para que tengan en cuenta los costos ambientales, la equidad social y el desarrollo humano.

6. Que se reconozca como imprescindible la transformación de los patrones de producción, consumo y distribución del ingreso. La búsqueda de acumulación creciente de ganancias y la orientación de la producción en función de la demanda solvente y no de la necesidad social, propia del sistema capitalista, no puede, ni podrá nunca, generar igualdad, eliminar la pobreza, ni garantizar un desarrollo armónico con la conservación del medio ambiente. La urgencia real de migrar hacia tecnologías no contaminantes no puede reducir los análisis a aspectos meramente tecnológicos.

7. Que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconocido en la Declaración de Río, se traduzca en reales mecanismos de financiación, flexibilidades y políticas de acceso a la tecnología y el conocimiento para los países más necesitados y en obligaciones ineludibles para los países industrializados.

8. Denunciar el cínico “discurso limpio” de las potencias del Norte que intentan hoy inculpar a los países del Sur mientras ocultan su responsabilidad histórica y presente en el atraso de las tecnologías de esos países y en la deformación de sus economías y favorecen las operaciones “sucias” de las transnacionales en el Sur. Las marcas y patentes “verdes” deben ser denunciadas como un renovado y peligroso mecanismo de reafirmación de la dominación hacia todos los países tecnológicamente dependientes.

9. Que la Cumbre se pronuncie por la imprescindible evaluación precautoria de las tecnologías según sus impactos sociales y ambientales. Debe gestarse con urgencia una Convención mundial para el control de tecnologías nuevas y emergentes, basada en el principio de precaución y la evaluación participativa.

10. Denunciar la llamada obsolescencia programada y que se favorezcan las tecnologías que atiendan a la máxima vida útil de los productos, beneficien la estandarización, la reparación, el reciclaje y un mínimo de desechos, de manera que se satisfagan las necesidades humanas con el menor costo ambiental.

11. Condenar el control del comercio mundial por las transnacionales y el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la imposición de acuerdos que legitiman la desigualdad y la exclusión e impiden el ejercicio de políticas públicas soberanas. Promover acciones concretas para lograr un intercambio comercial más justo, y en armonía con los requerimientos medioambientales.

12. Acordar medidas concretas para frenar la volatilidad de los precios de los alimentos y la especulación en los mercados de productos básicos, como medio indispensable para combatir el hambre y la pobreza.

13. Denunciar la compra masiva de tierras en países del Sur por parte de potencias extranjeras y multinacionales para explotar sus recursos naturales o dedicarlos a proyectos que comprometen el medio ambiente o el equilibrio de sus ecosistemas.

14. Promover un convenio marco para la responsabilidad ambiental y social de las empresas y legislaciones nacionales que condenen prácticas nocivas y abusivas de las mismas, teniendo en cuenta el carácter transnacional de sus operaciones

15. Promover acciones de control sobre la publicidad comercial, la incitación al consumo desmedido y la creación de falsas necesidades, sobre todo los dirigidos a la infancia y la juventud, y establecer en cambio políticas de impulso a la publicidad de bien público, que constituya fuente de información y prácticas sustentables.

16. Que se realice un firme pronunciamiento en favor de orientar la educación y la ciencia en beneficio del desarrollo humano y no en función del mercado, basada en una nueva ética del consumo que, sin sacrificar lo esencial de las satisfacciones materiales, rechace los productos fruto de prácticas ecológicamente agresivas o del trabajo esclavo y de otras formas de explotación.

17. Promover la revisión y modificación del sistema de propiedad intelectual vigente, a la luz de las negociaciones medioambientales, la agenda de lucha contra el cambio climático y los derechos humanos, de modo que pueda facilitarse la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, o el acceso a ellos.

18. Exigir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como organización del sistema de Naciones Unidas, que enfrente la urgente necesidad de un cambio de paradigma en torno a la investigación científica internacional y el conocimiento, de manera que, dejando a un lado los mecanismos de mercado, fomente la necesaria colaboración, la investigación coordinada y la difusión y aplicación de sus resultados a gran escala. Que se implementen por esta organización los mecanismos necesarios para propiciar en el menor tiempo posible una transición energética efectiva y las medidas de mitigación del cambio climático.

19. Que se promueva una reevaluación integral del sistema de gobernanza ambiental existente, que ha demostrado ser incapaz de frenar la catástrofe ecológica, y se sienten las bases de uno nuevo, inclusivo, auténticamente democrático y participativo, que se dirija a las causas profundas de la crisis, y sea capaz de promover soluciones reales a estos problemas para las actuales y futuras generaciones. Generar un nuevo Contrato Social en nuestros países y a escala internacional.

 

La sociedad civil le dice NO a la «Agricultura Climáticamente Inteligente»

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¡No se dejen engañar!
La sociedad civil le dice NO a la “Agricultura Climáticamente Inteligente” e insta a los responsables políticos a que apoyen la agroecología

climatesmartagconcerns.info

Los abajofirmantes pertenecemos a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo movimientos sociales, organizaciones de campesinos agricultores y organizaciones religiosas de todo el mundo. Estamos trabajando para combatir los impactos del cambio climático que actualmente perturban la agricultura y los sistemas alimentarios y amenazan la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas. A medida que avanzamos hacia la COP21 (vigésimo primera Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, también llamada «París 2015») en París, celebramos el reconocimiento cada vez mayor de la urgencia de adaptar los sistemas alimentarios a un clima cambiante y el papel clave de la agroecología dentro de un marco de soberanía alimentaria y de semillas para lograrlo, contribuyendo, mientras tanto, a la mitigación de las emisiones de gases a efecto invernadero.

Sin embargo, a pesar de estas señales prometedoras, compartimos profundas preocupaciones acerca de la influencia y de la agenda de la llamada “Agricultura Climáticamente Inteligente” (CSA), así como de la Alianza Mundial por una Agricultura Climáticamente Inteligente (GACSA – Global Alliance for Climate Smart Agriculture). El cambio climático es la mayor y más urgente amenaza que enfrentan nuestras sociedades. Necesitamos una transformación radical de nuestros sistemas alimentarios, lejos de un modelo industrial y sus soluciones falsas, que conduzca hacia la soberanía alimentaria, a sistemas alimentarios locales y a una reforma agraria integral que permita alcanzar el cumplimiento integral del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Por lo tanto, instamos a los responsables políticos, a nivel de los países y de la ONU, a que rechacen la peligrosa retórica de la “Agricultura Climáticamente Inteligente”.

La “Agricultura Climáticamente Inteligente” no debe confundirse con la agroecología

La “Agricultura Climáticamente Inteligente” no debe confundirse con la agroecologia. La agroecología es un enfoque integral de la agricultura, basado en los principios de ecología, de la seguridad alimentaria y nutricional, así como de la soberanía y justicia alimentarias, las cuales buscan enriquecer los sistemas agrícolas utilizando y reciclando los recursos naturales en vez de depender de insumos adquiridos externamente. Fomenta la producción local/nacional de alimentos realizada por pequeños productores y agricultores familiares, y está basada en técnicas que no son impuestas desde arriba sino más bien se desarrollan a partir del conocimiento y prácticas tradicionales de los agricultores, así como de sus propias innovaciones. Este enfoque se basa en la participación de los agricultores y hace de la naturaleza un poderoso aliado, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, formando suelos sanos, conservando el agua y aumentando los ingresos y la resiliencia de las comunidades ante el cambio climático, mientras que mejora la biodiversidad y diversidad de cultivos. Es entonces crucial, para todo esfuerzo, de realizar el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Los gobiernos deben reconocer que los enfoques industriales que agotan la salud del suelo y la retención de agua, que contaminan los sistemas hídricos, envenenan la naturaleza, crean dependencia sobre insumos externos y degradan la biodiversidad así como los ecosistemas, no sólo son dañinos e innecesarios sino bastante mal orientados para un planeta enfrentado al hambre, a las crisis ecológicas y al cambio climático.

La “Agricultura Climáticamente Inteligente” puede sonar prometedora, pero es un término políticamente motivado. El enfoque no supone ningún criterio para definir a qué se le puede llamar o no “Climáticamente Inteligente”. Las corporaciones agroindustriales que promueven fertilizantes sintéticos, la producción industrial de carne y la agricultura de gran escala – las cuales son ampliamente reconocidas por su contribución al cambio climático y por debilitar la resiliencia de los sistemas agrícolas – pueden llamarse a sí mismas “Climáticamente Inteligentes” y en efecto así lo hacen. Mientras que la CSA afirma incluir todos los modelos de agricultura – debido a que carece de salvaguardias sociales o ambientales y no prioriza las voces de los agricultores, su conocimiento y derechos como claves para enfrentar y mitigar nuestros retos climáticos – amenaza, de hecho, con minar los enfoques agroecológicos, así definidos por los practicantes de la agroecología, al mismo tiempo que pone en peligro el futuro desarrollo y ampliación de tales enfoques.

La GACSA: una puerta abierta para el greenwashing

La Alianza Mundial por una Agricultura Climáticamente Inteligente fue lanzada hace un año y actualmente está invirtiendo mucha energía en una campaña de divulgación al mismo tiempo que sus Grupos de Acción han comenzado a trabajar en sus propios objetivos. Al 20 de julio, su membresía de 21 naciones comprendía solamente diez países en vías de desarrollo y tres organizaciones de agricultores, en contraste con una amplia afiliación corporativa. Mientras que algunas organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales rurales la rechazaron desde un principio, otros han realizado repetidos para entablar relaciones con la GACSA con el fin de reducir la amenaza del maquillaje verde y las soluciones erróneas. A pesar de esos esfuerzos, las preocupaciones expresadas fueron ignoradas en su mayoría como se comenta en un documento del IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales/Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales). En lugar de ello, la Alianza le dio la bienvenida a algunos de los actores de la agricultura que son menos sensibles con el medio ambiente – El 60% de la membresía del sector privado de la alianza está relacionado con la industria de fertilizantes. Además, corporaciones transnacionales que han generado cuestionables impactos sociales y medio ambientales, tales como Monsanto, Walmart y McDonalds han lanzado sus propios programas de “Agricultura Climáticamente Inteligente”.

La agricultura climáticamente inteligente: un concepto que no tiene lugar en la lucha contra el cambio climático

A medida que la ONU acelera el ritmo de acción con respecto al clima con miras a la COP21 y años venideros, hacemos un llamado a los países para que reconozcan que el sendero de la “Agricultura Climáticamente Inteligente” nos puede llevar en la dirección equivocada, sin capacidad de garantizar seguridad alimentaria y nutricional, socavando la transformación radical que el planeta necesita con tanta urgencia, de los sistemas alimentarios y agrícolas actuales. Sin definiciones, criterios, normas, salvaguardias o exclusiones, es un concepto sin sentido y peligroso que no tiene cabida como estrategia climática. Además, la GACSA no responde a ninguna estructura de la ONU relacionada con seguridad alimentaria, clima o agricultura.

Con la puesta en marcha de nuevos instrumentos de financiación internacional destinados a la lucha contra el cambio climático en montos de billones de dólares, existe un riesgo real de que los países más pudientes – con el objetivo de satisfacer sus compromisos financieros – lleguen a financiar proyectos y programas que dirigen los recursos hacia soluciones erróneas en países donde cuentan con intereses creados. Por lo tanto:

    A medida que el programa de trabajo del Fondo Verde para el Clima (GCF) va tomando forma,  acogemos favorablemente la importancia brindada a la adaptación. Ya que la agricultura será un componente principal de este programa, instamos a la Junta Directiva del GCF a que no acredite ningún programa de trabajo o institución basados en Agricultura Climáticamente Inteligente.  En su lugar, le exhortamos a que apoyen soluciones de base comunitaria, tales como la agroecología, que surjen de las comunidades en primera línea frente al cambio climático.
    Mientras se crea una  “Agenda de Soluciones” con miras a la COP21 – la cual está dirigida a demostrar el  compromiso de actores no estatales para lograr un acuerdo legal nuevo y ambicioso en el 2015 y que podría  hacer parte del documento resultante de la COP21, conjuntamente con el acuerdo negociado – instamos a los gobiernos a no respaldar a la Agricultura Climáticamente Inteligente como una solución al cambio climático, ni identificar cualquier otra iniciativa que podría ser parte de la “agenda de soluciones” como parte del concepto.

La agroecología como pilar fundamental de toda política agrícola

Enfrentamos un momento decisivo. Se deben acordar y adoptar, con urgencia, soluciones reales al cambio climático. Instamos a los responsables políticos a que se opongan a las soluciones erróneas de maquillaje verde, que vienen a ser renombradas como CSA y a que tengan el coraje de reconocer y promover el papel clave de la agroecología para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, para realizar integralmente el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas, la soberanía alimentaria ante el cambio climático, la escasez de recursos y los desafíos de una creciente demanda. Los procesos internacionales y regionales que emanaron del Simposio sobre Agroecología de la FAO en septiembre de 2014, así como el próximo informe sobre “Desarrollo Agrícola Sostenible” del Grupo de Alto Nivel de Expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y la reciente Declaración de Nyéléni del Foro Internacional de Agroecología, se presentan como una oportunidad única para aprobar a la agroecología como el pilar principal de los marcos de política agrícola a nivel mundial. Además, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales organizados, campesinos, organizaciones religiosas…. se encuentran desarrollando, fortaleciendo y apoyando alternativas a nivel local y nacional que han demostrado ser exitosas en la lucha global contra el cambio climático. Le hacemos un llamado a los responsables políticos para que reconozcan esta amplia gama de acciones tangibles y concretas, para que las escuchen, apoyen y acompañen, mientras evitan sucumbir a las iniciativas globales impuestas desde arriba que dependen de modelos del pasado.

Por lo tanto, le hacemos un llamado a los responsables políticos para que avalen la aplicación de la agroecología tanto a nivel internacional, dentro de los procesos de la ONU relacionados con agricultura y cambio climático, así como a nivel nacional.

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GRAN FERIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

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SABADO 5 DE DICIEMBRE 2015
De 9:30am a 5pm
En la Casa de la Curia
5 de Febrero y Gral. Utrilla
(Atrás de Catedral, Centro)
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Grabados, artesanías, miel, café, ropa, publicaciones, medicina tradicional, hortalizas, galletas, especias, dulces,
ecotecnologías, filtros de agua, bicimáquinas, abonos orgánicos, música, y de todo!

CON LA PARTICIPACIÓN DE ARTESANAS, PRODUCTORAS, COOPERATIVAS, COMUNIDADES, ORGANIZACIONES SOCIALES, MERCADO ORGÁNICO, TRUEQUES, MONEDAS ALTERNATIVAS, Y MUCHOS MÁS!

Los proyectos REDD+ y cómo debilitan la agricultura campesina y las soluciones reales para enfrentar el cambio climático

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Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM

Una nueva publicación conjunta de GRAIN y WRM (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales) analiza los peligros para las comunidades campesinas que representa uno de los principales mecanismos del mercado de carbono que será parte de la discusión durante la próxima cumbre de la ONU sobre cambio climático en París.

Descargue la publicación en formato pdf aquí

Los gobiernos se reunirán en diciembre en la vigésimo primera cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático, en París (COP 21). Como en años anteriores, las propuestas para darle una salida a los países que no quieren reducir suficientemente su consumo de combustibles fósiles estarán entre los puntos prioritarios de la agenda de la COP 21. REDD+, un mecanismo para reducir emisiones provocadas por la degradación y destrucción de los bosques, es una de estas propuestas y sus promotores esperan que sea parte del acuerdo final de la cumbre.

La idea detrás de REDD+ es que los países, y principalmente los países industrializados, “financien” las medidas que dicen que detendrán la destrucción de los bosques en los países tropicales y, a cambio, los países que pongan el dinero podrán obtener “crédito” por las emisiones que supuestamente no ocurrieron, “gracias” a un proyecto REDD+. Para que este mecanismo funcione, se deben hacer cálculos muy elaborados —pero imposibles de verificar— para determinar cuánto carbono hay almacenado en un bosque. Una vez que las cifras resultantes han sido transformadas a unidades equivalentes de dióxido de carbono —la moneda del mercado de carbono— se les puede poner precio y transar en el mercado como “bonos de carbono”. Los países (y las empresas) que los compren pueden contabilizarlos como parte del cumplimiento de sus metas de reducción de emisiones a las que se espera que se comprometan en la cumbre de París.

Aunque REDD+ es conveniente para los gobiernos de los países industrializados, para las comunidades campesinas es una de las propuestas más peligrosas que se discutirán en la COP 21.

La nueva publicación de GRAIN y del WRM explica por qué REDD+ no es una solución al crisis climática y por qué no ayuda a los campesinos a reducir emisiones, adaptar sus prácticas agrícolas al clima cambiante y aumentar sus rendimientos, como aseguran los promotores de REDD+. La realidad es que los programas REDD+ culpan de la deforestación y de las emisiones a métodos agrícolas campesinos que nada tienen que ver con la crisis climática. Además, los proyectos REDD+ debilitan los sistemas alimentarios locales al impedir prácticas agrícolas tradicionales y restringir el acceso a la tierra y a los bosques.

La mayoría de las actividades REDD+ limitan  el uso de los bosques en cultivos itinerantes, la recolección y otras actividades de subsistencia por parte de las comunidades locales —y muy a menudo es severa la limitación: la caza, la pesca, el pastoreo, el corte de algunos árboles para construir casas o canoas, también están normalmente restringidos, y los dueños de los proyectos se aseguran de que las restricciones se cumplan, a menudo con el apoyo de guardias armados.

Al mismo tiempo, los grandes causantes de la deforestación, como la tala industrial, los mega proyectos de infraestructura, la minería, las grandes represas y, sobre todo, las grandes plantaciones industriales de árboles, palma aceitera y soja, los criaderos industriales de animales, siguen adelante sin restricciones.

La publicación da ejemplos de lo que está ocurriendo en Mozambique, Nigeria, la República Democrática del Congo, Madagascar, Brasil, Indonesia, Perú, Uganda y Kenya, con el fin de mostrar la existencia de 5 patrones de funcionamiento que hacen que REDD+ sea altamente dañino para las comunidades campesinas. Ellos son: 1. REDD+ culpa a las prácticas agrícolas campesinas de la deforestación y de las emisiones. 2.  Rara vez beneficia a las comunidades locales, pero es un buen negocio para las empresas que venden bonos de carbono, para las ONGs ambientalistas internacionales, para los consultores y para los países industrializados. 3. Destruye la soberanía alimentaria. 4. Impide el control comunitario sobre los territorios. 5. Facilita la expansión de la agricultura dominada por las corporaciones.

REDD+ no es sólo una falsa solución para el problema urgente y grave de la crisis climática. Además fortalece el sistema agroalimentario industrial dominado por las corporaciones que es en gran medida culpable del cambio climático, que le ha robado sus territorios a muchas comunidades y pueblos del bosque, y erosiona los sistemas agrícolas y alimentarios de los pueblos indígenas y campesinos que pueden enfriar el planeta.

Los campesinos ya están probando que es posible “alimentar al mundo” sin la inmensa cantidad de emisiones producidas por el sistema industrial y exportador de producción agrícola. Devolver las tierras a los campesinos y pueblos indígenas es la forma más efectiva de enfrentar los desafíos de alimentar una población mundial creciente en una era de cambio climático impredecible.

El cambio climático elevó en 2014 la intensidad de 14 desastres naturales

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE UU (NOAA, por sus siglas en inglés) ha difundido este jueves su informe sobre los fenómenos climáticos extremos de 2014. Lo hace a menos de un mes para que comience en París la cumbre sobre cambio climático, donde se espera un gran acuerdo mundial para intentar atajar este problema.

Y la principal consecuencia de este informe, donde se analizan 28 fenómenos extremos de todo planeta, es que las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso del suelo —es decir, las actividades humanas— han incrementado la intensidad de ciclones, lluvias torrenciales, sequías y olas de calor. «El cambio climático es real y está aquí», ha concluido Stephanie Herring, coordinadora del informe de la NOAA, en una conferencia de prensa telefónica.

Además del aumento medio de las temperaturas del planeta, un fenómeno del que lleva alertando mes a mes esta agencia, el cambio climático también está detrás de algunos eventos extremos. En el informe se identifican 14 casos en los que el cambio global ha hecho que sean más probables o más fuertes.

Esta es la cuarta edición de este informe, que a su vez es una compilación de los estudios de 32 grupos científicos. En las conclusiones se remacha que hay una relación directa entre el cambio climático y los episodios de calor extremos registrados en 2014 en Argentina, Europa, China, Corea, Australia, el Atlántico Norte y el Pacífico. Herring ha detallado que en el 95% de los casos estudiados hay «una influencia humana».

Donde no es tan directa y frecuente la relación es con las precipitaciones. En el 40% de los casos de lluvias extremas la NOAA ha encontrado una vinculación con el cambio climático, detalló Herring. Pero el informe también identifica algunos casos concretos. Por ejemplo, se apunta a que «cada vez son más probables debido al cambio climático y otras influencias humanas» inundaciones «devastadoras» como las de Yakarta (Indonesia) de enero de 2014. 26 personas murieron y los daños ascendieron a más de 350 millones.
Ciclones

En el estudio también se apunta al cambio climático como responsable del aumento de los ciclones tropicales en Hawái. También ocurre algo parecido con el incremento de las tormentas de nieve que se registró en 2014 en el Himalaya.

Sin embargo, en el informe no se logra establecer una relación directa entre el cambio climático y los incendios del año pasado en California. Eso sí, la NOAA sostiene que la «probabilidad de incendios forestales» en este Estado «ha aumentado debido al cambio climático». En el análisis de esta agencia tampoco encuentra relación entre las bajas temperaturas que se registraron en EE UU en 2014 y el cambio global.

El País

Las 782 personas más ricas del mundo podrían abastecer de electricidad a la mitad del mundo mediante energías renovables

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AVISO A LA PRENSA

Amigos de la Tierra Internacional
23 de noviembre de 2015

París, Francia,  23 de noviembre de 2015 – Las fortunas personales de las 782 personas más ricas del planeta, muchas de ellas presidentes de las principales empresas del mundo, podrían abastecer de electricidad a África, América Latina y gran parte de Asia mediante un 100% de energías renovables para el año 2030, afirmó Amigos de la Tierra Internacional en un nuevo informe publicado hoy. [1]

El informe, que fue publicado una semana antes de que comience la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en París, ilustra que existen fondos para una revolución energética, pero hay una gran ausencia de voluntad política para generar la transformación.

Algunas de las principales conclusiones del nuevo informe titulado “An Energy revolution is possible” (Una revolución energética es posible) son:

– La fortuna de las 53 personas más ricas del planeta podría abastecer de electricidad a todo África a través de un 100% de energía renovable para 2030.

– La fortuna de las 32 personas más ricas del mundo podría abastecer de electricidad a América Latina mediante un 100% de energía renovable para 2030.

– Se necesitaría una inversión adicional de 5,148 billones de dólares para generar el 100% de electricidad mediante energía renovable para abastecer a la mitad del planeta para 2030. Se trata de una inversión equivalente a la riqueza actual del 0,00001% de la población mundial, es decir 782 personas.

“El informe es  una llamada de alerta para los políticos y los Gobiernos. El mundo afronta dos crisis destructivas interrelacionadas: la creciente desigualdad y el cambio climático. Ha llegado el momento de abordarlas al mismo tiempo”, afirmó Sam Cossar-Gilbert de Amigos de la Tierra Internacional.

El cambio climático ya está sucediendo y está provocando destrucción en comunidades y ecosistemas de todo el mundo. Si no se adoptan medidas drásticas de inmediato para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, afrontaremos efectos aún más devastadores del cambio climático que superarán lo que hemos visto hasta el momento y afectarán principalmente a las personas y los países más pobres, que son los menos responsables del cambio climático.

La generación de energía a partir de combustibles fósiles es una de las principales causas de los elevados niveles de emisiones de carbono y abordarla es fundamental para impedir un desastre climático.

“Ya no podemos continuar como hasta ahora. Las emisiones de carbono siguen aumentando. Necesitamos una revolución energética”, sostuvo Dipti Bhatnagar, coordinadora del programa Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional.

“La transformación energética implica no solo pasar de los combustibles fósiles a la energía renovable, sino también una transformación más profunda que incluya la propiedad democrática de los recursos de energía renovable”, añadió.

La comparación con la fortuna de las personas se utiliza como una indicación de que hay fondos disponibles para detener el cambio climático. El informe no sugiere que la riqueza de algunas personas pueda o deba utilizarse directamente para llevar a cabo la transformación energética necesaria.

NOTA:
[1] Un resumen del nuevo informe “An energy revolution is possible” está disponible en: http://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/publicaciones-por-tema/justicia-climatica-energia-publicaciones/energy-revolution-possible

El informe completo está disponible en inglés: http://www.foei.org/wp-content/uploads/2015/11/foe-energy-revolution-full-report-web.pdf

Dejar los combustibles fósiles debajo de la Tierra: Una declaración por la salud de la Madre Tierra

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Esta declaración será publicada en el marco de la COP21 para llamar la atención sobre la necesidad de mantener los combustibles fósiles bajo tierra, sin quemarlos, mientras respaldamos una transición justa hacía un futuro de energía limpia. La misma fue elaborada durante la Sesión Estratégica sobre Equidad Climática realizada en abril de 2015 en San Francisco, convocada por Amazon Watch y Sierra Club. Se reciben adhesiones.

OILWATCH

Nos hemos juntamos, reconociendo los derechos de la naturaleza y nuestra relación interdependiente y espiritual con la Madre Tierra.

Honramos el conocimiento espiritual y sagrado que los Pueblos Indígenas tienen con la Madre Tierra y su relación con ella. Respetamos su liderazgo en la restauración de una relación sagrada y saludable con el mundo natural.

Reconocemos que la extracción, transporte y consumo de combustibles fósiles ha causado un daño severo a la tierra, aire, agua, atmósfera y a todas las formas de vida, y es el mayor contribuyente al cambio climático y la extinción masiva. Estos daños son desproporcionadamente asumidos por gente que no se beneficia de los sistemas económicos y políticos que los ha causado? por gente que no tiene responsabilidad por la crisis y carece de recursos adecuados para adaptarse a un clima cambiante. Esto incluye comunidades directamente afectadas por la extracción y uso de combustibles fósiles y a comunidades al frente de la lucha al cambio climático.

Reconocemos que para evitar la exacerbación de la crisis climática y volver a tener una relación saludable con la Madre Tierra, la vasta mayoría de combustible fósiles del mundo tienen que mantenerse debajo de la tierra. Los gobiernos tienen que priorizar las necesidades de la gente y las comunidades por encima de las ganancias corporativas a través de acciones contundentes e inmediatas para acabar con la extracción de combustibles fósiles ya que el mundo natural no puede esperar más. Foros internacionales como la 21ra Conferencia de Partidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Paris brindan importantes oportunidades para que líderes mundiales fortalezcan la energía común por ambiciosos avances hacía dejar los combustibles fósiles debajo de la tierra.

Nos esforzamos por un mundo en cual todas las personas y nuestros gobiernos e instituciones:

-Respeten los derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas, de las comunidades inmigrantes y comunidades forzadas a emigrar, de las mujeres, de las comunidades al frente de la lucha al cambio climático, y de las futuras generaciones, incluso el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado, y su derecho a decir “no” a actividades extractivas en sus territorios tradicionales?
-Reparen los daños causados por siglos de colonialismo, racismo, genocidio ambiental y economías extractivas?
-Promuevan una economía basada en la interdependencia con y responsabilidad hacia la Madre Tierra que se mantenga dentro de los límites ecológicos? y que se redefina la riqueza fuera de la acumulacion financiera hacia la suficiencia y el bienestar? y
-Hacer una transición hacia energía democratizada, equitativa, limpia y 100% renovable.

Para lograr esta visión, exigimos:

-El reconocimiento y apoyo pleno, ­ incluyendo financiamiento adecuado y directo ­ de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades impactadas y al frente de la lucha al cambio climático, y su liderazgo y participación informado y eficaz en el desarrollo e implementación de esta visión?
-Que se mantengan los combustibles fósiles debajo de la tierra poniendo fin a la nueva exploración y explotación para la protección de la Madre Tierra, manteniéndose en línea con el conocimiento indígena y los límites climáticos establecidos por la ciencia?
-Poner fin inmediatamente al financiamiento público y todo tipo de subsidio de la exploración, explotación e infraestructura petrolera, y realizar la inversión de recursos necesarios para poner en marcha una transición justa a una economía limpia y renovable para todos, priorizando a las comunidades al frente de la lucha al cambio climático?
-Poner fin al monopolio que tiene la industria petrolera con nuestros sistemas políticos y de gobernanza en todos los niveles para asegurar que las políticas energéticas sigan políticas climáticas basadas en la equidad y la ciencia para que los intereses reales de todos sean protegidos. Para empezar, se tiene que terminar la influencia indebida de la industria petrolera en el desarrollo de políticas internacionales y nacionales y no podemos permitir que la industria participe en las negociaciones climáticas internacionales?
-Rechazo a las ‘soluciones falsas’ que perpetúan y justifican la extracción y el uso de los combustible fósiles, o que mantienen y crean nuevas amenazas a nuestro aire, agua, tierras, comunidades y clima?
-Rechazo a todos los mecanismos basados en el mercado que aumentan la inequidad, violan derechos humanos, agilizan la destrucción de ecosistemas o permiten que los que contaminan eviten la eliminación de la contaminación en su fuente?
-Provisión de suficiente apoyo financiero y de otro para asegurar que los individuos y comunidades más vulnerables al cambio climático de nuestra Madre Tierra puedan adaptarse?
-Desinversión de actividades que apoyen la extracción continua de combustibles fósiles y la opresión de pueblos indígenas y comunidades al frente de la lucha al cambio climático, y fomentar la inversión en actividades que empoderen a las comunidades para tomar el control de su futuro energético? y
-Una transición inmediata a un futuro energético decentralizado y democratizado, iluminado por fuentes energéticas 100% renovables y sostenibles.

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OILWATCH
http://www.oilwatchsudamerica.org/

El TPP corona de la estrategia trasnacional

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Alejandro Villamar,
Revista América Latina en Movimiento, n.509 A diez años de la derrota del ALCA

La recién conclusión formal de las negociaciones del mega-tratado Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) pretende y apunta a alcanzar metas que el capital trasnacional ha perseguido desde la década de los ochenta. Su primera estrategia fue encabezada por los programas de ajuste estructural de la triada BM-FMI-BID, y su primer avance para integrar los propósitos políticos de manera vinculante en un texto fue el Tratado de Libre Comercio TLCAN (1994), seguido de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC,1995).

Recién creada la OMC, y tratando de introducir los temas Financieros y Derechos de Propiedad Intelectual (Agenda de Singapur-1996), lo mismo que un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el director general de la OMC, Renato Ruggiero, describió cínicamente el momento: «Estamos escribiendo la Constitución para una sola economía mundial.» (Singapur, 1996)

Diez y nueve años después de Ruggiero resurge el discurso de la hegemonía y la economía mundial con el TPP: «En virtud de este acuerdo, nosotros, en vez de países como China, estamos escribiendo las reglas para la economía mundial.» B. Obama, octubre de 2015

Sin embargo, el objetivo nunca se ha restringido a la economía mundial, ni regional, ni se busca la prosperidad, la seguridad y sustentabilidad global, y menos la democracia, sino la transformación de las reglas del orden mundial a las necesidades de la globalización del capital transnacional.

A lo largo de más de 20 años de luchas de resistencia, redes de activistas sociales, de personalidades, académicos y de gobiernos, han demostrado que detrás del cliché de “acuerdo de libre comercio” su núcleo duro son objetivos esencialmente políticos como el eliminar las facultades del Estado para regular con fines sociales, poner los derechos corporativos del capital por encima de los derechos humanos y de la naturaleza, crear mecanismos de gobernanza global de la economía sin ninguna legitimidad o control democrático.

Los tratados como instrumentos de la política trasnacional
Los Estado Unidos han acumulado en los últimos 30 años una experiencia y fracasos por tratar de imponer las reglas mundiales, escritas en Tratados, que consoliden los intereses de la globalización trasnacional. Los tratados de libre comercio (TLC), han sido una de esas vías y el más conocido cliché para imponer esa estrategia corporativa.

EEUU, después de alcanzar un TLC, primero con Israel (1985) y otro con Canadá (1987), así como un TLC regional (TLCAN, 1994), desplegó una estrategia mundial para alcanzar un Tratado Multilateral (en la OMC), o  mediante tratados bilaterales o regionales tanto de tipo TLC, como del tipo de Protección de Inversiones, de Protección de Propiedad Intelectual, o preparando el terreno político diplomático mediante los llamados Acuerdos Marco de Comercio e Inversión. El terreno privilegiado para la ofensiva de los TLC fue el espacio latinoamericano:11 TLC, de un total de 20 tratados, alcanzados antes de pretender coronar su estrategia con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). USTR. 2015.

Dentro de esta estrategia la prioridad ha sido puesta en materia de inversión y propiedad intelectual. Los  Tratados, eufemísticamente llamados Tratados Bilaterales, de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (TBI), fueron impuestos mundialmente entre el mundo de países subdesarrollados. De los 42 tratados TBI que EEUU ha firmado, el espacio elegido en la década 1994-2004, fueron los llamados países en transición (16 países), sólo 8 países latinoamericanos, carentes de TLC, fueron añadidos a ese acervo. Cálculos con la estadística del USTR, 2015. En este campo, los países europeos son dominantes mundiales con el 30% de los aproximadamente 4,600 TBI en vigor. Cálculos con datos UNCTAD.

Una estrategia muy defendida por los monopolios trasnacionales han sido los Tratados Multilaterales y bilaterales de la llamada protección de la propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales y otros), área dominada mundialmente por los países desarrollados, 51% de los 2.3 millones de solicitudes de patentes. Sin embargo, la importancia de China es indudable, con 28% del total, mayor que el 23% de los EEUU. En solicitudes de marcas China alcanza el 25% y EEUU el 17% de las  6.5 millones de solicitudes Cálculos con Datos y cifras de la OMPI sobre P.I.

En esta estratégica materia, de los 34 tratados de protección a la Propiedad Intelectual, 24 han sido acuerdos bilaterales con 24 países (13 antes de la OMC y 11 después). Dos Tratados Multilaterales han precedido a 8 acuerdos multilaterales o reformas específicas surgidas con la OMC o después. Cálculos a partir de estadística del USTR

Una estrategia de tres pistas
Los intereses trasnacionales, encabezados por la triada del gobierno de EEUU, la Unión Europea y Japón, desde hace tres décadas han venido empujando sus iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales. A partir de las neoliberales reglas alcanzadas en el TLC de América del Norte (TLCAN), su reproducción en la OMC, y la búsqueda de su extensión a todo el hemisferio mediante el ALCA, se trasformaron las condiciones en que Japón venia desarrollando su articulación productiva en el área asiática mediante el Foro APEC, lo mismo que las condiciones en que la Comunidad Europea-Unión Europea venía manteniendo su relación neocolonial con los Acuerdos de Lomé-a-Cotonou con los países ACP (sus 79 ex colonias de Asia, Caribe y Pacífico).

La triada buscó infructuosamente incorporar temas adicionales a la agenda de la OMC y se encontró con la sorpresiva movilización civil y la oposición de varios bloques de países, encabezados por los de África y los más desposeídos en la tercera cumbre ministerial en Seattle, Washington (1999); Cuatro años antes, la  Cumbre de APEC en Osaka (1995) había entrado en crisis por la pretensión de transformar un foro de diálogo político-económico en espacio de desregulación obligatoria de varios temas. Y lo mismo se repitió durante la fracasada quinta Cumbre de OMC en Cancún, septiembre de 2003.

El espacio regional donde ya se habían sembrado los temas controversiales en el corazón de los 11 TLC con países latinoamericanos, animó a EEUU a insistir y pretender llegar a obtener la aceptación del proyecto hemisférico de TLC, el ALCA. Sin embargo, en la histórica Cumbre de las Américas en Mar del Plata (noviembre de 2005), el presidente de los EEUU (G. W. Bush) y sus destacados aliados de México (V. Fox) y Chile (R. Lagos) sufrieron una estrepitosa derrota a manos de una inusitada alianza entre gobiernos opositores al ALCA y redes sociales hemisféricas alternativas, como la Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña Continental contra el ALCA.

«Lo bueno es que no tuvimos que hacer el trabajo. Los mexicanos y chilenos estaban más enojados que nosotros.»: Thomas h. Shannon, Secretario Adjunto para América Latina y Caribe del Departamento de Estado, en declaración a la prensa.

Cambio de estrategia, usar lo disponible para alcanzar lo deseable.
Con un rosario de fracasos y una estrategia desgastada y claramente impopular, la coalición neoliberal, sobre todo la estadounidense cambió de estrategia al adoptar una agenda multivariada de un “soft power” renovado como “poder inteligente”, que facilite el debilitamiento de las resistencias y adopte las políticas buscadas.  Para ese propósito se propusieron 1) fortalecer y profundizar la agenda y la labor de las instituciones oficiales hemisféricas, la mayoría surgidas desde la primera Cumbre de las Américas (Miami, 2004); 2) coordinar las políticas de las organizaciones financieras regionales, y dar continuidad a la agenda de asesoría en desregulación o “modernización competitiva” de los gobiernos latinoamericanos y las cúpulas de las organizaciones empresariales, 3) apoyar de manera firme la labor de cabildeo de las organizaciones estadounidenses con agenda latinoamericana, como el Consejo de las Américas, las instituciones académicas, 4) usar intensivamente el apoyo de los poderosos grupos mediáticos, y 5) apoyar y fortalecer la oposición empresarial a los gobiernos latinoamericanos que buscan enfrentar este modelo dominante, llegando incluso a impulsar golpes de Estado (duros o suaves)  

En palabras de la ex Secretario de Estado, Hilary Clinton en julio de 2009: En “Nuestro enfoque de política exterior..los hechos exigen una estructura mundial distinta… trabajaremos a través de instituciones existentes y las reformaremos. Transcenderemos a los estados y crearemos oportunidades para que instituciones no estatales y particulares puedan contribuir a las soluciones…colaboramos con nuestros principales aliados de tratados, como Japón y Corea, Australia, Tailandia, las Filipinas y otros socios para fortalecer nuestras relaciones bilaterales, así como las instituciones transpacíficas. Somos al mismo tiempo un país transatlántico y transpacífico.

La Sra. Clinton decía en público lo que sin aspavientos ya venían haciendo bajo el mandato de las nunca enterradas 23 Iniciativas temáticas del Plan de Acción de la Cumbre de Miami (1994)  e intensificándolo después del 2005 con las alianza público-privada mediante las reuniones periódicas de Ministros de las Américas en Finanzas, en Energía, en Agricultura, en Minas, en Defensa, y una docena más de temas, bajo el paraguas formal del BID, de la OEA, del IICA.

A la par, una red de instituciones y organizaciones “civiles” íntimamente ligada a la política del Departamento de Estado de EEUU, ha venido “modernizando” mediante la “reforma regulatoria” y la “competitividad” la política pública de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y del caribe, así como creando alianzas con las cúpulas empresariales de nuestros países.

Así, el bufete de ex funcionarios privatizadores, Jacobs-Cordoba y As., autores directos de 11 de los programas de reforma (des)regulatoria de gobiernos latinoamericanos (de un total de 74 gobiernos “asesorados” en el mundo), son también los “super-expertos” de la Red Inter-Americana de Competitividad RIAC http://www.riacnet.org/ de la Federación Global de Consejos de Competitividad articulado al Foro Económico Mundial, la Cumbre de las trasnacionales.

Por su parte la organización empresarial, creada por D. Rockefeler, Consejo de las Américas desde 2006 ha intensificado su programa hemisférico de promoción neoliberal y de relaciones políticas; 75 reuniones en 16 ciudades capitales; cabildeos convertidos en culto por las cúpulas empresariales, gubernamentales, incluyendo a algunos presidentes afines.

Así bancos, tecnócratas, cabilderos, académicos y poderosísimos monopolios de medios de comunicación corporativos han continuado trabajando cotidianamente, en coordinación con funcionarios y algunas organizaciones civiles, desde dentro de nuestros países con programa e ideología trasnacional, que no terminamos de enterrar, ni con gobiernos progresistas.

Desde 2007 advertimos de esta peligrosa estrategia que no sólo ha propiciado la Alianza del Pacífico, sino que ahora se convierte en el apoyo político del TPP; ese peligroso brazo de la nueva tenaza trasnacional, y mañana podría serlo del tratado gemelo Tras-Atlántico.

El TTP busca superar la derrota del ALCA y coronar en triunfo esta larga y multiforme estrategia para crear un mundo adaptado a sus intereses. Solo la movilización social global y unitaria podrá presionar a los legisladores y gobiernos, que pueda volver a derrotar a este SUPER-ALCA. 

Ciudad de México, 30 de octubre de 2015.

San Miguel del Progreso, un pueblo que paró a las mineras

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Vania Pigeonutt, trinchera-politicaycultura.com

«Originario de San Miguel del Progreso –Juìba Wajiìin, en su lengua materna, me’phaa–, un pueblo de Malinaltepec donde la gente dijo ¡no! a las mineras, Anastacio Basurto considera que su lucha no es por ellos, sino “por las generaciones futuras”, y se niega a que sus hijos pierdan la libertad que les dan sus tierras.

Don Tacho estuvo varios años en el Ejército, conoce la injusticia de las instituciones, porque, dice, “el gobierno siempre hace leyes que nos afectan para beneficiar a los ricos; a los pobres siempre nos afectan”.

Perteneciente a la Montaña, San Miguel tiene tres climas: templado, frío y caluroso; sus cuatro mil habitantes comen papayas, mangos, guayabas, todo el día; hay mucha fruta, y el olor del café acaricia el olfato sólo de pisar la primera calle de ese pueblo rodeado de grandes cerros y paisajes como puestos allí por la mano de un pintor.

Anastacio Basurto fue en 2011 presidente del Comisariado de los Bienes Ejidales de San Miguel, tiempo en el que la Procuraduría Agraria (PA) quiso imponer la llegada de Hochschild México, empresa británica que pretendía extraer zinc, plata y otros minerales de abajo de los cerros de la comunidad indígena. Pero, con la asesoría de organizaciones no gubernamentales, San Miguel logró ampararse contra la Ley Minera.

Su comunidad, de la que Tacho se siente muy orgulloso, es un ejemplo a escala nacional de cómo un pueblo organizado pudo argumentar jurídicamente que una ley no puede estar por encima de la autonomía de una comunidad indígena; una legislación no puede estar sobre sus derechos constitucionales como pueblos originarios.

Aun con la concesión minera que otorgó el gobierno federal, a la fecha la vida de los habitantes es placentera, como ellos la quieren: le rezan a sus santos, bailan la danza de Los 12 pares de Francia, van a los cerros a ofrendar para que llueva; sigue oliendo a café, las papayas aún se comen en abundancia.

“¡No van a entrar las mineras, no van a entrar, así tengamos que dar la vida!”, me dijo don Tacho el año pasado. Y se sostiene en lo mismo hasta la fecha. Su vida, su pueblo, su territorio, sus árboles frutales, su café y sus familias, valen más que cualquier arreglo con alguna transnacional. “No queremos estar como aquellos pueblos que se están enfermando, que cambiaron sus tierras y se están muriendo”, advierte.

***

El 15 de julio de 2013, San Miguel del Progreso interpuso una demanda de amparo que quedó radicada en el Juzgado Primero de Distrito de Guerrero, bajo el número de expediente 1131/2013. En la demanda contra la Ley Minera, la comunidad, con el apoyo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que las concesiones entregadas a la empresa minera violentaban la autonomía de un pueblo a decidir sobre su territorio.

Sin embargo, el gobierno federal no aceptó la demanda de amparo y actualmente sigue en revisión. Tlachinollan solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el Amparo en Revisión 167/2014, donde cuestionan la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la cual avala otorgar concesiones sin consultar a los pueblos y violando derechos humanos de sus habitantes.

El área jurídica de Tlachinollan explica que la SCJN aún no ha contestado su petición de atracción, pero mientras haya un juicio en revisión, la empresa británica, que pretende realizar la minería a cielo abierto, contaminar bosques, mantos, dejar infértil la tierra, no podrá entrar a San Miguel.

Mientras la SCJN revisa la atracción del caso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito Judicial lo revisa, luego de que las autoridades no reconocieron como válida la demanda de San Miguel para que se respete la decisión de una comunidad indígena que no quiere que se exploten minerales en su territorio, porque antes de que hubiera ley minera (1992) ellos estaban allí.

La acción legal incorpora además el reclamo concerniente a que la Justicia Federal analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque la demanda esté aún en trámite, es un caso que sentó un precedente, porque en el proceso han sido señaladas como responsables 17 autoridades, incluyendo tanto a las adscritas a la Secretaría de Economía que participaron en el procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones, como a aquellas de los poderes Ejecutivo y Legislativo que participaron en el procedimiento legislativo que concluyó con la promulgación de la Ley Minera en vigor.

San Miguel del Progreso ha contenido la explotación de minerales por las concesiones otorgadas en Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861) en su territorio, porque de acuerdo a don Tacho, gracias a la asesoría de Tlachinollan y a que ellos tomaron conciencia de que no podían vender sus vidas a cambio de oro mantienen esa lucha.

La gente de San Miguel aún se reúne a hablar de la defensa de su territorio, se siente afortunada porque gracias a que se enteraron en un tiempo adecuado lo que pretendían hacer con su territorio –despojarlos, pagarles sus tierras y enviarlos a otros lugares, a olvidar sus orígenes, a dispersarse, no volver a ver a tus vecinos, amigos, parientes– supieron que esa oferta no era una opción, contó don Tacho.

Otras comunidades como Paraje Montero, en Malinaltepec, no pudieron promover a tiempo un amparo y sufren las consecuencias, porque allí ya hay fases de exploración para que se instalen las transnacionales.

El área jurídica de Tlahinollan asegura que hay muchas posibilidades de que se gane la lucha, porque el Estado ha firmado tratados internacionales que les dan carácter de propiedad de su territorio y respeto a la cosmovisión de las comunidades indígenas; la Ley Minera viola dichos acuerdos.

Entre los argumentos del amparo, justo está el despojo que habría de su territorio, sus tradiciones y su forma de vida, si se le permite la entrada a la empresa Minera Hochschild México S.A. de C.V. de capital británico.

Además de que la sentencia incorpora los estándares que emanan del derecho internacional de los derechos humanos en materia de pueblos indígenas.

“Hemos visto que sí hay una política a nivel nacional que busca profundizar el auge de la minería, incluso ignorando el derecho de la comunidades y pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, lo único que queda es la organización de la gente y la defensa de las comunidades son acciones legales”, señaló Tlachinollan.

Es urgente, consideran, porque el modelo de la Ley Minera está presente en las nuevas iniciativas, por ejemplo en materia energética, donde hay una ausencia de consultar e ignorar el derecho al territorio, que llevaría a las empresas transnacionales a despojar a las comunidades de manera legal.

De acuerdo a la organización, en 2005 existían en Guerrero 417 títulos de concesión minera, equivalentes a 388 mil 225 hectáreas. Sin embargo, después de los “exitosos” resultados de extracción de oro y plata de la empresa canadiense GoldCorp en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, incrementó el número de solicitud de títulos de concesión. Hay actualmente al menos 600. En Guerrero se han concesionado alrededor de 704 mil 736 hectaìreas.

Las regiones de la Montaña y Costa Chica, que concentran a la mayor población indígena de Guerrero, han despertado interés en el sector minero debido a los 42 yacimientos mineros que en su territorio se encuentran. El gobierno federal ha otorgado alrededor de 30 concesiones por 50 años para que transnacionales trabajen en terrenos de la mayoría de los 19 municipios de la Montaña.

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Tacho me contó que veía mucha ignorancia en la gente, que a él mismo le costó trabajo entender que tenían que iniciar una lucha por sus tierras; no conocían los estragos de la minería a cielo abierto, hasta que tomaron consciencia.

En 2011, funcionarios de la PA le dijeron a Anastacio Basurto, en ese entonces presidente del Comisariado de los Bienes Ejidales, que los habitantes de San Miguel podrían progresar, ganar mucho dinero, si permitían explorar sus tierras, porque había oro, plata y zinc, entre otros minerales que potenciarían el desarrollo de la región, si cedían.

Primero él se la creyó y llevó el tema a la asamblea de la comunidad, que como en la mayoría de las poblaciones indígenas de La Montaña –Nahuas, Ñuu Saavi y Me’phaa–, ponderan sus decisiones de manera colectiva. Primero pensaron que era una excelente idea porque sólo sería “rentar” sus terrenos.

Luego, el sacerdote del pueblo, Melitón Santillán advirtió de los riesgos para una comunidad, que se ejerza la minería a cielo abierto: enfermedades, destrucción de sus cerros sagrados, huertas de frutas, de café; sus manantiales y sus tres climas, que no hay en otro pueblo alrededor.

Él fue a convenciones en varios estados para conocer el tema minero, y Roberto Gamboa, activista de Tlachinollan, expuso lo peligroso que sería permitir la entrada a Hochschild. Nada fue sencillo. Tuvieron que hablar, hablar y hablar, pero al final todos se convencieron de que tenían que ser autoridades agrarias para poder demostrar su autonomía como pueblo de manera legal.

Desde el 12 de abril de 2011 solicitaron su inscripción como autoridad agraria en el Registro Agrario Nacional, lo que les fue concedido el 13 de septiembre de 2012. Desde esa fecha, en San Miguel hay más autonomía. Un consejo que don Tacho da a todas las comunidades que estén a tiempo de frenar que la minería.

La gente de ese pueblo dice que no cambiaría su tierra por nada en el mundo. Sus árboles de hojas de diferentes tonalidades de verde, son majestuosos todo el año; los altos cerros, altos, con fragancias inefables; decenas de manantiales. Vida, mucha vida.